La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas en la causa CBI Cordubensis S.A., una de las investigaciones más relevantes de los últimos años por intermediación financiera ilegal y lavado de dinero en Córdoba, y ratificó que los principales responsables integraron una asociación ilícita. El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y validó la actuación del Banco Central como querellante, al considerar que la firma afectó el sistema financiero formal y la hacienda pública.

La resolución fue firmada por los jueces Alejandro W. Slokar, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, quienes confirmaron la condena de Eduardo Daniel Rodrigo como jefe de la organización y de Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano como miembros. El fallo ordena comunicar la decisión al tribunal de origen para recalcular las penas e impone costas a las defensas.

CBI Cordubensis operó entre 2011 y 2014 como una financiera paralela que captaba fondos del público sin autorización del Banco Central, bajo la fachada de servicios de consultoría, préstamos y descuentos de cheques. Según determinó la justicia, la firma utilizó sociedades fantasma, maniobras cambiarias y evasión tributaria para ocultar operaciones millonarias. La causa se destapó tras el suicidio en 2014 de Jorge Suau, uno de los socios fundadores, y derivó en una investigación por delitos económicos complejos.

Las defensas argumentaron que la empresa tenía origen lícito y que algunos socios se habían desvinculado antes de los hechos principales. Sin embargo, Casación consideró probado que la finalidad delictiva se consolidó en el tiempo y que los acusados mantuvieron vínculos económicos y participación activa en la estructura. También rechazó los planteos de prescripción y errores probatorios.

El tribunal subrayó que el delito de asociación ilícita es autónomo y no requiere comprobar cada delito individual cometido bajo su amparo. Destacó además que el pago de tributos no extingue la punibilidad de maniobras como el lavado de activos o la captación ilegal de ahorros.

Con esta decisión, Casación cerró uno de los capítulos centrales de un caso que puso en evidencia la fragilidad de los controles financieros y el impacto social de las estructuras empresariales utilizadas para eludir la regulación estatal.

A partir de este miércoles 13 de noviembre, la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su futuro político están en manos de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que atraviesa una de sus crisis más profundas. Crisis cuya resolución depende de las decisiones políticas del gobierno de Javier Milei y del Senado.

La Cámara Federal de Casación confirmó esta mañana la sentencia a Fernández de Kirchner en el caso Vialidad, por la que la exmandataria está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública fue dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre de 2022 y fue revisada por la Sala IV de la Casación, máximo tribunal penal del país.

A partir de ahora, tanto la defensa de CFK como los fiscales que intervienen en el expediente acudirán a la Corte para pedir modificaciones en la sentencia. Los abogados de la exmandataria plantearán su absolución mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pedirá agravar su pena y condenarla también por asociación ilícita.

La sentencia de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fue dividida en dos puntos del fallo. Si bien los tres jueces confirmaron por unanimidad las condenas y absoluciones dictadas hace casi dos años por el tribunal oral, no estuvieron de acuerdo en torno a un punto central para Fernández de Kirchner: su absolución por el delito de asociación ilícita.

Argumentos

Los jueces estimaron que entre 2003 y 2015 los condenados colaboraron en la sustracción de más de $ 84.835 millones de las arcas del Estado a través del direccionamiento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, socio y amigo de la familia Kirchner.

Además de confirmar la condena a CFK, los jueces confirmaron las penas contra Báez, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, todos por el mismo delito: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Las penas oscilan entre los seis años de prisión –pena máxima para ese delito- y tres años y seis meses.

En la sentencia sostuvieron que se había comprobado “un aceitado engranaje para aparentar el cumplimiento de la ley y presentar como válidos procesos licitatorios de obra pública vial manifiestamente irregulares”.  

“Se determinó que la excepción se transformó en la regla y ello se debió a un único motivo: perpetrar un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados”, afirmaron los jueces de Casación.

En la sentencia se le dedicó un apartado al “lawfare”. “Sólo surgiría como una nueva teoría conspirativa”, “cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada”, aseguraron los magistrados.

La Sala IV de Casación también resaltó la conexión entre las licitaciones públicas otorgadas a Báez y la conexión del flujo de dinero con las empresas de la familia Kirchner. “Los incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó la defraudación juzgada, ya que parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta”, sostuvo el tribunal en un comunicado.

“Todo lo que se toma y se gestiona del Estado como si fuera propio, son fondos que no se asignan donde corresponderían. Son necesidades sin subsanar, derechos sin atender. Hablamos de una tragedia de la que no dimensionamos su real magnitud. Nunca sabremos cuántas personas habrán muerto por todas aquellas rutas y caminos que jamás se arreglaron ni se hicieron pero algo que nos deja la presente investigación es que el dinero correspondiente para arreglarlas o construirlas sí existió, pero no fue utilizado para sus fines específicos”, dice la sentencia. 

Los jueces plantearon: “Este es el real daño ocasionado con la inusitada maniobra criminal cometida por ex Presidentes de la República Argentina y algunos de sus funcionarios”. 

Asociación ilícita

Cuando se dictó la sentencia de primera instancia en diciembre de 2022, los tres jueces del tribunal oral votaron en unanimidad por la condena por administración fraudulenta pero existió una disidencia con respecto a la absolución por asociación ilícita.

Entonces, el juez Andrés Basso había sostenido que cuatro de los imputados, entre ellos Fernández de Kirchner, debían ser condenados por este segundo delito, de penas más graves, de hasta diez años de prisión. Sin embargo, la exmandataria fue absuelta por asociación ilícita por decisión de los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Los fiscales Diego Luciani y Mario Villar se presentaron ante la Casación para plantear que se revierta esta absolución parcial. Sólo el juez Hornos les dio la razón este miércoles, por lo que la situación judicial de CFK quedó igual.

Hornos sostuvo que la expresidenta, Báez, López y Periotti debían ser condenados por el delito de asociación ilícita y votó, también en minoría, disponer el aumento de la pena de decomiso.

El juez Hornos escribió un voto aparte por este punto de la sentencia y sostuvo que “el modelo de corrupción no se limitó a la manipulación de unas pocas licitaciones irregulares, sino que constituyó una asociación ilícita con una estructura organizada y jerárquica que operó durante más de 12 años con una clara estrategia de saquear los recursos del Estado”, de acuerdo a un comunicado al que accedió elDiarioAR. 

