El Gobierno publicó el llamado a licitación de los tramos de rutas nacionales comprendidos en el Corredor Vial 18, para delegar en el sector privado el mantenimiento y la conservación de los mismos “con el fin de reducir el gasto público”.

El puntapié para el comienzo del proceso de privatización de senderos de jurisdicción nacional había sido anticipado por el Ejecutivo en los últimos días y fue oficializado este miércoles mediante el Decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial.

En la normativa se precisó que la iniciativa fue impulsada partiendo de la idea de “mantener un criterio sistematizado y unificado con relación a la concesión por peaje de los tramos y rutas que integran la Red Vial Nacional”. 

Al respecto, se estimó conveniente que “el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, lleve a cabo, entre otras tareas, el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, la aprobación de los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y demás documentación necesaria para la realización del proceso licitatorio y, oportunamente, el dictado del acto administrativo de adjudicación”.

Al argumentar la decisión, se expuso que “con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Además, en el texto oficial se aclaró que la medida permite “garantizar la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario de todos los Tramos de la Red Vial Nacional detallados” junto con “la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”. 

Los tramos que serán otorgados en Concesión de Obra Pública por peaje, bajo el régimen de la Ley Nº 17.520, son los pertenecientes al Corredor Vial 18, actualmente a cargo de Caminos del Río Uruguay, compuestos por las rutas 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), 135 (de Colón a General Artigas), A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre Argentina y Brasil), y la 174 (de Rosario a Victoria).

En relación a las rutas seleccionadas para comenzar el proceso de privatización de la red vial nacional, el documento oficial recordó que “el corredor vial 18 es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.

El comunicado de Vialidad Nacional

El Gobierno Nacional oficializó hoy, a través del Decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial, el inicio de la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones. Esta fase contempla la licitación del Corredor Vial 18, que incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Todos estos Tramos y Rutas forman parte del nuevo sistema de concesiones por peaje para la operación y mantenimiento de la denominada Red Federal de Concesiones.

Este proceso será posible gracias a que se generaron las condiciones económicas óptimas donde capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales. El objetivo primordial de esta apertura al capital privado es reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional, que se calculan en aproximadamente 6.100 millones de dólares, en promedio, proyectados entre 15 y 20 años.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

Asimismo, Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.

La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 % de la red vial nacional, pero concentran el 80 % del tránsito.

El sistema ofrece ventajas para los usuarios por sobre las concesiones actuales, contemplando tarifas tope máximas que podrán ofertarse. Cabe destacar que las tarifas vigentes al momento de la oferta no podrán modificarse hasta que la empresa asegure las óptimas condiciones de circulación en las trazas, contemplando parámetros como: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación. 

A su vez, Vialidad Nacional realizará un exhaustivo control por resultados de las calzadas lo que permitirá contar información constante y completa sobre el estado de las superficies de rodamiento para asegurar la circulación segura y confortable en todas las trazas. 

En esta iniciativa, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:

Reforzamos el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país.

Toda la información relativa al proceso de concesiones está disponible y actualizada en el sitio web de Vialidad Nacional, con el objetivo de que toda la ciudadanía y las empresas interesadas puedan acceder con facilidad.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei es un enemigo de la obra pública, a la que paralizó no sólo en aras del déficit fiscal cero sino por dogma. En su lugar, pretende que los proyectos de infraestructura sean concesionados al sector privado. La primera de las concesiones sería la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, según altas fuentes gubernamentales. Se trata de un negocio geoestratégico, dado que implica controlar la circulación en el Paraná –el segundo río de Sudamérica– por el que pasa mucho comercio pero también narcotráfico. Milei quiere interesar en la licitación a empresas de Estados Unidos, uno de sus dos países favoritos, junto a Israel.

Sin embargo, el jefe de Estado se enfrenta al problema de que las compañías de este país apenas han salido de su territorio a competir un mercado global de dragados donde cuatro compañías europeas, las llamadas “big four” del sector, controlan casi el 80%: las belgas Jan de Nul –que ya operó durante tres décadas la hidrovía junto al empresario local Gabriel Romero, dueño de Emepa– y DEME y las neerlandesas Boskalis y Van Oord. Su principal rival en el mundo es la estatal china CCCC-CHEC-CDC, que ofrece precios un tercio más baratos por el mismo servicio, pero es objetada en algunos países de Occidente por supuestas cuestiones de seguridad nacional. Lo mismo ocurre con la tecnológica Huawei y su red de celulares 5G. A su vez, las belgas y neerlandesas son acusadas de cartelización.

