Un tribunal de Venezuela emitió este lunes una orden de detención “preventiva”, solicitada previamente por el Ministerio Público (MP), contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por “robo agravado” y otros seis delitos relacionados al caso del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero.

A través de un comunicado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó que, tras la solicitud del MP, se acordó la orden de detención contra Milei, así como contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El TSJ indicó que la orden de captura es por los presuntos delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”.

El pasado 18 de septiembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la solicitud y tramitación de la orden de detención contra Milei -a quien abrió “una averiguación”- por el “robo” del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

El Ministerio Público anunció la asignación de dos fiscales especializados en la materia, “quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso”.

Saab también informó de la designación de un “fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes” contra Milei y Bullrich por “las acciones cometidas contra el pueblo argentino”.

“Podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, expresó.

El viernes, el Gobierno de Argentina dijo que no le importa “nada” las “pavadas” que diga el Ejecutivo “dictatorial” de Venezuela sobre Milei.

“Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y “otros cabecillas del régimen”, ante “el agravamiento de la situación” tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.

EFE.

IG

El gobierno de Venezuela dio un paso más en su reclamo contra Argentina por el secuestro del avión de Emtrasur y se presentó formalmente ante el juez federal Federico Villena para oponerse a la incautación de la aeronave de bandera venezolana y solicitar acceso al expediente, según reveló este jueves CNN en Español. 

La gestión de Nicolás Maduro le dio un poder judicial al abogado Gabriel Palmeiro, socio del estudio de Maximiliano Rusconi, informó la corresponsal del medio en Caracas. Ambos son abogados del ex ministro de Planificación y otrora aliado del fallecido presidente Hugo Chávez, Julio de Vido, a quien representan en el juicio oral y público por el caso Vialidad, entre otras causas.

Palmeiro realizó su presentación en la causa días después de que Rusconi visitara Venezuela la semana pasada y mantuviera una reunión con la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro en la causa del avión de carga, informó CNN en Español en base a fuentes del gobierno argentino y de la defensa.

Villena ordenó la incautación conjunta del Boeing modelo B747-3B3 a pedido de un tribunal de Columbia, Estados Unidos, por lo que el avión, que estaba secuestrado a disposición de la Justicia argentina, quedó retenido en el país a disposición de ambos países. Palmeiro afirmó en un escrito presentado este miércoles ante el juez que la medida “representaría una arbitraria injerencia en el  patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”, de acuerdo con el escrito al que accedió CNN. 

Maduro y miembros de su gobierno se han manifestado públicamente contra la Justicia argentina tras la decisión del juez del caso pero esta es la primera vez que el gobierno de Venezuela se presenta ante el juzgado. Palmeiro informó en su escrito que representa a Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador general de Venezuela y principal abogado del Estado de ese país. 

Palmeiro acompañó el escrito con un poder especial judicial firmado por el Procurador venezolano y solicitó acceso a la causa para extraer copias “con el objeto de analizar los caminos procesales tendientes al aseguramiento de los  derechos” del Estado de Venezuela por tratarse de un avión de bandera venezolana y “en razón del carácter público de la firma Consorcio Venezolano  de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (CONVIASA)”, accionista de Emtrasur. El abogado también solicitó representar a Emtrasur, que ya tiene otro abogado en el expediente.

El avión de matrícula venezolano, se encuentra retenido en Ezeiza desde el 8 de junio principios de junio mientras se investiga si la tripulación tendría vínculos con posibles actividades terroristas en el país. La tripulación, integrada por catorce venezolanos y cinco iraníes, tiene prohibición de salida del país. El juez había levantado esta restricción para doce de ellos (once venezolanos y un iraní), tras el análisis de sus dispositivos electrónicos, pero la fiscal Cecilia Incardona apeló la medida a favor de los imputados y ahora la Cámara Federal de La Plata debe analizar su planteo.

La aeronave fue objeto de una inspección de rutina de la Policía Federal Argentina y con la participación del agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, previa al secuestro conjunto autorizado por el juez.

La fiscal Incardona había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos.

Palmeiro también adelantó en el escrito que planteará que “el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable al caso que nos ocupa y por lo tanto, no puede utilizarse dicho instrumento  con el objeto de cercenar los derechos de mi poderdante”, ya que el juez se basó en este tratado de cooperación internacional para hacer lugar al pedido de Estados Unidos.

Este tratado, dijo Palmeiro “resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales mientras que la pretensión que pretende canalizar en autos el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica resulta de otra naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimación activa en estos actuados”.

El pedido se suma al ya realizado por otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, quien representa a Emtrasur en el expediente y ya apeló la decisión de incautar el avión a disposición de Estados Unidos, argumentando que “se está produciendo un gravamen irreparable”, según otro documento al que accedió CNN.

En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana. Mahan Air estaría vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a las Fuerzas Quds, calificada como supuesta organización terrorista por Estados Unidos.

La venta del avión, según surge de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue por parte de Mahan Air a Emtrasur, aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa), una empresa pública de Venezuela.

ED

El Gobierno argentino, a través del embajador en Venezuela, Oscar Laborde, criticó la decisión de la Justicia de mantener secuestrado el avión venezolano-iraní y retenidos a sus tripulantes, al tiempo que consideró que se trata de “un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”.

“Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado. Y objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente haya nada que reprocharles y hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia. Por suerte a muchos les queda claro en los últimos días que hay una intención de la Justicia, una Justicia que en la Argentina muchos la padecen, y muchos explican que es un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”, sentenció Laborde en declaraciones a radio AM750.

De acuerdo al diplomático, “esto hay que transitarlo con inteligencia, porque son muchos los intereses que pretenden que sea una pelea que perjudique más a Venezuela y al proceso de la CELAC”.

En cuanto a los reclamos de Venezuela por la actitud del Gobierno argentino de no intervenir frente a las decisiones del juez Federico Villena, que el 11 de agosto oficializó el secuestro del avión de Emtrasur, de acuerdo a una petición de Estados Unidos para incautar la aeronave, que antes era propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por Washington, Laborde dijo saber “que tenemos esta dificultad con los amigos venezolanos”, pero aclaró que no hay “ninguna protesta del gobierno venezolano a Cancillería”.

A estas quejas del gobierno de Nicolás Maduro, este martes se sumó su par de Nicaragua, Daniel Ortega, que durante un acto por el 42 aniversario de la Fuerza Naval de ese país, sostuvo que el presidente Alberto Fernández “está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace el secretario general de la OEA”, el uruguayo Luis Almagro, “que abiertamente es instrumento de los gringos”. Y se preguntó: “¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas, a los jueces norteamericanos, y a las persecuciones de los Estados Unidos?”

Asimismo, Ortega aseveró no saber “qué fin irá a tener la Celac si Argentina no tiene la decencia y el honor de no someterse al imperio”. Frente a estos comentarios del presidente nicaragüense, Laborde le limitó a decir que no le corresponde “responderle a Daniel Ortega”.

El pasado 1° de agosto, el juez Villena ordenó confiscar los pasaportes e impedir la salida del país del piloto iraní y otras seis personas que iban en el avión venezolano Boeing 747 retenido desde el 6 de junio en el marco de una causa por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Pero liberó a 12 tripulantes que deberán regresar a su país de origen en vuelos de línea. 

Con información de agencias.

IG

Alberto Fernández busca levantar su perfil internacional desde la presidencia de la Celac y, en la previa a un seminario que contaría con la participación –virtual– del mexicano Andrés Manuel López Obrador y del brasileño Lula da Silva, desde el Gobierno defendieron la participación de todos los países de la región en el grupo, incluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua, países excluidos de otros organismos multilaterales como la OEA.

“Todos los países de la Celac son democráticos. Todos los países han elegido a sus autoridades. La Celac no se constituyó para señalar a nadie con el dedo”, expresó en ese sentido Gustavo Pandiani, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería y coordinador nacional de la comunidad regional, que preside temporalmente Fernández. 

Funcionario cercano al flamante ministro de Economía, Sergio Massa, Pandiani realizó sus declaraciones en la presentación ante la prensa del seminario “Unidad en la diversidad”, que –junto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)– se desarrollará el próximo 18 de agosto en Buenos Aires, en el marco de la XXXV reunión de los 32 coordinadores nacionales de la Celac, como ya adelantó elDiarioAR. En el panel con Fernández y AMLO –y probablemente Lula–, también participará la primera ministra de Barbados, Mía Mottley. En el resto de las conversaciones presenciales en el CCK estarán los expresidentes José Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España).

