La decisión del Directorio de la Agencia I+D+i de anular las convocatorias PICT 2022 —ya adjudicadas— y cerrar la convocatoria 2023 consolidó un escenario que investigadores venían advirtiendo desde hace meses: el recorte presupuestario sobre el sector ya no es coyuntural, sino estructural.

Al rechazo días atrás de la red de investigadores RAYCIT (Red Argentina de Ciencia, Innovación y Tecnología), la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se sumó ahora el comunicado de la Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del CONICET, desde donde manifestaron su “profunda preocupación institucional por las recientes medidas adoptadas” por la gestión de Javier Milei que “pone fin a un sistema que por más de 30 años constituyó el sostén del desarrollo del sistema científico argentino. Su eliminación interrumpe abruptamente la continuidad de líneas de investigación consolidadas, afecta la planificación de mediano y largo plazo y compromete la estabilidad de grupos de trabajo en todo el país”, sostuvieron las autoridades a través de un comunicado. 

De acuerdo a los científicos, “la promoción de la vinculación con el sector productivo y la cooperación para el desarrollo de tecnologías es necesario y bienvenido. Sin embargo, estas iniciativas de alcance y presupuesto limitados no pueden reemplazar a los programas estructurales que sostienen la investigación básica y aplicada en toda su diversidad disciplinar. La ciencia básica y el financiamiento competitivo constituyen el cimiento de las capacidades transferibles al sector productivo y la innovación con impacto social y productivo. Prescindir de ellos implica vulnerar la base misma del desarrollo sostenible del país”, denunciaron desde la Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del CONICET.

Y agregaron: “Sin un sistema de ciencia básica y aplicada robusto y continuo se pierden capacidades estratégicas indispensables para responder a crisis sociales, sanitarias, ambientales, productivas y tecnológicas. Ningún país en el mundo que aspira a sostener su desarrollo reduce deliberadamente las capacidades de su sistema científico, porque ello limita su capacidad de respuesta y su proyección a largo plazo”. 

Asimismo, solicitaron a las autoridades “la inmediata restitución de los instrumentos de financiamiento cancelados, el pago de los proyectos adjudicados y pendientes y la reapertura de la convocatoria PICT 2023”, al tiempo que exigieron “un diálogo institucional amplio y urgente que permita restablecer un horizonte claro para la ciencia argentina y garantizar la continuidad de las capacidades que el país necesita para su desarrollo”.

Más reclamos

La red de investigadores RAYCIT (Red Argentina de Ciencia, Innovación y Tecnología) difundió un comunicado contundente en el que denuncia que la eliminación de estas líneas de financiamiento implica que la Argentina se convierte en el único país de todo el continente americano que no invierte fondos públicos en ciencia básica. El documento señala que el jueves pasado, 4 de diciembre de 2025, “quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico argentino”.

Según RAYCIT, la Agencia I+D+i llevaba dos años sin ejecutar fondos para nuevos proyectos, lo que provocó la paralización de líneas completas de investigación. La decisión de anular los PICT 2022 —proyectos ya evaluados y aprobados— constituye para la red un hecho “aberrante” e “inédito incluso en contextos de crisis económica profunda”.

El comunicado responsabiliza directamente a la presidenta de la Agencia, Natalia Avendaño, y a los directores Luis Martín Gómez de Liguori y Verónica Vaccalluzzo, a quienes acusa de llevar adelante un proceso de “cientificidio”: la destrucción deliberada de las capacidades científicas del país.

Este martes se sumaron también otras entidades. La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) advierte que la cancelación de las herramientas de financiamiento por parte de la Agencia I+D+i profundiza el desmantelamiento sistemático de la ciencia argentina, con un impacto especialmente grave en humanidades y ciencias sociales. Sostiene que la medida acelera la disgregación de equipos y compromete la relación entre producción científica, políticas públicas y vida democrática: “Esta decisión constituye un nuevo y dramático capítulo del sistemático desmantelamiento de las tradiciones y capacidades científicas argentinas iniciado en 2023.”

Por su lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denuncia que la anulación de los PICT 2022, el cierre de los PICT 2023 y la imposición de un nuevo modelo de convocatoria generan un quiebre abrupto en la continuidad de la investigación universitaria, dejando al sistema científico sin un soporte federal, estable y previsible. Advierte que el país queda sin su principal herramienta de financiamiento competitivo y que esto pone en riesgo áreas estratégicas, equipos, instituciones y el futuro mismo de la ciencia pública: “Estas medidas interrumpen abruptamente la continuidad de numerosas líneas de investigación y comprometen la subsistencia de equipos consolidados en universidades de todo el país y el futuro de la ciencia nacional.”

“Estoy casado y tengo dos hijos. No bailé en mi boda. Tampoco les canto a mis hijos, ni siquiera en sus cumpleaños. De niño, no me daba cuenta de que era diferente. Fue después de graduarme cuando percibí que no entendía la música como los demás”. Chris Breggin, de Denver, Colorado, tiene 47 años y forma parte del pequeño grupo de personas que no disfrutan escuchando canciones. Su suegra, que es licenciada en educación musical, ha dedicado muchas horas a intentar ayudarle a entender conceptos como el compás, la armonía y el ritmo. Sin embargo, pese a que su madre se niegue a aceptarlo y siga pensando que le gusta la música, lo cierto es que no le transmite nada.

Su relato abre la puerta a la cuestión sobre cómo se vive una vida sin banda sonora. A pesar de tener una audición normal y la capacidad de disfrutar de otras experiencias o estímulos, a un 3% de la gente no les gusta escuchar canciones, son insensibles a ellas y no les hacen sentir ningún tipo de placer. Es una condición que se debe a una desconexión entre regiones cerebrales a la que se le ha puesto nombre: anhedonia musical. Según la conclusión de una investigación llevada a cabo por un equipo de la Universidad de Barcelona (UB), esta desconexión entre zonas cerebrales se produce, en concreto, entre el circuito de recompensa, sistema neuronal que asocia situaciones como comer o la práctica sexual a una sensación de placer, y la red auditiva, a través de la cual se escucha música.

Se trata de algo inusual en una sociedad cuya cultura lo basa todo en este arte. “Todo el mundo se sorprende al principio y comprueba si hablo en serio, si realmente me refiero a toda la música. Luego, algunas personas intentan compadecerse de mí. Otras sienten repulsión, como si fuera una especie de criatura malvada”, confiesa Chris, que afirma que, allí donde va, “en todas las tiendas, museos, restaurantes y muchos espacios al aire libre, la gente utiliza la música para llenar el silencio”. “¿A la gente no le gustan sus pensamientos, o el ruido les ayuda o algo así?”, se pregunta. Josep Marco-Pallarés, del área de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la UB y uno de los firmantes del estudio, afirma a elDiario.es que “la música es un estímulo que produce emociones muy potentes”.

Precisamente por ello, y dada la importancia que tienen las canciones en el día a día de las personas, hay quien tiene anhedonia musical y sufre el hecho de tener que fingir que le gusta la música. Es lo que le sucede a Javier, que vive en Madrid y tiene 31 años. Para él, la música siempre fue una “relación bastante atada a lo social” y, a raíz de que la mayor parte del mundo disfruta de este arte, se sintió presionado a tener un género favorito y tratar de encajar dentro del mismo. “La música tiene unos criterios, unos grupos y unos estilos tan definidos que, en cierta manera, te fuerzan a posicionarte”, comenta el joven a este periódico, que alega que “vivimos inmersos en la música” y hay de ella “por todas partes”.

Al igual que Javier, que nunca se había parado a pensar en que su indiferencia hacia la música se considerase una condición, Michelle Palin fue dándose cuenta de esto con el tiempo. Procedente de Melbourne, Australia, y de 29 años, señala a este periódico que un día, por pura curiosidad, buscó en Google algo como 'No disfruto de la música' y le apareció el término de anhedonia musical. “A medida que fui creciendo y fui al instituto, me di cuenta de que era una de las únicas personas que nunca escuchaba música”, confiesa Michelle. “Siempre odié cuando me hacían la temida pregunta '¿Qué tipo de música escuchas?' y tenía que admitir que realmente no escuchaba”, agrega.

Ambos coinciden en que, en vez de reproducir canciones, prefieren el silencio. “Cuando obtuve mi carné de conducir, la gente me preguntaba: 'Bueno, ¿qué pones en el coche?'”, cuenta la australiana. “A veces, simplemente disfrutaba del silencio. Bajaba las ventanillas y me limitaba a escuchar los ruidos del trayecto”, comenta, añadiendo que opta por la radio, los podcasts o los documentales cuando busca sonido de fondo. No obstante, pese a que ni Javier ni Michelle acostumbran a escuchar música, ambos la entienden. “Aunque la gente siempre se queda con cierta extrañeza, sí que soy capaz de mantener una conversación sobre música”, indica el madrileño.

Muchas personas intentan comprender qué hago para llenar el vacío que perciben en mi vida. Piensan que, como la música desempeña un papel importante en sus vidas, yo me estoy perdiendo algo.

Josep Marco-Pallarés explica que “el hecho de que la música no tenga un impacto directo en ellos no quiere decir que, por el contexto, no puedan acabar dándole un sentido”. De hecho, Michelle cuenta que sabe cómo suena una canción triste o una alegre, pero no se sincroniza con su estado de ánimo. “No suena como un ruido ininteligible ni nada por el estilo, estoy bastante segura de que la escucho tal y como se pretende. Puedo oír el ritmo, el compás, la melodía, la armonía... Simplemente no siento nada con ella”, declara. “Es difícil echar de menos lo que realmente no tienes, pero a veces siento que me estoy perdiendo algún tipo de experiencia humana única”, reflexiona.

La apatía hacia la música los lleva a estar bastante desconectados de todo lo que tiene que ver con la industria musical, como estar emocionado por el concierto de un artista favorito o por el lanzamiento de un nuevo disco. Así lo constata Chris, que también se sintió obligado por la presión social a echar en falta esta sensación. “Muchas personas intentan comprender qué hago para llenar el vacío que perciben en mi vida. Piensan que, como la música desempeña un papel importante en sus vidas, yo me estoy perdiendo algo”, afirma. “La música es como una conversación en un idioma que no entiendo. Con esfuerzo, puedo distinguir las palabras o las frases, pero no entiendo el contenido”, recalca.

Estas reacciones vienen provocadas por la relevancia que tiene la música en la cultura actual, ejerciendo un rol crucial en el ámbito social y personal. “Una de las cosas que hace a la música interesante y por lo que gusta estudiarla desde el punto de vista psicológico y neurológico es que le llega de una forma muy directa a la gente y le produce emociones muy potentes”, comenta el investigador Josep Marco-Pallarés. “Te gusta automáticamente, y eso se ve con los niños pequeños. No pueden andar y ya bailan, se mueven y disfrutan. La música induce emociones sin que necesites aprenderla de forma directa, y por eso genera sorpresa que haya gente sana que no sienta eso”, explica.

Las bandas sonoras tampoco emocionan

Este arte es “la base de todo”, como puntualiza Arnau, de Vilanova i la Geltrú y de 33 años, que lo compara con el deporte. “A todo el mundo le gusta el fútbol y es raro que a alguien que no le guste. A todo el mundo le gusta la cerveza. Son cosas que gustan a todo el mundo, que están supernormalizadas y que son lo que se espera de la gente, pero no son para mí”, resalta el joven barcelonés. Sherry Brown, canadiense de 58 años, le quita importancia y asegura que a ella no le afecta. “Hay un millón de cosas más en la vida para disfrutar. Yo pertenezco a otro mundo y disfruto de mi mundo”, dice a este periódico.

Su rechazo ante la música también se percibe en su relación con otros tipos de arte, como es el caso del cine. Las bandas sonoras, que son un factor fundamental a la hora de retransmitir emociones al espectador, acaban siendo innecesarias para algunos de ellos. Chris reconoce que “los cineastas se esfuerzan mucho por utilizar la música de forma que mejore la experiencia”, pero no lo entiende: “En las películas de terror, puedo ver un subtítulo que dice 'música tensa' y eso me ayuda, pero a veces no aparece. Entonces veo una escena normal mientras todos los demás sienten tensión”. “Se da por sentado que cualquier música, aunque sea incontrolada, es mejor que el silencio, pero nunca entenderé por qué”, concluye.

Por el contrario, Arturo, de Valencia y de 40 años, alega que solo disfruta de la música en el cine. “En los conciertos me lo paso bien, pero no 'vibro' como el resto de la gente cuando suenan 'temazos'. Lo que más resuena en mí son las canciones que escucho en películas o series, y ahí sí que 'siento' algo al oírlas de nuevo”, dice el valenciano, que menciona las bandas sonoras de las películas de James Gunn, que incorporan canciones en momentos concretos de carga emocional. Él, además, es médico en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, aunque confiesa que esto no le afecta particularmente en su trabajo: “Sé que existe la terapia musical, pero no es algo que sea parte de mis herramientas terapéuticas habituales, y, a nivel empático o de conexión con pacientes, no es un tema que tienda a salir”.

Extrañeza en las situaciones sociales informales

“Interstellar (2014) tiene una banda sonora muy evocadora, que contribuye a la atmósfera de los acontecimientos que se desarrollan en la película”, explica la australiana. “¿Disfrutan las personas de todo tipo de música, incluso en este contexto?”, se plantea. Con respecto a este punto, Chris enfatiza que “es extraño definir una condición por no disfrutar de algo”, cuando todo el mundo no disfruta de todo. “La gente dice que la música es universal y luego añade 'pero esa música no me gusta'. Así que quizá no sea tan universal como la gente cree”, señala. “Es como preguntarle a alguien que no tiene un equipo de fútbol por cuál es su equipo favorito. O preguntarle a alguien que no teje qué hace con las manos mientras habla”, declara.

David, ucraniano de 15 años que vive en Polonia, relata que la música se considera generalmente un tema seguro, por lo que se utiliza con frecuencia para “romper el hielo” o como “forma de conocer a la gente”: “Es algo muy habitual cuando conoces a alguien. ¿Y qué se supone que debo responder a alguien que da por sentado que a todo el mundo le gusta la música, excepto al 3 % de la población, al que aparentemente pertenezco?”. El joven sostiene que, por lo general, responde cosas como “puedo escuchar cualquier cosa” o “no tengo un gusto musical concreto, y mucho menos bandas específicas”, y solo con confianza habla de que tiene anhedonia musical.

“Algunas personas me llaman raro y dicen que a todo el mundo 'debe' gustarle la música y que yo estoy equivocado y que simplemente no he escuchado todos los géneros que existen”, comenta David, que reconoce que lo que más le molesta es el hecho de no entender algo que todos los demás entienden. “Imagina que todos tus amigos están pasando el rato en algún sitio, les ocurre algo divertido y no paran de bromear sobre ello delante de ti, pero tú no entiendes la referencia porque no estabas allí cuando ocurrió. Sientes una mezcla de envidia y soledad por no poder compartir la experiencia con los demás”, indica. Aun así, apunta que le gusta el dibujo, la moda, la ciencia, los idiomas y la política: “La música no es lo único de lo que se puede disfrutar”.

La arqueología de la exitosa carrera política de Javier Milei encuentra un eslabón ineludible en la candidatura presidencial de José Luis Espert, en 2019. Un nuevo umbral de violencia discursiva, agitación en redes, reciclaje de personajes sórdidos, odio a la izquierda, fobia al Estado, entronación del mercado y financiación oscura —elementos tan presentes en el mundo Milei— fueron parte constitutiva de aquel proyecto previo a la pandemia. No casualmente, Espert es hoy una espada aguerrida de La Libertad Avanza y un anunciado protagonista de las elecciones de octubre, como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, por nominación del Presidente.

La reconstrucción de aquella experiencia conduce a Federico “Fred” Machado, un presunto narco requerido por tribunales estadounidenses, que resiste la extradición desde su prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro. Acusado en juzgados de Texas de narcotráfico y diversos fraudes por unos US$350 millones de dólares mediante una compleja trama de aviones, el argentino Machado, residente en Florida, EE.UU., fue detenido en Neuquén el 15 de abril de 2021.

El arresto regresó de inmediato a la superficie una foto de Espert y un armador delante de un avión, y un agradecimiento a “Fred Machado por el excelente vuelo” a Viedma, en plena campaña presidencial, dos años antes. Espert minimizó el hecho como un traslado puntual, que se sumó al préstamo de un vehículo de parte de alguien que se presentaba como un empresario del negocio de la aviación y la minería. El diputado casi no habló del tema, denunció una operación y rara vez fue preguntado al respecto. Tampoco respondió a la consulta de este diario.

Una investigación de elDiarioAR, que incluyó consultas a una decena de fuentes vinculadas a la campaña del Frente Despertar de 2019, constatación de documentos e intercambios escritos, da cuenta de que el vínculo de Espert con Machado no fue meramente ocasional, ni se redujo a algún viaje en avión y el préstamo de un vehículo. El acuerdo concretado en marzo de hace seis años comprendió el uso libre de un segundo avión de la flota de Machado durante la campaña y fondos en dólares como aportante estelar del Frente Despertar. Tampoco es cierto que el acercamiento de Machado haya sido asumido plenamente como el de un inversor interesado en promover una candidatura liberal. Por el contrario, su despliegue y sus aportes despertaron sospechas de inmediato, lo que motivó que algunos involucrados en la campaña tomaran precauciones.

