El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves una demanda contra JPMorgan Chase (JPMC) y su director general Jamie Dimon por cerrar sus cuentas y las de entidades relacionadas con él en febrero de 2021 presuntamente por razones políticas.

La demanda fue presentada en un tribunal estatal en Miami, Florida, y busca obtener al menos 5.000 millones de dólares en daños civiles.

El cierre de las cuentas se produjo después de los disturbios del 6 de enero de 2021 por parte de los simpatizantes de Trump en el Capitolio.

“Los demandantes están convencidos de que la decisión unilateral de JPMC se produjo como resultado de motivaciones políticas y sociales, y de creencias 'progresistas' (woke) infundadas de JPMC en el sentido de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y de sus puntos de vista políticos conservadores”, indica la demanda, según publicó la agencia Xinhua.

“Básicamente, JPMC cerró las cuentas de los demandantes porque consideró que el momento político lo favorecía”, agregaron.

Además, la demanda afirma que JPMC, por órdenes de Dimon, “publicó de manera ilegal e injustificable en una lista negra algunos de sus nombres o todos ellos, incluyendo el nombre del presidente de la Organización Trump con sus entidades afiliadas, y/o los de la familia Trump”.

La demanda alega difamación comercial y el incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo por parte de JPMC e infracciones de Dimon a la Ley sobre Prácticas Comerciales Injustas y Engañosas.

Por su parte, desde JPMorgan indicaron en una declaración que la demanda carece de mérito: “Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos”, dijo Patricia Wexler, vocera del banco. “JPMC no cierra cuentas por razones políticas o religiosas”, explicó.

“Sí cerramos cuentas que generan un riesgo legal o regulatorio para la compañía. Lamentamos tener que hacerlo, pero con frecuencia, las reglas y las expectativas regulatorias nos conducen a ello”, dijo Wexler.

Joe Biden indultó preventivamente al doctor Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley y a los miembros de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el atentado del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, haciendo uso de los poderes extraordinarios de su cargo en sus últimas horas ante una posible “venganza” de la Administración entrante de Donald Trump, quien jura el cargo este lunes.

Los indultos incluyen a dos destacados republicanos que han sido críticos con Trump, los ex congresistas Liz Cheney y Adam Kinzinger, quien podrían enfrentarse a represalias del presidente entrante.

En un comunicado, la Casa Blanca señaló que los perdones “no deben ser confundidos con el reconocimiento de que estos individuos han cometido algún delito ni su aceptación debe ser malinterpretada como una admisión de culpabilidad de cualquier infracción”.

Aunque es habitual que los presidentes concedan perdones al final de sus mandatos, la decisión de Biden amplía los indultos presidenciales a quienes no han sido investigados. Además, anticipa una posible crisis política y judicial si Trump pretende ir a por ellos.

“Son circunstancias excepcionales, y no puedo en buena conciencia no hacer nada”, dice Biden en el comunicado: “Incluso cuando los individuos no hayan hecho nada malo –y de hecho han hecho lo correcto– y en última instancia serán exonerados, el mero hecho de ser investigados o procesados puede dañar irreparablemente sus reputaciones y economías”.

La decisión de Biden se produce después de que Donald Trump advirtiera de la existencia de una lista de enemigos repleta de quienes se han cruzado políticamente con él o han tratado de exigirle responsabilidades por su intento de anular su derrota en las elecciones de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021.

Trump ha seleccionado para su gabinete a personas que respaldaron sus mentiras sobre las elecciones y que han prometido castigar a los implicados en los esfuerzos por investigarle.

Fauci, que ayudó a coordinar la respuesta de la nación a la pandemia de la COVID-19, despertó la ira de Trump cuando se negó a respaldar las afirmaciones infundadas del presidente electo. Así, el doctor se convirtió en blanco de un intenso odio por parte de la gente de derechas, que le culpa de las obligaciones de llevar mascarilla y otras decisiones que consideran que vulneran sus derechos, a pesar de ser medidas adoptadas mientras decenas de miles de estadounidenses morían.

Mark Milley es el ex jefe del Estado Mayor Conjunto y calificó a Trump de fascista y detalló la conducta de Trump en torno a la insurrección del Capitolio.

La CNN ha citado a Milley diciendo que estaba “profundamente agradecido” por la decisión de Biden: “Después de 43 años de servicio leal a nuestra nación, protegiendo y defendiendo la Constitución, no deseo pasar el tiempo que el Señor me conceda luchando contra aquellos que injustamente podrían buscar venganza por desaires percibidos”.

Biden ha batido el récord presidencial de indultos y conmutaciones individuales. El viernes anunció que conmutaría las penas de casi 2.500 personas condenadas por delitos de drogas no violentos.

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que indultará a sus seguidores involucrados en el ataque al Capitolio de 2021 a partir de su primer día en el cargo.

En una entrevista con el programa “Meet the Press”, de la cadena NBC News, Trump describió la situación de los encarcelados como “viviendo en el infierno”, argumentando que fueron sometidos a un “sistema muy desagradable”.

“Voy a actuar muy rápido. El primer día”, adelantó Trump, advirtiendo que algunos miembros del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero “deberían ir a la cárcel”.

Tras las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020, el entonces presidente Trump se negó a conceder la victoria a su oponente Joe Biden y afirmó que había un fraude electoral generalizado.

El 6 de enero de 2021, miles de partidarios de Trump entraron de forma violenta en el edificio del Capitolio e interrumpieron el proceso de certificación de las elecciones presidenciales de 2020, lo que provocó la evacuación de cientos de legisladores presas del pánico.

El mortífero ataque, que causó cinco muertos y cientos de policías heridos, es una “mancha histórica” para la democracia estadounidense, según un informe de la CNN publicado en junio de 2021.

Al menos 1.572 personas fueron acusadas en relación con el atentado.

Más de 1.251 fueron condenadas o se declararon culpables, lo que la convierte en una de las mayores investigaciones criminales de la historia de los Estados Unidos.

Entre ellos, al menos 645 fueron condenados a penas de prisión y unas 250 personas están detenidas.

Con información de Xinhua/NA.

IG

La corte de apelaciones de Washington DC dictaminó hoy que el expresidente Donald Trump (2017-2021) no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 e instigar el asalto al Capitolio.

“A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se convirtió en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal”, apunta la Corte. Y, por ello, “cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento”, escribe el tribunal.

El fallo es un duro golpe para la defensa de Trump, que argumentaba que la conducta que le imputa el fiscal especial Jack Smith formaba parte de sus deberes oficiales como presidente y, por tanto, lo eximía de responsabilidad penal.

Presumiblemente la defensa del magnate neoyorquino recurrirá el fallo para elevar el caso al Tribunal Supremo.

El arma de los abogados de Trump

El argumento de la inmunidad presidencial se convirtió en un arma recurrente para los abogados de Trump, quienes buscan retrasar al máximo el calendario judicial para evitar que coincida con la carrera electoral de las presidenciales de noviembre, en la que parte como el gran favorito para la nominación republicana.

La decisión judicial de hoy llega después de que el pasado 24 de diciembre Trump pidiera a la corte de apelaciones que anulara la decisión de un juez de menor instancia que en su momento rechazó los reclamos de inmunidad esgrimidos por su equipo de abogados. En el escrito al tribunal de apelaciones, el equipo legal de Trump señaló que la acusación es inconstitucional porque los presidentes no pueden ser procesados por la vía penal a menos que antes sean condenados por el Senado.

“Bajo nuestro sistema de separación de poderes, el poder judicial no puede juzgar los actos oficiales de un presidente”, señalaron los abogados de Trump, quienes alegaron que el día de los hechos el expresidente cumplía con sus “deberes oficiales” y vigilaba la integridad de las elecciones de 2020.

El 2 de febrero, la jueza federal Tanya Chutkan de Washington, que lleva el caso del asalto al Capitolio, pospuso la fecha de inicio del juicio, el cual debía arrancar el 4 de marzo, a la espera de la resolución anunciada este martes.

Cuatro casos

La de Washington es una de las cuatro imputaciones penales de Trump en varios tribunales. El magnate republicano está imputado en un tribunal estatal de Georgia por haber encabezado presuntamente una trama mafiosa para alterar los resultados electorales en el estado, donde perdió contra el actual presidente, Joe Biden.

En Nueva York fue imputado por supuestos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un “affaire” en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016.

Mientras que en Florida está acusado por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca tras abandonar el poder.

Esta será una semana clave para Trump ya que el Tribunal Supremo estudiará el próximo 8 de febrero si la Enmienda 14 de la Constitución inhabilita al expresidente para participar en los comicios dado que diversos estados lo acusan de haber encabezado una “insurrección” en 2021.

Se espera que el expresidente recurra la sentencia, lo que significa que el caso podría llegar en última instancia al Tribunal Supremo, donde los conservadores tienen mayoría.