Además, el magistrado afirmó que “la figura de asociación ilícita es esencial para hacer frente a este tipo de crímenes complejos, que requieren una respuesta judicial clara y contundente, sin el riesgo de impunidad que conlleva el desconocimiento de la magnitud de la estructura criminal que se desarrolló bajo los mandatos de los Kirchner”.

“Besitos”

La expresidenta no estuvo presente en la lectura del fallo. Minutos antes de las 11, publicó un video y un post en la red social X en la que anunció que mientras el tribunal se preparaba para la lectura de la sentencia, ella se dirigía a la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a una actividad con 400 mujeres. Finalizó enviando “besitos”.

El martes por la tarde, Fernández de Kirchner publicó un texto de cinco páginas, titulado “Los Copitos de Comodoro Py”, en el que daba por hecho que su condena sería confirmada por la Casación y criticaba al Poder Judicial.

Tanto las defensas como la fiscalía tienen un plazo de diez días para presentarse ante la Corte Suprema con sus planteos. El máximo tribunal del país no tiene plazos para expedirse, pero deberá decidir sobre al menos tres puntos: si confirma la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los involucrados, si los absuelve o si agrava la pena contra la expresidenta ampliando la condena por asociación ilícita.

ED/MG

El juez en lo penal de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó hoy la detención del concejal del Frente de Todos, Facundo Albini, en el marco de la investigación por estafas y asociación ilícita protagonizada por Julio “Chocolate” Rigau. También pidió la detención del subdirector del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense y padre del concejal, Claudio Albini, y los titulares de las tarjetas con las que el puntero política realizaba las extracciones millonarias de dinero en distintos cajeros bancarios. La fiscal Betina Lacki habúa solicitado estas detenciones previo al balotaje.

Hoy se conoció también el contenido obtenido del peritaje al teléfono de Rigau. En unos de los chats con “Facu”, quien presuponen es el concejal investigado, el dirigente le reprocha al puntero que le pagaba $200 mil al mes. “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con voz, pero no quiero que me tomes por idiota, me estás faltando el respeto a mí”, le escribió.

Además de los Albini y Rigau, el juez ordenó la detención de los 15 titulares de las tarjetas de débito ya que considera que son “partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública”. En una conversación con el principal imputado, “Fabián” le exige saber sobre sus presuntas condiciones de contratación. “Julito te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por whatsapp nomás, yo me encargo”, escribió. Y agregó: “Lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media. ¿Yo cuando estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo?”.

Además de las detenciones, la Justicia decidió inhibir las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los Albini y el secuestro de sus teléfonos.

ACM con información de agencias.

El juicio al falso abogado Marcelo D'Alessio comenzó este martes en los tribunales federales de Retiro por los delitos de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero ante el Tribunal Oral Federal 8. El detenido es juzgado junto a otros ocho acusados en la investigación de pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas, para no involucrarlos en causas judiciales.

El debate inició en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002 a las 10:50, con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio. En principio, el proceso se desarrollará todos los martes, según informaron fuentes judiciales.

D'Alessio fue trasladado a primera hora desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido. Aguardó en la Alcaidía de los tribunales hasta que fue ingresado a la sala de audiencias con barbijo y custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Se ubicó en la última fila, junto a su defensa oficial.

El falso abogado está procesado por integrar una asociación ilícita que se dedicaba, entre otras actividades, a recabar información ilegalmente para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El Tribunal está integrado por las magistradas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli.

El debate debía iniciarse a las 9:30, pero se demoró por problemas de organización. Durante toda la mañana, los integrantes del Tribunal escucharon la lectura de los hechos por los cuales juzgarán a los acusados.

Antes del inicio del debate, el abogado querellante José Manuel Ubeira sostuvo en declaraciones a la prensa que la candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, “es la única persona que falta en este juicio”.

“El jefe de D'Alessio es el jefe de la asociación ilícita y no está en este juicio. Toda la construcción que se hizo alrededor de D'Alessio tiene mucho que ver con (Patricia) Bullrich, para mí es la única persona que falta en este juicio”, apuntó Ubeira. Se mostró “muy esperanzado en que se desmonte una parte importante de lo que fue el macrismo como Gobierno”.

A lo largo de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se recordó que D'Alessio se presentaba ante sus víctimas como “jefe regional de la DEA” y referenciaba su vínculo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quien está siendo juzgado en este debate.

Del proceso participan ocho querellas -una es la de la Unidad de Información Financiera (UIF)- e interviene como fiscal Marcelo Colombo, quien había sido recusado por la defensa de D'Alessio. Sin embargo, fue confirmado por el TOF8 y la Cámara Federal de Casación Penal rechazó a última hora de ayer lunes por inadmisible un recurso de su defensa para llegar a esta instancia con su planteo de apartarlo.

EL TOF 8 admitió para este juicio unos 148 testigos y postergó para el debate la evaluación de admisibilidad de unos 70 más, según surge del expediente judicial. Entre los testigos, están el principal denunciante, el empresario Pedro Etchebest; el empresario Mario Montoto y Gabriel Bouzat, exsocio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz.

El falso abogado llegó al juicio detenido, ya que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro años y cuatro meses en la cárcel de Ezeiza. Esto es porque D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó en 2021, por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.

En este nuevo debate, también son juzgados los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, quien actuaba de guardaespaldas de D'Alessio, y los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, todos ellos por supuesto lavado de dinero.

Además, se sentará en el banquillo de los acusados el prefecto Franco Pini, desde cuyo usuario se revisaban las bases de Migraciones para obtener información de manera ilegal.

Uno de los hechos imputados tiene que ver con delito de lavado de dinero, a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Buenos Aires”, dentro del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.

A los acusados se les achaca haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que “planificó” y, en algunos casos, “ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación”, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio.

La investigación fue abierta en la Justicia Federal de la ciudad bonaerense de Dolores, a cargo del ahora juez de La Plata Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, tras una orden de la Cámara Federal de Casación, el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde recayó en manos del magistrado Julián Ercolini.

Ercolini fue quien envió la causa de manera parcial a juicio, sobre la base de un pedido hecho por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.

La semana pasada, la Cámara Federal de Casación rechazó la posibilidad de excarcelar a D'Alessio y encomendó al Tribunal llevar adelante el juicio con “celeridad”.