El caso también expone la naturaleza de la relación entre Milei y Espert. La siguiente es la reconstrucción de los hechos.

Audacia y cálculo

Se acercaba la elección presidencial de 2019 y se abría un espacio para una oferta electoral de derecha pura y dura. En las dos décadas previas, el PRO y Cambiemos-Juntos por el Cambio habían encauzado con eficacia un arco que iba desde el centro y liberal-conservadores clásicos, hasta ultras camuflados en el montón. Con el país sometido a una crisis de deuda, pobreza creciente e inflación récord para el siglo, los críticos por derecha vieron una oportunidad. Para ellos, Mauricio Macri había fracasado, no por liberal, sino por populista. Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil mostraban un camino para ir por más.

Economistas en sus cuarenta, como Milei y Diego Giacomini, disparaban furia desde la pantalla, mientras la vieja guardia económica menemista volvía a la palestra. En un camino intermedio, con larga experiencia como consultor, no tan antisocial como el panelista de “Intratables”, ni tan pregnado al universo Menem como Carlos Rodríguez y Roberto Cachanovsky, Espert percibió una hendija, y entró.

“¿Sos el (Jair) Bolsonaro argentino?”, le preguntó el empresario Eduardo Eurnekián a Espert cuando lo visitó en su oficina de Palermo junto a quien sería su armador principal, Nazareno Etchepare, en una cita de la primavera de 2018.

Siempre ecuménico en sus apuestas políticas, el dueño de Corporación América prestó el oído a Espert, mientras alentaba a Milei a que hiciera ruido en la televisión, no mucho más que eso. El mundo de 2018 no era el actual. El coronavirus residía en algún animalito de Wuhan y todavía no había desatado el pandemonio. Nadie concebía que ese panelista violento e insultante de las noches de América TV, Milei, pudiera ser candidato a nada.

'¿Sos el (Jair) Bolsonaro argentino?', le preguntó el empresario Eduardo Eurnekián a Espert cuando lo visitó en su oficina de Palermo

Del encuentro con Eurnekián, Espert no se llevó nada concreto, al menos en la magnitud que le interesaba. A un año de las elecciones primarias previstas para agosto de 2019, Espert era un economista mediático, gráfico y efectista en su retórica, pero carente de condiciones esenciales para encarar un proyecto presidencial: territorio, sello partidario y fondos.

Etchepare había cosechado experiencia en las inmediaciones del macrismo como uno de los agitadores digitales que convocaron a las manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno de Cristina en varios anocheceres de 2012 y 2013, presentadas como “espontáneas” por los medios del Grupo Clarín. Aquel fervor acercó al estratega a Elisa Carrió, quien valoró la pericia en un mundo para ella desconocido. Los últimos progresistas que quedaban en la Coalición Cívica-ARI vieron con enorme distancia la incursión de una persona como Etchepare, por dos motivos centrales: ostentosidad ajena a la cultura Carrió, como el lujoso Mercedes Benz con el que el joven aparecía en el estacionamiento del canal TN, al que frecuentaba la entonces diputada, y un vínculo familiar que presuntamente lo conducía a la SIDE.

A la par de Etchepare, Espert apoyó su armado en Gonzalo Díaz Córdoba, otro abogado con nexos de larga data con la Unión de Centro Democrático (UCD) y el peronismo de derecha. Desde otra cantera, apuntaló Luis Rosales, experto en comunicación política proveniente de la derecha mendocina, con llegada a demócratas y republicanos de Estados Unidos. Díaz Córdoba, Etchepare y Rosales ya habían trabajado en la fallida candidatura presidencial del peronista salteño Juan Manuel Urtubey, en 2017.

Un tercer abogado con pasado en múltiples derechas, Germán Gegenschaltz; el joven liberal Tomás Santolín —próximo a Rosales—; el marplatense Guillermo Castello —otro desembarcado desde la Coalición Cívica؅— y Jimena Aristizábal, secretaria de Espert, completaban la mesa.

Así, con poco, el fundador del Estudio Espert oficializó su candidatura presidencial en un acto en el Palacio San Miguel, en el centro de Buenos Aires, a horas de la Navidad de 2018. Un grupo de economistas —tanto asentados como periféricos, todos críticos de Macri “por tibio”—, le hicieron el aguante. Espert, Milei, Giacomini, Guillermo Nielsen, Mariano Fernández, Gustavo Segré, Gustavo Lazzari, Fausto Spotorno y Agustín Etchebarne compartían el grupo de whatsapp “Morondanga Model”.

Marcos Peña, jefe de Gabinete y artífice político-electoral de Juntos por el Cambio, veía una mano inequívoca detrás de los primeros movimientos de Espert: Sergio Massa.

La aversión de Macri y Peña a su exaliado peronista esparció la sospecha de que Massa y los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Eurnekián alimentaban una candidatura por derecha, que serviría para limar al entonces Presidente y aspirante a la reelección.

En lo que fue el entorno de Espert no niegan esa intención de Massa, pero minimizan el alcance. “Una oficina y casi nada de guita”, dijo una persona que perteneció a la cocina del espacio. Otra agrega un dato. Desde su posición de privilegio, Peña se dedicó a bloquear todo aporte de empresarios tentados de colaborar con un plan B.

El 26 de diciembre de 2018, Espert, Giacomini y Milei difundieron un sketch delante de un monolito de Néstor Kirchner, en el que vaticinaron: “a este chorro le metemos preso hasta el cajón”, y “la chorra, la jefa de la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes”. “Viva la libertad, carajo”, gritó el ya candidato presidencial, unos diez años mayor que sus discípulos, que lo arengaron con un “Espert presidente”.

Con ese penoso paso de comedia no alcanzaba para nada.

“El viejo los va a cagar”

El primer esbozo de la candidatura de Espert fue montado sobre el Partido Libertario, un sello anclado en Córdoba con problemas de papeles. La UCD, vehículo ideal fundado por Álvaro Alsogaray, padre de varios de los espertistas, estaba sometido a un limbo judicial.

Desafiados por puertas que se cerraban, el postulante presidencial y sus armadores terminaron en manos de Alberto Asseff. Este abogado sostenía hacía años el Partido Nacionalista Constitucional – UNIR (PNC-UNIR), una estructura en regla con la Cámara Nacional Electoral. De perfil nacionalista conservador, Asseff tenía fama de negociar fuerte. A veces, el paquete incluyó un lugar “entrable” para él mismo en la Cámara de Diputados o el Parlasur.

Espert y sus armadores escucharon una advertencia unánime: “el viejo los va a cagar”. Decidieron asumir el riesgo.

La movida de asociarse a un exradical nacionalista como Asseff resultó insoportable para Milei, Giacomini y otros agrupados en “Morondanga”. Mediante un comunicado, se bajaron solemnemente del barco, el 7 de marzo de 2019.

Asseff no era el socio ideal, pero había que apurar el trámite. Etchepare había acercado un nombre para la pata financiera: Federico Machado. Espert y Asseff firmaron una hojita y la llevaron al juzgado electoral de María Romilda Servini, en Comodoro Py. Había que mostrarle algo a Fred.

Cita en San Fernando

Empresario argentino con dos décadas en EE.UU. y radicado en Florida, Machado viajaba seguido a Buenos Aires y a Viedma, la ciudad en la que vive parte de su familia.

El potencial aportante propuso un lugar inusual para la cita con Espert para pasar a los hechos: su propio avión estacionado en el aeropuerto de San Fernando, norte del conurbano.

Allí acudieron Espert, Etchepare y Díaz Córdoba una mañana de fines de marzo o principios de abril —tres fuentes con conocimiento directo del hecho coinciden en el marco, pero difieren sobre la fecha exacta—. Al cabo de una conversación de menos de una hora, Espert se llevó tres promesas: un avión con piloto de libre disponibilidad con base operativa en San Fernando, un auto blindado y fondos para la campaña. ¿Cuántos? Espert habría pedido US$5 millones, pero lo realmente comprometido vuelve a entrar en un terreno impreciso, según quién sea el consultado, con un piso de US$2,5 millones y techos bastante más altos.

El potencial aportante propuso un lugar inusual para la primera cita con Espert: su propio avión estacionado en el aeropuerto de San Fernando, norte del conurbano

Concluida la reunión en el aeropuerto de San Fernando, Machado partió a bordo de su propio avión rumbo a Viedma, y el candidato presidencial regresó a la Capital Federal con la idea de que había despejado el escollo más importante para llegar a las primarias de agosto.

Desde entonces, los involucrados en la campaña se manejaron con la convicción de que Machado pasó a ser el aportante casi exclusivo. El nombre de José Luis Manzano sobrevoló el ambiente, pero pronto fue unánime el convencimiento de que el dinero provenía del nuevo amigo Machado y de que el avión puesto a disposición formaba parte de su flota.

Espert tenía partido, movilidad, fondos y nombre para la lista: Frente Despertar.

¿Quién era Machado? “Un empresario aeronáutico, que restauraba y comercializaba aviones, con bastante conocimiento de la actualidad, interesado en apoyar un proyecto liberal. También estaba en el negocio de la minería en Guatemala”, describió Carlos Maslatón, quien se encontró con Machado en 2014, 2016 y julio de 2019. Sus citas fueron en una comida con más participantes en Londres, en un museo sobre las Islas Malvinas que el colombiano Iván Sherman montó en Miami y en el hotel Four Seasons, en Recoleta.

Maslatón, exconcejal de la UCD e inversor financiero, fue muy conocedor del entramado presidencial de Espert, al punto de que se barajó el nombre de su pareja, Mariquita Delvecchio, como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de Manuel Adorni, la primera opción. Finalmente, ni Adorni ni Delvecchio fueron candidatos.

Cabos sueltos

Los movimientos de un empresario argentino que viajaba por América Latina a bordo de su propio avión y aportaba fondos a políticos de Argentina y Guatemala despertaron alguna desconfianza en el equipo de campaña sobre el origen del dinero. Gegenschaltz, por caso, llegó a advertir a sus colegas que nunca se subiría a ese avión y sólo aceptó abordar la camioneta Grand Cherokee una única vez.

Espert lo vivió con menos tensión. Se entusiasmó con la Cherokee para uso de él y alguno de sus familiares, y se impacientó cuando la entrega se demoró unos días. No tuvo ningún problema con el avión cedido por Machado o con subirse a la otra nave, el Bombardier Challenger con matrícula N28FM, que transportaba al empresario desde Fort Lauderdale hacia Guatemala, San Fernando o Viedma.

“Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, dijo Espert en el inicio de la presentación del libro La Sociedad Cómplice en el viedmense Hotel Austral, el 18 de abril de 2019, pocos días después de aquella cita en el aeropuerto de San Fernando.

En silencio, el Departamento de Seguridad Interior de EE.UU. seguía el rastro de Machado. El empresario había despegado el 14 de abril de 2019 desde Fort Lauderdale, Florida, y aterrizado en San Fernando por la noche. Seis días más tarde, en el mediodía del 20 de abril, hizo la ruta inversa, con escala en Lima, probablemente junto a Daniel Mastropietro (directivo de Avian, nuevo nombre de la fallida empresa de aviación adquirida a los Macri) y pasajeros de nacionalidad italiana, venezolana, mexicana y estadounidense.

Con el anuncio de los binomios Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, la campaña tomó temperatura. Las encuestas comenzaron a halagar a la dupla Espert-Rosales con una intención de voto que se acercaba a los dos dígitos y paridad entre Macri y Fernández. No era una mala noticia para el universo de derecha, que podría volver a reunirse en escenario de ballottage.

Turbulencias

Más allá de los números, los pilares de la campaña entraron en zona inestable.

Asseff cumplió con las expectativas depositadas en él. El 21 de junio de 2019, a horas del cierre de listas, el PNC-UNIR se retiró del Frente Despertar y Asseff negoció con Pichetto un lugar entrable en las listas de Juntos por el Cambio. La candidatura de Espert pendía de un hilo.

Apareció en escena José Bonacci, dueño del sello Unite por la Libertad y la Dignidad, el primero en advertir sobre lo que haría Asseff. El dirigente santafesino —hoy se define como “fascista” o “facho herbívoro”— viajó de urgencia a Buenos Aires y se encontró con Espert y su gente en el Hotel Libertador, de Córdoba y Maipú, el sábado 22 de junio por la noche. Sellaron un acuerdo y el Frente Despertar se montó sobre Unite, que cumplía las condiciones de la Justicia Electoral.

La movida sirvió para salvar la candidatura presidencial, pero no las listas para la provincia de Buenos Aires. Sin el soporte del PNC-UNIR, un juez de La Plata inhabilitó la inscripción para puestos provinciales y nacionales, decisión que todo el mundo vio como un favor a María Eugenia Vidal, con esperanzas de ser reelecta que se demostrarían vanas. Si se disgustó, Espert protestó poco.

El calvario de completar listas fue menor comparado con la crisis de los fondos de la campaña. El aporte de Machado se había extinguido a días de las primarias del 11 de agosto. Con relaciones resquebrajadas, todos comenzaron a sospechar de todos. Alguno atinó a filtrar que el empresario aeronáutico no había cumplido con su palabra y no había completado siquiera el piso de lo comprometido.

Luis Rosales gestionó el acercamiento de Dick Morris, el famoso gurú de campaña de Bill Clinton, con experiencia variada en Argentina, que se había volcado a proyectos de la alt right en los años previos. Espert era “brillante”, “maravilloso”, “inteligente”, un hombre frente “una ventana de oportunidad para ganar las elecciones”, regaló Morris en su paso por Buenos Aires entre el 20 y el 22 de julio, en teoría, por cortesía.

En plena visita ilustre, el Frente Despertar era un hervidero. Antes de una charla de Morris con la cúpula del Frente Despertar y los principales candidatos, los estrategas y el entorno de Espert se dieron cita en una sala del Four Seasons. Machado, presente en la ocasión como en otras del equipo de campaña, tomó la palabra y dejó un mensaje nítido, para que lo comprendiera todo el mundo: “Yo cumplí con mi parte”. Se cruzaron las miradas. El clima se cortaba con un cuchillo.

La crisis económica del Frente Despertar despertó avidez por los fondos que otorgaba el Estado para imprimir boletas, que fueron $18 millones, unos US$400.000 de entonces, lo que dio lugar a más tironeos y reclamos de reparación en el comité de campaña.

Aterrizaje brusco

La carrera electoral entraba en la recta final. El 6 de agosto, a cinco días de las PASO, la camioneta Jeep Cherokee, con patente OIO 592, recibió dos impactos mientras transportaba a Espert y Rosales a los estudios de Crónica TV, en Barracas. La agresión generó dos marcas en el vidrio del vehículo blindado. ¿Un intento de asesinato en plena campaña presidencial? Habría sido gravísimo e inédito, pero Espert y Rosales bajaron un cambio y lo atribuyeron a un acto de vandalismo o un probable intento de robo.

Como informó el periodista Rodis Recalt en la revista Noticias, la camioneta estaba a nombre de Claudio Ciccarelli, primo de Machado, mientras Espert, Etchepare y Mastropietro (el de la empresa de aviación comprada a los Macri) tenían extendidas tarjetas azules (de libre uso) a su nombre.

El resultado de las urnas fue decepcionante. Espert salió sexto, con 2,2% de los votos, por detrás de los Fernández, Macri, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño y el excarapintada emigrado del macrismo Juan José Gómez Centurión. No había aritmética de las derechas que impidiera un regreso del peronismo a la Casa Rosada.

En la misma noche de las elecciones, Espert designó a Rosales como jefe de campaña y desterró a Etchepare, quien, no obstante, siguió en órbita como primer candidato a diputado nacional por CABA.

Sin posibilidades de remontar de cara a la primera vuelta del 27 de octubre, hubo espacio para otro giro llamativo. Horacio Rodríguez Larreta subió a Espert al barco de su reelección en la Ciudad de Buenos Aires. Dada la magnitud de la derrota de Juntos por el Cambio en las primarias, la hipótesis de que Larreta perdiera la Jefatura de Gobierno no sonaba descabellada para el sistema político.

Si Espert consideraba a Macri “populista”, la crítica, sorpresivamente, no alcanzaba a Larreta, considerado “comunista” por el encendido panelista Milei. La negociación corrió a cargo del ministro de Gobierno de la Ciudad, Bruno Screnci, un hombre de Diego Santilli, y se coronó con una foto en la sede del Ejecutivo porteño, en Barracas. Según admitió Díaz Córdoba (candidato a legislador en esas elecciones) en un streaming posterior con Maslatón, la contraprestación del apoyo fue con espacios de publicidad en la vía pública para mantener la candidatura de Espert con vida de cara a la primera vuelta.

