Las empresas de alimentos amenazaban ayer de manera informal a los supermercados con enviarles este martes listas de precios con subas promedio del 40%, según publicó el diario La Nación. Por eso, el secretario de Comercio Interior del gobierno saliente, Matías Tombolini, comenzó a citar a unos y otros para seguir la cuestión.

Tras las elecciones se venció el acuerdo de Precios Justos que establecía un alza del 5% mensual. Por eso, algunas compañías pretenden recuperar todo lo perdido frente a la mayor alza del resto de los precios de la economía. Igualmente, ya venían esquivando los controles con lanzamientos de nuevos productos que con pequeños cambios de ingredientes o tamaño era sólo reversiones de lo mismo pero con valores remarcados.

“Ni idea cuánto subirán los precios hoy, pero seguro subirán”, advierten en una de las principales cadenas de supermercados. “Coca-Cola ya había amagado con subir 35% en octubre, pero con el resultado de la primera vuelta lo dejaron stand by. Siendo casi diciembre no es difícil de creer que vengan con esos incrementos”, agregan.

“Recién arranca el día y vamos a ver con qué vienen los proveedores, hay amenazas informales desde ayer, pero hay que ver cómo se concretan hoy”, comentan otras fuentes del supermercadismo. “Preguntales a Arcor, Unilever, Molinos, Fargo… vas a ver qué sorpresas te llevás”, añaden. Este cronista consultó a esas firmas y a Coca-Cola, pero por ahora guardan silencio. Las góndolas hablarán por sí solas.

“Aún no hay nada decidido. Nadie mandó listas nuevas todavía”, comentan fuentes de Arcor. En otra empresa del mismo rubro aclaran: “No vamos a mandar listas hoy. No sabemos nada sobre cómo se negociará con el Gobierno”. Será cuestión de esperar o sorprenderse con las etiquetas de los precios en los productos.

AR/MG

Faltaba líquido de contraste para tomografías. Escaseaban los stents para cirugías. Ante esos faltantes de productos importados, el cuestionado secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes, citaron el martes pasado a representantes de asociaciones de médicos cardiólogos, prestadores del área de la salud y cámaras de proveedores de insumos médicos. En el encuentro se pudo clarificar que los artículos ya habían sido importados, pero estaban en manos de los proveedores, que retrasaban su venta o remarcaban por demás por temor a saltos de precios tras las elecciones, según altas fuentes de la Secretaría de Comercio. También se expuso que los líquidos de contraste están faltando en todo el mundo y se dispuso que el Estado negocie con China y otros países fabricantes para que no sólo se dé prioridad de abastecimiento al mundo desarrollado, según los mismos informantes. “Después de la reunión, se acabaron los faltantes”, afirmaron en Comercio.

“En nuestra clínica no hay faltantes, tenemos stock hasta diciembre”, comenta el director de una establecimiento privado de atención de salud del centro de Buenos Aires. “En el mercado hay algo de disponibilidad de material de contraste para comprar, pero los precios aumentaron un 400%. Puede ser que los proveedores especulen pero no los vamos a botonear porque es lógico que quieran cubrirse de eventuales devaluaciones”, agrega.

“Hablamos con los médicos para buscar opciones que reemplacen los faltantes a las cosas que prescriben”, explican en una de las principales prepagas. “Muchos proveedores no quieren vender su stock porque no saben cuándo y a cuánto lo van a reponer. Hay faltantes, pero no las vamos rebuscando. Si alguien pide un insumo de tal marca y no hay, pedimos por cuál podemos reemplazarlo, por qué otra marca. La verdad es que no tuvimos que dejar de hacer tomografías ni estudios por falta de contraste. Para las cirugías programadas, si alguien pide tal prótesis, no hay. Si no es de urgencia, se espera hasta que se consigue. Le pagamos 30% adelantado un insumo al proveedor porque no sabe cuánto le va a salir en dólares”, añaden en la empresa de medicina privada.

“Estuvimos apretando mucho para que se armara una mesa y volviera la automaticidad que tenían las importaciones de los insumos médicos”, comenta un importador. “Antes hacían un orden de prioridades en función de la demanda de las obras sociales, las prepagas y los hospitales públicos. Lo van a normalizar, como normalizaron lo de la nafta... Está habiendo mala praxis”, completa el importador y apunta que detrás de todo el asunto de las compras externas está el jefe de la Aduana, Guillermo Michel.

“La situación es crítica en todos niveles, desde insumos médicos hasta medicamentos o materias primas para producirlos”, comenta un gestor de autorizaciones del Sistema de Importaciones (SIRA), que depende de Tombolini y Cervantes. “Incluso remedios para enfermedades severas como artrosis o epilepsia. Los laboratorios locales que los producen tienen frenados los pagos y los proveedores les dejaron de mandar los insumos. Se hacen reclamos a las autoridades, a veces los atienden en un mes y otras veces nunca, pero no se observan soluciones estructurales. En el sector cardiológico, la situación es más grave, faltan stents, se reprograman cirugías, por lo menor hasta ayer ocurrió, y se reutilizan insumos médicos.

En el encuentro del martes con Tombolini también estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Salud. Allí se estableció una mesa de trabajo conjunta para establecer prioridades y encauzar diferentes situaciones que afectan al sector. “A partir de las tensiones que se vieron durante las últimas semanas convocamos a los sectores para escucharlos. Tomamos nota de cuáles son los problemas que ellos identifican. Fundamentalmente, nos pusimos de acuerdo en una hoja de ruta que tiene que ver con compartir la información y ordenar situaciones puntuales de acuerdo a parámetros de criticidad”, destacó el secretario de Comercio al término de la reunión.

Tombolini y la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud, Natalia Grinblat, escucharon las distintas problemáticas de los actores del sector e informaron sobre el estado global de aprobaciones y montos referidos a importaciones de insumos y productos médicos. Se les informó a las cámaras que en 2023 se aprobó el 100% de las SIRA para la mayoría de las empresas del sector. En lo que va del año, las principales firmas, entre las cuales se encuentran 712 empresas de laboratorios, principios activos, insumos, equipamiento, entre otras, solicitaron SIRA por un total de US$3.903 millones. El monto representa un 25% de incremento respecto a igual periodo del año anterior. Septiembre fue el mes con más autorizaciones, con una suma de US$581,5 millones en medicamentos y afines. En comparación con el promedio mensual de enero a agosto, que había sido de US$392 millones, el mes pasado hubo un incremento del 47,2%.

Al finalizar la audiencia, el vicepresidente primero de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Pablo Stutzbach, opinó: “El encuentro fue muy positivo porque permitió comprender cómo funciona el sistema y mostrar lo que vemos nosotros, que somos los que estamos en el frente de batalla con el paciente”. El secretario de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, Mario Lugones, apoyó la decisión de la Secretaría de Comercio de “hacer una fórmula donde se pongan las prioridades” y remarcó: “Me parece que el que estamos empezando es un buen camino”. Tombolini remarcó: “Esta mesa nos permite empezar a ver cómo resolver las tensiones. También nos da la posibilidad de escuchar, dialogar y reconocer qué cosas tenemos que hacer mejor y qué cosas están hechas. Lo importante es trabajar en función de un solo objetivo que es que los pacientes reciban la mejor atención”.

AR/JJD

Una resolución del Ministerio de Economía creó una nueva unidad para evitar que empresas alimenticias y de energía trasladen la suba del dólar mayorista a los precios de productos de consumo masivo y combustibles. Según informaron fuentes oficiales, el titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel es quien “liderará el equipo que negociará los nuevos acuerdos de precios”.

Se conoció también que Michel estará secundado por Matías Tombolini, secretario de Comercio; Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía y titular de la Política Económica y Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

La decisión fue tomada por Sergio Massa y pudo saberse que en la lista de productos en los acuerdos de precios “habrá descuentos de impuestos a empresas que entren al acuerdo y una letra del BCRA para garantizar las operaciones de importación en sus cadenas de producción”.

Estos acuerdos buscan mitigar el efecto de la devaluación pautada por el BCRA para disipar las tensiones cambiarias que se generaron en los días previos a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A esta medida, se suma la suba de la tasa de política monetaria ─de 21 puntos básicos─ para capturar más pesos y evitar una corrida a la moneda estadounidense.

Desde el Palacio de Hacienda descartaron la hipótesis de que estas iniciativas constituyan una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). También confirmaron que el directorio de dicho organismo se reunirá el miércoles 23 de agosto para tratar el “caso argentino”, pero que ya se está negociando un desembolso que podría superar los 7.500 millones de dólares. Las autoridades nacionales esperan que el monto ascienda a 10.500 millones, dinero que sería utilizado para evitar que se continúe ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros.