El exintegrante del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, fue condenado hoy a 22 años de prisión por el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Se trata de la condena más dura impuesta hasta el momento por dicho incidente.

Antes de este fallo, la pena más severa era la correspondiente a Stewart Rhodes, fundador de la milicia de extrema derecha Oath Keepers ─otro de los grupos involucrados en el ataque. El líder fue hallado culpable de sedición y recibió una condena a 18 años de cárcel.

Los fiscales habían pedido una pena de 33 años de cárcel para Tarrio, quien estaba acusado de dirigir el ataque al Congreso por parte de otros miembros de la agrupación, pese a que no se encontraba en la capital estadounidense en ese momento.

Recientemente, Ethan Nordean, de 32 años, fue condenado por el juez Timothy Kelly a 18 años de cárcel, mientras que otros dos líderes de la agrupación fueron sentenciados a 17 y 15 años de prisión el pasado 30 de agosto. Se trata de Joseph Biggs, veterano de Irak y Afganistán que llevó a 200 miembros de Proud Boys al Capitolio para intentar impedir la declaración de victoria de Joe Biden, y de Zachary Rehl.

El pasado 1 de septiembre también recibió su condena Dominic Pezzola: 10 años de prisión con una libertad supervisada de tres y una multa de 700 dólares. Según quedó registrado en videos, él fue el primero en romper una de las ventanas del edificio con un escudo antidisturbios, lo cual permitió el ingreso de la multitud.

El asalto al Capitolio de enero de 2021 dejó al menos cinco víctimas fatales y 140 policías heridos. Como consecuencia del ataque, más de 1.100 personas resultaron arrestadas y acusadas.

ACM con información de agencias.

La Justicia estadounidense condenó a 17 y 15 años de prisión a dos cabecillas del grupo ultraderechista Proud Boys, Joseph Biggs y Zachary Rehl, por el asalto al Capitolio de enero de 2021.

Biggs y Rehl formaban parte del llamado “Ministerio de Autodefensa” de los Proud Boys, a través del cual establecieron una cadena de mando, reclutaron a miembros y planearon cómo ejecutar el ataque al Capitolio, según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Rehl, Biggs, Ethan Nordean y el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, de origen cubano, fueron hallados culpables en mayo de conspirar para cometer sedición. La Fiscalía había solicitado contra Rehl 30 años de cárcel y 33 contra Biggs.

El Departamento de Justicia consideró este jueves que “lideraron y participaron en todas las irrupciones” importantes en el edificio del Capitolio el 6 de enero.

Otro acusado junto a ellos, Dominic Pezzola, se libró en mayo del cargo de sedición, pero fue declarado culpable de asalto, resistencia a un agente de la autoridad y robo de bienes gubernamentales.

Mensajes llamando a la violencia

La declaración de culpabilidad llegó entonces después de una semana de deliberaciones en un tribunal federal de Washington.

Rehl era el presidente de los Proud Boys en Filadelfia. Según el diario local The Philadelphia Inquirer, lloró este jueves al conocer la sentencia, pidió perdón a su familia y afirmó que ya no quiere tener nada más que ver con la política. “Ya terminé con todo esto. Ya no más vender mentiras para otras personas que no se preocupan por mí”, dijo.

A lo largo del proceso, los fiscales mostraron mensajes y vídeos publicados por los propios acusados y otros miembros del grupo, que llamaban a la violencia y a la revolución contra el cambio en la presidencia. Según la acusación, los mensajes hablaban sobre la necesidad de la “guerra”, la “revolución” y el fusilamiento de traidores.

El día del asalto, relató el Departamento de Justicia, Rehl roció a un agente de policía con gas pimienta en la cara y Pezzola rompió una de las ventanas del edificio, lo que permitió que varias personas entraran al recinto, entre ellas Biggs.

Junto con otros integrantes de los Proud Boys, detalló el comunicado, Biggs y Rehl publicaron varios videos en redes sociales celebrando el asalto, al que calificaron de “histórico”.

La audiencia sobre la condena de Nordean está programada este viernes a las 14:00 hora local y el martes a las 14:00 está previsto que se conozca la de Tarrio.

El juez de distrito Timothy Kelly dijo este jueves que la Constitución da a los ciudadanos “muchos importantes derechos por los que los estadounidenses han luchado y muerto”, y subrayó, según la CNN, que los acontecimientos del 6 de enero “rompieron la tradición de una transferencia pacífica de poder”.

Ese día unas 10.000 personas –la mayoría simpatizantes de Trump– marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se certificaba la victoria electoral de Biden en los comicios de 2020. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

El propio Trump está imputado en Washington por los intentos para revertir el resultado de los comicios en 2020. Es uno de los cuatro casos penales en su contra y en todos ellos se declaró no culpable, la última vez este jueves en Georgia por intentar falsear el resultado de las presidenciales en ese estado. 

Con información de agencia de noticias EFE

A Donald Trump, el único expresidente imputado en la historia de Estados Unidos, le leyeron este jueves por la tarde sus cargos más graves hasta la fecha: cuatro delitos de conspiración y obstrucción por su papel protagonista en uno de los capítulos más oscuros de la democracia estadounidense: el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 que culminó en el asalto al Capitolio.

Ante la jueza, el magnate se declaró inocente de la acusación, que se remonta a los hechos ocurridos entre el 3 de noviembre del 2020, cuando perdió las elecciones presidenciales, y el 6 de enero del 2021, cuando hizo todo lo posible para anular su resultado, alentando a sus seguidores más radicales a tomar el edificio federal y exigiendo a su vicepresidente, Mike Pence, que detuviera la certificación de Joe Biden como nuevo inquilino de la Casa Blanca. 

En el interior del tribunal federal del Distrito de Columbia, por tercera vez en cuatro meses, le tomarán las huellas dactilares y le leerán el acta de acusación. Al igual que ya ocurrió en sus dos procesamientos anteriores, en Nueva York y en Miami, no se lo detuvo, ni se lo esposó, ni se le tomó una foto de frente y de perfil para la ficha policial, habida cuenta de la relevancia pública del sujeto.

La jueza que lleva el caso, Moxila Upadhyaya, quien presidió en la misma corte decenas de juicios a trumpistas que asaltaron ese 6 de enero la sede del poder legislativo, procederá a leerle al protagonista de esa efeméride los cuatro cargos que pesan sobre él: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento legal y conspiración para violar derechos civiles.

Máxima seguridad para una audiencia histórica

El expresidente, que podría haber comparecido de manera virtual, eligió hacerlo presencialmente para darse un nuevo baño de masas y victimismo, esta vez, en la capital del país. A media tarde, abandonó su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey) y se desplazó en jet privado hacia Washington. “Voy a Washington a ser arrestado por haber desafiado unas elecciones corruptas, robadas y amañadas. Es un gran honor porque estoy siendo arrestado por ustedes”, publicó Trump en redes antes de llegar al tribunal.

Ahí, lo esperaban algunos seguidores, con pancartas y disfraces, la mayoría de los cuales siguen convencidos de que Trump ganó las elecciones de 2020 y que está siendo víctima de una “caza de brujas”. En el exterior del edificio se produjeron enfrentamientos dialécticos entre fieles y detractores del magnate, pero ningún altercado mayor que haya impedido su comparecencia en los juzgados.

La policía de Washington y los Marshals, el servicio responsable de la seguridad en el interior de los tribunales federales, cortaron las calles y escoltaron al exmadatario hasta la puerta del edificio. El despliegue de fuerzas de seguridad que rodeó este acto ya se considera entre los más grandes que se realizaron en la historia del país para asegurar un proceso judicial.

Se acumulan los juicios

El fiscal especial que interpuso la acusación a Trump, Jack Smith, también acudió a la cita, como ya hizo en la audiencia de Trump en Miami. Smith fue designado en aras de la independencia judicial por el fiscal general del Estado, Merrick Garland, después de que Trump anunciara su candidatura para las primarias. También fue el fiscal encargado de investigar el caso de los documentos clasificados que el FBI encontró en la residencia privada de Trump en Florida, un caso por el que le imputó 40 delitos.

Todavía no hay fecha para el nuevo juicio que le espera al expresidente, que Smith ya aseguró que buscará que se dé “rápido”, presumiblemente antes de las elecciones. Si fuera el caso, Trump se encontraría con un calendario todavía más prieto en su recta final de la campaña electoral. De ser declarado culpable en este último caso, podría pasar el resto de su vida en prisión.

De momento, ya tiene programado un juicio el 2 de octubre por el caso de fraude en su negocio inmobiliario; otro el 25 de marzo del próximo año por la acusación de falsificación documental por los sobornos a la actriz Stormy Daniels; y el 20 de mayo, por los papeles de Mar-a-Lago. Además, en las próximas semanas, todavía le podría caer una cuarta imputación, y un cuarto juicio, por intentar manipular las elecciones presidenciales en el estado de Georgia.

