La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión en la causa por el manejo de planes sociales y lo dejó así en condiciones de ser enviado a juicio oral.

El máximo tribunal penal federal del país rechazó por “inadmisibles” las apelaciones de Belliboni y otros 14 acusados en la investigación y dejó así firmes los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña.

Los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky también dejaron en pie una decisión de la sala I de la Cámara Federal que agravó la situación procesal de Belliboni y de otra referente del Polo Obrero, María Dotti, al sumar en sus casos los delitos de amenazas coactivas y extorsión a beneficiarios de los programas para obligarlos a concurrir a piquetes y marchas.

En el caso el juez federal Casanello ya inició los trámites para enviar el expediente a juicio, para lo cual dio vista a las partes.

Casación desestimó las apelaciones por “inadmisibles” por cuestiones formales vinculadas a que no se encontró “debidamente fundada una cuestión federal” con lo cual las decisiones quedaron confirmadas.

También remarcó que los procesamientos no son una “sentencia definitiva o equiparable a tal”. Belliboni está procesado por “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión” por desvíos de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.

El dirigente sindical fue procesado en agosto pasado por Casanello por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión y agregó dos delitos más, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.

Además, la acusación incluye la supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.

Los fondos se desviaron y se habrían usado para “afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias”, consideró probado la Cámara Federal cuando confirmó los procesamientos en noviembre último.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal porteña imputó hoy al referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y lo acusó de “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión”, al confirmar su procesamiento en la investigación por desvíos de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.

Belliboni fue procesado en agosto pasado por el juez federal Sebastián Casanello por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión y agregó dos delitos más, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.

Además, la acusación incluye la supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.

“Nos encontramos ante una modalidad coactiva que era una práctica repetida” e “institucionalizada por parte de la organización Polo Obrero, que trata de conductas que exceden el simple desvío de los fondos en desmedro de las arcas públicas puesto que reúnen también los elementos típicos de otras figuras penales más específicas como lo son las amenazas coactivas y la extorsión”, advirtieron los jueces.

Además se recordó que debe profundizarse la investigación sobre “la actividad de funcionarios públicos que hubieran sido conniventes con esa administración fraudulenta actuando de forma coordinada con las autoridades del Polo Obrero”.

La participación en los hechos de Belliboni y Mariano Centanni, otro de los procesados, surge, en primer lugar, de su condición de autoridades del Polo Obrero, el primero como secretario y luego como presidente, y el segundo como tesorero el restante“, analizó la resolución.

Los fondos se desviaron y se habrían usado para “afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias”, advirtió la Cámara.

Sobre lo que se exigía a los beneficiarios de los programas, el Tribunal remarcó que “se hallaron en los comedores allanados cuadernos, listados y planillas en los cuales se registraba la asistencia de los beneficiarios a las movilizaciones, con indicación del nombre del asistente, la fecha del acto y qué delegado había controlado dicha participación, registro que luego era compartido a través del grupo general de WhatsApp”, detalla el fallo.

Además de Belliboni, quedó confirmado el procesamiento a los demás imputados miembros del Polo Obrero.

Organizaciones sociales de todas las tendencias políticas volverán a las calles este miércoles 7 de Agosto, en el marco de la tradicional celebración católica de San Cayetano, el Santo Patrono del Trabajo, en una concentración que unificará los reclamos ante las políticas económicas que aplica el gobierno de Javier Milei, que impulsa causas judiciales contra los dirigentes de varias agrupaciones y mantiene su decisión de no entregar alimentos a los comedores y merenderos populares.

Desde el peronismo y el cristianismo social, hasta la izquierda, los movimientos sociales confluirán en esta manifestación bajo la consigna de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”, que supo impulsar el Papa Francisco. Más allá de los matices que las distinguen, los integrantes de las organizaciones pretenden que la movilización marque el inicio de un camino de acción para los próximos meses, frente a un escenario en el cual pueden agudizarse cuestiones como la pobreza, la desigualdad y la desocupación. 

La celebración comenzará en la Iglesia de San Cayetano a las 8.30, en Cuzco 150 del barrio de Liniers, donde habrá una bendición de “herramientas del trabajo” y luego se dará inicio a una peregrinación que encabezará el movimiento “Misioneros de Francisco” hacia Plaza de Mayo, donde confluirán con columnas de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero y la Unidad Piquetera. Además, se sumarán la CGT, las dos CTA, agrupaciones políticas, el movimiento de Iglesias Evangélicas, asociaciones que nuclean a las Pymes y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.  

La peregrinación discurrirá hasta el centro porteño por la Avenida Rivadavia y constituirá también un desafío para el denominado “protocolo antipiquetes” que diseñó el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. “La idea es que la peregrinación vaya por una parte de la ciudad y luego nos vamos a sumar desde las organizaciones para confluir todos en Plaza de Mayo. No queremos que se generen hechos de represión como los que sufrimos en otras manifestaciones”, señaló a elDiaioAR una fuente que integra una de las organizaciones sociales que participará de la marcha.

La idea de realizar una gran manifestación que discurriera desde Liniers a la histórica Plaza de Mayo fue desestimada por sectores de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que temen que se produzcan situaciones de violencia.

“Estamos en un contexto de agravamiento de los problemas sociales y es una situación que tenemos que visibilizar cuando se incrementan la pobreza, la indigencia y el desempleo. Estamos recibiendo cada vez más gente en los comedores de los barrios. La olla se hace cada vez más grande y tenemos que llenarla para asistir a los desocupados, los jubilados e incluso los que tienen trabajo y no llegan a fin de mes”, contó a elDiarioAR Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

Los reclamos de las organizaciones incluyen la regularización de la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, que se resiste a normalizar la entrega de alimentos a las organizaciones sociales, pese a los tres fallos judiciales que le ordenaron a la cartera normalizar la provisión de la comida que acopia en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán.

“No nos entregaron más alimentos desde que comenzó la gestión de este gobierno y la situación está cada vez más difícil. Cada vez son más los que viene a los comedores”, afirmó a este medio Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur.     

Tras los reveses que sufrió en la justicia federal, el Gobierno decidió tercerizar la entrega de alimentos en la Fundación Conin, que lidera el médico Abel Albino, un médico de públicas posturas antiabortistas que centra su actividad en la provincia de Mendoza. Mientras tanto, Capital Humano anunció su intención de llevar hasta la Corte Suprema su apelación contra la entrega de los alimentos que retiene. 

“Parece que después, van a querer ir hasta la ONU para no darles los alimentos a los comedores”, ironizó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. Esta organización que en los últimos días quedó esta semana en el centro de la escena, luego que el juez federal Sebastián Casanello, procesara a varios de sus militantes –Belliboni incluido— por haber presentado facturas con datos falsos en las rendiciones de cuentas de fondos del programa Potenciar Trabajo.

Casanello basó su resolución en la supuesta existencia de una empresa fantasma: la editorial Rumbos, que pertenece al Partido Obrero y funcionaría como una caja política. Desde la agrupación, aseguran, en cambio, que se trata de una editorial que existe y publicó numerosos libros y revistas sobre marxismo.

“Es una causa que se armó con llamadas anónimas a la línea 134 y la mayoría de los testimonios fueron desestimados. Se trata de una maniobra de persecución orquestada por Bullrich. Es una medida que Casanello dictó sin concedernos una ampliación de la indagatoria”, afirmó Belliboni.

La de Casanello no es la única causa que se sigue en la Justicia Federal contra las organizaciones sociales. El magistrado Luis Armella ordenó el mes pasado allanamientos a sedes de comedores populares con la Prefectura Naval en busca de alimentos vencidos. “Nos allanaron varios comedores en Florencio Varela, y no encontraron nada”, aseguró Saravia.

Además, el juez federal Ariel Lijo --propuesto por el Gobierno para ocupar una bacante en la Corte Suprema— lleva también una investigación sobre presuntas extorsiones de dirigentes sociales a beneficiarios de programas para que concurrieran a marchas. La causa también se basa en denuncias hechas a la línea 134 habilitada por Bullrich en junio pasado, Lijo ordenó 14 allanamientos y se secuestraron varios celulares.

“Son estrategias que buscan amedrentar y desmovilizarnos en un contexto de incremento de la miseria y la represión que ordena Bullrich”, consideró Belliboni.

La del miércoles será la primera gran movilización que se llevará a cabo tras la represión a las protestas que se dieron cita en Plaza Congreso en pasado 12 de junio, cuando se aprobó en el Senado la Ley Bases. Más de 30 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad en esa jornada por cargos de “terrorismo y sedición”, que fueron formulados por el fiscal federal Carlos Stornelli. 

La jueza María Servini ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos, pero aún continúan encarcelados Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez, cuyas liberaciones serán parte de las demandas que las organizaciones sociales plantearán en esta movilización de San Cayetano.

“La represión y las causas sociales son una forma de meter miedo e inmovilizar. Hay temor entre nuestros militantes, pero también hay convicción. Hace meses que estamos trabajando en los territorios con otras organizaciones y montando ollas populares. El miércoles vamos a marchar todos juntos y vamos a seguir así”, sostuvo Saravia.

Por su parte, Belliboni aspira al lanzamiento de “un plan de lucha que también involucre a la CGT y a las dos CTA. Es lo que tenemos que discutir con todas las organizaciones después del 7 de agosto. No queremos quedarnos solamente en lo religioso”.

Las organizaciones sociales Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) organizaron la primera marcha de San Cayetano el 7 de agosto de 2016. Ese conjunto de agrupaciones y sus dirigentes –entre los que estaban Juan Grabois, Juan Carlos Alderete, Emilio Pérsico y Esteban Castro, entre otros–, fueron bautizados como “los cayetanos” y reconocidos por su alineamiento con los postulados de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” que promueve el papa Francisco. 

