Detrás de los casos de Chano y Felipe Pettinato

Radiografía de la salud mental en la Argentina: sigue vigente el modelo de “manicomio”, falta presupuesto y hay subejecución

Hospital neuropsiquiátrico José T. Borda, en Buenos Aires.

Las recientes declaraciones de la mamá de Chano Charpentier y de la hermana de Felipe Pettinato, quienes pidieron una reforma de la Ley de Salud Mental para que contemple la decisión familiar de las personas con adicciones, reavivaron el debate sobre la salud mental y las internaciones psiquiátricas. Siguen predominando en el sistema argentino los hospitales “monovalentes”, o manicomios, con aproximadamente 12 mil internados allí, a pesar de su ilegalidad según la normativa vigente. Los fondos asignados para las instituciones, actividades y programas de la salud mental resultan insuficientes y están mal utilizados, aseguran los especialistas. 

“Uno de los grandes problemas en la salud mental en el país es la persistencia del ‘modelo manicomial’”, sostiene Adolfo Rubinstein, quien fue secretario de Salud entre el 2017 y el 2019, en diálogo con eldiarioAR. “Para 2019, habían 12.035 personas viviendo en 162 hospitales monovalentes, entre públicos y privados”, sostiene Rubinstein. Desde el Ministerio de Salud confirmaron a eldiarioAR esta cifra y aseguraron que es la última cifra actualizada, aunque sostuvieron que en los últimos años se ha logrado externar a muchos pacientes. 

Esas 12.000 personas están internadas de manera ilegal. Es una deuda legal y moral que tenemos como país, y es una deuda asumida como Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019”, sostiene Luciano Grasso, ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, en diálogo con eldiarioAR

Rubinstein explica que cuando llevaron a cabo, durante su gestión, el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, la edad promedio era de 50 años. La mayor parte de ellos tenía vivienda, ingresos y cobertura social, todas condiciones que convertían al internado en candidato para su externación. Sin embargo, el promedio de internación de una persona en un “monovalente” es, según estos últimos datos, de 8,2 años, y el 25% lleva más de 11 años internado. 

“Dos de cada tres internados no está en una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros (N de la R: única razón por la que podrían estar internados, según la Ley 26.657, promulgada en 2010)”, sostiene Rubinstein. “La mayoría de las personas que hoy están en los monovalentes no tienen criterio de internación: no están internadas, están allí viviendo. Se está vulnerando su derecho a vivir libremente y en comunidad”. 

Primer nivel de atención

Para revertir esta situación, es fundamental engrosar el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención, aseguran los especialistas. Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostiene que es fundamental que los hospitales incorporen profesionales psicólogos y psiquiatras a sus guardias, que generen espacios de internación por motivos de salud mental, y que se establezcan dispositivos que permitan a las personas externadas la continuidad de sus tratamientos en la comunidad, como centros de día y casas de medio camino. “Hay una amplia brecha entre los padecimientos mentales y la capacidad de respuesta de los servicios de salud”, agrega Rubinstein. 

“Los hospitales monovalentes tendrían que haberse reconvertido en polivalentes o haber cerrado sus puertas, pero siguen funcionando de la misma forma desde hace décadas. Este modelo, el manicomial, es un fracaso, pero los otros dispositivos, como las casas de medio camino, son costosas y no pueden albergar más de 10 o 12 personas. La Ley de Salud Mental no hizo nada porque lo que faltan son los recursos, los fondos necesarios para crear y engrosar otros dispositivos”, sostiene José Barros, doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Belgrano, en diálogo con eldiarioAR

A pesar de tener una ley como la 26.657, los recursos que gira el Estado no son suficientes”, dice Barros. “Además, gran parte de esos escasos fondos, alrededor de un 80%, se utilizan para cubrir salarios y mantener el funcionamiento de las instituciones manicomiales. Esto te deja con solamente un 20% de fondos que puede ser destinado para generar dispositivos alternativos. La Ley de Salud Mental promueve la desmanicomialización, pero los recursos no permiten que se transformen los manicomios en otros dispositivos”, asegura. 

Fondos extraordinarios pendientes

Un mes atrás, el presidente Alberto Fernández anunció un fondo extraordinario de 4 mil millones de pesos, como parte de la “Estrategia Nacional de Salud Mental”. Sin tener en cuenta esta ampliación, que desde ACIJ aseguran que todavía no se vio reflejada en las partidas presupuestarias y que el monto asignado para abril de este año para la salud mental representaba el 1,37% del presupuesto total de salud. 

Según la Ley Nacional de Salud Mental, este porcentaje debería ser del 10%: aunque nunca se logró llegar a este número, años anteriores se había llegado al 2% de partidas destinadas a la salud mental con respecto al total de fondos para la salud. Es el segundo número más bajo desde 2012, luego del 2021 cuando, según los números otorgados por ACIJ, fue de 1,2%, $7.796 millones de pesos, que incluye los fondos para los hospitales Montes de Oca, especializado en discapacidades intelectuales y el Laura Bonaparte, especializado en adicciones; para la SEDRONAR: y para el Apoyo y Promoción de la Salud Mental. A esto hay que sumarle la subejecución de esta última partida, donde se ejecutó menos del 50% del crédito inicial. 

La falta de partidas y su subejecución evidencia que la salud mental no ocupa un lugar prioritario en la agenda de los gobiernos y que las políticas en esta materia están invisibilizadas en el presupuesto. Reflejan la falta de voluntad de los decisores tanto para diseñar políticas públicas asignando un presupuesto acorde, como para implementar y ejecutar efectivamente las políticas proyectadas”, sostiene Quiroga. 

Entre las acciones para el fortalecimiento de la “Estrategia federal de abordaje integral de la Salud Mental” se encuentran, según lo comunicado por el Ministerio de Salud, la incorporación de 12 nuevas Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM) para formar profesionales especializados en salud mental comunitaria y la transferencia de fondos a las provincias para ampliar e incorporar 11 nuevas prestaciones de salud mental. 

¿De qué jurisdicción es responsabilidad la Salud Mental? “Las reformas necesarias son multidimensionales e intersectoriales, pero Salud es quien tiene la mayor responsabilidad de generar los cambios, porque estamos hablando de dispositivos de atención. El Ministerio de Salud es la autoridad pero su función es de autoría: definir el rumbo. La aplicación de las prácticas depende de los ministerios de salud de las provincias o de las secretarías de los municipios”, sostiene Grasso. “También se necesitan cambios en Justicia, en Educación, con las fuerzas de seguridad, además de obviamente un cambio en la sociedad y en los medios de comunicación para integrar al enfermo”. 

CC

Etiquetas
stats