El Senado se encamina a abrir esta semana un debate sensible y largamente postergado: la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, será tratado en un plenario de las comisiones de Salud -que se constituirá ese mismo día- y de Legislación General, presidida por la senadora neuquina Nadia Márquez. La discusión aparece en un momento en que el oficialismo busca reposicionar su agenda legislativa, tras los obstáculos para avanzar con la reforma electoral y otras iniciativas.

El eje de la propuesta pasa por modificar los criterios de internación y otorgar un rol más central a la mirada médica, en particular a los psiquiatras. En concreto, el texto plantea flexibilizar las condiciones para las internaciones involuntarias, habilitándolas en situaciones de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros. Se trata de un cambio significativo respecto de la legislación vigente, sancionada en 2010, que exige la existencia de un “riesgo cierto e inminente” para justificar este tipo de intervenciones.

La iniciativa mantiene, en términos formales, que la internación debe ser un recurso excepcional, pero introduce mecanismos para agilizar su aplicación en contextos de urgencia. En esos casos, el médico psiquiatra podrá indicar una internación no voluntaria, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Este punto sintetiza uno de los giros conceptuales del proyecto: sin eliminar el enfoque interdisciplinario, refuerza el peso de la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.

Además, el texto incorpora cambios en el lenguaje y en los criterios clínicos. El Gobierno propone reemplazar el término “padecimiento mental” por categorías diagnósticas más precisas, alineadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el argumento de que la noción actual resulta demasiado amplia y puede generar demoras en la intervención. En la misma línea, se busca integrar de manera explícita el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental, habilitando la creación de dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es el rediseño del modelo de atención. A diferencia de la ley vigente -que promueve el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por dispositivos comunitarios-, la propuesta oficial cuestiona la viabilidad de esa transformación en el corto plazo. En su lugar, plantea fortalecer una red de atención organizada por niveles de complejidad, en función de las limitaciones actuales de infraestructura, recursos humanos y condiciones de seguridad.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a “modernizar” la norma y mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a situaciones que, bajo el esquema actual, no encuentran suficiente cobertura. También señalan que la implementación de la ley es desigual en el país: no todas las provincias adhirieron formalmente y persisten déficits en la disponibilidad de servicios y camas de internación en hospitales generales.

Resistencia de especialistas y organizaciones de derechos humanos

Sin embargo, la iniciativa ya genera resistencias en sectores del campo de la salud mental y en organizaciones de derechos humanos. Distintas entidades advierten que los principales problemas no radican en el texto de la ley sino en su bajo nivel de cumplimiento, especialmente en lo que respecta al financiamiento. La normativa establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a este área, una meta que, según relevamientos recientes, está lejos de alcanzarse.

En esa línea, voces críticas sostienen que flexibilizar las internaciones involuntarias puede implicar un retroceso en términos de derechos y abrir la puerta a prácticas de encierro que la ley de 2010 buscó limitar. Otros especialistas, en cambio, respaldan la reforma y consideran que el sistema actual presenta vacíos que dificultan intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo, especialmente en casos vinculados a consumos problemáticos o crisis agudas.

El debate, que comenzará en comisión, anticipa una discusión compleja que combina aspectos técnicos, sanitarios y éticos. En un contexto de creciente demanda en salud mental -atravesado por factores económicos y sociales-, la reforma pone en tensión dos enfoques: uno centrado en la ampliación de derechos y la atención comunitaria, y otro que prioriza la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones críticas. El resultado de esa puja comenzará a definirse en el Senado.

Con información de la agencia NA y de Chequeado

Marina Charpentier, madre del músico Santiago “Chano” Charpentier, celebró hoy que la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos “hable de prevención” pero sostuvo que la iniciativa “está hecha desde un escritorio” y pidió a los legisladores “discutir” aspectos del proyecto, a la vez que les solicitó que “salgan a la calle y hablen con los pibes” que sufren por su adicción a las drogas.

Charpentier celebró que se debatan cambios a la ley actual de salud Mental, al sostener que “es una ley que quedó vieja, no intervinieron especialistas en su redacción. Estamos interesados en sentarnos a discutir con los legisladores estos cambios que nos parecen interesantes”.

De todos modos, la madre del músico líder de la banda “Tan Biónica” sostuvo que “la ley está escrita desde un escritorio, salgan a la calle, hablen con los pibes”, al exponer sobre los aspectos vinculados a la salud mental, en el marco del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate la ley “Bases”.