LC con información de agencia NA

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; junto con su par de Comercio, Matías Tombolini, y el titular de la Aduana, Guillermo Michel, participaron de la reunión de la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente, Daniel Funes de Rioja, donde repasaron la agenda de competitividad de la industria y expusieron las distintas políticas que lleva adelante el Estado nacional para impulsar a los sectores productivos y atender a las necesidades del sector.

“Fue una reunión de trabajo muy productiva, donde el gabinete económico pudo poner sobre la mesa toda la batería de políticas que lleva adelante para impulsar a los sectores productivos y que explican por qué, a pesar de las dificultades que atraviesa el país, la industria hoy registra los mayores niveles de producción de los últimos años”, afirmó de Mendiguren. Según el INDEC en el primer trimestre de 2023 la industria creció 2,6% en la comparación interanual. Para el Centro de Estudios de la UIA (CEU), el sector creció 5% en los primeros tres meses del año, de acuerdo al relevamiento propio que realizan en base a información provista por cámaras y organismos del sector público y privado.

De Mendiguren destacó que la articulación con los sectores industriales, tanto empresarios como trabajadores, “es parte central del rumbo que marcó Sergio Massa desde que asumió la gestión: acompañar con políticas concretas a la industria para que no caiga el nivel de actividad y empleo”.

Por su parte, Funes de Rioja agradeció la presencia del gabinete económico y la buena predisposición para tratar las distintas necesidades e inquietudes del sector, y destacó las explicaciones positivas que abordó el equipo del Ministerio de Economía en cada uno de los temas que se trataron durante la reunión.

Entre las herramientas que se presentaron se destacaron las líneas del programa CreAR, que cuenta con un presupuesto total de un billón de pesos, el más grande de la historia reciente para financiamiento productivo. Además, destacó el Programa de Desarrollo de Proveedores y Potencia PyMEX para impulsar las exportaciones.

Mendiguren estuvo acompañado por el jefe de gabinete de la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo, Gabriel Vienni.

Por su parte, Tombolini abordó las distintas inquietudes respecto a las importaciones y destacó que el 88% de los pedidos realizados en los primeros cinco meses del año fueron autorizados. En este sentido, destacó que a pesar de las dificultades, los despachos de insumos productivos siguen teniendo prioridad.

En tanto, Michel resaltó el trabajo en conjunto con la UIA sobre las tarifas de los fletes al exterior. Desde la entidad empresaria reconocieron el ordenamiento de la Aduana, cuando previamente resultaba difícil controlar importaciones, así como el desarme de los amparos que implicaban aproximadamente U$S3.000 millones.

Promesas de crecimiento y sospecha por las importaciones

Sobre Tombolini pesan las quejas por los faltantes de importaciones necesarias para producir, desde insumos hasta maquinarias. Pero nadie a viva voz habló de los comentarios del periodista Carlos Pagni sobre supuestos funcionarios de Comercio que piden presuntos pagos en un hotel de Puerto Madero o las funciones de la esposa de Tombolini, María Stroman, como su asesora ad honorem. No es la primera vez que en los últimos años se siembran sospechas sobre cónyuges de funcionarios encargados de los controles de importaciones. Pero en el Gobierno comentan que empresarios les sugieren que hay quienes piden peajes para conseguir aprobaciones. Ya en febrero pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, y Tombolini denunciaron a una banda grabada con cámara oculta que reclamaba esos sobornos para liberar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En abril, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Victoria Borrego se presentaron en la Justicia contra el secretario por una publicación en un grupo de Facebook de despachantes de aduana que hablaban de un 13% de coima.

En la UIA miran con atención la reciente encuesta a sus asociados que indica que “más de la mitad de las empresas indicaron un empeoramiento de las restricciones a las importaciones de insumos para la producción”. “Los tiempos de aprobación de las SIRAs empeoraron para el 64% de las empresas, mientras que el 58% indicó una reducción en la proporción de solicitudes aprobadas”, según el informe de la Unión Industrial. No obstante, De Mendiguren consultó a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sobre suspensiones de personal en empresas para ver si los faltantes provocaban parates y ella le informó que sólo hubo cuatro en los últimos dos meses.

El secretario sostiene que en el primer cuatrimestre recibió un 48% más de pedidos de importaciones medidas en dólares que en el mismo periodo de 2022 y aprobó un 25% más. “El que recibe la SIRA aprobada se la guarda para especular”, alertaron en Comercio. Es tentador importar al dólar oficial con la brecha que hay respecto del paralelo.

En el Gobierno se proponen “estabilizar la inflación sin que caiga el PBI”. Por eso, la última suba de tasa de interés para los plazos fijos y las Letras de Liquidez (Leliq) vino acompañada de una baja del costo del financiamiento para pymes y consumo. En la encuesta de la UIA en abril hay más compañías con caídas de producción, ventas internas, exportaciones y empleos que las que registran subas. Sin embargo, el Instituto de Estadística (Indec) marcó que de enero a marzo la industria creció 2,6%. “Se quejan de las importaciones, pero crecen”, apuntan en el Gobierno. De Mendiguren llevó los números con los que cruzó este lunes al ex ministro de Hacienda de Cambiemos Nicolás Dujovne por Twitter: “Hoy la economía está 7% arriba de cómo la dejaste. La industria está 15% arriba. Hay 305.000 más familias argentinas con empleo formal privado. El desempleo está en el nivel más bajo en 20 años. La inversión está en el mayor nivel en 14 años”.

El secretario de Desarrollo Productivo apunta para que quede en el recuerdo de sus ex colegas de la UIA, entidad que él presidió en el pasado, lo que les dijo en 2016 el entonces presidente del Banco Central de Cambiemos, Federico Sturzenegger. “Esa asignación de capital con proyectos con TIR (tasa interna de retorno) negativa lo que logra en realidad es destruir el capital en lugar de multiplicarlo”, habló aquella vez Sturzenegger en contra de los préstamos productivos con tasa de interés inferior a la inflación. Ahora De Mendiguren les ofrece un plan llamado Crédito Argentino (Crear) por $ 1.000 millones para capital de trabajo (gastos operativos), inversiones y exportaciones de grandes empresas, pymes y emprendimientos con una tasa del 48%, muy por debajo del 109% del índice de precios al consumidor (IPC), que se consigue en bancos públicos y privados. “El FMI (Fondo Monetario Internacional) te pide tasa positiva, pero así hacés mierda la actividad”, razonan en los despachos oficiales.

Con información de agencias.

IG

La Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Daniel Funes de Rioja, recibirá este martes a los secretarios de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y de Comercio, Matías Tombolini, y al subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes. De Mendiguren lleva las buenas noticias: vaticina que la economía no se contraerá, como vaticina la mayoría de los analistas por la sequía, sino que predice que se expandirá 1,5% porque el consumo y el turismo continúa empujando hacia arriba. Tombolini y Cervantes, en cambio, enfrentarán las quejas por los faltantes de importaciones necesarias para producir, desde insumos hasta maquinarias.

No se espera que nadie a viva voz comente los comentarios del periodista Carlos Pagni sobre supuestos funcionarios de Comercio que piden presuntos pagos en un hotel de Puerto Madero o las funciones de la esposa de Tombolini, María Stroman, como su asesora ad honorem. No es la primera vez que en los últimos años se siembran sospechas sobre cónyuges de funcionarios encargados de los controles de importaciones. Pero en el Gobierno comentan que empresarios les sugieren que hay quienes piden peajes para conseguir aprobaciones. Ya en febrero pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, y Tombolini denunciaron a una banda grabada con cámara oculta que reclamaba esos sobornos para liberar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En abril, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Victoria Borrego se presentaron en la Justicia contra el secretario por una publicación en un grupo de Facebook de despachantes de aduana que hablaban de un 13% de coima.

La UIA espera a Tombolini y Cervantes con la reciente encuesta a sus asociados que indica que “más de la mitad de las empresas indicaron un empeoramiento de las restricciones a las importaciones de insumos para la producción”. “Los tiempos de aprobación de las SIRAs empeoraron para el 64% de las empresas, mientras que el 58% indicó una reducción en la proporción de solicitudes aprobadas”, según el informe de la Unión Industrial. No obstante, De Mendiguren consultó a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sobre suspensiones de personal en empresas para ver si los faltantes provocaban parates y ella le informó que sólo hubo cuatro en los últimos dos meses.

El secretario les advertirá que en el primer cuatrimestre recibió un 48% más de pedidos de importaciones medidas en dólares que en el mismo periodo de 2022 y aprobó un 25% más. “El que recibe la SIRA aprobada se la guarda para especular”, alertan en Comercio. Es tentador importar al dólar oficial con la brecha que hay respecto del paralelo.

