El Senado mexicano aprobó este miércoles por unanimidad y en lo general la reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, esto en beneficio de unos 13,5 millones de trabajadores.

Esta reforma fue aprobada con 121 votos a favor y cero en contra, en lo general y en los artículos no reservados, el dictamen que reforma la Constitución en materia de reducción de la jornada laboral, indicó el Senado.

La aprobación en lo general ocurre cuando el Senado avala la totalidad de la reforma constitucional. Los artículos no reservados, en tanto, son aquellos sobre los que no hubo desacuerdos y que los senadores aceptan tal como aparecen en el dictamen, sin necesidad de modificaciones ni de un debate adicional.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

Asimismo, la iniciativa fue planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en diciembre y plantea modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución mexicana estableciendo una implementación gradual entre 2026 y 2030.

El proyecto ya superó el trámite en la Cámara alta y el siguiente paso es su envío a la Cámara de Diputados, última instancia legislativa.

Si bien la reforma fue avalada por unanimidad, la aprobación enfrentó a los senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) con los opositores partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes criticaron fuertemente la modificación al citado Artículo 123 y exigieron de inmediato se aplique la reducción de la jornada laboral.

“Es un acto de justicia para con los trabajadores, sí. Pero a ver también es un acto de justicia a medias”, dijo el senador del PAN, Marko Cortés ante el Pleno del Senado.

“Es una justicia a medias porque en México el 55 % de los trabajadores están en la informalidad, o sea, que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada”, afirmó el senador Cortés.

Y cuestionó “¿por qué esperar hasta el 2030 y no comenzar ya con las 40 horas? Quiero entender que el gobierno pactó con el sector empresarial que fuera así gradual (...) pero entonces díganle a los trabajadores que esta reforma de las 40 horas es hasta el 2030, que podrían, porque tienen la mayoría, hacerla ahora a partir del 2026 y se la está negando a los trabajadores”.

EFE

“¿Para qué sirvieron todos esos avances tecnológicos, entonces?”, se preguntó Luiz Inácio Lula da Silva ante el Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), al proponer reducir la jornada laboral en Brasil. El mandatario defendió el fin de la jornada 6 por 1 —seis días de trabajo y uno de descanso— y llamó a pensar una redistribución del tiempo laboral como respuesta a los incrementos de productividad.

“La producción aumenta, pero los salarios caen. Eso no tiene sentido”, argumentó. Lula no presentó un proyecto de ley, pero instó al Consejo —integrado por empresarios, sindicatos y movimientos sociales— a analizar la viabilidad de bajar la jornada legal, actualmente de 44 horas semanales, a 40. El debate se da en simultáneo con una propuesta de enmienda constitucional que apunta en esa dirección y ya circula en el Congreso Nacional.

El planteo del presidente brasileño se suma a una corriente regional que pone en discusión la duración del trabajo en contextos de automatización, concentración de la riqueza y crisis de bienestar. Apenas un día antes, México oficializó una iniciativa legislativa con alcance histórico: reducir progresivamente la jornada de 48 a 40 horas semanales sin baja salarial ni pérdida de derechos.

“Es un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada”, expresó la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, al presentar el proyecto de Claudia Sheinbaum. La reforma será gradual —dos horas menos por año entre 2027 y 2030— y fue diseñada tras cinco meses de foros con más de 2.000 actores sociales, incluyendo sindicatos, empresas y académicos.

Mientras Brasil y México avanzan hacia una reorganización del tiempo de trabajo en clave de bienestar, en la Argentina el Gobierno impulsa una reforma laboral en sentido contrario. El presidente Javier Milei, con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado, propone flexibilizar convenios colectivos, facilitar despidos y eliminar derechos adquiridos. Los gremios rechazaron el proyecto por considerarlo “inconstitucional, antisindical y regresivo”.

En México y Brasil, el foco está en distribuir mejor el tiempo generado por el crecimiento tecnológico. En Argentina, en cambio, la reforma oficialista busca reducir costos laborales sin contemplar el impacto social. Lula recordó que, cuando era sindicalista, 40.000 trabajadores producían 1.200 autos; hoy 12.000 fabrican el doble. “¿Por qué no se redujo la jornada?”, preguntó. Su respuesta: redistribuir ese excedente en tiempo libre para el pueblo.

El Consejo asesor convocado por Lula elaborará propuestas que luego pueden ser tomadas como base legislativa. Aunque sin fuerza de ley, el gesto presidencial instala el tema en la agenda pública y consolida una perspectiva común con México: priorizar la salud mental, el equilibrio vital y los derechos laborales en el marco de un nuevo contrato social.

JJD

El primer piloto nacional de semana laboral de cuatro días, impulsado por el gobierno de Islandia entre 2015 y 2019, arrojó resultados contundentes: no solo no cayó la productividad, sino que mejoró en la mayoría de los sectores. Desde entonces, se multiplicaron los ensayos en Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón. Las experiencias, variadas en su diseño, tienen un punto en común: trabajar menos no implicó producir menos.

En el caso islandés, más de 2.500 personas participaron en programas piloto del Estado y el Ayuntamiento de Reykjavík. Se mantuvieron los salarios y se redujeron las horas semanales de 40 a entre 35 y 36. Los trabajadores reportaron menor estrés, mejor equilibrio entre vida personal y empleo, y menos agotamiento. A partir de ese estudio, cerca del 86% de la fuerza laboral islandesa ya accedió a jornadas reducidas o con derecho a solicitarlas.

En 2022, el Reino Unido llevó adelante el mayor experimento mundial: 61 empresas y más de 2.900 empleados adoptaron el esquema 100-80-100 (100% del salario, 80% del tiempo, 100% del compromiso). El 92% de las firmas mantuvo la política tras los seis meses de prueba. Las ausencias cayeron un 65% y los pedidos de licencia por enfermedad bajaron un 71%. Además, las empresas vieron un aumento promedio del 35% en sus ingresos en comparación con el mismo período del año anterior.

En Portugal, el Gobierno socialista de António Costa inició en 2023 un piloto con 39 empresas voluntarias del sector privado. Aunque todavía no se publicaron resultados definitivos, el Ejecutivo adelantó que más del 80% de las firmas evalúan continuar con el esquema reducido. El modelo luso se diferencia por evitar la rigidez: cada empresa adaptó la reducción horaria de acuerdo con sus necesidades, a cambio de comprometerse a evaluar el impacto en productividad, salud y género.

España optó por financiar con fondos públicos la transición de pequeñas y medianas empresas. Con una inversión inicial de €10 millones, el plan piloto impulsado por el Ministerio de Industria apuntó a que las empresas prueben el modelo sin perder competitividad. Los primeros resultados, aún parciales, muestran mejoras en motivación, innovación y retención de talento.

En Canadá y Estados Unidos, varias empresas del sector tecnológico y servicios adoptaron el esquema con base en acuerdos internos, sin intervención estatal. Buffer, una firma de software, registró un 91% de empleados más felices tras un año de prueba. En Japón, el gigante Microsoft implementó en 2019 una semana de cuatro días con aumento del 40% en productividad. El Gobierno japonés recomendó oficialmente esta modalidad como forma de promover el bienestar y enfrentar la baja natalidad.

“Es una tendencia global que responde a una doble necesidad: mejorar la calidad de vida y adaptar el trabajo a una economía postindustrial, menos centrada en la presencia física y más en los resultados”, explicó Juliet Schor, economista del Boston College y una de las investigadoras del ensayo británico.

Los sindicatos también comienzan a incorporar el reclamo. En Alemania, el poderoso gremio IG Metall pidió en 2020 una semana laboral de 4 días para enfrentar la automatización y preservar el empleo en la industria. En Francia, donde la jornada de 35 horas rige desde 2000, los debates se reactivaron este año en medio del avance del teletrabajo y la fatiga laboral.

Las experiencias no están exentas de críticas: algunos expertos alertan sobre posibles efectos regresivos si no se garantiza la reducción para todos los sectores y no se controla la intensificación del trabajo. También existen dudas sobre su viabilidad en economías de menor escala o con altos niveles de informalidad.