Fred Machado siguió surcando los cielos de América Latina. Centró su actividad en una explotación de oro en el municipio de San Miguel Tucurú, en Guatemala, y en la empresa South Aviation, una de varias de su propiedad dedicadas a la comercialización de aviones y servicios de aviación. También se interesó por un proyecto de oro en Neuquén.

La acusación incluyó tráfico de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México, lavado de dinero, fraude y otros delitos comerciales, con un beneficio ilegal aproximado de US$ 350 millones

En Guatemala, Machado proveyó movilidad a Jimmy Morales, presidente entre 2016 y 2020, y, según medios de ese país, a su sucesor, Alejandro Giammattei (2020-2024). En entrevista con el diario guatemalteco Prensa Libre, Machado negó la sospecha instalada de que financió a ambos.

A lo largo de los años, naves con terminales directas e indirectas en Machado supuestamente aparecieron con cargamentos de droga en América Central y el norte de Sudamérica, lo que encendió alarmas sobre un complejo sistema de transporte al servicio de cárteles de la droga, en particular, del de Sinaloa, de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Un tribunal federal de Texas, Estados Unidos, ordenó el procesamiento y arresto de Machado y otras siete personas en febrero de 2021. La acusación incluyó tráfico de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México, lavado de dinero, fraude y otros delitos comerciales, con un beneficio ilegal aproximado de US$ 350 millones. La pena mínima para los delitos mencionados es de diez años y un máximo de prisión perpetua, según la publicación del Departamento de Justicia.

Un aspecto central de la trama fue que el grupo, en el que Machado habría ocupado un papel central, creó varias firmas de aviación anotadas en propiedad de fideicomisos bajo el paraguas de Aircraft Guarantee Corporation, con sede en Onalaska, un pueblo del este de Texas que no tiene aeropuerto. En suma, más de mil aeronaves fueron registradas de esa manera. Al estar formalmente radicadas en EE.UU., la Federal Aviation Authority de ese país otorgó matrículas que comienzan con la letra N, lo que permite eludir los controles más exhaustivos que se aplican a aeronaves extranjeras. Los aviones de la empresa South Aviation y otras de Machado tenían patente con la letra N.

La imputación contra el empresario argentino y sus colegas incluyó un probable fraude masivo con el esquema Ponzi para la presunta venta de aviones. El grupo ofrecía naves que no estaban en venta, recibía pagos de interesados, que finalmente, ante el reclamo, eran devueltos con el dinero de otros incautos que caían en la trampa. En la investigación, se barajó la posibilidad de que no hubiera sido una estafa, sino una forma de lavar dinero del narcotráfico.

Machado fue detenido en el aeropuerto de Neuquén el 16 de abril de 2021, a pedido de la Justicia de Texas. Desde septiembre de ese año, cumple prisión domiciliaria en las afueras de Viedma. El juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva concedió la extradición un año más tarde. La medida está pendiente de revisión en la Corte Suprema.

Debra Lynn Mercer-Erwin, la beneficiaria del fideicomiso en el que se anotaban los aviones de la flota de Machado y otros empresarios, fue sentenciada a 16 años de prisión por un tribunal de Texas, en noviembre pasado.

Ante una consulta de este medio al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre si el pedido de extradición y las imputaciones contra el empresario argentino siguen vigentes, Nicole Navas, encargada de comunicación, ratificó que el Gobierno estadounidense continúa “trabajando con el de Argentina para extraditar a Federico Machado”.

La defensa de Machado corre a cargo de los letrados Francisco Oneto y Roberto Rallín, quienes declinaron hablar ante este medio. El primero también es abogado de Milei en la presunta criptoestafa $LIBRA, que avanza parsimoniosamente en Comodoro Py.

Milei y Espert protagonizaron una primera reconciliación tras las turbulencias de 2019. En 2021, cuando Machado fue detenido en Neuquén y el excandidato del Frente Despertar quedó expuesto como alguien que, como mínimo, había viajado en un avión y aceptado el préstamo de un auto atribuido a un narco, el economista encaraba en bastante soledad su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires bajo el sello Avanza Libertad, reflejo de la primera incursión electoral de Milei con La Libertad Avanza. En esos meses, la enemistad entre ambos tocaba techo. Milei difundió entre su entorno que Espert había intentado sobornarlo con US$ 300.000 en efectivo en un encuentro en la casa de Karina en Vicente López, delante de varios testigos.

El nuevo distanciamiento se prolongó hasta después de la victoria presidencial del ultra, en noviembre de 2023. Desde entonces, la relación se fortaleció de tal forma, que Milei proclamó prematuramente a Espert como candidato a diputado nacional por LLA en la disputa decisiva en la provincia de Buenos Aires, en octubre próximo, pese a la resistencia de Santiago Caputo y, probablemente, Karina.

A pedido de la oficina de prensa de Espert, este medio envió cuatro preguntas sobre el vínculo con Machado, que no fueron respondidas.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Lo que para usted es una simple lucecita que se mueve en una pantalla para los astrónomos es la noticia del año. A finales de esta semana, como adelantó elDiario.es, los telescopios de todo el mundo se fijaron en una de estas luces, que resultó ser un nuevo cometa procedente de fuera del Sistema Solar al que ya han bautizado como 3I/ATLAS, el tercer intruso cósmico que detectamos después del asteroide Oumuamua (2017) y el cometa 2I/Borisov (2019).

Estos misteriosos objetos viajan en la oscuridad del vacío cósmico durante millones de años, rebotando gravitatoriamente de un sistema a otro como bolas en una máquina de pinball. Hasta que, de vez en cuando, uno de ellos entra a toda velocidad en el Sistema Solar, cargado de información sobre cómo se fabrica el material celeste allá fuera, y dispara nuestra imaginación.

En 2017, cuando se detectó ese primer objeto interestelar en forma de puro llamado Oumuamua, los astrónomos lo vieron rebotar y acelerar más de lo esperado, lo que desató las especulaciones sobre la posibilidad de que se tratara de una nave alienígena. Muchos medios y algún investigador de prestigio con ganas de llamar la atención, como Avi Loeb, enloquecieron con el tema, aunque se demostró que había explicaciones mucho menos fantasiosas.

Estos objetos son fruto de auténticas carambolas entre las estrellas y a la vez son eslabones perdidos, soñados objetos de tránsito y contacto entre distantes sistemas planetarios

Josep Maria Trigo — Investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC/IEEC

Tras el paso de Borisov en 2019, un cometa con características más parecidas a los miles que orbitan alrededor de nuestro Sol, las aguas se calmaron. Y el nuevo I3/ATLAS, con mucha más pinta de cometa que de nave espacial, nos devuelve al camino de la cordura, aunque quedan un montón de incógnitas científicas por resolver igual de fascinantes. “Estos objetos son fruto de auténticas carambolas entre las estrellas y a la vez son eslabones perdidos, soñados objetos de tránsito y contacto entre distantes sistemas planetarios”, apunta Josep Maria Trigo, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC/IEEC. “Explicando su origen y naturaleza aprenderemos de los procesos que los originaron”.

Como mosquitos en el parabrisas

Nuestros telescopios solo pueden ver estos cuerpos cuando son lo suficientemente grandes o están lo suficientemente cerca como para reflejar la luz del Sol. Dos características los delatan: una órbita hiperbólica, desligada de nuestra estrella, y una velocidad endiablada, mucho mayor que el resto de habitantes de nuestro vecindario. “Estos objetos han abandonado su sistema y para ello han alcanzado una velocidad mínima de escape que les permita abandonar la influencia gravitatoria de su estrella”, apunta José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Este último objeto, detectado en primer lugar por los telescopios del sistema ATLAS en Chile, viene disparado a unos 68 kilómetros por segundo (unos 250.000 km/h). “Una velocidad muy similar a la que tendría un cuerpo que ha penetrado mucho en el Sistema Solar acercándose al Sol, a pesar de que ahora está muy lejos, a la altura de Júpiter”, comenta Madiedo.

Desde del observatorio del Teide, el equipo de Javier Licandro, del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), siguió el recorrido de 3I/ATLAS desde el primer minuto y él y su equipo ya están obteniendo información muy interesante: ese puntito que se mueve en la pantalla es en realidad la enorme nube de gas y polvo, de unos 25.000 km de largo por 22.400 km de ancho, que va dejando el cometa a medida que se acerca al Sol. Su cola queda justo detrás de nuestra vista. “En este caso se extiende hacia atrás, con lo que no podemos medir su tamaño”, explica el científico. “Es como querer medir el largo de un coche que vemos de frente. Cuando pase más cerca, y lo veamos de costado, podrá hacerse”.

“Tanto Borisov como Oumuamua eran bastante pequeños”, recuerda Julia de León, astrofísica del IAC experta en asteroides. “Aunque todavía hay mucha incertidumbre, parece que este tendría un núcleo cometario bastante grande, por encima del kilómetro”. Esto no quiere decir necesariamente que nos vaya a dar más información, advierte, pero el hallazgo es muy prometedor. “Lo verdaderamente alucinante es que hayamos detectado tres en tan poco tiempo, porque son diminutos y el espacio es inmenso: es como localizar un mosquito en mitad del océano Pacífico”.

Vienen a toda castaña, porque en realidad nosotros vamos a toda castaña. Es como si nos hubiéramos encontrado en el camino con el bicho que se nos pega en el parabrisas

Javier Licandro — Investigador del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)

Sobre la velocidad de nuestro encuentro, Licandro relativiza. “Vienen a toda velocidad, porque en realidad nosotros vamos a toda velocidad”, argumenta. “Es como si nos hubiéramos encontrado en el camino con el bicho que se nos pega en el parabrisas. Basta con que estos objetos se escapen de su estrella y se queden deambulando en el espacio interestelar. Si justo pasamos por ahí, nos lo vamos a encontrar”. “El Sistema Solar se mueve”, añade René Duffard, experto en asteroides del IAA-CSIC. “El Sol y todos sus acompañantes giran alrededor de la galaxia y en ese movimiento es normal que el sistema se lleve por delante material formado y expulsado en otras estrellas”.

Escombros planetarios

¿De dónde vienen entonces estos misteriosos objetos? Sabemos, por la física de Bachillerato, que un cuerpo que recibe un impulso en el vacío puede estar viajando potencialmente para siempre, de modo que pueden ser muy antiguos y venir desde muy lejos, aunque los principales candidatos son las estrellas más cercanas.

“En el Sistema Solar la mayoría de los asteroides ocupan una región que conocemos como el cinturón de asteroides y los cuerpos de hielo, los progenitores de los cometas, ocupan otras regiones en la zona externa, como la nube de Oort”, asegura Licandro. “Estamos estudiando estructuras similares en otras estrellas, donde no puedes ver los cometas y asteroides individuales, pero sí puedes puedes ver el anillo en que estos objetos se producen”.

Los científicos creen que estos objetos podrían proceder de estructuras parecidas a nuestra nube de Oort y que muchos sistemas en formación sueltan estos ladrillos primigenios a su paso. “Los cuerpos interestelares detectados hasta ahora parecen proceder de estrellas situadas en el disco galáctico delgado, quizás procedentes de estrellas jóvenes que sufren procesos dinámicos internos de reestructuración por dispersión gravitatoria en sus respectivas nubes de Oort”, explica Trigo. “Hay modelos que calculan que cada estrella debería haber eyectado aproximadamente cinco masas terrestres en forma de planetesimales”, destaca Eva Villaver, astrofísica y subdirectora del IAC.

Hay modelos que calculan que cada estrella debería haber eyectado aproximadamente cinco masas terrestres en forma de planetesimales

Eva Villaver — Astrofísica y subdirectora del IAC

“Como parte de la evolución de nuestro propio Sistema Solar, cuando un objeto pequeño, como un asteroide o cometa, se acerca demasiado a un planeta o al propio Sol, puede ser expulsado del sistema”, observa Duffard. “Si este fenómeno pasó en nuestro Sistema Solar, también podría haber pasado en otros. Así como hay planetas errantes que no están girando alrededor de ninguna estrella, ya sea porque fueron expulsados de sus estrellas o porque se formaron en soledad, también podría haber objetos sueltos, no relacionados a otras estrellas”.

El astrónomo y divulgador Javier Armentia recuerda que ya hemos sido testigos de una de estas expulsiones, dentro de nuestro propio sistema. “El cometa Bowell, detectado en 1980, se acercó a Júpiter y salió acelerado por encima de la velocidad de escape rumbo al espacio interestelar”, apunta. También hay varios objetos que ahora están en órbita solar y que se sospecha que llegaron como vagabundos y se quedaron a vivir con nosostros, capturados por su gravedad.

Quizás estos cometas son supervivientes de lugares muy especiales que han generado estas bolas de ping-pong, capaces de viajar enormes distancias y llegar a otros sistemas

Javier Armentia — Astrónomo y divulgador

Para Armentia, el hallazgo de un tercer objeto de este tipo es fascinante, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos aprendido de los dos anteriores. “Ambos pasaron cerca del Sol sin fragmentarse, lo que nos habla de la consistencia del material y podría explicar que hayan llegado hasta aquí”, relata. “Y el alto contenido en monóxido de carbono en el cometa Borosov llevó a especular con que se formara en nubes ultrafrías de estrellas más pequeñas, como las enanas rojas”, añade. “Quizás estos cometas son supervivientes de lugares muy especiales que han generado estas bolas de ping-pong, capaces de viajar enormes distancias y llegar a otros sistemas”, especula.

Otra realidad inquietante es que nunca sabremos con certeza de qué lugar concreto proviene cada uno de estos asteroides o cometas. “Se puede especular un poquito por la trayectoria de dónde vienen, de qué estrella o de qué zona, pero no se podrá determinar fehacientemente ni ahora ni en el futuro”, subraya Licandro. “Después de rebotar de un sistema a otro, la trayectoria original no tiene nada que ver y es imposible determinar de qué lugar exacto proceden”.

Una misión de ciencia ficción

Sobre la cantidad de objetos que seremos capaces de detectar, gracias a los sistemas de vigilancia planetaria como ATLAS, los expertos son muy optimistas. “Llevamos tres en muy poquitos años y ha sido gracias a que los programas de seguimiento de cuerpos cercanos a la Tierra se han expandido y están escudriñando mejor la bóveda celeste”, afirma Madiedo. “Seguro que en el pasado nos hemos perdido muchos de estos objetos y, llevando tres en tan poco espacio de tiempo, lo que podemos estimar es que no son tan raros”.

El estreno de instrumentos como la gigantesca cámara del observatorio Vera C. Rubin, en Chile, promete ampliar el catálogo y añadir entre uno y diez de estos viajeros interestelares al año. “Rubin llega mucho más profundo y verá objetos mucho más débiles, por lo que podremos ver cuerpos que pasan más lejos o que son más pequeñitos”, adelanta Licandro.

La otra gran promesa es la misión Comet Interceptor, de la ESA, programada para 2029, y que pretende colocar una sonda agazapada en el punto Lagrange 2 del Sol a la espera de uno de estos objetos para poder seguirlo y estudiarlo de cerca. Seguramente no encontraremos una civilización extraterrestre que viaje en su interior, como ocurría en la novela Cita con Rama, pero el momento será igual de emocionante y más riguroso que las fantasías de Avi Loeb y sus seguidores.

La lección que nos deja este hallazgo, reflexiona Eva Villaver, es que nos movemos en un entorno galáctico donde son frecuentes las interacciones entre estrellas y esas estrellas comparten el material con el que se forman sus planetas y nosotros mismos. “Nos produce una tremenda angustia la idea de estar solos y aislados —concluye—, pero estos pedazos de roca, de planetas frustrados viajando en la inmensidad del cosmos, vienen a recordarnos que sucede todo lo contrario”.

A menudo se dice que el imperio inca, que se extendió a lo largo de 4.000 kilómetros y fue la civilización más grande de América, no tuvo un sistema de escritura. Pero la afirmación no es del todo exacta, porque los incas registraron la información a través de un sofisticado sistema de cuerdas y nudos, los quipus, que los expertos llevan años tratando de descifrar.

Una de esas especialistas es la antropóloga escocesa Sabine Hyland, que viajó hasta la remota aldea montañosa de Jucul, en los Andes peruanos, para estudiar un conjunto de quipus que fueron guardados en secreto durante siglos por los ancianos. Estos quipus no fueron generados directamente por los incas, sino por los habitantes de la zona que aún sabían interpretar sus signos tras la caída del imperio en el siglo XVI, y Hyland cree que pueden ofrecer algunas claves para descifrar su mensaje.

Los quipus de Jucul tienen algunas características especiales, como que presentan borlas en lugar de nudos, y Hayland descubrió un detalle que tiene el máximo interés para los climatólogos: estas marcas en las cuerdas se relacionan con ofrendas en épocas de sequía o inundaciones. “Los pueblos andinos del pasado consideraban estos quipus un registro del clima y los estudiaban para comprender los patrones de lo que ocurría, tal como lo hacemos hoy”, escribe la antropóloga de la Universidad de Saint Andrews en The Conversation.

