Tras su viaje millonario a Marbella, avanzan las acusaciones contra el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Ahora, la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña lo denunció en Uruguay por presunto lavado de activos. A esto se suma una imputación previa por “enriquecimiento ilícito” que también alcanza a la modelo Sofía Clerici, acusada por encubrimiento, y la ex pareja del funcionario, Jésica Cirio.

Insaurralde acumula ya al menos ocho denuncias en su contra. El abogado Gustavo Marano fue uno de los primeros en llevar adelante una de ellas, en este caso, por presunta evasión. La denuncia quedó en mano del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien, pese a haber negado los supuestos vínculos con el ex funcionario de Axel Kicillof, terminó apartándose de la causa.

“No tengo ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Ello en modo alguno podría haber afectado mi objetividad e imparcialidad para llevar adelante la investigación de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones”, argumentó el magistrado.

Se sospechaba que el juez pudiera actuar de manera parcial en tanto la primera pareja del ex jefe de gabinete, Liana Alejandra Toledo, trabaja en su juzgado. En este marco, Villena aseguró que la mujer actualmente está de licencia y no se encuentra trabajando en la secretaría donde quedó radicada la denuncia. Sin embargo, para evitar dañar su reputación como juez ante las dudas suscitadas, decidió dar un paso al costado.

“Ahora bien, sin perjuicio de haber refutado todos y casa uno de los argumentos ofrecidos por el Dr. Mola, la escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él”, indicó.

“Justamente, por la responsabilidad con la que asumo esa tarea, y con el único objetivo de hacer prevalecer el valor justicia y la confianza de los ciudadanos en ella, es que de manera excepcional, adoptaré la decisión de excusarme”, agregó.

Ahora, todos los expedientes que tramitan en Lomas de Zamora quedarán a cargo de su colega Ernesto Kreplak, quien subroga el juzgado federal 2. Así, tanto la denuncia realizada por Marano, como la presentada por Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, permanecerán en su poder.

En el marco de esta denuncia realizada por los dirigentes de Juntos por el Cambio, Insaurralde fue imputado, junto a Sofía Clerici y Jésica Cirio, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona ya solicitó varias medidas de prueba contra los tres, entre las que destacan el levantamiento del secreto fiscal y bancario y, en el caso específico del ex funcionario de Unión por la Patria, la presentación de su declaración jurada de bienes.

Insaurralde había presentado este documento por última vez en 2022, cuando declaró un ingreso de casi $4 millones por su actividad como jefe de Gabinete bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. La cifra informada por el ex funcionario activó las alarmas luego de que se conociera el acuerdo de divorcio con Jésica Cirio, por el que debió pagarle a la conductora de televisión la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Esta situación fue la que también arrastró a su ex pareja al ojo de la tormenta.

La causa por lavado de dinero también derivó en una investigación de los viajes hechos por el dirigente lomense, según lo solicitado por el fiscal Sergio Mola. Según los registros entregados por Migraciones, el ex funcionario, entre 1999 y 2023, tuvo más de 200 entradas y salidas del país, de las cuales se deberá determinar cuántos son viajes oficiales y cuántos vuelos privados.

Además, se deberá determinar si se trasladaba en vuelos de línea o aviones privados, en tanto los costos de ambas alternativas son diferentes. En este sentido, llama la atención un viaje a Paraguay que realizó en un vuelo privado ─figura como “traslado particular”─ antes de continuar su ruta hacia Estados Unidos, país que visitó cuatro veces entre 2022 y lo que va de este año.

ACM con información de agencias.

El Gobierno argentino, a través del embajador en Venezuela, Oscar Laborde, criticó la decisión de la Justicia de mantener secuestrado el avión venezolano-iraní y retenidos a sus tripulantes, al tiempo que consideró que se trata de “un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”.

“Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado. Y objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente haya nada que reprocharles y hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia. Por suerte a muchos les queda claro en los últimos días que hay una intención de la Justicia, una Justicia que en la Argentina muchos la padecen, y muchos explican que es un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”, sentenció Laborde en declaraciones a radio AM750.

De acuerdo al diplomático, “esto hay que transitarlo con inteligencia, porque son muchos los intereses que pretenden que sea una pelea que perjudique más a Venezuela y al proceso de la CELAC”.

En cuanto a los reclamos de Venezuela por la actitud del Gobierno argentino de no intervenir frente a las decisiones del juez Federico Villena, que el 11 de agosto oficializó el secuestro del avión de Emtrasur, de acuerdo a una petición de Estados Unidos para incautar la aeronave, que antes era propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por Washington, Laborde dijo saber “que tenemos esta dificultad con los amigos venezolanos”, pero aclaró que no hay “ninguna protesta del gobierno venezolano a Cancillería”.