En el Gobierno se proponen “estabilizar la inflación sin que caiga el PBI”. Por eso, la última suba de tasa de interés para los plazos fijos y las Letras de Liquidez (Leliq) vino acompañada de una baja del costo del financiamiento para pymes y consumo. En la encuesta de la UIA en abril hay más compañías con caídas de producción, ventas internas, exportaciones y empleos que las que registran subas. Sin embargo, el Instituto de Estadística (Indec) marcó que de enero a marzo la industria creció 2,6%. “Se quejan de las importaciones, pero crecen”, apuntan en el Gobierno. De Mendiguren llevará los números con los que cruzó este lunes al ex ministro de Hacienda de Cambiemos Nicolás Dujovne por Twitter: “Hoy la economía está 7% arriba de cómo la dejaste. La industria está 15% arriba. Hay 305.000 más familias argentinas con empleo formal privado. El desempleo está en el nivel más bajo en 20 años. La inversión está en el mayor nivel en 14 años”.

El secretario de Desarrollo Productivo les recordará a sus ex colegas de la UIA, entidad que él presidió en el pasado, lo que les dijo en 2016 el entonces presidente del Banco Central de Cambiemos, Federico Sturzenegger. “Esa asignación de capital con proyectos con TIR (tasa interna de retorno) negativa lo que logra en realidad es destruir el capital en lugar de multiplicarlo”, habló aquella vez Sturzenegger en contra de los préstamos productivos con tasa de interés inferior a la inflación. Ahora De Mendiguren les ofrece un plan llamado Crédito Argentino (Crear) por $ 1.000 millones para capital de trabajo (gastos operativos), inversiones y exportaciones de grandes empresas, pymes y emprendimientos con una tasa del 48%, muy por debajo del 109% del índice de precios al consumidor (IPC), que se consigue en bancos públicos y privados. “El FMI (Fondo Monetario Internacional) te pide tasa positiva, pero así hacés mierda la actividad”, razonan en los despachos oficiales.

AR

La Secretaría de Comercio suspendió a la cadena de supermercados Día por 30 días del programa Precios Justos debido a incumplimientos reiterados y aumentos injustificados. Por la decisión del Gobierno, la empresa dejará de tener acceso prioritario al uso de divisas para pago de importaciones como estaba estipulado en el acuerdo.

Más allá de la sanción, la cadena deberá seguir comercializando los productos del programa Precios Justos en este período, ya que sus proveedores siguen siendo parte del plan y rige la obligación de comercializar los mismos a los valores acordados con el Gobierno Nacional.

La decisión fue tomada tras la realización de operativos de control en más de 120 sucursales, donde se comprobaron aumentos del orden del 8,33% promedio en los productos que forman parte del programa, 3,33 puntos por encima del 5% acordado.

Luego de encabezar uno de los operativos, el secretario Matías Tombolini señaló que, además de las subas indebidas, “encontramos productos vencidos y diferencia entre el precio que se ve en la góndola y lo que finalmente se cobra a los consumidores”.

“Por eso, procedimos a suspenderlos del acuerdo de precios y les indicamos a los consumidores que el supermercado no cumple y que lo ha hecho de forma reiterada”, resumió el funcionario. Agregó que “no obstante, deberán mantener los precios del programa ya que sus proveedores se mantienen dentro de Precios Justos”.

La cadena de supermercados posee más de 4.500 productos dentro del acuerdo de precios, según un comunicado de Comercio Interior. Dichas inspecciones fueron realizadas en 120 locales de Día ubicados en la Capital Federal y en diez municipios de la provincia de Buenos Aires. Se señalizaron las sucursales con fajas para que los consumidores tengan conocimiento de los incumplimientos.

Entre los incrementos hallados, Comercio reveló que entre abril y mayo la Coca-Cola de 1,5 litros presentó un desvío del 43,9% (de $264 a $390); la leche chocolatada marca Día de 1 litro, 45,10% (de $321 a $449); y las galletas clásicas Criollitas, 41,67% ($207,12 a $299).

Desde enero del 2023 hasta esta semana, la Secretaría concretó 5643 fiscalizaciones y realizó 1917 actas de imputación a la cadena por incumplimientos. Además, desde agosto de 2022 hasta el día de hoy le aplicó multas por $734.520.000.

En el marco del programa Precios Justos, la Secretaría de Comercio también multó ayer martes a las empresas Unilever y Mastellone por $160 millones y $60 millones respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea productos con características similares, pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes, hecho que incumple la ley de Defensa del Consumidor.

La dependencia oficial emplazó a ambas firmas para que eviten que los productos cuestionados sean ofrecidos para la venta a los consumidores, exhibidos en forma contigua y simultánea. Según explicaron oficialmente, dichas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo pasado, donde se constató que ambas empresas incumplieron con la ley 24.240.

La semana pasada, el Gobierno Nacional informó la continuidad hasta el 31 de julio del programa Precios Justos. La iniciativa busca ofrecer a los consumidores productos de consumo masivo con sus correspondientes precios de referencia, a partir de un acuerdo voluntario con de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios. Como contrapartida, las empresas que participen reciben beneficios como el acceso prioritario a divisas para la importación de sus insumos.

LC con información de agencia Télam

La Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, multó a las empresas Unilever y Mastellone por $160 millones y $60 millones, respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea, productos con características similares pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes, hecho que incumple la ley de Defensa del Consumidor.

Además, se emplazó a las firmas para que en el plazo de 24 horas arbitren los medios para que los productos cuestionados no sean ofrecidos para la venta a los consumidores y exhibidos en forma contigua y simultánea, a fin de evitar inducir a error, engaño o confusión a los potenciales consumidores.

Estas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo en donde se constató que ambas empresas incumplieron con la ley 24.240.

En el caso de Unilever, se le aplicaron dos multas de 80 millones de pesos cada una. Una de ellas es por comercializar la mayonesa Light Hellmanns Doy Pack de 237 gramos en dos presentaciones: una versión con el rótulo del producto y otra con la leyenda “Más Liviana, todo el sabor”, que tenía un incremento del 19% respecto al producto original. Además, la firma comercializó el producto CIF ultra brillo de igual composición, pero con etiquetas similares con dos precios sustancialmente diferentes: en ese caso la diferencia era del 64%.

En el caso de Mastellone, fue multada por 60 millones de pesos por comercializar variantes de cuatro tipos de leche de la marca La Serenísima también a precios diferentes. Se trata de las leches Clásica, Clásica Más Liviana, Liviana y Menos Calorías. En este caso, sus variantes incluían en las etiquetas la leyenda “Fuente de vitaminas C y E”, pero el producto era el mismo. La diferencia de precio entre las variantes y las leches originales era del 33%.

Además, en un hecho que no tiene antecedentes, las dos empresas deberán publicar en sus redes sociales y en las redes de las marcas implicadas la infracción que cometieron. Dicha publicación deberá permanecer visible por 72 horas.

Con información de agencias.

IG

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, designó a su esposa, María Magdalena Stroman, al cargo de asesora ad honorem en un área dependiente del ministerio de Economía.

El anuncio fue oficializado hoy mediante la resolución 484/2023, firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa. En los considerandos, el titular de la cartera económica señala que “resulta necesario designar a la señora María Magdalena STROMAN como Asesora de Gabinete con carácter ad honorem, a partir del 1º de abril de 2023”.

En la resolución se especifica que Stroman cumplirá funciones como asesora de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, que depende de la Secretaría de Comercio. De esta forma, la esposa de Tombolini formará parte del equipo que encabeza Anastasia Daicich.

En estas circunstancias, Stroman retoma la función pública. Ocupó un cargo legislativo entre 2007 y 2011, se desempeñó en el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad y también en la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales del Ministerio de Hacienda porteño.

Además, la esposa de Tombolini forma parte de la lista de la coalición política Consenso Federal en 2019, cuando el economista fue candidato a jefe de Gobierno porteño por el espacio que encabezaba Roberto Lavagna.

Por su parte, Tombolini fue designado secretario de Comercio en agosto de 2022, unificando las áreas de Comercio Interior y Exterior, mientras que José Ignacio de Mendiguren tomó la cartera de Producción.

Al momento de la designación, el ministro Massa explicó que “el objetivo es darle orden a la mesa de los argentinos y recuperar un sistema de precios adecuado que permita volver a saber cuánto valen las cosas”.

El vínculo con Massa le permitió a Tombolini ocupar diferentes cargos políticos, desde titular del Consejo Económico y Social porteño hasta la vicepresidencia del Banco Nación. Antes de llegar a la secretaría de Comercio, el dirigente del Frente Renovador se desempeñaba como presidente de la empresa estatal Arsat.