Por ahora, ni Milei ni el gobierno de Joe Biden pidieron dejar afuera a la empresa estatal china ni a otras de ese origen, pero en el Gobierno admiten que el pliego de la licitación puede redactarse de manera tal que las mantenga al margen. Por ejemplo, si a los oferentes se les exige que demuestren la disponibilidad de maquinaria para las tareas de dragado. No obstante, un requisito así también dejaría fuera de carrera a otras de las big four o a las norteamericanas.

Great Lakes Dredge & Dock es la principal empresa de EE.UU., pero factura un tercio de lo que vende la más pequeña de las big four, Van Oord. Otras firmas del mismo origen son Cashman Dredging & Marine Contracting, Cottrell Contracting , The Dutra Group, JT Cleary y Manson Construction.

La idea del Gobierno es establecer una tarifa en dólares para los usuarios de la hidrovía, dado que la mayoría de ellos opera en el comercio exterior. Consideran valiosa la experiencia de Jan de Nul y Emepa en el pasado, más allá del escándalo de cuando Romero confesó en la causa cuadernos haber pagado coimas al gobierno kirchnerista para prorrogar el contrato en 2010. Pero el equipo de Milei considera que las obligaciones contractuales se cumplieron. En cambio, hay críticas de exportadores y puertos que sostienen que la tarifa era demasiado alta y de políticos que advierten que la hidrovía se convirtió en un canal que facilitó el contrabando y el narcotráfico.

El canal en sí quedó angosto y poco profundo. En estos meses el secretario de Concesiones, Mariano Mirotti, está escuchando a los usuarios para terminar de redactar los pliegos y lanzar la licitación a fin de año, dada su complejidad. Los exportadores de cereales y bienes industriales pretenden que se amplíe la profundidad del río de 34 a 42 pies, de modo de que puedan usarlo buques más grandes como los Panamax cargados hasta la mitad o con tres cuartos completo, de modo de tornar más eficientes los fletes. También se pretende ensanchar partes del canal. La idea es que circulen más barcos y más cargados. Así podrían bajar el peaje.

El Gobierno pretende que el concesionario invierta US$800 millones en nuevas obras. En la actualidad, el mantenimiento anual implica US$300 millones, que le paga la Administración General de Puertos a Jan de Nul por un contrato particular firmado por el anterior gobierno, que reestatizó la hidrovía en 2021. Se ilusionan con que una mejora de la hidrovía permitirá nuevas inversiones en puertos y plantas cerealeras.

En el Ejecutivo reconocen que si no se arregla la macroeconomía, será difícil poner en marcha esta y otras concesiones de infraestructura. Después de la hidrovía, en 2025, año electoral, podrían concesionarse ferrocarriles –el proyecto de ley Bases lo prevé–, el puerto de Buenos Aires; la decadente terminal de ómnibus de Retiro, que podría entregarse en conjunto con la de trenes; gasoductos como la segunda etapa del Néstor Kirchner, de provincia de Buenos Aires a la de Santa Fe; líneas de transmisión eléctrica; las centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue, cuyas concesiones privadas vencieron recientemente y las provincias pretendieron sin éxito quedárselas; plantas de potabilización de agua y cloacas y acueductos como uno que pretende la industria petrolera para llevar agua sucia para inyectar los pozos de Vaca Muerta.

AR/DTC

Analizar cuánto recibe la Ciudad de Buenos Aires por el alquiler de sus inmuebles puede parecer un viaje al pasado, cuando el país registraba otro índice de inflación, muy lejos del 113% interanual actual. Desde las propiedades más pequeñas a los predios de casi 50.000 metros cuadrados, el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, mantiene un sistema de cánones cuestionado, que sería buen negocio sólo para sus inquilinos: los costosos restaurantes en la Costanera Norte y polos gastronómicos, boliches, inmobiliarias, depósitos de comercios, playas de estacionamiento privadas, canchas de tenis y fútbol y hasta Artear, la sociedad de Canal 13, del Grupo Clarín. Todos ellos pagan sumas muy alejadas de los precios del mercado, de acuerdo con la información oficial a la que accedió elDiarioAR. 