“Esta vez la convocatoria se amplía porque tenemos que darle visibilidad a la situación que estamos viviendo en los barrios y en toda Argentina. Entendemos que no se puede separar la fe de la lucha y de la vida. Por eso, vamos a expresar la unidad de la fe y la lucha. Son cosas que no se pueden desvincular”, remarcó al elDiarioAR Esteban Castro, referente del Movimiento Evita y primer secretario general de la UTEP que el miércoles peregrinará y marchará hacia Plaza de Mayo.

“La solidaridad de la gente en nuestros barrios se profundiza en los tiempos duros. Eso ya lo vivimos y es algo que está pasando de nuevo. Tenemos que movilizarnos con ese ejemplo, pese a la estigmatización y el miedo que nos quieren meter”, puntualizó Castro.      LC/MG         

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Eduardo Belliboni “por administración infiel en relación al Plan Potenciar” luego de advertir que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo.

En la imputación dada a conocer mediante un escrito de 168 páginas, el magistrado mencionó pruebas que considera suficientes, como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma.

“Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado, quien además detalla que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.

Asimismo, según Casanello, “el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.

Para el magistrado, “no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”.

Casanello también destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ”Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“ y ”Coxtex SA“-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Además de al líder del Polo Obrero, el procesamiento dictado por Casanello alcanzó también a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por las mismas razones que Belliboni (administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública). También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas. En tanto, María Isolda Dotti y Gianna Puppo fueron procesadas por “amenazas coactivas”, además de “defraudación”, mientras que Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia fueron acusadas solo de amenazas.

Con respecto a los procesamientos, el Gobierno nacional se pronunció a través del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien pidió a la Justicia “que actúe con celeridad e imparta justicia. Uno de los peores crímenes que se cometieron en Argentina fue jugar con la comida de los pobres y el asistencialismo. Apelamos a que los que jugaron con la dignidad de la gente paguen caro”, sentenció el vocero este lunes, en su habitual conferencia de prensa.

El fiscal Pollicita solicitó la indagatoria de Emilio Pérsico

En el marco de la causa en la que investigan el accionar del Polo Obrero, el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social de lo que supo ser el Ministerio de Desarrollo Social. Se lo investiga de haber actuado en complicidad con Eduardo Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.

Para la fiscalía, existe “una matriz de corrupción” que operó desde 2020 hasta diciembre del 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaría a cargo de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social.

Según el fiscal, los funcionarios “actuaron en forma coordinada” con los dirigentes sociales. Por lo que en el escrito de requerimiento de indagatoria al que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, Pollicita planteó: “La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”.

En el escrito, Pollicita expone una acción coordinada entre ambas organizaciones sociales con el objetivo de desviar millones de pesos correspondientes del programa a las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado sin documentación que lo ampare.

Según denunció ambos referentes actuaron “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”. “Bajo el paraguas de un acuerdo de impunidad, los responsables de las Unidades de Gestión del Polo Obrero, por un lado, y las autoridades públicas, por el otro, incumplieron con las obligaciones legales que el programa les imponía en relación a la rendición de cuentas sobre los fondos públicos entregados en carácter de subsidio a los primeros, evidenciando el desinterés en torno al destino de los fondos, tal como se viene desarrollando”, argumentó el fiscal.

Pollicita detalla que el Polo Obrero recibió un total de $361.087.500 que “no habían sido devueltos ni rendidos al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”. 

“Como era de suponer en base al acuerdo descripto, dichas omisiones no motivaron ninguna intimación por parte de las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —las intimaciones fueron realizadas recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano—, pese a encontrarse holgadamente vencidos los plazos de ejecución y, por tanto, de rendición de cuentas”, cuestionó. 

En ese marco, además de Pérsico se tomará indagatoria de los exfuncionarios Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También volverán a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego.

Con información de agencias.

IG

El Frente de Lucha Piquetero realiza este jueves una nueva concentración en el Puente Pueyrredón reclamando puestos de trabajo genuino, asistencia integral a los comedores populares y acceso universal a los programas sociales, sin discriminación.   

La acción, según indicaron los dirigentes del espacio popular, se da en medio de la “persecución judicial” contra las organizaciones piqueteras y sociales, “basada en infamias y calumnias contra sus referentes”, lo que tuvo como correlato permanentes allanamientos a referentes y hasta al local central del Partido Obrero.  

Los piqueteros también apuntan contra la “corrupción en el Ministerio de Capital Humano con respecto a los contratos truchos y el acopio de alimentos en los depósitos que se negaban a entregar a los comedores, en pleno crecimiento de la pobreza en el país”, a lo que consideraron como “un acto criminal”.  

“Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero y de la Unidad Piquetera, nos movilizamos este jueves al Puente Pueyrredón para exigir la entrega inmediata a cada uno de los comedores populares, sin privilegios ni intermediarios”, sostuvieron las organizaciones convocantes en un comunicado.   

Y agregaron: “Vamos a reclamar además un aumento de emergencia de los programas sociales que están congelados en $78.000.  Mientras la inflación ha arrasado con salarios, jubilaciones y programas sociales siguen igual”.

Con información de NA.

IG

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy la inhibición general de bienes al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales.

La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico–financiero.

Belliboni está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 26 de junio, por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión.

Casanello interviene como juez federal porque el dinero para planes sociales y para la manutención de los comedores proviene de fondos públicos.

CRM con información de la agencia NA

Durante sus cuatro años de mandato, Mauricio Macri tuvo a su disposición una maquinaria judicial que parecía arrolladora. Espectaculares detenciones de desprestigiados exfuncionarios ataviados con casco y chaleco antibalas, excavadoras en la Patagonia, fiscales repartidores de sortijas para arrepentidos, fuero alegal de Claudio Bonadio, Doctrina Irurzun, cámaras ocultas, amenazas extorsivas desde el prime time televisivo, fotos en pijama de algún arrestado, espías ilegales, camaristas jugadores de paddle en Olivos y de fútbol en Los Abrojos, y una Corte Suprema dispuesta a avalar toda esa podredumbre.

A la hora de la verdad, cuando el festival de deuda externa dio paso a la recesión y la escalada inflacionaria, la candidatura de Macri a la reelección retornó al punto de partida. Cambiemos sumó 30% en las primarias de 2015 (Macri-Sanz-Carrió) y Juntos por el Cambio cosechó 31.8% en las de 2019.

La aventura judicial y de Inteligencia del macrismo demostró haber sido muy distorsiva para juzgar los serios indicios de corrupción surgidos durante los Gobiernos de los Kirchner y bastante más eficiente para proteger a los propios. El balance institucional del Ejecutivo que se proclamaba defensor de la República fue penoso y el resultado electoral, si se comparan los resultados de 2015 y 2019, más bien neutro.

A la hora de la verdad, cuando el festival de deuda externa dio paso a la recesión y la escalada inflacionaria, la candidatura de Macri a la reelección retornó al punto de partida

Vía el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Interior, Guillermo Francos, el Gobierno ultraderechista pareció optar por una senda más propensa al statu quo y el acuerdismo antes que el “vale todo” para eliminar al adversario y garantizar impunidad al oficialismo.

Hay otra vertiente en el Gobierno de Milei: la fuerza “moral” de Karina, Sandra Pettovello y, según versiones encontradas, probablemente Santiago Caputo. Patricia Bullrich, al fin, demuestra coherencia. La jefa de Seguridad no se despegó del abordaje de la era Macri y se muestra ávida por dar la pelea en tribunales mediante ese entretejido de jueces, medios y espías, que sigue vigente. Al enemigo, ni justicia, y al propio, lapicera para redactar la ley Bases con sus abogados corporativos.

El hipopótamo blanco

Pettovello tiene un “equipo de investigación”. El “hipopótamo blanco”, como llama un severo crítico interno de su gestión en el megaministerio de Capital Humano, “porque no es siquiera un elefante, está abajo del radar, nadie lo ve”, se muestra incapaz de mover políticas sociales elementales o prever conflictos con universidades y sindicatos. Lo que no es imprevisión, es motosierra de Luis Caputo. Queda el circo.

La dinámica se repite. Pettovello inicia una “investigación”. Surgen datos ciertos o falsos pero siempre grotescamente hilvanados, algún caso con color mediático y una proyección de cifras de defraudación con varios ceros. Periodistas que conocen la intimidad de los Milei en Olivos esbozan algún punteo ante cámaras, con la mirada en el celular (“me dicen”), del que se entiende poco y nada, y luego se publica un dossier más consolidado en La Nación, Clarín e Infobae, al unísono.

Lo que no es imprevisión, es motosierra de Luis Caputo. Queda el circo

Ocurrió con los tratamientos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, con el programa de Integración Socio Urbana y, en días recientes, la ofensiva recargada contra los planes sociales y los comedores populares. Pettovello inauguró su propia doctrina procesal. Es incapaz de auditar la distribución de partidas, función que le cabe a todo funcionario, y al mismo tiempo asistir con tratamientos, condiciones de hábitat y comida a quienes los necesitan.

La tesis que el Gobierno trata de consolidar es que existe un sistema de desfalco al Estado perpetrado por organizaciones clientelares que orbitan en el peronismo y la izquierda. Con la pantalla de la asistencia, esas entidades se aprovecharían de los más pobres, el peor de los pecados.

Javier Milei lo explicitó el viernes en Madrid: “El peronismo vivió ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres y sucede que, en realidad, creaban pobres para convertirlos en esclavos”.