El primer caso corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación, y a quien se le habría exigido el pago de US$300.000 para no involucrarlo en el denominado “caso Cuadernos”.

Otro hecho que se expone en el juicio tiene como víctima a Gonzalo Brusa Dovat, exdirector de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) en la Argentina, “a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli”, en 2019.

Además, se juzga el hecho que tuvo por víctima a Diego Vestillero, blanco de “acciones intimidatorias y extorsivas” en julio de 2016, además de “exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa”, para obligarlo a “entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.”, de la cual era directivo.

Entre los querellantes está el letrado Ubeira, contra quien D'Alessio, “en el marco de la asociación ilícita”, habría planificado “una cámara oculta” con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como “extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal”.

LC con información de agencia Télam

El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado este lunes a 6 años de prisión por haber recibido coimas por parte de narcotraficantes, a cambio de fallos que los podían beneficiar. Sin embargo, resultó absuelto de haber formado parte de una asociación ilícita, según informaron fuentes judiciales.

El fallo fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral Federal correntino, el cual consideró que el exmagistrado fue autor de tres hechos de “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado” y otros tantos de “prevaricato”, a lo que le fijó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 37 mil pesos.

En un veredicto por mayoría, los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y Rubén Quiñones también condenaron a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, a cinco y cuatro años de prisión respectivamente, como partícipes necesarios de “cohecho pasivo agravado”. Al igual que el exjuez, estos dos acusados también fueron absueltos de “asociación ilícita”.

En tanto, el abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de dos años por “cohecho activo agravado” (es decir, haber pagado coimas), mientras el exintendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, así como los letrados Gregorio Giménez y Tomás Viglione fueron absueltos.

Los imputados fueron sometidos a juicio oral como presuntos integrantes de una organización criminal, apaentemente liderada por Soto Dávila cuando este estaba a cargo del Juzgado Federal 1 de Corrientes. Si bien durante una etapa del proceso el exmagistrado estuvo con prisión domiciliaria por esta causa, llegó al debate en libertad como sus dos exsecretarios.

Los fiscales federales Carlos Schaefer y los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y Martín Uriona, habían acusado a Soto Dávila de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado y de nueve casos de prevaricato por haber dictado sentencias contrarias a derecho.

En sus alegatos, los fiscales habían pedido que Soto Dávila fueran condenado a 15 años de prisión, mientras que Molina y Grau a 12 y 9 años y seis meses, respectivamente. Es por ello que se espera que los fiscales apelen el fallo del tribunal de primera instancia tras analizar los fundamentos, que se conocerán el próximo 16 de agosto.

Según la acusación, en distintas causas tramitadas en el juzgado de Soto Dávila se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de dinero o beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico.

Respecto del accionar del exjuez, se consideró que ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión o, incluso, se indicaban participaciones menores a quienes dirigían las actividades de narcotráfico, detallaron las fuentes.

Luego de la sentencia, la abogada Mariana Barbitta, defensora de Soto Dávila, dijo que “el paso siguiente es el recurso de casación” para apelar la condena, pero que primero deben conocer los fundamentos de la sentencia el próximo 16 de agosto.

“Vamos a discutir cada uno de los puntos que va a fundamentar el tribunal respecto a esta condena”, argumentó la letrada y agregó: “A nuestro criterio, es una condena ilegal porque no entendemos cuál sería el sostén jurídico de esta imposición de pena, un monto desproporcionado en relación a la edad de mi cliente, en relación a su trayectoria, que no tiene antecedentes judiciales. Es un veredicto que va a ser absolutamente cuestionado”.

La defensora recordó que esta investigación fue “una derivación de la famosa causa Sapucay”, en la que se desbarató una banda narco trasnacional que operaba desde la localidad correntina de Itatí. “Cuando uno revisa eso, advierte cuestiones que no están claras, que están direccionadas hacia un objetivo que probablemente haya sido, no solamente manchar el honor de mi cliente”, opinó.

“No vamos a bajar los brazos, este es el comienzo de una pelea que recién empieza”, concluyó Barbitta.

Aníbal Ibarra, abogado del exsecretario Grau, dijo por su parte a la prensa que también apelará la condena en Casación. “Quiero escuchar los fundamentos, no había elementos para ninguno de los hechos”, indicó al considerar el fallo como “absolutamente injusto”.

Por otro lado, en esta causa hubo otros involucrados que arribaron a acuerdos de penas en juicios abreviados, como los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial; así como los contrabandistas de marihuana Carlos “Cachito” Bareiro, Marín Torres y Pablo Torres.

LC con información de agencia Télam

Walter Ricardo Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza, fue suspendido este miércoles de sus funciones por el Consejo de la Magistratura, el cual decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” en el cargo. La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario de la Magistratura, presidida por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

El juez Bento es investigado en la justicia penal por ser supuesto líder de una asociación ilícita. Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse. Para el proceso fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.

La suspensión del magistrado fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.

Bento, nombrado en el año 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, que incluyó su prisión preventiva pero que el juez no cumplió por su cargo.

Al ser considerado líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.

El consejero Piedecasas, al presentar el dictamen de la Comisión de Acusación, recordó que la Cámara Federal de Mendoza fue la que “puso en marcha” el caso contra Bento, quien tiene procesamientos por una decena de “graves delitos”. El documento fue finalmente aprobado esta tarde por el pleno.

Antes de la votación, el consejero por el oficialismo Tailhade pidió la palabra para remarcar que los miembros de su bloque “no pretendieron encubrir a nadie”, al criticar que “desde hace 20 o 30 días” fueron “víctimas de operaciones de prensa” en la provincia de Mendoza y a nivel nacional.

En tanto, el Consejo notificó a las cámaras correspondientes la suspensión y promoción del juicio de remoción del juez federal Bento, en notas firmadas por Rosatti. En las misivas dirigidas a los titulares de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, el juez supremo comunicó la determinación de “abrir el proceso de remoción” de Bento, “formular la acusación correspondiente” y “suspender en sus funciones” al magistrado federal.

Al tribunal con asiento en Mendoza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia requirió que se notifique la suspensión a Bento y que “una vez efectuada la diligencia” y “dentro de la mayor brevedad posible”, se remita la respectiva constancia al Consejo.

