A un año de la condena dictada en la causa Vialidad, militantes de La Cámpora y de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales se concentraron este miércoles frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, para expresarle su respaldo y reclamar el fin de lo que consideran una proscripción política.

La ex mandataria salió en varias oportunidades al balcón de su departamento ubicado en la calle San José 1111 para saludar a los manifestantes. Vestida con un saco verde y un jean, se mostró sonriente ante los cientos de simpatizantes que se acercaron al lugar.

Durante uno de los momentos de la jornada, incluso acompañó desde el balcón el estribillo de “Jijiji”, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en un gesto que muchos interpretaron como un homenaje al recientemente fallecido Indio Solari, histórico amigo de la familia Kirchner.

La convocatoria tuvo como eje central el acompañamiento a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ), a quien los organizadores consideran víctima de una condena injusta en el marco de una persecución política y judicial.

A lo largo de la tarde, frente al edificio se desplegaron banderas, pancartas y consignas en favor de la ex jefa de Estado. También participaron representantes de organizaciones gremiales y movimientos sociales que reclamaron su liberación y cuestionaron el accionar de la Justicia.

La actividad incluyó una radio abierta impulsada por distintos sindicatos, intervenciones de referentes políticos y la proyección de un video sobre la situación económica y social del país desde que se conoció la sentencia contra la ex presidenta.

En paralelo, se desarrollaron actos y encuentros militantes en distintos puntos del país. Según los organizadores, las actividades buscaron vincular la situación judicial de Cristina Kirchner con las dificultades económicas que atraviesa gran parte de la población.

Las convocatorias se replicaron en ciudades como San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, San Juan y Trelew, además de numerosas localidades bonaerenses, entre ellas Morón, Quilmes, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Tigre, Escobar e Ituzaingó.

La jornada formó parte de una serie de acciones impulsadas por el kirchnerismo para mantener vigente el reclamo por la situación judicial de Cristina Kirchner y reforzar la denuncia de una supuesta proscripción política de la principal referente del espacio.

Con información de la agencia NA

Este miércoles se cumplirá un año del histórico fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que ejecutó la pena contra la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, acontecimiento que marcó un punto de quiebre en el sistema político y que dejó en estado de shock y movilización permanente a los seguidores kirchneristas.

Asimismo, en las últimas horas, los consejeros de la Magistratura que representan al kirchnerismo Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti expusieron el lunes en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA los resultados del informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de la expresidenta y del resto de las personas condenadas por delitos federales.

En tanto, Axel Kicillof hizo un posteo en redes sociales en el que sostuvo que un año atrás “se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”.

De acuerdo al gobernador bonaerense, “Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: 'no podía no saber'”. “Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, apuntó Kicillof.

“A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, concluyó.

Un año de shock para el PJ, las vigilias militantes y la polémica del balcón

Los días que precedieron a la condena judicial de CFK se vivieron en un clima de extrema tensión social e institucional en toda la Argentina, con el Partido Justicialista (que había elegido como titular a la ex jefa de Estado) en estado de alerta deliberativo y vigilias de emergencia, denunciando un intento de “proscripción” para sacarla del escenario electoral que se avecinaba.

El 9 de junio, la exmandataria dio su último discurso presencial en la sede de Matheu 130, donde calificó su inminente detención domiciliaria como un “certificado de dignidad” ante la persecución del “Partido Judicial”

Hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, enfrentado a Máximo Kirchner, se acercó ese día para escucharla y transmitirle su solidaridad, pero fue recibido con provocaciones por la militancia camporista. 

La idea de resistir colectivamente el arresto fue desechada rápidamente y la propia Cristina Kirchner esperó la notificación del fallo confinada dentro de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución, esquina que se convirtió hasta estos días en punto de peregrinación de la militancia. 

Desde el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema (10 de diciembre), miles de simpatizantes se acercaron a la esquina de San José 1111 a montar guardias de apoyo y vigilias que duraron semanas, con consignas contra la “proscripción”.

Mientras el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo celebraban el encierro de Cristina Kirchner, la ex mandataria tomaba contacto con la militancia a través del balcón de su vivienda, con efusivos saludos y hasta bailes que despertaban la euforia y el alivio de sus seguidores.

La aparición frecuente en el balcón generó disgusto entre quienes consideraban que una persona condenada no podía trivializar su condena o alterar la convivencia en el vecindario.

No obstante, la Justicia aclaró que Cristina Kirchner podía hacer uso del balcón con “buen juicio, prudencia y sentido común”, por lo que se zanjó la polémica y no hubo inconvenientes para que siguiera manifestándose en ese sector de su vivienda.

Entre el 10 y el 12 de junio se realizaron cortes masivos por parte de sindicatos y movimientos sociales en accesos clave a la Capital Federal, escalando el conflicto social. 

Mientras la Corte Suprema definía las condiciones de detención y en el kirchnerismo se barajaba la opción de una inmensa movilización a los tribunales de Comodoro Py para acompañar a Cristina Kirchner para su notificación formal, la ex presidenta esperó dentro de su domicilio. 

El 17 de junio recibió la notificación del arresto de forma virtual y comenzó de inmediato a cumplir la pena de prisión.

El Tribunal Oral Federal 2 le había impuesto el uso de una tobillera electrónica y restricciones para recibir visitas, lo cual fue calificado por el kirchnerismo como un “trato degradante” y discriminatorio que ni siquiera se aplicaba a represores de la última dictadura militar.

Pese a la persistencia de los reclamos, los pedidos de revisión de las condiciones de detención fueron desestimados por la Justicia hasta el día de hoy.

El 18 de junio se realizó la primera movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, que tuvo un inmenso acompañamiento social pese a que la CGT decidió no marchar de forma orgánica ni oficial. 

Desde su confinamiento en San José 1111, Cristina Kirchner empezó a recibir visitas de carácter político y personal de forma casi diaria, lo que generó reparos de parte de sus detractores, quienes consideraban que no correspondía que una persona inhabilitada realizara actividad política.

Cuando se difundió una reunión política con nueve economistas, la polémica cobró mayor magnitud y el TOF 2 le impuso limitaciones estrictas en el régimen de visitas, con un tope de tres personas en simultáneo y por un lapso no mayor a dos horas.

Desde entonces, Cristina Kirchner y su entorno político sostienen un reclamo público para la flexibilización de las condiciones de detención, que consideran “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”.

La campaña por “Cristina Libre” se adueñó del accionar militante del ala kirchnerista, que busca convertir esa causa en la principal demanda del campo opositor, aunque eso suponga entrar en tensión con otros sectores del peronismo como el que lidera Kicillof.

La denuncia del PJ por las condiciones de detención de CFK

Los consejeros de la Magistratura que representan al kirchnerismo Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti expusieron hoy los resultados del informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner y del resto de las personas condenadas por delitos federales

“Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”, concluyeron durante la actividad realizada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA.

Los expositores coincidieron en señalar que estas medidas no responden a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión política orientada a limitar su actividad pública, condicionar a la dirigencia política y obstaculizar la reorganización del “campo nacional y popular”.

El informe da cuenta, por ejemplo, de que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en nuestro país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.

“Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”, consideró Tailhade.

A su turno, la consejera Vanesa Siley presentó datos que a su entender “demuestran el carácter arbitrario y discriminatorio de las condiciones de detención impuestas a Cristina Fernández de Kirchner”.

Siley señaló que, en la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas tiene restricciones en materia de visitas.

Asimismo, indicó que, entre las personas privadas de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina kIRCHNER es la única sometida a limitaciones para recibir visitas.

“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, expresó.

La consejera también vinculó la situación de la ex presidenta con una larga tradición de persecución contra líderes populares.

“A los dirigentes que representan los intereses de las mayorías no se les gana por la vía democrática. Los formalismos institucionales permanecen, pero las garantías fundamentales son vulneradas. A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, remarcó.

Por su parte, el senador Mariano Recalde afirmó que “Cristina es una presa política”.

“Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”, apuntó.

A su criterio, “el informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino y señaló a la actual Corte Suprema de Justicia como uno de los principales problemas institucionales.

“La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo”, planteó la mendocina.

“Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, remató.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En relación a los hijos de la expresidenta, son 19 las propiedades las que recibieron por herencia o que fueron recibidas por Máximo y Florencia en cesión.

