Tras 110 años de ausencia, el guanaco fue reintroducido en El Impenetrable, vasto territorio del norte de Argentina ubicado en el Gran Chaco -la ecorregión boscosa más grande de Sudamérica después del Amazonas-, tras una operación de traslocación de fauna que anunció este miércoles la Fundación Rewilding.

Un grupo de ejemplares del mamífero herbívoro fue liberado al interior del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia argentina del Chaco, donde llegaron tras un viaje por tierra de 3200 kilómetros desde la patagónica provincia de Santa Cruz, con el objetivo de “recuperar el ecosistema”, afirmó en un comunicado la fundación, que trabaja para revertir la crisis de extinción de especies.

El operativo implicó la colaboración de los gobiernos de ambas provincias y de la Administración de Parques Nacionales, ya que los animales provienen del Parque Nacional Patagonia, un ambiente radicalmente diferente para esta especie, que supo extenderse en gran parte de Argentina y es capaz de una gran adaptación a distintos climas y dietas.

Antes de su liberación dentro del territorio protegido, los guanacos se familiarizaron con las plantas nativas y hasta dieron a luz algunos chulengos, como son conocidas sus crías.

Según Rewilding, los guanacos “cumplen funciones ecológicas esenciales: modelan los paisajes mediante el pastoreo, favorecen la diversidad de plantas, reducen incendios al consumir vegetación seca y redistribuyen nutrientes, semillas y carbono a través de sus movimientos”.

El Impenetrable, cuyo nombre proviene de las arduas condiciones ambientales que limitan su accesibilidad, es parte esencial del Gran Chaco americano, que con su millón de kilómetros cuadrados repartidos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil funciona como un 'pulmón' continental clave para contener el aumento de las temperaturas, pero se encuentra amenazado por el avance de la frontera agrícola y la deforestación.

La zona es escenario de la reintroducción del yaguareté, mamífero carnívoro más grande del continente americano, que en las últimas semanas fue noticia por la desaparición y presunta muerte a manos de cazadores furtivos de una de las hembras jóvenes liberadas en el parque nacional, lo que activó una investigación judicial para esclarecer el hecho, que en Argentina es un delito penado con prisión efectiva.

EFE

Tras el primer año de gobierno de Javier Milei, la Argentina se adentra en la etapa con mayores desafíos ambientales de su historia reciente. Con un negacionista del cambio climático en el poder, un gobierno al mando de una “batalla cultural” contra los ambientalistas y conservacionistas y una cartera reducida a una subsecretaria de Estado, 2025 será un año para la resistencia, la unidad y el diálogo por parte de las organizaciones no gubernamentales, las asambleas de ciudadanos y las comunidades indígenas dedicadas a la protección del ambiente y la biodiversidad.

Este será también un año electoral, en el que los argentinos deberán renovar parte de las bancas del Congreso y en el que el Gobierno pondrá a prueba el nivel de aprobación de la sociedad a sus políticas económicas, sociales y ambientales.

Al clima electoral y la alta imagen positiva de Milei, se suma la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un aliado que potencia las ideas y objetivos del gobierno libertario.

Además, el Gobierno tiene dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que fija la doctrina también en cuestiones ambientales. Uno de los dos candidatos es el abogado Manuel García Mansilla, perteneciente al sector más conservador del derecho, que viene de representar y defender a la corporación petrolera. Podría llegar a la Corte en 2025.

La Argentina finaliza un año en el que petroleras y mineras avanzaron en el proceso administrativo para concretar varios proyectos de extracción de minerales, como el litio en el noroeste del país, o petróleo y gas natural en el sur y en el mar Argentino. Esos desarrollos han despertado las críticas y protestas de comunidades locales y pueblos indígenas por rehuir la consulta previa, libre e informada y forzar audiencias públicas sin participación ciudadana real, con promesas de trabajo a poblaciones empobrecidas y aisladas.

“Creo que el principal desafío es la desarticulación de las narrativas impuestas, como por ejemplo que Argentina necesita dólares y los dólares van a venir de los combustibles fósiles”, sostuvo Hernán Pérez Orsi, activista e investigador de océanos y energía. “Las recurrentes crisis económicas han puesto a la sociedad en la búsqueda de una solución fácil, rápida y efectiva sin contemplar la sustentabilidad (social, financiera y ambiental). La carne, el trigo y la soja le están dejando a los fósiles ese pedestal en la eterna e infructuosa búsqueda de Eldorado para la economía”, afirmó. 

El avance sobre los bosques nativos también se agudizó en 2024, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La Justicia avanzó durante 2024 en un expediente contra empresarios y autoridades de la provincia del Chaco por la tala de bosques nativos y prohibió transitoriamente la deforestación, pero el caso planteará serios desafíos en 2025: las órdenes judiciales, aseguró Cruz, no se están cumpliendo.

“Tendremos la COP30 en Belén (Brasil) sobre Cambio Climático y la estrategia que estamos llevando adelante muchas organizaciones es llevar toda la temática de biodiversidad de la COP16 a las discusiones climáticas”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre. “Argentina tiene mucho que aportar y el desafío es incentivar al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a formar parte de este proceso”, afirmó. “La intención es levantar la vara en la discusión sobre cambio climático”, dijo Jaramillo.

Entre los desafíos para 2025, Jaramillo también sostuvo que como “el gobierno de Milei anunció que el proceso de ajuste se va a mantener, será necesario identificar los puntos donde va ser necesario reforzar el control y la fiscalización del Estado sobre los emprendimientos productivos o extractivistas”.

A los potenciales conflictos sociales y ambientales motivados por la política oficial de Milei y los gobiernos provinciales de distintos signos políticos, se suma la decisión del Gobierno de suspender la normativa que prohibía los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras en litigio. “Uno de los desafíos es evidenciar más la violacion de los derechos indígenas en Argentina. Es una discusión social que se tiene que abrir, una discusión sobre la historia de Argentina”, reflexionó Orlando Carrique, dirigente del pueblo originario Mapuche-Tehuelche y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Resistencia en el norte, en el centro y en el sur

Tanto los proyectos de litio como de petróleo y gas, de acuerdo a las denuncias de las comunidades locales e indígenas, atentan contra la forma de vida de los habitantes de dos zonas clave para el ambiente y la biodiversidad, el turismo y la pesca artesanal: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, donde las petroleras y el Estado quieren desarrollar tres proyectos para exportar gas y petróleo de Vaca Muerta; y Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, en la frontera con Bolivia, donde tres petroleras buscan litio a través de sus propias empresas mineras. 

Además, en 2025 continuará el avance de la extracción de petróleo en la cuenca Norte del mar Argentino, a 350 kilómetros mar adentro de la ciudad de Mar del Plata, el balneario más ícono de Argentina. También se profundizó la extracción offshore en la cuenca Austral del mar argentino, en la provincia de Tierra del Fuego.

“Todo lo que tiene que ver con proceso de explotación de minerales o de hidrocarburos, que además está apalancado por un régimen oficial de inversiones (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI) van a traer, sin duda, consecuencias ambientales para Argentina”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nápoli explicó que en 2025 algunos focos de conflicto se van a potenciar. Un desafío central será pelear un lugar en esa agenda: la del poder. Al tratarse de un año electoral, 2025 será casi monotemático tras el inicio de la campaña política  y el Parlamento tendrá poca actividad. “Por eso, creo que el trabajo en 2025 se va a concentrar mucho en los territorios, a nivel local, y en las provincias”, agregó Nápoli. “Es en esos lugares donde hay que estar cada vez más sólidos en la defensa de los territorios, en el acompañamiento a las comunidades locales y originarias”, sostuvo el ambientalista. 

En la zona de periglaciares, en la región andina del país, en la frontera con Chile, la minería está posando los ojos nuevamente sobre los glaciares de montañas y si bien en 2024 parte de la oposición y los ambientalistas lograron frenar una modificación de la ley que protege estas áreas, el temor es que Milei cambie las reglas por decreto. 

La pelea también será en el exterior

“Si no conseguimos respuesta en las audiencias públicas, lo estaremos llevando a tribunales. Y si no conseguimos la respuesta de los tribunales, también lo haremos a nivel internacional, tanto en las casas matrices de las empresas como ante los financiadores y los organismos multilaterales”, explicó Nápoli. 

La diputada Margarita Stolbizer alertó también sobre el incumplimiento de Argentina en la  implementación de convenios y compromisos ambientales a nivel internacional. “El despegue o la disociación de la agenda de futuro de la Argentina con respecto a los países de la OCDE y de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030) son retrocesos en materia ambiental y tienen costos a nivel internacional. Esa es una de las deudas más grandes que tenemos”, advirtió la diputada por el partido GEN y el bloque Consenso Federal.

En los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya existen casos argentinos sobre materia medioambiental y derechos indígenas sobre los que se esperan novedades en 2025. Representantes de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes presentaron sus demandas en una audiencia pública y solicitaron la creación de zonas libres de minería.

Otro caso, esta vez de la provincia de Catamarca, en la frontera con Chile, también llegó ante la ONU y la CIDH. Allí, en el Salar del Hombre Muerto, una comunidad indígena resiste el avance minero por el litio. 

La resistencia en los bosques

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, coincide con Napoli. “El desafío principal es mantener la resistencia y persistencia de las organizaciones de base que defienden los bosques nativos, los glaciares, los humedales en distintas regiones del país. Mientras eso se mantenga va a ser posible alzar la voz y seguir denunciando lo que está sucediendo”, opinó Cruz.

Desde Greenpeace Argentina vienen denunciando el avance del sector agroexportador y ganadero sobre los bosques nativos del Chaco Argentino, en el noreste del país, en las fronteras con Brasil, Bolivia y Paraguay. Sólo en los primeros diez meses de 2024, la organización detectó la desaparición de más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en la región. Por eso, la ambientalista resume el desafío 2025 con una frase: “No callarnos en ningún momento y usar todas las herramientas a nuestro alcance de manera colectiva y pacífica”.

Esa resistencia será necesaria frente a lo que los gobiernos provinciales de Salta, Santiago del Estero y Chaco se proponen: cambios en los mapas de Ordenamientos Territoriales, que establece qué zonas de bosques nativos se pueden talar y qué otras deben ser conservadas. Santiago del Estero y Salta ya anunciaron que ampliará las zonas a deforestar. Chaco está evaluando cómo modificar un mapa regresivo ya propuesto.

La cuarta provincia del Chaco argentino, Formosa, no ha anunciado un nuevo ordenamiento pero la provincia tiene prácticamente toda su superficie boscosa catalogada como zona verde, es decir, donde el monte (como se conoce aquí al bosque nativo) puede ser destruido. Incluso ha avanzado sobre zonas que operan como corredores biológicos en el Gran Chaco para especies clave como el yaguareté, en peligro de extinción en esta región, explicó Cruz.

Además, la activista alertó: “Estamos preocupados por las amenazas de desalojos de campesinos. Cuando son desalojados se da paso a proyectos que no implican la conservación de los bosques”.