También fue columnista de temas económicos en programas en televisión y radio. Incluso llegó a ganar un premio Martín Fierro en 2016 por su columna semanal de Economía en “Perros de la Calle”, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Radio Metro.

Un dirigente que militó con Grabois fue designado en Economía

El abogado Franco García Dellavalle, que militó durante años con Juan Grabois, fue designado como director nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social, que depende de la Subsecretaría de Finanzas en el Ministerio de Economía.

La designación, firmada por el jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, tiene carácter transitorio y será por 180 días hábiles.

García Dellavalle es actualmente militante del Movimiento Popular La Dignidad, la organización que conduce Rafael Klejzer. Pese a que militaron juntos, desde el entorno del dirigente piquetero aseguraron que están “distanciados hace muchísimo tiempo”.

DA

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, responsabilizó hoy a los formadores de precios por los aumentos evidenciados en el rubro de alimentos y bebidas y aseguró que no están cumpliendo con los acuerdos voluntarios vigentes.

En una presentación de prensa realizada en el Ministerio de Economía, el funcionario afirmó: “El dato de inflación que se conoció hoy es un dato que nos duele. Somos conscientes del impacto que esto genera en el bolsillo de los argentinos”.

Más allá del 7,7% mensual a nivel general que arrojó el Índice de Precios al Consumidor del Indec que se conoció hoy, Tombolini hizo hincapié en los incrementos en el rubro de Alimentos y Bebidas, que marcó una suba del 9,3% en marzo. En ese sentido, mencionó como factores que impulsaron el indicador hacia arriba a la peor sequía desde 1922, la ola de calor más fuerte desde 1906 para un mes de marzo, así como la gripe aviar.

No obstante, Tombolini aseguró que el aumento que “conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios”. “A lo largo de los últimos meses con precios justos establecimos un sistema de acuerdo para que los formadores de precios sean parte de la solución y no del problema”, dijo el funcionario.

Sin embargo, agregó: “Estamos viendo que el cumplimiento en los hipermercados es correcto, pero en los comercios de cercanía -allí donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas- incumplen”.

Entre los ejemplos que compartió el secretario pudo verse que mientras el programa Precios Justos mostraba que el precio de la leche en los supermercados era de $234,70, en la góndola de los comercios de proximidad fue de $288,17. Asimismo, el pan de molde fue $487,40 contra $774, 83 (+58,97%).

“Los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria”, dijo Tombolini.

Frente a ello, el titular de Comercio anunció que a partir de ahora se avanzará en acuerdos de precios con los exportadores, que tendrán acceso al dólar diferencial para que cumplan con precio y abastecimiento en lo que tiene que ver con las economías regionales que seleccione la Secretaría de Agricultura.

Al mismo tiempo, Comercio fortalecerá la rigurosidad con los formadores de precios en la fiscalización y unto con la nueva administración del Mercado Central se apuntará a mejorar los controles y el trabajo en frutas, verduras y hortalizas

El objetivo central sigue siendo defender el poder de compra de aquellos que viven de un salario. En los meses que siguen, el trabajo en conjunto con las distintas áreas del Ministerio y el Gobierno será para profundizar la política que nos permita ampliar el abanico de acuerdos y fortalecer los controles, concluyó Tombolini.

DA

La Secretaría de Comercio, junto con la subsecretaría de Defensa del Consumidor del Municipio de San Martín, llevaron adelante un operativo de fiscalización en un hipermercado Jumbo de ese partido bonaerense, en el que detectaron irregularidades en el programa Precios Justos e infracciones a normas municipales que derivaron en actas y la clausura del supermercado.

El operativo fue lanzado tras la recepción de reiterados reportes de incumplimientos en la sucursal del hipermercado ubicada en San Lorenzo 3773, San Martín, denunciados a través de la aplicación móvil de Precios Justos, que dispararon una alerta que derivó en constataciones informales iniciales y la organización de las mencionadas fiscalizaciones.

“Recibimos cinco alertas en un periodo muy corto de tiempo. Esto indica un faltante severo que luego se verificó, desplegándose sobre las horas de la noche un operativo donde encontramos 32 productos que directamente no tenían stock y más de 14 productos que presentaban un faltante”, relató Matías Tombolini, secretario de Comercio.

Durante las verificaciones se corroboraron diversas irregularidades en relación con el cumplimiento del programa Precios Justos, señaló la Secretaría de Comercio en un comunicado.

Se registraron infracciones vinculadas con faltantes de mercadería y stock, principalmente en los rubros de perfumería, cuidado personal, limpieza, aceites, atún, harina, yerba y fideos, así como la ausencia de señalización de los productos que forman parte del programa.

“Como resultado del alto nivel de incumplimiento del supermercado en 32 productos sin stock además de unos 14 que presentaron más de un 80% de faltante, los verificadores procedieron a labrar las actas correspondientes”, se informó en un comunicado.

Adicionalmente a las infracciones mencionadas, los verificadores detectaron múltiples y reiterados incumplimientos de normativas municipales por parte del Hiper Jumbo mencionado, los cuales derivaron en la inmediata clausura del supermercado.

Este procedimiento se encuentra enmarcado en el plan de fiscalizaciones que encabeza la Secretaría de Comercio, y es articulado a partir del trabajo en conjunto entre distintas áreas del Estado tanto a nivel nacional, provincial como municipal.

Las fiscalizaciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento efectivo de los acuerdos voluntarios suscritos por empresas y supermercados, y se suma a las diferentes verificaciones efectuadas por las que ya están en curso 770 multas por $806 millones referidas a distintos incumplimientos, según se informó.

769 multas en la última semana

La Secretaría de Comercio labró 769 multas a empresas alimenticias y supermercados por $ 806.450.000 en la última semana debido a diversos tipos de irregularidades en torno del cumplimiento del programa Precios Justos, según indicó Tombolini.

“Esta semana estamos con 769 multas por $ 806.450.000 por faltantes de stock, falta de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del programa, duplicidad de etiquetado; y esto de algún modo es un paso más en la idea de que no podemos llevar orden en los precios y construir previsibilidad si permitimos los abusos”, manifestó el funcionario en diálogo con Radio 10.

Las multas –señaló Tombolini- se desplegaron tanto en cadenas de supermercados como “Día, Carrefour, las del Grupo Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y el mayorista Maxiconsumo”; como en empresas alimenticias como “Cabrales y Nestlé”.

El secretario explicó que, luego de labrase el acta, “se le da el descargo a quien se le imputa y después se procede a la multa”.

El programa Precios Justos, relanzado a principios de este mes, fija los precios de casi 2.000 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras.

Los productos se encuentran en los supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Del mismo modo, estipula un aumento de 3,2% mensual sobre otros 50.000 productos hasta el próximo 30 de junio.

CRM con información de la agencia Télam

En una visita muy esperada y reclamada por la oposición, y en medio de tensiones por el nivel de inflación el secretario de Comercio, Matías Tombolini, defendió hoy en la Cámara de Diputados el programa de “Precios Justos”, e informó que actualmente se aplica sobre 50 mil productos que mantendrán sus valores hasta el 30 de junio.

Invitado a participar en una reunión informativa de la comisión de Comercio de la Cámara baja, el funcionario calificó el programa como “una herramienta de política pública importante” pero aclaró que no podría haber “un acuerdo voluntario de precios si antes no hay un orden fiscal y acumulamiento de reservas”.

En esta línea, explicó que si funcionara como algo “aislado” terminaría en “incumplimiento” de parte de las empresas.

Tombolini detalló que el programa “hoy aborda 600 empresas, 17 sectores” con un “alcance que supera los 50 mil productos” y que “tiene un eje central que orbita sobre la pauta de precios de 3,2% desde febrero hasta el 30 junio”.

El economista admitió que Precios Justos “no es y no podría ser la solución a la inflación, pues la solución es de orden macroeconómico”.

“Es una herramienta dentro de un conjunto de herramientas que tienen como objetivo tratar de atender al problema más importante que tiene la Argentina, que es la inflación”, resaltó.

El funcionario compareció ante la Cámara baja antes de que se difundiera el número de inflación del mes de enero (6%), y se retiró abruptamente dado que tenía una reunión con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo cual motivó quejas de parte de Juntos por el Cambio, que no pudo terminar de hacer las preguntas que tenía preparadas. 

Antes de irse, Tombolini llegó a contestar algunas consultas, como por ejemplo la formulada por el radical Fabio Quetglas, quien le preguntó si no consideraba mejor que los precios se determinasen libremente por las leyes del mercado en lugar de someterse a acuerdos de precios.