“Celebramos que por fin se hayan decidido a poner sobre la mesa la ley de salud mental, contra la que no estamos en contra, solo creemos que es una ley que quedó vieja”, sostuvo Charpentier, aunque dijo que la iniciativa que se debate en la cámara baja “será muy buena pero es teórica”.

Tras afirmar que la ley “habla de manicomios y propone cerrar los monovalentes”, la madre de Chano se preguntó: “¿Qué estigmatización más grande hay que decir que no puede haber un hospital psiquiátrico para enfermos mentales? Si existen sanatorios especializados en cardiovascular, por qué no puede haber un hospital psiquiátrico donde vayan las personas que realmente necesitan ser atendidas”, consultó.

“Por qué los que defienden la ley, hablan de que el hospital es la cárcel y que adentro se tortura y se lo asocia con la ESMA. Por favor, dejemos de mirar para atrás, y miremos para adelante. El presente nos llama a la puerta, los pibes se están muriendo”, aseguró Charpentier.

Asimismo, aseveró: “Necesitamos que los legisladores salgan a la calle, que recorran las villas, muchas mamás vienen y me dicen 'mi hijo ya murió porque el psiquiatra va una vez por semana al barrio'”.

“Si a mi hijo lo hubieran atendido con un protocolo de acción, hoy mi hijo tendría el vaso, y una parte del páncreas. ¿Saben por qué está bien? Porque puede pagar un psiquiatra. Esta ley está hecha para gente con dinero”, aseveró la madre de “Chano”.

Por su parte, Stella Maurig, madre de un joven que se suicidó por su adicción a las drogas, relató que “nuestros hijos son enfermos la adicción es una enfermedad. No son usuarios, los usuarios son los que usan cable e internet” y sostuvo que “llevamos años pidiendo que el Estado nos escuche”.

“Necesitamos un hospital monovalente. Es urgente decretar el estado de emergencia en salud mental”, aseveró Maurig, quien dijo que “tal vez la intención de la ley fue buena, pero no funciona”.

MM

Con información de la agencia Télam.

Se están por cumplir dos años de la peor noche en la vida de Marina Charpentier. Fue en 2021, en medio de una lluvia congelada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, cuando un policía le pegó un tiro en el abdomen a Chano Moreno Charpentier, líder de la banda Tan Biónica e hijo de Marina. Chano se desplomó en el piso después de un grito primal. Marina vio la escena a menos de un metro, entre el policía y su hijo. Lo que siguió es un recuerdo brumoso entre sirenas, ambulancias y gritos: había que sacarle la bala en menos de una hora. Siguió también una estadía en terapia intensiva y operaciones en las que le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas. Pero lo que vino después de ese drama fue además la aparición de Marina en el centro de la escena: primero entre sollozos a la salida de la clínica, después en algunas entrevistas, reconstruyendo lo sucedido. Un año después, Marina Charpentier acudió al Senado de la Nación para exponer con lágrimas y firmeza sus críticas a la Ley de Salud Mental aprobada en 2010.

En esas intervenciones a corazón abierto, Marina hacía converger del modo más doloroso su experiencia como mamá con su profesión como trabajadora social especialista en adicciones. Paradójicamente, combinar maternidad y vida profesional nunca le había sido fácil. 

Fue una madre joven por voluntad: se casó a los 19 y siempre quiso tener hijos, pero tuvo que esperar un poco porque su marido todavía estaba estudiando. Empezó ella también a estudiar magisterio bilingüe, daba clases en una escuela por la mañana y por la tarde era preceptora, hasta que a los 21 llegó Santiago, Chano, y ella dejó todo para dedicarse a él: “Yo creía que había que estar 24 horas”.

A los 24 tuvo a Gonzalo, Bambi, también músico y bajista de Tan Biónica, así que esos dos años que se iba a dedicar exclusivamente a la maternidad se convirtieron en cuatro. En esos años en los que se dedicaba a criar a sus hijos chicos conoció al Pastor Carlos Novelli, creador de la Fundación Andrés, y se empezó a interesar por las Comunidades Terapéuticas. Se veían los fines de semana, comían asado, y un día, a mediados de los 80, él la invitó a participar como voluntaria: “Entré y dije este es mi lugar. Me di cuenta de que la problemática de la adicción me parecía interesantísima, que quería modificar cosas, ayudar a la gente. Me capacitaban una vez por semana, iba a la granja y veía cómo trabajaban”. Por esa época se había separado del padre de sus hijos mayores y se había casado nuevamente con su actual marido. Supo, cuando era voluntaria, de la existencia de la carrera de Trabajo Social y la cursó: “Quedé embarazada nuevamente e hice toda la carrera con mi hija arriba de la mesa escribiéndome los apuntes y los chicos alrededor”. Ya en ese momento, su posición económica le había permitido contratar a una señora que trabajaba en su casa. 