Si miras uno de los quipus de Jucul y ves que había muchas ofrendas a Paccha-cocha ese año, sabes que era una época de sequía, ya que las ofrendas se hacían para aumentar la lluvia

Sabine Hyland — Antropóloga de la Universidad de Saint Andrews

Algunas borlas de los 97 quipus conservados por los aldeanos están hechas de colas de llama que recuerdan a las nubes de lluvia y se presentaban en las ofrendas en el lago sagrado Paccha-cocha cuando se quería invocar a las precipitaciones, mientras que en otros rituales pedían a los espíritus de los muertos que detuvieran las inundaciones. “Si miras uno de los quipus de Jucul y ves que había muchas ofrendas a Paccha-cocha ese año, sabes que era una época de sequía, ya que las ofrendas se hacían para aumentar la lluvia”, escribe Hyland.

Buscar los isótopos

Clara Rodriguez Morata, paleoclimatóloga del Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos, cree que los quipus pueden aportar información valiosa para completar el registro climático histórico de los Andes, no solo a través de los datos etnográficos y lingüísticos, como los que obtiene Hyland, sino con herramientas como el análisis de isótopos con las que ella trabaja. De hecho, antes de conocer el enfoque de la antropóloga escocesa, ya había comenzado a explorar esta posibilidad con el investigador peruano Iván Ghezzi, que está obteniendo fechas de radiocarbono precisas para los quipus.

“Le pregunté a Iván qué tipo de materiales se usaban para hacer los nudos, si eran fibras animales o vegetales, porque yo trabajo con isótopos estables de oxígeno en madera y lo relacionamos con la climatología de regional”, explica. “Si obtenemos el contenido isotópico y una datación, quizá podamos relacionarlo científicamente con temas de precipitación y tener también un registro climático”.

Es perfectamente posible que algún día los quipus —que comprenden inventarios, censos y calendarios— nos regalen también datos sobre el clima del pasado

Iván Ghezzi — Investigador experto en quipus y datación por radiocarbono

“Los quipus son artefactos muy ricos en información, y complejos en estructura y contexto de hallazgo”, explica Ghezi a elDiario.es. Los proyectos de datación mediante radiocarbono que él y su equipo realizaron demuestran que es posible aprovechar esta complejidad para obtener fechados de alta precisión, con un rango de error inferior a 20 años. “Algunos quipus excepcionales los estamos correlacionando con eventos históricos de fecha conocida, es decir, un año exacto, registrados en documentos escritos de la época colonial del Perú”, señala. “Por lo tanto, es perfectamente posible que algún día los quipus —que ya sabemos que comprenden inventarios, censos y calendarios— nos regalen también datos sobre el clima del pasado”.

Descifrar un enigma

Aunque la mayoría de los quipus que conocemos se fabricaron en época inca, desde hace algunas décadas los científicos se están centrando en intentar descifrar los quipus de época colonial, que pueden relacionar con eventos históricos conocidos. El mayor paso hasta la fecha lo dio el matemático estadounidense Manny Medrano con el llamado “archivo de quipus del valle del Santa”, que ha podido correlacionar con un texto de la misma zona escrito en español en el año 1670, como si fuera una especie de piedra de Rosetta de los quipus. “Recién estamos empezando a descifrar los quipus, y cuando alcancemos este logro, se abrirá un universo de información que contienen, incluyendo probablemente el clima”, destaca Ghezi.

¿Por qué tiene tanto interés obtener datos del clima en el tiempo de los incas? Porque es un periodo del que apenas hay registros y fundamental para entender los climas del pasado, en concreto, las oscilaciones de las precipitaciones y temperaturas producidas por los ciclos de El Niño, que dependen de cambios en la temperatura superficial del océano del Pacífico.

“En Europa llevamos midiendo temperatura y precipitación desde hace 200 años, pero en los Andes, no”, señala Rodríguez Morata. “Por eso, cualquier registro del tipo que sea que nos dé información sobre el clima del pasado es muy importante para los modelos climáticos y para hacer las proyecciones a futuro. Si los incas registraban en los quipus la información que ellos necesitaban mantener, deberían ser mucho más estudiados a nivel climático”.

Creo que los quipus tienen un gran potencial como un indicador climático nuevo y único en una región remota donde hay pocos indicadores climáticos de alta resolución disponibles

Valerie Trouet — Investigadora de la Universidad de Arizona y paleoclimatóloga

“Los quipus, las rogativas, nos abren una ventana al clima del pasado”, asegura Marta Domínguez Delmás, experta en dendrocronología, la datación de los anillos de los árboles. “Son registros climatológicos de alta resolución, con una cobertura geográfica y/o temporal mayor de la que ofrecen los registros instrumentales. También indican que nuestros antepasados sentían la misma necesidad de entender y mitigar los fenómenos climatológicos extremos”.

“Creo que los quipus tienen un gran potencial como un indicador climático nuevo y único en una región remota donde hay pocos indicadores climáticos de alta resolución disponibles”, añade la investigadora de la Universidad de Arizona y paleoclimatóloga Valerie Trouet. “En Europa existe una larga historia de documentación escrita”, recuerda. “Los quipus brindarán una oportunidad única para hacer lo mismo en una región y para un período histórico donde los registros escritos son mucho más escasos, si es que existen”.

Buscando nuevos proxies

Cuando no existe un registro directo, los climatólogos obtienen datos de diferentes fuentes, desde los anillos de los árboles a las muestras de hielo, lo que se llama un proxy climático. Estas fuentes sirven para reconstruir un modelo de cómo fue el clima de épocas pasadas y entender su evolución. En el caso de los Andes, hay investigadores trabajando en los más diversos escenarios, desde los testigos de hielo de los glaciares hasta la madera de las queuñas centenarias que crecen en lo alto de los volcanes.

Desde el Laboratorio de Dendocronología de la Universidad Austral de Chile, por ejemplo, Duncan Christie y su equipo están trabajando en una reconstrucción precisa del clima del altiplano en los últimos 1.000 años a partir de los anillos de los árboles. “Sería muy interesante comparar los datos obtenidos de los quipus con estos valores, porque en la misma época hay señales de sequías muy severas y sostenidas y también periodos muy lluviosos, así como señales de El Niño”, asegura. “Necesitamos tener un registro largo para ver cuál es la variabilidad natural y determinar qué se debe al cambio climático”.

Cualquier registro del tipo que sea que nos dé información sobre el clima del pasado es muy importante para los modelos climáticos y para hacer las proyecciones a futuro

Clara Rodriguez Morata — Paleoclimatóloga del Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos

Clara Rodríguez Morata e Iván Ghezi colaboran en la investigación de un yacimiento arqueológico de más de 3.000 años conocido como Chankillo, en la costa peruana, que puede ampliar la comprensión de los efectos de El Niño. “Las puertas del sitio tienen los dinteles de madera, son troncos enteros de algarrobo”, señala la investigadora española. “La teoría de los arqueólogos es que hubo un evento de El Niño muy fuerte que desestabilizó toda la sociedad del momento y vamos a comprobar si se ve en los anillos”. “Queremos ver la relación entre esta catástrofe ambiental, social y de salud pública, y la aparición de la guerra en la zona”, afirma Ghezi.

El caso de los quipus es especial, porque permite investigar datos del clima tanto en el sustrato físico como en el mensaje que dejaron registrado los habitantes de la zona. Algo parecido sucede con las litografías de piedra halladas en el yacimiento arqueológico de Cerro Sechín, de más de 2.000 años de antigüedad, en las que aparecen grandes peces que se han asociado con un fenómeno de El Niño particularmente intenso. “Cualquier formato es útil para intentar reconstruir los cambios del clima”, asegura Rodríguez Morata. Y si los quipus de Jucul ayudan a construir una cronología de lluvias a partir de las ofrendas habrá más datos para comprobar lo que pasó en toda la región.

Para Duncan Christie, la información que se pueda obtener de los quipus tiene cierto paralelismo con la que se extrajo de los registros de actividad en las minas de plata de Potosí, en Bolivia. “En épocas coloniales hay registros muy detallados de cómo era el caudal del canal que alimentaba los molinos de la mina o la cantidad de rogativas católicas para pedir la lluvia, y al comparar con las reconstrucciones de precipitación obtenidas con los anillos de los árboles encontramos coincidencias, así que son métodos que se que se complementan y se validan entre ellos”.

“Si logramos cartografiar los quipus y datarlos, tendremos un registro de datos climáticos de esta región, creado por los propios habitantes andinos”, concluye Hyland. “Creo que existen otras aldeas en la región con quipus similares”, comenta a elDiario.es. “La última vez que estuve en Jucul, me hablaron de dos aldeas diferentes con quipus muy parecidos”.

Aunque en su estado actual, advierte, los quipus de Jucul se encuentran amenazados por insectos, moho y roedores y corremos el riesgo de que este tesoro de datos etnográficos, culturales y climáticos se pierda para el futuro. “Recientemente recibí una ayuda del Museo Británico para limpiar y preservar profesionalmente estos quipus”, informa la antropóloga. “También esperamos crear una vitrina para el quipu más grande del mundo, para que pueda exhibirse en el pequeño museo del pueblo. Aún nos queda mucha más investigación que realizar sobre los quipus y cómo codificaban la información”.

La Justicia allanó este jueves el laboratorio HLB Pharma, cuestionado por ser productor del fentanilo contaminado por el que se investiga la muerte de nueve personas.

El procedimiento se llevó a cabo en el establecimiento que tiene su sede en la calle Intendente Tomkinson, en el partido bonaerense de San Isidro.

Además, por orden del juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, se realiza otro allanamiento en el laboratorio Ramallo, que producía para HLB, que está ubicado en la localidad de Ramallo.

También, hay otro procedimiento en la droguería Nueva Era situada en la ciudad santafecina de Rosario, debido a que es la empresa a la que le compró el fentanilo el Hospital Italiano de La Plata.

En el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario la Justicia investiga la muerte de un paciente al que se le habría administrado el fentanilo contaminado y de esta manera desde la Municipalidad dictaminaron el retiro total del lote comprado.

Asimismo, el caso que puso en jaque la causa principal es lo ocurrido en el Hospital Italiano donde las autoridades ya investigan la muerte de nueve pacientes a los que también se les suministró fentanilo como parte de sus recuperaciones.

MM con información de la agencia NA.

Aunque todavía no hay acuerdo para un nuevo préstamo que permita levantar el cepo cambiario, una de las promesas hasta ahora incumplidas de Javier Milei, la relación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno libertario —el mejor de sus alumnos argentinos de todos los tiempos, por el brutal ajuste sobre los ciudadanos, no sobre la casta— es puro amor. Tanto es así que a los ferovorosos elogios de la directora gerenta del organismo, Kristalina Georgieva, ahora se sumó una invitación al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Coloso, como lo llama el Presidente, a integrar un comité de expertos donde se dedicará a explicar cómo achicar el Estado.

El propio funcionario lo comentó en un tuit, en el que también se refirió a otra invitación que le cursó la Universidad de Princeton para hablar sobre “Motosierra y desregulación: el primer año de la presidencia de Javier Milei”. Es el título del seminario web que brindará el jueves a las 12:30 del mediodía de la Costa Este de Estados Unidos, que en la Argentina serían las 14.30.

“Es innegable que las reformas del presidente Javier Milei han generado interés a nivel global. El jueves las estaremos explicando en el webinar de Markus Brunnermeier (profesor de la Universidad de Princeton e investigador en Macroeconomía, Dinero y Finanzas)”, tuiteó Sturzenegger. Y agregó: “Otra muestra es la invitación que me cursara Kristalina Georgieva para participar en un comité de expertos sobre la próxima agenda del FMI: nada menos que productividad y desregulación. ¡VLLC (Viva La Libertad Carajo)!”.

Sturzenegger integrará el flamante “Consejo asesor sobre emprendimiento y crecimiento” del Fondo para que vuelque su experiencia en reforma del Estado. En una columna publicada la semana pasada en el diario estadounidense The Washington Post, titulada To restore global growth, ease barriers for entrepreneurs (“Para restaurar el crecimiento global, aliviar las barreras para los empresarios”), Georgieva destacó la necesidad de promover reformas acordes a la realidad de los diferentes países que conforman el organismo.

“El mundo está expectante ante la Argentina, donde las reformas favorables al mercado están revitalizando la economía de un modo que antes se creía imposible”, destacó la jefa del FMI.

La contracara del interés exterior por Milei y Sturzenneger

Aunque las reformas económicas del presidente Milei son elogiadas por figuras internacionales como Georgieva, los costos sociales de estas políticas no pueden ser ignorados.

La reducción de la inflación vino acompañada de un aumento significativo en los índices de pobreza: al término del primer semestre del año era del 55,5% de la población y la indigencia (es decir gente a la que no le alcanza la plata ni para comer), del 17,5% en el mismo período, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Hace un mes, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandre Pettovello, amiga del Presidente, sostuvo la pobreza bajó en el tercer trimestre de 2024 al 38,9%, apenas 0,3 punto porcentual más que el nivel en que la dejó el gobierno de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Lo tendrá que confirmar el Indec.

Además, la mayoría de los jubilados cobran apenas US$300 por mes, en una economía que atraviesa un momento difícil de entender para los extranjeros que visitan el país y para los propios argentinos, que la viven: que las cosas salen más baratas en Europa que aquí (lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo) pero los salarios son significativamente menores a los de cualquier país de Europa.

Asimismo, la eliminación de subsidios al transporte y la energía que dispuso el gobierno de Milei y Sturzenegger incrementó los costos de vida, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.

En este contexto, y para que haya superávit, la gestión libertaria pisó los ingresos de los jubilados, retaceó el financiamiento a las universidades públicas y está desmantelando, según denuncian los propios investigadores, el sistema de ciencia y tecnología. Organismos como el Conicet, el INTA y la CNEA sufrieron recortes drásticos en sus presupuestos.

Para que Sturzenegger pueda dar charlas en el exterior sobre el éxito del achicamiento del Estado y de cómo Milei logró el superávit fiscal por primera vez desde el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina sacrifica la educación universitaria pública y gratuita y su tradición de excelencia científica. El cepo cambiario, mientras tanto, sigue vigente y pese a las promesas de campaña los impuestos no bajaron. El modelo libertario que elogia el FMI tiene un costo que no se menciona en los seminarios internacionales: el bienestar de millones de argentinos.

JJD

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió bajo su propia órbita a su pareja. Cobra desde entonces al menos $7 millones, publicó hoy el diario La Nación.

La investigación periodística la realiza el periodista Hugo Alconada Mon y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y da cuenta de que Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

Según el diario, la designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

El mes pasado Vázquez fue denunciado en la Justicia a raíz de la investigación periodística, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

JJD

El diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, quedó en el centro de las críticas esta semana tras una investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico reveló que Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien citó al denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, a ratificar su presentación este martes.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ritondo, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. Estas son las claves del caso.

1. De dónde surgen los documentos 

Las conexiones de Diago con una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas y un fideicomiso en Florida surgen de una serie de documentos internos del estudio Overseas Management Company (OMC), que se filtraron gracias a Pandora Papers, una investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integran la UDI de elDiarioAR y el CLIP. La participación del periodista argentino Iván Ruiz, del CLIP, fue central en la investigación. OMC es un bufete o estudio jurídico especializado en la conformación de sociedades offshore. 

Además, otros documentos públicos permitieron reconstruir las conexiones de Diago con otras sociedades a través de las consultas al registro público de sociedades de Florida. Este sitio es abierto y puede consultarse en internet. 

Otro registro público que aportó documentación es el registro de propiedades de Florida. Los documentos fueron hallados por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas con las bases de datos de Estados Unidos. Allí fue clave el investigador Angus Peacock, quien asistió al equipo periodístico en la búsqueda.

2. Cuáles son las conexiones de Diago con las sociedades

La investigación sacó a la luz tres redes distintas de sociedades y propiedades, pero que están conectadas entre sí, no sólo por Diago sino también por una persona y direcciones que se repiten en ambos circuitos. 

Red 1: el fideicomiso. La primera red, hallada en Pandora Papers, está formada por la sociedad Sunstar Point Ltd, de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Diago aparece en los documentos activando esta sociedad en 2014 a través del estudio OMC de Panamá, de acuerdo con un correo electrónico.

El objetivo de la compañía es ser titular de una propiedad en Florida valuada en US$650.000, de acuerdo con los documentos.

La propiedad estaría ubicada en Hallandale, en el sur de Florida, en un condominio denominado Beachwalk Condominium, frente al mar, de acuerdo a un formulario del estudio OMC.

Sunstar Point era controlada por Diago como beneficiaria final de la sociedad y como presidenta y directora, pero su accionista es un fideicomiso creado en Florida, también en 2014. El fideicomiso, denominado Warwick Trust, fue creado por Diago para controlar esta sociedad.

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio. La sociedad también tuvo un cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida. En 2018, en un formulario de OMC, aparece un vínculo con una cuenta bancaria en el Santarder Río, en Buenos Aires.

Diago aparece en los documentos de Sunstar Point al menos hasta noviembre de 2018.

Red 2: Ilustre y Bonita. El departamento de Hallandale aparece en 2015, un año después, a nombre de otra sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, donde llegar a los verdaderos dueños de las compañías está plagado de obstáculos.