Pueblos indígenas en alerta

A principios de diciembre de 2024, Milei eliminó a través de un decreto la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos en sus territorios. La decisión presidencial contradice al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Orlando Carriqueo es dirigente del pueblo Mapuche-Tehuelche en la Patagonia argentina y  uno de los voceros de la Coordinadora del Parlamento de este pueblo originario en la provincia de Río Negro. Sostiene que entre los desafíos de Argentina en 2025 el principal es “ponerle un freno a los procesos extractivos” y diseñar la estrategia de ya no litigar contra el Estado argentino sino ante los tribunales internacionales.

“El Poder Judicial es funcional a la línea política, no aplica los convenios internacionales ni las normas ambientales y el derecho indígena. Indefectiblemente, esta lucha terminará en los tribunales internacionales y va a llevar su tiempo”, dijo Carriqueo.

El dirigente indígena plantea que otro desafío será litigar contra las empresas mineras y petroleras que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando operan en territorios de los pueblos originarios.

Sobre el decreto de Milei que permitirá los desalojos de sus pueblos, Carriqueo sostiene que habrá resistencia y que a pesar de esta crisis hay una ventana a un mundo posible. “Otro mundo posible desde otra mirada del buen vivir. Es uno de los desafíos más grandes para 2025: aportar a una mejor manera de vida”.

En defensa de la biodiversidad 

Más allá de que no existan condiciones propicias para la defensa de los derechos ambientales, las organizaciones tienen el desafío de seguir impulsando sus agendas. “Hay una agenda que nos quedó trunca y que debemos seguir impulsando: la protección de los humedales, por ejemplo”, resaltó Nápoli. La demora de este proyecto de ley arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, como el inmobiliario, forestal y agropecuario, han logrado frenarlo en el Parlamento en varias oportunidades. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

“En la COP16 de Biodiversidad el Estado argentino presentó una estrategia nacional de biodiversidad, que fue desarrollada con participación ciudadana”, destacó Jaramillo. “Va a ser un desafío ver y promover la real implementación de aquí al 2030”, agregó el ambientalista. 

El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Luciano Valenzuela destaca tres aspectos importantes para la conservación de la fauna marina que están sufriendo complicaciones: un gobierno negacionista del cambio climático que se retira de los acuerdos internacionales; los sistemas de monitoreos que están en gran proporción dependiendo de los trabajos de científicos y científicas que también están sufriendo la falta de financiamiento del Estado Nacional y la destrucción de las instituciones científicas; y un tercer aspecto: se están introduciendo cambios en la actividad pesqueras, con más desregulación y liberalización de la actividad.

“Las ONGs no están bajando los brazos, todo lo contrario, están fortaleciendo sus alianzas para lograr cosas y se están apoyando en los gobiernos provinciales en algunos casos. como en el caso de Chubut para el monitoreo de ballenas francas australes”, explicó Valenzuela.

Desde la organización Aves Argentinas, su director ejecutivo, Hernán Casañas reflexionó: “Tenemos muchos desafíos pero seguir integrando prácticas productivas verdaderamente sustentables es uno de ellos. Las formas en las cuales producimos va a tener un efecto categórico en el futuro de la biodiversidad del planeta y esas formas de producción tienen correlato con las formas de consumo que tenemos”.

Además, sostuvo, “hay que seguir atendiendo a la necesidad de más áreas protegidas que se transformen en motores de desarrollo a través del ecoturismo. Es un desafío hacerle entender al Gobierno que eso no se debe detener”.

Pérez Orsi también destaca que “los impactos sobre los ecosistemas clave del mar Argentino, que genera la exploración petrolera mar adentro, han quedado expuestos y corroborados por la comunidad científica”. 

“El movimiento socio ambiental continúa utilizando todas las herramientas de las que dispones que son muy escasas frente al arsenal del aparato del establishment, pero con una ventaja estratégica fundamental -dijo Pérez Orsi-: el tiempo está de nuestro lado. Mientras más se demore el avance de la frontera hidrocarburífera en el mar, más cerca estaremos de que se conviertan estos proyectos en económicamente inviables”. 

El desafío es mantenerse “unidos y motivados en una discusión que es de largo aliento y donde hay fuerzas desiguales”, aseguró el investigador y activista. 

*Esta nota se publicó en Mongabay Latam el miércoles 15 de enero.

El Gran Chaco argentino sufre una deforestación masiva y descontrolada a causa de la cesión de grandes extensiones de tierra a la agricultura y la ganadería, lo que pone en riesgo una de las zonas más boscosas de Sudamérica.

Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal.

Lorenzo Langbehn, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), explica a EFE que “la tala continúa actualmente a un promedio de 60.000 hectáreas por año” en esta región.

Según el investigador, la alteración de bosques nativos impulsados por el avance del cultivo de soja o la cría de ganado, principal motor económico de Argentina, impacta en la productividad de los suelos, los ciclos del agua y la resiliencia climática de la región.

“Los suelos que han estado bajo cobertura de bosque se mantenían productivos o fértiles, pero al ser sometidos a cultivos anuales permanentes se deterioran por la salinización y pierden rendimiento”, resume Langbehn, también docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones acumuladas en esta zona alcanzan los 600 milímetros, mientras que las temperaturas máximas promedio superan con facilidad los 35 grados. La capital santiagueña tuvo una temperatura récord de 45,2 grados en el verano de 2023.

Con la desaparición de los bosques “se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global”, agrega Langbehn.

En su último reporte sobre estos gases, el desaparecido Ministerio de Ambiente (rebajado a la categoría de subsecretaría por el Gobierno de Javier Milei) informó en 2021 que el 39% de esas emisiones nocivas provenían del sector agropecuario del país.

 El Gran Chaco, amenazado

Santiago del Estero pertenece al Gran Chaco Americano, la segunda área boscosa más grande del continente después de la Amazonía, y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.

El 59% de este territorio está en Argentina, con unos 625.000 kilómetros cuadrados, y atraviesa 13 provincias con 8,5 millones de habitantes, según el censo de 2010.

Un informe de Greenpeace revela que el 75% de la deforestación se concentra en el norte del país y que la Ley de Bosque Nativo, cuyo objetivo era reordenar las zonas de tala y acabar con la deforestación en casi un 80% del territorio, solo ha logrado reducir la actividad en un 40% desde 2014.

La tala de montes se justifica bajo el supuesto manejo sostenible de sistemas silvopastoriles, una combinación de flora y fauna agropecuaria que se retroalimenta y ayuda a capturar el carbono, algo que está amparado por ley como actividad sustentable, pero en la práctica las empresas modifican las reglas del juego.

“Es gente viene con capitales de afuera, se insertan aquí y hacen cambios que les resultan muy rentables”, remarca a EFE Cecilia Escalada, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de San Martín.

“Los grandes terratenientes hacen un uso extractivista”, denuncia.

Greenpeace explica que las talas “se realizan en zonas donde no está permitido” y calcula que desde 2007 hasta junio de 2024 se deforestaron 1.007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.

El Gran Chaco argentino alberga unas 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 tipos de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios, todos en riesgo por el avance de la frontera agropecuaria y los incendios.

Incendios forestales

Además del uso de topadoras, el fuego también acaba con los terrenos y justifica la deforestación en Santiago del Estero por la falta de control.

'Los Caracoles', una de las pocas reservas privadas de bosque, a once kilómetros de la capital provincial y utilizada para turismo sustentable, perdió quince hectáreas por incendios provocados.

“Es el último pulmón verde cercano a la ciudad, de casi 250 hectáreas y ribereño, donde se hace cicloturismo, una forma de explotación no extractivista”, explica a EFE Pablo Muratore, poblador y dueño de la reserva.

Según Global Forest Watch, en esta provincia se han registrado 1.018 alertas de incendio desde octubre de 2023.

Por Augusto Morel, para la agencia EFE.

IG

A contramano de la política y los intereses económicos más poderosos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, un equipo interdisciplinario de investigadores del Conicet y universidades públicas hicieron este lunes un llamado desesperado a las autoridades: el felino más grande de América ingresó en la etapa más crítica de su existencia en el Gran Chaco argentino, de acuerdo a la exposición que realizaron los expertos de Proyecto Yaguareté, una iniciativa de investigación y conservación del yaguareté que forma parte además de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). 

El equipo está conformado por científicos de tres institutos diferentes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de tres universidades nacionales de Argentina: las de Río Cuarto, Córdoba y Misiones. 

En una conferencia organizada por Greenpeace, tres de los científicos presentaron la herramienta Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté (POCY Chaco), que desarrollaron tras analizar la información que vienen acumulando desde hace dos décadas para intentar salvar al tercer felino más grande del mundo y el depredador tope que regula como ningún otro mamífero al ecosistema que habita. Por esa razón, conservarlo es, por default, preservar al bosque nativo con el que se arrasa en pos de los grandes pooles de siempre, la ganadería extensiva y la industria taninera. 

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace y moderador del encuentro, sostuvo que “los científicos especialistas en yaguareté destacan la necesidad de frenar la deforestación para que la especie pueda sobrevivir en la región chaqueña. El trabajo deja bien claro cuál es el territorio a proteger del avance de las topadoras. Esperemos que la Corte Suprema actúe rápido y pare este ecocidio”. 

La organización ambientalista presentará los resultados de este trabajo ante el máximo tribunal del país, donde los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tienen pendiente analizar un amparo presentado hace más de cuatro años en nombre del yaguareté para frenar los desmontes en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, la región más crítica para este felino, que también se encuentra en la selva misionera y en las Yungas jujeñas. Además, ha sido introducido por Rewilding Argentina en el Iberá, Corrientes.

“Combinando la información de presencia de yaguareté de los últimos 20 años, con un exhaustivo análisis de las amenazas a la especie, e incluyendo las condiciones socioambientales de la región chaqueña, pudimos construir esta herramienta de planificación territorial y toma de decisiones, y así dar respuesta a una de las acciones prioritarias de los planes para conservar la especie”, afirmó la doctora Verónica Quiroga, investigadora del Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.

“Nos pareció necesario y urgente presentar estos resultados ahora, debido, entre otras cosas, al recientemente aprobado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco que representa un serio retroceso en materia de conservación de los bosques”, expuso Quiroga. “Este nuevo mapa de OTBN, aprobado sin consenso de ambientalistas, pobladores y científicos, incluye la regresión ambiental de muchas hectáreas importantes para el yaguareté, ahora habilitadas para nuevos desmontes. Está claro que si la deforestación y la cacería siguen al ritmo actual en la región, en pocos años no tendremos más yaguaretés en los bosques chaqueños de argentina”, añadió.

Cercados por el poder económico

Las problemáticas que comprometen la existencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino pueden reducirse actualmente a dos variables: la deforestación del bosque nativo para la extensión de la frontera agropecuaria y la producción de la industria taninera; y la cacería deportiva, explicó Quiroga. El territorio del yaguareté se ha reducido en un 50% en todo el continente, donde también se lo conoce como jaguar. Argentina es el país donde esa reducción de territorio caló más hondo. 