–Yo no tenía ni padres alcohólicos ni adictos a nada, pero evidentemente tenía que ver conmigo. Creo que este interés tenía más que ver con algo que yo identificaba en el sufrimiento, en el dolor, en la sensibilidad de un adicto que yo no había tenido con el consumo de sustancias, pero sí era muy dependiente de los vínculos, del afecto, del amor de una pareja, de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos.

Hizo su tesis sobre alcoholismo adolescente.

Cuando Chano tenía 20 años, ella le encontró marihuana en su cuarto y lejos de creer que podía ser una experimentación casual, entró en alerta. Contactó a un amigo que le dio algunas indicaciones, entre ellas, que asista a un grupo para padres, actividad que nunca abandonó. Pero los profesionales que vieron a su hijo le dijeron que no era un adicto, sino más bien un chico joven que estaba probando, que quería rebelarse. Se quedó tranquila, hasta que una nueva alarma sonó cuando Chano ya vivía solo: los vecinos le adviertieron que se olía marihuana: “Ahí dije bueno, listo, lo traje a vivir a casa otra vez y ahí arrancaron los tratamientos”, rememora.

En paralelo se desarrollaba su progresiva y ascendente carrera musical. Marina le había regalado a Chano su primera guitarra a los 8 años, y un poco más de grande lo llevó a clases junto con Bambi. Ella los recuerda como muy curiosos, movedizos e inquietos. La casa era “ruidosa” y siempre había mucha gente: a sus tres hijos se le sumaban las tres hijas de su marido y los amigos de cada uno. Un caos que ella recuerda como muy divertido. 

Ya en la secundaria doble jornada, Chano y Bambi armaron una banda y se movían para difundirla y tocar en vivo: “Hacían sus propios recitales y repartían los panfletos en las puertas de los colegios. Era raro, que sé yo, yo venía de una familia donde todos eran profesionales. Pero como era tan joven también vos vas improvisando sobre lo que se te va presentando, ¿no?”

Cuando se acercaba el fin de la secundaria, la afición por la música empezó a inquietarla un poco: quería que sus hijos siguieran estudiando. Pero a pesar de que le dieron el gusto de anotarse –Bambi cursó como cuatro años, incluso– la banda se empezó a convertir en la ocupación principal. 

De a poco, el crecimiento de la carrera musical de su hijo se fue, para ella, fundiendo con los problemas de consumo. Para Marina, entender que su hijo tenía una adicción fue reubicarse como madre, conocer de primera mano cosas que había visto en su trabajo pero también darse cuenta de todas las preguntas que se le abrían: “Lo primero que hice fue preguntarme por qué. Yo tengo 38 años de terapia, o sea que a mí me gusta trabajar sobre mis emociones. En realidad, más que por qué –porque le puede pasar a cualquiera– me pregunté qué tenía que ver yo, qué había hecho mal. Yo era una pendeja, no tenía la más mínima idea de lo que hacía, no tengo la menor duda de que puse todo el amor que pude, pero como digo siempre a veces el amor es demasiado. Tal vez hay que poner una mayor distancia, tal vez hay que regular el amor. Yo estaba tan compenetrada con hacer bien esa tarea, con mi propia exigencia, que tal vez me fui del otro lado. Pero a la vez con mi otro hijo no me pasó. Desde el primer momento, empecé a hacer mi propio trabajo para ver qué podía hacer diferente para que esto no se prolongara. Ahí te das cuenta de que por más que uno haga lo que haga, el otro es el otro y está atravesado por su propia historia, por su vida, por su trabajo en el caso de mi hijo, por su sensibilidad. Cada uno se revisará y verá qué parte es de uno. Yo tengo una amiga que siempre me decía ‘en todo caso al porcentaje que supuestamente te pudiera corresponder ¡sacale el 50% que le corresponde al padre!’”. 