Además, la resolución que tomó Casación también llega a los bienes de Lázaro Báez. La decisión busca dar cumplimiento al decomiso de $684.990.350.139,86 y forma parte de la condena de prisión a seis años que cumple en su domicilio Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta.

¿Quién tomó la decisión?

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes llegaron a la resolución y, el último magistrado fue quien votó, en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes tanto de Máximo como de Florencia Kirchner, más algunas empresas de Báez.

A su vez, por mayoría quedaron desestimaron la totalidad de los recursos. Sobre esto, Hornos con su voto dijo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, agregó que se trata de un “ilícito comprobado” el cual tiene condena firme. Y señaló que los delitos durante la etapa kirchnerista con la obra pública vial nacional crearon “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

¿Qué dijo Hornos sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner?

Respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta el Juez Hornos finalizó diciendo que ya había habido una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la instancia de la sentencia previa, sumando que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que objetaron.

Además, sentó en rechazo a la argumentación de que el decomiso de los bienes heredados o recibidos de forma gratuita vulneraría los principales de la constitución como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Y agregó que tales objeciones ya fueron tratadas.

Otro de los puntos que marcó al respecto es que si bien Máximo y Florencia no fueron están en la causa penal, lo propio no impide el decomiso de los bienes porque “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”. Y explicó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Por su parte, el Juez Borinsky, dijo que es inadmisible el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y, a la vez marcó que sí correspondía habilitar, de forma parcial, la instancia extraordinaria sobre algunos de los bienes emparentados a Máximo y Florencia Kirchner, así como también a ciertas empresas de Lázaro Báez.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, finalizó diciendo Borinsky sobre los inmuebles que fueron adquiridos previamente al 23 de abril de 2004, correspondiente a la fecha que el tribunal fijó para la ejecución de la condena como el punto inicio para la evaluación de los bienes alcanzados.

¿Cuáles son los bienes?

En total son diez departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz, más cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces ubicado en Lago Argentino. Ahora, sobre los de Lázaro Báez, corresponden a inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude en perjuicio del Estado. La medida forma parte de la etapa de cumplimiento de la sentencia, que incluye la devolución de los fondos considerados desviados.

El alcance de la resolución no se limita a la ex mandataria: también abarca a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, así como a otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez. En total, la ejecución podría impactar sobre una veintena de propiedades vinculadas a la familia Kirchner y más de 80 inmuebles correspondientes al resto de los implicados.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y se inscribe en el proceso destinado a efectivizar el decomiso de activos para resarcir al Estado por el perjuicio económico determinado en la causa.

Según lo establecido en la sentencia, el monto a reintegrar asciende a cifras millonarias, actualizadas con el paso del tiempo. Ante esa magnitud, el tribunal avanzó con la ejecución de bienes como mecanismo para cubrir la suma fijada.

Desde la defensa de la ex presidenta cuestionaron la medida. Señalaron que parte de los bienes incluidos fueron heredados de Néstor Kirchner o transferidos antes del período investigado, por lo que, sostienen, no deberían ser alcanzados por el decomiso.

De acuerdo con lo dispuesto, los activos quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que será la encargada de su administración y eventual venta.

La causa Vialidad derivó en una condena a seis años de prisión, actualmente bajo modalidad domiciliaria, para Cristina Fernández de Kirchner. El fallo consideró probado un esquema de irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, con contratos reiterados a empresas vinculadas a Báez, sobreprecios y trabajos inconclusos o con deficiencias.

Con información de la agencia NA

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez en la causa Vialidad será el encargado de llevar adelante el multimillonario decomiso establecido en esa sentencia, al rechazar recursos de las defensas de ambos, que habían planteado la incompetencia.

Los jueces del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos de Casación de las defensas y confirmaron que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio Vialidad en una tarea conjunta con la fiscalía llevar adelante el decomiso fijado en la sentencia y que, actualizado, asciende a 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En la resolución, se advirtió que el decomiso del producto de un hecho delictivo “se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin”.

“En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”, sostuvo en su voto el juez Hornos.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario luego que el fallo quedó firme en la Corte Suprema.

Báez, en tanto, tiene una condena unificada a 15 años de prisión por la causa Vialidad y “la ruta del dinero”.

La defensa de Cristina Kirchner planteó la incompetencia del TOF 2 que llevó adelante el juicio para concretar el decomiso en lo referido a su persona y postuló que el tema correspondía a otro fuero, el comercial federal.

Báez, por su parte, postuló que en su caso sus bienes ya estaban cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la “ruta del dinero”, donde tiene una condena firme por lavado de activos.

Casación rechazó los argumentos y confirmó que el decomiso establecido en Vialidad y que deben cumplir de manera solidaria todos los condenados será ejecutado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2 con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“Cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas implique la pérdida de esa potestad”, agregó por su parte el juez Borinsky en relación al planteo de la defensa de Báez.

En cuanto al planteo de Cristina Kirchner, Borinsky remarcó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.

“Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar”, concluyó.

La expresidenta está con prisión domiciliaria condenada a seis años de prisión en esta causa por administración fraudulenta, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a empresas del también condenado Báez entre 2003 y 2015.

Con información de la agencia NA

Este sábado se cumplen 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde se concentraron sus seguidores bajo la consigna “100 días de injusticia”, para reclamar su liberación.

“Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo”, sostuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en declaraciones televisivas al arribar al edificio donde la ex mandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

En esa línea, la jefa comunal dijo que esperan por una visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex mandataria, y se refirió a la “construcción” de un nuevo triunfo electoral del peronismo el 26 de octubre.

“De manera conjunta vamos a volver a construir ese resultado que es producto de la unidad del peronismo y la conciencia de nuestro pueblo”, sintetizó Mendoza.

La convocatoria se realizó desde las 15 de este sábado bajo el nombre ‘100 días de injusticia’ y contó con una concentración en San José 1111 para respaldar a la dos veces presidenta en el marco de la campaña “Argentina con Cristina”.

“Gracias por estar siempre”, posteó la ex mandataria en respuesta a los cientos de manifestantes que asistieron a brindarle su apoyo con banderas partidarias, bombos y cánticos en favor de su libertad.

“A 100 días del encierro, estamos acá para acompañarla y exigir su libertad. Ella representa la esperanza de millones y sabemos que con militancia la vamos a liberar”, expresó el senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien asistió a la movilización y se entrevistó con la titular del PJ.

El evento tuvo como misión poner en agenda la condena “proscriptiva” contra la ex mandataria, según consideran desde el peronismo. En ese espacio político argumentan que el fallo por la causa Vialidad fue para impedir que Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones legislativas.

Cerca de las 15:30, Cristina Fernández apareció por primera vez en el balcón de su domicilio y saludó a la manifestación que fue a apoyarla. “La estamos esperando, la vamos a esperar siempre, el pueblo la ama”, dijo una mujer a C5N.

“Los mejores años fueron con Cristina”, aseguró otra persona. Una mujer recordó cómo “nos cambió la vida a las mujeres con la AUH” (Asignación Universal por Hijo).

El Partido Justicialista, por su parte, emitió un comunicado donde señala: “La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina”.

“La mafia la proscribió, el pueblo la va a liberar. A #100DíasDeInjusticia bancando a Cristina en San José 1111”, señalaron desde La Cámpora.

“Argentina con Cristina” y Día de la Lealtad Peronista

El martes pasado se realizó una reunión en la sede del PJ porteño donde se expresó: “El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional ‘Argentina con Cristina’, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”.

Además, para el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el próximo 17 de octubre, y a nueve días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional denominada “Leales de corazón”.

“La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron las mismas fuentes en un comunicado.

Entre los dirigentes presentes en la organización de la actividad que se desarrolló este sábado estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

MU con información de la agencia NA

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó el decomiso y transferencia al Estado argentino de tres millones de euros y un millón de dólares que Lázaro Báez tenía en cuentas en Bahamas y Suiza, en el marco de la condena por lavado de dinero en la causa que investiga corrupción en la obra pública.

Además, dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y su hijo Martín —también condenado—, incluyendo 10 estancias, quintas y chacras ubicadas en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. El objetivo es recuperar parte de los 55 millones de dólares que Báez debe pagar, más una multa equivalente a tres veces ese monto.