“No es un programa que opere en el vacío, sino en una economía que tiene un conjunto de restricciones”, respondió, y destacó que los “Precios Justos” son “acordados de manera voluntaria y libre por parte de las empresas”.

“Desde el Gobierno creemos que el Estado, en situaciones como la actual, tiene cosas para decir. Por eso entendemos que es una herramienta que permite trabajar sobre las expectativas de inflación, buscando orden en los precios, previsibilidad y evitando abusos”, indicó.

Luego le respondió a Myriam Bregman sobre los controles y sanciones para hacer efectivo el cumplimiento del programa. Al respecto, precisó que “la Secretaría ha realizado 8.319 inspecciones en el período agosto-diciembre y 1.630 en el período enero y los días que van del mes de febrero”, a lo que sumó más de 15 mil fiscalizaciones web en 2022 y más del 10 mil en lo que va del año.

Tombolini agregó que en 2022 hubo “31.982 multas y se han realizado 5.754 actas in situ”, además de un total de 492 millones de pesos en multas, encabezadas por supermercados, prepagas, bancos, telefonía, delivery y energía.

En otro orden, salió al cruce del diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, quien había advertido que el Gobierno tenía “un sesgo antiexportador”.

Al respecto, puntualizó que las exportaciones “fueron récord en Argentina en el año 2022”.

A continuación, se tomó tiempo para responderle al diputado de Republicanos Unidos (Juntos por el Cambio) Ricardo López Murphy, quien había criticado “el fenomenal atrasado cambiario” y la supuesta “restricción al acceso de insumos que mes a mes se vuelve más dramática”.

“En particular veo una brutal distorsión en la administración del comercio exterior”, apuntó el economista opositor, que reclamó conocer “qué criterios se utilizan para darle un permiso a algunos y a otros no” en cuanto a las importaciones.

Tombolini reconoció que “los tipos de cambio múltiple son un problema para la Argentina” y que “sin duda la brecha genera tensiones en la demanda de importaciones”.

Sin embargo, aseguró que “no está prohibida la importación en Argentina”, y destacó que en el año 2022 Argentina importó 81.500 millones de dólares, 29% más que el año anterior.

Además señaló que “en el trimestre octubre-enero la variación solicitada en importaciones de dólares por parte del sector privado se incrementó un 49%, el Estado autorizó 7% más y continúa en estudio el restante”.

“Hay 21.463 empresas que solicitaron SIRA, de las cuales 97% de ellas fueron PyMEs y se aprobaron el 82% de las solicitudes hasta enero. En febrero el ratio creció más”, resaltó.

Pese a dar los números que desmienten una caída de las importaciones, defendió la política de la Secretaría para que “los dólares que se usan no vayan a máquinas tragamonedas, a pelotitas de golf o a patines sobre hielo si son escasos”.

Con información de NA

El Indec difundirá mañana el dato de la inflación de enero, que según las proyecciones privadas estará por encima del 5% y cerca del 6%, lejos del porcentaje previsto en la hoja de ruta del ministro Sergio Massa, que aspiraba a iniciar el año con números en torno al 4%. El salto del índice se explica, en gran parte, por el incremento del precio de la carne, que despertó luego de varios meses de estancamiento y el Gobierno busca “ecualizar” con una serie de medidas.

Según un informe de LCG, en la última semana de enero las carnes marcaron el mayor aumento desde septiembre, con una suba de 5,3% respecto de la semana anterior, lo que explica más de la mitad –el 60%– de la suba del índice general de alimentos y bebidas. 

En este marco, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, anticipó este lunes en declaraciones a la radio Urbana Play que el Gobierno negocia un nuevo acuerdo de precios para la carne. Se relanzará el programa Cortes Cuidados, que ofrece siete cortes populares (asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado) a precios económicos en supermercados, además del reintegro para los consumidores que compren en carnicerías.  

En 2020 la carne vacuna aumentó por debajo del promedio de los precios de la economía, principalmente por una sobreoferta del mercado producto de la sequía, ya que los ganaderos comenzaron a desprenderse de animales ante la falta de pasturas. Además, afectó la caída de los precios internacionales, la reducción de la demanda china por las restricciones vinculadas al Covid-19 y el achicamiento del consumo interno. Pero en enero de este año el precio despertó con saltos bruscos de hasta 30% semanal en los mercados concentradores. 

“Hay abierto un proceso para avanzar en medidas que nos permitan ecualizar este impacto. Había un retraso en materia de precios de la carne pero tampoco vamos a permitir abusos. Es cierto que el precio de la carne aumentó 62,4% en 2022 (por debajo de la inflación, que fue del 94,8%). Pero en 2021 había aumentado 10 puntos por encima de la inflación, 18 puntos por encima en 2020 y 8 puntos por encima en 2019″, precisó el secretario de Comercio en la entrevista radial. 

“En el ciclo largo el aumento de la carne ha sido mayor que en alimentos y bebidas. Hay una serie de negociaciones que van a tener anuncio en breve”, anticipó el funcionario. Señaló que se trata de “un conjunto de medidas que va a anunciar el ministro de Economía para poder operar sobre el bolsillo en las carnicerías y también alguna medida potente sobre el programa de Cortes Cuidados”.

El Gobierno ya había anticipado un descuento del 10% a los clientes en sus compras con tarjeta de débito en las carnicerías, una medida que sin embargo no está activa todavía y proyecta un alcance limitado debido a que la gran mayoría de las operaciones se concretan en la informalidad. 

Respecto del índice de inflación que se conocerá mañana, el secretario de Comercio dijo que “enero tiene la estacionalidad por el peso del rubro servicios en estos meses que es más en turismo y recreación”. “El desafío tiene que ver en el marco de la hoja de ruta que marcó el ministro Sergio Massa hace seis meses”, agregó. 

De acuerdo con el seguimiento de LCG, el porcentaje de productos que registraron aumentos en la última semana de enero alcanzó un nuevo pico. El 45% de los 8.000 bienes monitoreados cambiaron su precio en la góndola, lo que alimenta la sensación de inflación acelerada en los consumidores que hacen las compras. Según la misma consultora, en la primera semana de febrero la suba de precios de los alimentos se desaceleró respecto del cierre de enero, pero todavía con la carne ejerciendo la mayor presión alcista. 

DT

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, anunció la creación de un nuevo software para el monitoreo del programa Precios Justos. El sistema fue desarrollado en conjunto por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT y Amazon. El funcionario del Ministerio de Economía explicó, vía Twitter, que el panel procesa 15 millones de datos diarios para el seguimiento de los precios.

La nueva edición del programa Precios Justos incorpora acuerdos con 15 nuevos sectores de la economía y autoriza aumentos mensuales no superiores al 3.2% para 50.000 productos de las 500 empresas adheridas, a fin de controlar la inflación. Fija, además, el precio de otros 2.000 artículos. “Para evitar abusos, identificar desvíos y verificar que se cumpla lo acordado, incorporamos un panel de monitoreo en línea, como apoyo a las fiscalizaciones presenciales”, expresó el titular de la cartera de Comercio por redes sociales.

El Gobierno no ha proporcionado detalles sobre el funcionamiento del sistema, aduciendo acuerdos de confidencialidad con Amazon. Pese a las citadas afirmaciones del secretario de comercio sobre el volumen de información procesada, el software permitiría acceder a 3,5 millones de precios de todo el país “en tiempo real y analizar tanto el cumplimiento de la canasta como del sendero en cada sucursal, para después avanzar en las fiscalizaciones”.

La información recopilada será utilizada en la “Mesa de Precios”, una reunión de equipo diaria de la Secretaría de Comercio. El software también actuará como complemento para las inspecciones presenciales y las denuncias realizadas a través de la aplicación de Precios Justos.

El Gobierno tampoco especificó cómo se dará la verificación de precios en los sitios de comercio electrónico online. No hubo precisiones respecto al alcance de la información recolectada por lo que persisten dudas respecto al posible monitoreo de la transmisión de los datos de compra y venta. Si este fuera el caso, podría violarse el secreto de las telecomunicaciones protegido en el marco jurídico argentino y convenios internacionales. La transmisión de datos en tiempo real de las compras realizadas de forma presencial, con medios de pago electrónicos o tarjeta de crédito, también podría suponer esta misma violación.

ACM

En un acto este viernes en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa anunció una canasta escolar para el inicio de clases, así como un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas: será un sendero de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.

Massa dijo que “algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo”, pero que ahora “se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios”.

Martín Zurita, titular de AIEPBA, la asociación que nuclea a las instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires, dijo a elDiarioAR que “al día de hoy no hay nada firmado a nivel nacional”. “No conocemos conocemos los detalles de lo anunciado, representamos a la mayor cantidad de escuelas en todo el país y no fuimos convocados a reunión alguna por este tema”, aseguró. 