En julio último, Felipe Miguel, jefe de Gabinete del gobierno de Rodríguez Larreta, respondió un pedido de informe del legislador opositor Juan Manuel Valdés (Grupo Bicentenario, peronismo porteño) con la lista de valores actualizados por un total de 108 concesiones de la Ciudad. El Ejecutivo porteño percibe poco más $92.000.000 por mes por 89 de estas propiedades concesionadas. Los plazos de los contratos son de entre 5 y 30 años.

Otras doce concesionarios tienen cánones “variables”, cuyos montos no se dieron a conocer o no pagan canon a la Ciudad porque “compensan con obras”. Otras propiedades se abonan a la Secretaría de Cultura porteña —tampoco se informó cuánto pagan— o sus cánones se abonan en paquete con otra propiedad concesionada por el gobierno porteño. Hay dos concesiones, entre ellas Paseo Gigena, en las que aún no comenzó la explotación comercial y por ende el concesionario no está abonando canon. 

elDiarioAR informó el 6 de agosto que Luis Caputo y Santiago Bausili, ex funcionarios de Mauricio Macri, están detrás del millonario negocio inmobiliario de Paseo Gigena, ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, que es terreno público. Ambos consultores organizaron el fideicomiso para financiar una megaobra. Mientras los privados negocian alquileres en dólares, el gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos que, en el mejor de los casos, corresponderá al 15% de la facturación de los privados.

Valores 

Los cánones mensuales que actualmente se están pagando incluyen valores que van desde los $21.119,32 por un depósito debajo de una autopista hasta los $13.700.000 por Punta Carrasco, en la Costanera Norte. En algunos pocos casos las concesiones están a nombre de particulares y no de empresas, pero no hay registro público que ayude a identificarlos y localizarlos, ya que en las adjudicaciones no figuran sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI). 

El predio que explota Punta Carrasco SA es el canon más alto. Sin embargo, se trata de 48.000 metros cuadrados y el metro cuadrado se concesiona a apenas $285. El canon, considerado muy bajo en comparación a los valores del mercado, ha sido actualizado porque era aún más bajo, ya que en 2017 el concesionario pagaba $400.000 por mes. elDiarioAR intentó comunicarse con la sede de la sociedad que explota el predio pero no fue posible comunicarse con el número de teléfono publicado en el sitio oficial.

Otro canon informado es el del centro de exposiciones Costa Salguero, explotado por la concesionada a Telemetrix SA con plazo hasta el 31 de diciembre próximo. La restitución será parcial, informó Miguel, y ya se ha procedido a la restitución de algunos de esos espacios. El canon actual es de $1.074.865,60. Este medio se comunicó con la sede de la compañía a cargo de la concesión pero aún no recibió respuesta.

Costa Salguero es el predio usualmente elegido por el gobierno de Rodríguez Larreta para su búnker electoral. Además, el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad contrató a la firma que explota el predio por $128.384.000 para la “Provisión de un Espacio para emplazar el Centro de Cómputo y Monitoreo de las elecciones de la Ciudad donde se llevará a cabo el Escrutinio Definitivo del Distrito”, informó Tiempo Argentino.

En el caso del edificio de Artear SA, en Lima 1261, barrio porteño de Constitución, donde funcionan Canal 13 y Todo Noticias (TN), el multimedios del Grupo Clarín abona un canon de $784.424,73. El predio tiene 8.750 metros cuadrados, informó el multimedios ante la consulta, lo que arroja un valor de $90 el metro cuadrado, entre 20 y casi 30 veces menos que el valor dle mercado, de acuerdo al sitio inmobiliario Zonaprop. Los precios de alquileres en Constitución oscilan entre $1.871 el metro cuadrado y $2.685 el metro cuadrado. “El precio del canon inicial fue establecido por la Ciudad”, respondió Artear ante la consulta.