La decisión se tomó antes de que venza, este miércoles 13 de agosto, el plazo para que los condenados en la causa Vialidad —entre ellos Cristina Fernández de Kirchner— depositen 350 millones de dólares (equivalentes a 684.990 millones de pesos). Si no pagan, la Justicia avanzará con el remate de los bienes embargados.

Entre los bienes decomisados figuran:

En paralelo, la quiebra de Austral Construcciones, empresa insignia de Báez, avanza desde 2017. El gobierno de Santa Cruz ofertó U$S 2 millones para comprar el obrador central de la firma y transformarlo en un polo productivo.

Si los acusados no cumplen con el pago, la ejecución de bienes será un proceso largo y complejo, que podría incluir remates masivos de propiedades, vehículos, sociedades y dinero en efectivo. En total, la Justicia tiene bajo la lupa 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades, además de cuentas y activos de otros condenados como José López.

JJD

El Tribunal Oral Federal 2 intimó hoy los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al pago de la suma de más de 600 mil millones en el plazo de “10 días hábiles” en concepto “del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Así lo determinó el TOF 2 en una resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

“Corresponde proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y, en tal sentido, intímase a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente”, establecieron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Tomás Cisneros.

Los magistrados justificaron esa medida “de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.

El monto había sido establecido el 11 de julio último por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia y a pedido del TOF 2.

Además de la exmandataria, también fueron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta el empresario Lázaro Báez; el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exsecretario de Obra Pública del kirchnerismo José López.

La cifra actualizada tomó como base los 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 había fijado como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, y que en junio pasado quedó firme por decisión de la Corte.

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el gobierno del kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

Ahora los condenados tienen diez días hábiles para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda y, si eso no se cumpliera, se avanzará con ejecución de embargos.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con las mismas condiciones vigentes, que incluyen el uso de tobillera electrónica y restricciones en las visitas a su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, evaluó los recursos presentados por la defensa y el Ministerio Público Fiscal. Mientras que la defensa cuestionó la necesidad de la tobillera y las autorizaciones previas para visitas fuera de una nómina autorizada, el fiscal general Mario Villar desistió de su pedido inicial de revocar la prisión domiciliaria, reconociendo que la expresidenta cumple con las condiciones impuestas y que las circunstancias que motivaron su solicitud original ya no están vigentes.

En una votación mayoritaria, Hornos y Barroetaveña respaldaron la vigencia de las medidas de control, argumentando que son necesarias para garantizar un control judicial efectivo y la seguridad personal de la exmandataria, especialmente frente a la gravedad institucional de los delitos por los cuales fue condenada. Por su parte, Borinsky votó en disidencia, considerando que la custodia policial permanente es suficiente y que la tobillera electrónica y las restricciones en las visitas resultan desproporcionadas y limitan derechos personales y políticos.

La Cámara enfatizó que la prisión domiciliaria es una excepción sujeta a control judicial permanente, y que las condiciones podrán ser revisadas si cambian las circunstancias del caso, como un eventual incumplimiento o nuevos riesgos. Además, recordó que el lugar de cumplimiento de la pena no puede ser modificado por la justicia penal en lo relativo al uso del espacio público, competencia que corresponde al Gobierno de la Ciudad.

En su extenso fallo, los jueces destacaron que el régimen impuesto busca equilibrar el cumplimiento efectivo de la pena con la garantía de derechos, señalando que la ley prevé la colocación del dispositivo electrónico como regla general para la prisión domiciliaria, salvo excepciones justificadas por informes técnicos, los cuales no se han presentado en este caso. También subrayaron que la exigencia de autorización previa para visitas fuera del núcleo familiar o profesional es razonable y compatible con los estándares legales vigentes, dada la naturaleza y gravedad del delito juzgado.

Finalmente, Hornos remarcó que la sanción por delitos de corrupción debe tener una dimensión expresiva e institucional que reafirme la vigencia de la ley y la igualdad ante la justicia, sin privilegios por el rango o la exposición pública del condenado.

El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en $684.990.350.139,86 millones el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, según fuentes judiciales.

La cifra actualizada tomó como base $86.085.463.548,25 millones que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.

Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.

La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas “Austral Construcciones”.

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes el beneficio del arresto domiciliario concedido a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por lo que la decisión será ahora de la Cámara Federal de Casación.

En un escrito de 33 carillas, los fiscales reclamaron que se revoque el arresto domiciliario de “Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”, según el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria”, argumentan los fiscales.

Luciani y Mola afirman que “jamás existieron motivos reales” para darle la domiciliaria a la expresidenta de 72 años.

El Tribunal Oral Federal 2 concedió el beneficio el 17 de junio pasado en base al atentado que sufrió Cristina Kirchner como vicepresidenta el 1° de septiembre de 2022 y al concluir que no hay garantías de seguridad en una cárcel común.

“La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, insistieron ahora los fiscales.

Además mencionaron que, en caso de ir a cárcel común y quedar alojada de manera individual, “desde ningún ángulo puede asimilarse” esta situación al “aislamiento”.

También cuestionaron lo que pasa en el barrio de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, a nivel seguridad y aludieron a un “trato desigual” en relación a otros condenados que están en cárcel común.

La decisión será de la sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que investiga a uno de los efectivos que custodia a la expresidenta y al que acusó de “cuidarla muy mal”, tras conocerse imágenes del agente con una campera de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela.

“Defender una custodia que en un momento tan importante ni se da cuenta de lo que está pasando muestra algo raro”, denunció la funcionaria, y sumó: “Hay una connivencia, no puede un efectivo de seguridad tener una campera de una guardia pretoriana”.

Si bien Bullrich evitó revelar la cantidad de efectivos que se utilizan para preservar a la ex presidenta en su departamento ubicado en San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, indicó que hay posibilidades de achicar el plantel.

La reacción de Gregorio Dalbon

MM con información de la agencia NA.

El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) rechazó el pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para eliminar las restricciones sobre las visitas que puede recibir en el departamento donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El reclamo había sido presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, quienes solicitaron que la expresidenta pudiera recibir visitas sin necesidad de autorización judicial previa. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso desestimaron el planteo, manteniendo el régimen actual, que establece la necesidad de presentar un listado anticipado de visitantes.

Pese al revés judicial, la defensa de Kirchner presentó ante el TOF 2 un listado reservado con los nombres de las personas que podrían ingresar a su domicilio. La lista, que no trascendió públicamente, incluiría a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, así como a sus nietos y familiares cercanos. Los jueces disponen ahora de cinco días hábiles para analizar los nombres propuestos y resolver si otorgan o no los permisos.

La decisión del tribunal podría ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal. Desde el entorno de la expresidenta ya adelantaron que recurrirán esa instancia para insistir en el pedido.

El abogado de la expresidenta Gregorio Dalbón publicó en redes sociales: “SI QUERÉS VISITAR A CRISTINA, TENÉS QUE PEDIR PERMISO AL TRIBUNAL. Y ACÁ TE DEJAMOS EL MAIL: tocrimfed2@pjn.gov.ar”.

“El Tribunal Oral Federal N.º 2, en una decisión que solo puede explicarse desde el delirio autoritario, obliga a toda persona que no sea familiar directo, abogado o médico de Cristina Fernández de Kirchner a pedir permiso por escrito para poder visitarla en su domicilio. Sí. Leíste bien. Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa. Como si fuera culpable de existir. Aunque el Dr. Carlos Beraldi ya impugnó judicialmente esta aberración por ser violatoria de los derechos humanos, del principio de igualdad ante la ley y del derecho a la vida familiar y social, el daño ya está hecho: el TOF 2 decidió jugar a Gran Hermano Judicial, y ahora deberá enfrentar las consecuencias de haber convertido la justicia federal en un buzón de permisos ilegítimos”, añadió.

“A TODA LA SOCIEDAD: Si querés visitar a Cristina, acompañarla, saludarla, conversar, solidarizarte o simplemente estar, mandá tu solicitud a: tocrimfed2@pjn.gov.ar Que el pueblo ejerza su derecho. Que el tribunal se haga cargo de la casilla que ellos mismos decidieron saturar. Que quede escrito, digitalmente, el tamaño de esta humillación institucional. No es Cristina la que está aislada. Son ellos los que se han desconectado de la democracia”, concluyó.

Fernández de Kirchner expresó públicamente su rechazo al régimen de visitas impuesto. “Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, cuestionó a través de un mensaje difundido la semana pasada.

“Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización. El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… no pueden hacerlo libremente”, lamentó la exmandataria, calificando el régimen como un “sistema de exclusión arbitrario”.

Además, aseguró que las restricciones vulneran derechos civiles básicos y planteó que se la estaría sometiendo a un tratamiento judicial diferencial. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.

En paralelo al cumplimiento del régimen impuesto, la causa Vialidad —en la que fue condenada en primera instancia a seis años de prisión por administración fraudulenta— continúa su curso judicial, con el proceso de apelaciones en marcha.

La retórica del mundo Milei se monta sobre dos pulsiones centrales: la vejación anal y la muerte.

El cliché de la penetración homosexual es puesto en un altar en cada exposición del jefe de Estado, y se dispara al infinito entre el funcionariado, las redes, los streamings y el prime time de la televisión oficialista.

La exaltación de la muerte también es invariante en la gramática ultra. Patricia Bullrich celebra asesinatos cometidos por policías a su cargo y se ensaña con jubilados reprimidos, la Cancillería asume como propia la masacre de Israel en Gaza y Javier Milei, soez, deja claro que su meta es “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”. Muerte allá, acá, en todas partes.

El Presidente delegó la faena del clavo en su socio José Luis Espert, si es que éste vence la resistencia que genera su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el grupo santiagocaputista Las Fuerzas del Cielo, donde circulan versiones maliciosas contra “el profe”, acaso como amenaza latente a jugar en la interna contra Sebastián Pareja y Karina Milei.

El deseo del entierro definitivo del kirchnerismo no es original de los Hermanos Milei. La alianza encabezada por Mauricio Macri hizo de ese objetivo su razón de ser durante dos décadas. Hay una porción importante de argentinos que ubican la derrota del apellido Kirchner como una motivación principal del voto, y Macri supo hilvanar tejidos que respondieran a esa demanda.

Los recientes resultados de las urnas provinciales sugieren una transición desde el macrismo al mileísmo del núcleo antikirchnerista de sectores urbanos medios y altos, algo que podría terminar de coronarse este año, o lo contrario. Un motor de esa pulseada, explicitada por sus propios protagonistas, es cuál de ellos —La Libertad Avanza o el PRO y aliados— resulta más eficaz para “terminar con el kirchnerismo para siempre”.

El fragor de la disputa lleva a frecuentes acusaciones de pactos “Milei-Cristina” o “Macri-Cristina”. Las respectivas terminales mediáticas se esfuerzan por dar verosimilitud a las versiones sobre alguna causa cajoneada, un nombramiento inexplicable o una operación de la SIDE. Mirados a distancia, los cruces se desvanecen al constatar que los ministerios de Economía y Seguridad, así como un centenar de puestos relevantes de Gobierno, están en manos de personas que ocuparon las mismas sillas entre 2015 y 2019. Podrán espaciarse las milanesas en Olivos entre Milei y Macri, pero los intereses comunes permanecen inconmovibles, como muestran las votaciones parlamentarias en dieciocho meses de Gobierno.

La ilusión de terminar con el kirchnerismo creyó subir un peldaño importante con la condena e inhabilitación de Cristina.

Trauma mayor

Algo de impostura autodenigrante habrá habido entre los descorchadores de champagne por la detención que se hicieron notar en las redes, pero expresaron un sentimiento de “misión cumplida” mucho más extendido en una épica que tuvo al fiscal del Liverpool Diego Luciani, el valijero Leonardo Fariña, la denunciadora intermitente Elisa Carrió y la comentarista Margarita Stolbizer entre sus héroes. ¿Insatisfacción con el elenco? Es lo que hay.

El peronismo, el progresismo y la izquierda tienen sus sobregiros, lastres y desconciertos, que a veces les impiden transitar un camino de largo aliento, pero las derechas reencuentran en la condena a Cristina el mayor de sus traumas: proclamar victorias políticas mediante fallos judiciales o editoriales descerrajados desde medios de comunicación.

En esta columna fue sostenido que el vínculo de los Kirchner con Lázaro Báez y otros contratistas del Estado despierta sospechas fundadas de corrupción y merece una explicación política y una investigación judicial seria. La llevada a cabo por jueces y fiscales de todas las instancias adornados por el Grupo Clarín y solícitos visitadores de Macri fue lo contrario al debido proceso, además de la contracara de la profunda impunidad para los poderosos enemigos de Cristina.

El liderazgo de Cristina se encontraba hasta hace semanas en la peor de sus crisis. La palabra de la expresidenta sonaba monótona y reiterativa, cada vez más concentrada en su círculo

El cuadro encuentra raíces ancestrales en la vida pública argentina. Cada golpe de Estado y ciclo de proscripción contra el peronismo y cualquier otra expresión popular fue argumentado con el imperativo de una regeneración ética y la necesidad de una restauración republicana. El remedio se transformó en dictaduras atroces, perpetradas en nombre de la libertad. Es una verdad a gritos, documentada, probada por la historia, con encarcelados, desaparecidos y fusilados.

El liderazgo de Cristina se encontraba hasta hace semanas en la peor de sus crisis. La palabra de la expresidenta sonaba monótona y reiterativa, cada vez más concentrada en su círculo y alejada de una parte creciente del electorado. El desprestigio del eje Cámpora-Instituto Patria había roto fronteras dentro del peronismo y animaba inéditas disidencias.

La condena permitió a Cristina escribir un texto político. Aunque la comparación de la actual democracia deteriorada por prácticas autoritarias y corruptas y aquellas dictaduras sea a todas luces exagerada, la narrativa del intento proscriptivo para saltear el trabajoso detalle de los votos encuentra quién la escuche.

Es tal el grado de promiscuidad del Poder Judicial, que cada paso que da fortalece el argumento de la expresidenta.

El fiscal que se lanzó como un poseído a pedir cárcel común para la expresidenta es un futbolista de Los Abrojos, la quinta de Macri; los tres ocupantes de la Corte Suprema no tolerarían la más mínima repregunta sobre la celeridad en el expediente Vialidad y el entierro de los que involucran a Macri y Clarín; la ministra de Seguridad, que debe velar por las condiciones de arresto, es la misma que facilitó expertos para que las modelos de Milman sospechosas de haber tenido un papel en el intento de magnicidio borraran sus celulares.

Son apenas tres muestras de un sinfín de arbitrariedades que habilitan recursos de la expresidenta ante tribunales internacionales. La hipótesis de éxito y los tiempos de esa vía encuentran escépticos y posibilistas entre los juristas, pero si llega a dar resultado, el retorno de una figura con el talento político de Cristina pondría a los promotores del “último clavo en el cajón” a buscar su propio epitafio político.

La sentencia y los dólares

Milei afirma que él no interviene en los procesos judiciales y se vanagloria de la independencia de poderes. Se ve que el letargo de los jueces federales que tratan la presunta criptoestafa que tiene a los Hermanos entre los principales sospechosos, o la investigación por la violencia institucional contra el fotógrafo Pablo Grillo, que podría imputar a Bullrich, son gauchadas no solicitadas.

La pretendida prescindencia de Milei contrasta con la actuación de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, exfuncionario de la Corte y articulador de los deseos de Santiago Caputo. El peso del delegado en el Consejo de la Magistratura y el máximo tribunal contradice el desinterés que expresan las palabras del Presidente, por si hiciera falta.

Es cierto que Milei parece menos obsesionado que Macri por las causas judiciales contra opositores y aditamentos como arrestos humillantes. Bullrich, puente viviente entre ambos Gobiernos, se vuelca a la tarea, pero el Presidente es narrado como menos interesado en esos asuntos.

El interés del Gobierno ultra en la eliminación del kirchnerismo tiene una motivación económica. La persistencia del peronismo cristinista como alternativa electoral genera una aversión automática, en un extremo irracional, entre los inversores financieros internacionales que, en condiciones ideales —sin oposición a Milei—, podrían acelerar un ciclo de endeudamiento masivo como el que orquesto Luis Caputo con Macri. Esa fuente de financiamiento se despertó, pero no en una magnitud similar a la del ciclo Cambiemos, lo que lleva al ministro a limitarse a pactar toneladas de préstamos con el FMI, bancos y otros organismos internacionales. La montaña de deuda crece y las condiciones que estipula el FMI se vuelven cada más imperativas.