Maniobras de Comodoro Py

Esta fase de la causa principal, que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello, queda delimitada en datos informados por Emilia Delfino en este diario. De 13.310 llamadas a la línea 134 habilitada por Bullrich en diciembre para denunciar extorsiones en la entrega de planes sociales, el ministerio de Bullrich atendió 2.720. De ellas, esa cartera otorgó verosimilitud a 924. El fiscal federal Gerardo Pollicita investigó 45 llamadas que atañían a su jurisdicción, Capital Federal, pero sólo siete personas fueron contactadas, de las que cinco aceptaron declarar. Los comedores involucrados en supuestas extorsiones (pases de lista para acudir a marchas, entrega de algún monto, “colaboraciones” ad honorem) corresponden al Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

Pollicita pretendió que el juez ordenara 27 allanamientos con potestad de indagar y encarcelar a 28 de sus responsables, lo que habría causado sensación en los medios con terminales en el Gobierno

En paralelo, la cartera de Pettovello dijo haber auditado 2.646 comedores populares, de los que 1.247 no fueron validados como tales. Si se toman los datos como ciertos, entra a jugar lo que informó este medio hace meses. A las pocas semanas de la asunción de Milei, dado el abrupto corte de la entrega de mercadería, muchos comedores cerraron sus puertas o cambiaron a la modalidad de entrega de bolsones, o abren uno o dos días por semana.

Pollicita pretendió que el juez ordenara 27 allanamientos con potestad de indagar y encarcelar a 28 de sus responsables, lo que habría causado sensación en los medios con terminales en el Gobierno. El fiscal argumentó que dirigentes de esas organizaciones demandaban a sus empadronados en el plan Potenciar Trabajo pagar por alimentos enviados por el Gobierno, entregar una “cápita”, asistir a protestas y a laborar gratis en la venta de comida.

Casanello entendió que no había elementos para indagar a imputados por un delito concreto ni mucho menos para privarlos de la libertad, por lo que seguir investigando fortalecería el expediente. Finalmente, una sala de la Cámara Federal ordenó los allanamientos, aunque sin disparar indagatorias ni detenciones.

Una fuente tribunalicia evalúa que no está claro siquiera que se haya configurado un delito. Por lo pronto, el Polo Obrero, la organización más señalada, dirigida por Eduardo Belliboni, hace tiempo hizo público en entrevistas y en los propios órganos del Partido Obrero que cobra una “cápita” a sus empadronados en el Potenciar Trabajo, con el argumento de que la identificación y organización de ese programa requiere presencia territorial y capacidad burocrática. Si ese acuerdo público es mutuo entre el Polo Obrero y los beneficiarios, no habría extorsión. Y si las cinco llamadas al ministerio de Bullrich fueran corroboradas, la escala hacia un plan sistemático de malversación de fondos en detrimento de los más pobres está en veremos. El ciudadano que haya visto la multitud de fotos inculpatorias de Belliboni y sus colegas en los portales de mayor difusión y en las pantallas de los canales de noticias probablemente llegue a una conclusión, al menos, apresurada.

Otro dato que surge de la causa es que el Potenciar Trabajo, un programa que promueve una senda de ingreso al empleo entre los sectores más vulnerables —el estipendio de abril fue de $78.000—, no involucra la entrega de comida, por lo que la conexión entre acceder al beneficio a cambio de acudir a marchas también requeriría pruebas más sólidas.

Alcance incierto

En el juzgado de Casanello —uno de los pocos jueces de Comodoro Py que no formó parte de la trama urdida durante el macrismo— tramitaron dos de las causas por delitos de corrupción cometidos durante los gobiernos de los Kirchner que avanzaron a paso más firme: la que terminó en una condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez, bautizada por los zócalos de la tele como “ruta del dinero K” (en la que no resultó condenado ni procesado ningún apellido con K), y la de fraude y supuestos sobornos de las empresas Odebrecht y Roggio a funcionarios de Planificación en la construcción de plantas de de Aguas y Saneamientos (AySA).

Los planes sociales a gran escala llevan dos décadas en Argentina. La principal asistencia, Asignación Universal por Hijo (AUH), no tiene intermediarios y probablemente explique la contención de desbordes en contextos críticos como el actual, a la vez que las organizaciones sociales brindan un puente imprescindible hacia barrios resequebrajados por años de crisis estructural. Pero a la vez, hay trazos de clientelismo, perceptibles en manifestaciones en las que no todos quienes acuden parecen consustanciados con la causa.

La mera percepción de un periodista no es prueba; tampoco la pobre defensa de algunos de los dirigentes del Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, que dicen estar a la cabeza de la detección de fraudes, pero se vuelven elusivos a la hora de hacer públicos nombres y casos concretos. Dadas las prácticas evidentes en Argentina, nadie debería descartar alguna trama corrupta que se aproveche de los más débiles.

El ministerio de Bullrich fue rechazado como querellante en la causa. Se habría dado la situación absurda de que la cartera que comanda a las fuerzas policiales federales que allanan comedores se convirtiera en parte del expediente. Capital Humano, de Pettovello, ya pidió aterrizar como querellante y promete agitar una “estrategia hiperofensiva”.

Aviso: habrá más partes oficiales tranformados en notas periodísticas.

Aplausos en Madrid 

Tampoco corresponde sacar conclusiones apresuradas sobre presunto clientelismo de otro orden.

No hay pruebas para pensar que la sintonía del periodista Luis Majul con el Gobierno de Macri obedeció al video de cuatro minutos sobre “la historia del periodismo”, por el que el Ejecutivo de entonces pagó $ 964.000 (unos US$ 64.300 de entonces), en 2016, ni a los múltiples contratos por millones de pesos otorgados por el Gobierno de la Ciudad a la productora del periodista, La Cornisa.

El viernes, en el primer show del fin de semana ultraderechista que se regala Milei en Madrid —una publientrevista en el diario La Razón, de editorial Planeta, la misma casa que publicó una falsa biografía de solapa en el libro que fue a presentar el mandatario—, la más entusiasta a la hora del aplauso ante propuestas tan sensatas como cerrar el Banco Central fue Bettina Guardia, esposa de Alejandro Bulgheroni, accionista de una de las principales empresas argentinas de gas y petróleo, Pan American Energy.

La divulgada amistad de Guardia con Karina Milei la lleva a sentarse a su lado en los encuentros del Presidente con empresarios y le valió la designación como embajadora de Marca País. En esta ocasión, la especie indica que la esposa de Bulgheroni se encontraba ocasionalmente en Madrid y obtuvo una silla por su cuenta, sin formar parte de la comitiva oficial.

El viernes, en el primer show del fin de semana ultraderechista que se regala Milei en Madrid, la más entusiasta a la hora del aplauso ante propuestas tan sensatas como cerrar el Banco Central fue Bettina Guardia, esposa de Alejandro Bulgheroni

La relación entre la empresaria y la menor de los hermanos Milei surgió, al parecer, años atrás, en los pasillos del canal América 24, cuando la primera conducía el programa “Puentes de Esperanza” y la segunda asistía a Javier en las tareas de Corporación América.

Junto a Gerardo Werthein —embajador argentino en Washington y dueño de varias empresas—, Facundo Garretón —exdiputado del PRO y productor de cannabis—, Gabriel Hochbaum —socio de Vila y Manzano en el Grupo América— y Jean Jacques Bragard —vinculado al sector del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou—, Guardia es accionista del diario y portal uruguayo El Observador, vinculado con la radio FM homónima argentina y una de las más aguerridas del oficialismo, dirigida por Majul. El sábado, Milei concedió una entrevista a El Observador España, un medio que acaba de nacer.

A un Gobierno que terceriza la redacción de leyes en estudios jurídicos corporativos y que deja que circulen por Olivos abogados de las firmas Marval, O'Farrel y Mairal, Bruchou y Funes de Rioja, y Kesselstatt, Deppeler y Asociados, no se le puede pedir demasiado en cuestiones de decoro, aunque en momentos en que se debate el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), vehículo de exenciones impositivas por miles de millones de dólares, mayor distancia de las empresas directamente beneficiadas sería acorde a las reglas de Suiza, el país al que, según Milei, se parecerá Argentina en 2059.

SL/MG

El titular de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, advirtió con llamar a un “paro de 36 horas” en caso de que la huelga de este jueves convocada por la CGT no tenga efecto en cuanto a la respuesta del Gobierno nacional.

“Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre, y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Pero ahora pegó un salto y empeoró la situación”, analizó el sindicalista en declaraciones a TN.

“Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36”, insistió Sobrero. Según el dirigente gremial, “la situación del ferrocarril es muy complicada porque tenemos sobre la cabeza 6.000 despidos. Además, le agregás una ley ómnibus que pone impuesto al laburante y al rico se lo saca”, expresó en Radio con Vos.

Al ser consultado sobre qué le diría a las personas que hoy no pueden usar el transporte para ir a trabajar, el gremialista respondió: “Que miren la heladera”.

“De 262 artículos que tiene la Ley Bases, ninguna apunta a mejorar a la clase media ni para los trabajadores. Todo es a favor de los empresarios”, concluyó.

Belliboni: “El paro debería haber sido de 36 horas con movilización”

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente Polo Obrero, ratificó que desde su sector “hoy no hacemos ninguna marcha. Hacemos una conferencia de prensa en el Congreso”. Además, advirtió que la medida de fuerza de este jueves “debería haber sido de 36 horas con movilización”.

En tanto, se mostró “muy crítico de Alberto Fernández y de la CGT”. “La CGT me dijo que no le podía parar a un gobierno peronista. Hay gente que está en contra del paro, pero hay gente que no tiene defensa ante lo que es la extorsión del Gobierno”, reclamó.

Antes, en redes sociales, Belliboni se manifestó en el mismo sentido: “El paro debió haber sido con movilización y de 36 horas para fortalecer y profundizar la lucha contra el plan antiobrero y criminal de Milei, hay que empujar un verdadero plan de lucha progresivo hasta la huelga general para derrotarlo!”

La reacción de Milei al paro

El presidente Javier Milei utilizó hoy sus redes sociales para desafiar la medida de fuerza que adoptará mañana la CGT con una remera con la leyenda “Yo no paro”.

La huelga comenzó a la medianoche y en medio de cruces verbales entre funcionarios del Gobierno y referentes sindicales, Milei aprovechó para subir a sus redes sociales una foto con una remera y esa leyenda trucada.

Este es el segundo paro en cinco meses que lleva la gestión del libertario.