Conocer quién es el verdadero dueño de Ilustre LLC es requirió del análisis de documentos públicos de Florida, hallados en el registro de propiedades, ya que los documentos de la sociedad en Delaware no arrojaban esa información. En Florida, sin embargo, surge una declaración jurada. En agosto de 2021, Ilustre LLC decidió vender el departamento de Hallandale. Durante la venta del departamento, la agente inmobiliaria de la sociedad, María José Pérez-Millán, firmó un documento en el que declaró que la sociedad era propiedad de otra compañía radicada en Florida: Bonita Holdings 39. También sostuvo que Bonita Holdings 39 tenía un miembro: Diago. 

¿Qué significa ser “miembro” (member) de una sociedad en Florida? elDiarioAR consultó a un experto en este tipo de compañías. Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, explicó a este medio que mientras el manager de la sociedad es quien gestiona los negocios de la compañía, el miembro o “member” es equivalente a un accionista.

Red 3: Vamospormás o Goformore. En los documentos públicos, Ilustre LLC es representada por Pérez Millán. La agente inmobiliaria también aparece como manager de otra sociedad: Goformore LLC, radicada en Florida, y cuya traducción podría ser “Vamospormás”.

La investigación de la UDI de elDiarioAR y el CLIP estableció que la sociedad estuvo conectada a Diago hasta junio de 2013, cuando la abogada renunció a su cargo como “manager/miembro” de la compañía. La abogada desaparece de los documentos públicos y la agente inmobiliaria Pérez-Millán asume el cargo de manager (no el de miembro). Hasta la actualidad, Goformore LLC aparece representada en Florida por Pérez-Millán.

Esta compañía aparece como propiedatria de cuatro inmuebles en Miami, uno de ellos vendido en 2015. 

La primera propiedad fue adquirida el 14 de marzo de 2013. Se trata de un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Fue comprado a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). 

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015. Los departamentos están valuados en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Hace pocos meses, Ritondo celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

3. La conexión con Juan Alberto Pazo, jefe de ARCA

Pazo es abogado y proviene del sector privado pero también es un hombre del espacio que lidera Macri. El flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue hasta principios de diciembre el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. 

Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público: fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp (la sociedad que vendió un departamento a Goformore LLC en 2013), de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Pazo fue denunciado esta semana por el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) ante la Justicia por presunta por “falsedad maliciosa de su declaración jurada”.

4. Ritondo y su patrimonio 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. 

En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los legisladores locales, diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado. Ritondo debía informarlo también cuando estas estructuras se montaron y él era legislador porteño, entre 2013 y 2015.

5. Qué dijeron Ritondo y Diago sobre la investigación

El matrimonio no respondió las consultas de la UDI de elDiarioAR y el CLIP sobre si estas sociedades y propiedades fueron declaradas por Diago ante la exAFIP -hoy ARCA-. Tampoco quiso dar su versión de los hechos al cierre de esta investigación ni luego de la publicación.

En abril, cuando surgieron los primeros documentos, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa sobre Goformore LLC, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas por orden de la Justicia tras ser acusado de provocar el incendio que azota a la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

Se trata del segundo detenido por los incendios forestales que afectan a varias localidades de la región de Punilla y otros puntos de la provincia, el viernes último ya habían detenido a un hombre de 31 años en la Costanera sur de San Esteban que circulaba con un bidón de nafta y supuestamente intentaba prender fuego.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que “la identificación del sospechoso se logró gracias al trabajo de la brigada de Investigaciones de la Jefatura Departamental Punilla Norte, que realizó distintos procedimientos y secuestro elementos relacionados al hecho”. 

“El imputado permanece alojado a disposición de la fiscalía y se le atribuye el delito de `incendio doloso`”, agregaron.

Asimismo, se informó que continúa la investigación por las llamas que acechan no solo Capilla del monte, sino también varias regiones de Córdoba.

En esta localidad alrededor de 300 bomberos trabajaban para combatir el fuego que avanzaba debido a las condiciones meteorológicas de la provincia. Hasta el momento 54 personas debieron ser evacuadas y se han quemado 14 viviendas.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner, afirmó que las personas que se tuvieron que ir de sus casas por precaución fueron derivadas a hoteles y cabañas. “Va a llevar varias horas más de trabajo por las complicaciones del viento”, precisó Schreiner.

Este domingo, el combate del fuego continuaba principalmente en Capilla del Monte y Villa Berna, en cercanía de La Cumbrecita. 

Además, sigue activo otro foco en el cerro de La Mermela, cerca de la zona de Los Túneles en Salsacate.

La municipalidad de Capilla del Monte informó que se indicó la evacuación preventiva de los barrios Aguas Azules y Águila Blanca por la proximidad de las llamas. 

El fuego también se acerca a la localidad de San Marcos Sierras y la Policía no descarta más evacuaciones en la zona. Las llamas se pueden observar desde el balneario del Río Quilpo, cerca de La Cumbre, indicó el sitio de Cadena 3.

En tanto, la Policía Caminera informó un nuevo corte en la ruta nacional 38, producto del incendio en Punilla. Es a la altura del kilómetro 119, próximo a localidad Capilla del Monte. Bomberos y personal policial trabajan en el lugar.

Según autoridades locales, en Capilla del Monte ya se quemaron aproximadamente 8.000 hectáreas. “Casi 600 bomberos trabajaron en la zona, de los cuales 400 eran jóvenes que se quedaron toda la noche salvando viviendas”, agregó Roberto Schreiner, Secretario de Riesgo de Incendio de la provincia.

En cuanto a la evacuación de personas, el vocero señaló que se han retirado entre 100 y 150 habitantes de las áreas más amenazadas. 

“Una situación desesperante”

Los incendios que asolan distintos puntos de las sierras de Córdoba se han agravado en las últimas horas con nuevos focos que se registran en la zona del Cerro Champaquí, en el Valle de Punilla y en el Valle de Calamuchita.

De acuerdo a lo que indican fuentes vinculadas con el operativo que llevan adelante los bomberos, los brigadistas “no dan abasto” y necesitan un recambio urgente, en tanto que el gobierno provincial declaró “zona de desastre” a los lugares afectados.

El fuego no da tregua y la situación es alarmante y los vecinos, aquellos que ven como sus casas son destruídas por las llamas y los que ven como el fuego se acerca incontenible a las suyas, piden la intervención del Gobierno para que se declare emergencia nacional.

A nivel nacional se destinaron dos aviones hidrantes para apagar el fuego en Villa Berna, y otros dos en Capilla del Monte y Chancaní. Los vecinos sostienen que no es suficiente y piden más asistencia del gobierno de Javier Milei.

La última información que se brindó sobre los focos activos indican de varios en la zona de Capilla del Monte, detrás Cerro Uritorco, en San Esteban, Los Cocos y la Cumbre, donde se habían controlado, pero reiniciaron con el cambioi de orientación del viento.

También en las inmediaciones del Cerro Champaquí, en Villa Apina, donde se evacuaron a los habitantes por precaución, y en la zona oeste del cordón de Sierras Grandes, donde el fuego se dirige hacia San Marcos Sierra.

DM con información de agencia NA

El 2022 no fue un buen año para los policías de las comisarías del distrito de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo, en el destacamento N°4, un detenido murió por causas que no se precisaron. Cuatro días más tarde, otra persona falleció de igual forma en la estación policial N°7 de esa localidad. Mientras que el 21 de septiembre, los oficiales encontraron a un hombre de 56 años ahorcado en la celda de la comisaría N°8.

Los policías de la localidad de Ezeiza no están muy lejos de esa situación. También en 2022, dos detenidos se ahorcaron en diferentes comisarías de su jurisdicción, al mismo tiempo que otro falleció en una tercera dependencia por causas que no fueron informadas. La policía de Quilmes también sufrió la singular “ola” de supuestos suicidios que dejó un saldo de 13 ahorcados en las comisarías bonaerenses durante 2022, la cifra más alta de los últimos diez años. Dos decesos con esta última modalidad, además de una tercera por “causas desconocidas”, ocurrieron aquel año en la ciudad cervecera.

Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM), como informó elDiarioAR este domingo a través de su Unidad de Investigación (UDI), con el apoyo de CAPIR. Los mismos fueron informados como suicidios por los efectivos bonaerenses que encontraron los cuerpos en esas dependencias. Además, entre esos años, hubo otros ocho supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas al organismo de derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Desde 2012, hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. En el transcurso de este año, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

De las 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, destacamentos que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril, según el último registro de la CPM, había 659 detenidos en 99 estaciones policiales clausuradas en la provincia.

Ahorcados

Muchas de estas muertes, sin embargo, presentan irregularidades que ponen en duda la versión policial del suicidio.

Para Rodrigo Pomares, abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM, la cantidad de suicidios en lugares con vigilancia y control policial permanente como las comisarías es “preocupante”. “Hay personal policial abocado a esa única tarea y muchas veces no la cumplen”, señaló Pomares. “Incluso, cuando hay un único detenido en toda la dependencia, tampoco se lo supervisa”, agregó el abogado. Además, muchas de esas detenciones que terminaron en supuestos suicidios ─puntualizó Pomares─, ocurrieron en “circunstancias irregulares”.

Este último escenario que describe el integrante de la CPM ocurrió en los casos de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), alojados en comisarías inhabilitadas o clausuradas. Al momento de su “ahorcamiento”, eran los únicos detenidos en las dependencias. La línea de investigación de los fiscales a cargo de sus casos coincidió siempre con la versión policial: los tres se quitaron la vida. 

“Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial”, aseguró Pomares. Cinco oficiales fueron imputados brevemente de homicidio en el caso de Daiana Abregú ─la joven de 26 años que fue encontrada “ahorcada” con su campera en la comisaría de Laprida en 2022─ pero sólo una fue llevada a juicio por “incumplimiento de su deber” durante el cuidado de Daiana. El resto de los policías volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense .

“Hay una débil o nula aplicación de protocolos básicos para muertes bajo custodia estatal, como el de Minnesota”, afirmó el abogado de la CPM. El protocolo de Minnesota es un procedimiento internacional para fallecimientos bajo custodia estatal al que Argentina suscribe y que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses. En esa línea, el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia impulsó en 2001 la Resolución 1.390, que exige a todas las fiscalías de la provincia “brindar especial importancia a hechos delictivos vinculados con torturados y apremios ilegales”. Además, establece el apartamiento inmediato del caso a la misma fuerza que está siendo investigada.

En los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo la misma Policía Bonaerense participó con distintas tareas en la investigación de sus casos. En el caso de la joven de Laprida, el primer fiscal del caso, Christian Urlezaga, usó a la policía científica bonaerense para la recolección de pruebas en la comisaría. Luego, el cuerpo de Daiana fue preservado en una morgue de esa misma fuerza antes de realizarle la primera autopsia. La propia Bonaerense confirmó la versión policial del suicidio, pero luego fue impugnada por no respetar los protocolos establecidos. 

En el caso de Castillo, no hubo preservación del cuerpo en la ambulancia que lo trasladaba desde la dependencia de Lomas del Mirador ─donde fue hallado ahorcado a las pocas horas de su ingreso─ hasta la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora. Según los oficiales de la División Morgue, la ambulancia, tras agarrar una cuneta, golpeó la cabeza de Castillo contra los fierros de la camilla, provocándole una herida cortante. El vehículo iba escoltado por un móvil de la comisaría bonaerense. Además, como demostró elDiarioAR este domingo, la testigo del supuesto golpe que sufrió el cuerpo es una efectiva de esa misma fuerza.

elDiarioAR consultó al ministerio de Seguridad, donde rechazaron enfáticamente que las estadísticas por ahorcamiento o causa desconocida fueran “importantes”. “Desde la Provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

“Los fiscales no cumplen ni el Protocolo de Minnesota, ni la Resolución 1.390. O si lo hacen, es parcialmente”, señaló Augusto Infante, abogado y director del programa de litigio estratégico de la CPM. “Muchas dirigencias de esas mismas investigaciones las hace la policía de la provincia. No hay una rápida intervención por parte de los fiscales en el lugar del hecho, sino que muchas de sus acciones son delegadas a la misma fuerza sospechada, lo que dificulta el control de la escena del hecho”, dijo Infante. 

Las dificultades de los fiscales para apartar a la fuerza bonaerense ocultan, muchas veces, fines “prácticos”. “Trabajan con ellos todos los días”, destacó el abogado. “Incluso los usan para la resolución de otros casos que tienen a cargo, dado que es una fuerza de prevención del delito. También les sirve para enviar notificaciones básicas o para averiguar la dirección de los domicilios de los testigos”, agregó Infante.

Protocolos

Para los abogados de la CPM, la preservación de la escena del hecho es “crucial” a la hora de esclarecer lo sucedido con un detenido en una comisaría, donde ─muchas veces─ el único testigo es la propia policía. “Hay errores iniciales que, en este tipo de muertes, condicionan prácticamente toda la investigación”, remarcó Infante. Para Pomares, los fiscales se transformaron en unos “delegadores” de la tarea de investigación en la policía u otras fuerzas. Ese escenario, coincidieron tanto Infante como Pomares, favorece siempre a la versión policial. Al respecto, elDiarioAR se comunicó con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia para conocer su posición pero en el organismo declinaron hacer declaraciones.

La respuesta estatal a esta problemática, señalan los abogados, es nula. En sus informes semestrales, el MPF no registra la tipología de muerte en las comisarías provinciales ni sus circunstancias. De hecho, sus números respecto a las muertes en dependencias bonaerenses no coinciden muchas veces con los del organismo de derechos humanos. “Sus registros de violencia institucional responden a un criterio diferente que no compartimos”, contó Infante. “Un caso de gatillo fácil, por ejemplo, lo inscriben sólo si se inició una denuncia formal y fue tomada por una fiscalía que lo haya registrado de esa manera”, puntualizó el director del programa de litigio estratégico de la CPM. Y agregó: “El 90% de los casos por violencia institucional que computa el MPF se archivan o desestiman”. 

En estos casos, el ministerio de Seguridad bonaerense responde brindando representación legal a los oficiales involucrados en una muerte bajo custodia. El propio organismo financia la defensa de los policías a través de un patrocinio gratuito, como así también los peritos de parte encargados de analizar los exámenes forenses posteriores de las víctimas. elDiarioAR comprobó que el mismo médico, empleado del ministerio de Seguridad provincial, participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos. En los cuatro casos, sostienen los abogados de cada víctima consultados por este medio, habría pruebas suficientes que demuestran lo contrario. “¿Por qué yo, siendo jubilado, tengo que salir a pagar un abogado y peritos de parte por la muerte de mi hijo y los policías que lo mataron tienen todo servido?”, se preguntó Ricardo Tasori, padre de Nahuel. 

elDiarioAR presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012, como así también las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no obtuvo respuesta. 

El derecho de defensa de los policías implicados, afirmó el abogado Pomares, debe “estar garantizada por la defensa pública” y no en la financiación de letrados del mismo organismo que está siendo denunciado. “La misma órbita pública que luego puede ser condenada por violaciones a los derechos humanos es la que utiliza sus recursos para evitarlo a toda costa”, concluyó el integrante de la CPM.

En los casos relevados durante esta investigación, el organismo de derechos humanos intervino, en algunos casos, como particular damnificado de las víctimas, llevando adelante la querella de las familias. En otros, como en el caso de Marcos Portela ─detenido el 5 de febrero en una comisaría de Moreno y hallado ahorcado dos días después─, colaboró de forma lateral, solicitando algunas medidas de protocolo.

Incumplimientos

Más allá de que la investigación de la fiscalía coincida con la versión policial y concluya finalmente en que la muerte haya sido por un suicidio, para Pomares “hay otros delitos que deben ser investigados y juzgados”. “Desde la detención irregular hasta la falta de cuidado con el detenido, son acciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad que merecen ser esclarecidas”, afirmó el abogado.

La mayoría de las causas en las que se logra presentar pruebas concluyentes contra los policías son cuando intervienen organismos de derechos humanos como la CPM. “Pero no llegamos a estar en todos por una cuestión de magnitud”, dijo el abogado.

Desde 2012 hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. Desde que comenzó 2024, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial.

Rodrigo Pomares — abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM.

Patrones y sospechas

Lo primero que le llamó la atención fueron los pelos de la víctima entre los barrotes de la celda. Virginia Creimer, perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, había sido convocada en 2022 por la CPM como perito de parte en la causa de Daiana Abregú. Cuando analizó las imágenes de la escena del hecho ─un procedimiento habitual en su tarea forense─ algo la conmovió. Los pelos de Daiana estaban prolijamente situados entre los barrotes de la celda en donde había atado la campera de jean que supuestamente usó para ahorcarse. Además, entre las paredes del calabozo, había un mensaje de “despedida” supuestamente escrito por ella misma.

“Hacía mucho que no veía un caso así. Un montaje casi perfecto”, afirmó Creimer a elDiarioAR. La especialista lleva 30 años investigando hechos de violencia institucional. “El lugar del hecho estaba armado de tal manera que cualquier persona distraída pensaría que fue un suicidio”, explicó la perito. “Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?”, se preguntó Creimer. 