De allí la tentación del “último clavo”, porque al cristinismo no sólo hay que ganarle, sino anularlo para siempre. Como se demostró en los últimos dos años del Gobierno de Macri, el populismo de izquierda puede reponerse de una derrota electoral si el castillo de naipes del endeudamiento se desmorona.

Esta semana, la estadística oficial dio cuenta de dos datos que pintan el estado de situación. El desempleo creció levemente en el primer trimestre de 2025 sobre igual período de 2024, pero avanzó mucho más la pérdida de empleos en blanco. Es decir, más precarización laboral. “El mejor Gobierno de la historia” no logra frenar la pérdida de puestos de trabajo, ni siquiera en comparación con el abismo en que cayó la actividad en el primer trimestre del ultraderechista en Casa Rosada, tras la devaluación récord del peso y la motosierra sádica.

El otro número preocupante difundido por el INDEC fue que las exportaciones cayeron, en mayo, 7,4% y las importaciones crecieron 29,4% sobre el mismo mes de 2024. Es una dinámica insostenible y peligrosa para un Banco Central que se encuentra sin reservas, objetivo hasta ahora forzado por el Gobierno para mantener el peso sobrevaluado y estable, al punto de hacer de Argentina uno de los países más caros de América Latina.

El consumo masivo por el piso, un mercado laboral castigado y con malas perspectivas, el dólar barato y el Banco Central en condición crítica, en un contexto de un Gobierno que se percibe exitoso, podrían configurar la antesala de un desequilibrio sin control y un nuevo ciclo recesivo. En otras palabras, el plan económico de los domadores de mandriles no toleraría siquiera una encuesta preelectoral que indique que el peronismo puede ganar, empatar o perder por poco.

Allí es cuando el texto de Cristina vuelve a encontrar un sentido. El cúmulo de sentencias, editorialistas furiosos, brindis con champagne, declaraciones solemnes de la Amcham y tobilleras no repararán otro ciclo de resquebrajamiento del tejido social y una nueva frustración.

Una voz recluida en San José 1111, que baja desde los cielos a las plazas de Argentina, rediseña las fronteras de la política y podría transformarse en un búmeran para los sepultureros.

“Cristina quiere”

Otra cuestión, más terrenal, es que el eje Patria-Cámpora se oriente a profundizar la endogamia que guio sus acciones en los últimos años, y que la prisión domiciliaria de Cristina sea puesta sobre la mesa para imponer condiciones en la interna del peronismo.

Hay indicios de boca de la propia expresidenta —antes y después del fallo condenatorio— y de Máximo Kirchner, esta semana, de que la vía elegida será el disciplinamiento a través de la insinuación de “traición” de quien desobedezca.

Los Kirchner parecen decididos a enarbolar la tesis de que su papel en la gestión del fallido Frente de Todos se limitó a alertar los peligros, siempre con lealtad, y que esa generosidad fue respondida con egoísmo y torpeza por parte de Alberto Fernández. El postulado, para quien quiera leerlo, es retrospectivo, pero también vale como advertencia a quienes objeten su estrategia de hoy.

Semejante relato autoindulgente esconde que la intriga como método de Gobierno y la apuesta terraplanista a generar un agujero al Estado con el subsidio generalizado de las tarifas de servicios públicos fueron causas centrales del fracaso del Ejecutivo de Fernández, además de la cosecha propia del expresidente.

Las negociaciones por las listas y la estrategia en la provincia de Buenos Aires quedaron en pausa y se retomarán en días. Con la lapicera del Partido Jusicialista nacional y bonaerense, cada paso que dan los Kirchner ratifica el que parece su objetivo de primer orden: blindar la conducción y obturar disidencias. Quizás lo logren, pero será la garantía de la dispersión de la oposición a la ultraderecha, lo que permite elucubraciones acaso demasiado fantasiosas sobre una jugada maestra de revivir el campo de acción de Cristina mediante su detención.

En el entorno de Axel Kicillof se preparan para escuchar “Cristina dice” y “Cristina quiere” hasta para ordenar la lista de concejales de Olavarría. Si prevalecen los vetos y el gobernador no ve margen para reivindicar su gestión en el marco de una conducción de campaña de la que no participa, —advierte una voz desde La Plata—, habrá listas separadas.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

En un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria. En la red X, Cristina reposteó un mensaje del diputado Leopoldo Moreau en el que califica el trato que recibe la exmandataria como un intento de instalar una “Dictadura de los Jueces”.

“Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X al citar el mensaje de Moreau.

En relación a su detención domiciliaria, en el domicilio de la calle San José 1111 de Constitución, Cristina Fernández debe cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, la obligación de permanecer en el domicilio fijado, abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario y la presentación de un listado de personas autorizadas a visitarla.

La expresidenta entregará este lunes la nómina de visitas que podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial previa. Esta lista incluiría a familiares, sus abogados y personal médico, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá solicitar un permiso específico al Tribunal. Cristina Kirchner cuestionó públicamente este régimen de visitas, al considerar que se le aplica un protocolo restrictivo que no rige para otros ciudadanos.

El posteo del diputado Moreau sigue esa misma línea. “Parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”, escribió.

“Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla”, escribió el diputado de origen radical, subrayando la excepcionalidad de la situación. Según él, no existe ningún otro caso en el que una persona con prisión domiciliaria y pulsera electrónica deba solicitar autorización judicial previa para recibir visitas en su hogar.

El diputado remarcó: “No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. Y subrayó: “Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”.

Moreau también puso en cuestión el perjuicio que la medida tiene sobre terceros, como representantes del pueblo en el congreso –diputados y senadores– tal es su caso, que no podrán dialogar ni interactuar con la principal referente de su espacio político.

“Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales”, destacó.

Y citó el artículo 38 de la Constitución Nacional, en el que se establece el rol esencial de los partidos políticos para el funcionamiento de la democracia.

Según Moreau, los integrantes del Congreso tienen fueros e inmunidades parlamentarias, derechos que no pueden ser restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales. “Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, afirmó Moreau.

Moreau argumenta, dando a entender, que hay una interferencia del poder judicial sobre el poder legislativo y que no se estaría cumpliendo con la independencia de los poderes del Estado. El diputado anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación de los derechos parlamentarios y una muestra de la colaboración entre jueces y fiscales en la instauración de un “Estado de excepción”.

El viernes, Cristina Kirchner hizo una presentación para que se revoquen las prohibiciones referidas a las visitas. En el texto, asevera que un sector del Poder Judicial busca limitar la voluntad popular mediante decisiones que impactan directamente en sus derechos políticos. La expresidenta relacional al “Partido Judicial” con los intereses del poder económico concentrado en Argentina.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 autorizó esta tarde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el uso del balcón en el domicilio de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

En la resolución, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Gimenez Uriburu sostuvieron que “el tribunal no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, pero aclararon que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.

Por otra parte, esta tarde Agentes del Servicio Penitenciario Federal le colocaron la tobillera electrónica a la expresidenta que deberá usar en el cumplimiento de la prisión domiciliaria en su departamento de Constitución. El dispositivo le fue entregado esta tarde.

En medio de la concentración de seguidores de la exmandataria este miércoles a Plaza de Mayo, después de la confirmación de la condena por la Causa Vialidad y la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, los abogados defensores de CFK habían presentado un escrito ante el Tribunal Oral Federal 2 con un pedido de aclaratoria sobre el ítem de la decisión judicial que la obliga a “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Para dar a conocer la noticia, la exmandataria posteó en sus redes sociales el escrito completo con un mensaje a los jueces de Comodoro Py: “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, explicó Cristina.

En el escrito, los defensores sostuvieron que en la resolución por la que “se notificó la orden de detención de nuestra asistida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir con la condena impuesta en esta causa...en el apartado III.b del decisorio de referencia se dispuso que Cristina Fernández de Kirchner debe observar la siguiente regla de conducta: 'abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes'”.

En la presentación, los abogados preguntaron a los jueces que “sin perjuicio de los recursos que habrán de ser interpuestos en el plazo legal establecido...dado que se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente, deviene imprescindible que V.E. indique si tal comportamiento se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial y, en este segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción”.