Desde Casa Rosada también recordaron que en ese lapso el jefe de Estado enfrentó otras dos medidas de fuerza de colectivos, dos de docentes, una de trenes y otra de aeronáuticos, además de “100 marchas”.

Bullrich: “Hoy no paremos”

La ministra de Seguridad también se pronunció en redes sociales en contra de la medida de fuerza convocada por las centrales obreras: “HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, posteó la funcionaria.

Con información de agencias.

IG

El líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, confirmó hoy que denunciará penalmente a Javier Milei por “intimidación pública, incitación a la violencia y amenazas” luego de que publicara un meme con la declaración “Casta a la vista” y apuntará directamente contra el dirigente social.

“Nunca había ocurrido, hasta ahora, que directamente desde la magistratura se incitara a la violencia política contra una persona. En el mismo posteo, incluía a gobernadores y a diputados y el único con nombre y apellido era yo”, expresó Belliboni.

En la publicación de Instagram, el Presidente compartió un fotomontaje en el que imita al persona de Terminator junto a la frase “Belliboni detectado. Sindicalista detectado. Gobernador detectado. Diputado Detectado. Cada a la vista”. Al pie de la foto se lee “Tiembla la casta. La libertad avanza, viva la libertad carajo”.

“Vamos a hacer una denuncia penal contra Milei. Es muy importante reaccionar rápidamente porque las amenazas en el país no son en vano. Tenemos una historia de dirigentes asesinados provenientes de los gobiernos y el Estado”, sostuvo Belliboni, junto a los referentes del Frente de Izquierda Gabriel Solano y Romina del Plá.

El líder del PO se comparó con Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, militantes asesinado durante una represión policial en Avellaneda en 2002 “bajo una campaña de estigmatización contra los dirigentes sociales”.

“Si no hay una respuesta judicial, significa que la Justicia quiere mirar a otro lado. Nosotros vamos a hacer una denuncia penal. Milei va a tener que responder en la Justicia y vamos a hacer una campaña política contra la violencia contra los dirigentes sociales que hace la ministra Patricia Bullrich, los diputados de La Libertad Avanza y el presidente”, agregó.

ACM con información de Télam

“Avancemos con los manifestantes. ¡Vamos!”. El jefe policial grita desde un megáfono para ordenar a su tropa: busca que la columna del Polo Obrero que camina sobre la avenida Diagonal Sur hacia Plaza de Mayo no corte la calle. La disputa por el asfalto regala por momentos una ridícula coreografía a la que la ministra Patricia Bullrich expuso a las fuerzas federales de seguridad con su protocolo antipiquetes para reprimir la primera protesta en la era Javier Milei. 

Una veintena de gendarmes se acopla con otra línea de policías federales al ritmo de la nutrida marcha. “Unidad diagonal, vamos”, insiste en código el oficial a cargo. Se desespera. “¡Línea de fondo! ¡Te están ganando!”, le grita a sus subordinados. Los militantes trotskistas corren para bajar de la vereda. El tránsito está cortado desde la avenida Belgrano, a unos 500 metros, más por el despliegue de las fuerzas que por la acción de los piqueteros.

“Pueden manifestarse por la vereda libremente”, baja línea el agente de la federal. Una señora empuja un chango de supermercado que lleva conservadoras repletas de bebidas para vender y mira con disgusto la línea de escudos con la inscripción PFA que la enfrenta intimidatoriamente. Cuando la columna sobrepasa el monumento a Roca y se acerca al Cabildo, se escuchan aplausos. ¿Quién ganó la pulseada callejera en otra marcha en homenaje al estallido de diciembre del 2001? 

La tensión atravesaba el aire cuando, minutos después de las 15, los manifestantes del PO ya no cabían en las veredas de avenida Belgrano y Piedras. La policía hacía gala de su fuerza motorizada para amedrentar a los manifestantes: unas cincuenta motos negras con dos policías a bordo con ropa de fajina a tono se paseaban continuamente por la zona. “¡Fuera!”, les gritaban.

Estaba repleta también la plazoleta de la esquina, que lleva el nombre del Intendente Joaquín S. de Anchorena. Hicieron mella los insistentes reclamos del Gobierno para que no hubiera menores en la marcha: había mujeres pero no se veían muchos niños. Entre ellos se mezclaban vendedores ambulantes. En medio de la política oficial de criminalización de la protesta, los militantes preferían no hablar: “Ahí está mi delegada. Fijate con ella”, dijo a elDiarioAR un hombre que llegó desde Ituzaingó. Por teléfono, otro manifestante le avisaba a un compañero que no llevara banderas: “Sino te van a detener”, le advertía. 

Hasta que llegó al cruce Eduardo “Chiquito” Belliboni, cabecilla de la marcha y máximo referente del PO. Puño en alto, coreó el cántico “¡Pi-que-teros, carajo!” unos segundos hasta que quedó envuelto en un extraño episodio: tuvo que ayudar a un policía de la Federal que se le cruzó con su moto en la avenida y se cayó. La confusión envalentonó a las fuerzas para desplegar todos los agentes federales que estaban a la espera en las calles cercanas para asistir a la policía porteña. Un centenar de efectivos de la Federal y la Gendarmería aparecieron con escudos, cascos, protectores musculares y cachiporras. Militantes del PO con chalecos blancos se le pararon enfrente. 

“Compañeros, nos organizamos detrás de las banderas. No entramos a ninguna provocación”, le exigió Belliboni a su gente, cuando la policía obligó al PO y otras organizaciones menores a ubicarse a un costado de la avenida Belgrano. Rápidamente la policía se desplegó en una especie de herradura humana para contener a los manifestantes sobre la vereda. “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”, se escuchó al ritmo de los bombos. 

Cuando un manifestante comenzó a discutir con un agente, un efectivo le arrojó gas pimienta. Dos mujeres tuvieron que ayudar a otra visiblemente descompuesta, con la cara colorada. “Golpearon a una embarazada”, denunció una de ellas. La escaramuza también avanzó sobre un puesto callejero de hamburguesas. “Cuatro mil pesos el maple de huevos”, se quejó la dueña. “¿A ellos no les llega el ajuste?”, gritaba una pareja contra los agentes. Uno de los jefes policiales buscaba contener a su fuerza: “Tranquilos, no le levantemos la mano a nadie”.  

Con esa actitud represiva el cordón de seguridad metió a la marcha sobre Diagonal Sur y le marcó el paso para llevarla hasta la plaza de Mayo. A una distancia prudencial se mantuvo el jefe de la policía porteña, Diego Kravetz, a la vez segundo del ministro de Seguridad, Waldo Wolff. “No fue provocador. Me parece bien”, hizo un breve balance ante elDiarioAR. “Pregúntenle a Bullrich”, se limitó a agregar sobre el operativo de las fuerzas federales. 

En Diagonal Norte la policía detuvo a dos personas y el diputado nacional del FIT Nicolás del Caño denunció que recibió “palazos” en el pecho y en la espalda. “Vencimos el protocolo, rompimos el cerco policial y que se pueda realizar la protesta”, declaró a este medio el legislador de izquierda. También un agente tuvo que custodiar al influencer libertario “Fijap”, que se metió en la marcha para provocar a los manifestantes y recibió insultos y escupitajos. Terminó metiéndose en la boca de la estación Bolívar del subte E. 

En Seguridad nacional evitaron responder la cantidad de efectivos que se desplegaron. “Esa información no la pasamos. ¡Pero hubo cinco fuerzas federales!”, celebró un alto funcionario de la cartera a este medio, poco antes de que Bullrich ofrezca desde el Departamento Central de la Policía Federal una conferencia de prensa. Además de la policía y Gendarmería, movilizó a la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario. Solo de la fuerza porteña hubo 2.000 agentes. Habría unos 10 mil manifestantes.

El cordón policial siguió hasta rodear la manifestación en la plaza, que no pasó de la Pirámide de Mayo. No hubo despliegue de agentes en las rejas de la Casa Rosada. Como un símbolo de la protesta, Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, se plegó a Belliboni para el acto de cierre, dos horas después de iniciada la marcha. En la izquierda ya analizan una nueva medida de fuerza durante el verano y le reclaman a la CGT y a las organizaciones kirchneristas de la UTEP la convocatoria a un paro general. Mientras los organizadores de la movilización leían el documento final desde un camión con altoparlantes, un cántico coreaba “¿A dónde está, a dónde fue, esa famosa cegeté?”. “¡Manga de gatos!”, les dedicó una chica, parada sobre la calle, el símbolo que el Gobierno a fuerza de represión buscó disputarle a la protesta social.

MC/DTC

El referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, afirmó este miércoles que la marcha que tienen previsto hacer junto a organizaciones sociales y políticas a Plaza de Mayo pese al anunciado “protocolo antipiquetes” será una “manifestación pacífica”, y señaló que será “para conmemorar a los muertos del 19 y 20 de diciembre, pero también en el marco de un ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores”.

En declaraciones formuladas a Radio Provincia, el dirigente dijo que le preocupa que desde el Gobierno nacional “se hable de esto como si fuera una guerra” cuando, aclaró, se trata de “una movilización que es lo más normal del mundo en este país, no sólo de los trabajadores, sino también de los sectores del campo o de los que no quieren vacunarse”.

“Defendemos el derecho de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich a manifestarse por lo que quiera. Defiendo del derecho a movilizarse, aún del que piensa distinto a mí”, completó.

En ese marco, Belliboni expresó: “La marcha de hoy es en conmemoración a los 39 muertos de 2001, pero también se hace en el marco de un ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores”, y añadió que se trata de una protesta “contra el ajuste y en defensa de la libertad”.

Además, indicó que “las mamás y papás tienen la patria potestad de sus hijos, y pueden llevarlos a una manifestación que será pacífica”, luego de que el Gobierno advirtiera que quitará los planes sociales a quienes participen de la marcha.

Y remarcó que “si hay una orden de reprimir, la policía tiene el derecho de no cumplir una orden ilegal, porque no hay obediencia debida”.