Trump alegará libertad de expresión

El abogado del expresidente, John Lauro, dio este miércoles algunas pistas del camino que tomará su defensa en este juicio. En declaraciones a la CNN invocó a la Primera Enmienda de la Constitución y aseguró que la imputación “es un ataque directo a la libertad de expresión” y está “políticamente motivada”. En otras palabras, considera que las mentiras que expresó reiteradamente Trump antes y después de las elecciones, alegando sin pruebas que había sido víctima de un fraude electoral, y que condujeron al asalto al Capitolio, forman parte de la libertad de expresión.

Para intentar convencer al jurado, se enfrentará a los argumentos del fiscal especial Smith, que alega en el acta de acusación que el expresidente “propagó esas afirmaciones a sabiendas de que eran mentira”. Unas falsedades que “crearon una intensa atmósfera nacional de desconfianza y enojo y erosionaron la fe pública en las elecciones”, lo que formó parte de una conspiración para subvertir el orden constitucional.

En el mismo tribunal que juzgará al magnate han tenido lugar a lo largo de la historia cientos de juicios de gran relevancia política, como el de Mary Surrat, una de las implicadas en el asesinato del presidente Abraham Lincoln, que trató de evitar sin éxito su condena a muerte en 1865. O el de Charles Guiteau, también condenado a pena de muerte por el asesinato de un presidente, el republicano James Garfield, en 1882.

También se investigó aquí el caso Watergate, un escándalo surgido en los 70 a raíz del robo de documentos de la sede del Partido Demócrata de Estados Unidos, que terminó con el Gobierno de Richard Nixon, quien trató de encubrir a los responsables. En el tribunal donde se juzgará a Trump, se condenó a cinco de los asesores del expresidente.

LC

Por tercera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente fue imputado por la justicia. Se da el caso que, en las tres ocasiones, el encausado tiene el mismo nombre y apellido: el inconfundible Donald Trump. Los hechos de los que se le acusa no son menores: cuatro delitos relacionados con el intento de bloquear la transferencia pacífica del poder, principio esencial de cualquier democracia, después de las elecciones presidenciales del año 2020. Unos hechos que van desde el mismo día de los comicios, en noviembre, hasta el 6 de enero del 2021, cuando miles de sus seguidores enfurecidos asaltaron el Capitolio, la sede del poder legislativo del país, para detener la certificación de Joe Biden como presidente.

Concretamente, un gran jurado de Washington votó a favor de imputar a Trump por cuatro delitos penales, que sumados podrían comportar 50 años de prisión: conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos, conspiración para violar derechos, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Los dos primeros, de conspiración, pueden comportar hasta cinco años de prisión cada uno, mientras que los de obstrucción pueden llegar hasta los 20.

“Cada una de estas conspiraciones –que se basan en la desconfianza generalizada que el acusado creó a través de mentiras generalizadas y desestabilizadoras sobre el fraude electoral– tenía como objetivo parar una función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: el proceso nacional de recogida, recuento y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales”, afirma la acusación.

Así lo anunció este martes el fiscal especial Jack Smith, después de que hace dos semanas lo sugiriera el mismo Trump a través de su red social, Truth Social. Smith fue designado en noviembre por el fiscal general Merrick Garland para investigar este caso y el de los cientos de documentos clasificados que el FBI encontró en la residencia privada de la exmandatario, Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Por aquel caso ya fue acusado en junio de 37 delitos, que fueron ampliados a 40 la semana pasada, relacionados con la retención de los papeles en su residencia privada cuando ya había dejado la Casa Blanca, por hacer declaraciones falsas y por conspirar para obstruir la justicia, entre otros delitos.

Trump juega la carta victimista

Minutos antes del anuncio, Trump se adelantó a Smith, otra vez, a través de Truth Social: “Me dicen que el depravado de Jack Smith, con el objetivo de interferir en la elección presidencial del 2024, fabricará un nuevo juicio falso contra vuestro presidente favorito, yo, a las 5:00 P.M. ¿Por qué no lo hizo hace dos años y medio? ¿Por qué ha esperado tanto? Porque querían arreglarlo en mitad de mi campaña”.

Con estas palabras, la exmandatario insiste en la narrativa que lleva reiterando desde que recibió su primera imputación en abril por el caso de la falsificación documental para ocultar la trama de sobornos para comprar silencios, en plena campaña electoral, sobre la relación extramatrimonial que había mantenido diez años antes con la actriz Stormy Daniels.

De este modo, Trump acusa al fiscal de querer interferir en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre del año próximo, precisamente, cuando el fiscal Smith lo acusa a él de haber intentado bloquear el traspaso pacífico del poder después de las elecciones del 2020.

El papel victimista de Trump lo ayudó a sacar rédito de su campaña para las primarias republicanas, que domina con contundencia ante su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump cuenta con el 53,4% del apoyo republicano, mientras que DeSantis solo tiene el 15,6%, según el cálculo del modelo FiveThirtyEight. Y también lo ayudó a recaudar dinero para su campaña, con un auge pronunciado en las donaciones. Aun así, como contrapartida, el New York Times destapaba esta semana que gran parte de esta inyección económica se fue a gastos judiciales.

Tres (y quizás cuatro) imputaciones en plena campaña electoral

En estos momentos, además de las tres imputaciones que pesan sobre Trump, podría caer una cuarta por intentar interferir en las presidenciales en Georgia. Concretamente, en Atlanta, la capital del estado, donde el fiscal Fani Willis está investigando su intento de cambiar los resultados de las elecciones del 2020, y prevé que el gran jurado vote su imputación en las próximas semanas.

Además, Trump fue demandado por un caso de fraude inmobiliario en el estado de Nueva York en un juicio civil donde le piden 250 millones de dólares, que está fijado para el 2 de octubre. La fiscal general del estado, Letitia James, lo acusa, junto a sus tres hijos mayores –Donald Jr., Ivanka y Eric– y a su empresa inmobiliaria, la Organización Trump, de haber organizado “durante años un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento”. Concretamente asegura tener indicios de que la familia falsificó el valor de varias propiedades para engañar a bancos y prestamistas.

Por otro lado, el expresidente ya fue condenado a pagar 5 millones de dólares a la columnista E. Jean Carroll, dos en daños por el “abuso sexual” ocurrido en 1996 y tres por la “difamación” posterior. Así lo dictaminó un jurado del tribunal federal de Manhattan, que, después de escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, finalmente descartó el delito de violación.

De las tres imputaciones que ya tiene encima, dos tienen fecha de juicio, que coincidirán con un momento de ebullición de la campaña electoral del año próximo: primero llegará el juicio en Nueva York por el caso de falsificación documental para sobornar a Stormy Daniels, el 25 de marzo del 2024 y, dos meses más tarde, el caso de los documentos clasificados, el 20 de mayo. En las próximas semanas tendrá fecha el tercer juicio histórico al exmandatario, en este caso, por su implicación en un intento de golpe de estado.

LC

Estados Unidos tuvo 46 jefes de Estado, pero solo uno fue procesado por delitos penales, Donald Trump. El empresario y de nuevo aspirante republicano, que ya pasó a la historia como el primer presidente en pasar por dos juicios políticos (impeachment) en el Congreso, sigue liderando las encuestas para las primarias del Partido Republicano del año que viene mientras está a punto de recibir su tercera acusación formal en tan solo cuatro meses. Un gran jurado federal de Washington puede imputarlo ahora por su intento de bloquear la sucesión del poder tras perder las elecciones en 2020.

Cada vez más acorralado por un sinfín de causas civiles y penales, estatales y federales, relacionadas con su vida personal, sus negocios y su presidencia, Trump sentó un inédito y peligroso precedente: entre otras causas pendientes, lo investigan por falsificar documentos para sobornar, por llevarse papeles clasificados a su residencia, por tratar de manipular unas elecciones presidenciales, por sus intentos de obstruir la justicia y por su implicación en el asalto al Capitolio.

Todo ello generó un complejo panorama que embarra la campaña presidencial y que está profundizando en la ya dramática polarización de la sociedad estadounidense. Los más fieles al exmandatario, sumidos en su cosmovisión paranoica, argumentan que está siendo víctima de una “caza de brujas” promovida por un supuesto “Estado profundo”. Trump aprovechó la situación para llenar las arcas de su campaña, que comenzó con problemas de dinero y ahora rebosa, con más de 30 millones de dólares (unos 27 millones de euros) recaudados desde el mes de abril.

Después de recibir su tercera histórica imputación, este es el estado de los líos judiciales en los que anda metido expresidente:

Implicación en el asalto al Capitolio

Tipo de caso: penal

Localización: Washington

Estado: pendiente de un anuncio próximo

Fecha del juicio: sin fecha

El 6 de enero de 2021, después de escuchar un instigador discurso de Trump, unas 2.500 personas se dirigieron hacia la sede del poder legislativo estadounidense para tratar de detener la certificación de Joe Biden como presidente, que estaba teniendo lugar en su interior. Un millar de esos manifestantes, entre los que se encontraban miembros de las milicias ultraderechistas Oath Keepers y Proud Boys, ya han sido acusados o condenados por la justicia.