Hace dos semanas, la comisión de Acusación del Consejo aprobó con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.

En paralelo al proceso de la Magistratura, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, donde se encuentra acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios. En este complejo escenario, el mendocino ofreció su descargo en octubre del 2022 en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser “inocente” y no haber cometido “ningún delito”.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los consejeros, quienes aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por “inconsistencias” en el dictamen.

“Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones”, señaló Tailhade. “El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos”, amplió el también diputado y añadió que era “un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento”.

Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.

LC con información de agencia Télam

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé, mantuvo la apelación contra la sentencia de en la causa Vialidad, presentada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para revocar la absolución de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y demás imputados por el delito de asociación ilícita. La ex mandataria, a pesar de esto último, ya había sido condenada a seis años de prisión por defraudación y exigió su absolución también respecto a este delito.

El fiscal Luciani también reclamó a Casación la revocación de las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los ex funcionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

Casación ya recibió las apelaciones de todas las partes involucradas y, ahora, el veredicto deberá ser revisado por la sala IV de Casación. Sin embargo, uno de sus integrantes, el juez Javier Carbajo, se excusó de intervenir dado que su participación podría poner en jaque la garantía de imparcialidad.

El magistrado había confirmado la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa de “Austral Construcciones”, en la que sostuvo que dicho delito tenía como precedente el direccionamiento de la obra pública que se juzga ahora en el caso por el que fue llamado a intervenir.

A pesar de la decisión de Carbajo, los abogados defensores de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, lo recusaron junto a los otros dos jueces que integran la sala IV de Casación. “En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recursar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo ─más allá de la inhibición ya postula por este último─, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron.

Carbajo fue recursado por haber adelantado su opinión sobre el tema mientras que esgrimieron dos argumentos contra Hornos y Borinsky: por un lado, que ya intervinieron en la causa y, por otro, su falta de independencia y parcialidad resultantes de sus encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando todavía se encontraba en funciones.

La defensa, además, exigió la absolución de la ex mandataria en la causa por defraudación ya que consideran que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades”. “Nos hallamos en presencia de un supuesto enorme de gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, explicaron.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá ahora resolver las presentaciones realizadas contra la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por las distintas partes, quienes deberán presentar los fundamentos cuando Casación convoque a audiencias antes de tomar una decisión.

ACM con información de Télam

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, fue condenado este jueves a ocho años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita que estafó entre 2007 y 2016 a más de 300 ahorristas por montos de 16 millones de dólares a través de la firma Hope Founds, según informaron fuentes judiciales.

En el fallo, que se dio a conocer esta tarde en una audiencia a través de Zoom, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 también condenó a otros ocho imputados a penas de entre 1 año y 6 meses y 4 años; mientras que absolvió a los restantes siete acusados, entre ellos familiares directo del principal acusado.

Por voto mayoritario, el tribunal consideró a Blaksley, de 58 años, como coautor del delito de “asociación ilícita” en carácter de “jefe” en concurso real con 311 “estafas reiteradas”, “lavado de activos” e “insolvencia fraudulenta”. A su vez, le fijaron una multa de cuatro veces el monto del “producto del delito”, calculado en poco más de 13 millones de dólares, 42.000 euros y 32 millones de pesos para el caso de la estafas, y de 2,6 millones de dólares para el lavado de activos, dinero que se ordenó que fuera decomisado.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini también condenaron a Federico Dolinkue a 4 años de prisión como “miembro” de dicha asociación ilícita y las estafas reiteradas; Verónica Vega a 3 años y 6 meses; Alejandro Carozzino y Pablo Willa a 3 años, Rafael De la Torre Urizar y Guillermo Müller a 2 años y 8 meses en suspenso; y a Damián Gómez y Daniel Sarsa a 1 año y 6 meses en suspenso. Sin embargo, no todos fueron condenados por los mismos delitos ni la misma cantidad de hechos.

Al momento de los hechos, Dolinkue era el gerente administrativo de Hope Funds, Carozzino el encargado de formar las sociedades en el exterior y Vega, además de ser la cuñada de Blaksley, era la gerente comercial.

Por otro lado, resultaron absueltos Francisco Blaksley Señorans, María Rita Blaksley Señorans, Alexis Dieti, Esteban Casco, María Paola D'Angelo, Felipe Badino y Juan Pablo Blaksley Señorans.

El empresario considerado “jefe” de la asociación ilícita fue el único de los imputados que llegó a juicio detenido, aunque con arresto domiciliario. Su abogado defensor, Mariano José Varela, adelantó que va a apelar el fallo, que en el caso de su representado fue dictado por mayoría, con la única disidencia del juez Gorini. Mientras que para Mariano Moyano, uno de los abogados de las querellas particulares, el veredicto tuvo “sabor a poco” porque las condenas fueron menores a las solicitadas por las partes acusadoras.

Por último, el tribunal dispuso que se conozcan los fundamentos de la sentencia el próximo 9 de mayo. De esta manera, concluyó un debate oral que se extendió por más de dos años, ya que comenzó en febrero de 2021.

Durante etapa de alegatos, llevada a cabo entre septiembre y fines del año pasado, el fiscal de juicio Abel Córdoba había pedido 10 años de prisión para Blaksley y penas de entre 5 y 6 años para los otros 15 acusados. A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fue querellante en la causa a través de los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, requirió 12 años de prisión para el principal imputado, mientras que las querellas particulares pidieron 18 años.

Por su parte, la defensa de Blaksley solicitó su absolución. El propio empresario agradeció en sus “últimas palabras” haber sido escuchado por el tribunal durante el debate -en el que declaró tres veces-, asumió que él tomó las decisiones de la firma y pidió que se hiciera justicia.

Blaskley estuvo preso en el penal de Ezeiza, pero en marzo de 2021 el tribunal le otorgó una morigeración de la prisión preventiva en un domicilio, aunque esta medida recién se concretó en diciembre del 2022, cuando el empresario logró reunir los bienes y dinero suficientes para pagar la fianza.

Por otra parte, Moyano explicó que este fallo es un “primer paso”, ya que hay más víctimas en el exterior de Argentina -estimó unas 800-, de las cuales su estudio representa a unas 400. El letrado impulsa además causas en el extranjero, como las Islas Vírgenes, en procura de hallar adónde fue llevado el dinero producto de las estafas millonarias.