Desde 1994 la educación está transferida a las provincias por lo que el Ministerio de Educación puede recomendar o sugerir pautas, pero son cada una de las 24 jurisdicciones las que deben definir sobre el tema arancelario. “No sabemos cuál será la interpretación de cada una de las jurisdicciones y cómo redundarán en medidas concretas”, señaló Zurita.

Otras fuentes del sector admitieron un “acuerdo marco” de la educación privada con la secretaría de Comercio y el ministerio de Educación, aunque aclararon que abarca solo a los colegios con aporte estatal, que entrará en vigencia en la medida que sea ratificado por cada jurisdicción. El acuerdo se firmaría la semana próxima, contempla un aumento de la cuota para el mes de marzo de 16,8% y del 3,35% para los meses de abril, mayo y junio.

Por su parte, Matías Tombolini anunció la ampliación de Precios Justos, que incluye quince sectores de consumo con una pauta de incremento de precios de 3,2% mensual hasta el 30 de junio, como parte de acuerdos voluntarios alcanzados con más de 480 empresas productoras y comercializadoras.

“Esta pauta de 3,2% mensual es un objetivo que busca esencialmente moderar las expectativas de inflación para mejorar el poder de compra de quien vive de un sueldo”, afirmó el secretario de Comercio, quien tuvo la palabra minutos antes que el titular de Economía.

Massa afirmó que el programa “pretende, al 86% de los productos que consumen los argentinos, darles dos certezas: que hay casi 50 mil productos que del primero de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual; y otra certeza es que, tal como se dio en la primera etapa del programa, hay 2 mil productos que van a seguir teniendo precio fijo”. Sentenció que “la inflación es el peor veneno que tiene una economía”.

Asimismo, indicó que las empresas que participan voluntariamente “van a tener un programa de crédito” a tasa subsidiada para financiar “el aumento de la producción de bienes de capital” que se suma al “régimen acelerado de acceso al mercado libre de cambio”, por lo que la segunda etapa de Precios Justos “tiene más premios y castigos”. Para “evitar picardías” comentó que algunas empresas “limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor”, por lo que anticipó que esas prácticas serán sancionadas.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que “así como ponemos incentivos también tenemos que desnudar a quienes le hacen trampa al Estado”. Puntualizó además que en Turismo el Estado invirtió “en el programa Previaje”, y que la mayor demanda de turistas en destinos nacionales “no puede permitir que en algún lugar u otro aparezca una situación de distorsión de precios”.

El primer orador del mediodía fue uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, quien celebró la ampliación del programa: “Esta iniciativa deja de lado la teoría de que sólo podemos ir en contra de la inflación sin entrar en la teoría de la devaluación y el ajuste que empobrece a la sociedad argentina”. Lo siguió Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, que sostuvo que el sector productivo “quiere estabilidad y previsibilidad”, pero consideró que “hay factores distorsivos, que no son los industriales. Tenemos que discernir los reales problemas, por ejemplo la presión fiscal”. De todos modos, reconoció que “nos une la voluntad de encontrar caminos de solución, bajando expectativas. Este es un esfuerzo entre todos”.

LC con información de agencia Télam

El equipo económico que conduce Sergio Massa busca poner en marcha, en el arranque de 2023, una nueva etapa de su estrategia antiinflacionaria. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes oficiales, planea unificar la larga lista de acuerdos de precios cerrados durante sus primeros cinco meses de gestión, entre agosto y diciembre pasado, que incluye desde alimentos a combustibles, teléfonos celulares e insumos industriales. 

Este segundo paso –que, parafraseando a la  vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, podría bautizarse como de “sintonía fina”– se pone en marcha “producto del cumplimiento de las metas fiscales y de acumulación de reservas”. El equipo económico considera que están dadas las condiciones para homogeneizar todos los acuerdos que se trabajan por separado y establecer un “sendero promedio” de actualización. Ese sendero sería del 3,2% mensual, por debajo del 4% que prima en la mayoría de los acuerdos vigentes. 

Además, se pretende ampliar la participación de sectores y empresas. El rubro de la construcción es el que aparece primero en la lista de los pendientes y es posible que se confirme el nuevo acuerdo sectorial a lo largo de la semana. Alcanzaría a los materiales de construcción que se ofrecen en las grandes cadenas de venta.  

Respecto del plazo de vigencia, la intención es que este “gran paraguas antiinflacionario” se extienda de manera coordinada hasta el 30 de junio. Se espera que luego se negocie una tercera etapa que llegue hasta diciembre, momento en que la hoja de ruta se reconfigurará de acuerdo a lo que suceda a nivel electoral y con el recambio de autoridades. 

De cumplirse con lo planeado, las distintas gestiones englobarían un total de 450 empresas. Si bien se espera que haya un acto con el anuncio, todavía no hay fecha ni lugar definidos.

La Secretaría de Comercio también buscaría ampliar la red de actores que contribuyen a fiscalizar y hacer cumplir los compromisos: municipios (que se quedan con parte de lo recaudado en concepto de multas), sindicatos, ONGs de defensa de consumidores, organizaciones sociales. “Algo grande y multisectorial”, anticipan. 

Los acuerdos de precio son una herramienta con sello del kirchnerismo, que en otras épocas fueron incluso criticadas por miembros del gabinete actual como el viceministro Gabriel Rubinstein. La diferencia, según el propio equipo, es que ahora son parte de un plan integral. Buscan moderar las expectativas inflacionarias, que en la Argentina juegan un rol central en la rueda de actualización de precios, mientras se ajusta el gasto, se acumulan reservas, se suben tasas de interés y se intenta cumplir con la promesa de restringir la emisión monetaria. 

En 2022 la suba de precios acumuló 94,8%, el dato más alto de los últimos 30 años, y cerró diciembre con 5,1% mensual. Desde ese punto, Massa se enfrenta a la promesa de llegar a abril con un índice mensual en el orden del 3%. Las proyecciones privadas auguran dificultades para cumplir ese objetivo; en las primeras semanas de enero se vio una aceleración de la suba de precios respecto de noviembre y diciembre que ubican las estimaciones mensuales cerca del 6%. 

DT

El Gobierno nacional lleva adelante negociaciones con empresas para dar inicio a una nueva etapa del programa Precios Justos que se extenderá hasta junio próximo y que incluirá más rubros y una reducción del promedio de aumentos desde el 4% hasta el 3,2%.

Según informaron a Télam fuentes oficiales, en el marco de la hoja de ruta planteada por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, se va a ampliar el programa Precios Justos, por lo que el acuerdo será más grande debido a que va a incluir a más sectores de la economía y la producción.

Precios Justos es un acuerdo voluntario, con lo cual las empresas tienen el compromiso de cumplir, y como en el actual esquema, incluirá a a varios actores: empresarios, trabajadores, municipios, asociaciones de defensa al consumidor y ciudadanos.

Por el momento, los rubros que incluiría son consumo masivo, calzado deportivo, celulares y pequeños electrodomésticos, indumentaria, textil, insumos difundidos, a los que seguramente irán incorporándose más sectores durante esta semana.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión de adelantar los acuerdos se dio luego de una evaluación de las metas fiscales y de acumulación de reservas, al entender que están dadas las condiciones para homogeneizar todos los acuerdos en el marco de un sendero promedio y ampliando la participación de sectores y empresas, así como extender el plazo de vigencia hasta el 30 de junio próximo.

En consumo masivo, dentro del programa se mantendrán los 2 mil productos a precio fijo, si bien podría haber una rotación en los artículos que conforman la oferta, mientras que el resto seguirá una pauta de 3,2% de aumento promedio, menor al 4% fijado en el entendimiento inicial.

De este modo, el objetivo es generar previsibilidad para los próximos cuatro meses dado que más de 450 empresas asumen el compromiso de cumplir con un sendero de precios promedio del 3,2% hasta junio.

El secretario de Comercio, Matías Tomobolini, dijo el pasado viernes que el programa Precios Justos sumará a unas 124 empresas con lo cual alcanzará a 482 participantes y detalló que “en materia de stock ronda el 70%, la señalización 77%, y en precios fijos el 98%, el desafío más grande de esto es que el producto este en la góndola, que el abastecimiento se cumpla”.

En diálogo con Radio con Vos, Tombolini remarcó que “en materia de inflación estamos ocupados, porque nos preocupa, trabajando con todos los sectores que podemos para tratar de conseguir un sendero descendente y que los precios aumenten cada vez más despacio que el mes anterior”.

En materia de fiscalización, desde que comenzó la gestión de Tombolini se hicieron 7.770 inspecciones, en supermercados y mayoristas 4.488, de Ahora 12 hubo 2.051 inspecciones y más de 1.813 en puntos fijos de Precios Justos.