También adelantó la futura agenda del grupo, con Fernández encabezando reuniones con otros grupos continentales en septiembre en Nueva York –en el marco de su participación en la Asamblea de la ONU–, así como la próxima cumbre de presidentes de la Celac en Buenos Aires, a definir entre diciembre y enero. Allí estarán invitados mandatarios como el venezolano Nicolás Maduro, el nicaragüense Daniel Ortega y el cubano Miguel Díaz-Canel, aunque su presencia dependerá de cada uno de ellos. “Nosotros no queremos igualar ideológicamente. Valoramos esa diversidad”, justificó Pandiani. El único país que no participa de la Celac es Brasil, pero por decisión del presidente Jair Bolsonaro.

Pandiani evitó pronunciarse sobre la reciente polémica que se abrió por el avión venezolano con una tripulación iraní retenido por la Justicia argentina desde el pasado 8 de junio. En los últimos días, Maduro se mostró con mucha vehemencia contra la situación y le exigió a la Casa Rosada pronunciarse al respecto, así como también hubo fuertes críticas contra el Presidente por parte del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. “Quieren robarnos y tienen secuestrados a nuestros pilotos”, dijo el mandatario venezolano sobre el caso de la aeronave de la empresa Emtrasur. 

“El tema del avión no altera en nada el vínculo con Venezuela, es un tema judicial y el Poder Ejecutivo no tiene mucho para hacer. No nos vamos a meter”, dijo Pandiani, quien resaltó que recientemente el país designó en Caracas a un nuevo embajador –Oscar Laborde–, tras cierto enfriamiento en la relación bilateral por el gobierno de Mauricio Macri. En la Cancillería entendieron que el tono de las críticas venezolanas se debía más a una “interna” dentro del chavismo.

El objetivo del Gobierno en lo que resta de su presidencia pro témpore –el mandato vence en enero– es “institucionalizar” la Celac, dotándola de ciertos mecanismos internos para “agilizar” la toma de decisiones. La única regla vigente en el grupo es que todas las decisiones se tomen por consenso, por lo que una mínima diferencia que destaque un país miembro pone en riesgo cualquier decisión, desde las más operativas hasta las más políticas. 

Ese será el debate de la próxima reunión de cancilleres y las negociaciones diplomáticas que habrá en la previa a la cumbre de presidentes. En la carpeta de opciones están desde la posibilidad que ciertas decisiones puedan tomarse por mayoría, como la oficialización de una sede central y hasta la manera en que tiene que abordarse la alternancia de la presidencia. “Alberto quiere dejar la discusión abierta”, aseguró Pandiani.

El riesgo, entienden en el Palacio San Martín, es que si el grupo no avanza en la institucionalización, puede quedar atrapado en cuestiones ideológicas, como le pasó a los casi inoperativos Unasur –que lanzó Hugo Chávez en su momento– o Grupo de Lima –impulsado entre otros por Macri–. “La principal característica nuestra es la diversidad, y hay países de perfil de centroizquierda como de centroderecha, e incluso en sus extremos”, resaltó Pandiani, quien agregó: “La Celac no intenta legitimar su membresía a una mirada ideológica”.

MC

El jefe de la delegación oficialista en el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, Jorge Rodríguez, condicionó este martes la reanudación de estas negociaciones a la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde junio por posibles vínculos con el terrorismo.

“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) durante una sesión legislativa.

Rodríguez tildó la retención de la aeronave como “un vulgar secuestro” y puntualizó que, en caso de que no sea devuelto, van a “combatir” en la calle y en instancias internacionales.

La intervención del parlamentario tuvo lugar antes de que la AN, de contundente mayoría chavista, aprobara, por unanimidad, un acuerdo en “repudio a la intención aviesa del Gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República Argentina y que pertenece al pueblo venezolano”.

Sobre esto, el líder chavista criticó la decisión del Poder Judicial argentino de retener el avión y a los tripulantes -5 iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado- y aseguró que este sistema y la fiscal del caso, Cecilia Incardona, no son autónomos.

“El poder judicial de Argentina, esta fiscal no es autónoma, (depende) de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, es una empleada de la embajada de EE.UU., no me vengan con independencia del Poder Judicial argentino, eso es mentira”, aseveró.

El acuerdo de repudio aprobado por el Parlamento venezolano será enviado a la Embajada de Argentina en el país petrolero, informó el diputado.

Mas temprano, más de un millar de personas simpatizantes del chavismo protestaron en Caracas para exigir la devolución de este avión, así como para reiterar su rechazo a las sanciones impuestas por EE.UU.

Esta protesta ocurre una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitara a Argentina que le permita confiscar dicha aeronave, propiedad de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sancionada por el Gobierno norteamericano.

Con información de EFE.

IG

El juez federal Federico Villena recibió formalmente este miércoles la orden de la Justicia de los Estados Unidos para mantener secuestrado el avión de la aerolínea venezolana Emtrasur, según confirmó una fuente judicial a elDiarioAR. El magistrado de Lomas de Zamora registró el pedido y deberá resolver si hace lugar a la requisitoria, presentada en el marco del tratado de asistencia mutua entre ambos países.

La aeronave se encuentra actualmente retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza a disposición del juzgado argentino pero el Departamento de Justicia estadounidense busca que el secuestro del Boeing 747 quede también bajo control de un tribunal del distrito de Columbia.

El pedido de Estados Unidos se hizo público este martes a través de un comunicado del Departamento de Justicia -que ya no está disponible en la web oficial del organismo-, un día después de que se diera a conocer que el juez Villena había autorizado la salida del país de doce de los diecisiete tripulantes del avión. La orden de incautación que emitió el tribunal de Columbia data del 19 de julio último.

La Justicia estadounidense informó que el avión fabricado en los Estados Unidos está sujeto a decomiso porque la empresa que lo controlaba supuestamente violó las leyes de control de las exportaciones de ese país. La aeronave pertenecía entonces a la empresa iraní Mahan Air, relacionada con la Fuerza Quds, a la que Estados Unidos considera terrorista y la transferencia del avión a la empresa venezolana Emtrasur hace alrededor de un año habría sido irregular.

El caso

El 6 de junio, el jumbo aterrizó en Buenos Aires para entregar una carga de autopartes fabricadas en Querétaro, México, adquiridas por la automotriz Volkswagen Argentina.

En Argentina, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó al juez Villena determinar si el objetivo del arribo de la aeronave al país fue transportar autopartes o si podría implicar un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse en un acto terrorista.

El avión llegó con diecinueve tripulantes. Cinco de ellos son iraníes y catorce, venezolanos. El juez Villena les prohibió salir del país, luego de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) solicitara investigar a los cinco tripulantes de nacionalidad iraní.

César Pérez, presidente de Emtrasur, dijo en una entrevista transmitida en Twitter que los iraníes instruían a sus compatriotas sobre el manejo técnico del avión. “Yo le pido a las autoridades de nuestra hermana República Argentina que ya terminen de abrir los ojos y terminen esta farsa porque aunque continúen escudriñando no van a conseguir nada ilegal porque no hay nada ilegal”, afirmó Pérez.

El avión tiene matrícula venezolana desde enero de 2022. Tanto Mahan Air como el avión fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntamente brindar apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el traslado de armamento, fondos y personas para supuestos ataques terroristas.

El gerente de relaciones públicas de Mahan Air dijo a la agencia estatal de noticias de Irán que la aeronave se encuentra retenida en Argentina por “objetivos políticos” y que “la tripulación (iraní) ha estado trabajando para la empresa venezolana y que el tema no tiene relación con Mahan Air”.

ED

El Departamento de Justicia de Estados Unidos “transmitió hoy una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300” de la empresa Emtrasur, que se encuentra en el país desde el junio.

Un texto emitido por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos se indicó que la solicitud se produjo “luego de que se revelara una orden de incautación” emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.

De acuerdo a la información difundida, la orden de incautación “alega que el avión fabricado en Estados Unidos está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana.

El comunicado vincula a Mahan Air al Hezbollah y a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.

La venta, según surge del comunicado, fue de Mahan Air a la “Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa) , una empresa estatal venezolana”, algo que también fue expuesto en la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, por los propios tripulantes del avión.

En el texto difundido este martes se señaló que en 2008, el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió, y desde entonces ha renovado periódicamente, una Orden de denegación temporal que prohíbe, entre otras cosas, que Mahan Air participe en cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de los Estados Unidos que esté sujeto a las Regulaciones de Administración de Exportaciones.