La comisión bipartidista que investigó los hechos en el Congreso, y que recomendó al Departamento de Justicia que se abriera un proceso judicial contra el expresidente. Sigue pendiente la votación del jurado de Washington sobre la imputación contra el exmandatario, según los cargos presentados por el fiscal especial, Jack Smith. Una reunión este jueves de la Fiscalía con los abogados del Trump y el servicio secreto que todavía se encarga de su protección indica que puede haber un anuncio pronto.

Documentos clasificados en Mar-a-Lago

Tipo de caso: penal

Localización: Florida

Estado: imputado con 40 cargos

Fecha del juicio: 20 de mayo de 2024

El mismo fiscal especial, Smith, imputó a Trump el 9 de junio tras su investigación sobre el manejo de los cientos de documentos clasificados que el FBI requisó en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Con el voto a favor del gran jurado, lo acusó de 37 cargos que incluyen delitos federales por llevarse sin permiso esos papeles después de dejar la Casa Blanca en 2021 y retenerlos cuando la justicia se los requirió. A estos 37 cargos, de los que Trump se declaró “no culpable” en junio, el fiscal especial añadió este jueves otras tres nuevas acusaciones.

Entre los 40 cargos que pesan sobre él, en 32 se le imputa por apropiación intencionada de información de defensa nacional, en tres por la ocultación de los documentos a las investigaciones federales, en dos por hacer declaraciones falsas al FBI y tres por conspiración para obstruir a la justicia. Estos últimos delitos los cometió presuntamente junto con dos de sus ayudantes, Walt Nauta y Carlos De Oliveira. Según los nuevos delitos imputados este jueves, Trump intentó borrar grabaciones de vigilancia de Mar-a-Lago junto a estos miembros de su equipo.

La jueza que lleva el caso, Aileen M. Cannon, ya ha fijado la fecha para el inicio del juicio, el 20 de mayo de 2024, es decir, en plena campaña electoral, seis meses antes de la votación de las presidenciales, que serán el 5 de noviembre. Así lo decidió después de una reunión con las partes, en las que encontró un punto medio entre la defensa de Trump, que quería que el juicio empezara tras las elecciones, y la fiscalía, que aspiraba a hacerlo en diciembre de este año. Cannon, que fue designada de manera aleatoria para este caso, fue nombrada juez de distrito por Trump en noviembre del 2020, dos meses antes de abandonar la presidencia y llevarse los documentos.

Sobornos para ocultar escándalos sexuales

Tipo de caso: penal

Localización: Nueva York

Estado: imputado por 34 delitos

Fecha del juicio: 25 de marzo de 2024

El pasado 4 de abril, Trump recibió su primera imputación penal. Después de la toma de huellas dactilares y la lectura de cargos de su procesamiento en un tribunal estatal de Nueva York, se declaró inocente ante el juez de los 34 cargos de los que se le acusa. Se trata de delitos de falsificación documental relacionados con una trama de sobornos en la campaña electoral de 2016 para ocultar las relaciones extramatrimoniales que Trump había mantenido diez años antes con la actriz Stormy Daniels y la modelo Playboy Karen McDougal.

A pesar de que el pago para acallar un escándalo mediático no es delito en Nueva York, sí lo es la falsificación documental a la que Trump habría recurrido para reembolsar los 130.000 dólares (unos 118.000 euros) del soborno a su abogado Michael Cohen, que confesó los hechos en 2018. Un delito menor, que podría ser agravado si se demuestra que la falsificación sirvió para la comisión de otro delito, como la violación de la ley electoral. En caso de prosperar, podrían caerle a Trump un máximo de cuatro años de cárcel.

El juicio está previsto para el 25 de marzo, unas semanas después de las primeras votaciones de las primarias republicanas de las que saldrá el candidato para las presidenciales de noviembre. La acusación corre a cargo del fiscal de distrito Alvin Bragg y será supervisado por el juez Juan Merchán. Trump ya los insultado llamando a uno “delincuente” y a otro, “depravado”. El expresidente considera “muy injusta” la sede elegida, puesto que el jurado que decidirá sobre su caso proviene de Manhattan, un distrito ampliamente demócrata y donde él tiene la sede de su negocio y, hasta 2019, su residencia.

Interferencia en las presidenciales de 2020

Tipo de caso: penal

Localización: Georgia

Estado: en curso de investigación

Fecha del juicio: sin fecha

La siguiente imputación del magnate podría estar al caer en Georgia. Concretamente, en el condado de Fulton (Atlanta), donde la fiscal de distrito Fani Willis está investigando el intento de Trump cuando todavía era presidente de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado. Willis convino un gran jurado especial ―sin autoridad para aprobar imputaciones― que, después de escuchar el testimonio de 75 personas, recomendó que se procese al expresidente con cargos penales.

La base de la acusación, que se espera que sea inminente, es la grabación de una llamada que Trump mantuvo con el secretario de Estado de Georgia y responsable de las elecciones, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021, poco después de confirmarse la derrota de Trump en este estado decisivo. Durante esta llamada, el expresidente le pidió que manipulara el resultado electoral: “Solo quiero encontrar 11.780 votos”, se le escucha decir en tono amenazante.

Ahora Willis está en el proceso de presentar la evidencia ante un gran jurado tradicional, con la autoridad para imputar al expresidente y que ha sido seleccionado a principios de este mes. Willis aseguró que el enjuiciamiento de Trump por este caso es “inminente” y podría llegar durante este verano. Por su parte, Trump solicitó al Tribunal Supremo de Georgia que eliminase las pruebas recogidas por el gran jurado especial, alegando que sus derechos habían sido violados por Willis durante el proceso, una petición que fue desestimada.

Demanda por fraude en su negocio inmobiliario

Tipo de caso: civil

Localización: Nueva York

Estado: en proceso

Fecha del juicio: 2 de octubre de 2023

En octubre empieza el juicio que implica al expresidente, a sus tres hijos mayores ―Donald Jr., Ivanka y Eric― y a su empresa inmobiliaria, la Organización Trump. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, los acusa de haber organizado “durante años un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y al de la Organización Trump”.

Concretamente, asegura tener indicios de que la familia falsificó el valor de varias de sus propiedades para engañar a bancos y prestamistas. En esta demanda, de carácter civil, James pide que paguen 250 millones de dólares (unos 226 millones de euros) al estado y que se les prohíba permanentemente operar en Nueva York. Trump, que prestó declaración sobre el caso a principios de abril y fue interrogado durante horas por James, intentó retrasar el proceso seis meses, una petición que un juez rechazó recientemente, por lo que se prevé que el juicio comience en poco más de dos meses.

Condena por abuso sexual y difamación

Tipo de caso: civil

Localización: Nueva York

Estado: condenado a pagar cinco millones de dólares por abuso sexual y difamación

Fecha del juicio: 25 de abril de 2023

Trump fue condenado el 9 de mayo, tras dos semanas de juicio, a pagar cinco millones de dólares (4,5 millones de euros) a la columnista E. Jean Carroll, dos en daños por el “abuso sexual” producido en 1996 y tres por “difamación”, al haberlo negado en los años posteriores. Así lo dictaminó un jurado del tribunal federal de Manhattan, que, después de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, finalmente descartó el delito de violación.

Carroll había acusado a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes en la década de 1990. En 2019, publicó un libro contando los detalles y acusando al expresidente por violación y, después de que Trump lo negara, lo acusó ante el tribunal de Manhattan de violación y difamación. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es condenado por abuso sexual. Al tratarse de un juicio civil, la única sanción legal a la que se enfrenta Trump es económica.

Donald Trump anunció que lo van a detener y a juzgar por el asalto al Capitolio. La Fiscalía aún no reveló de qué se lo acusa, pero la comisión de investigación del 6 de enero de 2021 ya recomendó procesarlo por varios delitos que incluían incitación y apoyo a una insurrección, conspiración contra Estados Unidos, obstrucción y falsedad.

El mayor problema para el expresidente es que las pruebas contra él son abrumadoras. Trump empujó a sus partidarios a ir al Congreso aquel día con un objetivo clarísimo: impedir que se certificara su derrota electoral y poder así perpetuarse ilegalmente en el poder.

Después, mientras veía por televisión la invasión en toda su violencia, se negó a enviar ayuda y también a pedir a sus partidarios que abandonaran el asalto. Para terminar, defendió a los culpables y bombardeó la investigación. Todo está ampliamente documentado.