Sin embargo, los resultados preliminares coinciden en que la semana laboral de cuatro días, bien implementada, puede ser una herramienta eficaz para mejorar el bienestar sin sacrificar productividad. A medida que crecen los desafíos del futuro del trabajo, la pregunta ya no es si es posible, sino bajo qué condiciones puede funcionar para todos.

En la Argentina, el debate sobre la reducción de jornada tomó impulso parlamentario en 2023, cuando se presentaron varios proyectos para acortar la semana laboral sin reducción salarial. Las propuestas, impulsadas por diputados del Frente de Todos y el Frente de Izquierda, incluían jornadas máximas de entre 36 y 40 horas semanales. Aunque perdieron estado parlamentario, abrieron un debate inédito en el Congreso.

La CGT y la CTA expresaron su apoyo a discutir la reducción como una herramienta para distribuir el trabajo y mejorar la calidad de vida, especialmente ante el avance de la automatización y los altos niveles de informalidad. Sin embargo, las cámaras empresarias rechazaron la posibilidad por considerar que encarecería los costos laborales, en un contexto económico de recesión e incertidumbre.

En el sector privado, algunas empresas de tecnología y servicios comenzaron a implementar esquemas de cuatro días en forma experimental, pero sin marcos normativos que acompañen el proceso. En 2022, una firma de software con sede en Córdoba redujo la jornada semanal a 36 horas, con resultados positivos en clima laboral y eficiencia, aunque sin datos oficiales sistematizados.

Con un régimen laboral aún basado en una ley de 1929 y sin cambios estructurales desde hace décadas, la Argentina observa las experiencias internacionales como posibles referencias futuras. En medio de un fuerte ajuste del Estado y flexibilización de derechos, el horizonte de trabajar menos sin perder salario parece distante, pero sigue en agenda gremial y parlamentaria.

JJD

En la Cámara de Diputados de la Nación hay al menos cuatro proyectos de ley que proponen reducir la jornada laboral en Argentina. Todos tienen estado parlamentario, pero ninguno fue discutido en comisiones ni en el recinto. Mientras el mundo debate cómo trabajar menos y mejor, el Congreso argentino mantiene congeladas iniciativas que podrían modificar una norma vigente desde hace casi un siglo.

Los proyectos apuntan a reformar la ley 11.544, sancionada en 1929, que establece un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales. La propuesta más amplia es un proyecto unificado firmado por 17 diputadas y diputados, en su mayoría del oficialismo y con fuerte presencia sindical. Establece una jornada de seis horas diarias o 36 semanales sin reducción salarial. Habilita una jornada de siete horas si se concentra en cinco días, consagra el derecho a la desconexión digital y actualiza los recargos por horas extras. También modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo para adaptar el nuevo límite a distintos sectores.

Otro proyecto, del diputado Guillermo Snopek, propone una reducción similar pero con aplicación progresiva y un plazo de transición de hasta 90 días. Su propuesta modifica también los regímenes laborales especiales: incorpora la jornada reducida en el trabajo agrario, en el servicio doméstico y en el teletrabajo. En sus fundamentos, Snopek advierte que la ley vigente “responde a un modelo productivo del siglo XX que ya no existe”. Y destaca que la jornada de seis horas podría reducir la desigualdad, el desempleo y la brecha de género. Cita además los beneficios ambientales de acortar el tiempo laboral: menos traslados, menos emisiones y más tiempo libre.

Un tercer proyecto, presentado por la izquierda, se centra en una situación específica: el Hospital Garrahan. La diputada Vanina Biasi impulsa una ley que reconoce la insalubridad generalizada en ese centro de salud pediátrico y reduce la jornada para todo el personal, incluidos residentes y tercerizados. El texto prevé jornadas de seis horas para quienes hoy cumplen diez, licencias por estrés y un régimen jubilatorio diferencial. La iniciativa surgió de asambleas de trabajadores y fue presentada en medio de un prolongado conflicto gremial.

La cuarta propuesta retoma un expediente anterior del año 2023. Presentado en septiembre de 2025, plantea la reducción general de la jornada a seis horas, con topes de cinco para tareas nocturnas o insalubres. Como los otros proyectos, garantiza que la disminución horaria no afecte el salario. Establece una adecuación progresiva de hasta 180 días y se apoya en los Convenios 1 y 47 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueven la reducción del tiempo laboral sin deterioro del nivel de vida.

La ley vigente fue inspirada por el Convenio N° 1 de la OIT, aprobado en 1919, y adoptada en Argentina en 1929. Establece una jornada máxima de ocho horas diarias, con algunas excepciones. Casi todos los convenios colectivos se rigen hoy por ese límite. La Ley de Contrato de Trabajo (1976) lo reafirma para el empleo privado. Aunque los avances tecnológicos, los cambios demográficos y la expansión del teletrabajo transformaron las formas de producir, el tiempo de trabajo legal sigue siendo el mismo que hace 95 años.

El Congreso no discute estas propuestas. Las iniciativas están presentadas, pero duermen el sueño de los justos. La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, presidida por el oficialismo, no convocó a tratar ninguna. Tampoco hubo audiencias ni dictámenes. En un escenario de ajuste económico y ofensiva contra los derechos laborales, la reducción de jornada parece fuera de agenda.

Del lado sindical, en cambio, el tema tiene fuerte respaldo. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT expresaron su apoyo a las iniciativas. Coinciden en que “trabajar menos para trabajar todos” puede ser una vía para reducir la desocupación. También plantean que una jornada más corta permitiría redistribuir las tareas de cuidado, que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres.

Las referencias internacionales son una parte central de los fundamentos. Francia adoptó en 2000 una jornada de 35 horas semanales. Alemania tiene un límite de 37,5. Islandia ensayó entre 2015 y 2019 una jornada reducida sin pérdida de productividad ni de salario. En América Latina, Chile aprobó en 2023 una ley para bajar progresivamente de 45 a 40 horas semanales. Colombia y Brasil tienen topes legales menores que los de Argentina.

La discusión sobre la jornada laboral pone en juego una pregunta básica: ¿cuánto tiempo debe ocupar el trabajo en nuestras vidas? El paradigma de “tiempo completo” de ocho horas diarias nació hace más de un siglo, en un mundo industrial y masculino. Hoy convive con la automatización, la digitalización, el envejecimiento poblacional, la precariedad y las tareas de cuidado. Actualizar la jornada laboral es una forma de redistribuir tiempo, salud, ingresos y poder.

JJD

En la Cámara de Diputados de la Nación hay al menos cuatro proyectos de ley de autoría de diputados de izquierda que abrazan la idea de reducir la jornada laboral. Pero esas iniciativas funcionan también como una excusa política para apuntar contra uno de los escándalos laborales más visibles del momento: los incumplimientos de los fallos judiciales que ordenan la reinstalación de trabajadores despedidos por Georgalos. En su narrativa, la izquierda plantea que la negativa patronal no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más general de precarización bajo el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los proyectos parlamentarios del Frente de Izquierda no solo proponen una jornada más corta; también se apoyan en denuncias de atropellos contra trabajadores en conflicto, con Georgalos como emblema. En particular, uno de los proyectos es presentado por Christian Castillo (PTS-FIT Unidad), quien ha utilizado cada paso del trámite como altavoz para denunciar el conflicto de la firma de golosinas.

Aunque los textos legislativos tienen fundamentos propios —argumentan que la jornada de ocho horas es obsoleta, que la automatización y el teletrabajo requieren una nueva regulación, que reducir tiempo de trabajo puede prevenir desempleo— Castillo y el bloque del FIT lo vinculan explícitamente al caso Georgalos. En sus intervenciones públicas y parlamentarias ha señalado que la persistencia de despidos y el desconocimiento de los fallos judiciales revelan “el plan del ajuste patronal respaldado por el Estado”.

En redes sociales, Castillo afirmó: “Con los trabajadores de Georgalos que reclaman que la empresa cumpla los fallos de reinstalación por despidos ilegales. Todo nuestro apoyo”. En un acto frente a la planta de la empresa en Victoria, el 3 de octubre de 2025, estuvieron presentes diputados del FIT Unidad, quienes exigieron que la empresa cumpla con los mandatos judiciales que ordenan la reincorporación de al menos cuatro trabajadores.