Para los acusadores, Blaksley encabezó una organización criminal que cometió reiteradas estafas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas, para luego cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12 María Alejandra Mangano y la fiscal María Laura Roteta de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según la investigación, Blaksley con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, habría montado una estructura empresarial compleja, la cual se destinó tanto a la defraudación de privados como del fisco nacional, según se indicó en la acusación cuando la causa llegó a juicio.

Según la pesquisa, la asociación ilícita operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus roles respectivos, aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

En mayo del 2021, Blaksley declaró en el juicio e intentó mejorar la situación del resto de los acusados, al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de Hope Funds, pero afirmó que “jamás en la vida” imaginó defraudar a sus clientes.

LC con información de agencia Télam

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

Por tercera vez en el juicio oral y público por el caso Vialidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a dirigirse al tribunal como a un adversario político que utiliza su poder de acción para “estigmatizar y disciplinar” a la clase política; acusó a opositores y medios de comunicación de impulsar el avance de las causas en su contra como parte de una alianza que se reitera -aseguró- desde la dictadura militar; y comparó la causa por presunta corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz con el atentado contra su vida, equiparando el veredicto que se conocerá el martes 6 de diciembre próximo como una continuación de la bala que quedó alojada en el arma que empuñaba Fernando Sabag Montiel.

Durante su turno para dirigirse al Tribunal Oral número 2, en la etapa de las palabras finales de los imputados antes del veredicto, Fernández de Kirchner abandonó el tono enérgico con el que se había dirigido a los jueces del tribunal en sus otras dos intervenciones durante el juicio, su declaración indagatoria de diciembre de 2019 y su alegato de defensa, en agosto último. 

La expresidenta evitó hacer referencia a las irregularidades que surgen de los expedientes de las licitaciones ganadas por su exsocio comercial, el empresario Lázaro Báez -como en las que las empresas de Báez competían con otras compañías del mismo empresario-; e hizo referencia a su patrimonio como una realidad escindible de los negocios de su esposo fallecido, el expresidente Néstor Kirchner. 

Fernández de Kirchner tiene un pedido de pena de 12 años por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación a la Administración pública. Este martes, criticó la doble vara de Comodoro Py para imputarla por asociación ilícita cuando se le revocó esa misma imputación a los integrantes de Revolución Federal o a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares del Ara San Juan.

Cuando se refirió al delito de defraudación, la vicepresidenta afirmó que el intento de asesinarla el 1° de septiembre último ocurrió en las inmediaciones de su departamento del barrio porteño de Recoleta, la misma casa de la que salió junto a Kirchner hacia la Quinta de Olivos, en mayo de 2003, cuando su esposo asumió la Presidencia, y a la que regresó en diciembre de 2015, tras el término de su segundo mandato como presidenta. 

“Volví al mismo lugar, a la misma casa”, resaltó, “pero la ladrona y la chorra soy yo”, ironizó, y recalcó que tres jueces federales le cerraron tres causas por presunto enriquecimiento ilícito, en las que fue sobreseída durante los años en los que el kirchnerismo pisaba fuerte en el edificio de Comodoro Py 2002, de la mano de los operadores judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Dijo que esas tres investigaciones se basaron en el análisis de “los mismos bienes que ahora tienen mis hijos”.

En su primera declaración jurada como presidenta, en 2008, Fernández de Kirchner -había sido durante varios períodos senadora nacional, diputada nacional, además de primera dama- declaró el departamento de 160 metros cuadrados en Recoleta, que ingresó a su patrimonio en 1980; y una casa en Río Gallegos de 200 metros cuadrados, incorporada a su patrimonio en 1979. No tenía vehículos a su nombre.

Entonces, declaró también acciones en dos sociedades: Los Sauces (45%) y El Chapel (45%); $25.000 en el banco; e ingresos por $330.500 por la venta de dos inmuebles en Río Gallegos. Más adelante, sería titular de parte de las acciones de Hotesur.

En 2008, cuando el patrimonio de los cónyuges de los funcionarios era información pública, Fernández de Kirchner informó el patrimonio de Néstor Kirchner, que concentraba la fortuna familiar: 26 propiedades inmuebles, las sociedades Hotesur, COMA SA y el resto de Los Sauces y El Chapel; más de US$5,3 millones en un depósito a plazo fijo; y unos $12 millones más, también en plazos fijos. 

Cuando dejó la Presidencia, en diciembre de 2015, Fernández de Kirchner declaró un patrimonio de $72,1 millones, tras heredar el 50% de los bienes de su esposo fallecido. En marzo de 2016, ya fuera del poder, su declaración jurada reflejó un patrimonio de $3,7 millones. Había cedido a sus dos hijos el 95% de los bienes que tenía cuando dejó el poder. 

ED/MG

Se utilizó en la década de 1920 para perseguir a socialistas y anarquistas y, más tarde, durante la dictadura cívico-militar, para legalizar las detenciones de desaparecidos acusados de integrar organizaciones armadas. Permitió detener al expresidente Carlos Menem en el caso por contrabando de armas a Ecuador y Croacia y avanzar sobre banqueros acusados de vaciar bancos y cometer estafas. Tiene, ahora, a la vicepresidenta en ejercicio afrontando un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua. El delito de asociación ilícita tiene detractores y promotores, “bibliotecas divididas”, y será uno de los puntos clave que debe analizar el Tribunal Oral Federal número 2 en el juicio oral y público contra Fernández de Kirchner, acusada por la fiscalía de ser la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional a través de la corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

“Persecución política” o “persecución penal” es la línea fina, para algunos, que divide a los pros y contras de esta figura penal, que implica penas de entre tres y diez años de prisión, y que puede juzgarse junto a otros delitos, como defraudación a la Administración pública, en el caso de Vialidad.

La constitucionalista Adelina Loiano suele explicar que cuando se trata de la situación judicial de Fernández de Kirchner el escenario es inédito. Es la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio atraviesa un juicio oral y público y su caso pondrá a prueba cualquier jurisprudencia o doctrina. La funcionaria no sólo está en la línea de sucesión presidencial. Es, además, la principal referente política del país con caudal propio de votos en la ciudadanía

Aún así, el escenario judicial tiene un detrás de escena y una escenografía, y el delito de asociación ilícita es la clave que permitió juzgarla en el caso Vialidad.