En la compañía respondieron que “el proceso de adjudicación del predio se llevó a cabo a través de una licitación pública y forma parte de un plan de urbanización e integración al tejido urbano de los bajos de autopistas de toda la Ciudad”. “Para formalizar el resultado de la licitación, el 21 de diciembre de 2020, Artear y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebraron un acuerdo de concesión de uso y explotación de carácter oneroso por el inmueble en Lima 1261 bajo la traza de la autopista 25 de Mayo por un período de hasta 30 años”, agregó el multimedios, que ocupa el predio desde su privatización, en 1989. Antes, Canal 13 era del Estado y también ocupaba el predio desde la dictadura militar.

Artear aseguró que “presentó y logró la aprobación por parte de la Ciudad de un plan de mejoras y equipamiento por $170.809.000 que incluye la refacción del predio, parquización, iluminación junto a la construcción de una plaza interactiva y tres locales comerciales destinados a ONGs (UNICEF, Hospital Garraham y Fundación Huésped). Además, se construyó un espacio multiuso destinado al Ministerio de Educación de la Ciudad sobre la calle San Juan”. Se destina el 10% del frente y contrafrente del predio para obras de la Ciudad, dijo la compañía de medios.

Un sistema cuestionado

En general, las concesiones de los inmuebles de la Ciudad se licitan o se subastan. En la mayoría de los casos se trata de contratos por periodos largos, de 15 o 20 años. “En todos los contratos, se utiliza una tasación del Banco Ciudad para establecer el canon inicial. En el contexto económico inflacionario del país, con el transcurso del tiempo, se han modificado las metodologías de actualización del canon. Actualmente, se actualizan cada seis meses, tomando como punto de partida la fecha de presentación de ofertas y utilizando un promedio de índices del IPC de la Ciudad”, informó el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a cargo del área de concesiones.

Los cuestionamientos al sistema de cánones y concesiones ya habían quedado plasmados en un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en el que se da cuenta de un “perjuicio económico y legal para la Ciudad”.

“Es un sistema obsoleto —dijo el legislador Valdés en diálogo con elDiarioAR— y tenemos que votar un nuevo sistema en la Legislatura. Creo que uno de los puntos que deben cambiar es que las concesiones deben contar con la aprobación de los legisladores”. “La Ciudad está perdiendo recursos. Los fondos que ingresan por cánones podrían destinarse a solucionar la crisis habitacional en vez de favorecer con cifras módicas a los amigos del poder que terminan siendo inquilinos VIP”, afirmó el legislador porteño.

Las concesiones dependen del ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de José Luis Giusti, un funcionario del espacio radical porteño, quien apoyó a Martín Lousteau para jefe de Gobierno porteño. elDiarioAR envió la semana última una serie de preguntas sobre el sistema de concesiones: si en el ministerio creen que el sistema de concesiones debería ser modificado para que la Ciudad pueda percibir más ingresos por cánones; cómo debería modificarse el sistema; y cuántas de las concesiones en la Ciudad están vencidas y siguen en manos de los concesionarios sin nueva licitación.

“Todas las concesiones vencidas se encuentran en alguna etapa del proceso licitatorio correspondiente. En el caso del predio de Costa Salguero, cuyo nuevo proyecto urbanístico fue sancionado por la Legislatura porteña, el proceso se encuentra interrumpido por un amparo judicial”, respondió la cartera a cargo de Giusti.

El ministerio de Desarrollo Económico también afirmó que “todas las concesiones pagan el canon correspondiente. Para establecer el canon al momento de la tasación, el Banco Ciudad tiene en cuenta el nivel de inversión en infraestructura y espacio público exigido por el pliego, que pasan a ser propiedad de la Ciudad”. 

La Auditoría de la Ciudad realizó al menos dos informes sobre concesiones: uno sobre el período 2013-2016 y otro sólo 2017-2018. En ambos informes las conclusiones son las mismas, pero las irregularidades señaladas no se corrigieron. Los auditores plantearon que los cánones fijados son tan bajos o quedan desactualizados que generan perjuicio económico para la Ciudad.