De este felino, Monumento Natural Nacional y monumento natural en las provincias donde arrasan con su hábitat, sólo quedan entre 15 y 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino. En los últimos 20 años, aseguró Quiroga, los científicos sólo han podido registrar a una sola hembra con las cámaras trampa y registros de pobladores de los campos. El resto de los 135 registros han sido machos.

El doctor Carlos De Angelo, investigador del Conicet en el Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sostuvo que la herramiento que desarrollaron construye un modelo preliminar de hábitat, localizando las zonas de bosque nativo que actualmente están conservadas en las condiciones óptimas para que el yaguareté pueda sobrevivir. Tomaron registros de los últimos 20 años -135 imágenes y localizaciones de ejemplares de este felino, casi todos machos- y buscaron determinar cuáles son las condiciones del hábitat en esos puntos: posibilidades de refugio, alimento y condiciones de traslado y del paisaje.

El yaguareté necesitan grandes extensiones de territorio de bosque nativo. Buscaron las zonas con ríos principales y sin cultivos. El resultado fue que al yaguareté le queda apenas el 3% del área estudiada en condiciones aptas para su supervivencia.

Este pequeño porcentaje, además, es de zonas muy separadas por monocultivos. Por eso, propusieron crear áreas aledañas a este 3% del territorio que estén protegidas y donde se pueda recuperar el bosque nativo y las condiciones para proteger al felino. Demandan acciones urgentes para que el yaguareté sobreviva.

El felino también es amenazado por los conflictos con el humano, que termina cazando al animal por miedo, cuestiones culturales o por la matanza de ganado. Los científicos de Proyecto Yaguareté trabajan con los lugareños para evitar estas cacerías. Pero solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto con la caza deportiva, algo que no ha mermado en el último tiempo, explicaron.

El doctor Agustín Paviolo, investigador del Instituto de Biología Subtropical de Misiones (IBS) del Conicet y la Universidad Nacional de Misiones, que coordina Proyecto Yaguareté a nivel nacional, expresó: “El yaguareté no sólo es un Monumento Natural Nacional al que debemos preservar por su valor como especie, sino que por sus grandes requerimientos de hábitat es una especie que llamamos ‘paraguas’ y que nos ayuda a planear paisajes que pueden preservar un gran número de especies y al bosque en su totalidad”. Y agregó: “Tener un paisaje de conservación para el yaguareté en la región chaqueña es clave, este tipo de herramientas espacialmente explícitas es una forma muy simple y efectiva de transferir el conocimiento científico hacia los sectores de toma de decisiones”.

Nota: este artículo se corrigió por un error de tipeo el 21 de mayo de 2024 a las 11:19.

ED / NB

Desde hace más de dos décadas, Abel Menapace y su hijo Leandro practican una ganadería que busca el equilibrio con el ambiente en el Gran Chaco argentino. Ambos ingenieros agrónomos dirigen una explotación en la ecorregión de Cuña Boscosa, que ocupa más de un millón de hectáreas en el extremo norte de la provincia de Santa Fe.

Este proyecto familiar combina la gestión de los bosques autóctonos con la producción ganadera, con el fin de respetar la biodiversidad, y lleva el nombre de San Francisco de Asís, en honor al monje del siglo XII Francisco de Asís, patrón de la ecología.

Aquí se entremezclan especies arbóreas autóctonas, como el quebracho colorado y blanco y el algarrobo. Su biodiversidad ha atraído y acogido a la fauna de la región: unas 200 especies de aves comparten espacio y alimento con zorros, coipos, ñandúes y armadillos, entre muchos otros animales. “La diversidad es vida, es lo opuesto al monocultivo”, dice Abel.

Situada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Malabrigo, a su vez a unos 280 kilómetros al norte de la capital provincial, Santa Fe, la explotación de los Menapace es un ejemplo de integración con éxito de la ganadería y los bosques. La explotación no sólo ha conseguido transformar sus suelos, antes agotados, sino que también ha contribuido a convertir sus 214 hectáreas en un enorme almacén de carbono.

El papel de los bosques autóctonos

Los bosques autóctonos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales para los seres humanos y otras especies. Contribuyen a mitigar el cambio climático, ayudan a regular los recursos hídricos, ofrecen opciones de subsistencia a las comunidades locales y mejoran la seguridad alimentaria y el desarrollo económico regional.

Argentina tiene una superficie de 47,9 millones de hectáreas de bosques nativos, que están bajo la protección de la Ley de Bosques de 2007 del país, que establece la zonificación de los usos de los bosques para equilibrar las necesidades de producción y la conservación de la naturaleza.

La provincia de Santa Fe abarca aproximadamente 13 millones de hectáreas, de las cuales 1,7 millones son bosque nativo y están protegidas por esta ley: 372.687 hectáreas están bajo la categoría I o “roja”, que requiere una conservación estricta que prohíbe cualquier cambio en el uso del suelo; y 1,3 millones de hectáreas bajo la categoría II o “amarilla”, que permite actividades productivas consideradas compatibles con el cuidado de la naturaleza. La explotación de los Menapace se encuentra en tierras de categoría II.

A principios del siglo XX, la explotación de los recursos forestales del norte de Santa Fe estaba dominada por empresas británicas. Denominada la época de “La Forestal”, en honor a una empresa británica de la época, este período de actividad extractiva cambió para siempre el mapa natural y social de la región.

Este proceso fue retratado en detalle en un libro de 1965 del escritor santafesino Gastón Gori. Relata cómo un enorme bosque de “oro rojo” que cubría más de dos millones de hectáreas fue talado a hachazos y machetazos para satisfacer los mercados internacionales, en busca de tanino para las curtiembres y troncos para fabricar durmientes de ferrocarril o postes. Las cicatrices de la temprana explotación a la que fueron sometidos sus ecosistemas aún son visibles en la zona.

El establecimiento Menapace es un ejemplo de producción sostenible vinculada a su comunidad: las tierras están abiertas a investigadores, organizaciones civiles, escuelas y universidades. Abel ha explicado el ethos de la granja en su propio libro, que reúne años de trabajo: “La idea es poner en valor la oferta del bosque nativo, su renta en madera, frutos, forrajes, flores melíferas, esencias medicinales, colorantes, ambientes para paseos, servicios ambientales y al mismo tiempo, en forma integrada y en el mismo ecosistema, introducir ganado, mejorando el ambiente y obteniendo una renta ganadera”.

Más bosques, menos emisiones

El 60% de los bosques nativos de la Cuña Boscosa santafesina está clasificado como poco o mal apto para la ganadería, mientras que el resto es apto. Esto significa que se necesitan entre tres y cinco hectáreas por vaca en producción, explica el ingeniero agrónomo Germán Castro. Trabaja en una de las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ubicada 40 km al sur de la ciudad santafesina de Reconquista.

Los Menapace consiguieron invertir esta ecuación: hoy, el 70% de sus tierras de cultivo están clasificadas como buenas o muy buenas para la ganadería, mientras que el 30% restante sirve de refugio a la biodiversidad. La proporción de animales por hectárea nunca es superior a 1:1, lo que significa que en los momentos de mayor actividad pueden gestionar más de 150 cabezas de ganado; a principios de 2024, tras tres años de grave sequía, la cabaña se redujo a la mitad, a unas 75 cabezas.

La palabra clave es gestión, explica Abel. En primer lugar, reconocieron que tenían que intervenir en el bosque para mantenerlo activo, pero esa intervención debía basarse en el respeto a las especies autóctonas. “Cada componente del ecosistema cumple una función”, añade.

Estos esfuerzos son clave para reducir el impacto de la ganadería como fuente contaminante: según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2021 de Argentina, el sector agrícola, ganadero y forestal representa el 39% de las emisiones del país. Si se desglosa por subsectores, la ganadería aparece como la actividad con mayores emisiones, representando el 22,2%, casi el doble que el siguiente subsector, el transporte (13,9%).

Tanto la conservación de importantes porciones de biodiversidad autóctona como el tipo de pastoreo utilizado hacen que la explotación Menapace minimice sus emisiones de gases de efecto invernadero y tenga unas emisiones comparativamente inferiores a las de muchas otras explotaciones ganaderas, además de que sus tierras contribuyen al secuestro de carbono. Esto podría ayudarle a estar más en consonancia con la estrategia climática a largo plazo de Argentina, por la que el país se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

“Cuando caminas por el campo ves el carbono, está ahí delante de tus ojos, en el mantillo [una capa de materia orgánica formada por la descomposición de materia vegetal y animal], en las hojas, en los troncos, en los pájaros y mamíferos. Está en todo el sistema y en la diversidad que estalla por todas partes”, dice Castro.

Observación y manipulación

La clave del planteamiento productivo de la explotación de Menapace es el manejo de bosque con ganadería integrada -conocida por sus siglas MBGI-, una estrategia de producción sostenible utilizada en algunas explotaciones de Argentina que integra las actividades ganaderas y forestales. Con este método, las vacas pueden contribuir de algún modo a la regeneración del ecosistema, en lugar de limitarse a degradarlo.

Aquí la producción ganadera es una consecuencia y no un objetivo

Abel Menapace, — Productor ganadero

El MBGI integra el bosque nativo en su producción “como agente proveedor de servicios ecosistémicos”, como la regulación hídrica, la conservación del suelo y la fauna silvestre y el secuestro de carbono, explica Castro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria monitorea regularmente los campos de los Menapace para establecer el impacto de estas prácticas en las emisiones del ganado.

Abel y Leandro Menapace describen el bosque como un ecosistema con muchos componentes, cada uno de los cuales tiene una función. Si el bosque está sano, todo el sistema está equilibrado. “Aquí la producción ganadera es una consecuencia y no un objetivo, trabajamos en función de todo el ecosistema, no centrados en la vaca”, dice Abel. Uno de los elementos clave de la MBGI es el pastoreo rotativo, que en la explotación de los Menapace se realiza en 90 parcelas. Cada día, las vacas se desplazan de una parcela a otra, encontrando alimento fresco y permitiendo la recuperación de las otras parcelas.

Fernando Aiello, investigador en ciencias agropecuarias y docente de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, especializado en manejo de pastizales naturales, conoce la experiencia de los Menapace. “Hacen un trabajo muy interesante a través del pastoreo rotativo, gracias al cual pudieron recuperar especies invernales que crecen debajo de los árboles del bosque, especies forrajeras nativas [plantas que come el ganado], algo raro en los bosques donde se privilegian las pasturas de verano”, explica.

Resistencia al cambio climático

En la explotación de los Menapace, la producción y la conservación van de la mano, coexisten y se potencian mutuamente, según Aiello. Según él, el pastoreo rotativo permite reforzar el sistema de producción frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos a causa del cambio climático.