A estas quejas del gobierno de Nicolás Maduro, este martes se sumó su par de Nicaragua, Daniel Ortega, que durante un acto por el 42 aniversario de la Fuerza Naval de ese país, sostuvo que el presidente Alberto Fernández “está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace el secretario general de la OEA”, el uruguayo Luis Almagro, “que abiertamente es instrumento de los gringos”. Y se preguntó: “¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas, a los jueces norteamericanos, y a las persecuciones de los Estados Unidos?”

Asimismo, Ortega aseveró no saber “qué fin irá a tener la Celac si Argentina no tiene la decencia y el honor de no someterse al imperio”. Frente a estos comentarios del presidente nicaragüense, Laborde le limitó a decir que no le corresponde “responderle a Daniel Ortega”.

El pasado 1° de agosto, el juez Villena ordenó confiscar los pasaportes e impedir la salida del país del piloto iraní y otras seis personas que iban en el avión venezolano Boeing 747 retenido desde el 6 de junio en el marco de una causa por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Pero liberó a 12 tripulantes que deberán regresar a su país de origen en vuelos de línea. 

Con información de agencias.

IG

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, hizo lugar este jueves al pedido de los Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Argentina por haber estado supuestamente involucrado en acciones terroristas, informaron fuentes judiciales. La decisión se conoce en momentos en que escaló la tensión con el gobierno de Venezuela, que reclamó vehemente a la Argentina que libere la aeronave y deje salir del país a la tripulación venezolana.

El avión, retenido en Ezeiza desde hace más de dos meses, quedó en manos de agentes del FBI de los Estados Unidos, que hicieron una nueva inspección de la nave. El avión, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, quedará en la Argentina a disposición de la justicia local y, ahora también, de la de Columbia, que había reclamado su incautación.

El juez Villena tomó la decisión en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la ley 24.034, informaron las fuentes consignadas por la agencia oficial Télam.

Más temprano la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur.

A principios de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.

En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana.

Cuando se comunicó la decisión de la Justicia de Columbia, el departamento de Justicia norteamericano recordó también el supuesto vínculo de Mahan Air al Hezbollah con a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.

La venta, según surge del comunicado, fue de Mahan Air a la “Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa) , una empresa estatal venezolana”, algo que también fue expuesto en la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, por los propios tripulantes del avión.

El dictamen de la fiscalía de Lomas de Zamora se conoció después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela criticara en duros términos al gobierno de Alberto Fernández y a la fiscal Incardona.

Las criticas siguieron a declaraciones, el lunes, del presidente Nicolás Maduro y del diputado, vicepresidente del Partido Socialista Unido y uno de los hombres fuertes de régimen, Diosdado Cabello, quienes exigieron a Fernández que devuelva el avión.

Maduro lanzó fuertes críticas contra el gobierno argentino. “Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo”, dijo Maduro. “¿No hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la soberanía? ¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?”, preguntó en una alocución transmitida por la televisora estatal VTV.

Esas críticas generaron que la Procuración General de la Nación (PGN), interinamente a cargo de Eduardo Casal, enviara una nota a la cancillería argentina para expresar su “profunda preocupación institucional”. El texto lleva la firma del titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y fue dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.

Con información de Télam

El juez federal Federico Villena espera que en las próximas horas la Policía Federal Argentina (PFA) le entregue un informe completo con el análisis del contenido del teléfono celular del piloto iraní, principal imputado en la causa del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, informó a elDiarioAR una fuente directa de la causa. El magistrado busca imprimir la mayor celeridad posible a la investigación para definir la situación procesal de los diecinueve tripulantes imputados por presuntas relaciones con el terrorismo internacional. 

El capitán de la aeronave y los otros dieciocho miembros de la tripulación quedaron formalmente imputados tras un dictamen de la fiscal federal Cecilia Incardona presentado este martes último ante el juzgado. El juzgado ya tiene parte de los resultados de las pericias y la Federal, que reforzó el equipo de técnicos informáticos dedicados al caso, se concentró en culminar el análisis del teléfono del piloto para ampliar luego el del resto de los tripulantes iraníes. 