También sostienen que se renovaron concesiones a empresas que tenían deudas impositivas con el Gobierno de la Ciudad, que incumplían supuestamente con la Constitución porteña y con la Ley de Compras y Contrataciones o que no estaban habilitadas para desarrollar la actividad que realizaban en las propiedades inmuebles de la Ciudad.

Nota: este artículo se actualizó el 24 de agosto a las 13:37 tras la confirmación de Artear sobre los metros cuadrados del predio concesionado por la Ciudad en Constitución.

ED/JJD

Cinco pisos, oficinas y locales, 250 cocheras, restaurantes, espacios públicos y privados en una azotea y vista al Rosedal, el Hipódromo de Palermo y el Campo de Polo conformarán el Paseo Gigena, un emprendimiento inmobiliario multimillonario que construye un grupo privado en un espacio público concesionado por la Ciudad de Buenos Aires: el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, sobre avenida Dorrego y Libertador. 

Paseo Gigena es definida por sus ideólogos como “un legado arquitectónico para la Ciudad”, pero implica también un jugoso negocio para las empresas involucradas en la obra. Se invertirán más de US$46 millones, según los privados, cuyos selectos inversores podrán recuperar en unos siete años. Una de las seis empresas que intervienen es la consultora Anker Latinoamérica SA, de acuerdo a los anuncios en la Comisión Nacional de Valores (CVN). También lo confirmó a elDiarioAR del grupo ganador de la licitación pública, BSD Grupo Asesor SA (BSD Investments), y la propia Anker.

Anker fue fundada en 2020 por Luis “Toto” Caputo, ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri y primo de Nicolás “Nicky” Caputo, “amigo del alma” del expresidente y hombre cercano al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de quien se inclinó en la interna de Juntos por el Cambio.

En 2020, su principal socio fue su hermano Flavio, director de Caputo Hermanos, constructora y desarrolladora inmobiliaria. Actualmente, el principal socio de Toto Caputo en la consultora Anker es Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas, su segundo en el ministerio durante el gobierno de Cambiemos. Ambos provienen de la banca internacional.

Alquileres en dólares, recaudación del Estado en pesos

Los alquileres de las oficinas y cocheras de Paseo Gigena ya se anuncian en dólares y cotizan en US$30 el metro cuadrado. El gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos, que en el mejor de los casos corresponderá a alrededor del 15% de la ganancia de los privados por explotar el terreno público. La Ciudad no puede cobrar en dólares, según explicaron fuentes del Ejecutivo porteño.

“Las oficinas en Buenos Aires se alquilan actualmente en pesos atados al dólar”, explicaron en Anker. En la práctica, esos alquileres se están pagando en pesos atados al dólar blue, el más caro del mercado e ilegal. Sin embargo, en Anker aseguran que en Paseo Gigena se computarán al valor del dólar oficial.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial planea la inauguración parcial del proyecto en septiembre, informaron en la Ciudad a este medio. Será en plena campaña electoral -si le gana las PASO del 13 de agosto a Patricia Bullrich-, pero la obra estará finalizada recién en 2024, explicaron los privados a cargo de la construcción y diseño.

Anker Latinoamérica SA es la organizadora del fideicomiso y su función es juntar inversores. Hasta el momento convocaron a alrededor de 40, provenientes del sector inmobiliario e individuos de altos patrimonios, cuyas identidades están protegidas por el secreto bursátil, ya que invirtieron en pesos a través de la compra de bonos atados al dólar oficial (bonos dólar linked), explicaron en la compañía. “Anker llegó al proyecto en 2021, cuando BSD Grupo Asesor SA, el desarrollador y concesionario, ya había ganado la licitación en la Ciudad en 2019 pero se había quedado sin inversor. La inversión iba a ser de WeWork, que buscaba desarrollar un complejo de oficinas en el predio. Tras el colapso de WeWork -empresa inmobiliaria estadounidense-, BSD nos buscó para conseguir el capital. Propusimos un proceso de oferta pública, transparente y pensando en cumplir con los intereses de los inversores. Además, a diferencia de cómo funciona el mercado inmobiliario, aquí se hace todo en blanco”, explicaron en Anker a elDiarioAR.