Un acto premeditado

A Trump el asalto no pudo tomarlo por sorpresa. Él mismo convocó a sus seguidores en Washington el día 6 (“Ven, ¡va a ser salvaje!”) y él mismo les dijo específicamente esa mañana que se dirigieran hacia el Capitolio: “Si no luchan como el demonio, no tendrán país. Vamos a bajar por la avenida Pennsylvania y vamos a ir al Capitolio”.

Ni por un momento ocultó que el objetivo era intimidar a los legisladores. Sus últimas palabras ante la multitud fueron: “Vamos a darle el orgullo y la valentía necesaria para recuperar nuestro país. Bajemos por la avenida Pennsylvania”.

Es importante saber además que no fue un arrebato, sino un acto premeditado: desde su derrota en las urnas, el jefe del Estado Mayor temía que Trump intentara dar un golpe de estado y sus principales consejeros sabían que el 6 de enero quería ir personalmente al Congreso con los suyos.

Por supuesto, también sabían lo que estaba en juego: antes de que Trump saliera de la Casa Blanca, sus asesores se lamentaban de que “les iban a imputar por todos los delitos imaginables” y el entonces presidente se planteó incluir en su discurso una promesa de indulto para los seguidores que se metieran en problemas por ir al Capitolio.

De hecho, según confirmó el propio Trump, el único motivo por el cual él mismo no fue personalmente al Capitolio aquel día fue porque sus guardaespaldas del Servicio Secreto no se lo permitieron. Una de sus antiguas asesoras en la Casa Blanca declaró que casi llegó a las manos con el jefe de su servicio de seguridad cuando le dijo que no podían llevarlo allí porque era imposible garantizar su protección.

El testimonio de esa asesora también es clave en cuanto a que indica que Trump estaba perfectamente al corriente del riesgo que aquella multitud suponía. El expresidente sabía antes de su discurso que muchos de sus seguidores iban armados hasta los dientes: habían preferido no entrar al área vallada donde iba a hablar para no pasar por los detectores de metales del Servicio Secreto y que les requisaran las armas.

“Me importa una mierda si llevan armas”, dijo Trump, según su asesora, “no están aquí para hacerme daño a mí, que quiten los p***s detectores”.

Según la declaración de muchos de los asaltantes, el discurso de Trump esa mañana fue para ellos una orden directa de tomar el Capitolio. Les explicó que el entonces vicepresidente, Mike Pence, tenía en su mano “parar el robo” anulando el resultado electoral, gracias a que presidía el pleno del Congreso que debía certificar el ganador.

Al mismo tiempo, la multitud empezó a recibir la noticia de que Pence había decidido mantenerse dentro de la ley y no hacer tal cosa. Era el fin, la derrota. Biden iba a ser presidente, a no ser que “bajaran por la Avenida Pennsylvania” para impedirlo, como les había pedido su líder.

Trump lo vio todo por televisión

En ese momento, Trump ya estaba en una situación que se aproximaba mucho al delito de “obstrucción de un procedimiento oficial” y al de “conspiración para defraudar a EEUU”.

También quizás al de “incitación a una insurrección”, aunque la peor parte del delito de “ayudar a una insurrección” estaba por llegar y comenzó pasadas las 13.00 hora local del 6 de enero, cuando un malhumorado Trump regresó a la Casa Blanca. Según cruzaba la puerta, uno de sus ayudantes le comunicó que había manifestantes saltándose los controles de seguridad y tratando de entrar por la fuerza al Congreso, que estaba en sesión certificando el resultado electoral.

Durante las siguientes tres horas, el exmandatario asistió al asalto al parlamento democrático del país que presidía sin tomar medida alguna: lo vio todo por televisión, pero se negó a pedir a sus partidarios que abandonaran el Capitolio y tampoco encabezó la respuesta del Gobierno ante una insurrección armada.

Por motivos no muy claros, durante esas horas no se conservan los registros de llamadas de la Casa Blanca y tampoco hay fotos del expresidente, ya que se prohibió acercarse al fotógrafo oficial que debe seguir todos sus movimientos. Lo que sabemos de lo que hizo y no hizo Trump durante la crisis es gracias a los testigos que hablaron con la comisión de investigación, a los mensajes de algunos altos cargos y a la incesante actividad en redes sociales que mantuvo.

Sabemos que estaba “de buen humor” mientras sus partidarios peleaban con la policía que protegía el edificio y que los gritos de “ahorquemos a Mike Pence” le gustaron especialmente. Sabemos que diferentes asesores, además de sus hijos, trataron durante más de tres horas de convencerle una y otra vez de que pidiera públicamente a los suyos que se fueran del Capitolio. Sabemos también que en ningún momento se puso en contacto con el director del FBI o con sus Ministros de Seguridad o de Defensa para trazar un plan para defender la legalidad.

A las 14:00 hora local, con la multitud ya dentro del edificio y los senadores y congresistas de ambos partidos corriendo para salvar sus vidas, Trump estaba tuiteando un fragmento de su discurso de esa mañana. Poco antes de las 14:30, cuando su vicepresidente ya había tenido que ser evacuado junto a su familia, con los violentos pisándole los talones, Trump volvió a tuitear poniéndole aún más leña al fuego: “Mike Pence no ha tenido el valor de hacer lo que había que hacer para proteger a nuestro país”.

Trump veía la televisión, pero además contaba con testimonios directos. Habló por teléfono con algunos legisladores de su partido que estaban viviéndolo todo desde dentro, pero él seguía pendiente sobre todo de su conspiración electoral.

En una conversación particularmente tensa con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Trump intentó decirle que los violentos eran extremistas de izquierdas infiltrados, primero, y luego, tomó claramente partido por los asaltantes: “¿Sabes lo que veo, Kevin? Veo personas que están más enfadadas que vos por las elecciones, personas que quieren a Trump más que vos”.

Las llamadas y mensajes se acumulaban en el teléfono de su jefe de gabinete, provenientes sobre todo de personas horrorizadas con lo que estaban viendo: “Tiene que pararlo”, “va a morir gente”, “tiene que hacer algo ya”... pero Trump solo accedió durante las primeras horas a tuitear una petición a los suyos de “permanecer pacíficos” y reclamó “respeto” para la policía.

Mensajes de amor

A las 15:00 hora local, ya medio mundo estaba viendo a los trumpistas más extremos entrar en el Senado, haciéndose selfies, destrozando despachos y robando mobiliario. La policía del Capitolio había tenido además que disparar contra una manifestante cuando trataba de traspasar una puerta para acercarse a los congresistas.

El Ejecutivo había ordenado por fin el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, pero Trump no participó en la decisión. Por fin, el expresidente dejó de ver la tele y salió al jardín de la Casa Blanca para grabar un video para su fieles. Sus consejeros le habían advertido de que si no lo hacía, su propio Gobierno podría activar el procedimiento legal para inhabilitarlo.

Le hicieron falta tres intentos y no dudó en incluir una declaración de amor: “Esta elección fue un fraude, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales”.

Desde que pidió con desgana a los suyos que se marcharan a casa, Trump los defendió. Incluso la misma tarde del 6 de enero, mientras centenares de policías y militares de la Guardia Nacional peleaban por recuperar el control del Capitolio, el expresidente tuiteó (a través de su cuenta suspendida posteriormente): “Estas son las cosas que pasan cuando le arrancan sin miramientos una victoria sagrada y abultada a unos grandes patriotas que fueron injustamente maltratados durante tanto tiempo. Vayan a casa con amor y paz. ¡Recuerden este día para siempre!”.

Trump ni siquiera detuvo del todo su intento de golpe. Incluso con los legisladores habiendo vivido en carne propia el asalto, su equipo siguió llamándolos para intentar que votaran en contra de la certificación de la victoria de Biden. No lo logró, pasadas las 03:00 de la madrugada hora local, el Congreso dio luz verde a los resultados y puso la fecha de caducidad definitiva a su mandato.

Desde entonces, de tanto en tanto, Trump intenta hacernos creer que la violencia fue cosa de “infiltrados” de extrema izquierda, pero fue progresivamente avanzando hacia la glorificación de los asaltantes: les promete indultos, recauda dinero para sus gastos legales y los menciona en sus mítines. Según él, incluso los condenados por graves actos de violencia contra la policía son unos perseguidos políticos heroicos.

También, discretamente, intentó esquivar sus propias responsabilidades. Cuando su exasesora Cassy Hutchinson fue a declarar ante la comisión de investigación del 6 de enero, recibió un mensaje que decía: “Él sabe que eres leal y que vas a hacer lo correcto cuando vayas”. Su testimonio, sin embargo, fue tan perjudicial para Trump que, rápidamente, este pasó a desacreditarla llamándola “ridícula” y “bocona”.