Para la justicia de los Estados Unidos, “alrededor de octubre de 2021, Mahan Air violó la Orden de Denegación Temporal y las leyes de control de exportaciones de EEUU cuando transfirió la custodia y el control de la aeronave Boeing a Emtrasur sin la autorización” del gobierno de ese país.

“Posteriormente, se produjeron violaciones adicionales de las leyes de control de exportaciones de EEUU entre febrero y mayo de 2022 cuando Emtrasur reexportó la aeronave entre Caracas, Venezuela; Teherán, Irán; y Moscú, Rusia, sin la autorización del Gobierno de los Estados Unidos”, se indicó en el comunicado.

En el texto emitido por el gobierno de los Estados Unidos se recordó que desde el 6 de junio de 2022, el avión se encuentra retenido en la Argentina y sus tripulantes no pueden salir del país.

Prohibición

Esa situación se modificó levemente el lunes cuando el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó devolver el pasaporte a 12 de los 19 tripulantes mientras que mantuvo la prohibición de salir a 7 de ellos, entre los que se encuentra el piloto iraní sobre el cual planteó sospechas el FBI.

La decisión de mantener las restricciones sobre algunos de los tripulantes del avión que llegó desde México, con escala en Venezuela, tiene que ver con que el juez aún “tiene dudas” respecto de si una parte de la tripulación pudo haber arribado a la Argentina con objetivos distintos al declarado traslado de autorpartes.

La Justicia busca determinar si, “bajo la apariencia o 'pantalla' de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional”, según surge de la resolución conocida el lunes de unas 260 páginas.

Los tripulantes sobre los que aún pesa la prohibición de salir del país son los ciudadanos iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras.

En la causa se investiga “si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, estén financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, surge del fallo.

elDiarioAr buscó comunicarse este martes con el juez Villena pero el juzgado no respondió a las consultas.

“Ex comandante de la Guardia Revolucionaria”

El comunicado del departamento de Justicia de Estados Unidos remarca que “el capitán registrado de la aeronave fue identificado como un excomandante del IRGC y accionista y miembro de la junta directiva de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air”.

También se señaló allí que “la policía argentina también registró la aeronave y encontró un registro de vuelo de Mahan Air que documentaba los vuelos de la aeronave después de la transferencia ilegal a Emtrasur, incluido un vuelo a Teherán, Irán, en abril de 2022”.

En el comunicado se recordó, además, que Mahan Air fue sancionada en 2011 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU “por brindar apoyo material al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF), y Qeshm Fars Air fue sancionada en 2019 por estar controlada por Mahan Air y por brindar apoyo material al IRGC-QF”.

Además, sostiene que “Conviasa, la empresa matriz de Emtrasur, fue designada por la OFAC en 2020 y su flota fue bloqueada conforme a una Orden Ejecutiva en 2019. Simultáneamente con la acción de este martes, el Departamento de Comercio emitió una Orden de Denegación Temporal negando los privilegios de exportación de Emtrasur por 180 días con posibilidad de renovación”.

“El Departamento de Justicia no tolerará transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según se consignó en el comunicado.

“Trabajando con nuestros socios en todo el mundo, no daremos cuartel a los gobiernos y entidades patrocinadas por el estado que buscan evadir nuestras sanciones y regímenes de control de exportaciones al servicio de sus actividades malignas”, sostuvo el funcionario del gobierno de Joe Biden.

“La incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia, según se informó. “Este asunto -se precisó- está siendo investigado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad de Miami y el FBI”.

Con información de Télam

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó hoy la devolución de los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Argentina el 6 de junio pasado, mientras que mantuvo la prohibición de salir del país para otros siete, entre los que se encuentra el piloto iraní sobre el cual planteó sospechas el FBI.

La decisión de mantener las restricciones sobre algunos de los tripulantes del avión que llegó desde México, con escala en Venezuela, tiene que ver con que el juez aún tiene dudas respecto de si una parte de la tripulación pudo haber arribado a la Argentina con objetivos distintos al declarado traslado de autopartes.

La Justicia busca determinar si, bajo la apariencia o 'pantalla' de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional, según surge de la resolución de unas 260 páginas a la que accedió Télam.

Los tripulantes sobre los que aún pesa la prohibición de salir del país son los ciudadanos iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras.

El juez destacó en su resolución que los 19 tripulantes del avión de Emtrasur revisten carácter de imputados aunque, de momento, no existe mérito suficientes para convocarlos a prestar declaración indagatoria.

En esta causa se investiga si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, estén financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, surge del fallo.

El magistrado resaltó en su resolución que el derecho internacional expresa con determinación la necesidad de que los Estados adopten medidas preventivas para reprimir la preparación de un acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación.

Al sostener las medidas restrictivas sobre algunos de los tripulantes, el juez indicó también las posiciones de la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la fiscal Cecilia Incardona que se habían opuesto a que se habilitara la salida del país de los imputados y habían remarcado que aún existen medidas de prueba en curso.

Al promover esta investigación, la fiscal Incardona había puesto el foco en el piloto del avión porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi “es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto” y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.

Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre “exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación”.

En línea con eso, el juez Villena señaló que si bien coincide con lo rgumentado por la fiscal federal “respecto del riesgo procesal que significa permitir la salida del país a ciudadanos de países que no extraditan nacionales ­como el caso de la República Bolivariana de Venezuela”­, advirtió que en el caso concreto de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marin Ovalles y Nelson Coello, “se encuentra fehacientemente acreditado en autos que todos aquellos tienen como profesión principal la aeronavegación civil, lo que conlleva el constante ingreso y egreso de distintos países en el mundo”. 

En caso de ser necesario, “esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad”, añadió.

DA

Víctor Pérez Gómez, gerente general de operaciones de la compañía Emtrasur, tripulante venezolano del avión de origen iraní retenido en Ezeiza, negó que haya “cualquier tipo de conspiración”, al tiempo que que insistió que la relación de los tripulantes de su país con los pasajeros de Irán “es bastante técnica, no enseñan”.

Según Pérez Goméz, “al momento de la compra de la aeronave, se incluyó una cláusula que incluía asistencia técnica. Se necesita un traspaso del conocimiento, y por eso tuvimos la asistencia técnica de vuelo de los iraníes. Es algo totalmente común en el mercado aeronáutico”, remarcó, en diálogo con Radio con Vos.

Asimismo, el representante de Emtrasur confirmó que todos los tripulantes siguen “en el hotel de Ezeiza” y con respecto a su situación judicial, “fuimos notificados de que estamos imputados, pero no tenemos restricciones”. Además, aseguró no saber “cómo evaluar qué fue lo que generó que no nos abastecieran de combustible. En otros aeropuertos cargamos sin problemas”, explicó.

Para el ciudadano venezolano, “ni siquiera hay que ser un experto en aeronáutica” para entender que Emtrasur tiene ese avión “de gran porte” desde febrero y que su utilización “requiere de un amplio número de tripulantes y de adiestramiento”, por lo que la empresa buscó quienes pudieran capacitarlos en el uso ya que “en Venezuela no hay pilotos instructores de 747-300”.

Días atrás, en una denuncia judicial contra el director general de la PSA, José Glinsky, por el presunto allanamiento ilegal del Boeing, que presentó ante el juez federal Federico Villena, Pérez Gómez contó que arribaron a Ezeiza “luego de una parada obligada en el aeropuerto de Córdoba que duró menos de dos horas”. Esa primera noche, la del lunes 6 de junio, la tripulación se alojó en el Hotel Plaza Central Canning para regresar al día siguiente al aeropuerto bonaerense con el objetivo de volar de regreso a Caracas. “Al momento de hacer migraciones se nos entrevistó personalmente a cada tripulante, situación por demás llamativa. Allí se nos indagó sobre quiénes éramos, por qué éramos tantos, el cargo y función de cada uno, lugar donde nos alojamos, etc. Nunca nos había sucedido con anterioridad”, relató.

Antes de partir, la empresa Shell les comunicó que nos les vendería combustible y decidieron volar el miércoles a Uruguay, donde se les impidió el aterrizaje. “Esta decisión por parte de las autoridades aeronáuticas uruguayas, no solo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había sido aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente”, contó, según consta en la denuncia judicial.

Con poco combustible, el avión regresó a Ezeiza y allí fueron sometidos a un operativo especial que incluyó la participación de varios organismos y las fuerzas de seguridad. “La tripulación procedió a descender de la aeronave y nos dirigimos al área de migración. En ese momento nos hicieron esperar y hacen pasar primeros a los ciudadanos iraníes y luego a los venezolanos. Una vez realizados todos los trámites migratorios nos informan que el ingreso al país sería provisorio y se retendrían los pasaportes de toda la tripulación, para luego dirigirnos al hotel Holiday Inn en compañía de personal de la PSA”, detalló. Allí permanecieron dos noches y el viernes 10 se mudaron al Plaza Central Canning.