Para la especialista, la fuerza bonaerense fue “sofisticando” las “escenas del crimen” con el tiempo. “La mutación que hubo desde el caso de Luciano Arruga es desestabilizante y grave”, señaló la perito. Se refiere al caso de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido durante cinco años, tras ser detenido y torturado en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. La dependencia fue clausurada y trasladada a otra zona de la misma localidad. Allí, en 2023, fue encontrado ahorcado Mauricio Castillo. “Antes sacaban los cuerpos, ahora los dejan ahí un rato y después lo llevan rápido a las morgues para hacerles una autopsia favorable a la versión policial”, dijo la perito. “Hay casos que son calcados”, destacó. “Las muertes se producen rápidamente. A veces pasan sólo horas (desde el momento de la detención). Y la policía bonaerense actúa de forma irregular junto a fiscales que no investigan”, señaló Creimer. 

Fabián Quintero ─antropólogo, investigador y director del programa forense que se dicta en la Universidad de La Plata (UNLP)─ también fue convocado por la CPM en la causa de Daiana Abregú. Quintero se encargó del análisis de los modos de construcción de la información en la investigación por la muerte de la joven de Laprida. En especial, el antropólogo forense analizó la prueba mecánica que la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal impulsó por pedido de la defensa de los policías imputados. En esa instancia, la UCAC confirmó que la campera resistía más de lo que la joven de Laprida pesaba, avalando la hipótesis del suicidio. Para Quintero, sin embargo, esa prueba “estuvo mal hecha”. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, explicó el especialista. En los informes de la UCAP, dijo Quintero, no se brindó una descripción detallada del método de ahorcamiento. “Solo se describe que el cuerpo fue encontrado sentado con una campera de jeans alrededor de su cuello, con tres nudos sujetos a la parte superior de la reja de la celda”, señaló el perito forense

El método de ahorcamiento, afirmó el antropólogo, debe coincidir con la causa de muerte, que en este caso se dirime entre la “asfixia mecánica por sofocación” (en el caso del asesinato) y la “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca” (en el caso del suicidio). “Ellos hicieron una pantomima. Tomaron la prenda, enroscaron la parte de adelante y la parte de atrás de la manga, y solo hicieron tracción sobre la parte de arriba”, detalló Quintero. 

“La resistencia de una prenda es heterogénea. No en todos los lugares resiste de la misma manera”, profundizó el investigador. “Hay partes que son más sensibles que otras. Y esos lugares son los de la costura, la parte del sobaco. Porque allí no están soportados por la estructura de la trama de la tela, sino que son dos telas unidas”, agregó el investigador. Las pericias sobre la campera, concluyó Quintero, se hicieron sobre la parte más resistente de la misma, sin tener en cuenta la unión más débil de las costuras. “Nadie puede decir con exactitud qué extremos de la prenda usó la víctima para ahorcarse. Por eso era necesario que se midiera la resistencia de la misma desde diferentes tramos de la tela”, enfatizó el investigador.

Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?

Virginia Creimer — perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

El antropólogo sostuvo, además, que las investigaciones se complejizan a medida que se suman “nuevas pericias” del cuerpo. “Primero porque no las están manejando los fiscales, sino las fuerzas de seguridad. Y lo otro que sucede es que los fiscales no tienen una visión integral de las mismas, sino que van descartando resultados periciales a medida que llegan otros nuevos”, finalizó el perito del caso Abregú. 

En la misma línea, la perito en criminalística del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Silvia Bufalini, aseguró que la preservación de la escena del hecho es “tan importante como la autopsia”. “Si vos tenes un relevamiento del lugar del hecho deficitario o irregular, la autopsia no va a ser concluyente”, afirmó. Bufalini participó en casos icónico de violencia institucional como el de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía bonaerense en 2002 y el de Rafael Nahuel, un joven de la comunidad mapuche de Bariloche, muerto tras recibir un disparo por parte de un integrante de Gendarmería Nacional en 2017. “Si un fiscal no toma todos los indicios en el lugar del hecho, después confirmar si fue un suicidio o homicidio es algo temerario porque sólo va a ver la mitad de lo que realmente ocurrió”, sostuvo la perito. 

Respecto a las muertes por ahorcamiento, Bufalini ve improbable un montaje de las escenas por parte de la policía. “El 70% de las muertes por asfixia mecánica son efectivamente suicidios”, precisó la especialista. “Es muy difícil montar una escena sin que luego se compruebe lo contrario en las pericias”, señaló. “Si se trabajó bien la escena del hecho y la investigación se hizo respetando los protocolos correctamente, se debería poder demostrar si un ahorcamiento fue en realidad un homicidio”, remarcó Bufalini.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó los sobreseimientos de los gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado en 2017 y apartó al juez que en dos oportunidades había considerado que no cometieron delitos. También ratificó que no hubo desaparición forzada-

El magistrado Gustavo Lleral, fue apartado por decisión de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez. Ahora, el nuevo juez de la causa –el tercero desde que se inició la investigación- será Federico Calvete, quien es titular del juzgado federal de Ushuaia.

La Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó, además, la producción de las pruebas pendientes que habían pedido las querellas, entre ellas la de Sergio Maldonado, hermano de la víctima. El tribunal también aceptó planteos de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también querellantes.

El fallo advirtió que el juez Lleral repitió casi calcados en su resolución de 2023 –que es la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes.

De esta manera, los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra volverán a quedar bajo investigación.

La Cámara ya había revocado los sobreseimientos y ordenó la profundización de líneas de investigación, cosa que –según el criterio expresado en la resolución de hoy- no ocurrió.

La Cámara recordó que la hipótesis inicial de la investigación, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno”.

Sin embargo, los camaristas destacaron que “ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar -como proponía el magistrado de la anterior instancia- que el deceso de Santiago Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal”.

El tribunal ordenó profundizar en líneas de investigación inexploradas hasta ahora “para terminar de despejar los interrogantes que se habían suscitado luego de la autopsia, y así dar por concluida la investigación”.

La Cámara le recomendó al nuevo juez de la causa “que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas prueba aquí propuestas, así como todas aquellas que estime pertinentes, a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”. Para ello, deberá “arbitrar todos aquellos medios y recursos que a tales fines resulten necesarios”.

MM con información de la agencia NA.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal Ramiro González, inició este jueves una investigación preliminar para intentar determinar la responsabilidad en el derrame de petróleo en Bahía Blanca, que ya afecta a los humedales de la Reserva Natural, informó a elDiarioAR una fuente con acceso directo al expediente. La expansión de la mancha afectaría a la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, que protege uno de los sistemas de islas, canales de marea, intermareales fangosos y marismas más importantes del litoral argentino.

El derrame se produjo en una de las monoboyas que opera la petrolera alemana Oiltanking Ebytem SA, como publicó elDiarioAR este miércoles. La monoboya se denomina “Punta Ancla” y se ubica en la Ría Bahía Blanca, en las inmediaciones de Puerto Rosales. 

La fiscalía de Medio Ambiente analizará también las tareas de limpieza y remediación que se están realizando en la zona. Debe determinar si el accidente provocó un daño permanente. 

El informe del estado de la instalación submarina sostiene que se detectó “un esfuerzo sobre una de las bridas de conexión al extremo de la manguera submarina, que podría haber causado la pérdida de contención primaria temporal de petróleo crudo, posiblemente por una sobrecarga en el cabo de amarre desde el buque”, informó Oiltanking ante la consulta de este medio.  

El accidente tuvo lugar durante la tarde del 26 de diciembre, de acuerdo con el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (Unión por la Patria), pero la empresa y las autoridades no actuaron hasta pasadas las 15 horas del día siguiente, lo que agravó las consecuencias y extensión de la mancha de petróleo, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR. Las autoridades responsabilizan por la demora en la actuación a la petrolera.

El caso salió a la luz tras la publicación en redes sociales por parte del pescador artesanal Natalio Huerta, quien detectó el derrame mientras navegaba el 27 de diciembre último a horas del amanecer. 

El derrame expone una vez más que ante este tipo de accidentes en el agua, en general, las empresas y las autoridades no accionan a tiempo, provocando daños que pueden ser irreparables.

La UFIMA habilitó la feria judicial por el caso y solicitó una serie de informes a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que ya interviene en el caso e inició un sumario contra la petrolera, informó a elDiarioAR Pablo Petracci, director de Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo.

La fiscalía de Medio Ambiente solicitó a la Prefectura que informe sobre el origen del derrame y si la fuerza inspeccionó la monoboya. La petrolera sostiene que durante el amarre del buque Cabo Sounión, sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), detectó una “oleosidad”. “Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones”, dijo Oiltanking.

La UFIMA quiere corroborar esta información con Prefectura y determinar si se sabe si el buque estaba efectuando o iniciando tareas de descarga de hidrocarburos cuando se detectó la “oleosidad”, lo que podría haber sido el primer indicio de que se estaba produciendo un derrame. Por esa razón, la fiscalía solicitó que se le informe el nombre del responsable de operaciones del buque, que este miércoles se encontraba ya en Comodoro Rivadavia, Chubut, de acuerdo a los datos satelitales que analizó el Observatorio de Sismicidad Inducida.

Los científicos de dicha organización, Javier Grosso Heredia y Guillermo Tamburini Beliveau, utilizaron datos satelitales para analizar el derrame y detectaron que la extensión de la mancha de petróleo alcanzaría al menos 21 kilómetros cuadrados, información que la fiscalía también busca determinar. Esa era la extensión mínima del derrame el 27 de diciembre a las 6:24 de la mañana. El análisis confirmó el origen del accidente en la monoboya de Oiltanking.

El intendente Susbielles anunció este martes por la tarde en la red social X que llevará el caso ante la Justicia federal por “la importante afectación en sectores ambientalmente vulnerables de la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde”. Por esta razón, es probable que también se inicie una investigación en la Justicia Federal de Bahía Blanca.

En la investigación de la fiscalía especializada también buscan establecer otro dato clave: cuándo y cómo se inició la aplicación del Plan de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos en el agua (PLANACOM), el protocolo de acción para responder ante este tipo de accidentes. 

“El control temprano de derrames implica que la empresa debe comunicar el incidente a Prefectura Naval Argentina para que se active el protocolo de respuesta. Las primeras imágenes que obtuvimos son del pescador artesanal Natalio Huerta y datan del miércoles 27 de diciembre alrededor de las 5 de la mañana, pero el protocolo no se activó hasta recién pasadas las 15 horas de ese día. Se activó muy tarde”, explicó Petracci a elDiarioAR.

Tareas de limpieza

La UFIMA deberá investigar, además, la afectación de los humedales de la Reserva Natural. Solicitó a Prefectura los resultados de las muestras, en caso de que se hayan tomado para el análisis de laboratorio. “El ecosistema afectado es el estuario de la Bahía Blanca, un humedal de importancia internacional y área clave en la conservación de la biodiversidad marina”, explicó a elDiarioAR Petracci, director de Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo. El estuario o ría es un cuerpo de agua semiabierto que se forma cuando las aguas dulces provenientes de cursos de agua dulce continentales hacia el océano y se mezclan con el agua salada del mar, explica la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (WHSRN).

También solicitó información sobre el saneamiento a la empresa privada a cargo del mismo, CINTRA SRL, para que informe cómo se le comunicó que debía intervenir ante el derrame, cuándo comenzó con las tareas de saneamiento y cuál es el área total afectada.

La petrolera Oiltanking informó este miércoles que “se encontraron tres áreas de costa impactadas, en las que los equipos están trabajando desde hace cuatro días”. La empresa afirmó que ya se remediaron más de 2.500 metros cuadrados de superficie y se retiraron más de 700 kilos de residuos, “constituidos mayormente por juncos y otras plantas manchadas”. “Lo peor que puede pasar es que el petróleo llegue al sustrato, debido a que el tiempo de recuperación sería mayor”, explicó Petracci a este medio.

La zona donde deben realizar las tareas de limpieza y remediación es de acceso complejo, informó la petrolera. Hasta este miércoles “sólo se habían autorizado tareas manuales de corte, embolsado y posterior disposición de los juncos o plantas afectadas”. A partir del miércoles, “se recibió la autorización para usar métodos mecánicos de corte, por lo que se espera aumentar la velocidad de las tareas”, dijo la compañía. 

“La posible activación tardía del Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (PLANACON) y la falta de diligencia de la compañía que agravaron los riesgos y el daño efectivo, deben ser mensuradas por la Justicia, más allá de los organismos intervinientes”, afirmó el intendente de Bahía Blanca en X.

“Si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM (Plan de contingencia) para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad. Esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista”, tuiteó Susbielles cuatro días después del derrame.

ED/MG

Minería ilegal, pistas aéreas clandestinas y grupos criminales en control del territorio quedan expuestas en “Corredor furtivo”, una investigación sobre la Amazonía venezolana, una de las joyas naturales de Sudamérica, realizada por los periodistas Joseph Poliszuk, María Antonieta Segovia y María de los Ángeles Ramírez y publicada por Armando.info (Venezuela) y El País (España).

En base a imágenes satelitales y el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), los periodistas pudieron identificar 3.718 puntos de actividad minera, la mayoría de ellos ilegales, en los estados de Bolívar y Amazonas; demás de pistas clandestinas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de oro y droga, según revela el proyecto periodístico. 

La investigación ganó en septiembre último los premios Global Shining Light Awards (GSLA) en la 13ª Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC23, por sus siglas en inglés), y  encumbró así al periodismo latinoamericano y de habla hispana en uno de los principales galardones en investigación a nivel internacional. 

El certamen, que este año se realizó en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, premia al periodismo de investigación que vigila la corrupción y los abusos de poder en países en desarrollo o en transición, realizado bajo amenaza o en condiciones peligrosas. 

La investigación de los periodistas expuso la extensión de la explotación minera en la Amazonía venezolana, donde la actividad extractiva está vedada, y resumió dos ejes centrales de la conferencia global: el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y el avance sobre medio ambiente y los derechos humanos en el mundo, una combinación letal para la humanidad.

A través del uso de imágenes satelitales e Inteligencia Artificial (IA), los periodistas pudieron ingresar virtualmente a un territorio controlado por grupos criminales, de extrema dificultad geográfica y en plena pandemia. Contaron con el apoyo del Pulitzer Center (Estados Unidos) y la organización Earthrise Media (Noruega).

Poliszuk había cubierto casos puntuales de minería ilegal en la zona, pero buscaba la forma de trascender la crónica y obtener el panorama completo. Durante la pandemia, comenzó a recibir alertas de sus fuentes en el territorio, que le advertían sobre la actividad ilegal en la selva. Fue cuando acudió al Centro Pulitzer con una idea: utilizar imágenes satelitales e IA para obtener la ubicación de la mayor cantidad de pistas aéreas clandestinas y minas ilegales en un territorio inabarcable y en un momento en el que era imposible movilizarse. 

Las imágenes satelitales que se utilizaron como base para estudiar el territorio fueron obtenidas gracias al satélite Sentinel-2 de la Unión Europeo.

El algoritmo que desarrolló el equipo fue lo que les permitió a los periodistas construir el mapa de pistas aéreas clandestinas y minas ilegales. La tecnología recibía un comando específico: encontrar todas aquellas imágenes satelitales en la Amazonía venezolana que coincidieran con un mismo patrón: una mina y una línea recta en la tierra. “Gracias a la tecnología pudimos demostrar no sólo la deforestación sino la violación de derechos humanos”, aseguró Poliszuk. “No sabía si el algoritmo iba a funcionar pero el Pulitzer Center creyó más que nosotros en la idea y por eso estoy muy agradecido”, agregó el periodista.

“Más allá de las denuncias y de las noticias que salen de Venezuela, otra vez en el sur del país están pasando cosas muy graves que no se habían visto y a partir de nuestro trabajo los informes de Naciones Unidas si le han puesto el ojo”, explicó Poliszuk a elDiarioAR. Como consecuencia de la investigación, además, el algoritmo desarrollado para el reportaje fue abierto en Open Data y ha sido utilizado en Brasil.

–¿Cómo llegaste a la conclusión de que debías recurrir a la inteligencia artificial para desarrollar esta investigación? 

–Dicen que los periodistas tenemos obsesiones o temas que nos persiguen y este es uno de los temas que más me importan. En 2006, me enviaron a cubrir la masacre de la Paragua, cuando un grupo de militares del Teatro de Operaciones número 5 asesinó a seis mineros al sur de Venezuela, cerca de Brasil. Entonces los militares bombardearon una mina ilegal. Un exceso, un exabrupto que ahora entendemos que iba más allá. Lo que estaban esperando era su comisión –soborno–; y a partir de ese momento, al darse cuenta de que no podían intervenir directamente han cedido el territorio a mafias. Siempre había cubierto estos temas yendo a una o dos minas ilegales, pero la idea era justamente trascender la denuncia, trascender la crónica. Cuando el periódico El Universal me envió en 2006 a cubrir la masacre de la Paragua, empecé a ver el periodismo de investigación y que el periodismo iba más allá. Hace un par de años, decidí buscar la inteligencia artificial para trascender la denuncia. No estaba seguro de que iba a funcionar, pero sí sabía que de otra manera de seguro no iba a funcionar. El hallazgo es que a partir de allí tuvimos un mapa para poder ir a terreno y constatar las invasiones de estos grupos irregulares, y las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los indígenas de la zona, quienes incluso están siendo esclavizados. Fue una mezcla de metodologías.