Marina señala el patio de la casa de Nuñez y recuerda una madrugada de 2004 en la que llegó Chano a las 5 de la mañana y la despertó para pedirle que lo internara. Se quedaron charlando los tres al aire libre, junto con Bambi, y el lunes siguiente se internó durante ocho meses. No fue la única vez que pasó por internaciones voluntarias. Pero esos relatos distan de la escena dramática que terminó con el disparo quince años después. Esa fue la primera vez que Marina intentó internarlo en contra de su voluntad, algo que la ley de Salud Mental de 2010 en su Artículo 20 deja como un “recurso terapéutico excepcional” que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Este es uno de los aspectos más debatidos de la nueva ley: quienes lo critican, como Marina, argumentan por un lado que en la práctica justificar el “riesgo inminente” resulta un calvario burocrático por las diversas interpretaciones y su carácter excepcional supone un compromiso que ningún profesional quiere asumir. A la vez, muchos familiares señalan que los adictos frecuentemente no tienen el juicio necesario para decidir una internación de manera voluntaria. Quienes la defienden argumentan que durante décadas se abusó de la internación y estigmatización, se vulneraron derechos, y que el problema está en el sistema de salud y en la correcta implementación, pero no en la Ley. 

Cuando recuerda el contexto de julio del 2021 que la llevó a buscar internarlo, deja ver la complejidad que tienen algunas situaciones. Ella venía viendo que su hijo estaba mal, cada vez peor. Entre otras cosas, la pandemia había tenido un efecto dramático en su salud mental. Empezó a ver su tristeza, su depresión, la angustia de no poder tocar con sus compañeros. Después de algunas advertencias de personas que lo habían visto –y en acuerdo con el psiquiatra de su hijo que había firmado la necesidad de internación–, decidió llamar a una ambulancia que viniera con un psiquiatra, pero vino con un médico clínico, con el argumento de que los psiquiatras no llegaban a la zona. Al ver la ambulancia, su hijo se subió a una moto y se fue. Al día siguiente, volvió a intentar que vaya un psiquiatra para que pudiera firmar la necesidad de una internación, porque la que tenía Marina “no era suficiente”. El domingo nuevamente fueron ambulancias  y el señor de la guardia llamó a la policía. “¿Qué hacés en ese momento? ¿Lo dejo y por ahí mañana llego y lo encuentro muerto? Tenía un auto. ¿Mirá si sale y mata a alguien? ¿Qué hacés? En ese momento es un dilema tremendo que les pasa a todas las madres todo el tiempo”. Cuando Chano salió de su casa había ambulancias y patrulleros. Todavía a Marina se le corta la voz cuando recuerda el desenlace, aunque prefiere no ahondar en los detalles de una causa que ya está archivada (el policía que baleó a Chano fue sobreseído por actuar en legítima defensa y la familia decidió no accionar en su contra). 

Sigue tratando de procesar ese evento e intenta aprender de lo que pasó. Por un lado, fundó junto a Stella Maurig la organización “La madre marcha” (@lamadre_marcha en Instagram), que se junta los jueves por la tarde en el Museo Larreta con padres y especialmente madres de adictos. Pero también tienen un rol activista: el 15 de agosto, por ejemplo, van a hacer la tercera marcha en Tribunales frente a la Plaza Lavalle apoyando a los psiquiatras que van a ir a explicarle a los jueces por qué habría que modificar, según ellos, la Ley de Salud Mental. Por otro lado, van a firmar un petitorio a nivel nacional con ocho puntos: el primero es que se declare la emergencia en Salud Mental.  

Pero además, las preguntas que se hace exceden la adicción de su hijo mayor y se concentran en su rol de madre. “Estoy tratando de aprender todavía hasta dónde intervengo, hasta dónde lo dejo que se caiga, que se frustre, hasta dónde acompaño. Porque aunque no le rompas las pelotas y lo llames por teléfono todo el día, siempre está en tu pensamiento y te vas a dar cuenta si está mal. No importa cuán adultos son, te levantás pensando qué estarán haciendo y en algún momento del día querés llamarlos por teléfono o hablar o mandarles un mensaje. Y si están mal, hay como una intuición, como una conexión que no se va nunca en realidad. Lo que sí aprendí es que los hijos no son nuestros, no son nuestra propiedad. También aprendí que es mejor que se frustren cuando están en casa, no decirles a todo que sí para evitarles los dolores. Porque mejor que atraviesen los dolores adentro de la casa para construir herramientas para cuando los tengan que atravesar solos. Atravesando la adicción de mi hijo, entendí también que es una enfermedad y no se elige, y que es muy delgado el límite entre acompañar y la codependencia, que es sobreproteger o sobreacompañar. Hay que también tomar distancia y entender que el otro es otro con su historia con su vida con las consecuencias de lo que hace”.