Ese día, con la noticia ya protagonista de todos los medios, se llevó a cabo un nuevo operativo que incluyó unos 60 efectivos de la PSA, y perros anti drogas y anti explosivos. “Terminada esta cuestión, se procede a mover la nave a la posición remota; una vez allí se cierra y se asegura mediante precintos por parte del personal técnico de nuestra empresa. Luego de ello, se comunican con quien suscribe de la dirección de Migraciones para informarnos que se había dispuesto la devolución de los pasaportes de todos los ciudadanos venezolanos, quedando retenido no obstante los de los iraníes”, de acuerdo al escrito de Pérez Gómez.

Asimismo, el gerente de Emtrasur presentó a la Justicia el contrato de compraventa del avión entre Lance Tech General Trading y la venezolana Conviasa (“Sale and Purchase and Technical Support Services Contract between LANCE TECH GENERAL TRADING and CONVIASA”) y sostuvo que se trata del contrato de compraventa de la aeronave en su idioma original.

Hasta el momento, el expediente se denomina “NN sobre averiguación de delito”, pero a raíz de las pruebas incorporadas en los últimos días, Incardona analiza y escribe un dictamen para circunscribir los hechos investigados en una nueva carátula. Tampoco tiene imputados.

Los investigadores ya cuentan con algunos de los resultados de las pericias de los teléfonos y Aerolíneas Argentinas logró abrir las cajas negras del avión. Fue la forma que encontró el juzgado para acceder a la información guardada en los dispositivos que graban las conversaciones en la cabina de las aeronaves. Se trata de cajas negras de tecnología antigua, explicó una fuente del caso. El avión es de 1986.

La información extraída ya está en poder del juzgado federal de Lomas y permitirá a los investigadores escuchar las conversaciones del piloto y copilotos del día 8 de junio, al menos, cuando el avión partió de Ezeiza sin poder cargar combustible por las negativas de las petroleras a abastecerlo e intentó ingresar a Uruguay, donde las autoridades prohibieron el aterrizaje y obligaron a la tripulación a regresar a Buenos Aires.

Las cajas negras también permitirían corroborar si el avión efectivamente apagó o no el transponder, que transmite información para que las torres de control aérea puedan identificar a la aeronave y su altitud, como denunciaron diputados de la oposición. Si se determina que se apagó, el juzgado quiere establecer si es significativo o no para la causa.

Informes

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que el organismo sostiene que el piloto sería una autoridad de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air y que esta compañía formaría parte de una operación de las fuerzas Al-Quds y de la inteligencia iraní para trasladar personas y armas a lugares de conflicto en Medio Oriente, confirmó la fuente consultada. 

Durante el allanamiento a la aeronave, el juzgado obtuvo al menos un elemento que relaciona al avión con esta compañía, Qeshm Fars Air, que está siendo analizado para entender los alcances de ese vínculo

El avión varado en Ezeiza, según el FBI, no habría sido adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido como leasing por Mahan Air, otra aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. El leasing es una operación usual en la aviación. El juez solicitó a la compañía venezolana que acredite con toda la documentación necesaria cuál es su vínculo con la aeronave.

De momento, el FBI no aportó aún ningún documento que acredite ese vínculo y que sirva como prueba para la Justicia argentina, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. El informe se basa en la información aportada por sus fuentes anónimas, protegidas, cuya identificación sería prácticamente imposible.

Estados Unidos tampoco realizó ningún requerimiento sobre el piloto para su eventual extradición o interrogatorio.

El juzgado y la fiscalía no descartan la hipótesis de que algunos de los miembros de la tripulación estén vinculados a estas empresas sancionadas por los Estados Unidos, pero lo central para los investigadores es definir si pueden probar que cometieron algún delito en Argentina

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó oficialmente sobre las sanciones que pesan sobre estas dos aerolíneas -Mahan Air y Qeshm Fars Air- y sobre el avión. En la sanción la aeronave figura con matrícula iraní, que fue modificada en enero de este año a una matrícula venezolana cuando el avión cambió de manos, de Mahan Air a Emtrasur.

La causa ya cuenta con más de 40 medidas de prueba, que incluyen testimoniales, exhortos internacionales y a organismos de la aviación.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Federico Villena espera que en las próximas horas la Policía Federal Argentina (PFA) le entregue un informe completo con el análisis del contenido del teléfono celular del piloto iraní, principal imputado en la causa del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, informó a elDiarioAR una fuente directa de la causa. El magistrado busca imprimir la mayor celeridad posible a la investigación para definir la situación procesal de los diecinueve tripulantes imputados por presuntas relaciones con el terrorismo internacional. 

El capitán de la aeronave y los otros dieciocho miembros de la tripulación quedaron formalmente imputados tras un dictamen de la fiscal federal Cecilia Incardona presentado este martes último ante el juzgado. El juzgado ya tiene parte de los resultados de las pericias y la Federal, que reforzó el equipo de técnicos informáticos dedicados al caso, se concentró en culminar el análisis del teléfono del piloto para ampliar luego el del resto de los tripulantes iraníes. 

Villena tiene pendiente una reunión con la fiscal Cecilia Incardona y autoridades de la Policía Federal por el caso. Hasta el momento, el contenido del teléfono del piloto no habría aportado prueba significativa para la causa, como adelantó este miércoles Página/12 y confirmó la fuente con acceso a la investigación. Se hallaron fotografías de unos 30 años de antigüedad en la que pueden verse a hombres jóvenes recibiendo instrucción militar, presumiblemente en Irán, debido al escudo en sus uniformes. 

Los analistas creen que uno de ellos sería el piloto y que habría tenido un paso por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las fuerzas armadas de Irán, fundadas tras la revolución de 1979.

También encontraron imágenes de los llamados mártires de la Guardia Revolucionaria Islámica y consignas contra Israel. 

La Justicia encargó a una compañía especializada la apertura y análisis de una tablet de marca Apple hallada durante uno de los allanamientos y que no sería propiedad de los tripulantes que se encuentran en Buenos Aires.

La causa acumulaba este miércoles ocho cuerpos y el juez ya cuenta con la información de las cajas negras, cuyo análisis debe realizar el juzgado, y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo. 

Durante el allanamiento al avión varado en Ezeiza desde el miércoles 8 de junio también surgió un plan de vuelo de la aeronave datado en abril pero que no se encontraría a nombre  de Emtrasur sino de Qeshm Fars Air, una de las aerolíneas iraníes sancionadas por los Estados Unidos por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y presunta colaboración con el terrorismo internacional a través del transporte de armamento, personas y dinero en Medio Oriente.

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que la agencia sostiene que el piloto sería CEO y miembro de la administración de Qeshm Fars Air. Esta fue la principal causa de la imputación que dictaminó la fiscal el martes.

Sin embargo, Villena e Incardona deben determinar si la tripulación cometió algún delito en Argentina y el juez espera que esa definición no pase de la próxima semana, confió la fuente consultada.

La investigación gira en torno a tres ejes: el avión, la tripulación y la carga que se transportó en la aeronave hasta Buenos Aires, explicó la fuente. Durante este miércoles, el juez continuó tomando declaraciones testimoniales.

Este artículo se actualizó el 23 de junio a las 19:49 para corregir la marca del celular del piloto.

ED

Mientras la fiscal Cecilia Incardona avanza en la investigación del avión venezolano con tripulación iraní que permanece retenido en Ezeiza desde que aterrizó el pasado 6 de junio y en las últimas horas imputó al piloto de la aeronave que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), trascendió este miércoles que al menos otro avión de Mahan Air (el Airbus A340-642 - YV3533) estuvo en Buenos Aires los días 28 de abril y 3, 9 y 17 de mayo de este año.

De acuerdo a “vuelos y spotters”, sitio especializado en seguimiento de vuelos, estadísticas y noticias aeronáuticas de la región, la aeronave, que también trasladó el presidente de Venezuela, Nicolás maduro, en su última gira que incluyó a Irán, arribó a Ezeiza procedente de La Habana (Cuba) con 133 pasajeros, de una capacidad de 308 (ocupación: 43,18%).