“No es ocioso señalar que Cristina Fernández de Kirchner, desde el inicio de este proceso, al igual que en todas las restantes causas penales que fueron iniciadas en su contra luego de que dejara de ser Presidenta de la Nación en el año 2015, ha cumplido con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas, conducta que también mantendrá estrictamente en esta etapa de ejecución”, detallaron y pidieron: “Por todo ello, para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión que, entendemos, corresponde dadas las consecuencias sancionatorias que podría acarrear su incumplimiento (cfr. art. 18, CN), deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del órgano jurisdiccional competente. Esto último habrá de dar suficiente claridad a esta cuestión, no solo para nuestra parte, sino también para terceros”, concluye el escrito.

La decisión del Tribunal y las condiciones de la domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrá cumplir su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La decisión, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se sustenta en motivos de seguridad personal y en el hecho de que la exmandataria tiene más de 70 años, lo que habilita el beneficio según la legislación vigente.

“El Estado no puede exigir el cumplimiento carcelario de una pena si ello conlleva la exposición del interno a potenciales situaciones de violencia intrapenitenciaria”, argumentó el tribunal en la resolución.

Fundamentos del fallo

Las condiciones impuestas

La prisión domiciliaria será cumplida en su domicilio en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Además, el tribunal impuso las siguientes reglas de conducta:

Además, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica para supervisar sus movimientos, rechazando el pedido de la defensa de omitir este dispositivo.

Supervisión trimestral

El seguimiento de la ejecución de la pena estará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá elevar informes trimestrales al tribunal. A partir de esta decisión, se deja sin efecto la citación para que se presente en Comodoro Py, prevista tras la firmeza de la condena.

Según supo Noticias Argentinas, la resolución deja constancia de que la ex presidenta propuso a su hijo Máximo Kirchner como fiador y que el domicilio fue considerado “apto” por el informe socioambiental solicitado por el tribunal.

Con información de la agencia NA

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrá cumplir su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La decisión, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se sustenta en motivos de seguridad personal y en el hecho de que la exmandataria tiene más de 70 años, lo que habilita el beneficio según la legislación vigente.

“El Estado no puede exigir el cumplimiento carcelario de una pena si ello conlleva la exposición del interno a potenciales situaciones de violencia intrapenitenciaria”, argumentó el tribunal en la resolución, a la que accedió Noticias Argentinas.

Fundamentos del fallo

Las condiciones impuestas

La prisión domiciliaria será cumplida en su domicilio en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Además, el tribunal impuso las siguientes reglas de conducta:

Además, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica para supervisar sus movimientos, rechazando el pedido de la defensa de omitir este dispositivo.

Supervisión trimestral

El seguimiento de la ejecución de la pena estará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá elevar informes trimestrales al tribunal. A partir de esta decisión, se deja sin efecto la citación para que se presente en Comodoro Py, prevista tras la firmeza de la condena.

Según supo Noticias Argentinas, la resolución deja constancia de que la ex presidenta propuso a su hijo Máximo Kirchner como fiador y que el domicilio fue considerado “apto” por el informe socioambiental solicitado por el tribunal.

Con información de la agencia NA

El juez Jorge Gorini notificaría hoy por la tarde, vía Zoom, si la ex presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, podrá cumplir su condena de manera domiciliaria, según fuentes de una cadena de noticias.

El magistrado, quien también es el presidente del Tribunal Oral Federal 2, fue designado para decidir si le conceden el pedido presentado por la defensa de la ex mandataria con el objetivo de cumplir la condena por seis años de prisión, en su domicilio del barrio de Constitución.

Con información de la agencia NA

Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este martes al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen, que no es vinculante para el Tribunal, se entregó a media mañana de hoy y los fiscales argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” a la expresidenta, de 72 años.

“La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, agregaron, mientras que con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

A partir del análisis de las constancias del expediente y de la presentación de la defensa, el Ministerio Público sostuvo que “no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.

“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, añadió. En el informe socioambiental del 12 de junio, Cristina dijo estar bien de salud a nivel general, remarcaron.

“La defensa no ha demostrado –ni se advierte– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”, analizaron.

Y compararon, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, denegó ese beneficio al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, condenado y preso en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once, quien también argumentó haber cumplido 70 años y razones de salud. En el caso de que a CFK se le conceda la prisión domiciliaria, Luciani y Mola exigieron que sea con tobillera electrónica.

En cuanto a los motivos de seguridad por el intento de asesinato que sufrió y por su rol institucional como ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, los fiscales remarcaron que el Ministerio de Seguridad garantizó en su informe que puede ser “preservada” en un establecimiento carcelario.

José López se entregó en Comodoro Py

El exsecretario de la Obra Pública del kirchnerismo José López se entregó esta mañana ante el Tribunal oral Federal 2 para comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Según confirmaron fuentes judiciales, López llegó ayer desde Santa Cruz y pidió el arresto domiciliario, lo cual tiene que decidir el tribunal y dar garantías de seguridad por ser arrepentido en el caso Cuadernos.

Con información de agencias.

Cristina Fernández de Kirchner ultima detalles para hacer de su presentación en Comodoro Py con una protesta multitudinaria y épica de que el peronismo aún tiene con qué dar pelea al gobierno de Javier Milei. Este martes en el PJ habrá una cumbre de la CGT y otra de los gobernadores para terminar de definir su adhesión a la caminata agendada para mañana desde el domicilio de la exmandataria a los tribunales federales. Para marcarle la cancha, el Presidente armó un acto este mismo martes con Patricia Bullrich en la Policía Federal.

Funcionarios, militantes y figuras del peronismo que pertenecen a diferentes espacios acompañarán este miércoles desde las 10 a Cristina hasta Retiro, donde tiene que presentarse para que se dé inicio a la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Si bien existen versiones de que la Justicia la podría notificar hoy por teleconferencia sobre las condiciones de su detención y evitar así la movilización, los organizadores de la convocatoria ratificaron la protesta.

Las CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y diversos espacios políticos como el PJ, La Cámpora, Principios y Valores, Patria Grande, el Movimiento Derecho Al Futuro, el Partido Obrero, entre otros, ya confirmaron su presencia en la movilización que comenzará en San José y San Juan. Harán una caminata acompañando el auto de CFK hasta Comodoro Py; hay unos 5 kilómetros de distancia. Se espera que esas columnas se refuercen con la participación de la CGT, que hoy se reunirá en el PJ de Matheu desde las 15. Dos horas más tarde hay una cumbre de gobernadores peronistas, donde irá Axel Kicillof.

Justamente el bonaerense encolumnó detrás de CFK su Movimiento Derecho al Futuro. Fue un gesto para desescalar la interna con La Cámpora a partir del fallo de la Corte Suprema. De hecho el MDF puso en pausa las actividades políticas que tenía previstas para esta semana a fin de no crispar los ánimos ni herir susceptibilidades en medio de la delicada situación que vive la expresidenta.

Una agenda incesante

Para el hoy las autoridades del PJ tienen en agenda una reunión a las 15 con la CGT que contará con la presencia del triunviro cegetista Héctor Daer y una comitiva de la central obrera.Tras el encuentro con referentes del sindicalismo, se espera en la sede del PJ la presencia de los gobernadores peronistas desde las 17.

En el feriado de ayer, Cristina Kirchner salió dos veces a saludar durante la tarde a la militancia reunida en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución. Arengó cánticos con la consigna “Vamos a volver” y los militantes corearon su nombre al grito de “Cristina presidenta”.

Entre los distintos dirigentes y referentes que se acercaron al departamento durante el día estuvieron la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y el exsecretario de Deportes Claudio Morresi.

Máximo Kirchner habló ayer en la sede nacional del PJ en conmemoración a los 70 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955. El referente de La Cámpora y presidente del PJ Bonaerense cuestionó a los sectores a los que “les molesta ver bailar una mujer en un balcón con su pueblo”, en referencia a las críticas sobre la reacción de CFK ante las movilizaciones frente a su casa.

El jueves vence formalmente el plazo para su presentación en los tribunales y la expresidenta define por estas horas su estrategia judicial. Existe también la posibilidad de que no tenga que trasladarse hasta la sede judicial y sea notificada del inicio del cumplimiento de la condena por teleconferencia, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 5 acepte hoy el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.

Esto iría en sintonía con lo que dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que señaló que si se concreta la marcha para acompañar a la expresidenta “no va a ser nada positivo”, porque “va a generar tensión, cortes y movilización de fuerzas federales”. En declaraciones al canal de noticias A24 resaltó: “Si yo fuera magistrado federal pensaría en que intentemos no generar esta situación social”.