–Entre las historias de violaciones a derechos humanos, ¿cuáles fueron los casos que más te impactaron?

–Lo que más me impresionó es que los indígenas están siendo esclavizados o que algunos de ellos, incluso, se están uniendo a estos grupos irregulares. Se están dividiendo y están siendo afectados tanto quienes se unen a los grupos irregulares como quienes están siendo víctimas, forzados a incurrir otra vez en trabajos forzosos. Hay incluso casos de matrimonios mixtos, pues están cambiando todo el tejido social de la selva. El mundo se impresiona y se rasga las vestiduras porque en el sur de China hay campos de concentración con población islámica, pues a mí el gran hallazgo y una de las cosas que más me han sensibilizado de esta investigación es que de este lado del mundo no nos hemos dado cuenta que eso está pasando con los indígenas del Amazonas, en este caso venezolano.

–¿Qué recursos necesita un periodista de investigación para desarrollar su historia con IA?

–Creo que un periodista de investigación lo que tiene que saber es cómo funcionan las cosas. O sea, cuál es la metodología, la mejor metodología para llegar a probar una conclusión, una hipótesis. No soy un geek ni soy un experto en Inteligencia Artificial. Simplemente empecé a averiguar si era posible lograrlo. Y es así como con ayuda de expertos, el Pulitzer Center y Earthrise Media, además de El País de España, empezamos a engranar un equipo multidisciplinario en el que pudimos programar un algoritmo, ver que esta metodología funcionara y probar así los hallazgos. No se trata de un juguete para usar las nuevas tecnologías. Se trata de que se complementen las metodologías. Primero recurrimos a Inteligencia Artificial, pero después fuimos al campo y el trabajo no fue menor, sino que a partir de ese mapa que logramos tener sabíamos a dónde ir. Estamos hablando de un territorio vasto, lleno de accidentes geográficos peligrosos, invadido por estos grupos irregulares y con escasez de todo. Si en Caracas hay escasez de gasolina, imagínate en la selva. Entonces todo este mapa nos permitió hacer una preproducción para saber a dónde ir y sobre todo, cómo ir y con quién contar.

–Además del impacto internacional de la investigación, ¿las autoridades venezolanas han tomado alguna medida a partir de la publicación?

–La Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo que había dinamitado algunas pistas clandestinas después de que nosotros señaláramos dónde estaban y qué papel estaban jugando. Las autoridades lo twittearon, lo sacaron en redes, lo informaron, pero no tenemos constatación de esto ni estamos seguros. En el sur del país, en la selva, está ocurriendo una invasión progresiva y sistemática y las autoridades son ambiguas. Por un lado, dicen que están haciendo, que están desalojando estos grupos, pero por otro lado vemos que continúa la invasión en nuevos territorios. En los últimos informes de la Misión de Determinación de Derechos Humanos, nuestro trabajo ha sido citado y nos han entrevistado. Ha servido para registrar otras violaciones a los derechos humanos que no se habían visto.

Premiadas

“Corredor Furtivo” fue la investigación ganadora en la categoría Medios Grandes. En la misma categoría fue distinguida la investigación “Los bandidos señores de la guerra de Zamfara”, de BBC Africa Eye (Nigeria), un trabajo de dos años que expuso el conflicto en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, que mató a cientos de personas en 2022 y desplazó a cientos de miles más. Tuvo una particularidad: el principal periodista del equipo no pudo recibir en forma presencial su premio porque Suecia le negó la VISA para ingresar al país y acudir a la ceremonia, explicó uno de sus colegas, quien subió a recibir el premio.

“Corriendo un gran riesgo personal, un joven periodista y estudiante de derecho nigeriano, Yusuf Anka, visitó a líderes de bandidos en campamentos remotos en todo el estado, incluido a uno de los hombres que en febrero de 2021 secuestraron a casi 300 niñas de una escuela secundaria en Jangebe”, señaló uno de los integrantes del jurado del certamen. “Demostró una valentía extraordinaria al ir al corazón del conflicto entre grupos étnicos en Nigeria, y estuvo en el lugar casi tan pronto como sucedieron algunos de los acontecimientos. Realmente nos llevó al corazón de una historia que no he visto a nadie más contar”, expuso otro juez del certamen.

Este año, el concurso estuvo abierto a reportajes publicados o emitidos entre 2021 y 2022, e incluyó trabajos sobre una prisión secreta en Bangladesh y fosas comunes en Ucrania. También sobre cómo un hospital de Macedonia del Norte realizó tratamientos de purificación de sangre no autorizados e inseguros a numerosos pacientes con Covid-19, al tiempo que ocultaba información vital sobre los pacientes y presuntamente manipulaba datos sobre infecciones. Este último trabajo (Bad Blood o Sangre Mala) ganó en la categoría de Medios Pequeños.

ED/MG

Las abejas son un actor principal y vital para un tercio de la producción agrícola mundial. Esto es porque son las protagonistas de la polinización, que es el proceso por el cual el polen es trasladado de una planta a otra, lo que permite la aparición de nuevos frutos y semillas.

Un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, que viene estudiando el comportamiento y la neurobiología de las abejas desde hace décadas, ha desarrollado fragancias sintéticas que simulan el olor de la flor del cultivo y que, al aplicarlas sobre colonias de abejas, promueven que vayan a plantaciones seleccionadas, aumentando su rendimiento entre un 20 y un 90 por ciento.

Este desarrollo es parte de lo que se conoce como biotecnología, un mercado que mueve miles de millones de dólares a nivel mundial.

Argentina tiene todo lo necesario para jugar un rol fundamental en el desarrollo de estas tecnologías que usan sistemas biológicos, organismos vivos o partes de ellos, para crear productos como vacunas, medicamentos, o potenciadores de cultivos y alimentos.

“Trabajo con las abejas domésticas, más conocidas como abejas de la miel, desde 1989. Nos interesa principalmente conocer cómo una abeja puede recibir información de otra, en relación a una fuente de alimento”, contó Walter Farina, profesor del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, e investigador UBA/CONICET.

“Las abejas se orientan por olores florales, los cuales van aprendiendo, situación que les permite volver al mismo lugar donde había recursos interesantes”, comentó el investigador. “Con eso en mente nos preguntamos, ¿será posible entrenar a grupos de individuos para que vayan más rápido a una floración, a un cultivo?”.

La respuesta corta es sí. El equipo dirigido por Farina, del Laboratorio de Insectos Sociales en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, o IFIBYNE de la UBA/CONICET, viene trabajando con abejas y su relación con los cultivos desde hace 15 años.

Durante este tiempo han logrado seis patentes para fragancias que pueden potenciar cultivos de girasol, peras, manzanas, almendros, arándanos y kiwi. Actualmente están en etapa de investigación y desarrollo en alfalfa, paltas, cerezas y frutillas.

Se han logrado patentes en Argentina, Estados Unidos, China, y en trámite en la Unión Europea, Australia y varios países de América Latina. Actualmente todo ese trabajo de comercialización fue licenciado por la UBA y CONICET a una empresa llamada Beeflow, creada en Argentina, pero que ya cuenta con oficinas en Estados Unidos, Perú y México.

Comprender el mundo para mejorarlo

Las abejas son altamente sociales, así es que cuando interactúan entre sí, no sólo comparten alimentos, también intercambian información, y esta se propaga por la colmena de un modo similar a como ocurre en las redes sociales humanas. Así es que al ser tan importantes para la producción de alimentos, es clave comprender su lugar en la naturaleza, y cómo es su comportamiento.

Los primeros intentos por dirigirlas hacia ciertos cultivos ocurrieron durante los años anteriores a la Segunda Guerra mundial por diversos grupos de investigación en Alemania y en la ex Unión Soviética, pero sus resultados fueron ambiguos.

“Nosotros comenzamos estudiando cómo se comportan las abejas en cultivos, como es el caso del girasol, en los cuales son clave para que se produzcan más semillas”, contó Farina.

“Lo primero que queríamos saber era cómo las fragancias florales de los cultivos se usaban para orientarse. Con ese conocimiento, pasamos a tratar de emular esas fragancias en un perfume sintético”, explicó el investigador. “Una vez logrado eso, hicimos experimentos, para evaluar si las abejas podían ser entrenadas hacia el cultivo que nosotros quisiéramos”. “Lo que vimos nos sorprendió, realmente”, contó Farina. “Las abejas entrenadas frente a un perfume sintético similar a la fragancia de las flores de cultivo, iban más rápido al seleccionado por nosotros. Desencadenando así lo que esperábamos, un aumento en el rinde del girasol, en ese caso”.

Esos primeros experimentos fueron hace más de 10 años. Pero el equipo de investigación se dio cuenta de que estaban frente a un desarrollo único en el mundo, que tenía un potencial económico importante. Por eso, antes de publicar los resultados de sus estudios, decidieron protegerlo intelectualmente con una patente.

En años siguientes, y hasta la actualidad, siguieron estudiando el comportamiento de las abejas en diferentes cultivos, lo que los llevó a ir desarrollando diferentes formulados sintéticos, para manzanos, peras, arándanos, almendras y kiwis.

En todos esos cultivos pudieron ver que el uso de su método aumentaba la producción de frutos y semillas. 

Actualmente están trabajando en lograr lo mismo para cultivos de alfalfa, palta, cereza y frutilla.

Virus troyanos en los teléfonos celulares de sus hijas. Informes de reuniones privadas. Fotografías de personas con las que se veía. Incluso videos de esos encuentros. La empresa española de seguridad privada UC Global, encargada de la seguridad de Rafael Correa desde que se mudó a Bélgica tras dejar la presidencia ecuatoriana en 2017 y de sus hijas desde tres años antes acumuló todo tipo de información privada de él y su familia y realizó dossieres que entregaba a organismos extranjeros –el juez Pedraz apuntó a la CIA, según informó El País– y, también, al Gobierno de Lenín Moreno en un momento en que se convirtió en un rival político de Correa.

“El que paga es Presidencia”, responde el CEO de UC Global, David Morales, en conversación con elDiario.es: “Yo puedo preparar los informes que yo crea conveniente para poder pasarle a mi cliente informes operacionales de lo que estábamos haciendo; porque si yo no reflejo el trabajo que hemos realizado, tampoco se cobraba, que tengo que justificar que mi trabajo está hecho”.

Morales, además, niega haber ordenado grabar y guardar las múltiples conversaciones de las hijas de Correa a las que tuvo acceso elDiario.es.

Ahora bien, en la documentación de la causa hay unos mensajes de Telegram atribuidos al director de UC Global en los que se ordenaba a los empleados de la empresa replicar las medidas de vigilancia que tenían los teléfonos de las hijas a las computadoras de Correa.

De acuerdo a la documentación del caso a la que tuvo acceso elDiario.es, el responsable de la empresa de seguridad privada UC Global, David Morales, en la primavera de 2018 empezó a ver que peligraba su contrato de seguridad de la embajada de Londres para llevar la seguridad de Julian Assange que consiguió en 2015, a raíz de llevar la seguridad de las hijas de Correa, que estudiaban en Europa.

Por aquel contrato la empresa recibía unos 85.000 dólares mensuales, como explicó Morales a Die Welt, y mientras peligraban esos ingresos se dispuso a entregar información sobre Correa que había ido acumulando UC Global, entre los cuales se aportan a la causa audios, videos, fotos e informes en inglés y español. A raíz de este proceso abierto en la Audiencia Nacional española, la familia está llamada a declarar como víctima, después de que el juez José de la Mata dictara un auto de junio de 2020 en el que se admitía a trámite la querella de Correa contra Morales y UC Global y se detallaban los hechos relatados en la querella. Y, de acuerdo a la información que obra en la causa, el juez instructor admite la querella por un delito contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos). 

El caso del seguimiento a Correa, por el que hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, es una pieza separada de la causa relacionada con el espionaje al fundador de Wikileaks supuestamente cometido por UC Global en beneficio de la CIA, hasta el punto de que un grupo de ciudadanos estadounidenses, abogados y periodistas, que visitaron a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, demandaron en EEUU por presunto espionaje a Mike Pompeo, el exdirector de la CIA y ex secretario de Estado de Donald Trump, según informó El País.

“Entregarlo en Presidencia”

elDiario.es tuvo acceso a un correo electrónico que Morales envió a sus empleados en abril de 2018, en el que pedía a sus empleados que entregaran la información privada que tenían de Correa para hacerse valer ante Lenín Moreno y mantener esos generosos ingresos. “En relación a las acciones que ha desarrollado Romeo (nombre con el que se referían a Rafael Correa) en sus actividades (...) los informes que hemos ido desarrollando para el SPP (Servicio de Protección Presidencial) o de información en general, sería bueno que Gema (trabajadora de la empresa en Ecuador) pueda entregarlo en su reunión con Presidencia”.

Correa llevaba un año fuera de su país y, por primera vez, Morales pedía entregar documentos a la presidencia de Ecuador. “Es que al señor Correa quien le pagaba la seguridad es Lenín Moreno, es decir, el gobierno ecuatoriano”, responde Morales en conversación con elDiario.es.

Sin embargo, en el mail afirmaba: “La estrategia es hacer ver que podemos generar este tipo de información... y por ello somos útiles para Presidencia... no para el SPP o Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia)”. Es decir, el director de la empresa de seguridad quiere que el Gobierno de Moreno sepa que está en posesión de material útil para Lenín Moreno, rival político ya por aquel entonces de Rafael Correa. Y, no sólo eso, decide entregárselo.

“Porque son informes informativos que se hacen respecto a cómo se desarrolla la operación”, dice Morales: “Es el Gobierno ecuatoriano al que yo le tengo que explicar y razonar y darles las alertas de posibles amenazas por con quién se reúne”. ¿Y por qué hacen los informes en inglés para Ecuador?: “Esos informes no tienen más importancia que ser un informe de operaciones en inglés”.

“El informe de Pablo Iglesias es una auténtica tontería”, argumenta Morales, “estábamos realizando informes para mejorar el inglés, y queríamos fomentar que los trabajos se hicieran internamente en inglés”.

En otro de los informes, se acumulan fotos de Baltasar Garzón en el aeropuerto esperando a Rafael Correa, su defendido, y también imágenes de la casa de Garzón. Incluso se documenta lo que se habla en esa reunión, incluso si se duchó Correa en la casa. “Eso son tareas de protección”, responde Morales.

El material también incluía conversaciones grabadas con el software instalado en los celulares de las hijas. “Pretenden acusarme de colocarle unos dispositivos espías, para escuchar a las hijas o a él. Y eso viene reflejado en un contrato que se establece con Servicio de Protección Presidencial, el cual él conoce perfectamente, porque a mí el que me llama es el señor Correa, así como su señora, cada vez que no pueden localizar a las hijas. Es un sistema de control parental simplemente para rastrear el GPS en caso de que que sus hijas desaparecieran”, responde Morales a elDiario.es, que tuvo acceso al contrato firmado por UC Global y el SPP en el que se habla de sistemas de geolocalización y una aplicación llamada Diamond 21.

Sin embargo, de acuerdo con la documentación de la causa a la que tuvo acceso este medio, y una parte de la cual se está publicando, los dispositivos instalados se definen en una factura como Troyan, y permiten grabar conversaciones telefónicas, conversaciones producidas cerca del celular. Pero no sólo eso, fueron guardadas y almacenadas a buen recaudo, algo que no se preveía en ese contrato.

“Ese material, ya te digo yo, ni lo han obtenido de mi dispositivo ni los dispositivos de la empresa”, sostiene Morales.

El contenido de este mensaje se suma a otro que también está aportado al procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional. Se trata de una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp de David Morales y una trabajadora de la empresa, en la que el director de UC Global protesta, en junio o julio de 2018, según un extrabajador de la empresa, se queja de haberse “jugado el puesto por ellos [el Gobierno ecuatoriano]” y que va a “hablar con el presidente [Lenín Moreno]” ya que le “filtraron hasta las cosas que les he pasado de Correa”: Morales aquí se queja de que vio en la prensa ecuatoriana informaciones sobre Correa que él había pasado al Gobierno de Moreno, en lo que puede ser un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Los informes que comenzó a trasladar UC Global a la presidencia de Moreno habían comenzado a hacerse antes, a la manera que los hacían también de Assange en Londres.

Informes de actividades de Correa

En este sentido, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso elDiario.es, Morales ya había remitido un correo electrónico a los trabajadores de UC Global en noviembre de 2017 en el que adjuntaba un dossier que había elaborado en inglés con la idea de trasladarlo a sus clientes estadounidenses: “Activity: Meeting Ex-President Correa. Date: 15th November 2017 Location: Family apartment in Ottignies (Belgium)”.