En tanto, el 3 de mayo llegó procedente de Caracas (Venezuela) con 161 pasajeros y una ocupación del 52,27%. El 9 de mayo arribó también desde la capital venezolana, pero solo con 18 pasajeros (5,84% de ocupación). Mientras que el vuelo del 17 de mayo, con la misma procedencia, llevó 195 pasajeros y tuvo una ocupación del 63,31%.

La causa

En un dictamen presentado este martes ante el juez federal Federico Villena, la fiscal Icardona resaltó la necesidad de proseguir la investigación respecto del piloto del avión retenido en Ezeiza, Ghasemi Gholamreza, “de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, informaron fuentes judiciales.

“Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”, sostuvo la fiscal.

La investigación comenzó la semana pasada con una denuncia realizada por un abogado contactado por Emtrasur. Rafael Resnick Brenner -exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone- se presentó ante el juez de turno, Villena, en nombre de los catorce venezolanos y los cinco iraníes para solicitar que se ordene a las tres petroleras que operan en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) que abastezcan de combustible al avión y que las autoridades devuelvan los pasaportes a los afectados para poder regresar a Caracas. Se abrió así un expediente denominado “Resnick Brenner, Rafael sobre Habeas Corpus”.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, dijo a radio ABC Color que su servicio de inteligencia alertó a Uruguay y Argentina sobre la supuesta conexión del avión y la tripulación con la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán y las brigadas Al-Quds, consideradas terroristas por los Estados Unidos -aunque no por Argentina-. El alerta fue el 6 de junio, razón por la cual el avión no fue abastecido por las petroleras en Ezeiza ni pudo ingresar a Uruguay y Paraguay.

A su vez, González dijo que la información provino de la inteligencia estadounidense. Su país ya venía investigando a Emtrasur y el avión por un viaje realizado a mediados de mayo a Ciudad del Este. 

Las claves

La causa depende ahora de los resultados de tres medidas centrales: la identificación por huellas digitales que se les tomaron a los tripulantes y se enviaron a los Estados Unidos con el fin de determinar si algunos de los iraníes están vinculados a organizaciones terroristas; las pericias de los dispositivos informáticos secuestrados en el hotel y el avión; y el análisis de las cajas negras de la aeronave.

Las pericias informáticas se están realizando en tiempo récord, dijo una de las fuentes consultadas. Las copias forenses de los dispositivos secuestrados a los tripulantes el martes por la madrugada, durante el allanamiento al hotel donde se hospedan, ya fueron culminadas y se espera que este fin de semana haya resultados para aportar al juzgado, pero es una presunción.

Por cuestiones de acceso a tecnología específica, los teléfonos Iphone están siendo analizados por la Policía Federal mientras que los de otros sistemas operativos quedaron en manos de la Policía porteña.

La causa avanzará o se cerrará de acuerdo a las evidencias o carencia de pruebas para retener a los tripulantes después de los resultados de las pericias y de la identificación o no de las huellas digitales.

La postura del Presidente

Alberto Fernández habló el último sábado sobre el avión venezolano-iraní. Al respecto el Presidente de la Nación expresó que la oposición “trató de aprovechar” el tema del avión con matrícula venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza, y dijo que “quisieron mostrar algo oscuro que no es, algún movimiento oscuro del Gobierno, aunque nosotros actuamos rápidamente”.

“La oposición trató de aprovecharlo para vincularlo con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA. Es parte de la locura que se vive en la política argentina”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10.

Fernández también precisó: “Lo que pasó es que llegó un avión venezolano con una carga de México, contratada por una empresa argentina, donde no hubo ninguna irregularidad. A bordo del avión había cinco personas iraníes, respecto de las cuales hasta donde nosotros sabemos no pesa ningún tipo de restricción. Tampoco respecto de los venezolanos”.

En esa misma línea, Fernández admitió que podría haber problemas si se procede al cargamento de combustible para el avión. “Sí hay un problema con la carga de la nafta, porque las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden afectar a quien le de nafta a ese avión. Es un tema que hay que resolver”, detalló.

IG

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó hoy al piloto iraní que llegó en el avión venezolano que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, bajo la sospecha de que puede estar vinculado con actividades asociadas al terrorismo internacional, informaron fuentes judiciales.

En un dictamen presentado esta tarde ante el juez federal Federico Villena, la fiscal resaltó la necesidad de proseguir la investigación “respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, informaron fuentes judiciales.

“Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”, sostuvo la fiscal.

La investigación comenzó la semana pasada con una denuncia realizada por un abogado contactado por Emtrasur. Rafael Resnick Brenner -exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone- se presentó ante el juez de turno, Villena, en nombre de los catorce venezolanos y los cinco iraníes para solicitar que se ordene a las tres petroleras que operan en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) que abastezcan de combustible al avión y que las autoridades devuelvan los pasaportes a los afectados para poder regresar a Caracas. Se abrió así un expediente denominado “Resnick Brenner, Rafael sobre Habeas Corpus”.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, dijo a radio ABC Color que su servicio de inteligencia alertó a Uruguay y Argentina sobre la supuesta conexión del avión y la tripulación con la Guardía Revolucionaria Islámica en Irán y las brigadas Al-Quds, consideradas terroristas por los Estados Unidos -aunque no por Argentina-. El alerta fue el 6 de junio, razón por la cual el avión no fue abastecido por las petroleras en Ezeiza ni pudo ingresar a Uruguay y Paraguay.

A su vez, González dijo que la información provino de la inteligencia estadounidense. Su país ya venía investigando a Emtrasur y el avión por un viaje realizado a mediados de mayo a Ciudad del Este. 

Las claves

La causa depende ahora de los resultados de tres medidas centrales: la identificación por huellas digitales que se les tomaron a los tripulantes y se enviaron a los Estados Unidos con el fin de determinar si algunos de los iraníes está vinculado a organizaciones terroristas; las pericias de los dispositivos informáticos secuestrados en el hotel y el avión; y el análisis de las cajas negras de la aeronave.

Las pericias informáticas se están realizando en tiempo récord, dijo una de las fuentes consultadas. Las copias forenses de los dispositivos secuestrados a los tripulantes el martes por la madrugada, durante el allanamiento al hotel donde se hospedan, ya fueron culminadas y se espera que este fin de semana haya resultados para aportar al juzgado, pero es una presunción.

Por cuestiones de acceso a tecnología específica, los teléfonos Iphone están siendo analizados por la Federal mientras que los de otros sistemas operativos quedaron en manos de la Policía porteña.

La causa avanzará o se cerrará de acuerdo a las evidencias o carencia de pruebas para retener a los tripulantes después de los resultados de las pericias y de la identificación o no de las huellas digitales.

Noticia en desarrollo

DA

El juez federal Federico Villena busca determinar en los próximos días la situación judicial de los diecinueve tripulantes del Boeing 747-300 de la compañía Emtrasur, propiedad del Estado venezolano, afirmó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR. El magistrado ya cuenta con la información de las cajas negras, parte de las pericias de los teléfonos de los tripulantes y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo pero también surgió un elemento que vincularía al avión con una de las empresas sancionadas por sus vínculos con el terrorismo internacional.

Algunos de los pasos a seguir son determinar a qué compañía pertenece legalmente el avión y qué hablaron el piloto y copilotos durante el último vuelo, cuando el avión despegó de Ezeiza hacia Montevideo pero debió regresar a Argentina. Villena debe determinar si hay pruebas de espionaje o actividades ilegales en Argentina.

La causa judicial por el avión de matrícula venezolana varado en Ezeiza desde el 8 de junio dejó a la Argentina en una situación política desventajosa, surfeando entre Venezuela y los Estados Unidos para evitar conflictos diplomáticos con ambos países, enfrentados por la alianza de Nicolás Maduro con el régimen iraní, entre otras razones. 

Hasta el momento, el expediente se denomina “NN sobre averiguación de delito”, pero a raíz de las pruebas incorporadas en los últimos días, Incardona analiza y escribe un dictamen para circunscribir los hechos investigados en una nueva carátula. Tampoco tiene imputados.

Los investigadores ya cuentan con algunos de los resultados de las pericias de los teléfonos y Aerolíneas Argentinas logró abrir las cajas negras del avión. Fue la forma que encontró el juzgado para acceder a la información guardada en los dispositivos que graban las conversaciones en la cabina de las aeronaves. Se trata de cajas negras de tecnología antigua, explicó una fuente del caso. El avión es de 1986.

La información extraída ya está en poder del juzgado federal de Lomas y va a ser analizada en las próximas horas. Permitirá a los investigadores escuchar las conversaciones del piloto y copilotos del día 8 de junio, al menos, cuando el avión partió de Ezeiza sin poder cargar combustible por las negativas de las petroleras a abastecerlo e intentó ingresar a Uruguay, donde las autoridades prohibieron el aterrizaje y obligaron a la tripulación a regresar a Buenos Aires.