A Marina a veces la paran en la calle. Le escriben cientos de mensajes, hay gente desconocida que contándole su experiencia se pone a llorar y la abraza. Personas que le manifiestan mucho amor hacia su hijo. Para ella, la red con otras madres fue fundamental en su vida: “El dolor compartido es medio dolor”, dice con orgullo. Por eso, desde hace 20 años que nunca dejó de acudir a grupos de madres –las mujeres suelen acudir mucho más que los varones– de manera presencial y también virtual.

Lleva unos 30 años observando casos de Salud Mental pero también nota cómo esa conversación fue haciéndose cada vez más masiva y menos tabú: “Yo creo que antes de la pandemia nunca había escuchado en la tele hablar de salud mental o, por ejemplo, que alguien diga que estaba medicado o que iba al psiquiatra. La verdad es que la enfermedad genera mucha empatía, en parte porque yo creo que ya esta altura no hay una sola familia que no esté atravesada por alguna de las patologías de salud mental”.

Las novedades de Tan Biónica le generan una sonrisa y un cambio de espíritu inmediatos: la banda anunció dos shows en Vélez para octubre de este año y las entradas se pulverizaron. Dos en el Estadio Único de La Plata y lo mismo. Y un show en River que también se agotó. Marina no puede esperar a ese momento para ir a ver a sus hijos y lo siente como una forma de caricia después de haber pasado tantos momentos oscuros: “La familia, los fans y ellos, todos, nos merecemos vivir ese momento”. 

NS/MG

Cada vez que alguien mediático atraviesa alguna situación que implica su salud mental hay, por parte de muchos, una reacción contra la Ley Nacional de Salud Mental. No nos referimos a las declaraciones de las familias, dado que entendemos que el sufrimiento por sus seres queridos conduce, muchas veces, a pedir desesperadamente alguna solución que alivie el padecimiento en el que están sumidos. Y también entendemos la frustración que conlleva dicha situación. Cuando se sufre, es común pensar que ese sufrimiento podría haberse evitado, que se podría haber hecho otra cosa, que si las cosas no fueran como son, entonces no estarían así.

La reacción a la que nos referimos, esa que insiste cada vez, esa que irrumpe invalidando la ley, es la de ciertos medios y la de cierto sector de la opinión pública, anche, la de ciertos sectores de la política. Lo que se instala no es un debate, que siempre es bienvenido, sino la aserción, la afirmación férrea, de que la Ley no sirve, que hay que cambiarla, que el problema es siempre la Ley. Como en muchísimos otros casos, la desinformación abunda y circula. Lo que se escucha como reproche generalizado es que los profesionales o entidades de salud responden a los familiares que no pueden internar involuntariamente, porque la Ley no lo permite. Esto no sólo no es así, sino que de sostenerse, se podría estar incurriendo en mala praxis profesional. Con lo que nos encontramos entonces no es con un problema de la Ley, sino de su implementación, producto de un sistema de salud fragmentado y de intereses políticos corporativos que impiden su correcta aplicación.

Lo que se instala no es un debate, que siempre es bienvenido, sino la aserción, la afirmación férrea, de que la Ley no sirve, que hay que cambiarla, que el problema es siempre la Ley. Como en muchísimos otros casos, la desinformación abunda y circula.