Qué es Georgalos y cómo estalló el conflicto

Georgalos es una empresa histórica de la industria alimenticia argentina, conocida por producir golosinas y snacks. En junio de 2025, la planta ubicada en Victoria (San Fernando, Buenos Aires) despidió a cinco trabajadores con más de 20 años de antigüedad, acusándolos de “sabotaje” durante medidas de fuerza gremiales. Los trabajadores afirman que la empresa redujo dotaciones por máquina y aumentó ritmos de producción, lo que provocó fallas y pérdida de premios salariales.

El conflicto derivó en medidas de fuerza impulsadas por el STIA, que fueron respondidas con despidos. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, pero Georgalos no la acató. Luego llegaron los fallos judiciales: tres jueces laborales ordenaron la reinstalación de trabajadores y fijaron multas por incumplimiento. Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso a planta, incluso después de recibir notificaciones formales.

Al menos tres de los despedidos cuentan con fueros gremiales por haber sido candidatos en las elecciones internas del gremio de la alimentación. El caso de Alejandro Martínez, con fallo favorable, es paradigmático: fue derivado a un control médico sin sentido, usado por la empresa como excusa para dilatar su ingreso.

Despidos bajo Milei: ajuste, recesión y desprotección laboral

El conflicto de Georgalos no es una excepción. En 2025, bajo el Gobierno de Javier Milei, los despidos se multiplicaron en el sector privado, mientras el Estado recortó plantillas, suspendió obras y eliminó programas sociales. El ajuste se aplicó con foco en “bajar la inflación”, pero sin recuperación económica, con salarios reales pulverizados y consumo en caída.

Para el Frente de Izquierda, lo que sucede en Georgalos es un espejo del modelo económico que ejecuta Milei: un mercado laboral sin regulaciones, con justicia laboral debilitada y empresas que desoyen fallos judiciales con impunidad. En palabras de Christian Castillo: “Los despidos van a aumentar por goteo si no hay resistencia organizada. La Justicia falló a favor de los trabajadores, pero la empresa los ignora. ¿Quién gobierna: la ley o los empresarios?”

Los proyectos legislativos para reducir la jornada laboral funcionan en este caso como plataforma de denuncia. La izquierda usa el Congreso como caja de resonancia, frente a un Poder Legislativo que no discute estas iniciativas y frente a un Poder Ejecutivo que no fiscaliza ni hace cumplir las leyes laborales.

JJD

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, ratificó la posición del Gobierno en favor de una reducción de la jornada laboral, ya que afirmó que la situación actual “es uno de los resabios más anticuados de la legislación” argentina.

Luego de que la CGT planteara como un punto importante la necesidad de avanzar en ese sentido, la funcionaria nacional subrayó: “Estamos de acuerdo. Es uno de los resabios más anticuados de nuestra legislación seguir planteando una jornada de 48 horas semanal”.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete explicó que el Gobierno no quiso insistir con “un planteo propio” y señaló: “Pensamos que estaba un debate en el Congreso y quisimos apoyar el consenso que se alcanzara para avanzar en esta materia”.

Sin embargo, planteó dos puntos importantes que debería contemplar una ley que modifique la reducción de la jornada laboral: “Que se alcance progresivamente ese nuevo horario y que deje un marco importante para la negociación tripartita, dada la heterogeneidad de actividades y la necesidad de adaptar esta duración de la jornada dada las características de cada actividad”.

A falta de un mes para el final del mandato del presidente Alberto Fernández, Olmos reconoció que la gran deuda pendiente tiene que ver con “el poder adquisitivo de los ingresos” y recordó que su cartera sostuvo “las paritarias libres” y se “redujeron los plazos de homologación” de los acuerdos salariales.

“Lo que más afecta la capacidad adquisitiva de los salarios es el problema inflacionario, que tiene que ver con un desequilibrio macroecónomico”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La última vez que se modificó la jornada de trabajo máxima en España fue hace 40 años. En 1982, Felipe González se hizo con la presidencia del Gobierno, el primer gobierno de izquierdas posterior a la dictadura franquista. Una de sus promesas electorales más populares era el recorte de la jornada a las 40 horas semanales, “reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda”, recuerda Joaquín Almunia, el ministro de Trabajo en aquel momento. La ley levantó a los empresarios, que pusieron “el grito en el cielo”, pero también acabó siendo motivo de “mucha bronca” con los sindicatos y “el inicio de la ruptura de UGT con el PSOE”, coinciden varios actores de la época.

Al igual que Sumar incluyó el recorte de la jornada laboral como una de sus medidas estrella en la pasada campaña electoral, el PSOE de Felipe González hizo lo propio hace cuatro décadas, de cara a los comicios generales de octubre de 1982, que dieron a los socialistas una amplísima mayoría absoluta, con 202 diputados.

Además de la creación de 800.000 puestos de trabajo, los socialistas enarbolaron la bandera sindical de la jornada de 40 horas semanales, sin reducción de salario, para ser aprobada en el primer año de mandato, y la ampliación de las vacaciones a 30 días naturales. Con el Estatuto de los Trabajadores recién aprobado dos años antes, en 1980, las vacaciones eran entonces de 23 días naturales y la jornada “de trabajo efectivo” podía alcanzar las 43 horas semanales si era partida (con una hora de descanso diaria como mínimo) y de 42 horas semanales si era continuada.

“Habíamos conocido las jornadas de 48 horas a la semana hacía poco, estuvo vigente hasta el año 1976”, cuando se redujo a 44 horas semanales, destaca el catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo. Así, en apenas seis años las normas laborales habían reducido notablemente las horas legales de trabajo. “Fue muy relevante, algo histórico”, recuerda Rojo.

A finales de diciembre de 1982, menos de un mes después de la toma de posesión del gobierno socialista, el Consejo de Ministros aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales para que fuera tramitada en las Cortes y que entrara en vigor a mediados del año siguiente. El ministro Almunia presentó ante la prensa la reducción de la jornada máxima como una reivindicación “ampliamente sentida” por la sociedad, que alcanzaba a cuatro millones y medio de trabajadores, y subrayó que la medida acercaba a España “a los niveles europeos”.

La CEOE en rebeldía y una coma fantasma

En la misma rueda de prensa de diciembre del 82, los ministros socialistas ya tuvieron que responder a las críticas de la patronal CEOE, y en concreto las de la banca, que se revolvieron en contra de la medida desde un inicio. Los empresarios defendieron que, en caso de reducirse la jornada, esta disminución tendría que tener una repercusión en los salarios. “La filosofía de la CEOE en este sentido es que, si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos”, recogía ABC en esos días.

Con argumentos similares a las críticas actuales de la patronal al acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar para reducir la jornada a las 37 horas y media, como el aumento de costes, la afectación al empleo y la vulneración de la negociación colectiva, entonces el tono de las organizaciones empresariales era “más duro”, considera Joaquín Almunia en conversación con elDiario.es.

“La CEOE tuvo ya un tono intolerable en la campaña electoral y le costó digerir los resultados de las elecciones”, apunta Almunia. Dado que tenían una mayoría muy holgada, el Ejecutivo de Felipe González inició su hoja de ruta en seguida, lo que “no sentó nada bien” a la patronal, dirigida por su presidente Carlos Ferrer Salat, “más dialogante”, pero con José María Cuevas como secretario general, “que tenía un tono más agrio”, valora el entonces ministro de Trabajo.

A días de aplicarse la medida, José María Cuevas declaró la insumisión a la nueva norma ante los medios: “La CEOE no acepta la entrada en vigor del decreto que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo”, ya que consideraba que iba en contra del Acuerdo Interconfederal de 1983. La patronal anunció la denuncia de “la mayoría de los convenios firmados”, que dio lugar a una batalla judicial sobre la interpretación y aplicación de la norma con “muchos conflictos colectivos”, recuerda Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO.

Por un lado, los tribunales dieron la razón a los sindicatos en que la norma tenía una aplicación inmediata, ya desde julio de 1983, independientemente de que los convenios se hubiesen pactado previamente, algo que confirmó el Constitucional en 1990. Por otro lado, la justicia falló a favor de los empresarios en la posibilidad de la distribución irregular del horario dentro de la jornada anual, lo que permitía superar algunas semanas el límite de 40 horas en favor de otras más cortas, según la actividad de la empresa.