Villena tiene pendiente una reunión con la fiscal Cecilia Incardona y autoridades de la Policía Federal por el caso. Hasta el momento, el contenido del teléfono del piloto no habría aportado prueba significativa para la causa, como adelantó este miércoles Página/12 y confirmó la fuente con acceso a la investigación. Se hallaron fotografías de unos 30 años de antigüedad en la que pueden verse a hombres jóvenes recibiendo instrucción militar, presumiblemente en Irán, debido al escudo en sus uniformes. 

Los analistas creen que uno de ellos sería el piloto y que habría tenido un paso por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las fuerzas armadas de Irán, fundadas tras la revolución de 1979.

También encontraron imágenes de los llamados mártires de la Guardia Revolucionaria Islámica y consignas contra Israel. 

La Justicia encargó a una compañía especializada la apertura y análisis de una tablet de marca Apple hallada durante uno de los allanamientos y que no sería propiedad de los tripulantes que se encuentran en Buenos Aires.

La causa acumulaba este miércoles ocho cuerpos y el juez ya cuenta con la información de las cajas negras, cuyo análisis debe realizar el juzgado, y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo. 

Durante el allanamiento al avión varado en Ezeiza desde el miércoles 8 de junio también surgió un plan de vuelo de la aeronave datado en abril pero que no se encontraría a nombre  de Emtrasur sino de Qeshm Fars Air, una de las aerolíneas iraníes sancionadas por los Estados Unidos por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y presunta colaboración con el terrorismo internacional a través del transporte de armamento, personas y dinero en Medio Oriente.

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que la agencia sostiene que el piloto sería CEO y miembro de la administración de Qeshm Fars Air. Esta fue la principal causa de la imputación que dictaminó la fiscal el martes.

Sin embargo, Villena e Incardona deben determinar si la tripulación cometió algún delito en Argentina y el juez espera que esa definición no pase de la próxima semana, confió la fuente consultada.

La investigación gira en torno a tres ejes: el avión, la tripulación y la carga que se transportó en la aeronave hasta Buenos Aires, explicó la fuente. Durante este miércoles, el juez continuó tomando declaraciones testimoniales.

Este artículo se actualizó el 23 de junio a las 19:49 para corregir la marca del celular del piloto.

ED

Dos cajas negras, una notebook, un pendrive, una tablet y documentación son los elementos hallados en el Boeing 747 de bandera venezolana y secuestrados la madrugada del viernes por orden del juez federal Federico Villena, informó a elDiarioAR una fuente con acceso directo a la investigación que tiene a los diecinueve tripulantes iraníes y venezolanos impedidos de salir del país.

Este viernes por la mañana, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) finalizó el allanamiento a la aeronave que iba a ser llevado adelante el miércoles hasta que el procedimiento se filtró en los medios y el juez ordenó fajar la aeronave y suspenderlo por 24 horas. El ejecutivo Miguel Medina estuvo presente como representante de Boeing en Argentina.

El caso continuaba por cuarto día bajo secreto de sumario y sin imputados, según pudo confirmar elDiarioAR de dos fuentes directas de la investigación. 

La investigación comenzó la semana pasada con una denuncia realizada por un abogado contactado por Emtrasur. Rafael Resnick Brenner -exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone- se presentó ante el juez de turno, Villena, en nombre de los catorce venezolanos y los cinco iraníes para solicitar que se ordene a las tres petroleras que operan en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) que abastezcan de combustible al avión y que las autoridades devuelvan los pasaportes a los afectados para poder regresar a Caracas. Se abrió así un expediente denominado “Resnick Brenner, Rafael sobre Habeas Corpus”.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, dijo a radio ABC Color que su servicio de inteligencia alertó a Uruguay y Argentina sobre la supuesta conexión del avión y la tripulación con la Guardía Revolucionaria Islámica en Irán y las brigadas Al-Quds, consideradas terroristas por los Estados Unidos -aunque no por Argentina-. El alerta fue el 6 de junio, razón por la cual el avión no fue abastecido por las petroleras en Ezeiza ni pudo ingresar a Uruguay y Paraguay.

A su vez, González dijo que la información provino de la inteligencia estadounidense. Su país ya venía investigando a Emtrasur y el avión por un viaje realizado a mediados de mayo a Ciudad del Este. 

En aquella oportunidad, el avión ingresó, permaneció y salió de Paraguay sin problemas, pero la investigación surgió después, tras la revelación de la periodista Mabel Rehnfeldt. La aeronave había partido de Ciudad del Este con un cargamento de cigarrillos de la empresa Tabesa, propiedad del denunciado expresidente Horacio Cartes. Este viernes, el ministro de inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, afirmó a la emisora ABC: “De acuerdo a lo que nosotros sabemos, y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada a Al-Quds”, dijo sobre el piloto del avión varado.