Ese informe es un detallado desglose de las conversaciones privadas de Rafael Correa en su domicilio familiar, identificando las personas con las que se reunía o tenía previsto reunirse, así como las conversaciones mantenidas con ellas: los servicios de seguridad se dedicaban a escuchar y anotar lo que oían y veían en esos espacios a los que tenían acceso como responsables del bienestar del expresidente ecuatoriano. Entre esas cosas, en ese informe había un perfil de Pablo Iglesias Turrión, entonces secretario general de Podemos, quien se iba a ver con Correa.

Pero los servicios de seguridad no sólo se valieron de lo que veían y oían en persona. También adquirieron troyanos y los instalaron en los teléfonos de las hijas de Correa y, gracias a ello, se intervinieron múltiples conversaciones telefónicas con el expresidente de Ecuador, se apropiaron de fotos privadas, de contraseñas y de conversaciones con terceras personas en chats como los de Facebook, por ejemplo.

Uno de los extrabajadores de la empresa explica cómo Morales termina pasando la información que había recopilado sobre Correa mientras se suponía que su tarea era protegerlo, a su rival político, Lenín Moreno: “La empresa estaba a punto de perder el contrato de la embajada por la operación de la salida de Julian Assange, que ya estaba preparando Moreno, y también con otros argumentos, como aspectos que no se cumplían del contrato. Hay que entender el tipo de persona que es Morales: dispara a todos lados; es decir, la información no solo se la daba a la presidencia de Ecuador, sino a otros, como personas de la antigua SENAIN, etc. Y ante la imposibilidad de que se renueve el contrato, empieza a ir a presidencia y la antigua SENAIN”.

¿Y cómo entregaban el material a la presidencia de Ecuador? “A través del secretario general de Lenín Moreno, Sebastián Roldán”, responde un ex trabajador, que añade: “Le llegaron a decir que ampliaran el contrato con Correa para tener más información que proporcionar a Moreno”.

LC

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy el secuestro de todos los dispositivos electrónicos que el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, utilizó antes del atentado a la ex mandataria. “Entre esos dispositivos debería haber, al menos, dos celulares que Milman sí tenía activos al momento del atentado y en los meses anteriores y posteriores”, indicaron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira.

En ese mismo escrito, los letrados apuntaron contra la jueza María Eugenia Capuchetti por haber rechazado la medida anteriormente bajo el argumento de que “aún estaba pendiente la resolución del recurso de casación de Milman vinculado con el peritaje del celular”, cuando tanto la querella como la fiscalía habían pedido la incautación correspondiente. Ayer, el Tribunal decidió desestimar el planteo de la defensa por lo que se procederá al análisis del celular entregado por el propio legislador ante la Justicia.

Para los abogados de la vicepresidenta, dicho aparato “sólo aparecía como vinculado con la línea de Milman a partir del 18 de noviembre de 2022”, una fecha posterior al ataque a la ex mandataria que sucedió el 1 de septiembre del año pasado. “Esta fecha, además, es coincidente con el momento en que Ivana Bohdziewicz situó la maniobra de ocultamiento de información de Milman y su perito”, agregaron.

No resulta menor, además, que el dispositivo entregado a la Justicia es un IPhone 14 Pro Max, un modelo que salió a la venta luego de que ocurriera el atentado. Este celular no puede ser abierto con la tecnología disponible actualmente, sin que se conozca la contraseña correspondiente, una información que el diputado no compartió.

Milman quedó involucrado en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner por las declaraciones del asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, que aseguró haber escuchado al legislado referirse al atentado antes de que sucediera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, habría dicho el dirigente opositor en el bar Casablanca el 30 de agosto en un encuentro con dos asesoras que ya declararon y negaron tal conversación.

ACM con información de agencias.

El pasado 27 de septiembre, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron una fosa común donde fueron enterradas víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado de 1887, en Santa Fe. El lugar estaba siendo investigado a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista en el marco de un juicio por la verdad histórica por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el siglo XIX. “Es histórico porque se trata del hallazgo de la primer fosa común de una masacre indígena llevada a cabo del Estado argentino”, explicó el antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados del INAI.

“En Argentina tenemos ubicada una fosa común más antigua en Mendoza, pero como parte del genocidio indígena cometido por los españoles, y el EAAF está en plena búsqueda de las fosas comunes de la masacre de Napalpí”, agregó. Pepe es también miembro fundador del Colectivo Guías, una organización que viene trabajando en la producción de pruebas en esta causa de verdad histórica a través de investigación y análisis de documentación.

Según indicó la abogada que representa a las comunidades qom y moqoit descendientes de los indígenas fusilados, Cintia Chávez, explicó que la jornada fue muy emotiva: antes de iniciar las tareas de explotación se le pidió permiso a los ancestros para llevar a cabo la tarea y se les pidió que bendijeran al cuerpo de investigadores que incluía autoridades estatales, indígenas y al obispo José Ángel Masín.

“Pero, además, la primera palada para encontrar los restos la realizó (el cacique) Ariel Chará de la comunidad Qompi, que después nos contó la enorme emoción que le causó el haber encontrado a sus abuelos”, contó Chávez. Este referente de la comunidad encontró a unos 45 centímetros de profundidad, parte de un cráneo, que luego el antropólogo Juan Nobile y las arqueólogas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron que era humano.

Este primer hallazgo permitió confirmar que allí se encontraba una fosa común, no se pudo seguir adelante con las excavaciones dado que la orden era detener los trabajar cuando se encontraran restos óseos. Ahora, se deberá esperar una nueva solicitud judicial para realizar la exhumación y peritaje de todos los cuerpos allí alojados. “Se siguió ese sondeo un poco más para confirmar que estaba in situ todo el esqueleto, y se frenó ahí la excavación porque se terminó la etapa de búsqueda, se cerró otra vez todo y estamos esperando que se apruebe el plan de extracción”, relató Pepe.

Cuál es la historia detrás de los cuerpos indígenas enterrados en la fosa común de Santa Fe

En 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom se instalaron en la localidad religiosa de San Antonio de Padua de Obligado, en la zona del chaco santafesino. El enclave buscaba convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e incorporarlos a la mano de obra barata al capitalismo agroexportador. Se trataba de una iniciativa impulsada por el misionero franciscano y jefe espiritual Ermete Constanzi.

Los indígenas también debían trabajar en los ingenios azucareros de las localidades vecinas y servir en la guarnición militar de Las Toscas bajo el mando del comandante Marcos Piedra.

Paulatinamente, las condiciones de vida de los indígenas fueron empeorando debido a sucesivas epidemias, abusos físicos, castigos de parte de las autoridades militares y la mala alimentación. Esto generó tensiones entre estas comunidades y el Estado argentino, pero no fue hasta el verano de 1887 que se terminó de quebrar el vínculo.

Para entonces, el Ejército Nacional, por pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentina Roca, Rudecindo, había raptado a una niña indígena para servidumbre. Este hecho generó una sublevación por parte de las comunidades mocoit y qom, que derivó en el asesinato de Piedra y otro soldado y el desplazamiento de los indígenas al monte.

A modo de represalia, el ejército reprimió y fusiló a 16 indígenas que no habían participado a la revuelta y continuaban asentados en San Antonio. En los diez días posteriores, los asesinatos continuaron.

ACM con información de agencias.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, comenzó este miércoles el juicio contra cuatro de los 1.390 bolsonaristas acusados de intentar llevar adelante un golpe de estado el pasado 8 de enero para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. “Se buscó derrocar a un gobierno que fue legítimamente electo por el voto universal con el pretexto de que hubo fraude en las elecciones. Brasil hace mucho que dejó de ser una república bananera y los golpes son una página pasada en la historia”, aseguró el vicefiscal general del gigante latinoamericano, Carlos Dos Santos.

En este marco, el magistrado pidió que se condene y multe a Aecio Luiz Costa Pereira, quien había viajado desde el Gran San Pablo en un micro financiado por los golpistas y fue detenido luego de atacar el Senado y filmarse en la silla del titular del cuerpo con una remera en la que podía leerse “intervención militar ya”. Ante este pedido, su abogado defensor solicitó que sólo se lo juzque por destrucción del patrimonio en tanto no hubo intención real de tomar el poder como para considerarlo partícipe de un golpe de estado.

“Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales han de responder por sus delitos”, afirmó el fiscal Carlos Federico Santos, subprocurador general de la República.

El instructor del caso, Alexandre de Moraes, votó a favor de una pena de 17 años de cárcel por atentar contra el Estado de Derecho y provocar daños, mientras que Nunes Marques optó por una condena más leve: 2 años y 6 meses de prisión en régimen abierto.

“Las fotos y videos que publicó (en redes sociales) muestran que se sumó a los manifestantes que ingresaron violentamente al Congreso, contribuyendo al daño del inmueble catalogado” indicó el juez, que justificó la menor pena argumentando que las pruebas no alcanzan para imputar a Costa Pereira por ataque a la democracia y golpe de estado.

“Quieren hacer creer que los acusados estaban paseando en Disney. Los acusados estaban poseídos por un odio irracional, casi patológico e, impregnados de audacia, de ignorancia, destruyeron bienes públicos sujetos a protección especial, catalogados como patrimonio histórico, como los muebles, las alfombras y obras de arte”, explicó Moraes, que tiene una postura opuesta a la del otro letrado que ya emitió su voto.

A partir de este jueves, votarán los 9 magistrados restantes, de modo que se definirá la sentencia final.

Además de Aecio Pereira, los otros tres juzgados por el ataque del 8 de enero son Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Matheus e Carvalho Lázaro. El primero de ellos fue arrestado dentro del Palacio do Planalto y está acusado de haber participado de la destrucción de patrimonio mientras vociferaba consignas contra el mandatario electo como “Fuera Lula” y “Presidente ladrón”.

ACM con información de agencias.

La erupción del volcán Hunga Tonga el 15 de enero de 2022 en el océano Pacífico produjo el mayor ‘petardazo’ planetario en la historia reciente, provocando un tsunami y una onda expansiva que sacudió la atmósfera y fue registrada por los observatorios meteorológicos de todo el planeta. Ahora, en un nuevo trabajo publicado en la revista Science, un equipo de investigadores documenta lo que sucedió bajo el agua, una avalancha de escombros que cayó al fondo y avanzó 100 kilómetros destruyendo todo a su paso de forma similar a como lo hacen los flujos piroclásticos y seccionó los cables submarinos que comunicaban al archipiélago de Tonga con el resto del mundo.

En el trabajo, Michael Clare y su equipo analizaron los flujos volcánicos submarinos desencadenados durante la erupción y documentaron la destrucción de casi 200 kilómetros de cables de telecomunicaciones, que se encontraban a más de 15 kilómetros del volcán (uno de ellos se desplazó otros 5 km extra por las corrientes). Combinando datos de la extensión de las roturas de estos cables con estudios batimétricos, observaciones de erupciones y muestreos de núcleos de roca, los autores calcularon que se produjo un flujo de escombros submarinos de movimiento extremadamente rápido y altamente destructivo, que viajó más de 100 kilómetros a través del fondo marino a velocidades de hasta 122 kilómetros por hora. 

“La erupción arrojó rocas volcánicas, cenizas y gas a decenas de kilómetros al aire, que luego se desplomaron y se sumergieron en el océano, creando poderosos flujos que viajaron más de 100 kilómetros a través del fondo marino”, explica Clare a elDiario.es. “Hemos descubierto que estos flujos fueron los más rápidos jamás registrados en el océano, según el momento y la ubicación de los daños a los cables de telecomunicaciones submarinos”. Cuando los flujos piroclásticos que viajan a través de la tierra llegan al océano, pueden crear tsunamis, explosiones y también pueden viajar sobre la superficie del mar, recuerda el autor principal. En el caso del volcán Hunga Tonga, el material piroclástico denso y caliente también entró en el océano, pero en lugar de viajar por tierra, estos restos volcánicos cayeron verticalmente, directamente al mar.

“Debido a una falta real de seguimiento de los volcanes sumergidos, nunca se demostró qué sucede cuando una erupción como la del volcán Hunga Tonga entra directamente en el océano, por lo que esto es realmente una novedad para la ciencia”, señala Clare. Y se consiguió reconstruir gracias al daño que produjo en las comunicaciones, que dejó el lecho oceánico sembrado de pistas asociadas a su destrucción. “Cuando el único cable que conectaba internacionalmente al Reino de Tonga resultó dañado por estos flujos, las comunicaciones de toda la nación quedaron efectivamente cortadas del resto del mundo, en medio de una crisis volcánica”.

Cuando el único cable que conectaba Tonga resultó dañado, las comunicaciones de toda la nación quedaron efectivamente cortadas del resto del mundo

Michael Clare — National Oceanography Centre

Los autores utilizaron el mapeo del fondo marino, que utiliza sonares para determinar la profundidad y la forma del lecho oceánico, para determinar los cambios de elevación antes y después de la erupción. “Nuestros colegas en Nueva Zelanda pudieron llevar un barco de investigación al volcán dentro de los tres meses posteriores a la erupción, para mapear los cambios en el fondo marino y tomar muestras de los depósitos dejados por los flujos”, indica Clare. “Descubrimos que los poderosos flujos creados por el colapso de la erupción volcánica habían excavado canales de más de 100 metros de profundidad”. En resumen, afirma, la fuerza del impacto fue tan enorme que remodeló el fondo marino alrededor del volcán Hunga Tonga.

Socavones de 100 metros

El hallazgo de estos socavones y canales de más de 100 metros de profundidad, como señalan los especialistas Rebecca Williams y Pete Rowley en un artículo de análisis en la misma revista, tiene implicaciones sobre cómo los vulcanólogos interpretan el registro de rocas volcánicas. Estudios recientes documentaron socavones similares en el fondo marino que rodea a los volcanes submarinos en todo el mundo, quizá debidas a erupciones que formaron estas erosiones hace miles de años. 

“Por lo tanto, eventos de la magnitud de la erupción de Hunga pueden no ser infrecuentes”, escriben. “Esto pone de relieve que las grandes erupciones volcánicas submarinas son un riesgo global subestimado. Se deben invertir esfuerzos en cuantificar los peligros asociados con estas erupciones y explorar los requisitos de ingeniería para remediarlas”.

Proteger los cables submarinos

A Raúl Pérez, portavoz de los investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), le pareció un trabajo muy interesante, que le sorprendió mucho. “Todos vemos lo que sucede cuando se produce una de estas enormes erupciones y se proyecta material hacia la estratósfera, pero de lo que pasa hacia abajo se sabía poco o nada”, asegura. “Esto nos permite estudiar otras islas para sacar super-erupciones que antes solo podías inferir por las cenizas que encontrabas en tierra”.

El IGME trabaja en una base de datos de deslizamientos submarinos, para saber qué cantidad de tierra se puede mover y dañar las infrastructuras

Raúl Pérez — IGME

Este resultado también servirá, en opinión de Pérez, para estudiar mejor en el futuro el riesgo de las infraestructuras submarinas. En la erupción submarina de El Hierro de 2011, recuerda, ya hubo problemas con la red de telefonía. “Hubo comunicaciones que dejaron de funcionar y tuvieron que enviar un barco para ver qué había pasado. Aquella fue una erupción pequeña, en comparación con el Hunga Tonga, y ya hubo este tipo de fenómenos asociados que desconocíamos por completo”, asegura. En este momento, informa, el IGME trabaja en una base de datos de deslizamientos submarinos, para saber qué cantidad de tierra se puede mover, en unas zonas y otras. “Una información muy valiosa para casos como Canarias que está ahí y, sabiendo lo que sabemos ahora, podría utilizarse”. 

Conocer los flujos

Desde el punto de vista científico, la parte más relevante es la que se refiere al comportamiento de estos flujos bajo el océano. Del trabajo teórico surgió que las corrientes de densidad piroclástica pueden propagarse a distancias sustanciales bajo el agua pero, hasta ahora, falta evidencia de esto en las profundidades del mar, recalcan los autores. “Las erupciones submarinas y sus consecuencias son uno de los fenómenos más difíciles de estudiar debido a que ocurren bajo el agua”, coincide en señalar el geólogo y divulgador Nahúm S. Chazarra. 

¿Funcionan igual las corrientes de densidad, tales como flujos piroclásticos, igual fuera del agua que cuando se adentran en ella? “Es una de las grandes preguntas a responder a la hora de hacer y verificar modelos, ya que las escasas observaciones de detalle que hay sobre estos fenómenos complica mucho esa verificación”, señala Chazarra. “Este trabajo es un primer paso en la dirección de abrir la puerta a la creación de nuevos modelos matemáticos que nos ayuden a comprender el funcionamiento de las erupciones submarinas y cómo pueden afectarnos”.

“Ahora sabemos por primera vez cómo se ve la huella deposicional de grandes erupciones como la del volcán Hunga”, concluye Clare. “Podemos utilizar este nuevo conocimiento para determinar qué volcanes submarinos pueden representar una amenaza similar, lo cual es importante para evaluar los riesgos para las comunidades costeras y la infraestructura del fondo marino”.