“De algo malo, la reducción de la jornada, conseguimos un efecto bueno, pactar la jornada anual, globalizar la jornada. Provocó una gran conmoción en Europa, recuerdo perfectamente la carta de la patronal alemana felicitándonos”, explica Fabián Márquez, presidente de Arinsa y negociador durante años de la patronal. “Fueron meses de mucha tensión y negociación”, recuerda, ya que muchas empresas mantenían jornadas que superaban el nuevo límite legal. “Entonces los bancos abrían los sábados”, responde Márquez sobre el porqué de tanta hostilidad del sector financiero.

Joaquín Almunia relata una “anécdota” que da cuenta de la tensión en la tramitación parlamentaria de la medida. “Había una coma que se movía en el texto y cambiaba el sentido en contra de la voluntad del legislador. Cuando salió el texto de la ponencia, se lo dije a los letrados de las Cortes y se corrigió, pero después el texto volvía a tener la coma”, sostiene el socialista. “Nunca lo pude probar, pero creo que había alguien de CEOE detrás”, añade Almunia. ABC da cuenta en una información del 23 de julio de esta coma fantasma, con la que se indica que la patronal había hecho su interpretación sobre la aplicación de la ley.

Conflicto sindical y 'divorcio' con UGT

Sin embargo, las discusiones no se limitaron al lado de los empresarios. Desde su anuncio en diciembre de 1982, “la tramitación de la norma estuvo marcada por las incidencias”, explica Agustín Moreno, entonces secretario de Acción Sindical de CCOO, más tarde dedicado a la enseñanza y a la política (ex diputado regional de Unidas Podemos en Madrid).

Más allá de la coma fantasma que favorecía a la CEOE, los sindicatos mayoritarios lanzaron duras críticas contra el Gobierno cuando este publicó una instrucción sobre cómo debía aplicarse el límite de 40 horas a la semana en lo que quedaba de año, con un cómputo que reflejaba más horas que las que anotaban los sindicatos. Las centrales sindicales acusaron directamente al Ejecutivo de Felipe González de plegarse a la CEOE y desvirtuar “plenamente el contenido de la ley”, apuntaba CCOO a los medios de la época.

La disputa fue especialmente relevante en el caso de UGT, por la unión histórica existente con el PSOE, que se rompería pocos años después. Nicolás Redondo, entonces líder del sindicato, tuvo un “enorme cabreo” con la actuación del Gobierno socialista sobre la aplicación de las 40 horas de jornada, sostiene Fernando Luján, actual vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Por aquel entonces, Nicolás ya acuñó la frase que luego repetiría 'no hay más radical que un moderado engañado'. Empezó ahí su divorcio con Felipe González”, explica Luján.

Agustín Moreno coincide, de su amistad de años y conversaciones con Redondo (fallecido hace unos meses), en que el encontronazo sobre la jornada de 40 horas a la semana fue “el principio de la ruptura histórica del PSOE y UGT”, cuando se “rompió una confianza” que se resquebrajaría después con más conflictos, como el proceso de reindustrialización, la reforma de pensiones y el plan de empleo juvenil que dio lugar a la gran huelga del 14-D de 1988, entre otros.

“Creo que muy rápidamente el PSOE tomó consciencia de que no quería enfrentarse tanto a la patronal”, valora Moreno, que destaca que la flexibilidad permitida impedía el espíritu de reparto del trabajo que defendían los sindicatos con las 40 horas bajo el lema 'Trabajar menos para trabajar todos'.

Joaquín Almunia sigue defendiendo que “había que graduar” la aplicación de la medida, por lo que reconoce que discutió mucho con los sindicatos. El entonces responsable del Ministerio de Trabajo advierte de la difícil situación del mercado laboral de la época, con altos niveles de paro y una economía afectada por varias crisis, entre ellas inflacionistas, que los socialistas heredaron del anterior gobierno. “Había que ser cuidadosos con los efectos no deseados”, considera.

Fabián Márquez, negociador con la patronal, cree que “Almunia fue consciente de la repercusión que iba a tener eso en las empresas, en el país”. Advierte de que, aunque muchos sectores ya tenían jornadas pactadas en este sentido, otras actividades no y tenían que adaptarse al cambio. “Como ocurre ahora, no todas podrán hacerlo”, sostiene Márquez, que señala en especial a los sectores de hostelería y comercio y a las pequeñas empresas.

En la parte trabajadora, consideran que la “sobreactuación” de los empresarios en los 80 se está replicando en el presente, indica Fernando Luján, que pone el acento en que los pronósticos fatalistas de las patronales no se cumplieron hace cuarenta años ni lo harán ahora, cuando considera que la reducción de la jornada mejorará la productividad.

“Siempre lanzan mensajes catastrofistas y esto no hunde nada, como no lo ha hundido la reforma laboral ni el salario mínimo”, destaca también Enrique Lillo. Agustín Moreno defiende que el acuerdo de gobierno es “moderado” y recuerda que la reivindicación sindical se sitúa en las 35 horas a la semana, jornada que reguló Francia hace más de 20 años. “La jugada de la CEOE es poner pie en pared, impedir que se vaya a más, pero este debate debería seguir, no puede quedarse en las 37 horas y media”, sostiene.

Hablar de la conciliación entre la vida laboral y personal parece el principio de un mal chiste en España. Según datos de la OCDE, en España se trabajaban 1.644 horas anuales por empleado, una media de 37,70 horas por semana. Aunque está ligeramente por debajo de la media de la OCDE (1.752 horas), superan con creces las 1.341 horas al año de Alemania, las 1.427 de los Países Bajos o las 1.511 de Francia. 

Estos datos parecen contradecir la leyenda negra de los españoles perezosos y sesteadores, pero no cuentan toda la historia. En realidad, el número de horas que los españoles pasan en el trabajo es muy superior debido a los horarios partidos, los desplazamientos a este, y las horas extra, en muchos casos no contabilizadas ni compensadas. Esas jornadas largas y diseminadas hacen que los trabajadores en España lleguen a casa mucho más tarde que otros europeos, algo que dificulta la vida familiar, el desarrollo personal y tiene graves consecuencias para la salud mental y física.  

Lo más triste es que, también con datos de la OCDE, a pesar de las largas horas en el trabajo, la productividad en España, medida como PIB dividido por las horas trabajadas, es de las más bajas. Con datos de 2022, por cada hora trabajada en España se producen 101 dólares (empleando esta moneda para poder comparar con el resto de los países). El valor es el mismo que en Francia, pero allí se alcanza con muchas menos horas trabajadas. En Portugal, donde se trabaja casi el mismo número de horas que en España, cada una de ellas produce nada menos que 110 dólares. En Alemania, cada hora produce 107 dólares, por encima de la media, con el menor número de horas trabajadas. ¿Qué está pasando?

Más horas no significa más productividad

Todos nos acordamos de aquel problema de matemáticas el colegio. Si un obrero levanta una pared de tres metros en una hora, ¿cuánto tardará en levantar un muro de nueve metros? Puesto así, las matemáticas no fallan: trabajando más horas, la productividad es mayor. 

Lo que ocurre es, aplicándolo a la vida real, las cuentas no salen exactamente así. La productividad en economía se define como el dinero o trabajo producido por hora. Con algunas excepciones como Estados Unidos (muchas horas y mucha productividad), en la mayoría de los países de la OCDE se cumple que, en general, cuantas más horas se trabaja, más baja es la productividad.

Esta aparente paradoja tiene múltiples causas. La ciencia económica viene al rescate con otra medida, la productividad total de los factores (TFP por sus siglas en inglés), que tiene en cuenta la contribución de los distintos factores que determinan la capacidad de producir, además del tiempo, como por ejemplo el uso de tecnología y de capital. Según un análisis de Funcas de 2021, España también está a la cola de Europa en estos valores, ya que se queda atrás en capital tecnológico, humano, público y por empleado. 

En la práctica esto se traduce en que, por ejemplo, una empresa alemana que ha invertido en un sistema informático avanzado puede hacer en unas horas el trabajo que a una empresa española que no dispone ni de la tecnología ni los recursos ni el personal cualificado, le costaría varios días. 