Qué es asociación ilícita

El Código Penal es escueto: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”, dice el artículo 210.

Alejandro Alagia es uno de los juristas que se oponen al uso de la asociación ilícita. Es fiscal general y uno de los titulares de la unidad de asistencia para causas por violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado, además de docente titular del departamento de derecho penal de la UBA y doctor en Ciencias Penales por la Universidad San Carlos de Guatemala.

“El origen de esta figura es el Código Penal de 1921, escrito por Rodolfo Moreno, y es tomada de legislaciones europeas, donde aparece con el fin de perseguir a organizaciones gremiales. Si uno rastrea con más profundidad, se puede encontrar la figura de asociación ilícita en la persecución de mujeres y matanza de brujas. Más tarde, en las legislaciones modernas se utilizó también para la persecución de anarquistas y socialistas, y a las asociaciones profesionales, que estaban prohibidas”, explicó a elDiarioAR. 

Alagia afirmó que “durante la dictadura, el uso de esta figura se agravó y cuando se legalizaba la prisión de detenidos-desaparecidos se utilizaba esta figura para mantenerlos detenidos, acusados de pertenecer a agrupaciones armadas”.

“La utilización de esta figura es muy criticada por el Derecho garantista y la mayoría de la doctrina se opone a este delito porque persigue delitos que afectan el ‘orden público’, la ‘seguridad pública' o ‘la tranquilidad pública’. No afecta a nadie, no tiene víctima, no genera daño y se castiga sólo por integrar la asociación. Es un delito de desobediencia, de oposición a la autoridad”, sostuvo el jurista.

La abogada Myriam Bregman, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y opositora al kirchnerismo, también recordó la semana última que más allá de que considera que existió corrupción en la obra pública, la asociación ilícita se utiliza para “perseguir políticamente”. Recordó que se usó en los años 20 para perseguir a los dirigentes de la izquierda y afirmó que cree que la figura debería derogarse del Código Penal. 

Bregman también aseguró que poco se ha hecho desde el Congreso en este sentido: “Durante los gobiernos kirchneristas que tuvieron años y años de mayorías parlamentarias en el Congreso Nacional, no sólo no derogaron esa figura, sino que votaron las leyes antiterroristas a pedido de Estados Unidos en los años 2005 y 2007 y allí ampliaron su alcance con la ‘asociación ilícita terrorista’”, aseveró en una entrevista a La Izquierda Diario.

“La Corte Suprema de Justicia en los casos donde analizó la aplicación de la asociación ilícita nunca se expidió sobre su inconstitucionalidad”, sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en una columna para elDiarioAR, pero aún así, también sostuvo que esta acusación puede ser el punto más débil del caso contra Fernández de Kirchner. La posibilidad de que, en caso de una condena en este caso, la vicepresidenta sólo sea responsabilizada por el delito de defraudación a la Administración pública, reduce su pena a la mitad -tiene un máximo de seis años- y en eventuales revisiones del fallo hasta podría ser absuelta si los jueces consideran que no hay pruebas materiales de su participación en la defraudación.

El penalista Francisco Castex escribió un texto en 2004 en el que analizó las distintas posturas sobre el uso de la asociación ilícita y explicó que este delito tiene dos características principales: organización y permanencia. Exige un mínimo de tres personas que en forma organizada y permanente “se pongan de acuerdo para cometer delitos” y la organización debe ser estable, debe existir un acuerdo previo, y es independiente de la comisión o no de delitos por parte de la asociación.

Críticas

Durante su alegato, el fiscal Luciani reconoció las críticas al uso de la asociación ilícita pero también argumentó por qué considera, con total seguridad, que debe aplicarse al caso de Vialidad. Además de citar a fallos y expertos que avalan esta figura penal, el fiscal citó jurisprudencia de España, donde en los últimos años la Justicia utilizó la asociación ilícita para castigar a los imputados de casos de corrupción con penas incluso muchos más altas que las que contempla este delito en Argentina. 

Uno de esos casos es Gürtel-Bárcenas, con penas confirmadas de hasta 51 años de prisión por asociación ilícita, defraudación a la Administración pública y lavado de activos, que incluyó entre los condenados al tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas.

En dicho caso, la Justicia española estableció que el grupo del PP creó durante años un flujo de sobreprecios y financiamiento ilegal al partido; y al mismo tiempo controló de manera corrupta la asignación de contrataciones públicas para obtener los fondos ilícitos. El mecanismo era “generalizado”. “No se trata de dos o tres licitaciones o contrataciones corruptas o irregulares”, dijo Luciani al compararlo con las 51 obras viales adjudicadas al empresario Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. 

La utilización de esta figura es muy criticada por el Derecho garantista y la mayoría de la doctrina se opone a este delito. No afecta a nadie, no tiene víctima, no genera daño y se castiga sólo por integrar la asociación

Alejandro Alagia — Jurista y fiscal general.

En el juicio de Vialidad, la fiscalía aseguró que la asociación ilícita fue liderada por Fernández de Kirchner y organizada por el entonces ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el empresario Baéz; y el director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. El objetivo era defraudar a la Administración pública, afirmaron los fiscales, y la maniobra se concretó a través de decretos, resoluciones, licitaciones simuladas, contratos irregulares y hasta un “canal de pagos privilegiados” para las empresas del entonces socio de los Kirchner. 

La trama nació en 2003 con la creación de Austral Construcciones y culminó a finales de 2015 con el “plan limpieza” o “plan huída” para borrar las huellas de la operatoria que se extendió por doce años, explicaron los fiscales. La entonces presidenta, afirmó Luciani, “no podía no saber” cómo funcionarios de su gobierno, nombrados por ella, beneficiaban a su socio comercial y amigo de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

El supuesto esquema se completa con otro capítulo judicial contra Fernández de Kirchner: Hotesur-Los Sauces, el caso de supuesto lavado que buscaba comprobar la relación comercial y movimiento de fondos entre los Kirchner y Báez a través de sus hoteles, pero en el que todos los acusados fueron sobreseídos antes del juicio.    

Una de las principales críticas contra la figura es que “basta que se compruebe el acuerdo de voluntades entre sus integrantes” para acusarlos, es decir, que no reprime la comisión de un delito sino la participación en una banda que tiene el propósito de cometerlos. 