Coinsa es la constructora del proyecto y es dirigida por Martín Maccarone, también allegado a Toto Caputo. La empresa financiera que Caputo dirigía antes de ingresar a la función pública, Axis Inversiones, alquilaba oficinas en el edificio de Coinsa, en la calle Godoy Cruz, en el barrio de Palermo. En la sede de Coinsa, no respondieron los reiterados llamados de este medio.

Más de medio millón de dólares de ganancia por mes en alquileres

Paseo Gigena tiene unos 40.000 metros cuadrados totales, de los cuales habrá unos 27.000 cubiertos y 6.500 descubiertos, informó la desarrolladora BSD a elDiarioAR. Otros 4.000 metros cuadrados, el 10%, será para un “parque público elevado” sobre una de las terrazas del complejo inmobiliario, informó el gobierno de la Ciudad.

La constructora Coinsa publicó en su sitio web que se dedicarán 15.000 metros cuadrados a oficinas de alquiler y otros 1.700 a locales comerciales, confirmaron en BSD, el desarrollador del proyecto. BSD se especializada en torres y edificios de condominios residenciales, especialmente de lujo y privados. Tienen proyectos en Buenos Aires pero también en Nueva York, Atlanta y Georgia, Estados Unidos.

A 30 dólares el metro cuadrado, arroja una facturación equivalente a más de US$556.000 al mes y unos US$6.680.000 al año. “Son datos aproximados”, aclaró BSD ante la consulta. “Entre el 15% y 20% de los ingresos de Paseo Gigena serán aportados por los alquileres de los restaurantes, atados a porcentaje de ventas. De esta forma, se podrán recaudar los pesos para pagar a la Ciudad”, afirmaron en Anker.

El proyecto aún no está terminado y, a marzo último y en sólo un año, la consultora de Caputo y Bausili recaudó más de US$45,8 millones y $495.254.145, informaron en BSD ante la consulta. ¿En cuánto recuperará el desarrollador la inversión? “Primero, BSD debe cobrar los alquileres para pagar a los inversores”. Ese proceso finalizará en unos siete años. Luego, una vez que los inversores recuperan sus inversiones, BSD percibirá el 30% de los alquileres y el 70% restante será para los inversores“. La concesión es a 15 años y posibilidad de prorrogar por cinco más.

¿Cuánto cobra la Ciudad?

¿Cuánto recibe la Ciudad de este negocio construido sobre su propiedad? Por Paseo Gigena la Ciudad aceptó en la licitación pública un canon de 200.892,34 unidades de compra que se convierten “en moneda de curso legal”, es decir, pesos. Estas unidades de compra se establecen en la Ley de Presupuesto y actualmente cada una vale 120 pesos. No se actualiza desde enero de 2023, a pesar de la inflación, según la respuesta de la cartera de Hacienda de la Ciudad. Es decir que si el canon comenzara a pagarse hoy, sería de poco más de $24,1 millones mensuales. Otros cánones que han sido cuestionados, como el canon que pagan los privados que explotan el centro de eventos Punta Carrasco, en la Costanera Norte de la Ciudad es de $13.700.000, según la información obtenida por el legislador opositor Juan Manuel Valdés en un pedido de informes al Ejecutivo porteño.

Si se toma el valor del dólar oficial actual, el canon por Paseo Gigena equivaldría a unos US$87.600 dólares, el 15,7% de la facturación mensual de los privados por los alquileres.

Los cánones por las concesiones en terreno porteño son uno de los puntos más criticados a la gestión de Larreta por las sumas irrisorias que termina recibiendo la Ciudad de las empresas que hacen negocios millonarios con propiedad pública y contratos vencidos a destajo. El caso de las grúas de tránsito ha sido uno de los más graves. 

El rol de Caputo y Bausili

¿Cómo es la intervención de la empresa de Caputo y Bausili en el negocio inmobiliario? Se encargaron de armar el “Fideicomiso Dorrego y Libertador”, es decir, de buscar a los inversores, pero “no manejaron los fondos”, informaron en Anker, ya que esa tarea fue realizada por un colocador de bonos de oferta pública atados al dólar oficial. Comenzaron en marzo de 2022 y anunciaron los primeros resultados en marzo último. La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó a Anker a emitir deuda por un valor total de hasta US$60.000.000 para luego utilizar ese dinero para la inversión. Aún buscan recaudar unos US$10 millones más.