Pero además de estos factores estructurales, hay otros muchos que tienen que ver con la capacidad humana.

Más horas en la oficina, menos horas trabajadas

En realidad, nadie trabaja ocho horas seguidas al día. Paramos para comer, leemos las noticias, consultamos las redes sociales, enviamos mensajes, vamos al baño y, si trabajamos desde casa, hacemos la colada, sacamos al perro a pasear o pasamos tiempo con los niños.

¿Cuántas horas se trabaja realmente al día? Una encuesta de la comunidad laboral anónima Blind recopiló casi 10.000 respuestas de profesionales verificados. El usuario que creó la encuesta admitió que, como ingeniero de software, sólo trabaja entre tres y tres horas y media al día, porque más allá nota que empieza a agotarse mentalmente, y necesita al menos dos horas de descanso para recargar las pilas. Los desarrolladores no son los únicos.

Los resultados finales de la encuesta revelaron que el 45% de las personas trabajan realmente cuatro horas al día, y algunos incluso menos. Un estudio similar realizado por el sitio web de empleo Zippia corroboró estos datos, resultando que, durante una jornada laboral de ocho horas, el trabajador medio sólo pasa cuatro horas y 12 minutos trabajando activamente. La investigación descubrió que el 47% de los trabajadores navega por Internet durante su horario de trabajo y el 78% afirma que no necesita ocho horas para completar su trabajo diario. 

Todo esto no es un fallo, sino una característica del cerebro humano. Para empezar, a las personas no nos resulta fácil mantener la atención en una tarea. Se calcula que los adultos se distraen a los 20 minutos de estar enfocados en algo. Además, cuando nos interrumpen, nos cuesta hasta media hora volvernos a concentrar en lo que estábamos haciendo. 

Esto también explica por qué en las oficinas la productividad es tan baja, donde las interrupciones son constantes y las reuniones –muchas veces innecesarias– trocean la jornada hasta el punto de que es imposible trabajar ininterrumpidamente. Según Harvard Business Review, los datos verifican una mayor productividad para las personas que teletrabajan en la economía del conocimiento (trabajos de oficina).

Si la cultura de tu empresa o de tu país es presencialista y te obliga a estar en la oficina 10 o 12 horas, es más fácil que te distraigas durante ese tiempo y lo emplees para hacer la compra en Internet, gestiones personales o mirar redes sociales en el móvil. 

En una encuesta en el Reino Unido con 2.000 personas se comprobó que de todo el tiempo que pasaban en la oficina solo eran productivas durante dos horas y 53 minutos de media. Las actividades que ocupaban el resto del tiempo eran, por orden de importancia, leer las noticias en Internet, mirar Facebook, hablar de trabajo con los compañeros, buscar trabajo, fumar, hacer llamadas a amigos y familia, tomar café, enviar mensajes, comer y preparar comida. Por el contrario, si sabes que a las siete de la tarde apagan las luces y tu trabajo se mide por objetivos y no por horas, tendrás un incentivo para concentrarte más para acabar el trabajo en el menor tiempo posible. 

El horario de trabajo y el bienestar

Las jornadas de menos horas también hacen que los trabajadores sufran menos estrés, cometan menos errores, puedan destinar más tiempo a su crecimiento personal y sean más creativos, según los datos de la Universidad Luiss en Roma. En una economía globalizada, argumentan los autores, la creatividad es un factor mucho más importante para la competitividad que las horas trabajadas.

La productividad también tiene que ver con el desarrollo económico. En general, cuanto más rico es el país, menos horas se trabajan. La teoría es que en los países más ricos hay más capital disponible para cada empleado, mejores infraestructuras, más inversión en tecnología, menos corrupción y una gestión más profesional.

Entonces, ¿por qué en países ricos como el Reino Unido o Estados Unidos se trabajan tantas horas en comparación con países que tienen un nivel de riqueza similar, como Alemania o Noruega? Según un estudio de la universidad de Harvard, la respuesta parece estar en la desigualdad económica. 

Este factor se mide con el índice GINI, que va de cero, igualdad absoluta, a uno, desigualdad absoluta. Dinamarca tiene un 0,25, mientras que en España es de un 0,35 y en Estados Unidos alcanza el 0,4. Cuando la diferencia entre el sueldo de los jefes y los empleados es muy grande, la gente trabaja más horas con la esperanza de que los asciendan. 

La mayoría de los estudios coinciden en que la calidad y a satisfacción con la vida aumenta cuando disminuyen las horas dedicadas al trabajo. Un estudio con más de 72.000 personas concluyó que las horas de trabajo afectaban directamente al equilibrio entre la vida laboral y personal, la felicidad, la frecuencia de las reuniones con amigos y el estrés. Por su parte, una investigación de la Encuesta Social Europea señaló que trabajar menos horas contribuye a una mayor satisfacción vital, y que la salud desempeña un papel esencial en esta relación. 

Trabajar muchas horas es perjudicial para la salud, algo que corrobora un estudio publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet sobre el riesgo de padecer 50 enfermedades comunes. En especial, las jornadas laborales prolongadas estaban asociadas con mayor incidencia de infecciones, diabetes, dolor crónico, y muerte por enfermedad cardiovascular antes de los 65 años. En sentido contrario, en una revisión de estudios se comprobó que una reducción de la jornada, manteniendo el mismo sueldo, mejorar el bienestar reduciendo el estrés y aumentando la calidad del sueño. 

Los resultados en todo el mundo cuando se implementan jornadas de trabajo más cortas no dejan lugar a dudas. Una empresa en Nueva Zelanda aumentó su productividad al reducir la jornada a 32 horas semanales. En Dinamarca la semana laboral media es de 32 horas y, en Holanda, solo de 29. Como era de esperar, son lugares en los que la gente está más satisfecha con su vida.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, participó hoy del debate sobre la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y defendió los cambios propuestos, pero pidió que se realicen de “manera progresiva y escalonada”. “No se puede hacer de un día para el otro porque tiene que haber un horizonte de previsibilidad en relación a esa modificación”, señaló.

La titular de la cartera laboral se mostró favorable a la propuesta de modificar la ley vigente que, desde 1929, establece una jornada de 48 horas semanales. “Nosotros como ministerio apoyamos esta iniciativa y promovemos que , de adoptarse una modificación hacia la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizadas semanalmente, se haga de manera escalonada”, sostuvo. “Por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”, agregó.

En la misma línea se expresaron Pablo Anino, editor de Economía de La Izquierda Diario, y Claudia Ormaechea, autora de uno de los siete proyectos que se están debatiendo ahora en la Cámara de Diputados. “Reivindicamos la idea de que pueda salir la reducción de la jornada porque permite elevar las perspectivas de la clase trabajadora y sería una mejora en cantidad de puestos de trabajo”, explicó el periodista.

“Esta ley va a mejorar la distribución de los puestos de trabajo y en algunos sectores también la creación de puestos”, ratificó la diputada del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria). Según especificó Ormaechea durante la reunión de comisión, el debate por la reducción de la jornada laboral ya es de alcance global y se llevó adelante “en todo el mundo con pruebas piloto con resultados muy favorables”.

Respecto al alcance internacional de esta discusión, también se explayó el legislador oficialista Eduardo Valdés, quien vinculó esta iniciativa a una meta de mayor igualdad. “Los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania”, puntualizó además de explicar que estas medidas trascienden una cuestión ideológica en tanto incluso la “derecha inglesa” las está abordando.

Para Olmos, el debate internacional es más complejo. “Si uno ve el mapeo mundial, no hay una posición común como tampoco hay un desarrollo homogéneo entre los países”, dijo. De igual modo, el diputado radical Martín Tetaz ─que se presentó a sí mismo como “un fan de la reducción laboral”─ puso énfasis en la heterogeneidad actual, especialmente en el mercado, y que esto podría llevar a que no en todos los sectores se compense de igual manera la reducción de horas con aumento de la productividad.

Quien expresó mayores reservas fue el vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Julio Cordero. Si bien celebró que se abriera este debate, recordó que el derecho al trabajo “está protegido por pactos internacionales suscriptos por la Argentina” y que, por ende, la discusión debería darse en el marco de las negociaciones colectivas autónomas.