Las cajas negras también permitirían corroborar si el avión efectivamente apagó o no el transponder, que transmite información para que las torres de control aérea puedan identificar a la aeronave y su altitud, como denunciaron diputados de la oposición. Si se determina que se apagó, el juzgado quiere establecer si es significativo o no para la causa.

Informes

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que el organismo sostiene que el piloto sería una autoridad de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air y que esta compañía formaría parte de una operación de las fuerzas Al-Quds y de la inteligencia iraní para trasladar personas y armas a lugares de conflicto en Medio Oriente, confirmó la fuente consultada. 

Durante el allanamiento a la aeronave el jueves último, el juzgado obtuvo al menos un elemento que relaciona al avión con esta compañía, Qeshm Fars Air, que está siendo analizado para entender los alcances de ese vínculo, afirmó una fuente de la investigación a elDiarioAR, que prefirió no especificar por el momento de qué elemento se trata.  

El avión varado en Ezeiza, según el FBI, no habría sido adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido como leasing por Mahan Air, otra aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. El leasing es una operación usual en la aviación. El juez solicitó a la compañía venezolana que acredite con toda la documentación necesaria cuál es su vínculo con la aeronave.

El venezolano Víctor Pérez Gómez, el gerente general de Operaciones de Emtrasur y uno de los tripulantes investigados, presentó una denuncia contra el director general de la PSA, José Glinsky, por el presunto allanamiento ilegal del Boeing antes de que interviniera la Justicia en el caso y como parte de la documentación que respalda su versión adjuntó un contrato denominado “Sale and Purchase and Technical Support Services Contract between LANCE TECH GENERAL TRADING and CONVIASA” y sostuvo que se trata del contrato de compraventa de la aeronave en su idioma original, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este expediente contra Glinsky aún no ha sido abierto y la fiscal Incardona debe determinar si considera que debe iniciarse una investigación, explicó la fuente del caso.

Sin embargo, el FBI no aportó aún ningún documento que acredite ese vínculo y que sirva como prueba para la Justicia argentina, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. El informe se basa en la información aportada por sus fuentes anónimas, protegidas, cuya identificación sería prácticamente imposible.

El juez Villena ya solicitó a Emtrasur que acredite la propiedad del avión con documentación, que la compañía venezolana no ha aportado por el momento.

Estados Unidos tampoco realizó ningún requerimiento sobre el piloto para su eventual extradición o interrogatorio.

El juzgado y la fiscalía no descartan la hipótesis de que algunos de los miembros de la tripulación estén vinculados a estas empresas sancionadas por los Estados Unidos, pero lo central para los investigadores es definir si pueden probar que cometieron algún delito en Argentina

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó oficialmente sobre las sanciones que pesan sobre estas dos aerolíneas -Mahan Air y Qeshm Fars Air- y sobre el avión. En la sanción la aeronave figura con matrícula iraní, que fue modificada en enero de este año a una matrícula venezolana cuando el avión cambió de manos, de Mahan Air a Emtrasur.

La causa ya cuenta con más de 40 medidas de prueba, que incluyen testimoniales, exhortos internacionales y a organismos de la aviación.

Se corrigió error de tipeo en Aerolíneas Argentinas el 20 de junio a las 14.36.

ED

Dos cajas negras, una notebook, un pendrive, una tablet y documentación son los elementos hallados en el Boeing 747 de bandera venezolana y secuestrados la madrugada del viernes por orden del juez federal Federico Villena, informó a elDiarioAR una fuente con acceso directo a la investigación que tiene a los diecinueve tripulantes iraníes y venezolanos impedidos de salir del país.

Este viernes por la mañana, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) finalizó el allanamiento a la aeronave que iba a ser llevado adelante el miércoles hasta que el procedimiento se filtró en los medios y el juez ordenó fajar la aeronave y suspenderlo por 24 horas. El ejecutivo Miguel Medina estuvo presente como representante de Boeing en Argentina.

El caso continuaba por cuarto día bajo secreto de sumario y sin imputados, según pudo confirmar elDiarioAR de dos fuentes directas de la investigación. 

La investigación comenzó la semana pasada con una denuncia realizada por un abogado contactado por Emtrasur. Rafael Resnick Brenner -exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone- se presentó ante el juez de turno, Villena, en nombre de los catorce venezolanos y los cinco iraníes para solicitar que se ordene a las tres petroleras que operan en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) que abastezcan de combustible al avión y que las autoridades devuelvan los pasaportes a los afectados para poder regresar a Caracas. Se abrió así un expediente denominado “Resnick Brenner, Rafael sobre Habeas Corpus”.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, dijo a radio ABC Color que su servicio de inteligencia alertó a Uruguay y Argentina sobre la supuesta conexión del avión y la tripulación con la Guardía Revolucionaria Islámica en Irán y las brigadas Al-Quds, consideradas terroristas por los Estados Unidos -aunque no por Argentina-. El alerta fue el 6 de junio, razón por la cual el avión no fue abastecido por las petroleras en Ezeiza ni pudo ingresar a Uruguay y Paraguay.

A su vez, González dijo que la información provino de la inteligencia estadounidense. Su país ya venía investigando a Emtrasur y el avión por un viaje realizado a mediados de mayo a Ciudad del Este. 

En aquella oportunidad, el avión ingresó, permaneció y salió de Paraguay sin problemas, pero la investigación surgió después, tras la revelación de la periodista Mabel Rehnfeldt. La aeronave había partido de Ciudad del Este con un cargamento de cigarrillos de la empresa Tabesa, propiedad del denunciado expresidente Horacio Cartes. Este viernes, el ministro de inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, afirmó a la emisora ABC: “De acuerdo a lo que nosotros sabemos, y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada a Al-Quds”, dijo sobre el piloto del avión varado.

El lunes último los tripulantes pasaron de denunciantes a denunciados tras dos presentaciones ante el juzgado realizadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) -en base a artículos periodísticos, según surge del documento- y diputados de la oposición -también basada en notas de medios-. 

La fiscal federal Cecilia Incardona ordenó abrir un nuevo expediente con la carátula “NN/sobre averiguación de delito”, informaron ambas fuentes. Los tripulantes no han tenido acceso a la causa. No están acusados de ningún delito y no son parte, pero están siendo investigados y tienen prohibido salir del país hasta que el juez Villena tenga en su poder los resultados de las pericias informáticas de los teléfonos, notebook y laptops secuestradas. No se encuentran detenidos y pueden circular dentro del país, aunque no tienen documentos que acrediten su identidad.

Las claves

La causa depende ahora de los resultados de tres medidas centrales: la identificación por huellas digitales que se les tomaron a los tripulantes y se enviaron a los Estados Unidos con el fin de determinar si algunos de los iraníes está vinculado a organizaciones terroristas; las pericias de los dispositivos informáticos secuestrados en el hotel y el avión; y el análisis de las cajas negras de la aeronave.

Las pericias informáticas se están realizando en tiempo récord, dijo una de las fuentes consultadas. Las copias forenses de los dispositivos secuestrados a los tripulantes el martes por la madrugada, durante el allanamiento al hotel donde se hospedan, ya fueron culminadas y se espera que este fin de semana haya resultados para aportar al juzgado, pero es una presunción.

Por cuestiones de acceso a tecnología específica, los teléfonos Iphone están siendo analizados por la Federal mientras que los de otros sistemas operativos quedaron en manos de la Policía porteña.

La causa avanzará o se cerrará de acuerdo a las evidencias o carencia de pruebas para retener a los tripulantes después de los resultados de las pericias y de la identificación o no de las huellas digitales.

Días de ocio

Durante el allanamiento en el hotel, tanto los tripulantes venezolanos como los iraníes sostuvieron la misma versión ante la Policía Federal: vinieron a Argentina a entregar un cargamento de autopartes que se cargó en México. 

Los diecinueve habían sido seguidos y vigilados durante todo el fin de semana del 11 y 12 de junio por orden del juzgado. En el interín, cambiaron de hotel: del Holiday Inn al Plaza Central Canning. Las tareas estuvieron a cargo de la Unidad Antiterrorismo de la Federal, la Agencia Federal de Inteligencia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Los iraníes hablan poco inglés, son de extremo bajo perfil y se movieron con menor frecuencia que los venezolanos, quienes salieron el viernes por la noche a un bar muy cercano al hotel, contó una fuente del caso a este medio. 