Para perseguir al acusado no se exige al imputado la autoría material del delito -en este caso, la defraudación al Estado-, sino sólo la pertenencia a la banda que buscaba cometerlo, explicó Castex en base a fallos judiciales y doctrina. 

La “banda” también tiene características: pertenencia (según la fiscalía, se asociaron entre 2003 y 2015, y se disolvió la asociación cuando Fernández de Kirchner dejó el poder); cohesión (eran miembros leales del kirchnerismo); y organización (el ministerio de Planificación). 

El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola sostuvieron durante nueve audiencias de alegato que el caso Vialidad y el supuesto rol de Fernández de Kirchner y otros acusados como organizadores de la presunta asociación ilícita superan las críticas.

El delito de asociación ilícita ni siquiera requiere el trato directo entre los involucrados, aseguró el fiscal Luciani durante la audiencia del viernes 19, pero sí, aclaró, sus miembros deben conocer el objetivo de la organización y la intención de asociarse para el delito. 

Ese punto, para los fiscales, está probado contra casi todos los imputados.

“Orden público”

La abogada Mariana Barbitta, profesora de Derecho penal de la UBA y presidenta de la  Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), también se opone a usar la asociación ilícita. “La figura tiene problemas constitucionales y uno de ellos es el reproche que se le hace por la falta de precisión en la descripción de la conducta concreta que se busca perseguir penalmente”, dijo a elDiarioAR.

“Nuestra Constitución marca barreras al Derecho penal para que éste sólo pueda inmiscuirse en la vida de las personas cuando una conducta voluntaria afecta un bien jurídico, pero en el caso de la asociación ilícita ese bien afectado es el ‘orden público’. Ahí comienza otro problema: en el Código Penal no hay una explicación clara sobre qué es exactamente el ”orden público“ y para llevar adelante una imputación contra una persona, esta debe comprender de qué se debe defender, tiene que entenderlo”, explicó Barbitta.

“La asociación ilícita no significa nada en concreto, es una figura genérica y asociarse no puede afectar un bien jurídico protegido por sí sólo, salvo que las personas se asocien para robar, por ejemplo. Por eso creemos que ha sido utilizada como elemento de persecución”, agregó la penalista.

Durante el alegato, el fiscal Luciani afirmó que el caso Vialidad cumple con el requisito de alterar el orden público porque “el avance de la corrupción endémica en los gobiernos” también “perturba” esa “paz social”. La supuesta defraudación cometida por doce de los trece imputados del juicio implicó daños al Estado de casi US$1.000 millones, según los decomisos que solicitó la fiscalía.

Menem

En Argentina, el uso de la asociación ilícita tiene un fallo central de la Corte Suprema de 2001, que cuestionó por voto de la mayoría el uso de esta figura penal en el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador: el “fallo Stancanelli”, gracias al cual el expresidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma recuperaron la libertad. 

En noviembre de 2001, los jueces de la Corte habían sostenido que la asociación ilícita no estaba probada en la causa Armas porque no se pudo demostrar “la existencia del acuerdo de voluntades explícito o implícito que caracteriza a la figura”; y porque no “no se ve claramente en qué medida la supuesta organización para efectuar ventas de armas al exterior pueda producir alarma colectiva o temor de la población” como exige la figura penal.

“La asociación ilícita fue la figura que usó el juez (Jorge) Urso para poder meter preso a Menem”, recordó un penalista que estudió el caso. 

La figura tiene problemas constitucionales y uno de ellos es el reproche que se le hace por la falta de precisión en la descripción de la conducta concreta que se busca perseguir penalmente

Mariana Barbitta — Abogada, docente y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA).

El periodista y analista Mario Wainfeld publicó en Página/12 un artículo titulado “Los favores recibidos creo habértelos pagado”, sobre la relación entre Menem y los jueces de la Corte que fallaron en la causa Armas a favor del expresidente -todos miembros de la mayoría automática- y que sostuvieron que no había pruebas de una asociación ilícita. “Acaso lo que más sublevó a la gente común, la liberación de Carlos Menem, sea lo menos grave del fallo, si se lo aísla del contexto. Mirando en detalle la sentencia puede convenirse que mucho más incordiante es que virtualmente se cerrara la causa sobre venta ilegal de armas, se impidiera su elevación a juicio oral y público y se cerrara por vía de un ukase forense el camino a futuras investigaciones sobre corrupción estatal. Pero la percepción generalizada es, en lo central, aguda pues repara que lo que se consagró es mucho más que la impunidad de Menem”.

“En sólo diez carillas seis supremos derribaron un expediente clave sobre la corrupción menemista. No sólo dijeron que nunca hubo pruebas de asociación ilícita en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Afirmaron que las detenciones en esta causa eran ‘arbitrarias’ y que no hubo falsedad ideológica de decretos. E incluyeron, entre otras cosas, una amenaza dirigida a todo juez o fiscal que pretenda procesar a funcionarios o ex funcionarios y hacia los medios de comunicación que informen sobre investigaciones en danza”, publicó Página/12 en otra crónica sobre el fallo.

“El texto mayoritario parece inspirado en las declaraciones públicas con que Menem acusó a la Justicia de perseguirlo como en el ‘76. Compara los procesamientos dictados en la causa armas por los tribunales inferiores con los ‘problemas que han ocasionado a la república las represiones ilegales del pasado’”, relata la crónica de 2001.

Menem terminó siendo condenado por contrabando agravado -máximo de ocho años de prisión- en el caso Armas, pero en 2018 la Cámara Federal de Casación lo absolvió por prescripción.

Banqueros

¿Cómo llegar a la cúspide de una supuesta organización manejada por hombres que sólo dan órdenes y no dejan “los dedos pegados”? En los años 90 y principios de los 2000, la asociación ilícita se utilizó también para alcanzar y detener a banqueros en casos en los que los jueces determinaron que las entidades financieras habían cometido delitos de lavado de dinero, defraudación y vaciamiento. 

En 2020, la misma Sala IV que debe revisar el caso Vialidad en la Cámara Federal de Casación dio por probada una asociación ilícita en el vaciamiento del Banco Mayo, que tenía entre sus acusados a Rubén Ezra Beraja y otros imputados por ese delito y por estafas contra la Administración pública y administración fraudulenta.