La zona central de Argentina atravesó tres años consecutivos de déficit hídrico entre 2020 y 2023 impulsado por el fenómeno climático de La Niña. A pesar de ello, la granja de los Menapace pudo mantener la fertilidad del suelo gracias a la cobertura de hierba y mantillo, así como a un uso eficiente del agua. “Obtuvieron resultados muy positivos en comparación con sus vecinos”, afirma Aiello.

“La acumulación de buenas prácticas basadas en el pastoreo rotativo y la observación de las especies forrajeras y los árboles a lo largo del tiempo han permitido a Abel y Leandro construir un sistema muy sano, estable y fiable, algo esencial en un escenario de cambio climático en el que se alternan el exceso de agua y las sequías prolongadas”, añade el especialista.

En términos de emisiones, al priorizar la presencia de árboles jóvenes y adultos en crecimiento activo sobre los árboles demasiado maduros, además de los pastos de invierno, estos agricultores han podido mantener una elevada actividad fotosintética durante todo el año. “Es una situación muy favorable para el secuestro de carbono. Tienen mucha actividad fotosintética; el campo está siempre verde y activo y eso está muy ligado a la captación de carbono”, afirma Aiello.

El ganado puede ser un emisor de gases de efecto invernadero, o puede ayudar a capturarlos. Todo depende de cómo se haga

Germán Castro — Agrónomo

Castro, aunque aún no tiene los datos de captura de carbono de los Menapace, dice no tener dudas de que es al menos el doble de lo que se emite: “Cada hectárea tiene unos 100 árboles, más de 400 arbustos, abundante pasto. Todo esto es pura captura de carbono”. Añade que el suelo de la finca es un enorme reservorio de carbono, ya que recibe continuamente una gran cantidad de materia orgánica. “El ganado puede ser un emisor de gases de efecto invernadero, o puede ayudar a capturarlos. Todo depende de cómo se haga”, afirma Castro.

Aunque el grado en que el pastoreo puede contribuir a la captura de carbono en los pastizales sigue siendo objeto de debate entre los científicos, los esfuerzos de la familia Menapace por aplicar prácticas más sostenibles se acogen con satisfacción y se reconocen como un paso positivo en la dirección correcta. En un momento en que Argentina se enfrenta a la necesidad de ecologizar su agricultura a largo plazo, su trabajo podría servir de lección al sector en general.

Este artículo ha sido elaborado con el apoyo del Proyecto Net Zero Argentina de Earth Journalism Network, Periodistas por el Planeta, Claves21 y Banco de Bosques.

Fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía. 

La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada. 

El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.

La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia. 

El caso

La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.

La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.

La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.

La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.

La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.

“Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.

“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.

ED/JJD

En el país donde el avance del fuego y las topadoras se llevaron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, los desmontes ilegales y los incendios forestales causados por el ser humano no son castigados penalmente. Por esta razón, la organización ambientalista Greenpeace lanzó este lunes una consulta popular para que la ciudadanía opine si los desmontes ilegales y los incendios de bosques nativos deben ser considerados delitos penales.

En Argentina, se pierde una hectárea de bosques cada 2 minutos y más de la mitad de los desmontes son ilegales, informó la organización Greenpeace en base a datos oficiales. 

A partir de este lunes 10 de julio y hasta el 10 de octubre, la ciudadanía podrá votar si los desmontes ilegales e incendios forestales deben ser un delito penal en el sitio votaporlosbosques.org respondiendo una pregunta: ¿estás a favor de que se establezcan penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales? Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación el próximo año.

“Los bosques tienen un rol fundamental en la regulación climática, en el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y en la conservación de los suelos. Concentran gran parte de nuestra biodiversidad, nos brindan maderas, alimentos y medicinas, y en ellos viven muchas comunidades indígenas y campesinas”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

“En estos momentos de crisis climática evidente, con efectos concretos en distintas regiones, no podemos seguir postergando las medidas que puedan proteger los ecosistemas frágiles”.

“A pesar de que en Argentina existe una muy buena Ley de Bosques, la mayoría de los desmontes son ilegales; todos los desmontes que se realizaron en la provincia de Chaco desde el año 2020 fueron ilegales, así como el 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Además, 120 mil hectáreas fueron afectadas en Salta y Jujuy por los incendios forestales y rurales”, informó la organización en un comunicado.   

“Es evidente que las multas no son suficientes, los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción”, afirmó Giardini. 

La emergencia en números

En los últimos 25 años, Argentina perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos. 

Sólo en 2022, la deforestación en el norte de Argentina fue de más de 110.000 hectáreas, cifra a la que si se suman los incendios, supera las 200.000 hectáreas afectadas. 

El 75% de los desmontes se concentran en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, en particular en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica. 

ED/MG

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED

La dirigencia política no termina de asumir que estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Ya es hora de terminar con la impunidad: se deben prohibir y penalizar tanto desmontes como incendios forestales.

Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables: alimentos, maderas y medicinas. Son territorio y sustento de indígenas y campesinos. Y cumplen un rol clave en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.

La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies. Es un ecocidio que debe terminar urgentemente.

Entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en Argentina fue de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa.

Aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, territorio de varios pueblos originarios y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

La región presenta gran diversidad de ambientes: llanuras, sierras, ríos, sabanas secas e inundables, esteros, bañados, salitrales, arbustales, palmares; y una gran extensión y diversidad de bosques, algunos de ellos muy densos, conocidos como “impenetrables”, en los cuales no hay agua superficial. Las especies que viven y crecen en los bosques chaqueños toleran temperaturas que se elevan hasta cerca de los 50ºC en verano.

 Se estima que en la región chaqueña existen unas 25 especies de mamíferos amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el oso hormiguero, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito de río y el chancho quimilero; como consecuencia de la constante destrucción y fragmentación de su hábitat y la caza indiscriminada.

 Muchas de las familias indígenas y campesinas del Gran Chaco no han obtenido la titularización de las tierras en las que habitan. En las últimas tres décadas, con el avance del agronegocio, aumentaron los conflictos con los empresarios que compran esas fincas. Son cada vez más frecuentes los desalojos y el asesinato de campesinos e indígenas por parte de la policía o de guardias armadas contratadas por los empresarios.

Las principales causas de la pérdida de bosques son los desmontes para ganadería intensiva y soja (que mayormente se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales. 

La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación (comparado a antes de la implementación de la normativa), aún la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Por otra parte, en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales, siendo la sequía un factor determinante.

La comparación de imágenes satelitales revela que durante el año pasado la deforestación en Santiago del Estero fue de 38.492 hectáreas, en Chaco 36.159 hectáreas, en Formosa 22.664 hectáreas y en Salta 15.230 hectáreas; totalizando 112.545 hectáreas en el norte del país.

Resulta grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron donde no está permitido. Y más grave aún fue la ilegalidad de todo lo deforestado en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde fines de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En ese sentido es muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 en dicha provincia.

Por su parte, los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego estiman que la superficie afectada durante 2022 por incendios forestales y rurales fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.

En cuanto a las causas, el organismo estima que “el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación”.

La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas, una superficie similar a la de 10 veces la ciudad de Buenos Aires.

Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios.

Si destruir bosques es un crimen, penalizar su destrucción resulta necesario.

Argentina es uno de los países con más deforestación del mundo en las últimas tres décadas. Las topadoras arrasan fundamentalmente en la región del Gran Chaco por el avance de la frontera agropecuaria; soja y ganadería que mayormente se exportan a China y Europa.

A pesar de que a fines de 2007 se sancionó la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos,  en la provincia de Chaco se deforestaron 470.000 hectáreas, y la mitad fueron desmontes realizados en forma ilegal o con permisos irregulares otorgados por el gobierno provincial.

Tras masivas manifestaciones en las calles y una presentación de organizaciones sociales, en octubre de 2020 la justicia provincial suspendió los desmontes, por falta de actualización del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que define las zonas en las que se puede deforestar y en cuáles no.

A pesar de ello, más de 47 mil hectáreas fueron destruidas por las topadoras desde entonces, lo que evidencia la falta de decisión política del gobierno para aumentar los controles e implementar en forma eficiente el fallo de la justicia. 

Hasta aquí, la historia. Pero hoy, el bosque chaqueño se ve amenazado una vez más, con el decreto 2157/22 del gobernador Jorge Capitanich recientemente remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco para su ratificación legislativa. El decreto actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, pero resulta ser regresivo al dejar sin protección áreas boscosas que anteriormente se encontraban protegidas. 

Como si fuera poco, “indulta”, le da legitimidad, a desmontes que fueron realizados ilegalmente, permitiendo que los empresarios continúen con sus negocios agropecuarios en lugar de realizar la restauración de los bosques que les impone la ley nacional, y habilita el desmonte en un millón de hectáreas más. Un verdadero ecocidio.

La deforestación en Chaco y la propuesta de actualización del gobierno provincial generó alarma en el mundo académico. Más de mil científicos argentinos enviaron una carta al mandatario manifestando su preocupación y advirtiendo que “la evidencia científica que generamos en las últimas décadas demuestra el rol clave de los bosques nativos para el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales que sostienen la integridad social y ambiental de la región. La pérdida de bosque nativo en la región del Chaco Seco tiene múltiples consecuencias negativas para la sociedad, el ambiente, el clima y la economía. Por un lado, aumenta el riesgo de extinción de especies emblemáticas como el tatú carreta, el tapir, el oso hormiguero, el chancho quimilero y el yaguareté, entre otras. Por otro lado, aumenta la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos como las olas de calor, sequías y fuertes vientos que erosionan la fertilidad del suelo”.  

El nuevo mapa no respeta los territorios de las comunidades de pueblos originarios, y no se garantizó su participación en la elaboración, lo que viola la Ley Nacional de Bosques, la Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena.

Hace un año, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow, nuestro país firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Aunque siete años es demasiado tiempo y el acuerdo no es vinculante, significa un primer paso en la dirección correcta. La provincia de Chaco, de la mano de su gobernador, va a contramano del compromiso firmado por el Gobierno Nacional. 

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. 

Es por ello que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco debe realizarse con el objetivo de ponerle fin a los desmontes y promover un verdadero manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos. 

Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más.

NC

El nuevo ordenamiento de bosques nativos presentado por el gobernador Jorge Capitanich a la Legislatura de Chaco habilita la expansión de la deforestación hacia El Impenetrable Chaqueño sobre más de 200.000 hectáreas. En una convocatoria sin precedentes, la comunidad científica argentina se manifestó masivamente alertando sobre los riesgos de decidir el destino de los bosques nativos ignorando el conocimiento científico y los acuerdos internacionales.

“No podemos pensar en conservar la biodiversidad sin corredores biológicos y sin respeto a los derechos de las comunidades locales que allí habitan” sostuvo la doctora Micaela Camino, investigadora del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. 

Más de 100 artículos científicos publicados en las últimas décadas reúnen evidencias de los impactos negativos de la deforestación sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la región del Gran Chaco Americano. Nuestros estudios muestran claramente que los desmontes en zonas con suelo frágil y clima seco como los departamentos Brown y Güemes provocan que la tierra pierda su productividad en pocos años.