Podrían haber dejado el país en un vuelo de línea, pero se quedaron supuestamente a la espera de que el avión pudiera cargar combustible. La aeronave acumula unos US$40.000 de cánon por su estadía en la pista, según informó una fuente del sector aeronáutico. 

Una mujer integra la tripulación y tendría un cargo en la empresa Emtrasur, al igual que otros de sus compañeros de vuelo. Uno de ellos es ejecutivo del área de Finanzas, por ejemplo. Al menos dos de ellos tienen domicilios legales en Estados Unidos y España y varios tienen pasado militar. No tienen actividad en redes sociales.

Los venezolanos también mostraron a la policía durante el allanamiento sus tarjetas del banco Bi-National Bank, una entidad creada por Venezuela e Irán.

Tras las declaraciones del flamante jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien refirió que creía que los iraníes estaban instruyendo a los venezolanos sobre cómo pilotear el avión, los venezolanos redactaron un texto para presentar eventualmente ante el juez Villena con su descargo, pero hasta este miércoles no lo habían presentado. Allí explicaban que el motivo de que la tripulación estuviera integrada por personal civil y de ambas nacionalidades se debía justamente a eso: una fuente directa del caso explicó a elDiarioAR que los venezolanos sostienen que los iraníes estaban capacitando a los venezolanos sobre el manejo de Boeing 747-300, no porque los pilotos de Caracas no supieran volar sino porque se trata de un avión fabricado en 1986 -es muy viejo- y se requieren conocimiento específicos -según la versión de los tripulantes latinos- desde mecánica hasta mantenimiento.

Como el avión perteneció hasta el año pasado a la iraní Mahan Air y comenzó a volar con Emtrasur a finales de enero de este año, se supone que aún están en proceso de adecuación técnica.

elDiarioAR revisó las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en las que se basaron las petroleras que operan en Ezeiza para no cargar combustible al avión, varado desde el 8 de junio en el aeropuerto internacional. 

Estados Unidos mantiene sanciones contra Mahan Air, Conviasa (dueña de Emtrasur, según un decreto de Nicolás Maduro) y el avión con matrícula iraní (EP-MND) pero no con su actual matrícula venezolana (YV3531). También pesan sobre la empresa aérea de carga Qeshm Fars Air, pero no hay ningún nexo público de esa compañía con los iraníes. 

Conviasa hace vuelos regulares a Ezeiza y hasta el momento no había tenido impedimentos en Argentina.

El piloto

Hasta el momento, los únicos datos fehacientes sobre el piloto en dominio público son su nombre completo, su fecha de nacimiento y número de pasaporte -se filtró la foto de su pasaporte-, nacionalidad y un antecedente laboral: es sindicado como CEO de una compañía aérea iraní. Hasta al menos 2016, era CEO de Iranian Naft Airlines, según la agenda online de la cumbre de finanzas en aeronavegación iraní de ese año, en la que participaron decenas de autoridades del área de ese país. 

Iranian Naft Airlines cambió su nombre al año siguiente por Karun Airlines. Ninguna de las dos figura en la lista de sancionados de los Estados Unidos, según las búsquedas online en el Departamento del Tesoro de ese país. En algunos medios de comunicación se le ha adjudicado un cargo administrativo en otra aerolínea iraní que sí está sancionada por los Estados Unidos, Qeshm Fars Air, pero ni la DAIA -que lo incluyó en su denuncia- ni quienes lo publicaron explicaron de dónde surge ese dato o cuál es la fuente.

En un comunicado, la embajada de Israel en Argentina sostuvo que su país está “particularmente preocupado por la actividad Mahan Air y Qeshm Fars Air en América latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”. No hizo mención al piloto. 

ED

Alberto Fernández habló este sábado sobre el avión venezolano-iraní. Al respecto el Presidente de la Nación expresó que la oposición “trató de aprovechar” el tema del avión con matrícula venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza, y dijo que “quisieron mostrar algo oscuro que no es, algún movimiento oscuro del Gobierno, aunque nosotros actuamos rápidamente”.

“La oposición trató de aprovecharlo para vincularlo con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA. Es parte de la locura que se vive en la política argentina”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10.

Fernández también precisó: “Lo que pasó es que llegó un avión venezolano con una carga de México, contratada por una empresa argentina, donde no hubo ninguna irregularidad. A bordo del avión había cinco personas iraníes, respecto de las cuales hasta donde nosotros sabemos no pesa ningún tipo de restricción. Tampoco respecto de los venezolanos”.

En esa misma línea, Fernández admitió que podría haber problemas si se procede al cargamento de combustible para el avión. “Sí hay un problema con la carga de la nafta, porque las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden afectar a quien le de nafta a ese avión. Es un tema que hay que resolver”, detalló.

LG

En sintonía con lo expresado horas antes por el Estado de Israel a través de su diplomacia en Buenos Aires, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, aseguró este jueves que “sigue con gran interés” la investigación sobre el avión venezolano-iraní que permanece retenido por orden de la Justicia en el aeropuerto internacional de Ezeiza, al tiempo que destacó “el esfuerzo de las autoridades para esclarecer la situación”.

En un breve comunicado difundido por la embajada estadounidense, Stanley señaló que su país sigue “con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación”.

El avión Boeing 747 de la empresa estatal Conviasa llegó al país el pasado 5 de junio con cinco tripulantes iraníes (Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y, Abdolbaset Mohammadi) y 14 venezolanos.

Al respecto, la Embajada de Israel en Argentina aseguró que la aeronave utilizada por la empresa iraní Mahan Air se encargaba del traslado de “un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Qeshm Fars Air”.

“El Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”, señaló la embajada israelí.

Y advirtió que los hechos recientes “dan cuenta de los intentos sostenidos de la República Islámica de Irán, a través de la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds, para continuar consolidando su influencia en todo el mundo como base para acciones terroristas en el continente”,

Al igual que los Estados Unidos, Israel destacó “el accionar rápido, efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron en tiempo real la amenaza potencial”.

Con información de agencias.

IG

A través de un comunicado firmado por su embajada en Buenos Aires, Israel reconoció el accionar de las fuerzas de seguridad argentinas, pero manifestó su preocupación por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, a las que calificó como “empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”.

“Ante los hechos de público conocimiento referidos al aterrizaje de un avión iraní-venezolano perteneciente a una empresa aérea sancionada por los Estados Unidos, la Embajada de Israel manifiesta la preocupación del Estado de Israel al respecto”, dice el escrito.

El Estado de Israel describe que la aeronave, “que hasta hace poco tiempo era utilizada por la empresa iraní Mahan Air, aterrizó en Argentina llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Qeshm Fars Air”, al tiempo que dice estar “particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”.

Y agrega: “Los hechos recientes dan cuenta de los intentos sostenidos de la República Islámica de Irán, a través de la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds, para continuar consolidando su influencia en todo el mundo, incluso en Sudamérica, como base para acciones terroristas en el continente”.

Según el comunicado difundido este jueves, “esta situación se suma a otras operaciones registradas en los últimos meses como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá por parte de criminales que trabajaban para la Fuerza Quds en Colombia”.

Asimismo, recuerda que la Argentina fue “víctima de dos atentados terroristas perpetrados por Irán”, por lo que considera que “la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región”.

Al finalizar el comunicado, el Estado de Israel expresó “su reconocimiento por el accionar rápido, efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron en tiempo real la amenaza potencial de la aeronave a la luz de las sanciones que le fueron impuestas”.

Tanto Mahan Air como Conviasa están en las listas negras de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ambos casos, las medidas fueron tomadas por el gobierno de Donald Trump.

La línea aérea iraní fue sancionada por las autoridades estadounidenses por supuestamente colaborar con el traslado de personas, fondos y armamento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el conflicto de Siria y con el gobierno de Venezuela, según un comunicado del Tesoro de los Estados Unidos.

Con información de agencias.

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Bolivia se vio repentinamente envuelta en el caso del avión venezolano retenido en Ezeiza por las autoridades argentinas. Otro avión con tripulación iraní y de parecidas características al que se encuentra inmovilizado en Argentina aterrizó a las 14:00 del miércoles 15 de junio en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, llamando la atención de la prensa.

La decisión afecta a unas 400 personas: 200 que quedaron varadas en Bolivia y otras 250 en Buenos Aires.

El avión desviado a Santa Cruz de la Sierra es un Airbus A340-642 con matrícula YV3535, ahora propiedad del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), pero que originalmente navegaba con bandera iraní.