Su versión puede ser clave para condenar al expresidente por algunos de los delitos que probablemente cometió y por los que ahora va a ser juzgado. También para imputarle nuevos cargos que puedan incluirse en la acusación, como “intimidar o asaltar a miembros del Congreso”, algo que, a la luz de los hechos, parece evidente que Trump hizo sí o sí.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump rechazó la condena por abuso sexual a la escritora E. Jean Caroll que recibió el martes y la llamó “loca” en medio de aplausos y risas de la audiencia convocada por una de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, la CNN. El exmandatario tendrá que pagarle cinco millones de dólares, dos por el abuso sexual al que la sometió en 1996 y tres por difamación, al haberlo negado en los años posteriores. 

El republicano se burló de la columnista, quien lo acusó de haber abusado de ella en los probadores de una cadena de grandes almacenes de Nueva York, y aseguró que el juicio estaba comprado durante un encuentro con ciudadanos organizado por la cadena CNN. “Juro por mis hijos que no tengo ni idea de quién es esta mujer. Es una historia falsa, inventada”, dijo el exmandatario. También insinuó que no pudo hablar durante el juicio, pero en realidad su defensa eligió no llamar a ningún testigo ni declarar.

El magnate también defendió sus comentarios machistas previos, como cuando dijo que “cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras. (...) Como agarrarles por la vagina. Lo que quieras”. Trump argumentó que no dijo que él las agarrara, sino que ellas se dejan agarrar por hombres influyentes y ricos: “No lo voy a retirar porque es verdad. Es verdad desde hace un millón de años”.

Trump llama “persona desagradable” a la entrevistadora

Trump respondió a preguntas de la periodista Kailtan Collins y de votantes en la audiencia sobre diferentes temas, incluyendo el asalto al Capitolio, las elecciones de 2020 donde fue derrotado por el actual presidente Joe Biden, la guerra en Ucrania y el aborto.

Las interacciones entre Trump y la periodista fueron tensas en varios momentos, con el expresidente llegando inclusive a insultar a Collins, llamándola una “persona desagradable”, lo cual fue recibido con aplausos por parte del público.

El día del asalto al Capitolio: “Un día hermoso e increíble”

El expresidente hizo eco, una vez más, de sus denuncias falsas de fraude electoral en los comicios presidenciales que dieron la victoria a Biden, señalando que fueron unas elecciones “arregladas”. A su vez, defendió sus acciones durante el asalto al Capitolio, objeto de una investigación por parte de un fiscal especial del Departamento de Justicia. Para Trump, el día que cientos de sus seguidores irrumpieron violentamente en el edificio del Congreso y donde murieron 5 personas “fue un día hermoso e increíble”.

El exmandatario dio un paso más allá en su defensa del 6 de enero y aseguró que, de ser elegido presidente, ofrecería un perdón presidencial a gran parte de las personas que fueron condenadas por la Justicia por sus acciones durante el asalto.

A su vez, rechazó las otras investigaciones judiciales que tiene pendiente, entre ellas el caso por el manejo de documentos clasificados y su intento de interferencia en el conteo de votos en Georgia.

La decisión de CNN de transmitir un programa de este formato con Trump fue criticada duramente por algunos políticos demócratas y analistas políticos. “Creo que fue una decisión profundamente irresponsable (...) que puso a una víctima de abuso sexual en riesgo y fue vergonzoso”, señaló la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en una entrevista con la cadena MSNBC. Por su parte, el legislador Daniel Goldman, escribió en su cuenta de Twitter: “¿Por qué CNN ha organizado un mitin de Trump?”.

Los herederos de Brian Sicknick, agente de Policía del Capitolio que murió durante el asalto del 6 de enero, han presentado una demanda contra dos participantes del incidente y el expresidente Donald Trump.

La demanda -presentada este jueves, un día antes del segundo aniversario del asalto- afirma que Trump es responsable de haber agitado a sus simpatizantes con mentiras sobre el proceso electoral.

“Mientras el agente Sicknick y cientos de otras personas, incluidos otros agentes, funcionarios electos y trabajadores del Capitolio, corrían peligro de muerte, y mientras la mafia insurgente profanaba la sede de la democracia estadounidense, el acusado Trump vio cómo se desarrollaban los eventos en la televisión desde la seguridad de la Casa Blanca”, reza la denuncia.

“Los horribles eventos del 6 de enero de 2021, incluida la muerte trágica e injusta del agente Sicknick, fueron una consecuencia directa y previsible de las acciones ilegales de los demandados”, han añadido los demandantes, según recoge la cadena CNN.

En este sentido, la demanda sostiene que el exmandatario instó a sus simpatizantes a “luchar como locos” y “mostrar fuerza”, alegando que ha cometido crímenes de conspiración, negligencia y agresión.

Los demandantes han reclamado al menos 10 millones de dólares (9,5 millones de euros) a cada uno de los acusados, por daños y perjuicios, así como daños punitivos.

Europa Press.

IG

El exmandatario norteamericano Donald Trump, en caso de ser electo nuevamente como presidente de los Estados Unidos, dijo que indultaría de parte del Gobierno a los manifestantes que intentaron asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. “Me refiero a indultos completos con una disculpa para muchos”, declaró en una entrevista.

Trump contó que se reunió con algunos acusados ​​del 6 de enero esta semana y aseguró que está ayudando económicamente a algunos de ellos. “Estoy apoyando financieramente a personas que son increíbles y estuvieron en mi oficina hace dos días, por lo que están muy presentes en mi mente”, comentó.

El expresidente, que no confirmó oficialmente una candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, agregó: “(Si) decido postularme, y si gano, buscaré con mucha, mucha fuerza, indultos, indultos completos”. “Es una vergüenza lo que les han hecho. Lo que le han hecho a esta gente es vergonzoso”, sentenció.

“Probablemente, eso sea lo mejor, porque incluso si van a dos meses o seis meses (a prisión), tienen sentencias que podrían ser mucho más largas que eso”, dijo Trump. “Estamos trabajando muy duro en eso, estamos trabajando con los legales”.

Las declaraciones de Trump fueron el mismo día en que el presidente Joe Biden dará un discurso en Filadelfia, donde advertirá sobre las amenazas extremistas a la democracia estadounidense y los esfuerzos para “rescatar el alma de nuestra nación”.

Asalto al Capitolio del 6 de enero

El 6 de enero de 2021, Trump dio un discurso en el que repitió su versión falsa de fraude electoral y urgió a la multitud congregada en Washington a “luchar”. Acto seguido, sus partidarios atacaron el Capitolio cuando el Congreso certificaba la victoria del colegio electoral de Joe Biden en las elecciones del 2020.

El hecho fue descripto por medios estadounidenses como “el peor ataque a la sede de la democracia en más de dos siglos”. Casi 20 meses después, más de 370 de sus impulsores se declararon culpables de cargos federales o fueron condenados en un juicio, y más de 220 fueron sentenciados.

La insurrección tuvo como saldo cuatro muertos y un oficial llamado Brian D. Sicknick, quien fue rociado con un potente químico irritante, tuvo un derrame cerebral al día siguiente y falleció. Además, unos 140 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

LC

Las tomas descartadas del discurso grabado de Donald Trump el día después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 muestran al expresidente diciendo insistentemente: “No quiero decir que las elecciones han terminado”.

Las imágenes, inéditas hasta entonces, se reprodujeron por primera vez en la novena de las dramáticas audiencias públicas de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto. La sesión de este jueves se centró en la negativa de Trump a actuar mientras se producía el asalto por parte de sus seguidores.

La vicepresidenta de la comisión de investigación, la republicana de Wyoming Liz Cheney, dijo que habrás más audiencias en septiembre.

El video en el que se ve a Trump intentando grabar el discurso fue filmado la noche del 7 de enero, más de 24 horas después de que el entonces presidente incitara a una turba a atacar el Capitolio en un intento de retrasar o detener la certificación de la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden.

Ese proceso fue presidido por el vicepresidente de Trump, Mike Pence. La vista de este jueves contenía nuevas y estremecedoras pruebas de que los agentes del Servicio Secreto de Pence pensaron que él y ellos podrían ser asesinados.

El ataque fracasó, pero se ha relacionado con nueve muertes y casi 900 personas han sido acusadas de delitos y faltas, entre otros cargos por conspiración y sedición.

Trump sigue con su mentira de que las elecciones fueron objeto de un fraude electoral a gran escala y ha sugerido que pronto anunciará una nueva candidatura a la presidencia. Todavía podría enfrentarse a cargos penales.

Enfadado y golpeando el atril

En las imágenes reproducidas en el Congreso este jueves, se ve a Trump intentando pronunciar el discurso, con errores y quejas y con indicaciones fuera de la pantalla de su hija y asesora, Ivanka Trump.

“Me gustaría empezar abordando el atroz ataque de ayer”, comienza Trump, antes de hacer una pausa.

Después, sigue: “Y a los que infringieron la ley, lo pagaréis. No representáis a nuestro movimiento, no representáis a nuestro país. Y si rompisteis la ley...”

Trump se para de nuevo, moviendo un dedo y negando con la cabeza.