El Tribunal Oral Federal N°3 había absuelto a todos los acusados en 2019, pero el fiscal Fernando Arrigo y el Banco Central -querellante- apelaron. El Ministerio Público Fiscal afirmó que Beraja lideró “una organización criminal que se mantuvo en el tiempo, y que durante ese lapso se cometieron distintos fraudes mediando una voluntad asociativa. Postuló que esa voluntad incidió de forma concomitante con el cierre del Banco Mayo, puesto que –a su manera de ver- era el canal por el cual efectuaban sus planes criminales”.

La Casación les dio la razón pero la decisión fue dividida. Los camaristas Javier Carbajo y Gustavo Hornos votaron a favor de condenarlos por asociación ilícita y el resto de los delitos. Sostuvieron que “la sucesión de hechos de fraude cometidos no se erige desconectada, en el caso, de la organización criminal que se había conformado para ello con estabilidad y permanencia, y con la finalidad de cometer ese tipo de hechos en forma indeterminada”.

El juez Mariano Borinsky, tercer integrante de la Sala IV, se pronunció en disidencia por considerar prescritos los hechos, como había planteado el tribunal del juicio. 

Estos mismos jueces tienen pendiente revisar las recusaciones a los fiscales y jueces del juicio de Vialidad y deberán revisar el veredicto del tribunal que se espera para finales de año.

Nota: se corrigió un error de ortografía que consignaba mal escrita la palabra “persecución”.

ED

La causa “Vialidad” donde se juzgan los eventuales efectos delictivos cometidos en la realización de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz durante el periodo 2003-2015, tiene un largo camino por recorrer para el dictado de la sentencia de primera instancia, y mucho más aún, para una sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia (presuponiendo que exista previamente una decisión jurisdiccional de condena). Sin embargo, en el debate público existe una suerte de asignación de “sentencia dictada” al alegato de acusación realizado por los fiscales Luciani y Mola -mediante el cual solicitó una pena de 12 años de prisión con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 210, 172, 173 y 174 del código penal)- cuando todavía faltan los alegatos de las defensas, las réplicas y dúplicas y, por último como acto de defensa final, la palabra de los acusados. Todo esto en el marco del debido proceso donde se presume la inocencia de los acusados y la duda los favorece.

Es difícil entender los cuestionamientos realizados al estilo de exposición y al ejercicio de las funciones asignadas por la Constitución y las leyes aplicables a los fiscales. El estilo es una irrelevante cuestión de gustos. La acusación implica el ejercicio de sus funciones más allá que se pueda debatir sobre el contenido de la misma ¿Qué esperaba cierto sector de la opinión pública? ¿Qué los fiscales les pidieran disculpas absolutorias a los acusados en el marco de un juicio oral y público? Ahora, la defensa podrá controvertir las pruebas y las acusaciones realizadas por los fiscales y nos encontraremos ante un nuevo capítulo para ser analizado y debatido.

De los dos delitos imputados, el de asociación ilícita es el que presenta mayores controversias en general y también en su aplicación a este caso. Hace años que se debate en la doctrina constitucional y penal la validez constitucional de una norma penal que castiga severamente la mera ideación de un plan criminal por ser esto contrario a varios ingredientes del debido proceso tales como los principios de lesividad, reserva, legalidad, proporcionalidad, non bis in idem (no castigar dos veces por un mismo hecho) y culpabilidad. Aunque también es cierto que la Corte Suprema de Justicia en los casos donde analizó la aplicación de la asociación ilícita nunca se expidió sobre su inconstitucionalidad. Existe un interesante artículo de Pablo Iribarren publicado en septiembre de 2010 en el Suplemento de Derecho Penal de la Revista La Ley que ilustra con profundidad este debate.

 La Corte Suprema de Justicia en la causa “Stancanelli” (2001) en la cual se investigaba el contrabando de armas sostuvo que el delito de asociación ilícita comprende un acuerdo criminal expreso o implícito perdurable, una pluralidad de planes delictivos y la generación de alarma colectiva o terror de la población lo cual no se verifica cuando el delito se dirige exclusivamente contra el erario público. Similares lineamientos adoptó la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal en la causa “Majdalani” (2021) en la cual se investiga actividades de espionaje ilegal a los cuales agregó que el acuerdo criminal no debe agotarse en un solo hecho delictivo.                    

 Lo controversial de la acusación de los fiscales es que, en este caso, el plan criminal tuvo como soporte leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso con el voto de oficialistas y opositores , decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso, órganos de control que fallaron sistemáticamente, reasignación de partidas presupuestarias dispuestas por distintos jefes de gabinete pero sin embargo a dichas personas no se las consideran integrantes de la banda.

 Mayor solidez tiene la acusación por administración fraudulenta contra el Estado en la medida que se acreditó la existencia de partidas presupuestarias asignadas para el desarrollo de obra pública que fueron direccionadas, muchas de ellas no terminadas, con desvíos de la normativa aplicable. En esta clase delitos el núcleo de la responsabilidad penal consiste en demostrar que se cobraron fondos públicos y las obras no se realizaron o se realizaron sin cumplir los parámetros asignados, existieron sobreprecios injustificados o se violó la normativa aplicable. En este punto, cabe destacar que se verificó una estrecha relación comercial entre CFK y Lázaro Báez durante el período sometido a investigación. 

¿Es posible indultar a un procesado? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los casos “Aquino” (1992) y “Daleo” (1993) sostuvo que procedía el indulto respecto de procesados, aunque no comparto dicho criterio por cuanto esta facultad solo procede, a efectos de garantizar la presunción de inocencia, cuando existe una condena firme. ¿Es posible indultar a los denominados popularmente como “delitos de corrupción”? Considero que una interpretación integral del art. 36 de la Constitución Nacional en base a lo expuesto por los Convencionales Constituyentes de 1994 sumado a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al ratificar tratados internacionales contra la corrupción inhibe la facultad presidencial. Esta postura la desarrolle en el libro Defensa del sistema constitucional y corrupción (2019) pero es solitaria en el campo de la doctrina argentina.

Más allá de la dimensión política y las adhesiones fanáticas de los extremos de la grieta, la causa “Vialidad” seguramente deparará varios debates sobre controversiales cuestiones constitucionales y legales. 

Profesor de derecho constitucional y derechos humanos UBA y UNLPam