El desafío de Milei y Bullrich

Por su parte, el presidente Javier Milei, que tuvo breves comentarios sobre la condena a CFK, reaparecerá públicamente tras su gira internacional hoy a las 15 junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la sede del Cuerpo de Policía Montada (en Cavia 3300) del barrio porteño de Palermo. Ahí anunciarán la nueva estructura de la Policía Federal Argentina (PFA)

El dato sugestivo es que esa sede policial es uno de los lugares donde CFK podría ser detenida por orden de la Justicia. No está claro aún que el juez Jorge Gorini acepte automáticamente que la exmandataria cumpla prisión domiciliaria. Podría enviarla, tras su presentación en Comodoro Py, a una celda acondicionada especialmente para ella. Ante esa incertidumbre es que la marcha peronista exige su retorno este mismo miércoles a su domicilio de San José 1111.

“Hacia una PFA moderna y orientada a la investigación” se titula el comunicado del Gobierno para la convocatoria. Se espera en el lugar la presencia de otros funcionarios como legisladores nacionales. El plan que presentarán incluye una reforma estructural para ampliar la autoridad de la cartera de Seguridad sobre el despliegue, control y jerarquías internas de la PFA, dándole así mayor poder a Bullrich.

El objetivo oficial de la medida es impulsar una mayor verticalidad en la conducción, cambios en los criterios de ascenso y nuevos mecanismos de auditoría. También optimizar el trabajo de los agentes ante delitos complejos, como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. La reforma se concretaría a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

El anuncio se dará en medio de las críticas hacia el gobierno por el uso excesivo de la fuerza en las protestas callejeras y la expectativa por lo que pueda pasar mañana con el operativo de seguridad durante el viaje de Cristina Kirchner a Comodoro Py rodeada de una multitud.

MP/MC

El sistema de poder argentino asume dos certezas: que el vínculo entre los Kirchner y Lázaro Báez vulnera, como mínimo, estándares éticos elementales, con pistas nítidas de probable corrupción, y que el proceso judicial contra Cristina comprende un continuado de burdas arbitrariedades que liquidan el Estado de Derecho.

El consenso en torno a esos dos ejes es amplio e incursiona a ambos lados de la polarización. En el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda, muchos más de quienes lo reconocen en público perciben un vínculo inadmisible entre los Kirchner y un ejecutivo bancario convertido en contratista, en simultáneo con la llegada del expresidente santacruceño a la Casa Rosada, en mayo de 2003. A su vez, en el antikirchnerismo y las derechas, pocos se atreven a maquillar fuera de micrófono las chapucerías pergeñadas entre los tribunales de Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios de Inteligencia.

La dinámica de trincheras que rige la política argentina obtura un debate más útil, menos hipócrita, en el que las banderas de la honestidad en la vida pública y las garantías de la democracia sean levantadas al unísono, sin intermitencias, con coherencia. Frente a las cámaras, unos sólo denuncian una persecución de una poderosa mafia contra Cristina, como vendetta por sus políticas redistributivas —las reales y las declamadas—, y otros visten su discurso de una farsa honestista, postulada para escarmentar a rivales y proteger a los propios, sin reparo en lo que prescriben las leyes y la Constitución. Podría ser una contradicción ética, que algo vale en política, pero representa también una dinámica que prolonga una suerte de empate, en el que ningún bloque termina de prevalecer, pero ambos mantienen cierta capacidad de bloqueo.

Así planteada, la condena a la expresidenta demanda una postura inequívoca. Nadie puede ser declarado culpable si hubo jueces y fiscales federales que reprodujeron causas sobre los mismos temas o colindantes hasta que alguna prendiera; o que visitaron las residencias de Mauricio Macri en decenas de oportunidades para mascaradas sociales y deportivas; o no eran jueces naturales de la causa, sino que fueron impuestos a dedo, sin concurso, por la mesa judicial del PRO; o viajaron a Lago Escondido en un tour venal organizado por Clarín; o ellos mismos eran sospechosos de delitos graves, por lo tanto, pasibles de ser extorsionados por los servicios de Inteligencia. En un Estado de Derecho, tan sólo un juez, entre la docena que intervino en el proceso, que haya cometido alguna de esas tropelías bastaría para anular o revisar una sentencia contra una de las principales líderes de la historia argentina.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, a esta altura, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida por ella, su hijo y su fallecido esposo con un contratista-lavador de US$60 millones. En un Estado de derecho, se requieren pruebas, no intuiciones ni operaciones urdidas por jugadores del club Liverpool en el torneíto de Los Abrojos. A diferencia del expediente Vialidad, la condena a Lázaro Báez por lavado encontró un proceso sólido, en el que se comprobó una ruta del dinero a la que el Grupo Clarín le puso la letra K, sin que fuera hallada la pista Kirchner, aunque algún fleco apunte a la letra M, del Grupo Macri, excompetidor-socio de Austral Construcciones en la obra pública.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida con un contratista-lavador de US$ 60 millones

El cuadro conduce a otra evidencia irrefutable. Si los jueces que juzgaron a Cristina, Amado Boudou, Julio de Vido, José López, Báez, Cristóbal López, César Milani, Carlos Zannini, Ricardo Jaime y otros kirchneristas hubieran puesto un quinto de su enjundia e imaginación para investigar a Macri, su primo Calcaterra, su hermano Gianfranco, su otro hermano Mariano, Javier Milei, Karina Milei, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luis Caputo, Oscar Aguad, María Eugenia Talerico, Mariano Federici, Nicolás Caputo, Alfredo Coto, Paolo Rocca y otros macristas y millonarios, poseedores algunos de ellos de cuantiosas cuentas offshore y adherentes a blanqueos a través de allegados y familiares, la secuencia de indagatorias, esposados en pijama a la medianoche y condenados sería mucho más pareja en el arco político. Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todos ellos son, hasta hoy, inocentes.

Elisa Carrió, fiscal de set televisivo que hoy manifiesta pesar por la saña que muestran los canales de los grupos Clarín y La Nación contra Cristina, debe ser razonablemente excluida de la lista de sospechosos por corrupción. Su generosa residencia en Capilla del Señor bien pudo haber sido adquirida por herencia, trabajo profesional y sueldos de diputada durante dos décadas. Aunque la líder de la Coalición Cívica acaso podría ser apuntada por algún juez al que se le ocurriere investigar si el haber fraguado un falso arrepentimiento de un narco en el living de su casa, junto a la producción de Jorge Lanata, con el fin de señalar a Aníbal Fernández como “la Morsa”, pudo haber constituido una asociación ilícita. U otro tanto por sus andanzas con Marcelo D’Alessio, el espía inorgánico y panelista de Alejandro Fantino. El delito de autor perpetrado en Comodoro Py no llegó hasta ahí.

Encerrona y omisiones

Así, la democracia argentina transita una encerrona de larga data. Ensayos presuntamente libremercadistas que propenden a la fuga de dólares activan un sistema persecutorio de la resistencia en general y el kirchnerismo en particular, y éste, bajo la conducción de Cristina, arbitra la oposición a ajustes regresivos, recorre su bucle melancólico de la denominada —y cada vez más lejana— década ganada, y borra de su gramática un postulado que ocupó un breve espacio en el primer gobierno de Néstor Kirchner: la regeneración ética y la lucha contra la corrupción como un vehículo esencial de la equidad social.

Un dirigente peronista patagónico, quien formó parte del riñón político de los Kirchner y luego se alejó, apunta un nombre que suele esquivar titulares, pese al fuego cruzado. El Grupo Petersen, emporio de la familia Eskenazi, no protagoniza encendidos discursos de Cristina, ni editoriales del prime time, ni oficios de Comodoro Py. La omisión, en el contraste del foco omnipresente en Báez, resulta extraña.

Antes de volcarse por entero a Austral Construcciones, Lázaro fue gerente general del Banco de Santa Cruz, del que el Grupo Petersen es controlante y tiene como socio minoritario al Estado provincial.

Los tres ocupantes de la Corte Suprema garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad

La fuente citada, conocedora al detalle de los contratos del Estado santacruceño, enumera tres empresas que monopolizaron la obra pública en la provincia en la primera década larga del siglo: Austral Construcciones, de los Báez; Esuco, de Carlos Wagner, y Thiele & Cruz, de los Eskenazi.