“Se confeccionaron multas por 440 millones de pesos que estaban pendientes de tratamiento, y desplegamos hace 15 días en una cadena de autoservicios en 300 locales en todo el país se labraron 79 actas y se clausuraron 3 locales”, detalló el secretario.

En la primera y actual etapa de Precios Justos, que comenzó en noviembre del año pasado, se estableció una canasta de precios fijos en unos dos mil productos de primera necesidad mediante acuerdos voluntarios entre el Gobierno y empresas productoras y comercializadoras.

A su vez, el acuerdo estableció un sendero de precios para que otros 30 mil productos esenciales no superen el 4% de aumento mensual en esta primera etapa.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1077 publicada en el Boletín Oficial en diciembre del año pasado, el programa Precios Justos se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Al acuerdo original se le sumaron a fin de noviembre las petroleras, que pactaron que los combustibles participen del programa Precios Justos con aumentos mensuales de hasta 4% en diciembre, enero y febrero, y del 3,8% en marzo de este año.

Asimismo, hay acuerdos vigentes en los rubros textiles, indumentaria, calzado, celulares, insumos difundidos y medicamentos.

En diciembre, el índice de precios al consumidor aumentó 5,1% y acumuló una suba de 94,8% durante todo el 2022.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en diciembre la suba del 4,7% que registró la medición en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más incidió en la mayoría de las regiones.

En 2022, se destacó la suba anual de 120,8% en prendas de vestir y calzado; 108,8% en bares y restaurantes; y 95% para alimentos y bebidas no alcohólicas.

Con información de Télam.

IG

Precios Justos, el programa que lleva la estampa de Sergio Massa, cierra su primera etapa el 28 de febrero próximo y ya está en marcha la negociación por una segunda vuelta. Desde la semana pasada la Secretaría de Comercio mantiene reuniones con ejecutivos de las principales empresas de consumo masivo para renovarlo por otros cuatro meses y, en el mismo movimiento, dar una señal que permita atribuirle cierto éxito. 

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes diversas, se busca acordar una pauta de aumento inferior a la inicial. En las primeras conversaciones con las compañías el secretario de Comercio, Matías Tombolini, habló de un 3% o 3,2% de ajuste tanto para los 1.800 productos que permanecen congelados como para los que quedaron por fuera pero con un corset de suba mensual del 4%. 

El Gobierno busca instalar la idea del “sendero de desaceleración de la inflación” para lo que resulta central mostrar que los porcentajes de remarcación, aunque sea lentamente, se achican. En las empresas presumen que será una constante en la agenda de discusiones de 2023; anticipan que el programa se prolongará al menos hasta diciembre, momento en que habrá un recambio de Gobierno. 

En la negociación se contempla la posibilidad de que los productos que están “matados en rentabilidad” o con mayor problemas de abastecimiento sean reemplazados por otros, tal como sucedía en los programas de precios previos, con listados dinámicos. Durante las próximas semanas continuará esta conversación de ida y vuelta entre el Ministerio de Economía y las compañías, propuestas y contrapropuestas.  

A diferencia de lo que ocurría con Precios Cuidados, esquema en el que las empresas se comprometían a participar con ciertos productos pero tenían libre disponibilidad para manejar el resto de su oferta, Precios Justos abarca todo. Hay un grupo de bienes congelados y el resto está sujeto a una pauta de aumento. “Eso es lo difícil de este programa, no te permite jugar con el mix de productos y te deja sin margen de reacción o compensación”, apuntan en una multinacional que participa de distintas categorías y segmentos. 

El último monitoreo de la Secretaría de Comercio, correspondiente a la primera quincena de enero, arrojó un 67% de cumplimiento en lo que refiere a stock, 77% en la señalética que debe acompañar a los productos y 100% en precios. El rubro de productos de almacén y bebidas era el de menor menor cumplimiento y el de “frescos y congelados”, el de mayor cumplimiento. 

En una de las grandes multinacionales proveedoras admiten que el porcentaje de abastecimiento puede no ser el esperado por el Gobierno, pero explican que no se puede analizar esa situación sin considerar la antesala del programa. Es decir, los problemas que tuvieron las firmas para importar insumos a finales del año pasado. 

“Todavía hay cola de faltantes de materias primas y eso no es un problema solo nuestro sino de nuestros proveedores. Tombolini sabe que en noviembre y diciembre cada dos días frenábamos una línea de producción por este tema y el Gobierno avanzó con el programa aun conociendo el riesgo”, argumentan. En efecto, una de las prendas de negociación del secretario fue garantizar la disponibilidad de dólares para importaciones y su ingreso fluido, algo que no terminó de normalizarse. 

Por otro lado, las firmas mencionan la ralentización de la producción que suele llegar con el verano: vacaciones del personal, paradas técnicas de mantenimiento, limpiezas programadas, etcétera. También señalan que no se puede asimilar directamente la situación de despachos desde los depósitos de las fábricas con la situación de la góndola. En el medio, hay otras instancias y factores que intervienen. 

Fuentes del sector señalan que los productos que ingresaron el Precios Justos aumentaron alrededor de 40% su demanda, lo que puede producir faltantes. Además, supermercados aseguran que los pequeños almacenes y mercados chinos arrasan con el stock para proveer sus propios comercios.  

“La verdad es que estan abasteciendo muy por debajo de la demanda”, asegura una fuente de supermercados regionales. “Los proveedores aceptan participar del programa, pero no les conviene y entonces ponen limites. Uno es que en general solo le venden a las grandes cadenas y luego les entregan la mitad de lo que les piden. Al resto le venden al precio real, más caro”, agrega. Esa situación genera un desplazamiento de la demanda hacia las grandes cadenas en perjuicio de los comercios más pequeños, que no adscriben al programa por la sospecha de no poder cumplir. 

Algunas de las grandes empresas proveedoras directamente niegan el desabastecimiento y atribuyen los faltantes a las instancias posteriores. “Nosotros estamos entregando el doble de algunos productos y el cuádruple de otros en comparación con el año pasado. Después están las limitantes físicas y logísticas que pueden tener las cadenas para reponer y la rotación mayor de los productos del programa”, apunta un ejecutivo. 

En otra firma, también líder a nivel nacional y con operaciones en todo el mundo, señalan que hay un abastecimiento en línea con el promedio histórico de los programas de precios o incluso superior, pero que existe una demanda del Gobierno de que “crezca el programa” y se vuelque un mayor volumen de mercadería. “El abastecimiento comprometido inicialmente está cubierto, tenemos reuniones esta semana para ver si se amplía”, señalan. 

DT

Los movimientos sociales del Frente de Todos se ponen al hombro la campaña de control de precios, luego de que el Gobierno buscara el apoyo de Camioneros para la fiscalización en los centros de distribución de los supermercados. Desde hoy y hasta la primera quincena de febrero, distintas organizaciones oficialistas subirán la presión para que se cumpla el programa Precios Justos. 

Mientras dure la temporada de verano, habrá diferentes acciones en paralelo en la Costa Atlántica y el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por un lado, este viernes Somos-Barrios de Pie inicia su campaña para “promocionar” el acuerdo de valores congelados entre quienes hacen turismo en Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar y el partido de la Costa. Por otro lado, la agrupación kirchnerista La Dignidad comenzará el lunes un sistema propio de relevamiento de precios en supermercados porteños y del conurbano.

Con distinto peso territorial, ambas organizaciones son parte de la oficialista Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa también al Movimiento Evita de Emilio Pérsico y al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois. 

Barrios de Pie está coordinado por Daniel “Chucky” Menéndez, a la vez subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo Social. La Dignidad responde a Rafael Klejzer, quien renunció meses atrás como director nacional de Políticas Integradoras de la cartera social, apenas asumió Victoria Tolosa Paz, enojado con la política económica-social de la gestión de Alberto Fernández.

La campaña en la Costa

Desde el mediodía de este viernes y hasta mañana sábado, Barrios de Pie instalará decenas de mesas en las localidades de veraneo en al menos 25 puntos: playas, peatonales e inmediaciones de los supermercados. La intención expuesta es la difusión de Precios Justos y la aplicación móvil.

Será una campaña que repetirán todos los fines de semana hasta mediados de febrero, momento en que volverán a instalarse en el conurbano, como ya lo hacían durante diciembre.

“Nosotros solo queremos concientizar a la gente. No vamos a ir a las góndolas a fiscalizar o a patotear. El Estado es el que fiscaliza y multa. Hay una tergiversación de la discusión porque el programa de precios está funcionando”, afirmó Menéndez a elDiarioAR, luego de la polémica que despertó un operativo de control de agentes de la Secretaría de Comercio en el centro de distribución de Coto en Esteban Echeverría, junto con Oscar Borda, ladero de Moyano y quien maneja la rama de Logística en Camioneros. 