Estaba previsto que la nave, que había partido de Caracas, llegara a Buenos Aires para recoger a los 19 miembros de la tripulación del Boing de Conviasa retenido en esta ciudad. Debía hacer una escala en Santa Cruz y luego continuar vuelo hacia la Argentina. Sin embargo, por alguna razón, que la prensa local supone fue miedo a sufrir un problema similar al que ya tiene esta línea aérea en este país, el avión se quedó en Viru Viru y la tripulación, que también estaba compuesta por personas de origen iraní, viajó a Buenos Aires en un vuelo comercial de una nave de Boliviana de Aviación, programada para volver a Bolivia la noche del 15 con los 19 tripulantes liberados. 

La flota de Conviasa se halla sancionada por Estados Unidos, lo que dificulta sus operaciones en múltiples sentidos. Desde Argentina se reportó, por ejemplo, que las petroleras que operan en el aeropuerto se rehusaron a recargar de combustible al avión retenido. En Bolivia, estos problemas están allanados por el control estatal de todas las operaciones aéreas. El gobierno boliviano reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y rechaza las sanciones estadounidenses en su contra. En el pasado, el oficialista Movimiento al Socialismo ha mantenido buenas relaciones con Irán, a pesar de las sanciones que pesaban sobre este país.

El escándalo comenzó este lunes cuando el primer avión despertó las alertas internacionales al llegar a Ezeiza. El avión y los 19 tripulantes quedaron bajo la lupa de la justicia argentina que ordenó retenerlos en el país.

El juez que investiga la causa, Federico Villena, y la fiscal federal Cecilia Incardona ordenaron una serie de medidas para intentar establecer si hubo irregularidades en la aeronave que arribó el 5 de junio a Ezeiza.

El cónclave duró apenas unos minutos, por fuera del micrófono, sobre el estrado en altura que Sergio Massa tiene en la cabecera del recinto de la Cámara de Diputados. Al tigrense lo enfrentaban tres espadas de Juntos por el Cambio: Mario Negri, de la UCR, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica y Gerardo Milman, de PRO. A su lado derecho lo escoltaba Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista. Los cinco legisladores buscaban ponerse de acuerdo en los términos básicos para la avanzada que la oposición iba a llevar adelante segundos después, y que el kirchnerismo terminó bloqueando: exigir la presencia de varios funcionarios del Gobierno para dar explicaciones sobre el caso del avión venezolano con iraníes y que está retenido en Ezeiza. Lejos de la conversación previa, la situación contó con momentos de alto voltaje y cruce de acusaciones.

“Saben todos en esta Cámara que cuando se pronuncia la palabra Irán no es una marca, sino que tiene que ver con la política de alianzas de este Gobierno”, comenzó diciendo Negri una vez ubicado en su banca, el primero de los tres opositores en hablar para defender el pedido de interpelación oficial. “Es necesario que el Canciller aparezca, que no se esconda”, continuó el cordobés alzando cada vez más su tono de voz. “¿Esto es una joda o nos toman el pelo?”, llegó a preguntarse al final, casi a los gritos, luego de vincular el caso del avión con los atentados a la AMIA y la embajada de Israel, así como la muerte de Nisman, que consideró un “asesinato”.

El pedido de la oposición planteaba que la interpelación en el Parlamento de el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el canciller Santiago Cafiero, y los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; de Interior, Wado de Pedro; de Defensa, Jorge Taiana, y de Transporte, Alexis Guerrera. Todos ellos –entienden en JxC– tienen áreas a su cargo que estuvieron involucrados en el caso del avión, que pudo ingresar al país sin inconvenientes el lunes 6 de junio, pero que el viernes fue retenido por la Justicia luego de una denuncia del propio legislador macrista Milman, ex segundo de Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad. 

Ayer, el diputado le planteó a elDiarioAR que el vuelo de los iraníes correspondía a un “operativo de inteligencia venezolano-iraní en todo el cono sur”.

“No debemos ponernos al lado de los países que violan los derechos humanos”, apuntó hoy Milman dentro del recinto. El legislador recordó desde su banca que el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas fue felicitado por el venezolano Nicolás Maduro desde Teherán, donde estuvo en visita oficial hasta el lunes pasado. Luego mostró una lapicera, e intentó golpear al oficialismo en su interna, mientras Martínez lo miraba desde el otro lado de la Cámara con cara de fastidio y doblando unos papeles para contener la tensión: “No vamos a discutir los off ni la lapicera, a los argentinos les importa la inflación y estos temas de seguridad”.

Cerró la ofensiva opositora López y acusó al Gobierno de “inoperancia” y “desesperación”. “Ustedes guardan relación con un par de naciones marginales para que en algún momento tengan un lugar donde zafar”, le endilgó al oficialismo.

Entonces le tocó el turno a Martínez plantear la defensa oficialista. “Estamos convencidos de lo que han hecho las distintas agencias del Estado”, afirmó y acusó a la oposición de “montar un show mediático con el objetivo de desgastar al Gobierno”. Su alocución tuvo el eco de un aplauso cerrado de sus compañeros de bancada y despertó la ira del macrista Fernando Iglesias, sin tener su micrófono abierto. “¡No se enoje ni me grite!”, le contestó el santafecino. “¡Cállese la boca diputado Iglesias”, le espetó Massa.

Tras la polémica, se llamó a la votación nominal que terminó con 114 negativos y 104 afirmativos, impotente la oposición de contar con el necesario dos tercios de los 257 diputados para poder avanzar. Ya habían pasado casi dos horas de iniciada la sesión –con un quórum de 133 diputados, con las ausencias de Máximo Kirchner y Javier Milei– y que se esperaba maratónica hasta después de la medianoche, debido al temario variopinto a tratar: alivio fiscal para monotributistas y autónomos, prórroga por 50 años de asignaciones específicas para la cultura, beneficios para la compra de chapas de taxis, la creación de nuevos parques nacionales en Córdoba, Río Negro y Entre Ríos, y una ley para que todos los empleados públicos tengan capacitaciones sobre la cuestión Malvinas.

CC

Mientras el escándalo escala en diferentes estamentos nacionales e internacionales y se reclaman explicaciones por parte del Gobierno sobre la presencia en suelo argentino del avión venezolano que transportaba a los ciudadanos iraníes, el juez que investiga la causa, Federico Villena, y la fiscal federal Cecilia Incardona analizan por estas horas una serie de medidas de prueba para intentar establecer si hubo irregularidades en la aeronave que arribó el 5 de junio a Ezeiza.

Es así que Villena dispuso que el Boeing de Conviasa quede secuestrado en el aeropuerto ministro Pistarini y a disposición del juzgado para hacer las pericias que se consideren necesarias.

En el mismo sentido, la Justicia ya había prohibido la salida del país de los 14 venezolanos que participaron del vuelo junto a los cinco ciudadanos iraníes, a quienes ya se les habían retenido los pasaportes.

La medida fue tomada por el juez Villena, tras un allanamiento que realizó la policía federal el lunes en las habitaciones del hotel de la localidad bonaerense de Canning donde se alojan los tripulantes.

Los efectivos ingresaron al Hotel Plaza Canning, que se encuentra dentro del shopping que lleva el mismo nombre, con orden judicial en busca de elementos de interés para la pesquisa, como computadoras personales o “pendrives”, que podrían estar en posesión de los 19 tripulantes de la aeronave.

Mientras se realizaba la requisa, todos los tripulantes del avión aguardaron fuera de sus habitaciones, precisaron las fuentes.

El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal Incardona, quien este martes impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional

El juez Villena ordenó en las últimas horas que la Dirección Nacional de Migraciones retenga, al menos por otras 72 horas, los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes que conformaban la tripulación del avión.

La Policía Federal no sólo revisó los dormitorios de la comitiva del viaje de la sospecha, también ingresó a las habitaciones de todas las personas que pasaron la noche en ese hotel. “El hotel tiene tres pisos y se revisó todo”, informaron testigos. Tanto los iraníes como los venezolanos se mostraron tranquilos durante todo el operativo y no ofrecieron resistencia.

César Giuiggioloni, uno de los propietarios del Hotel Plaza Central Canning, precisó que los tripulantes del avión venezolano-iraní llegaron al lugar por medio de una agencia de turismo que suele trabajar con el complejo hotelero. Asimismo, aclaró que el allanamiento no es al hotel, sino que se trata de un procedimiento sobre las personas que están alojadas. “El hotel tiene 19 habitaciones y se revisó todo”, aseguró Giuiggioloni. 

Con información de agencias.

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