También el referente del PO subrayó que “tendría que haber un paro nacional también de la CGT en contra del ajuste del presidente Javier Milei”.

En tanto, en declaraciones a radio Con vos, el referente del Polo Obrero dijo que utilizarán transporte público para llegar a la protesta.

Con información de agencias.

IG

El protocolo para regular la protesta social que lanzó la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la adventicia de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, de cortar el beneficio de los planes sociales a quienes participen de cortes de calles y movilizaciones, puso a las organizaciones sociales en estado de alerta. Las agrupaciones aseguran que además de cercenar derechos constitucionales, el Gobierno no ofrece respuestas concretas sobre obras y provisión de alimentos en un contexto de constantes aumentos de precios. Pese a las advertencias, las organizaciones marcharán hoy a Plaza de Mayo desde las 16.

Nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera y el Polo Obrero los movimientos sociales conmemorarán allí un nuevo aniversario del estallido social que determinó la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa en diciembre 2001.

Será la primera movilizaciones que enfrenta el Gobierno de Javier Milei a apenas diez días de haber asumido la presidencia de la Nación y en un contexto de máxima tensión. Pettovello, afirmó este lunes que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado” de cortes de calles “perderán” los planes sociales y “todo tipo de diálogo” con su cartera. La declaración de la funcionaria sumó tensión en la relación entre el gobierno de Javier Milei y las organizaciones sociales.

Las organizaciones se concentrarán a partir de las 12 en las estaciones Constitución, Retiro y Once que hoy amanecieron con carteles con la amenaza de cortar la asistencia a quien corte calles. Desde allí se movilizarán por las avenidas 9 de Julio, Rivadavia y Leandro N. Alem hacia Plaza de Mayo. También se estima que puede haber concentraciones en los puentes Pueyrredón, La Noria, Saavedra, en las autopistas La Plata, Dellepiane, Acceso Oeste y Ruta 3.

Para las 20, una hora antes de que hable por cadena nacional el Presidente, se convocó a un “ruidoso” en distintos puntos de la Ciudad y el gran Buenos Aires.

“Los anuncios de Petovello están en la misma sintonía que las medidas (del Ministro de Economía, Luis) Caputo y de Bullrich con el protocolo de Seguridad y representan un ataque y amenazas a los trabajadores sociales y a quienes cobran un plan social.Seremos miles los trabajadores que nos vamos a movilizar. Los planes están congelados y no es que los van a dar de baja porque alguien se movilice. Van a desaparecer como producto del proceso inflacionario”, señaló a través de un comunicado, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, una de las organizaciones que se movilizarán mañana a Plaza de Mayo.

Hoy, en comunicación con elDiarioAR, el dirigente agregó: “Si hay Represion, se tendrá que hacer cargo la ministra Bullrich”.

Desde este sector, se denuncia además que “los depósitos de alimentos para comedores populares están vacíos y no hay una perspectiva sobre el cobro del aguinaldo para los trabajadores desocupados”.

En la primera semana del gobierno de Milei hubo contactos entre las organizaciones y los funcionarios de Capital Humano, la cartera que ahora engloba a Educación, Trabajo y Desarrollo Social, el Ministerio que desde los tiempos de Alicia Kirchner administraba el otorgamiento de planes sociales.

Esa cartera quedó subsumida en la Secretaría de Niñez y Familia y el encargado de recibir y oficiar de nexo entre el Ejecutivo y las agrupaciones sociales es Héctor Calvente, actual secretario de Seguridad de San Miguel y vinculado al hombre fuerte de ese distrito, Joaquín de la Torre. 

Los primeros contactos se llevaron a cabo en el piso 14 del edificio ubicado en la intersección de Belgrano y la 9 de Julio, y no dejaron conformes a los integrantes de las organizaciones. 

“No conocen sobre las obras en los barrios populares, que están paradas, y el trabajo en los comedores populares. Además, tenemos problemas con los proveedores, que en medio de la escalada inflacionaria no le quieren vender al Estado hasta que no haya un precio”, señaló en diálogo con elDiarioAR, Marianela Navarro, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En medio de esos contactos, se produjo el anuncio del “protocolo de acción pública” de Bullrich, por el cual se disponen sanciones por movilizar, cortar calles y “financiar” el traslado de los manifestantes a las eventuales protestas como las que hoy tendrán como epicentro a la Plaza de Mayo.

“El protocolo es inconstitucional y los anuncios de Pettovello reafirman una ilegalidad. Es una forma de extorsionar a los beneficiarios de los planes”, remarcó Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie, en diálogo con elDiarioaAR.

Saravia adelantó que acompañarán las presentaciones judiciales que presentaron ante la justicia organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esta semana, más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el “cese” de su aplicación.

“Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales”, sostuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por medio de un comunicado. 

Entre los solicitantes de esta medida figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.

Barrios de Pie, el FOL y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) adelantaron que no participarán de la marcha de mañana a Plaza de Mayo, pero comunicaron que realizarán una jornada de lucha el viernes, que incluirá la instalación de ollas populares en varios puntos del país.

El dirigente social Juan Grabois aclaró que no formará parte de la convocatoria de la Unidad Piquetera y del Polo Obrero a Plaza de Mayo, pero confirmó que integrará una comisión que supervisará el accionar de las fuerzas de seguridad durante una convocatoria que sus organizadores estiman que tendrán un carácter multitudinario.

Ante las advertencias oficiales de cortar beneficios y habilitar la línea 134 para habilitar denuncias sobre “los intermediarios” que puedan obligar a los beneficiarios a marchar, las organizaciones interpusieron ante la Justicia Federal un Habeas Corpus Colectivo que lleva la firma del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades políticas y sociales.

Más allá de esta situación de conflicto en el inicio de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, grupos de mujeres, responsables de comedores y merenderos comunitarios, administrados por la organización social Somos Barrios de Pie, solicitaron que Pettovello les conceda una audiencia “ante el delicado cuadro de la situación social del país”.

Ante los constantes aumentos de precios, los refuerzos de la AUH y el Progresar Trabajo dispuestos por el Gobierno, llegarán recién en enero y pueden licuarse rápidamente en medio de la escalada inflacionaria. En este panorama, las próximas semanas serán decisivas para conocer cómo se configura el vínculo entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales en medio de esta crisis.

LC/MG

El Partido Obrero y su brazo social, el Polo Obrero, cruzaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su protocolo antipiquetes: “Su propuesta es una amenaza ilegal”, aseguró el líder de Izquierda, Gabriel Solano durante la conferencia de prensa de la que también participaron la excandidata a jefa de gobierno porteño, Vanina Biasi, y el dirigente Eduardo Belliboni.

El legislador porteño planteó que el derecho a la protesta está avalado por la Constitución Nacional por lo que la medida del gobierno de Javier Milei es un “atropello” a la legislación vigente. En este sentido, los dirigentes allí presentes coincidieron en que las únicas maneras en que se podrían limitar las manifestaciones populares es reformar la Constitución o declarar el estado de sitio, pero advirtieron sobre los riesgos que supone esta última alternativa con la memoria del gestión de De La Rúa en 2001.

Solano, además, cuestionó las medidas de ajuste anunciadas este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las calificó de “plan de guerra contra el pueblo”. En este marco, denunció despidos masivos en la administración pública y reclamó contra los “tarifazos” y la eliminación de la actual fórmula de movilidad jubilatoria para reemplazarla por incrementos pautados discrecionalmente del presidente de la Nación. “Dar aumentos por decreto del gobierno de la motosierra es suicida”, sentenció.

Y agregó: “Cuando hay semejante agresión, es inevitable la protesta social” porque “lo peor que podemos tener es un pueblo muerto”. En esta misma línea se expresó el dirigente social, Eduardo Belliboni. “Tenemos amenazas después de que anunciaran un plan de guerra contra los trabajadores”, indicó antes de ratificar que no hay manera de impedir las próximas movilizaciones.

Durante la conferencia, también confirmaron que se llevará adelante la manifestación prevista para los días 19 y 20 de diciembre en rechazo a las políticas de estabilización del gobierno libertario.

Esta tarde, Patricia Bullrich autorizó la intervención de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal frente a manifestaciones y piquetes que bloqueen de manera total o parcial la circulación. “No vamos a tener en cuenta la existencia de otras vías alternativas al tránsito o la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, que se permite que esa vía siga cortada”, explicó y agregó: “Para llevar a cabo esas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”.

El presidente de la Nación ya había adelantado la tolerancia cero con los piquetes en su administración durante el discurso que brindó en la escalinatas del Congreso el día de su asunción. “El que corta, no cobra”, había sentenciado en aquella oportunidad frente a la multitud que se había acercado al Palacio Legislativo para brindarle su apoyo.

Antes de la conferencia de prensa, el diputado porteño y dirigente del PO Gabriel Solano anticipó la postura en X: “Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución”.

Otras organizaciones también cruzaron a Bullrich por las medidas antipiquetes

Además del Partido Obrero, esta tarde, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie también repudió el “Protocolo para el orden público” presentado por Bullrich y comparó la iniciativa del gobierno de Milei con las dictaduras del siglo XX.

“Vemos como el plan económico de Milei y Caputo se va asemejando a aquel de Krieger Vasena. Recordamos una de las claves por la cual pudieron avanzar en su momento con esa implementación: estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática”, denunció.

Al igual que Solano y Belliboni, el ex funcionario de Alberto Fernández cuestionó el plan de ajuste de Caputo, el cual, consideró, tiene un carácter “criminal” porque generará una “enorme licuación de ingresos”. “Con el paquete de medidas económicas tomaron la decisión de afectar a más de veinte millones de argentinos y argentinas llevándolos a la miseria. Ya ni siquiera estamos discutiendo si se va a poder conseguir alquiler sino que prácticamente un sector importante de nuestro país va a tener problemas para comer. Acá la sociedad no lo va a tolerar”, agregó Menéndez.

Según indicó, el gobierno de Milei busca “con el poder de la represión hacer que la sociedad a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable”, una situación que es insostenible en democracia.