Menéndez aseguró que su campaña tiene el aval del ministro de Economía, Sergio Massa, y del secretario de Comercio, Matías Tombolini. Unos diez mil militantes de Somos-Barrios de Pie ya participan de las actividades de difusión del programa oficial, pero no reciben ningún aporte económico del Estado, según recogió este medio.

A través de la app Precios Justos, cualquier usuario puede escanear el código de barras de cada producto y saber si está alcanzado por la medida. Además, se pueden reportar inconvenientes en el cumplimiento del programa.

La “fiscalización” en el AMBA

El relevamiento de precios y oferta de productos de La Dignidad comenzará el lunes en tres supermercados ubicados en la Capital Federal. Aunque evitaron por ahora dar a conocer a cuáles, probablemente uno de los primeros sea un establecimiento de Coto situado en el barrio de Once, según anticipó el propio Klejzer anteayer. 

La acción la repetirán todos los días en locales de diferentes cadenas. A cada “visita” irán al menos dos militantes. La organización también cuenta con un equipo de técnicos y universitarios, quienes colaborarán a cargar los datos en planillas de Excel.

La intención de la agrupación kirchnerista es llevar adelante un “relevamiento independiente” de los precios hasta fines de febrero, cuando esperan pedirle una reunión a Tombolini para mostrarle sus resultados.

“Esperamos que haya una condena social a los supermercadistas, porque la nueva modalidad que tienen para la inflación es el desabastecimiento de los productos”, planteó Klejzer a elDiarioAR. Según denunció, en diciembre hubo dos semanas en las que en muchos supermercados faltó sal, hasta que se negoció una suba del valor del producto. 

La polémica por el control de precios escaló la semana justamente cuando Tombolini anunció la “intensificación” de los controles en Carrefour, Coto y Cencosud, sobre productos de consumo masivo de Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Procter & Gamble, Unilever, Morixe y Colgate-Palmolive. “Constatamos que la mercadería que llega en los camiones coincida con lo pedido por los supermercados”, señaló el funcionario.

Este medio recogió que mientras los supermercados denuncian que reciben la mitad de la mercadería que piden a los proveedores de alimentos, bebidas y artículos de higiene, sobre todo nacionales, las acusadas responden que entregan 25% más que hace un año.

La fiscalización de La Dignidad no estará solo restringida a la canasta de 1900 productos de primera necesidad que integran el programa oficial. También revisarán algunas primeras marcas que están por fuera, con la intención de publicitar los casos en que haya aumentos de los precios. 

A las campañas por los precios de Barrios de Pie y La Dignidad podría sumarse en los próximos días el MTE de Grabois. Como reveló elDiarioAR, el dirigente social tuvo un contacto al respecto con Pablo Moyano el fin de semana. Además, tiene una cercana relación con Klejzer. Por ahora, su base se mantendrá al margen, a la espera de definiciones.

MC/MG

La Ciudad de Buenos Aires anunció que habilitó la línea 911 para denunciar controles ilegales de precios realizadas por sindicalistas y los movimientos sociales.

Así lo comunicó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a través de sus redes sociales en referencia a la tarea del sindicato Camioneros y las organizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita.

“CABA habilita el 911 para denunciar controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros”, publicó Miguel desde su cuenta de Twitter.

En la misma línea se expresó el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, quien responsabilizó al presidente Alberto Fernández de permitir “los aprietes” contra los comerciantes e hipermercados.

“Llamá y denunciá. Desde CABA vamos a cuidarte del apriete K. La inflación no se baja a los golpes. Llevan 16 de los últimos 20 años gobernando y todavía no se dieron cuenta”, afirmó Wolff.

En un video junto a la mano derecha del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la gestión porteña no naturalizará un accionar que consideran “ilegal” y denunció que “el control de precios no funcionó en ningún lugar del mundo”.

“Todo esto son bombas de humo para tapar lo que está ocurriendo: el dólar blue está 370, y escuchamos que salen a decir que no influyen en los precios”, enfatizó el ex diputado.

El monitoreo por parte de sindicatos y movimientos sociales generó revuelo en la oposición y empresarios que no dudaron en salir a criticar al Gobierno tras el lanzamiento de Precios Justos. Incluso, la titular de la Coalición Cívica - ARI, Elisa “Lilita” Carrió denunció penalmente al mandatario y su equipo económico.

Las organizaciones oficialistas Barrios de Pie, encabezada por Daniel “Chucky” Menéndez, y el Movimiento Evita de los dirigentes Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, también participarán de los operativos de controles de precios al igual que el sindicato de Camioneros.

Desde hace más de un mes, los militantes del Frente de Todos se sumaron a la polémica medida que busca combatir la inflación, y su participación cuenta con el aval de la Secretaria de Comercio, a cargo de Matías Tombolini.

Su tarea es la de capacitar a los ciudadanos en el uso de la aplicación Precios Justos, que permite realizar un seguimiento de los precios en góndola.

La respuesta de Pablo Moyano

Para el líder de Camioneros y miembro del triunvirato que dirige la CGT, Pablo Moyano, los dirigentes de Juntos por el Cambio “salen a inventar barbaridades. La oposición no deja de sorprenderme. Patricia Bullrich dice barbaridades”, disparó, al tiempo que aclaró que el rol de su gremio “era informar cuántos camiones salen. Después queda en la secretaría de Comercio constatar”.

De acuerdo a Moyano, “el papanatas de Felipe Miguel saca un 911 para que denuncien si se sienten intimidados por Camioneros. Mirá lo imbéciles que son estos tipos. Cada medida que toma el gobierno salen inmediatamente a desfilar. Nunca escuché a la oposición agradecer el esfuerzo que hicieron los trabajadores camioneros en la pandemia”, sentenció, antes de apuntar a los supermercados: “Especulan con los precios”.

Con información de NA.

IG

Desde que arrancó en noviembre el plan Precios Justos, que congeló el valor de 2.000 productos de consumos masivo y puso un tope del 4% mensual a las alzas de los demás artículos en supermercados, las grandes cadenas informan cada semana al secretario de Comercio, Matías Tombolini, cuántos bienes piden a sus proveedores y cuántos efectivamente reciben. De toda la lista de productos, entre los 2.000 congelados y los otros 20.000 con subas limitadas, los súper denuncian que les entregan la mitad de los que solicitan. Apuntan contra empresas de alimentos, bebidas y artículos de higiene, aunque sobre todo contra las grandes nacionales. No trascendieron sus nombres, aunque en el mercado pesan sobre todo Arcor, Molinos Río de la Plata, Ledesma, Aceitera General Deheza (AGD), Molino Cañuelas y Estancia Las Marías, según el rubro. En las compañías proveedoras aseguran que cumplen con lo comprometido, que incluso entregan un 25% más que hace un año y advierten que los supermercados piden hasta el doble que a principios de 2022. Entre las grandes cadenas figuran Carrefour, Changomas (que incluye la marca Walmart), Coto, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Día y La Anónima.

En la cartera de Tombolini afirman que sus inspecciones a supermercados y centros de distribución, profundizadas en las últimas semanas, muestran que más del 90% de los artículos congelados respetan los precios acordados, pero sólo se cumple con el 65% de las cantidades comprometidas. Por eso, el secretario se contactó con el Sindicato de Camioneros y su secretario de Logística, Oscar Borda, para controlar lo que estaba sucediendo en el reparto. En los supermercados, en lugar de rechazar los controles de abastecimiento que emprendieron el sindicato de Hugo y Pablo Moyano y las organizaciones sociales como Somos Barrios de Pie, están a favor de que quede en evidencia quiénes son los responsables de los faltantes. Otros, en cambio, advierten que los controles de precios pueden derivar en un mayor desabastecimiento, como en Venezuela. Por lo pronto, la opositora Elisa Carrió prometió denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y a Tombolini por presionar con lo que ella calificó de “grupos parapoliciales”.

En realidad, nunca llegan a faltar por completo determinados productos en las góndolas. Lo que escasean son ciertas presentaciones. Por ejemplo, pueden desaparecer las botellas de 1,5 litros de una gaseosa que está incluida en Precios Justos, pero se ofrecen otras de la misma marca de un tamaño mayor o menor. En las grandes cadenas señalan que los proveedores prefieren abastecer a los supermercados chinos y almacenes, donde no rigen los acuerdos y pueden remarcar más. A su vez, estos comercios más pequeños pierden mercado frente a la competencia de los grandes y sus ofertas y terminan ofreciendo menos variedad.

AR