La pérdida de los bosques nativos tiene múltiples consecuencias negativas para la sociedad, la biodiversidad, el clima y la economía. Por un lado, aumenta el riesgo de extinción de especies de la flora y fauna silvestre, algunas ya en peligro crítico. “Las áreas protegidas chaqueñas no son suficientes en cantidad y tamaño para conservar las especies de grandes mamíferos, como el yaguareté. Es necesario frenar los desmontes en los corredores que conectan las áreas protegidas, para que estas especies puedan sobrevivir a largo plazo”, sostuvo la Dra. Verónica Quiroga, investigadora del CONICET en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal.

Por otro lado, la deforestación intensifica el calentamiento global y sus impactos locales. Las olas de calor, sequías y fuertes vientos se darán con mayor frecuencia y severidad en la región, con efectos irreversibles en la fertilidad del suelo. “Los últimos incendios masivos han demostrado la fragilidad e insuficiencia de áreas protegidas y su pérdida continua de resiliencia. Si se suma una categorización de bosques inexacta serán escasos los ecosistemas saludables y aceleraría una pérdida irreversible de biodiversidad” sugiere el Dr. Martin Kowalewski, investigador del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral.

En combinación, la pérdida de biodiversidad y los cambios climáticos locales impactarán negativamente sobre el potencial de la región para lograr un desarrollo sostenible. Esta preocupación fue también expresada por la comunidad científica en una audiencia ante la Legislatura de Chaco el pasado mes de octubre. Hasta el momento, los científicos no han recibido respuesta de Capitanich al pedido de audiencia con el poder ejecutivo. 

En la antesala de las COP27 del Cambio Climático y la COP15 de la Biodiversidad, científicos a lo largo y ancho del planeta piden que los representantes tomen decisiones políticas urgentes en favor de la protección del ambiente. “El objetivo a escala global es que hacia 2030 la superficie destinada a áreas de conservación sea al menos del 30% del territorio. Argentina está lejos de esa meta” enfatiza Marcelo Cabido, Investigador del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal.

Los datos son los siguientes: 49,9% de la población en situación de pobreza, 15% de la población en situación de indigencia. La ciudad chaqueña de Resistencia es la más pobre del país según la medición del Indec y a quienes viven en el lugar les alcanza con mirar a su alrededor o incluso dentro de sus hogares para dar cuenta de la estadística. 

“Sin dudas, acá se siente”, dice Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco. “A simple vista se ve una gran brecha en el acceso al consumo: hay sectores un poco más holgados que llenan rutas gastronómicas o que están muy presentes en el centro comercial y, por otro lado, una población muy muy grande que está fuera de eso, que vive en condiciones muy precarias, en asentamientos que se extienden cada vez más hacia el sur de la ciudad”, dice el analista chaqueño. Habla con elDiarioAR por teléfono desde su oficina y, de fondo, se escuchan bombos. 

Todos los días, dice, hay manifestaciones frente a la Casa de Gobierno de organizaciones que demandan mayor ayuda social o alimentos. Los colectivos de línea cambiaron el recorrido para evitar el lugar y los resistencianos saben que los días de semana es mejor no pasar con vehículo por las inmediaciones de la plaza 25 de Mayo. A las alteraciones en la circulación se le suma una tensión social creciente, que esta semana desembocó en una situación extrema. Según la versión de los diarios locales, un motociclista fue interceptado por uno de los manifestantes y se generó una discusión que terminó con el manifestante apuñalado. 

“Seguramente somos también la capital del piquete”, coincide Mateo, que tiene 24 años y vive con su familia en esa ciudad. Cuenta que habitualmente se cruza a Corrientes –ambas ciudades capitales están unidas por el puente General Manuel Belgrano, construido sobre el río Paraná– y que desde la ventana de su auto detecta algunos cambios. Algunos años atrás veía solo un grupo de limpiavidrios en todo el trayecto, ahora las personas que intentan ganarse unos pesos en el semáforo con esa changa se multiplican. 

El número de pobreza que refleja el Indec se explica por una combinación de tres elementos: la escasez de trabajo, salarios muy bajos y una inflación exacerbada que hace que incluso quienes tienen empleo formal no puedan cubrir la canasta básica con sus ingresos. 

Sin embargo, los indicadores mejoraron respecto de los últimos semestres. En el segundo semestre de 2020, en plena pandemia, la pobreza había escalado al 53,6%, casi 4 puntos porcentuales más que en el registro más reciente. El empleo también mostró mejoras en esa localidad, tendencia que mantiene desde hace más de un año. 

“Aun así conservamos un nivel muy alto de inactividad, de los mayores del país; es algo estructural en la provincia”, apunta Pegoraro. Según los últimos registros oficiales, solo el 44,3% de la población trabaja, busca trabajo o está disponible para trabajar. Esto quiere decir que hay muchas personas por fuera del sistema, que subsisten en base a programas sociales, que si bien son útiles como complemento, no alcanzan para mantener a una familia con sus necesidades básicas cubiertas. 

Como ejemplo, en la pandemia Chaco fue la provincia que más cantidad de beneficiarios de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tuvo en relación con su población, alcanzando cerca del 30%, según datos de la Anses. Una incidencia similar tuvo el refuerzo de ingresos que se pagó en mayo y junio de este año, que llegó a 310.305 chaqueños y chaqueñas. Pero también a las personas que tienen un trabajo se les dificulta mucho subsistir y, al final del día, son o se sienten pobres. Eso tiene que ver con las características del empleo. 

En Chaco hay más empleados del Estado provincial que privados: 82.000 contra 76.500. Por eso, el retraso en los salarios de los estatales, que este año recibieron un aumento de 60% en cinco tramos a terminar de aplicarse en marzo de 2022, tiene un impacto poderoso en la situación general. “Mi papá tiene un buen cargo en el Gobierno y gana $120.000. Antes toda la familia podría vivir con eso y ahora si no trabajáramos mi mamá, mi hermana y yo no podríamos vivir bien”, dice Mateo, que vive en un barrio acomodado y se dedica a minar criptomonedas.

“Todos los laburos tradicionales están muy mal pagos”, continúa. “Yo voy al shopping y me compro unas zapatillas Nike y sé que por ahí estoy gastando el sueldo de un amigo mío. Tengo muchos conocidos que trabajan en negro, muchos en calls centers”.

Por otra parte, en Chaco hay más del doble de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) que asalariados privados. Según datos de agosto a los que accedió este medio, hay 188.495 altas en el Renatep contra 76.570 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), una diferencia de 111.925 personas. 

La inflación, un problema que afecta la vida diaria de los argentinos y argentinas a lo largo del todo el territorio nacional, es peor en el Noreste Argentino. En agosto esta región tuvo una suba de precios del 7,6% intermensual, por encima del 7% del promedio nacional, y en el último año la inflación fue del 80,4% contra 78,5%: la más alta de todo el país. Incluso dentro del NEA, Pegoraro dice que la de Resistencia es más alta. 

Un factor que explica este fenómeno, aunque solo parcialmente, son los costos asociados a la logística. En Resistencia se producen muy pocas cosas y los bienes traen incorporados en el precio largos trayectos desde los centros industriales del país. Así, la suba de los combustibles impacta con especial fuerza en las góndolas. Además, la canasta del NEA (el Indec elabora una para cada región, guiada por los consumos de sus habitantes) tiene mayor incidencia de alimentos, el rubro en el que desde la pandemia se concentra la suba de los precios. 

La competencia entre comercios también es poca. Hay una cadena de supermercados local, Zorzon –propiedad del presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón– y algunas cadenas internacionales como Carrefour y Changomas, pero la llegada de programas como Precios Cuidados o cortes cuidados es muy baja en relación con otras zonas del país. 

“Respecto de los datos de pobreza, y más allá de que son semestres que todavía tienen el resabio del golpe de la pandemia, no podemos dejar de percibir que si comparás con los niveles de 2019, 2018, 2012 o incluso antes, es un nivel sumamente elevado”, apunta Laura Caullo, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, con sede en Córdoba. “Pasamos de tener un piso de un cuarto de la población en condición de pobres a más de un tercio –señala–. Si antes decíamos que uno de cada cuatro argentinos era pobre, hoy lo es uno de cada tres”. 

DT

En julio de 2019, la organización Greenpeace demandó en nombre del yaguareté al Estado nacional y a las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar la Ley Nacional de Bosques, provocar la casi extención de la especie y la desaparición de millones de hectáreas de su hábitat en el Gran Chaco argentino. Desde entonces, la ONG ambientalista espera una respuesta del máximo tribunal.

La Corte tenía previsto realizar una audiencia pública sobre el caso durante el primer semestre de 2022, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal, pero la convocatoria nunca se concretó. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía. 

Detrás de la posible desaparición del felino más grande de América en esta región, existen también centenares de poblaciones originarias y campesinos criollos viven una crisis ambiental y social provocada por el avance de la ganadería y la soja en el norte de Argentina, asegura Hernán Giardini, coordinador de la Campaña Bosques de Greenpeace, a elDiarioAR durante un viaje por la región, organizado y financiado por la ONG. “Estamos expectantes a que la audiencia también genere en la sociedad un acompañamiento. En las decisiones gubernamentales o judiciales, lo que pasa en la calle también influye”, afirmó. 

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

Detrás del amparo y la demanda por el yaguareté, Greenpeace sostiene que también está en juego la supervivencia de muchas personas afectadas por la deforestación para el cambio del uso del suelo. ¿Cómo los afecta?

A nivel regional o local, muchos de los desmontes están directamente vinculados a conflictos de tierras o desalojos. Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos. Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales. El monte no sólo es alimento, sino madera y medicinas. También es un lugar de conexión espiritual para las comunidades. A veces, los empresarios utilizan hasta guardias propias para desalojarlos. Esto ha generado en algunos casos violencia y hasta muertes. En otros casos cuando suelen ‘arreglar’, siendo igualmente un arreglo bajo presión por un puñado de hectáreas.

¿Cómo afecta a las personas más allá de los locales?

El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque.

¿Hasta dónde puede llegar el efecto de esas inundaciones? 

El desmonte acumulado puede generar, teniendo en cuenta la pendiente oeste, este, y los ríos que atraviesan el Gran Chaco, inundaciones a varios kilómetros de ahí. No solo en esa zona, sino también hacia el litoral. Pueden inundarse Santa Fe y Entre Ríos por los desmontes que estén sucediendo en Santiago del Estero, Chaco, Formosa. El agua viene bajando con otra intensidad al no ser absorbida por ese bosque que ya no está. Además, hay una pérdida masiva de especies y un desequilibrio que es el más difícil de medir porque no sabemos qué puede pasar cuando desaparece una especie, por ejemplo, los grandes mamíferos como el yaguareté. 