ACM/JJD

La sorpresiva victoria de Javier Milei en las PASO avizora una escalada del conflicto social en el corto plazo que hay hasta las elecciones de octubre. Los 30 puntos que recogió el libertario revelaron un hartazgo y enojo popular que reconocen hasta en las propias organizaciones de base, tanto oficialistas como de izquierda. Y la devaluación oficial que se concretó el lunes pasado complica aún más a los sectores vulnerables, porque ya hay expectativas agoreras de que la inflación de este mes será de dos dígitos.

Las agrupaciones ligadas al Gobierno se sumieron en los últimos días en un cono de catarsis interna y los piqueteros más duros ya anunciaron su primera movilización post-elecciones. Bajo la consigna “Ni ajuste ni fascismo, no pasarán”, la próxima semana habrá una protesta sobre la avenida 9 de Julio y se esperan cortes en accesos a la Capital Federal y en otros puntos del país por parte del Frente de Lucha Piquetero, que encabeza el Polo Obrero y un sinfín de organizaciones opositoras. La marcha iba a realizarse este viernes, pero fue pospuesta para concentrar los esfuerzos en ayudar a aquellas personas afectadas por las inundaciones de este jueves.

“El que le da de comer al monstruo de Milei es el propio Gobierno”, dijo en diálogo con elDiarioAR Eduardo “Chiquito” Belliboni, referente del PO, sobre la conveniencia de reclamar a tan pocos días de las elecciones. Para el trotskismo es un desafío movilizarse ante el nuevo escenario electoral: primero, porque el domingo de las PASO el Frente de Izquierda-Unidad tuvo un magro resultado: sacó 2,65% a nivel nacional. Segundo, porque la política antipiquetes y una modificación en la gestión de los planes sociales son caballitos de batalla tanto del libertario como de Patricia Bullrich. 

El que le da de comer al monstruo de Milei es el propio Gobierno (...) El cuco de Milei sirve para que muchas de las organizaciones miren para otro lado

Eduardo "Chiquito" Belliboni — Polo Obrero

“El cuco de Milei sirve para que muchas de las organizaciones miren para otro lado. Hubo gente que va a nuestros comedores que votaron a Milei. Fue todo un voto bronca lo que sucedió. Y tiene razón: hay quienes cobraron el 5 de este mes y ya no tienen un mango. Pero no nos confundamos: acá es Massa el que está haciendo el ajuste”, completó Belliboni.

El bloque piquetero reclama por la demora en la entrega de alimentos a comedores y herramientas para las cooperativas de trabajo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Victoria Tolosa Paz, segunda en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Las organizaciones de izquierda tuvieron contacto con funcionarios de segunda línea de la cartera en los últimos días, pero –según Belliboni– no hubo respuestas concretas. “Están vaciando los comedores”, afirmó.  Este jueves habrá una conferencia de prensa al respecto en el Obelisco.

Críticas y advertencias de los oficialistas

El ajuste en las políticas sociales genera críticas también en la base del propio oficialismo, con el agravante que están atadas a sostener la candidatura de Sergio Massa, ahora impotente en contener la disparada del dólar blue y que no impacte en los precios. “Milei expresó que el Estado no da respuesta a los reclamos, tanto los organizados como los no organizados. Traccionó en votos la bronca que hubo en el 2001”, entendió un referente social en diálogo con este medio.

En las organizaciones nucleadas en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) ya comenzaron a debatir puertas adentro cómo encarar políticamente lo que viene, con la complejidad de que también tienen que contener el reclamo de sus propios apoyos. Esa malla de contención de las agrupaciones más importantes, como el Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico –a la vez secretario de Economía Social–, o Somos-Barrios de Pie, que coordina Daniel Menénez –también funcionario nacional–, fue lo que le permitió al Frente de Todos seguir en pie pese a la crisis. A ellos Massa les prometió antes de las PASO que iba a impulsar el monotributo productivo.

“Si no resolvemos los problemas concretos de nuestra gente, a nosotros no nos va a queda otra que movilizar”, aseguró a elDiarioAR Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois, hasta hace cuatro días rival de Massa en la interna de Unión por la Patria. El argumento que sostienen desde el MTE para una posible movilización es que Desarrollo Social tiene “pisados” expedientes con hasta seis meses de demora.

La alerta del MTE es, por ahora, silvestre. La UTEP como gremio no irá en el corto plazo a la par que los piqueteros, como sucedió en mayo pasado en una protesta inédita por las políticas sociales. Más de cien mil personas marcharon sobre la 9 de Julio para reclamar refuerzos para los comedores populares y aumentos en los planes sociales. El viernes pasado hubo un capítulo menor de confluencia entre la izquierda y el kirchnerismo por la muerte del militante de izquierda Facundo Molares, el jueves, luego de una represión de la Policía de la Ciudad.

Ayer, Grabois encabezó una reunión puertas adentro de su organización para hacer catarsis política. Ratificó la línea de contener a su millón de votantes dentro del oficialismo porque cree que la pelea electoral no está perdida para el oficialismo. “Lo que deseo con más fervor es que no se pierdan, que no se dispersen, que a pesar de todos los problemas que cada uno tiene, sigamos unidos, que todos unamos nuestro destino a los que más sufren, con los excluidos”, escribió anteayer en sus redes sociales. 

En la base oficialista, otras voces salieron a exigir que el Gobierno “reaccione” en los próximos dos meses que quedan hasta las generales. “Nuestro espacio tiene que hacer un esfuerzo enorme y convocar a todos los sectores, ampliar lo más posible. Milei creció en los sectores más humildes. En el tercer cordón hubo mesas donde nos ganaba. Es nuestra propia base social pidiendo que nos renovemos”, expresó ayer Pérsico en FutuRock, y cruzó al libertario por haber manifestado que “lo meterá preso” si en un potencial gobierno suyo el Evita se resiste a los cambios en los planes sociales. La oficina del jefe del Evita es la que administra los 1,2 millones de planes Potenciar Trabajo.

También hubo un llamado de atención al Gobierno y pedido de medidas concretas contra la inflación desde la CTA que conduce Hugo Yasky, diputado nacional y cercano al kirchnerismo. En un documento titulado “Hay que reaccionar a tiempo”, la central obrera manifestó: “No hay tiempo que perder en la implementación de medidas que sirvan para recuperar el ingreso de los sectores populares particularmente afectado por los incrementos de precios que genera la devaluación y la conducta especulativa de los formadores de precios que amplían sus ganancias a costa del bolsillo de las familias argentinas”.

MC/JJD

El dirigente social, Eduardo Belliboni, confirmó esta noche que se alcanzó un acuerdo con el ministerio de Desarrollo Social tras siete horas de acampe en la 9 de Julio y pondrán fin a la medida de fuerza. “Quedan levantadas todas las acciones que llevó a adelante en todo el país el movimiento piquetero incluido el acampe de la 9 de Julio”, indicaron, a pesar de que seguirán “en estado de alerta”.

“El Ministerio de Desarrollo Social presentó una propuesta de un cronograma completo de entrega de alimentos en el próximo mes de julio a todas y a cada una de las bocas de los comedores populares”, informó Unidad Piquetera en un comunicado. La cartera que dirige Victoria Tolosa Paz también confirmó un bono especial para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por el monto de $22.000, otro de los reclamos de quienes se movilizaban en el centro porteño.

Los manifestantes permanecieron en las afueras del Ministerio de Desarrollo Social pese a las condiciones climáticas desfavorables porque necesitaban una respuesta al reclamo por un “aumento de los programas sociales y alimentos para comedores”.

Esta tarde, durante una primera reunión en la que expusieron la situación de miles de comedores que están desabastecidos desde hace cuatro o cinco meses, Unidad Piquetera había denunciado que desde el gobierno no les habían ofrecido ningún tipo de respuesta o explicación. En este marco, definieron extender “sin límite de tiempo” el acampe en la 9 de Julio.

Tras nuevas negociaciones con la cartera de Tolosa Paz, se logró un acuerdo por lo que se resolvió dar marcha atrás con la medida de fuerza. “La comida tiene que ir a los barrios populares que necesitan comida. Hoy tenemos los cronogramas de alimentos de todos los comedores populares de todo el país para cada compañero y cada pibe, lo que veníamos buscando”, señaló Belliboni.

Con información de agencias

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, sostuvo este miércoles que es “inaceptable” la vulneración de los “derechos de los más chicos” ante la posibilidad de un nuevo acampe esta noche por parte del colectivo Unidad Piquetera (UP) en Plaza de Mayo. Solicitó la intervención con “carácter de urgente” de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para llevar adelante una “mesa de diálogo”.

“Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los más chicos, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle, incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar”, escribió la ministra en Twitter, titulado: “Con los chicos no”.

Así se se pronunció Tolosa Paz sobre la Marcha Federal Piquetera que se está llevando a cabo desde el lunes y que hoy confluirá en Plaza de Mayo, donde se espera un “acampe y vigilia” en reclamo de “políticas contra el hambre y la pobreza”, además de “asistencia integral para los comedores populares”, entre otros puntos.

La funcionaria le exigió a la UP y a uno de sus principales dirigentes, Eduardo Belliboni del Polo Obrero, acordar “una forma de manifestación que evite el acampe de los niños y niñas en las protestas” al considerar que de esta manera “no hay diálogo posible”.

“Tomé la iniciativa e involucré a la Defensora Nacional de Niños y Niñas que nos llame como árbitro en la defensa de los chicos y chicas a una mesa de diálogo porque están poniendo en riesgo la vida de ellos con el acampe”, apuntó la titular de Desarrollo Social.

Tolosa Paz recordó que los chicos y chicas que acompañaron el último acampe “no asistieron a la escuela, por lo tanto, tampoco pudieron servirse de la alimentación que brinda el sistema escolar, ni pudieron estar en las aulas con sus docentes y educadores”.