De la reunión de comisión, también participaron representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores y Autónoma y la Corriente de Abogados laboralista “7 de julio”, así como también Cristina Faciaben, integrante de la Secretaría Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, quien intervino de manera virtual.

ACM con información de agencias.

La Comisión de Legislación del Trabajo recibirá a representantes gremiales y especialistas para comenzar el tratamiento del Régimen de Jornada Laboral –Ley 11.544–, y el Contrato de Trabajo –Ley 20.744–, modificaciones sobre jornada máxima laboral. Se analizarán además 7 proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición.

Algunos de los invitados a participar son: Raquel Cecilia Kismer de Olmos - Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Julio Cordero - Vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); Claudio Marín - Secretario General FOETRA y Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores; Ricardo Peidró - Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma. Secretario General de AAPM; Natalia Salvo - Presidenta de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Luis Padin - Integrante de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Pablo Anino - Economista. Editor de Economía de La Izquierda Diario y en el programa radial El Círculo Rojo; Svenja Blanke - Integrante de la Fundación Frederich Ebert; y Cristina Faciaben - Secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, consideró este martes que el proyecto sobre la reducción laboral significará, en el caso de ser aprobado por el Congreso, “una conquista que hará más humana la vida” de los trabajadores.

“La normativa que rige actualmente en Argentina establece una jornada laboral de 48 horas semanales, que fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es algo que se estableció en 1919”, señaló Yasky en declaraciones a Radio Provincia.

Este martes, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se debate la posibilidad de avanzar con la sanción de un proyecto de ley para reducir la jornada laboral, en un encuentro en el cual participarán especialista de diversos países sobre cuestiones laborales.

“Desde que se instituyó la jornada de ocho horas diarias y 48 semanales, hubo cambios con la incorporación de tecnología, y cambios sociales y culturales que consolidaron la presencia de las mujeres en el mundo laboral. Para el núcleo familiar, esto implica la ausencia del hombre y de la mujer durante largas jornadas. Además, al horario laboral hay que agregarle el tiempo de traslado”, apuntó el dirigente sindical.

A su vez, el legislador indicó que la iniciativa “llega con cierto retraso porque hay muchos lugares del mundo donde ya se avanzó con la reducción de la jornada laboral, como sucede en Chile”.

En relación al impacto de la reducción de la jornada laboral puede tener en el sector informal, el titular de la CTA estimó que tendrá un alcance “positivo” para los trabajadores de todos los sectores y actividades.

“Pareciera que las conquistas que se logran van en detrimentos de otros sectores, y eso no es así. La reducción de la jornada laboral será una conquista para hacer más humana la vida de los hombres y las mujeres que hoy tienen dos o tres trabajos”.

“Algunos sectores empresarios tienen una mirada reactiva porque consideran que algo así puede significar pérdidas. La experiencia demostró que no hay merma en la productividad o quebranto económico. Se reducen los márgenes de accidentes de trabajo, el ausentismo y los trabajadores pasan más tiempo con el grupo familiar”, remarcó.

Con información de agencias.

IG

La Cámara de Diputados se abocará esta semana a debatir en comisiones un viejo reclamo de los gremios sobre el cual hay decenas —cuando no centenas— de proyectos de ley presentados pero que nunca llegaron al recinto: la reducción de la jornada laboral.

La discusión de esta iniciativa empezará este martes a las 13 en la Comisión de Legislación del Trabajo, con al menos siete propuestas de reducción de la jornada laboral, tanto del oficialismo como de la oposición. Del encuentro en la comisión, que preside la diputada del Frente de Todos y sindicalista de judiciales Vanesa Siley, que también pertenece a La Cámpora, participará la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y otros invitados entre los cuales se destacan representantes de la CGT y las dos CTA y, por la patronal, de la Unión Industrial Argentina (UIA), así como abogados laboralistas.

De las siete propuestas a considerar, cinco corresponden al oficialismo —presentadas por Claudia Ormachea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza— y dos, a legisladores de la oposición: Enrique Estevez, del Partido Socialista, y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.

En una primera reunión de la comisión, en mayo pasado, Yasky había señalado que su idea es “reducir horas en la jornada laboral de manera tal que en la semana se completen 40 horas de trabajo”. Por su parte, Ormachea, diputada y dirigente de la Asociación Bancaria, dijo que se “plantea una reducción a 36 horas”.

La ley de Contrato de Trabajo establece en su primer artículo que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”. Ese texto legal rige en la Argentina desde hace 94 años.

La ministra Olmos también se manifestó en favor de la reducción de la jornada laboral y planteó la posibilidad de que “se emita un despacho de consenso para que pueda aprobarse efectivamente esta iniciativa, que está alcanzando importantes niveles de acuerdo”.

Fuentes parlamentarias del oficialismo adelantaron que “la idea es acordar un proyecto que contemple textos presentados por legisladores de varios bloques que podrían confluir en una iniciativa para llevar de 48 a 40 o 36 horas la jornada semanal, con lo que se busca mejorar la productividad y generar empleo”.

Por su parte, el líder del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de 6 horas diarias y 30 semanales. Estévez y Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

JJD

La Cámara de Diputados recibió el proyecto “Compre sin IVA” impulsado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y comenzará a discutirlo este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esta semana, también se debate la reducción de la jornada laboral.

El funcionario del gobierno de Alberto Fernández pidió que la devolución del tributo, con un tope de $18.000 mensuales, que hoy rige por decreto, se establezca por ley. “Queremos convertirlo en ley porque es una política pública positiva, virtuosa, que le sirve a la gente”, afirmó el titular de la Aduana, Guillermo Michel.

El programa ─que estará vigente hasta el 1 de diciembre─ ya lleva $7.700 millones reintegrados a alrededor de 3,3 millones de personas. “Al viernes pasado se habían devuelto a 3,3 millones de personas cerca de $7.700 millones. Cuando terminemos de procesar lo del fin de semana, veremos que fue un récord”, detalló.

Michel ─que sostiene que se busca “devolverle el IVA a la gente para hacer un sistema menos regresivo y que tengan mayor poder adquisitivo para consumir”─ se presentará este jueves en la Cámara Baja para dar inicio a la discusión. También participarán el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini.

Por otro lado, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para comenzar el debate sobre reducción de la jornada laboral. Se tratarán los 7 proyectos presentados: 5 pertenecen a legisladores de Unión por la Patria ─Hugo Yasky, Claudia Ormaechea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo. Los dos restantes, son iniciativas de Nicolás del Caño y el socialista Enrique Estévez.

Las propuestas son variadas. Por un lado, Yasky exige una una jornada de 40 horas semanales sin disminución del salario que estén percibiendo los trabajadores al momento de fijación de la nueva normativa. La misma carga semanal propone Palazzo, pero a diferencia de Yasky, aboga por solo 4 días de trabajo y 3 de descanso. Por su lado, Ormaechea, Valdés y Del Caño plantean una jornada de 30 horas semanales.

Estévez y Mónica Litza optan por una alternativa intermedia: jornada laboral no superior a las 36 horas semanales.

Del debate participarán la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio, la CGT y la CTA. También fueron invitadas la embajadora de Chile, Bárbara Sandoval, y la secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obras de España, Cristina Faciaben.

ACM con información de agencias.

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos ratificó hoy su apoyo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral que presentarán los diputados y sindicalistas Hugo Yasky y Sergio Palazzo. “Es una propuesta que en su momento nosotros desde el Ministerio respaldamos, porque pensamos que la Argentina ha quedado, en ese sentido, muy retrasada al establecer todavía, desde la década del 30, 48 horas de jornada laboral semanal”, sostuvo la funcionaria.

En este sentido, la ministra planteó que la jornada debería ser de alrededor de 40 horas, pero que hay quienes demandan una caída a 36 horas, “que es la experiencia en los países más desarrollados”. “Pensamos que eso, con un planteo que sea escalonado, debería ir reduciéndose y tendiendo a converger con lo que hoy está vigente en el resto de los países”, explicó la titular de la cartera laboral.

“Me parece que si progresivamente pasamos de 48 horas a 44 y de 44 a 40 horas, por lo menos avanzaremos en algo en donde es una de las pocas áreas del mundo laboral en la que la Argentina tiene un retroceso importante”, agregó.