“No puedo decir eso”, dice. “No lo voy a hacer, ya he dicho 'lo pagaréis'”.

Tras la pausa, Trump vuelve a empezar: “Los manifestantes que se han infiltrado en el Capitolio han profanado la sede de ... es 'profanado', ¿no? No puedo verlo muy bien. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Vamos”.

“Pero esta elección ya ha terminado. El Congreso ha certificado los resultados”, dice, y es ahí cuando el mandatario se detiene de nuevo.

“No quiero decir que las elecciones han terminado. Solo quiero decir que el Congreso ha certificado los resultados sin decir que las elecciones han terminado, ¿de acuerdo?”, dice.

Se escucha a Ivanka Trump dando indicaciones y sugerencias fuera de cámara. Trump se repone, golpeando el atril con un puño y vuelve a comenzar.

“Me gustaría empezar abordando los atroces ataques de ayer”, pero vuelve a hacer una pausa, diciendo: “'Ayer' es una palabra difícil para mí”.

Ivanka dice: “Simplemente quítala. Di 'el atroz ataque'”.

Trump dice: “Ah bien, quita la palabra 'ayer' porque no funciona con 'el ataque atroz contra nuestro país'. Di 'en nuestro país'. ¿Quieres decir eso?”

Volviendo a empezar, Trump dice: “Mi único objetivo era asegurar la integridad del voto”.

Hace una pausa y hace un gesto de enfado, luego repite: “Mi único objetivo era asegurar la integridad del voto”.

Frustrado, Trump vuelve a golpear el atril.

Traducción de Lara Lema

El expresidente republicano de EEUU decidió no intervenir mientras partidarios suyos irrumpían con violencia en el Capitolio de Washington. Prefirió pasar la tarde en la Casa Blanca, y miró el asalto por tevé. Así de rotundo fue el resumen de la agenda de Donald Trump durante el 6 de enero de 2021 que ofreció el jueves el Comité del Congreso que investiga los hechos de aquel día y lo acusa de pasividad deliberada.

“Era la única persona en el mundo capaz de parar a la multitud. No pudo ser movilizado ni por sus asistentes ni por sus aliados. Ignoró las peticiones desesperadas de su propia familia, incluidos (sus hijos) Ivanka y Donald Jr.”, dijo el titular de esa Comisión, el demócrata Bennie Thompson. Esta nueva sesión del jueves, emitida en vivo por tevé en el horario de máximo rating, fue la octava y última de las celebradas en público por el Comité. Los interrogatorios públicos comenzaron un mes atrás, con el solsticio de verano boreal, y se reiniciarán en un mes, cerca ya del equinoxio de otoño, la estación durante la cual, en las elecciones legislativas de noviembre, el oficialismo demócrata perderá sus ajustadas mayorías en ambas cámaras, según los sondeos.

El foco estuvo puesto en el arco temporal que separa el momento en que Trump, hablando al aire libre en aquel frío día de invierno, arengó a la multitud para que hiciera oír su voz disonante en el Capitolio hasta que a las 16.17 colgó un video en Twitter donde por primera vez, 187 minutos más tarde, dijo a sus bases movilizadas que debían abandonar la sede del Congreso.

En total participaron en la protesta unas 10.000 personas —la mayoría trumpistas— y cerca de 800 irrumpieron en el edificio del Legislativo federal de EEUU mientras se estaba certificando formalmente la victoria del demócrata Joe Biden (y la derrota de Trump) en las presidenciales de noviembre. La jornada dejó cinco muertos y unos 140 agentes heridos.

Tres horas y media de espera

Para el Comité los 187 minutos examinados proporcionan un ejemplo claro de abandono de poder por parte del exmandatario. Hasta el video de las 16.17, Trump,había publicado tres tuits. Uno para deplorar que su vicepresidente, Mike Pence, se negara en el Senado a revisar el resultado de las elecciones. Y dos para insistirles a los manifestantes que fueran pacíficos y respetaran la ley. Trump se rehusaba a pedir la paz y fue su hija quien lo persuadió de la conveniencia de formular el pedido usando esta poco belicosa palabra.

El Presidente permanecía en la Casa Blanca. Trump había intentando, en vano, que sus choferes lo condujeran hasta el Capitolio. Así lo recordó el jueves, y ya lo había detallado el 28 de junio, Cassidy Hutchinson. Esta testigo clave para los fines del Comité era entonces asistente de Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump.

De haber llegado el Presidente al Congreso, conjeturó otro testigo, un agente de seguridad, habría dejado de ser una manifestación pública para convertirse en “algo más”. “No sé si quieren usar la palabra insurrección, golpe de Estado o lo que sea”, respondió al Comité cuando le pidieron su opinión.

Los dos testigos principales fueron este jueves Matthew Pottinger, colaborador del asesor de Seguridad Nacional en el Gobierno de Trump, y la entonces viceportavoz de la Casa Blanca, Sarah Matthews. Uno y otra presentaron sus renuncias después del asalto al considerarlo “indefendible”.

Si Trump hubiera querido dirigirse rápidamente a la Nación, según Matthews, podría haberlo hecho en menos de un minuto. Ese es el tiempo que se tarda en ir desde el comedor privado del Ala Oeste hasta llegar a la Sala de Prensa de la Casa Blanca.

Trump hace lo que quiere, la escolta de Pence se asusta, y el Servicio Secreto borra sus mensajes

Trump seguía el desarrollo de los acontecimientos por televisión, y prefería la cobertura periodística de la cadena derechista Fox News. En lugar de hacerles caso a sus asesores y movilizar a las fuerzas del orden, el Presidente tenía criterio propio. Llamó a su abogado, Rudy Giulani, y a senadores que estaban dentro del Capitolio para impulsarlos a retrasar la certificación de los resultados electorales. Mientras la manifestación ya se desplazaba por el interior del edificio del Congreso, agentes de la escolta del vicepresidente Mike Pence temieron por sus vidas y, ante el miedo a la muerte, según relató un funcionario de Seguridad el jueves, empezaron a comunicarse telefónicamente con sus cónyuges y familiares, para despedirse.

Entre la gente preocupada por cómo estaba deteriorándose la situación y por sus implicaciones estuvo el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que pidió al yerno de Trump, Jared Kushner, que intercediera. El 7 de enero, el expresidente seguía negándose a dar por cerradas las elecciones.

El Comité esperaba contar con una serie de mensajes de texto del Servicio Secreto enviados el 5 y 6 de enero y que podrían haber ofrecido más detalles, pero solo ha recibido uno. El resto fue borrado en el marco de una migración del sistema previamente planificada y según los medios no puede recuperarse.

Este jueves se ha sabido que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una investigación penal sobre esos mensajes desaparecidos en el tránsito del sistema anterior al nuevo. Ha pedido al Servicio Secreto que interrumpa su propia investigación interna, ya en curso, para que no haya solapamientos e injerencias.

Audiencias anteriores habían servido para determinar vínculos entre el expresidente y su círculo con grupos supremacistas que lideraron la protesta y para incidir en que el entorno más cercano de Trump le recalcó repetidamente que su teoría del robo de las elecciones carecía de fundamento.

La primera dama, Melanie Trump, señaló este jueves en Fox News que ella no condenó de forma inmediata los tumultos desencadenados. Esa tarde se encontraba trabajando, contó, y tardó en ponerse al corriente y enterarse del aumento crítico de la violencia.

AGB con información de agencias y medios

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y los miembros más cercanos de su equipo eran conscientes de que existía riesgo de violencia por parte de sus seguidores en la jornada del 6 de enero de 2021, cuando debía ratificarse su derrota en las elecciones presidenciales, y aun así siguieron con sus planes.

Así lo ha contado Cassidy Hutchinson, una ayudante del entonces jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, quien ha testificado este martes ante el comité de la Cámara Baja de EEUU que investiga el asalto al Capitolio de ese día. Allí ha ofrecido detalles del grado de conocimiento que Trump y su equipo tenían de las posibilidades de violencia.

Según el relato de Hutchinson, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, le aseguró unos días antes del 6 de enero que esa fecha iba a ser “grande”, mientras que su jefe, Meadows, le confesó que las cosas podían ir “muy, muy mal” en esa jornada.

El mismo 6 de enero, Trump pronunció un discurso desde los alrededores de la Casa Blanca ante sus seguidores, a los que animó a que marcharan hacia el Capitolio, en medio de sus denuncias infundadas de fraude electoral.

De acuerdo con la versión de Hutchinson, el expresidente fue alertado ahí mismo de que varias de las personas que querían asistir a presenciar su discurso portaban armas de fuego, a lo que él respondió: “No han venido aquí a hacerme daño a mí”. Enojado porque no había tantos asistentes como él deseaba, Trump ordenó a los servicios de seguridad que dejasen entrar a todos los presentes, sin importar si llevaban armas.