“Nunca pondríamos en tela de juicio el derecho constitucional de organizarse y efectuar peticiones a las autoridades gubernamentales. Pero el acampe es una expresión de protesta que, más allá del debate que puedan originar sus motivaciones, debe ser revisado en su implementación”, se quejó la ministra.

En su publicación, Tolosa Paz le recordó a Belliboni que “el diálogo está abierto y que es legítimo el derecho a la protesta”, aunque pidió que exista un trabajo en conjunto con el Ministerio para que “también se garanticen los derechos que tenemos pensados para los pibes y pibas”.

“El Estado nacional invierte más de 50 mil millones de pesos en el Servicio Alimentario Escolar, que, sumado a la Asignación Universal por Hijo y la prestación Alimentar, configuran una red verdadera y concreta para la seguridad alimentaria de las y los niños y adolescentes”, detalló y agregó que “cuando algunos apelan al castigo y a retirar la ayuda social, nosotros optamos por seguir trabajando para garantizar derechos”.

“No queremos una Argentina donde las niñas y niños estén en la calle en lugar de estar en la escuela. No hay diálogo posible cuando se utiliza a los más chicos”, completó. Al hilo de Twitter, le contestó Belliboni: “la que deja en la calle a las infancias es usted ministra, que se dedica a desabastecer los comedores populares de todo el país”.

LC con información de agencia Télam

Las distintas organizaciones sociales que integran la Marcha Federal Piquetera llegaban esta tarde a Plaza de Mayo, donde realizarán un “acampe y vigilia” en reclamo de “políticas contra el hambre y la pobreza” y “asistencia integral para los comedores populares”, entre otros puntos.

Las columnas arribaron pasado el mediodía desde distintos puntos del país y se congregaron frente al Congreso de la Nación, desde donde comenzaron a avanzar a partir de las 14 hacia Plaza de Mayo. A las 15, se instalaron las primeras carpas frente a Casa Rosada en pleno centro porteño, donde manifestantes de todo el país se preparaban para pasar la noche allí.

“Hoy vamos a acampar acá en Plaza de Mayo en una vigilia. Mañana será una gran jornada piquetera, tal vez la más grande de los últimos 15 o 20 años. Se suman a la pelea sectores del oficialismo que hasta ahora no habían salido, como UTEP”, dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO), durante el avance hacia la Plaza de Mayo.

Ezequiel Altamiranda, referente del PO de Santiago del Estero, señaló que hay “muchas demandas en la mercadería, en los alimentos, en los comedores, merenderos y no se está cumpliendo con las necesidades más básicas”.

Está previsto que mañana jueves las organizaciones sociales bajo la Unidad Piquetera marchen hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social junto con las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma.

Desde el Bloque Social por el Trabajo, compuesto por la Federación Nacional de Trabajadores cooperativistas, precarizados y de la economía social (FNT) y el Frente Milagro Sala, confirmaron en un comunicado que participarán para “rechazar el programa de miseria planificada que se acordó con el FMI diseñado para que la enorme riqueza que produce cotidianamente nuestro país se quede en el extranjero, o repercuta nacionalmente en los balances de un puñado de grandes corporaciones”.

La convocatoria de las organizaciones sociales tiene como objetivo “repudiar el ajuste del FMI” y dar inicio a un plan de lucha “conjunto hasta que se resuelva el problema alimentario en Argentina”, según anunciaron.

Ayer martes, se realizó un acto en el centro de Córdoba capital luego de que los manifestantes partieran el lunes desde La Quiaca, provincia de Jujuy. El dirigente local del Polo Obrero, Emanuel Berardo, detalló que son más de 100 los actos que se realizaron a lo largo del trayecto en las distintas provincias, con la consigna: “Por el trabajo, el salario, contra el hambre y la pobreza”.

Berardo afirmó que “no sólo los desocupados están por debajo de la línea de pobreza, sino también los que tienen empleo formal que hoy lo que perciben no les alcanza para la imparable inflación”.

La columna sureste salió ayer a las 8 desde Caleta Olivia (Santa Cruz) a Comodoro Rivadavia (Chubut); la columna suroeste partió al mismo tiempo de Lago Puelo (Chubut); mientras que en San Juan hubo un acto a las 9, en Corrientes y en Chaco a las 10, en La Rioja a las 10.30, en Mendoza a las 15 y en Rosario y en la capital cordobesa a las 17. A las 18 en Bahía Blanca, las columnas sureste y suroeste de la Patagonia se unificaron, mientras que a las 19 salió la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.

Por su parte, Belliboni instó a “sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada”. “Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el país es un gran golpe contra los que nos quieren sacar nuestras reivindicaciones y los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta a la otra estamos organizados y no vamos a aceptar”, apuntó el dirigente.

Belliboni afirmó que la marcha piquetera se da en el marco de “una unidad muy grande” para “defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos y no alcanza para nada”. “Es un desastre lo que ocurre en la Argentina, hay que levantarse y pelear”, aseveró.

A la convocatoria se sumaron integrantes de la Unidad Piquetera, como “Mecha” Martínez de CuBa MTR, acompañados por el dirigente del PO jujeño y constituyente electo, Sebastián Copello. Otros dirigentes nacionales también partieron desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro y desde el Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades.

La Marcha Federal Piquetera tiene la intención de “mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) golpea aún más en el interior del país”.

IG/LC con información de agencias

Este lunes, organizaciones sociales iniciaron en La Quiaca la denominada Marcha Federal Piquetera en reclamo por trabajo, salario, contra el hambre y la pobreza. El jueves, confluirán en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires junto a otras columnas que llegarán desde otras regiones del país.

Del arranque en el norte jujeño participaron dirigentes locales y nacionales, entre ellos Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) quien instó a “sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada”. “Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el país es un gran golpe contra los que nos quieren sacar nuestras reivindicaciones y los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta la otra estamos organizados y no vamos a aceptar”, sostuvo en el acto realizado en la plaza Centenario de La Quiaca, 300 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.

Belliboni afirmó que la marcha se da en el marco de “una unidad muy grande” para “defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos y no alcanza para nada”. “Es un desastre lo que ocurre en la argentina, hay que levantarse y pelear”, aseveró. En medio de un frío reinante y más de 3.400 metros de altura, salió desde La Quiaca una de las cabeceras de la marcha con “miles de compañerxs para llevar nuestros reclamos al centro del poder político”.

La Marcha Federal piquetera tiene previsto realizar actos y movilizaciones camino a Buenos Aires, la primera parada siendo esta tarde en la Plaza Belgrano de la capital jujeña. Además de Belliboni, se sumaron integrantes de la Unidad Piquetera, como “Mecha” Martínez de CuBa Mtr y el dirigente del PO de Jujuy y constituyente electo, Sebastián Copello.

Se informó que otros dirigentes nacionales también partieron en caravana desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro y desde las regiones del Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades. Las movilizaciones tienen la intención de “mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional golpea aún más en el interior del país”.

Con un acto del Polo Obrero en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, y otro en la Quiaca, continuarán mañana con acciones en distintos puntos del país y el miércoles por la noche con una vigilia en la Plaza de Mayo para confluir finalmente el jueves con la protesta anunciada por la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente Nacional Territorial (FeNaT).

Bajo el reclamo de “trabajo y salarios” y en rechazo al “hambre y la pobreza”, la convocatoria del PO incluye actos y movilizaciones en “centenares de ciudades” del país para concluir el jueves en la concentración prevista desde Plaza de Mayo hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en el centro porteño. Se estima que el miércoles próximo las columnas que lleguen desde distintos puntos se congreguen frente al Congreso Nacional a partir del mediodía y, por la tarde, avancen hacia Plaza de Mayo, donde prevén realizar un acampe.

Este lunes, se realizaron acciones en Formosa capital y Comodoro Rivadavia, Chubut, y a las 17 se prevén protestas en San Nicolás y en San Miguel de Tucumán. Para las 18 está anunciado un acto en Neuquén capital, donde estarán presentes los ceramistas de Zanon, docentes de la dirección de ATEN, trabajadores de la salud y sindicatos locales.

En tanto, la columna sureste saldrá a las 8 de mañana martes desde Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia; la columna suroeste a la misma hora desde Puelo, mientras que en San Juan habrá un acto a las 9, en Corrientes y en Chaco a las 10, en La Rioja a las 10.30, en Mendoza a las 15 y en Rosario y Córdoba capital a las 17. A las 18 en Bahía Blanca, las columnas sur-este y sur-oeste de la Patagonia se unificarán, mientras que a las 19 saldrá la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.

Finalmente, luego de confluir en la Capital Federal el miércoles al mediodía, las columnas marcharán desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, donde prevén realizar un acto a las 16 y luego dar inicio a un acampe y vigilia. Los integrantes del Polo Obrero se sumarán el jueves a la “marcha unitaria” convocada para ese día por Unidad Piquetera, UTEP, Fenat y otros movimientos sociales.

LC con información de agencia Télam

Las organizaciones sociales oficialistas y de la izquierda marcharán juntas el próximo 18 de mayo a las puertas del ministerio de Desarrollo Social, en lo que será la primera movilización en conjunto desde que el Frente de Todos está en el Gobierno. 

Como anticipó hoy elDiarioAR, las agrupaciones de fuerte referencia territorial acordaron comenzar “un plan de lucha” con el reclamo principal de la emergencia alimentaria y contra el acuerdo con el FMI. La protesta quedó oficializada este jueves con una conferencia que dieron en la explanada del Obelisco dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma. 

Bajo esas siglas, la jornada abarcará por primera vez las banderas del Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico; el MTE, de Juan Grabois; Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, y el trotskista Polo Obrero, referenciado en Eduardo “Chiquito” Belliboni, entre otras organizaciones.