El lunes último los tripulantes pasaron de denunciantes a denunciados tras dos presentaciones ante el juzgado realizadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) -en base a artículos periodísticos, según surge del documento- y diputados de la oposición -también basada en notas de medios-. 

La fiscal federal Cecilia Incardona ordenó abrir un nuevo expediente con la carátula “NN/sobre averiguación de delito”, informaron ambas fuentes. Los tripulantes no han tenido acceso a la causa. No están acusados de ningún delito y no son parte, pero están siendo investigados y tienen prohibido salir del país hasta que el juez Villena tenga en su poder los resultados de las pericias informáticas de los teléfonos, notebook y laptops secuestradas. No se encuentran detenidos y pueden circular dentro del país, aunque no tienen documentos que acrediten su identidad.

Las claves

La causa depende ahora de los resultados de tres medidas centrales: la identificación por huellas digitales que se les tomaron a los tripulantes y se enviaron a los Estados Unidos con el fin de determinar si algunos de los iraníes está vinculado a organizaciones terroristas; las pericias de los dispositivos informáticos secuestrados en el hotel y el avión; y el análisis de las cajas negras de la aeronave.

Las pericias informáticas se están realizando en tiempo récord, dijo una de las fuentes consultadas. Las copias forenses de los dispositivos secuestrados a los tripulantes el martes por la madrugada, durante el allanamiento al hotel donde se hospedan, ya fueron culminadas y se espera que este fin de semana haya resultados para aportar al juzgado, pero es una presunción.

Por cuestiones de acceso a tecnología específica, los teléfonos Iphone están siendo analizados por la Federal mientras que los de otros sistemas operativos quedaron en manos de la Policía porteña.

La causa avanzará o se cerrará de acuerdo a las evidencias o carencia de pruebas para retener a los tripulantes después de los resultados de las pericias y de la identificación o no de las huellas digitales.

Días de ocio

Durante el allanamiento en el hotel, tanto los tripulantes venezolanos como los iraníes sostuvieron la misma versión ante la Policía Federal: vinieron a Argentina a entregar un cargamento de autopartes que se cargó en México. 

Los diecinueve habían sido seguidos y vigilados durante todo el fin de semana del 11 y 12 de junio por orden del juzgado. En el interín, cambiaron de hotel: del Holiday Inn al Plaza Central Canning. Las tareas estuvieron a cargo de la Unidad Antiterrorismo de la Federal, la Agencia Federal de Inteligencia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Los iraníes hablan poco inglés, son de extremo bajo perfil y se movieron con menor frecuencia que los venezolanos, quienes salieron el viernes por la noche a un bar muy cercano al hotel, contó una fuente del caso a este medio. 

Podrían haber dejado el país en un vuelo de línea, pero se quedaron supuestamente a la espera de que el avión pudiera cargar combustible. La aeronave acumula unos US$40.000 de cánon por su estadía en la pista, según informó una fuente del sector aeronáutico. 

Una mujer integra la tripulación y tendría un cargo en la empresa Emtrasur, al igual que otros de sus compañeros de vuelo. Uno de ellos es ejecutivo del área de Finanzas, por ejemplo. Al menos dos de ellos tienen domicilios legales en Estados Unidos y España y varios tienen pasado militar. No tienen actividad en redes sociales.

Los venezolanos también mostraron a la policía durante el allanamiento sus tarjetas del banco Bi-National Bank, una entidad creada por Venezuela e Irán.

Tras las declaraciones del flamante jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien refirió que creía que los iraníes estaban instruyendo a los venezolanos sobre cómo pilotear el avión, los venezolanos redactaron un texto para presentar eventualmente ante el juez Villena con su descargo, pero hasta este miércoles no lo habían presentado. Allí explicaban que el motivo de que la tripulación estuviera integrada por personal civil y de ambas nacionalidades se debía justamente a eso: una fuente directa del caso explicó a elDiarioAR que los venezolanos sostienen que los iraníes estaban capacitando a los venezolanos sobre el manejo de Boeing 747-300, no porque los pilotos de Caracas no supieran volar sino porque se trata de un avión fabricado en 1986 -es muy viejo- y se requieren conocimiento específicos -según la versión de los tripulantes latinos- desde mecánica hasta mantenimiento.