Desde la década de 1990, esta familia proyectó su fortuna en la provincia austral, que llegó a la cúspide cuando Kirchner pergeñó la “nacionalización” sui géneris del 25% de YPF. Para intuir la turbiedad del asunto, el método de compra los explica sin mayores aclaraciones: el accionista mayoritario y vaciador de la empresa nacional de gas y petróleo, Repsol, junto a un consorcio de bancos, anticiparon los fondos a Petersen para la operación, que serían repagados con dividendos generados por la propia YPF. Salió mal y hoy Argentina afronta un juicio en tribunales de Nueva York por el que tendría que pagar varios miles de millones de dólares. Los Eskenazi están silenciosamente anotados para recibir un tercio de esa hipotética indemnización, aunque algunos señalan que ese regalo de la vida sería íntegramente transferido a sus acreedores en España, donde se sustanció la quiebra de una filial gemela del Grupo Petersen.

Proscripción, conmoción, obsesión

La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no ahorró ningún elemento que hiciera honor a la venalidad de todo el proceso Vialidad. Los tres ocupantes de la Corte Suprema, enterradores consuetudinarios de causas que afectan intereses poderosos, actuaron con premeditación, filtraron su voto a medios afines y garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad. Al no existir una grabación de lo conversado entre copas, partidos de paddle y tours de caza, fuera días u horas antes de decisiones trascendentales en el expediente, la pulcritud de los magistrados está fuera de duda. Inobjetable guion del trío Rosenkrantz-Lorenzetti-Rosatti.

La sentencia alteró naturalmente las prioridades del peronismo. Finalmente, la proscripción —denunciada sin sustento por Cristina en diciembre de 2022, cuando quedaba un camino para la condena definitiva— se hizo realidad. Con su capacidad de oratoria intacta, la expresidenta construyó un texto sólido sobre qué está en juego. No es una mera inhabilitación de un rival, sino una maniobra artera para despejar resistencias ante objetivos económicos lacerantes.

La conmoción se apropió del sistema político. Una vez más, Cristina en el centro de la escena. No está claro cuál es la valoración real de la sentencia por parte de la opinión pública, algo que se verá en el tiempo. Por lo pronto, la reacción en las calles se hizo sentir, pero no fue mucho más allá de los núcleos que siguen respondiendo a la exmandataria, en franco declive en la última década. Esta página de la historia está abierta, pero los trazos iniciales no se acercaron a una reacción popular que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos, sin desmerecer la vigilia de sus seguidores en una esquina del barrio de Constitución, y a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días.

El eje Cámpora-Instituto Patria no perdió de vista el eje principal que lo motoriza hace años, consistente en obturar cualquier voz alternativa para blindar el liderazgo de Cristina. La propia expresidenta, horas antes y después de conocida la sentencia, se hizo espacio para transmitirle a Axel Kicillof un mensaje elocuente: “Déjense de joder con las listas”.

Cristina machacó que “lo único” que escucha en las reuniones con “algunos compañeros” es cuál es el lugar en las boletas electorales de septiembre y octubre. Tres días más tarde, el destinatario del mensaje fue explícitamente desinvitado de una reunión en la sede del Partido Justicialista, en la que tallaron el impopular trumpista Guillermo Moreno, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Sergio Massa. La lista de convocados no responde a ninguna otra lógica más allá de dejar fuera de la foto al gobernador bonaerense.

Y Kicillof parece, un día sí y otro también, estar más que dispuesto a “dejarse de joder”. El exministro de Economía transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia, a la espera de una mejor oportunidad, que nunca llega.

Quienes interpretan a Kicillof esgrimen que el tiempo probará lo contrario, y que el trayecto desde 2015 demostró escalones de autonomía que hicieron cumbre en la ruptura con Máximo en 2023. Bajo ese prisma, no habría que descartar que el líder del flamante Movimiento Derecho al Futuro valore en su fuero íntimo desplantes como el del jueves en la sede del PJ en la calle Matheu, con la mira en una ruptura que acontezca por decantación y en la que la responsabilidad recaiga del lado del maximismo.

Kicillof transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia

Indulto como programa

Antes de la confirmación de la condena, parte del entorno del gobernador dejó saber que no objetaría las candidaturas a legisladores provinciales de Cristina en la tercera sección y Massa en la primera. Semejante oferta en las dos secciones que congregan 75% del voto en la Provincia arrasaría con el objetivo de Kicillof de plebiscitar su gestión y delimitar su perfil. Si ese es el punto de partida de la negociación, el final es inimaginable.

Ahora, el eje Patria-Cámpora aprovechó para poner a Kicillof a contestar si indultaría a Cristina en una eventual Presidencia, a partir de diciembre de 2027. El gobernador dio a entender que sí, pero no cerró del todo la respuesta, para disgusto del cristinismo ortodoxo. Una voz del axelismo más puro resultó más asertiva ante este diario: “No tenemos la más mínima duda de que corresponde el indulto”.

Ese perdón institucional tiene un significado inequívoco en Argentina. El indulto a los perpetradores del terrorismo de Estado por parte de Carlos Menem en el inicio de su mandato, por lo que extenderlo a Cristina supone sumarle una acepción en el diccionario político.

Ni siquiera está claro que la expresidenta, quien rechazó en 2022 la aplicación de la figura para sí, haya cambiado de opinión, pero la obsesiva y extemporánea alusión de representantes del eje Patria-Cámpora permite inferir que, además de un ariete para alinear desobedientes, será un estandarte principal de cara a 2027.

De modo que si lo que está en juego es un reforzamiento del liderazgo de Cristina y una elevación del estatus de personajes como Moreno, cabe preguntarse si es cierto que a Milei no le convenía la ratificación de la condena, como se elaboró incluso en esta columna. Al tenor de las celebraciones del ultra y sus allegados, tan mal no les cayó.

Una cuenta probable es que un proyecto ultraderechista de semejante magnitud, apoyado por múltiples resortes de poder, encuentra un rival ideal en un partido encajonado en la propuesta del indulto a su líder, todo ello, sobre la fundada presunción de que una sólida mayoría cree que la expresidenta es culpable. Lejos de “borrar” a Cristina de la agenda, la condena prolonga su permanencia con el foco en su costado más cuestionable, del cual deberá opinar todo dirigente peronista hasta 2027. El plan económico de Caputo puede colapsar, pero si no ocurre y se cristaliza un país más desigual, parecido al promedio de América Latina, polarizar contra una Cristina confinada en su domicilio, con acceso limitado a la palabra, se parece al escenario ideal para los Hermanos Milei.

Inflación, transparencia y gatillo fácil

La expresidenta suele desdeñar la inflación como un problema central de la economía. Elabora teorías sobre lo inocuo que resulta el déficit fiscal sin financiamiento genuino, lo que inexorablemente dispara la impresión de billetes. La expresidenta muestra gráficos en los que Dinamarca o Japón tienen déficit en sus cuentas públicas y mantienen los precios en calma. Hasta ahora, que se sepa, Kicillof no está en desacuerdo con ese abordaje.

El kirchnerismo, como fue dicho, borró hace años la transparencia y la honestidad como un pilar de su discurso. Sus voces más altisonantes se dedican a ejemplificar, muchas veces con razón, que sus rivales del PRO, la UCR y la ultraderecha incurren en actos sospechosos graves y permanecen impunes, pero no dan cuenta de tramas estructurales de venalidad que acompañaron la obra pública desde 2003.

Ocurre que inflación y corrupción son temas centrales en la preocupación de los ciudadanos desde hace décadas. Es cierto que el trabajo y la pobreza también lo son, pero ambos se ven implicados por los pilares que el cristinismo prefiere mirar de costado.

Un tercer eje de interés social es la inseguridad. Al respecto, el abordaje privilegiado de la expresidenta es a través de Sergio Berni, otro dirigente que ganó escala en la intersección de San José y Humberto Primo esta semana. Berni es un reproductor de las consignas de Patricia Bullrich. Para apoyar a alguien que celebra la represión de las protestas y el gatillo fácil, ¿será mejor votar a una irredenta apasionada por las armas como Bullrich, o a su Salieri excarapintada?

Con Javier Alonso en el ministerio de Seguridad bonaerense, otro fan de las ejecuciones policiales por la espalda y hombre de Berni, la nueva melodía de Kicillof también se demora en ese sensible asunto.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com