En Argentina, como en otros países, se debate la supuesta dicotomía entre progreso económico y preservación del bosque o el medio ambiente. En este caso, se apunta a cuatro provincias para que “resignen” el avance de actividades económicas. ¿Cuál es la posición de Greenpeace con respecto a esa discusión?

No es cierto que el desmonte signifique progreso. Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado, que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Ahora, en los últimos 30 años que se viene deforestando en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, su población sigue estando entre las más pobres del país, y más la de la zona donde se produce el desmonte. Tampoco se emplea tanta gente para este tipo de producciones y las condiciones suelen ser muy precarias, en algunos casos, de semiesclavitud. No es que de repente hay mucho trabajo en el área o que las ciudades que están alrededor de los desmontes han mejorado significativamente su infraestructura. Además, para los pequeños productores cada vez es más difícil competir. 

¿Cómo son esas condiciones laborales en los campos deforestados o durante el desmonte?

Los topadoristas a veces no son de los que trabajan en las mejores condiciones y los tienen trabajando bajo el sol y con mucho calor, durante muchas horas. Es un trabajador bastante precarizado. Después de las topadoras, viene el proceso de desenraizado, quitar las raíces, que a veces se hace con trabajadores “golondrina”, a quienes mueven de un lado a otro. Otras veces emplean gente local y en condiciones muy precarias: viven ahí mismo, bajo toldos, casi en condiciones de semiesclavitud, y la misma empresa que los emplea les vende los alimentos. En una oportunidad, una de las provincias no vio o no quiso ver que estaban hacía dos meses topando el monte y fue la AFIP la que entró el campo por las condiciones pésimas laborales de indígenas o campesinos que aceptaron ese trabajo por necesidad.

¿Cuál puede ser la solución para estas provincias?

Todo ecosistema nos da algunas cosas en las que podemos aprovechar bienes y servicios, lo que se llama recursos naturales. Probablemente el Gran Chaco nos da mucha más madera que otros. La podemos manejar bien, la podemos manejar responsablemente para que se sostenga. Probablemente nos dé también suelos menos fértiles que la región pampeana para producir tal cosa. Hay cosas que nos dan de más y otras limitantes. Lo que deberían pensar los gobiernos de la región chaqueña es cuáles son los tipos de producciones que se adaptan mejor a los ecosistemas que tienen. Y cómo hacerlas de manera sustentable, cuánto es lo que se puede bancar este ecosistema para mantenerlo en pie.

¿Deberían entonces restringir la ganadería intensiva en la región?

Los planes de expansión ganadera de las provincias hablan de duplicar, triplicar el stock ganadero, eso sería desmontar todo cuando podrían mejorar a los pequeños productores para aprovechar el potencial que ya tiene las históricas familias campesinas, aumentar un poco la cantidad de ganado, pero en una lógica de consumo interno, de desarraigo rural y de negocios para un productor pampeano que compra, deforestar, desaloja y exporta. Los campesinos criollos tienen problemas de distribución, de comercialización, no rinde porque no tiene una ayuda estatal. Es un modelo pensado solo para los grandes, para un campo sin gente. 

¿Cómo es llevar el reclamo ambiental a poblaciones que están pensando en cómo acceder a necesidades básicas? 

Priman mucho los problemas que tiene la comunidad, si un empresario los quiere desalojar, si les falta agua, de acceso a la salud, y obviamente el tema territorial, no tener los papeles de la tierra. Ahora, cuando esas comunidades se organizan, están en un movimiento campesino, en una organización indígena, empieza a haber una mirada un poco más amplia de lo que es el conflicto y ahí probablemente tengamos muchas más discusiones sobre el modelo agropecuario, sobre reclamos ambientales. La foto más grande. Está todo relacionado, en el sentido de que hay todo para ellos, los grandes productores, y no hay nada para nosotros, la comunidad. Entonces si ven que lo ambiental los afecta y en el caso de las comunidades indígenas lo ven más, sobre todo cuando su forma de vida tiene que ver con la caza, la recolección y la pesca, actividades que van directamente de la mano de un bosque en buen estado. 

¿Qué esperan de la Corte Suprema?

Que llame lo antes posible a la audiencia pública. Este año, se realizaron dos audiencias públicas en la Corte por otros casos y nos pareció interesante que, más allá del análisis de cómo fueron los fallos, después de la audiencia hubo una respuesta rápida de la Corte. Sabemos que hay muchas organizaciones colegas que están también expectantes para incorporarse a la causa porque todos sienten que esta puede ser una causa histórica, con el yaguareté a la cabeza, pero con la conservación del bosque de fondo. En cuanto a los resultados, esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible.

ED

Después de un lunes frío y gris, la mañana del martes 12 de julio presentó las condiciones climáticas ideales para el sobrevuelo en avioneta. La aeronave despegó de una pequeña pista cercana a la localidad de Las Lomitas, casi en el centro de Formosa, un poco hacia el oeste de la provincia. 

El monte, como se conoce al bosque nativo en la región del Gran Chaco argentino (provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y parte de Salta), parece inacabable desde el cielo formoseño. Alrededor del bañado La Estrella, el segundo humedal más grande de Argentina, el ojo no llega a dimensionar dónde termina el manto verde. Pero termina, cuando se observan las topadoras o los restos de bosque que dejan al pasar, antes de que el suelo se prepare para otros fines.

Estas tierras intentan seguir siendo el territorio del tigre manchado. La panthera onca o jaguar. El felino más grande de América y el tercero en el mundo. El yaguareté, “verdadera fiera”, en guaraní. 

Durante cinco días, elDiarioAR visitó esta región, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía, en un viaje organizado y financiado por la ONG Greenpeace con el objetivo de evidenciar los efectos de la deforestación en el norte argentino para introducir la ganadería extensiva y la plantación de soja. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina. En Formosa es donde los ambientalistas creen que tienen mejores posibilidades de ganarle a la extinción provocada por la caza y la desaparición de su hábitat, ya que la provincia aún tiene una mejor conservación de bosque nativo contiguo con respecto a otras provincias de la región chaqueña.

Pero esas chances se apagan con el avance de la deforestación en Formosa, aseguran los ambientalistas de cuatro organizaciones distintas consultadas por este medio. ¿Qué sucederá si el yaguareté se extingue en el Gran Chaco argentino?

En julio de 2019, la organización demandó en nombre del yaguareté a los gobiernos de la Nación y de las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez, un animal no humano era representado como sujeto jurídico. 

Tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal, la Corte anunció que realizaría durante el primer semestre de 2022 una audiencia pública por el caso para escuchar a la demandante y sus apoyos, y a los gobiernos demandados y sus aliados, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal. La convocatoria nunca se concretó. La Corte “perdió interés jurídico” en la causa y tiene “otros casos medioambientales que son prioridad”, dijo una fuente del tribunal ante la consulta de este medio.

Formosa

La fauna del monte sobrevive en Formosa. Cuatro días por los caminos de tierra, las recorridas por las costas, los humedales, los ríos Bermejito y Bermejo y el bañado La Estrella -que se nutre del río Pilcomayo- permiten avistar osos hormigueros, yacaré, tucanes, cigüeñas, zorros, cardenales y aves de muchos tipos, monos, jabirús -la cigüeña más grande de América- y hasta huellas de una familia de tapires.   

“Actualmente, Formosa desmonta cuatro veces más que antes de la Ley Nacional de Bosques -sancionada en 2007 y promulgada en 2009- porque la ley provincial es muy permisiva”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

Sólo en lo que va de 2022, Formosa perdió 10.056 hectáreas de bosque nativo. La mitad de la ciudad de Buenos Aires en sólo seis meses, de acuerdo con el monitoreo satelital de la ONG. elDiarioAR se comunicó con el director de Recursos Naturales y Gestión de Formosa, quien declinó responder las consultas. 

A través de imágenes satelitales, Greenpeace detectó varios desmontes recientes en la zona y viajó para corroborarlos por aire y por tierra. Uno de estos desmontes se ubica a unos 50 kilómetros de Las Lomitas y representa el 20% de lo deforestado en Formosa en el primer semestre del año. “Estamos en una zona que los científicos marcan como de posible presencia del yaguareté, una zona que obviamente se fue reduciendo a partir del avance de la frontera agropecuaria, de la soja, de la ganadería, mucha de la cual se termina exportando a China y a Europa”, afirmó Giardini.

Por aire, el paso de las topadoras se ve en cuadrados inmensos de color tierra o quemados por el fuego. Por tierra, parece un cementerio de cuerpos desenterrados. Muchos de estos futuros campos para la producción agropecuaria no tienen tranqueras ni alambrados, aún. Apenas se puede caminar entre los árboles derrumbados, las palmeras tumbadas, las plantas que vivían en ellos, ahora en el suelo. 

Se puede ver cómo cortan y preparan el quebracho blanco y el colorado para vender la madera de árboles que tardaron unos 50 años en crecer. Luego, vendrá el proceso de quitar las raíces y erradicar el monte por completo para sembrar pasturas africanas o soja. 

Depredador tope

En Argentina, el yaguareté solía extender su territorio desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte. Actualmente, perdió el 95% de su territorio en el país, según los expertos de Proyecto Yaguareté. 

En territorio argentino, quedan alrededor de 250 individuos distribuidos en tres regiones. En las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) se estima la presencia de más de un centenar. En la provincia de Misiones, habita un número estimado de entre 90 y 110 individuos. 

Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre) aseguró a elDiarioAR que en la selva paranaense se ha logrado casi triplicar la población de yaguaretés. “Es un trabajo enorme que venimos haciendo en Misiones con muchas organizaciones desde hace más de 20 años, monitoreado por científicos del Conicet”, dijo.

En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado. “La situación en Chaco está complicada desde hace tiempo. Se está mejorando a través de planes de gestión”, aseguró. 

El Litoral es una de las regiones en donde llegó a extinguirse. Desde los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, la Fundación Rewilding busca reintroducir al yaguareté desde hace años. Marisi López, vocera de la institución, explicó a elDiarioAR que las causas por las cuales se llegó a la casi extinción en el Gran Chaco fueron principalmente la caza por posibles conflictos con el ganado y por considerarlo un trofeo. “También el desmonte y el uso de cambio de suelo fueron achicando la frontera o el ambiente del yaguareté, desplazándolos, haciendo que lleguen hacia zonas más urbanas, donde también eran por supuesto perseguidos y cazados”, afirmó. 

“El yaguareté tiene un rol como predador tope súper importante -afirmó López-, ya que es el que equilibra y hace que el ecosistema esté más completo y funcional, es quien regula hacia abajo en la cadena alimenticia”.

“Un ecosistema con la presencia de sus depredadores topes, es un ecosistema más saludable, más funcional, más completo y que ayuda a enfrentar estas tres crisis ambientales la de cambio climático, la de pérdida de biodiversidad y la desaparición de epidemias y pandemias”, concluyó López.