¿Cuánto ganó la empresa de Caputo y Bausili por el Paseo Gigena? El encargado de un fideicomiso inmobiliario cobra honorarios que se fijan en los acuerdos privados. Anker dividió las tareas del “encargado” de un fideicomiso con otras dos empresas financieras. En sus balances y memorias presentadas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) no hay datos de 2022. Aún resta que Anker presente su ganancia de este último periodo, en cuyo balance deberá informar cuánto ganó la consultora por el negocio inmobiliario en la Ciudad. En Anker respondieron que sus honorarios fueron pagados por el colocador de bonos, PPI, y que entre ambas empresas se llevaron el 1% de la colocación. Es decir que cobrarán un equivalente a unos US$600.000, si se cumplen sus expectativas de recaudar US$60.000.000.

“Anker participó como organizador en el financiamiento. Su rol fue el de ayudarnos con la estructuración del financiamiento, el diseño de los instrumentos financieros para poder realizar la financiación en el mercado de capitales. Ellos establecieron el vínculo o la traducción entre lo que necesitábamos los desarrolladores y lo que requieren los inversores para poder invertir en un proyecto como este”, explicaron a elDiarioAR desde BSD, uno de los ganadores de la licitación pública. 

El “Fideicomiso Dorrego y Libertador” no es un fideicomiso estándar. “Es el primer fideicomiso financiero inmobiliario constituido y colocado de conformidad con el régimen establecido por la CNV (Comisión Nacional de Valores) para productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario”, publicó el estudio asesor del fideicomiso. En la Comisión Nacional de Valores (CNV) no fue posible hallar documentos que detallen los honorarios de los organizadores y hay links caducos.

Anker

En los balances y memorias de 2020, año de su creación, Anker declaró ante la IGJ una ganancia de $1.461.416, de acuerdo con los documentos consultados por elDiarioAR. Al año siguiente, el ejercicio 2021 arrojó ganancias por más del quíntuple del primer año de la consultora: $8.377.827. Los accionistas de Anker resaltaron sus expectativas en el negocio con Paseo Gigena y lo dejaron asentado en un acta de directorio en abril de 2022.

“Este proyecto no es un proyecto tradicional ya que, al estar basado en un contrato de concesión, se aparta de lo que la mayoría de los desarrolladores más conocemos, que son los casos donde un comprador obtiene un título de propiedad sobre un inmueble”, explicó la compañía BSD. 

“Ellos —por Anker— no son inversores ni participan en el proyecto de otra manera más que en la estructuración del financiamiento para contribuir a generar la confianza que los inversores necesitan por no estar familiarizados con el desarrollador”, agregó la empresa a cargo del proyecto. Es decir, sin Anker, no hubiesen tenido los fondos para construir la megaobra. “Esta es la primera vez que el desarrollador ejecuta un financiamiento de un proyecto a través del mercado de capitales”, añadió la compañía.

“La obra en ejecución, que incluye todas las construcciones, instalaciones, mejoras edilicias y tecnológicas, y cuyo costo estimado a la fecha de presentación del proyecto ascendía a una suma superior a los US$31.000.000, quedará en su totalidad en favor del Gobierno de la Ciudad al finalizar el plazo de la concesión”, aseguraron a elDiarioAR desde el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, a cargo de José Luis Giusti, y responsable de las concesiones en la Ciudad.

¿Qué dijo la Ciudad ante la consulta por la participación de dos aliados políticos en el proyecto? “Según la nómina de accionistas y participantes presentada al momento de la oferta, no existe persona alguna con el apellido Caputo, ni con posterioridad ha sido informado al GCBA ningún cambio en la composición accionaria que implique la participación de alguna persona con ese apellido”.

Claro que cuando se conformó Anker, en agosto de 2020, la licitación ya había sido adjudicada a BSD en junio de 2019, que luego se asoció a la empresa de Caputo para buscar las inversiones necesarias para encarar el proyecto. “Para Anker no hay ningún conflicto de interés. Paseo Gigena se adjudicó a mediados de 2019. Caputo y Bausili dejaron la función pública en diciembre de 2019 y el proyecto apareció para ellos en 2021. Fue un trabajo muy independiente y sin contacto con el Gobierno de la Ciudad”, respondieron en Anker ante la consulta.