Poco después, cientos de sus simpatizantes irrumpieron en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras para ratificar la victoria electoral de Joe Biden. Un total de cinco personas fallecieron en esos sucesos, entre ellas un agente que sufrió un infarto horas después del asalto.

La exayudante de Meadows también ha explicado que en las horas previas al discurso de Trump, varios de sus abogados intentaron rebajar el tono de sus palabras para evitar que se usasen términos como “luchar”, pero no lograron resultados.

Las imágenes son terribles; el discurso, aterrador. Si la primera audiencia, el jueves pasado, del comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 es representativa de las que vendrán, las sesiones transmitidas por televisión en horario de máxima audiencia serán reveladoras y perturbadoras. Y aunque intentan dilucidar qué pasó un día de invierno de hace 18 meses, no tratan del pasado de Estados Unidos. Son una advertencia sobre el futuro.

No se equivoquen. Las declaraciones sobre lo que ocurrió exactamente cuando una turba violenta irrumpió en los pasillos del Congreso de Estados Unidos con el objetivo de anular unas elecciones presidenciales democráticas e impedir que se pudiera certificar la victoria del candidato demócrata Joe Biden, son una valiosa e impactante aportación a la historia. 

La comisión de la Cámara de Representantes que lleva un año investigando el intento de insurrección -y que recabó más de 140.000 documentos y hablado con más de 1.000 testigos- descubrió que cuando Donald Trump supo que los asaltantes gritaban “que cuelguen a Mike Pence”, su vicepresidente, reaccionó con un “se lo merece”. 

“Era una carnicería”

De hecho, imágenes inéditas y nuevos testimonios sirven para terminar con opiniones como las de un congresista republicano, que había afirmado que el comportamiento de los asaltantes del Capitolio, fue como el de cualquier “visita turística normal” o que, como seguía insistiendo el jueves el presentador más visto de Fox News, Tucker Carlson, no fue más que un “poco memorable e insignificante brote de violencia”. Por el contrario, Caroline Edwards, una agente de policía que sufrió una lesión cerebral traumática ese día, explicó cómo los insurgentes la estamparon contra una pared dejándola inconsciente y cómo la rociaron con gas pimienta y gases lacrimógenos. Había tanta sangre en el suelo que resbaló. “Era una carnicería”, afirmó. “El caos”.

Además, el entorno de Trump sabía que los actos violentos fueron provocados por una mentira. Ellos sabían perfectamente que Biden había ganado las elecciones presidenciales y que el candidato republicano las había perdido. El fiscal general de Trump, William Barr, declaró que en su opinión la afirmación de que las elecciones de 2020 habían sido robadas era “una sandez”. La hija de Trump, Ivanka, estuvo de acuerdo.

Muchos de los republicanos del Congreso que ese día apoyaron la mentira sabían que era una estupidez, y sabían que estaban rompiendo su juramento al consentirla. Los investigadores han descubierto que “muchos” congresistas republicanos se apresuraron a pedir el perdón presidencial a Trump por lo que hicieron, es decir, por intentar anular unas elecciones legítimas.

Algunos republicanos se consuelan pensando que ahora mismo los votantes tienen otras preocupaciones en la cabeza, que a medida que se acercan las elecciones legislativas los estadounidenses estarán más preocupados por una inflación que Biden no consigue frenar que por la incitación de Trump a una insurrección. Esperan que el precio de la gasolina, a 10 dólares el galón, importe más que la gasolina que el presidente republicano echó al fuego de la ira de sus partidarios hace año y medio.

Por desgracia, en lo que respecta a la política esa previsión podría ser correcta. Es poco probable que los demócratas cambien los resultados de su partido con un argumento, aunque sea convincente, sobre el pasado. Pero eso no convierte los hechos del 6 de enero de 2021 en una causa perdida, y mucho menos irrelevante. Porque lo que se está investigando no es el pasado. Es el presente.

La prueba más evidente de que no se están investigando hechos pasados es el propio Trump. Ha tenido algunos contratiempos en esta temporada de primarias, en la que no siempre se han impuesto sus candidatos favoritos en las luchas internas del partido, pero su control sobre el partido republicano perdura. La mayoría asume que si Trump quiere ser el candidato presidencial republicano en 2024, lo será. Por supuesto, sigue sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por el asalto al Capitolio. En vísperas de la primera sesión sobre el asalto, publicó en sus redes sociales que ese día “representó el mayor movimiento de la historia de Estados Unidos para volver a ser un gran país”.

Pero incluso si Trump no vuelve, o no intenta volver, a la Casa Blanca, lo cierto es que el expresidente estará presente en el futuro de Estados Unidos. Sean cuales sean sus próximos movimientos personales, el trumpismo es ahora el credo que define a la tribu republicana. Las encuestas revelan que una gran mayoría de los votantes republicanos creen la mentira que él ha consolidado -que las últimas elecciones presidenciales estaban amañadas- y están convencidos de que Trump ganó los comicios de noviembre de 2020.

Cambio de leyes electorales

Con independencia de que en las próximas elecciones el candidato presidencial republicano sea finalmente Trump o un político más disciplinado -como el gobernador de Florida Ron DeSantis-, el trumpismo, permanentemente en pie de guerra y con su desprecio por las normas democráticas, está ahora muy presente en el paisaje estadounidense.

Esta es la razón por la que las sesiones que se están celebrando deberían considerarse más como una advertencia sobre el futuro que como un juicio de hechos del pasado. El 6 de enero de 2021, los partidarios de Trump estaban decididos a trastocar unas elecciones democráticas. Fracasaron solo porque el país contaba con garantías y salvaguardas para impedirlo, ya sea funcionarios electorales estatales decididos a contar los votos y a contarlos de forma justa, o un sistema judicial que desestimó la veracidad de las alegaciones de fraude electoral. Pero en 2024 la situación habrá cambiado porque los republicanos se han ocupado de que así sea.

Los republicanos han estado trabajando, de forma metódica y en estados de todo el país, para desmantelar las garantías que sostienen la democracia estadounidense. Solo en 2021, al menos 19 estados gobernados por los republicanos aprobaron medidas cuyo propósito oficial era atajar el (inexistente) fraude electoral, pero cuyo efecto práctico será la supresión de votantes, dificultando el voto de los estadounidenses de bajos ingresos y de las minorías en particular. Los esfuerzos por socavar la democracia no han terminado.

Lo más alarmante es que varias cámaras locales de mayoría republicana, los órganos depositarios del poder legislativo en los 50 estados, han tratado de ponerse a sí mismas o a sus aliados a cargo de lo que solía ser una maquinaria electoral no partidista, instalando a los republicanos -incluyendo a los leales a Trump- en las oficinas donde se cuentan y certifican los votos. Peor aún, hay movimientos para hacer que las legislaturas estatales sean la única autoridad que pueda gestionar los comicios, terminando con el papel que desempeñan los tribunales. Por ejemplo, los republicanos que controlan la legislatura de Wisconsin podrían decidir que ellos y sólo ellos asignarán los votos electorales del estado, independientemente de a quién hayan votado los ciudadanos de este estado. Si se pudiera volver a los comicios de 2020 en este nuevo entorno alterado, los estados que se mantuvieron firmes en esa ocasión y dieron a Biden la victoria que había ganado legítimamente, podrían entregar el poder en 2024 al perdedor.

El aniversario del Watergate

El cambio clave aquí está en el propio partido republicano. El jueves por la noche, Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, hizo una labor admirable al decir a sus compañeros republicanos que cuando Trump se vaya su “deshonra permanecerá”. Se trata de una política atípica, aislada y condenada al ostracismo en su partido.

Este viernes se cumple el 50º aniversario de las escuchas del Watergate. Pero si ese hecho ocurriera ahora, se desarrollaría de manera muy diferente. Los medios de comunicación de la derecha ni siquiera lo cubrirían, al igual que la Fox no cubrió la primera sesión del jueves pasado. En estos momentos, no se concibe que los republicanos del Senado se vuelvan contra un presidente republicano de la forma en que sus predecesores se volvieron contra Richard Nixon cuando se demostró que estaba detrás de las escuchas ilegales del edificio Watergate, expulsándolo de la Casa Blanca. Podemos hacer esta afirmación porque sabemos que no se han puesto en contra de Trump a pesar de lo sucedido.

Hace casi una década, el académico David Runciman escribió un libro titulado La trampa de la confianza. Argumentaba que el problema de la democracia es que cada vez que sobrevive a una crisis, la gente asume erróneamente que es indestructible. 

Confiamos en que la democracia puede sobrevivir a cualquier ataque si ha sobrevivido al último. En los Estados Unidos de hoy, esa confianza parece no tener sentido. Estados Unidos sobrevivió por poco a Trump el 6 de enero de 2021 y las salvaguardas que lograron frenar el ataque se debilitan cada día que pasa.

Traducción de Emma Reverter.