La guardaparque y cordobesa Lucero Corrales sigue las huellas, excrementos, pelos, marcos y presas del yaguareté por el Gran Chaco. Integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidades, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Gracias a una red de colaboradores que viven y trabajan en el monte, intenta rastrear la presencia de estos felinos en la región y concientizar a los lugareños para que no los maten.

“Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto”, asegura Corrales. En los últimos años, sólo han podido identificar a dos individuos en la región. 

Palacio o monte

En 2001, el yaguareté fue declarado por ley Monumento Natural de la Nación. En 2014, se creó el Parque Nacional El Impenetrable (provincia de Chaco) para proteger una porción de su hábitat. 

El amparo presentado por Greenpeace ante la Corte busca que el máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino e incluye una medida cautelar para que el tribunal frene los desmontes mientras analiza la situación, lo que aún no sucedió.

Desde que la ONG presentó el amparo y medida cautelar (julio 2019) hasta junio de este año, en estas cuatro provincias las topadoras se llevaron unas 300.000 hectáreas de bosques nativos, según surge de las sumas relevadas cada año por la ONG y el ministerio de Ambiente. Esa superficie equivale a 15 ciudades de Buenos Aires. 

En la Corte afirmaron que el tribunal estuvo consultando informalmente qué organizaciones ambientalistas podrían presentarse para apoyar la demanda y que ninguna de las consultadas mostró interés. No descartan que la audiencia sea convocada durante el segundo semestre del año o incluso que el tribunal tome una decisión directamente sobre el amparo. 

Ante la consulta de elDiarioAR, Greenpeace informó que ya tiene confirmadas para la eventual audiencia pública los apoyos y exposiciones de Alberto Acosta, ex presidente de la Convención Constituyente de Ecuador; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza; a Maristella Svampa y las escritoras de Mirá; a Guillermo Folguera, biólogo y filósofo; a la organización EARTH LAW; a universidades del exterior especializadas en derecho ambiental; y a organizaciones indígenas y ambientalistas locales.

Sociedades del monte

“Donde vive el yaguareté, viven también personas”, afirma Pablo Chianetta, veterinario, formoseño por adopción y co-fundador de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una ONG local que trabaja con los cuatro pueblos originarios que habitan en el oeste de Formosa: Wichí, Qom, Pilagá y Nivaclé. 

En estas tierras, la mayor parte de la población es originaria, afirmó. “Son entre 30.000 y 40.000 personas, la mayoría habitantes del oeste de la provincia” y sus problemáticas -explicó- están directamente ligadas a las causas de la cuasi desaparición del felino. 

“En Formosa, hay un proceso inmobiliario de los últimos 15 años basado en el manejo del agua, por dónde pasa y quién tiene acceso o control de la esclusa del bañado La Estrella por ejemplo,”, aseguró Chianetta. “Aquí la tierra es más barata que en la región pampeana y los productores agropecuarios vienen de afuera de la región atraídos por eso”, agregó.

Hay una falsa dicotomía entre la intención de preservar este ecosistema llamado Gran Chaco y el progreso económico de cuatro de las provincias más pobres del país, aseguran Giardini y Chianetta. “Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Pero en los últimos 30 años de deforestación, la población de estas cuatro provincias sigue estando entre las más pobres del país”, afirmó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

A unos 35 kilómetros de la localidad de Las Lomitas, Alejandro Ramírez, uno de los dirigentes de la comunidad wichí de Tres Pozos, sostiene que uno de sus principales reclamos es la titularidad efectiva de sus tierras. 

“Acá todo alrededor de nosotros es privado, no podemos ir a pescar al río o a buscar miel al monte”, dijo Ramírez con la voz suave y pausada del wichí. “A nosotros, los criollos nos decían: ‘¿Para qué quieren tener tierras los indios si no tienen animales?’. Nosotros les decimos: ‘¿Para qué quieren los criollos tener vacas si no tienen tierra’?´”.

Florencio González es uno de los más jóvenes de la dirigencia wichí en Tres Pozos. “Estamos defendiendo lo poco que tenemos: el monte”. El bosque es fuente de la harina de algarroba para el pan, de la miel, del alimento de sus cabras y vacas. Pero también es proveedor de medicinas naturales y el lugar donde los originarios van a pensar, descansar, respirar hondo, dice González.

Chaco

En Resistencia, Chaco, Karina Alonso, comunicadora del pueblo Qom y maestra bilingüe, se unió a Somos Monte, un colectivo de chaqueños que ya juntaron 40.000 firmas para exigir “desmonte cero” en su provincia. “Las comunidades originarias están organizadas pero no nos escuchan y para poder llegar al Estado necesitamos que los hermanos se acoplen a nuestra lucha”, asegura Alonso, sentada bajo unos árboles junto al físico italiano Riccardo “Dardo” Tiddi, chaqueño por adopción.   

Chaco rearmó su mapa de zonas protegidas y zonas donde autorizará desmonte para cambio de uso de suelo, que debe ser aprobado por el ministerio de Ambiente de la Nación. “Creemos que ese nuevo mapa es regresivo. Venimos reclamando que en el nuevo mapa ya no haya áreas de bosque donde se permitan los desmontes y que todo lo que no es zona protegida pase a la categoría de conservación intermedia, con actividad sostenible, sin topadoras ni cadenas”, aseguró Tiddi. La ganadería bajo monte, sin deforestar el bosque, es posible, explica.

Ante la consulta de elDiarioAR, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco respondió que el nuevo mapa respeta la Ley Nacional de Bosques, contempla 65,48% de los bosques como categoría de conservación intermedia y 9,48% en categoría de alta conservación.

Topadoras

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra dialogando con el Gobierno Nacional para presentar propuestas muy diferentes a las de quienes buscan la conservación del bosque nativo. Andrés Costamagna, director de Sustentabilidad de la entidad agropecuaria, dijo a elDiarioAR: “No hay posibilidad de conservar los bosques si no hay rentabilidad”. 

“En el estado actual de los bosques nativos sólo son un reservorio de carbono de alto riesgo de incendios que se expanden. Por lo tanto dejarlos como tal de manera intangible es una opción muy delicada y riesgosa, no generar los incentivos necesarios hace que ocurran desarraigos y las personas migren en busca de oportunidades, quedando muy poca población para hacer frente a los siniestros”, aseguró Costamagna. 

“El incendio de Corrientes fue muy claro: donde había personas habitando el lugar se pudo contener el incendio y cuando era una responsabilidad de los guardaparques y del estado esto no sucedió”, agregó. 

Costamagna aseguró que ya presentaron un proyecto al Gobierno para “remover árboles viejos y árboles enfermos y reemplazarlos por ejemplares jóvenes y ramas sanas''. ”Esto es manejo sostenible del bosque nativo“, dijo: utilizarían los árboles talados para producir electricidad. ”No hay cambio de uso del suelo y el nuevo crecimiento remueve carbono del aire“, agregó. Reconoció resistencia del ministerio de Ambiente.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

La directora general de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero,  Noelia Zanichelli, dijo a elDiarioAR que el organismo oficial detectó 16.281 hectáreas deforestadas entre enero y junio de 2022, y que la mayor parte fue autorizada por la provincia (10.772 hectáreas). Las otras 5.509 fueron desmontadas sin los permisos oficiales.

En Salta, el desmonte se redujo en el último semestre (4.947 hectáreas) debido a que la provincia ha suspendido la deforestación mientras concluye un nuevo mapa de zonas protegidas y deforestables.

En Chaco, se registraron 10.223 hectáreas en el primer semestre del año. La mayoría (más de 8.800 hectáreas) fue desmontada de manera ilegal, según el monitoreo de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia, ya que la Justicia suspendió la deforestación a finales de 2020. Luciano Olivares, titular del organismo, explicó a este medio que ante los incumplimientos “se aplica el procedimiento administrativo vigente para la aplicación de sanciones a los responsables”.

Tanto Olivares como Zanichelli aseguraron que las provincias no han sido notificadas aún de la demanda de Greenpeace ante la Corte y que ambas gobernaciones están a disposición de la Justicia.

“Es imposible ser indiferente al yaguareté”, dijo la guardaparque Corrales. Pero quien aún es temido o adorado en la profundidad del monte, ha quedado atrapado en el olvido de la gran ciudad.

ED

Lucero Corrales es cordobesa y guardaparque. Es lunes por la tarde y acaba de llegar a Villa Río Bermejito, en el departamento de General Güemes, provincia de Chaco, muy cerca de la frontera con Formosa. Estuvo de expedición, más hacia el noroeste chaqueño, tras un nuevo dato que podría confirmar la presencia de un yaguareté, el jaguar, panthera onca, tigre manchado, “verdadera fiera” en guaraní, “el bicho” que solía reinar por estos montes o bosques chaqueños hasta que la cacería y el avance sobre su hábitat lo llevaron al borde de la extinción, explicó Corrales. 

Aquí, en el Gran Chaco argentino (Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta) es temido por los locales, injustamente, asegura Corrales. No hay registros de ataques del yaguareté a humanos a excepción de raros episodios en los que el animal debió defenderse para evitar ser cazado.

Esta “detective” de tigres manchados -como le gusta bromear al pasar- integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidad, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales como Fundación Vida Silvestre.

Al margen del tranquilo río Bermejito, que desemboca en su hermano mayor, el Bermejo, Corrales recibe a elDiarioAR y otros medios en el marco de un viaje organizado y financiado por Greenpeace hacia el territorio del yaguareté, donde continúa avanzando la deforestación o desmonte que lo amenaza ante la extensión de la frontera agropecuaria de las pampas hacia la región chaqueña. 

“Lo que hago es estar en contacto frecuente con gente que vive en el campo o que trabaja y se mueve en el campo, donde tenemos mayores posibilidades de detectar la especie. Es imposible que nosotros podamos detectar este bicho cuando quedan menos de 20 animales. Entonces hemos elegido esta metodología: la ciencia colectiva o monitoreos participativos. Necesitamos de la colaboración del conocimiento popular o del campo en la ciencia”, afirma Corrales. 

“Lo que hacemos es buscar a los colaboradores que constantemente nos están aportando esta información: dónde está presente la especie, por dónde se mueve. Buscamos principalmente hallazgos de huellas; relatos de avistaje; información sobre conflictos entre las personas y el yaguareté por depredación del ganado doméstico; o datos de individuos posiblemente cazados o atropellados”, asegura y resalta: “Cualquier dato de presencia, ya sea potencial o confirmada, es de gran valor. Y esta información la tiene la gente de la ruralidad: productores, investigadores, maestros y maestras rurales, policías, técnicos de otros proyectos de conservación, guardaparques, cualquier persona que esté en el monte”. 

No es un trabajo fácil, asevera, y el Proyecto Yaguareté tiene apenas dos ejemplares identificados: Qaramtá y un segundo felino. Su singular rugido, seco y extraño, de garganta profunda, despierta a los lugareños del sueño a la pesadilla. Además, sus colaboradores viven en condiciones de aislamiento y carencias. Corrales asegura que se recuerda permanentemente que ella les habla desde un lugar de privilegio.