Como el avión perteneció hasta el año pasado a la iraní Mahan Air y comenzó a volar con Emtrasur a finales de enero de este año, se supone que aún están en proceso de adecuación técnica.

elDiarioAR revisó las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en las que se basaron las petroleras que operan en Ezeiza para no cargar combustible al avión, varado desde el 8 de junio en el aeropuerto internacional. 

Estados Unidos mantiene sanciones contra Mahan Air, Conviasa (dueña de Emtrasur, según un decreto de Nicolás Maduro) y el avión con matrícula iraní (EP-MND) pero no con su actual matrícula venezolana (YV3531). También pesan sobre la empresa aérea de carga Qeshm Fars Air, pero no hay ningún nexo público de esa compañía con los iraníes. 

Conviasa hace vuelos regulares a Ezeiza y hasta el momento no había tenido impedimentos en Argentina.

El piloto

Hasta el momento, los únicos datos fehacientes sobre el piloto en dominio público son su nombre completo, su fecha de nacimiento y número de pasaporte -se filtró la foto de su pasaporte-, nacionalidad y un antecedente laboral: es sindicado como CEO de una compañía aérea iraní. Hasta al menos 2016, era CEO de Iranian Naft Airlines, según la agenda online de la cumbre de finanzas en aeronavegación iraní de ese año, en la que participaron decenas de autoridades del área de ese país. 

Iranian Naft Airlines cambió su nombre al año siguiente por Karun Airlines. Ninguna de las dos figura en la lista de sancionados de los Estados Unidos, según las búsquedas online en el Departamento del Tesoro de ese país. En algunos medios de comunicación se le ha adjudicado un cargo administrativo en otra aerolínea iraní que sí está sancionada por los Estados Unidos, Qeshm Fars Air, pero ni la DAIA -que lo incluyó en su denuncia- ni quienes lo publicaron explicaron de dónde surge ese dato o cuál es la fuente.

En un comunicado, la embajada de Israel en Argentina sostuvo que su país está “particularmente preocupado por la actividad Mahan Air y Qeshm Fars Air en América latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”. No hizo mención al piloto. 

ED

Mientras el escándalo escala en diferentes estamentos nacionales e internacionales y se reclaman explicaciones por parte del Gobierno sobre la presencia en suelo argentino del avión venezolano que transportaba a los ciudadanos iraníes, el juez que investiga la causa, Federico Villena, y la fiscal federal Cecilia Incardona analizan por estas horas una serie de medidas de prueba para intentar establecer si hubo irregularidades en la aeronave que arribó el 5 de junio a Ezeiza.

Es así que Villena dispuso que el Boeing de Conviasa quede secuestrado en el aeropuerto ministro Pistarini y a disposición del juzgado para hacer las pericias que se consideren necesarias.

En el mismo sentido, la Justicia ya había prohibido la salida del país de los 14 venezolanos que participaron del vuelo junto a los cinco ciudadanos iraníes, a quienes ya se les habían retenido los pasaportes.

La medida fue tomada por el juez Villena, tras un allanamiento que realizó la policía federal el lunes en las habitaciones del hotel de la localidad bonaerense de Canning donde se alojan los tripulantes.

Los efectivos ingresaron al Hotel Plaza Canning, que se encuentra dentro del shopping que lleva el mismo nombre, con orden judicial en busca de elementos de interés para la pesquisa, como computadoras personales o “pendrives”, que podrían estar en posesión de los 19 tripulantes de la aeronave.

Mientras se realizaba la requisa, todos los tripulantes del avión aguardaron fuera de sus habitaciones, precisaron las fuentes.

El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal Incardona, quien este martes impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional

El juez Villena ordenó en las últimas horas que la Dirección Nacional de Migraciones retenga, al menos por otras 72 horas, los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes que conformaban la tripulación del avión.

La Policía Federal no sólo revisó los dormitorios de la comitiva del viaje de la sospecha, también ingresó a las habitaciones de todas las personas que pasaron la noche en ese hotel. “El hotel tiene tres pisos y se revisó todo”, informaron testigos. Tanto los iraníes como los venezolanos se mostraron tranquilos durante todo el operativo y no ofrecieron resistencia.

César Giuiggioloni, uno de los propietarios del Hotel Plaza Central Canning, precisó que los tripulantes del avión venezolano-iraní llegaron al lugar por medio de una agencia de turismo que suele trabajar con el complejo hotelero. Asimismo, aclaró que el allanamiento no es al hotel, sino que se trata de un procedimiento sobre las personas que están alojadas. “El hotel tiene 19 habitaciones y se revisó todo”, aseguró Giuiggioloni. 

Con información de agencias.

IG