Ni la Ley, ni los que trabajamos en el campo de la salud/ salud mental desconocemos las complejas dificultades vinculadas al consumo problemático de sustancias. Resulta fundamental aclarar que es absolutamente falso que la Ley no permita la internación involuntaria. En su artículo número 20 señala que la internación es un recurso terapéutico y podrá realizarse cuando el equipo de salud mental tratante o interviniente considere que existe situación de riesgo cierto e inminente para sí, o para terceros. Esta indicación deberá ser firmada por dos profesionales de diferentes disciplinas, de los cuales, uno deberá ser psicólogo/a o médico/a psiquiatra. Como toda situación problemática de salud, resulta indispensable que sea abordada por profesionales formados en la especialización que le corresponda. Cabe aclarar en este punto que la intervención del juzgado es posterior a la internación involuntaria. Porque hemos escuchado también el reclamo de que no se puede esperar la intervención judicial ante las urgencias. Pues claro que no, la Ley prevé esta situación y por ello dice expresamente que se debe notificar, tanto al Juez como al Órgano de Revisión, en un plazo no mayor a 10 horas luego de la internación. Nuestra normativa actual no es un invento argentino, se encuentra en total consonancia con las leyes de otros países y sigue recomendaciones de tratados internacionales en materia de salud mental. Define la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. Ante la crítica infundada y maliciosa por parte de los medios, nos (les) preguntamos, ¿no les parece un criterio profesional pertinente “riesgo para sí o para terceros”?; quienes cuestionan este punto, ¿proponen internaciones preventivas? ¿o acaso que sean los jueces o los familiares quienes determinen una internación? La salud mental es un problema de salud, por lo tanto, consideramos - al igual que la Ley-, que lo mejor y más atinado es que profesionales formados en ese campo puedan decidir sobre cuál es el mejor tratamiento para una persona. ¿Imaginan a un familiar o a un juez indicando y exigiendo una intervención cardíaca o cualquier tipo de tratamiento médico? No tenemos dudas de que las familias deben ser escuchadas e involucradas en el tratamiento, pero de ningún modo pueden dirigirlo. Creemos que el mejor panorama es que sean los profesionales de la salud mental los responsables de la indicación de una internación y que tal internación sea monitoreada por un órgano independiente como lo es el Órgano Nacional de la Ley de Salud Mental. Es decir, criterio profesional y control externo de la internación, ya que no son pocos los informes que documentan violaciones a los derechos humanos en hospitales psiquiátricos y en comunidades terapéuticas. Uno de los mayores problemas radica en que, ante los casos mediáticos, se pierde de vista la importancia de una Ley que viene a poner coto a un sinfín de vulneraciones de derechos.  Porque la gran mayoría de los usuarios internados por padecimientos de salud mental no cuenta con redes de contención que velen por sus derechos. Entonces nos encontramos con personas internadas hace 10, 20, 30, 40 años, privados de sus derechos, de su libertad, en condiciones paupérrimas, sin historia clínica, sin indicación de ningún equipo tratante que justifique la internación involuntaria. Hay personas que no saben ni por qué fueron internadas, ni por qué sigue pasando el tiempo y ellos permanecen ahí. La Ley de Salud Mental permite salvaguardar y restituir los derechos de estos grupos vulnerables que necesitan utilizar los servicios de salud mental. No se trata de un problema legislativo, sino de que no se puede avanzar con menos derechos.

En este mismo diario, Agustina Said realizó una exhaustiva nota en la que Luciano Grasso, ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, dice que las 12.000 personas internadas actualmente “están internadas de manera ilegal. Es una deuda legal y moral que tenemos como país, y es una deuda asumida como Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019”. Por su parte, Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud entre el 2017 y el 2019 -de un gobierno que redujo a Secretaría el Ministerio de Salud-, refiere que “uno de los grandes problemas en la salud mental en el país es la persistencia del ‘modelo manicomial’”. Cabría agregar que antes de la ley había alrededor de 25000 personas internadas.

Nos resulta difícil no pensar el ataque a la Ley Nacional de Salud Mental en el marco del movimiento anti derechos que circula actualmente en nuestra sociedad. No son pocos los deliberados ataques a cualquier tipo de política pública que intente ocuparse de proteger o a ampliar los derechos de las personas. Por nombrar algunos, podemos citar los ataques permanentes al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a las políticas sociales y a las de derechos humanos. 

No son pocos los deliberados ataques a cualquier tipo de política pública que intente ocuparse de proteger o a ampliar los derechos de las personas

Seguiremos defendiendo la Ley Nacional de Salud Mental frente a las embestidas en su contra, esas que se pretenden instalar a base de desinformación y mentiras; esas que alegan que es un problema legislativo, esas que alegan que la ley requiere ser cambiada. La seguiremos defendiendo porque de esa forma defendemos los derechos humanos de quienes padecen problemáticas de salud mental. No se trata de cambiar la Ley, sino de seguir bregando para que todos los efectores, tanto privados como estatales, se adecuen a ella y se profundice su implementación. Velar por su adecuada implementación no es solamente responsabilidad del Estado, sino de todos los profesionales involucrados en el campo de la salud mental. Si bien creemos que toda ley puede ser mejorada o ampliada, cabe destacar que en su letra, la Ley Nacional de Salud Mental, garantiza el derecho a una atención integral y humanizada, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. 

Avanzar nunca es con menos derechos.

AK/ADD