¿La gente está predispuesta a aportar información sobre el yaguareté?

No, hay una reticencia al principio porque hay una imagen en general un poco negativa por parte de la gente del campo, que entiende al yaguareté como una especie peligrosa, se le tiene un poco de temor, a veces temores que son infundados. Hay realmente muy pocos registros de ataques a personas y los casos en los que se han dado han sido porque lo han intentado matar, y el bicho ha actuado en defensa. Tenemos que tratar de llevar información sobre cuál es el comportamiento del animal para desmitificar esto del ataque sobre personas. Una vez que uno genera un vínculo con la gente, que alguien lo visita varias veces y estamos tres horas tomando mate, nos quedamos a dormir en el puesto, compartimos una comida y vamos a caminar, se va generando un tipo de vínculo casi de amistad. Me pasó de gente que visité en tres oportunidades y no me contó nada y a la cuarta vez, me contó todo.

¿Por qué cree que tardan en abrirse?

Porque contar los datos del yaguareté es casi como contar un secreto familiar. Acá es como algo muy, muy guardado y que no se confía a cualquiera. Entonces, es importante dedicar tiempo y hacer presencia generando esos vínculos de amistad. Luego los datos van apareciendo. Salimos a campo cuatro o cinco, hasta 26 días seguidos, visitando puestos que son considerados de interés previamente por nosotros porque tenemos datos antiguos de colaboradores de antemano o porque tenemos referencia que en ese puesto pueden llegar a tener alguna información de valor y a veces aleatoriamente también. Los invitamos a seguir siendo visitados por nosotros, a colaborar por la conservación del bicho, a aportar cualquier dato de valor, a que tengan confianza en nosotros también, como no un ente de control o de fiscalización, sino alguien que sin juzgar mucho quiere ir a escuchar el conocimiento que tienen esas familias, siempre dejando en claro que la cacería del yaguareté es una práctica ilegal.

Tras las huellas

Las familias y personas que Corrales visita en el Gran Chaco argentino se extienden en un área de 6.000.000 de hectáreas, muchas veces, de difícil acceso. “En algunas provincias se trabaja más, en otras menos, de acuerdo a las posibilidades que se van dando, permisos o datos que van apareciendo, o de posibilidades que tenemos nosotros de movernos en campo”, asegura.. 

“Yo recopilo ese dato que me llega de la posible presencia del yaguareté, lo analizo, lo sistematizo y lo comunico. Si llegamos a confirmar un dato, mi responsabilidad, mi deber, es comunicarlo a las autoridades de aplicación”, dice Corrales. Actualmente, Proyecto Yaguareté cuenta con más de 150 personas que han aportado datos en las visitas y que luego mantienen contacto de manera virtual, aunque la conectividad es escasa. 

“En la mayoría de los lugares -afirma Corrales-, la gente pone el teléfono en una botella plástica en una soga colgada de un quebracho, pone compartir datos, levanta la botella hasta la punta de quebracho y comparte datos para el resto. Ese es como uno de los mejores panoramas. Además, la disponibilidad de fondos no siempre es constante para poder movernos y estar hablando con la gente”. 

Una vez que tienen un dato de la posible presencia del animal, ¿cómo corroboran que se trata de un yaguareté?

Básicamente con la medición de las huellas que nos aportaron en una fotografía. Pocas veces la gente saca la foto de la huella porque no tiene teléfonos con cámara de fotos pero saben dónde está la huella. También se colectan los excrementos y los pelos. Se envían al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Buenos Aires para que la investigadora Patricia Miraba los analice y así también pueda determinar la especie de la cual se trata. También se estudian los animales depredados, se puede diferenciar un yaguareté o tigre de un puma o león del monte por algunas marcas o formas de ataque. ¿Por dónde lo comió? ¿Por dónde lo mató? Las marcas de colmillo. Tenemos que ser tolerantes porque muchas veces es frustrante. A veces tenemos 50 datos potenciales o sin identificación de la especie, hicimos un esfuerzo de muestreo súper grande para conseguir esta información, pero no lo puedo confirmar.

¿Es fácil para las personas distinguir si es la huella de un yaguareté o de un puma?

Sí, por lo general sí. A veces surgen ciertas dudas, pero por lo general reconocen las huellas. Depende mucho del suelo en el que fue marcada, los días que pasaron desde que la huella se marcó hasta que la persona lo encontró o cuántos animales pasaron por encima. Si llovió, si el bicho estaba subiendo una barranca o estaba caminando planito. Nosotros sometemos la foto de la huella a un análisis de medidas y formas a través de un programa y a partir de ahí nos dan un porcentaje de la especie. 

Acaba de regresar del monte o bosque en busca de información sobre el yaguareté. ¿Qué encontró?

No son datos publicados todavía, pero tenemos un dato del mes de junio, muy reciente, el primer dato de presencia del animal en 2022. Con Rocío -su actual colaboradora- estuvimos en el noroeste de la provincia de Chaco. Tenemos un dato confirmado en esa zona. Muchas veces dar publicidad a la información juega en contra, porque ese individuo puede llegar a estar en riesgo de ser cazado. Debemos alertar a las instituciones. Eso habla también del trabajo colaborativo con quienes hacen control y fiscalización para hacer presencia en el territorio y tratar de disuadir a los cazadores y evitar que lo maten.

Esperando a la Corte

La invitación de Greenpeace a los medios de comunicación en este viaje a Formosa y Chaco tiene un motivo particular: en julio de 2019, demandó a los gobiernos de la Nación, Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ONG ambientalista solicitó al máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino, es decir, a los desmontes para ganadería y soja. El amparo y medida cautelar fueron presentados en nombre del yaguareté y por primera vez en la historia un animal llegó a la Corte Suprema.

“Es imposible serle indiferente al yaguareté” asegura Corrales en Chaco. En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la urgencia que marcan los expertos como Corrales y las organizaciones ambientalistas quedó en suspenso: la audiencia pública anunciada por la Corte para el primer semestre de 2022 y un posible fallo judicial no se cumplieron.

En Argentina, el yaguareté solía entender su territorio desde el norte de la patagonia hasta el extremo norte del país. En territorio argentino, quedan alrededor de 250 ejemplares de este felino, el más grande de América, nativo del sur del continente, y el tercero más grande del mundo.  

En la provincia de Misiones, queda un número estimado de entre 90 y 110 individuos que habitan la selva paranaense. La población en las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) es similar.  En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado: quedan apenas 20 animales que Corrales intenta rastrear. “Ese número lo estimó Verónica Quiroga, quien estaba a cargo de la coordinación de la región chaqueña hasta el año pasado. Actualmente no estamos haciendo nuevos análisis del número o la cantidad”, explica Corrales.

¿Por qué es importante que el yaguareté no se extinga en el Gran Chaco argentino?

El yaguareté es un predador tope, regula toda la cadena alimentaria del bosque chaqueño, del monte. Su rol es comer ciertas especies que se comen a las especies que están por debajo de él. Tenemos que intentar que no se rompa el equilibrio. Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto. Entonces sí o sí necesitamos intentar trabajar articuladamente, unirnos para intentar salvarlos. Ahí interfieren todos los gobiernos, nacional, provinciales, las organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo se llegó al punto de la extinción en la región chaqueña?

Por las amenazas como la pérdida del hábitat por la deforestación, junto con la cacería directa de los yaguaretés, que está culturalmente muy arraigada a la gente que habita estos territorios. Ir contra una práctica cultural es difícil. También la disminución de sus presas (chanchos del monte, corzuelas, tapires, entre otros). Trabajar en bajar la intensidad de estas amenazas, eso es definitivamente lo más difícil. Yo no puedo imaginar el monte sin el tigre. A veces pensamos que ya no está. Este año, no había ningún dato de presencia del yaguareté en el Chaco. Cuando ves la huella y encontrás el rastro y los datos van apareciendo, es un alivio y una luz verde de que vale la pena seguir estando acá, en este espacio. 

Solitarios

“Lo que más escucho son historias de contacto con el animal y, cruelmente, la mayoría de las historias que se cuentan son de cacería de los animales. Es durísimo saber que lo que más se recuerda de esta forma de interacción es a través de la violencia y la matanza de los bichos”, se lamenta Corrales. “Más recientemente, el contacto con los yaguaretés o los pocos casos de avistaje que hay, me ayudan a llevar esas historias hacia otras familias y desmitificar el peligro que la gente cree que el yaguareté significa para su propia vida”.

¿Qué le cuenta la gente sobre esos encuentros?

Tenemos algunos casos de relatos de avistaje muy cómodamente desde arriba de una camioneta. La gente que ha tenido la fortuna cuenta que ha sido siempre muy tranquilo. El animal tiende a seguir su camino, nos detecta, generalmente, antes que nosotros lo veamos, tiende a cambiar su rumbo e irse hacia otro lugar. La gente siempre menciona que se quedó paralizada, alzó su perro y se fue corriendo.

¿Qué motiva la caza del yaguareté?

Hay varias razones por las cuales lo han cazado históricamente: por sus cueros o su piel, que tenían muchísimo valor. Por una especie de hombría que implica el hecho de cazar un yaguareté, una cuestión honorífica, generalmente patriarcal. Como represalia ante la depredación del ganado doméstico y también como una medida preventiva: por las dudas hay que matarlo. Eso sigue pasando al día de hoy: se sigue sintiendo la sensación de que la presencia del yaguareté es potencialmente peligrosa para el ganado y nuestra economía. Y también por miedo a que se coma a las personas, lo que es casi improbable, muy difícil. El yaguareté tiene sus presas. Hace unos días me llamaba un poblador de allá, justamente de esta zona donde detectamos estas huellas, pidiéndome que vayamos a buscar al animal y lo saquemos de la zona porque se lo iba a comer a él. Trabajamos mucho eso con la gente. Le dije: “¿Cuántas personas conoce que fueron comidas por un yaguareté?”. Y él me dice: “Ninguna. Pero yo estoy en el monte, con mi perro y mis vacas, solo, no tengo linterna”. Y uno se pregunta cómo hacer entender desde un lugar de privilegio. A veces cuando voy a las escuelas, le muestro la foto del animal a chicos de dos años, y apenas la ven dicen: “Me va a comer, malo”. No se le puede decir a esa persona que lo que él cree no es así, sino que hay que hacer presencia, sentarse a hablar con él, ponerle ejemplos, mostrarle casos, hablarle de números, explicarle por qué, invitarlo al análisis. Es un trabajo que requiere mucho tiempo y paciencia.

¿Suelen ser solitarios?

Son super solitarios. Normalmente el tiempo que suelen estar juntos son cuatro días durante el celo de la hembra. Ustedes imagínense que fuéramos, en el mejor de los casos, 20 personas en cuatro provincias, en 6 millones de hectáreas, sobreviviendo a la cacería, el atropellamiento. ¿Qué posibilidades tendríamos de encontrarnos?

ED