“Estamos en un marco de unidad muy amplia de los movimientos populares. Es la más amplia que he visto y de la que he participado. Nos parece una falta de respeto que no podamos resolver el problema alimentario en nuestras organizaciones y nuestros barrios. Hay una decisión política de que eso no se resuelva y nos obliga a movilizarnos el 18 de mayo hacia Desarrollo Social, para empezar un plan de lucha hasta que se resuelva el problema alimentario”, expresó durante el encuentro de las organizaciones el secretario General de la UTEP y dirigente del Evita, Esteban “Gringo” Castro.

La diferencia con la actual titular de la cartera social, Victoria Tolosa Paz, es tan grande que desde las agrupaciones la llaman irónicamente “Tolosa Guerra”. Castro aseguró que hay sectores de la oposición y del Gobierno que tienen como único plan “profundizar un ajuste” y sostuvo que “el planteo político es seguir ajustando sobre la base de un 40% de pobres”.

“Eso es intolerable para cualquier militante popular. La unidad y la movilización en la calle se va acrecentar, no vamos a permitir que el ajuste venga de ningún lado en este país”, remarcó.

Belliboni, desde el Polo Obrero, denunció recortes en comedores populares y la pérdida del poder adquisitivo en las prestaciones sociales y salarios. “Mientras la ministra ajusta a los comedores populares y recorta la entrega de herramientas para proyectos productivos, hay un ajuste por vía inflacionaria contra todos los trabajadores”, sostuvo. Además, Belliboni advirtió que “seguirán peleando” y por eso decidieron llamar “a este plan común contra la barbarie de este ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Además de que se aumenten las partidas de alimentos que se entregan en los comedores, uno de los reclamos de las organizaciones es que la Casa Rosada dicte la emergencia alimentaria. También exigen el aumento del Potenciar Trabajo –por cuatro horas de trabajo diario el plan paga a 1,2 millones de beneficiarios $42.256 por mes–, más un medio aguinaldo o un bono para los próximos meses. Por último, piden el financiamiento para obras de integración sociourbana. Denuncian que la ministra tiene frenado expedientes con orden de pago listos por varios miles de millones de pesos.

La movilización tendrá la complejidad de que es Pérsico quien conduce la secretaría de Economía Social, la ventanilla del ministerio que administra el programa Potenciar Trabajo. La gran mayoría de las orgas oficialistas integran de un modo u otro el organigrama de la cartera con los murales de Eva Perón.

“No ponemos por delante las necesidades políticas, nos unen las necesidades de nuestros compañeros. Hay que discutir los temas importantes a resolver como la soberanía alimentaria, para que los pibes puedan comer”, dijo durante la conferencia la coordinadora nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle. Indicó que “cuando hay una necesidad deben estar todas las organizaciones unidas”.

MC

Bajo una serie de reclamos contra el FMI, el pedido por la emergencia alimentaria y la exigencia para que haya mejoras en los planes sociales, los movimientos de base del oficialismo nucleados en la UTEP y las agrupaciones opositoras de la Unidad Piquetera unirán fuerzas en una misma movilización en el microcentro porteño. Será una protesta inédita: por primera vez, durante el mandato del Frente de Todos, las organizaciones más vinculadas al kirchnerismo y las de la izquierda trotskista se mostrarán juntas en la calle contra el Gobierno.

La protesta se materializará el jueves de la semana que viene –el 18–, según la fecha a la que acordaron los distintos dirigentes sociales en las últimas horas, pudo saber elDiarioAR. Para hoy se espera una conferencia de prensa al mediodía desde la explanada del Obelisco, donde harán un anuncio oficial con los detalles al respecto.

“Las organizaciones sociales, piqueteras y de la economía social anunciaremos medidas de lucha para la semana que viene, frente a la grave situación social que atravesamos los trabajadores precarizados, desocupados y con programas sociales, y ante el ajuste y el hambre que crece”, adelantaron las agrupaciones en un comunicado.

Más allá de los paraguas de la UTEP y la Unidad Piquetera, la trascendencia política es que el reclamo unirá las banderas signficativas del Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico, con el MTE, de Juan Grabois, y el Polo Obrero, el brazo de lucha del Partido Obrero que tiene como referente a Eduardo “Chiquito” Belliboni. Incluso se espera la convocatoria por parte de La Patria es el Otro, que tiene como jefe al Andrés “Cuervo” Larroque, quien ya no es más secretario general de La Cámpora.

Las adhesiones se terminaron de definir ayer en una serie de reuniones, según supo elDiarioAR. Una fuente aseguró que en la movilización podría participar “prácticamente todas las organizaciones representativas del sector”.

Además del Evita y el MTE, en el gremio oficialista de la economía popular tributan Somos-Barrios de Pie, del funcionario nacional Daniel “Chucky” Menéndez, y la Corriente Clasista Combativa (CCC), del diputado Juan Carlos Alderete, entre otras agrupaciones. El bloque piquetero está nutrido por Libres del Sur y un sinfín más de organizaciones. También se sumarán a la protesta la CTA Autónoma, que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy, el kirchnerista Frente Milagro Sala y el Frente de Organizaciones en Lucha, donde actúan el MTD Aníbal Verón y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras bandras.

La movilización buscará copar la avenida 9 de Julio, puntualmente las inmediaciones del ministerio de Desarrollo Social, cartera que conduce Victoria Tolosa Paz. Tanto la UTEP como el bloque piquetero tienen una disputa desde hace tiempo con la funcionaria albertista. Sin embargo, la situación es más compleja, porque el grifo de los fondos públicos de los cuales depende Desarrollo Social los dispone Sergio Massa desde Economía.

Por eso Grabois ha llegado a manifestarse en la puertas del Palacio de Hacienda, en Plaza de Mayo. A su vez, Pérsico conduce la secretaría de Economía Social, la ventanilla que administra el programa Potenciar Trabajo. Y La Cámpora tiene sus propios intereses compartidos, a través de Laura Alonso al frente de la secretaría de Inclusión Social, que maneja la tarjeta Alimentar. La gran mayoría de las orgas oficialistas integran de un modo u otro el organigrama de la cartera con los murales de Evita.

“Dar la pelea juntos”

“Hay un ajustazo mal”, comentó a elDiarioAR un dirigente territorial del oficialismo con un cargo en Desarrollo Social. El rosario de reclamos de las agrupaciones tiene como eje principal rechazar el acuerdo con el FMI. Ya la semana pasada las agrupaciones de la UTEP materializaron su descontento con su propio gobierno en el acto por el 1° de mayo. Y la izquierda se movilizó bajo la misma consigna frente a la Casa Rosada.

También reclaman que la Casa Rosada dicte la emergencia alimentaria y aumente las partidas de alimentos que se entregan en los comedores de las barriadas populares de todo el país, principalmente del conurbano, donde más están asentadas las organizaciones. Además exigen el aumento del Potenciar Trabajo –por cuatro horas de trabajo diario el plan paga a 1,2 millones de beneficiarios $42.256 por mes–, más un medio aguinaldo o un bono para los próximos meses. 

Por último piden el financiamiento para obras de integración sociourbana. Denuncian que la ministra tiene frenado expedientes con orden de pago listos por varios miles de millones de pesos.

“Es importante que los que estamos sufriendo los mismos problemas, como que los compañeros no tienen para comer, el ministerio no acerca los alimentos, y que los que sufren más que nadie la inflación son los barrios, nos juntemos para expresar nuestro descontento”, apuntó una fuente muy cercana a los funcionarios del Evita. “Por más que tengamos distintas miradas políticas, los problemas sociales son objetivos. Tenemos que dar la pelea juntos”, dijo sobre el significado político de la marcha en medio de la campaña electoral acelerada. 

La trama político-electoral

La unión de fuerzas entre los movimientos oficialistas y piqueteros se cocina desde hace semanas. La crisis por la inflación profundizó el acercamiento entre ambos polos. Hasta ahora hubo una sola foto de encuentro, el 16 de abril pasado. Allí se mostraron, por ejemplo, Esteban “Gringo” Castro –secretario general de la UTEP y dirigente del Evita– y Nicolás Caropresi –referente del MTE de Grabois–, con Belliboni y Silvia Saravia –de Libres del Sur–, entre otros. 

Pese a la convergencia callejera, es poco probable que Pérsico, Grabois o Larroque lleguen a protagonizar una postal junto a los piqueteros trotskistas. Al menos hasta después de las elecciones. Este medio ya contó que hacia adentro de la UTEP hay una mirada pesimista sobre el resultado electoral y se alienta un acuerdo popular amplio, que abarque también a la CTA de Hugo Yasky y al triunvirato de la CGT, pensando en un “espacio de resistencia” en caso de que la oposición gane las próximas elecciones.

Por ahora, la trama política-electoral hace lo suyo: Pérsico combina su doble rol de funcionario y dirigente territorial con mostrarse como una especie de “garante” de cierta paz social. Así quedó demostrado en su reunión con Massa de hace dos semanas, cuando el dólar había alcanzado los $500. Se presentó junto al otro referente de Evita, Fernando “Chino” Navarro y el jefe de Somos-Barrios de Pie, con quien el Evita se alió en el partido político La Patria de lxs Comunes.

Días atrás “Chucky” Menéndez le organizó un acto a Axel Kicillof para pedir su reelección en la provincia. El Evita hará el mismo juego bonaerense, pero no tiene definido cómo jugará la elección nacional. La gravedad de la situación social podría derivar en un acompañamiento de Grabois, que está lanzado desde su espacio político Frente Patria Grande como presidenciable. Ya avisó que la mantendrá a menos que el camporista Eduardo “Wado” de Pedro no sea candidato. 

En el Polo Obrero aseguraron a elDiarioAR que sus constantes marchas no tienen una búsqueda electoralista, pese al frente político que protagonizan el PO –con Gabriel Solano y Romina del Plá a la cabeza– y el PTS –la fuerza referenciada en Myriam Bregman y Nicolás del Caño–, entre otras expresiones de izquierda. También Libres del Sur lanzó a Saravia como precandidata en la provincia de Buenos Aires. La calle, entonces, será la semana próxima un termómetro sobre la conflictividad social hacia las urnas.

MC