Esta no es la única medida que está contemplando Olmos. Según indicó, se está trabajando también en un proyecto de ley para regular las aplicaciones de servicios de entrega a domicilio y mejorar las condiciones laborales en este ámbito. “En ese universo de trabajadores de plataformas, hay algunos que quieren tener la relación de dependencia y otros que son independientes y quieren mantenerse así. Se les va a dar la libertad de decisión, pero también se les va a ofrecer la oportunidad de ampliar derechos laborales, como es el caso de seguridad para sus tareas”, señaló la funcionaria.

ACM con información de agencias.

Los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) continúan su plan de lucha y realizarán una nueva medida de fuerza este miércoles: entre las 13 y las 16 horas, paralizarán los servicios en reclamo por la reducción de la jornada laboral con dos francos y el retiro de unidades con asbesto, una sustancia cancerígena.

“Hemos hecho todo lo humanamente posible para que solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia de asbesto cancerígeno y para que dejen de poner en riesgo la vida de millones de usuarios y trabajadores del subte, sin obtener aún respuesta, al contrario, han cerrado todos los canales de diálogo”, explicaron desde el sindicato para justificar las acciones tomadas que complican la circulación en la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicó en un comunicado el gremio que agrupa a los trabajadores del subte y Premetro, habrá apertura de molinetes entre las 12 y las 13 en las estaciones San Pedrito (Línea A), Rosas (Línea B), Constitución (Línea C), Congreso de Tucumán (Línea D), Facultad de Derecho (Línea H) y Virreyes (Línea E). Luego, comenzarán tres horas de corte total del servicio, una medida que, según expresaron, se ven “obligados” a adoptar dada la falta de resolución a sus demandas.

“Los responsables de esta situación son la empresa concesionaria del servicio (Emova) y el Gobierno de la Ciudad que intentan desconocer la gravedad de la crisis provocada por un mineral nocivo prohibido dese 2003 y no han retirado del ámbito del subterráneo de Bs. As”, denunciaron las autoridades sindicales.

En este marco, Emova repudió la “postura inflexible” tomada por la AGTSyP y destacó su disposición al diálogo, pese a que rechaza la demanda por una reducción de la jornada laboral de 36 a 30 horas semanales dadas las dificultades y demoras que podría ocasionar en el servicio de transporte.

Respecto del reclamo por la presencia de sustancias cancerígenas en las unidades, aseguraron que desde la empresa “se trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace 5 años” junto a entidades gremiales en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, destacó los avances y la situación actual: según la entidad, agencias y laboratorios especializados han realizado más de 3.900 mediciones sobre calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte y todas han arrojado resultados adecuados para la salud“.

Con información de agencias.

El Gobierno de Corea del Sur se vio obligado a reconsiderar el aumento previsto de la jornada laboral tras el rechazo de los jóvenes, que denunciaban la medida como un riesgo para su salud que destruiría la conciliación laboral y familiar.

El Gobierno pretendía elevar a 69 horas la jornada máxima semanal después de que los grupos empresariales se quejaran de que el tope actual de 52 horas por semana hacía difícil cumplir con los plazos. Pero las protestas de milenials y miembros de la Generación Z hicieron que el presidente, Yoon Suk-yeol, pidiera a los organismos públicos que reconsideraran la medida y “se comunicaran mejor con los ciudadanos, especialmente con la Generación Z y milenial”, según su responsable de prensa, Kim Eun-hye.

“El núcleo de la política laboral [de Yoon] es proteger los derechos y los intereses de los trabajadores más desfavorecidos, como la generación MZ [generación milenial y Z], los trabajadores no sindicados y los empleados en pequeñas y medianas empresas”, dijo Kim al periódico Korea Herald.

Yoon, un conservador considerado pro empresarial, había apoyado la subida de la jornada máxima semanal para otorgar mayor flexibilidad a los empresarios. Pero, en un país ya conocido por su severa cultura de trabajo, los líderes sindicales advertían de que la medida obligaría a la gente a trabajar aún más.

El plan también recibió críticas por lo desfasado que parece en comparación con el funcionamiento de otras grandes economías como la británica. En el Reino Unido decenas de empresas probaron el año pasado la semana laboral de cuatro días que, según los activistas, se tradujo en niveles similares o mejores de productividad con mayor bienestar del personal.

199 horas más de trabajo que la media

A lo largo de todo 2021 los surcoreanos trabajaron un promedio de 1.915 horas. Eso significa 199 horas por encima del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el último informe del organismo. También 566 horas por encima de las horas trabajadas por persona en Alemania.

Yoon fue elegido presidente en 2022 con el apoyo de muchos jóvenes descontentos y confía en que su formación, el Partido del Poder Popular, sea capaz de atraer el voto juvenil en las elecciones de 2024 a la Asamblea Nacional.

El plan de ampliación del horario, anunciado a principios de marzo, habría anulado la ley introducida en 2018 por el progresista Partido Demócrata de Corea que limitaba la semana laboral a 52 horas (40 horas de horario regular y un máximo de 12 extraordinarias). El Partido Demócrata dijo que hará valer su mayoría en la Asamblea Nacional para bloquear el proyecto de ley.

La baja natalidad en Corea del Sur

Sindicatos y políticos de la oposición argumentaron que aumentar el número de horas para los trabajadores de la cuarta economía de Asia no solucionará la baja tasa de natalidad del país, que se encuentra en niveles mínimos. “Hará legales las jornadas que vayan desde las 9 de la mañana hasta la medianoche durante cinco días seguidos. No se tiene en cuenta la salud ni el descanso de los trabajadores”, publicó la Confederación Coreana de Sindicatos.

El ministro de Trabajo, Lee Jung-sik, había argumentado que elevar a 69 horas el máximo semanal permitiría a las mujeres trabajadoras acumular más horas extraordinarias que después podrían cambiar por más tiempo libre para atender compromisos familiares y cuidar a otras personas. “Introduciremos medidas contundentes para ayudar a reducir las horas de trabajo durante el embarazo o la crianza de los hijos”, respondió Lee la semana pasada cuando le preguntaron si el aumento de la jornada podría ayudar a paliar la crisis de fertilidad.

Sin embargo, asociaciones de mujeres dijeron que la medida perjudicaría a las madres trabajadoras y a otras mujeres. “Mientras los hombres trabajarán muchas horas y estarán exentos de responsabilidades de cuidados, las mujeres tendrán que hacer todo el trabajo”, publicó en un comunicado la Unión de Asociaciones de Mujeres Coreanas.

JM

El tiempo que las personas dedican al empleo mercantil expone el carácter contradictorio y conflictivo de las relaciones sociales en la economía capitalista. En general, en el empleo mercantil, la fuerza laboral busca recibir la máxima remuneración por unidad de tiempo trabajado (en lo posible con el menor esfuerzo), mientras que quienes las contratan buscan pagar lo menos posible y obtener de ellas el máximo esfuerzo. Además, en el empleo mercantil la fuerza laboral está obligada a renunciar al control y a los resultados de su trabajo a cambio de un ingreso que necesitan imperiosamente para satisfacer sus necesidades y deseos. Por eso, el tiempo de vida dedicado al empleo mercantil se considera de “explotación” y el resto “tiempo libre”.

Dado que la mayor parte de la fuerza de trabajo no tiene otra fuente de ingresos para atender sus gastos básicos, el empleo mercantil es, junto con el derecho de propiedad hereditaria, una de las relaciones más asimétricas en el capitalismo democrático. Quienes demandan trabajo mercantil, en general, tienen capital o rentas para sus gastos (además de poder contratar otras personas si lo desean). Los conflictos se acentúan porque esta relación mercantil asimétrica funciona en una sociedad en la que todas las personas tienen reconocidos derechos similares (políticos, sociales, culturales, etc.). Es la llamada “cuestión social” del capitalismo democrático: derechos civiles y políticos aparentemente iguales, pero derechos económicos desiguales para hacerlos efectivos.

El antagonismo y la desigualdad que caracterizan a la relación de empleo mercantil obligó a imponer un variado sistema de regulaciones legales (y socio-culturales) que fijan criterios para la contratación laboral. Esto incluye cuestiones como límites al tiempo de trabajo en el empleo –diario, semanal, etc.-, licencias y descansos, salarios mínimos, condiciones de salubridad, duración de contratos laborales, coberturas de daños laborales, etc. La duración de la jornada laboral es un elemento clave de estas regulaciones, pero poco discutido en los últimos tiempos. 

Hasta hace poco, esta duración se venía reduciendo sostenidamente. Hacia finales del siglo XVIII, en promedio para los países con registros, la semana laboral tenía una duración de 6 días y podía totalizar 96 horas semanales, mientras que, hacia mediados del siglo XIX, ya se observaban fábricas textiles con empleo de 60 horas semanales. Esta tendencia continuó durante todo el siglo XX de la mano de la creciente regulación de la jornada, vacaciones pagas, descansos obligatorios por distintos motivos, etc. Esta reducción no afectó, y hasta se sugiere que favoreció, el aumento de la productividad y el crecimiento económico.

Originalmente, los límites a las horas laborales se justificaban por los impactos negativos sobre la salud de las personas. Luego, se agregaron motivos económicos y sociales: desempleo creciente, necesidad de atender tareas domésticas, etc. Así se fue conformando una suerte de “norma” legal: ni más de 8 horas diarias ni más de 48 horas semanales. Esta norma legal responde a una “norma social” que organiza los tiempos de la vida de las personas en edad laboral con el criterio general de 8 horas en el empleo mercantil, 8 horas de sueño y 8 horas de “ocio” (que incluye desde el trabajo doméstico o comunitario, hasta los traslados u otras tareas vinculadas al empleo mercantil). 

Esta aparente normalidad no opera de igual forma en todos los países. Hacia 2017, en muchos países (Europa, África del oeste, parte de Asia), la duración de la jornada de trabajo legal era de 40 horas semanales. En los extremos, países como Francia y Chipre mostraban límites legales por debajo de las 40 horas, mientras que por encima de las 48 horas aparecen países tan disímiles como Kenia, Seychelles y Suiza. 

Pero, además de las diferencias en las normas legales, también hay diferencias en las horas “efectivamente” trabajadas. Para 2015/16, el promedio mundial de las horas efectivamente trabajadas era de 43 horas semanales, pero mientras en un extremo (Asia Oriental y Meridional) el promedio era de 46 horas, en Europa Septentrional, Meridional y Occidental era de 36 horas. Así, muchas personas tienen jornadas laborales de “sobre-empleo” y otras de “sub-empleo” y desempleo. En términos generales, se observa que los varones trabajan por encima del promedio y las mujeres por debajo.

Distribución desigual

En otras palabras, no sólo entre países sino al interior de cada país hay una desigual distribución de las horas dedicadas al trabajo en el empleo mercantil (y, por consiguiente, del tiempo libre disponible). Esto es resultado de muchos factores, tanto legales como culturales y económicos.

Suele afirmarse que las mejoras en la productividad laboral es lo que permite reducir el tiempo de trabajo en el empleo, pero también se sugiere una relación inversa: cuanto menos se trabaja, más productivo se puede ser. En todo caso, es evidente que, si crece la productividad por hora en el empleo, crecen las unidades producidas en el mismo tiempo y baja el costo laboral en relación con el valor de la producción. De aquí se concluye que el aumento de la productividad laboral puede traducirse en una combinación de tres variables: i) aumento de salario; ii) aumento de ganancias; iii) reducción de horas de trabajo en el empleo (que puede ser por despido de personal). El peso de cada opción depende de factores políticos y culturales más que económicos.

En las últimas décadas, en términos generales, ni los salarios de la mayoría de la fuerza laboral ni la reducción de horas se han beneficiado proporcionalmente del aumento de productividad. La mayor parte fue apropiada por las ganancias de las empresas y las remuneraciones de la cúpula de la jerarquía laboral. En este contexto, la jornada efectiva promedio se reduce, pero por mecanismos degradantes de la vida: aumento del desempleo y del empleo por tiempo parcial precarizado (modalidad con fuerte presencia femenina). Esto no sólo sucede en el mercado privado sino también en la contratación laboral del Estado.

Así, hay un problema de regulación y de distribución de las horas de trabajo en el empleo que define una desigual distribución de ingresos y de bienestar entre las personas. Por lo tanto, urge modificar la regulación para distribuir mejor el empleo existente, bajar el desempleo, mejorar el empleo precario a tiempo parcial y en fin favorecer la salud y el bienestar de la fuerza laboral (está probada la relación negativa entre salud y cantidad de horas trabajadas).

La experiencia registra diversas alternativas no excluyentes para lograr este objetivo: reducir legalmente la jornada laboral, aumentar vacaciones pagas, minimizar hasta eliminar horas extraordinarias, intercambiar horas de trabajo por puestos de trabajo, compartir puestos de trabajo, etc. Los mecanismos e incentivos son variados, e incluyen desde jubilaciones más flexibles hasta dejar de cobrar impuestos laborales sobre personas contratadas y hacerlo sobre la cantidad total de horas de trabajo en la unidad productiva.

Argentina

En Argentina, por ejemplo, estudios anteriores a las crisis de las últimas décadas sugieren un gran potencial derivado de la reducción o directa eliminación de las horas extraordinarias. En la práctica, el grueso de quienes desempeñan jornadas prolongadas no las declara (ilegalidad) y se ven obligadas a hacerlas por imposición de la patronal y para elevar sus ingresos insuficientes. Se estimaba que un tercio de la fuerza de la ocupación asalariada urbana hacía horas extraordinarias y la mayoría no registrada. 

Estas políticas son más complicadas cuando hay Estados débiles, mercados laborales heterogéneos, servicios sociales universales de baja calidad y baja cobertura como en Argentina. Mucho menos cuando existe una cultura que le otorga al empleo méritos no sólo económicos, sino culturales y hasta sanitarios (“el empleo es salud”, “el empleo dignifica”, etc.). Estas confusiones se sostienen en la perdurable confusión entre empleo mercantil (relación económica asimétrica) y trabajo humano (actividad creativa y productiva que se realiza en todos los ámbitos de vida).

En este contexto, para retomar la tendencia a la reducción de los tiempos de trabajo en el empleo remunerado, se debe considerar un paquete de políticas que se complementan entre sí. Por ejemplo, avanzar con una política de distribución de ingresos por fuera del empleo, como puede ser el caso del ingreso ciudadano o renta básica universal e incondicional, para que nadie se quede sin sustento o tenga que mendigar asistencia por su situación laboral. También es importante ampliar el acceso a servicios sociales universales que reduzcan el gasto de las familias en áreas cuya eficiencia colectiva está probada como salud, educación, vivienda, servicios de cuidado, transporte, etc. Todas estas actividades tienen además potencial de generación de empleo. 

Lamentablemente, en lugar de avanzar por este camino lo que se está haciendo es profundizar la segmentación laboral y social: sobre-empleo, sub-empleo, desempleo, empleo subsidiado, empleo ficticio, empleo de “prestigio” sobre-remunerado, empleo degradado, etc. Por el contrario, el camino para mejorar el funcionamiento económico, el bienestar de las personas y la desigualdad distributiva pasa por la reducción de las horas de trabajo en el empleo complementada por otras políticas como las señaladas.

Esto retomaría una tendencia histórica que permitiría distribuir más equitativamente las ganancias de productividad en un sistema de producción donde es clara la tendencia es hacia la “automatización” y menor cantidad de empleo por unidad de capital. Además, permitiría una mejor conciliación de los tiempos de vida de las personas en los distintos ámbitos donde se realizan actividades creativas y productivas (doméstico, social y económico). También es consistente con las demandas de incorporación laboral femenina y con las urgentes necesidades que impone la ya desesperante crisis climática (hay una relación positiva entre menos horas trabajadas en el empleo y menos emisiones contaminantes).

Si no se realizan estos y otros cambios, lo que seguirá aumentando es la marginalidad, la explotación de la fuerza laboral y el conflicto social. Trabajar menos en el empleo mercantil para liberar tiempo de trabajo en el resto del tiempo de vida es un elemento clave de una sociedad que busque mejorar el bienestar, aumentar la eficiencia económica y promover la autonomía personal y colectiva.

CC