“No hay ilegalidad alguna ni conflicto de intereses”, aseguran en la Ciudad. Es cierto que la participación de Anker Latinoamérica se dio en el marco de un acuerdo entre privados. Lo que resulta extraño es que el Ejecutivo porteño sostenga que no conoce de la participación que tiene desde 2021 la empresa de Toto Caputo y Bausili en el proyecto.

En cuanto al plazo de la concesión, el mismo es de 15 años con prórroga de 5 porque se encuentra expresamente así previsto en la ley que autoriza la concesión (art. 4° de la ley 6086). El canon ofertado por el concesionario, y que formó parte de la oferta en función de la cual resultó adjudicatario, asciende al equivalente mensual a doscientas mil ochocientas noventa y dos con treinta y cuatro centésimas (200.892,34) de Unidades de Compra. A los fines del cálculo del pago en pesos, se tomará el valor vigente de la Unidad al momento de la conversión.

Un negocio diseñado desde 2018

La licitación se tramitó en 2018 y terminó de adjudicarse en junio de 2019, bajo el Régimen de Concesión de Obra Pública. Las obras y mejoras de infraestructura edilicia e instalaciones del inmueble quedaron a cargo del concesionario. La desafectación del predio del exestacionamiento del Hipódromo (el terreno en el que se construye Paseo Gigena) se aprobó en la Legislatura en diciembre de 2018.

Según la nómina de accionistas y participantes presentada al momento de la oferta, no existe persona alguna con el apellido Caputo, ni con posterioridad ha sido informado al GCBA ningún cambio en la composición accionaria.

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad.

El plazo de la concesión se fijó en 15 años, prorrogables por única vez por el plazo máximo de cinco 5 años, a partir de la entrega del inmueble por parte de la Ciudad.

Exfuncionarios

Los límites entre los negocios privados y las relaciones con el poder público le han traído dolores de cabeza y frentes judiciales a Toto Caputo. En la fiscalía de Carlos Rívolo fue investigado por haber ocultado al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. El caso salió a la luz en 2017 gracias a la filtración de los Paradise Papers, publicados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En 2017, también, el fiscal de la seguridad social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que formaba parte el ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. Ese fondo era Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Además, Toto Caputo integra la lista de imputados en la causa penal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado por el gobierno de Macri en 2018 y que implicó un endeudamiento por US$45.000 millones.

Bausili fue procesado en 2021 por el juez federal Sebastián Casanello por supuestas negociaciones incompatibles cuando ejerció como secretario de Finanzas. El magistrado ordenó trabar un embargo de sus bienes personales hasta cubrir los $10 millones. La causa contra el exfuncionario se centra en la elección del Deutsche Bank, exempleador de Bausili, para colocar deuda en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelación porteña le revocó el procesamiento.

Ambos exfuncionarios siempre negaron haber cometido delitos o faltas éticas en la función pública.

Flavio Caputo y otra empresa

Los socios fundadores de Anker fueron Toto y Flavio Caputo, su hermano, empresario. Ambos poseían acciones por 5.000.000 cada uno, según el boletín oficial. Bausili se sumó al directorio en enero de 2021, como vicepresidente y director titular. Toto Caputo mantuvo el cargo de presidente y Flavio, asumió como director suplente, aunque según un allegado al empresario, Flavio se habría desvinculado de Anker.

Flavio, hermano de Toto, es director de Caputo Hermanos, una constructora con negocios inmobiliarios en la Ciudad. El empresario quedó involucrado en la causa contra el grupo Revolución Federal, cuyos miembros están procesados por supuestamente llevar adelante un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, a través de escraches a funcionarios del Gobierno, como el ministro de Economía, Sergio Massa, e instalar una guillotina en Plaza de Mayo. 

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga si la desarrolladora inmobiliaria de Flavio Caputo financió al grupo sospechado a través de la contratación de una maderera del líder de la organización, Jonathan Morel, que no hace muebles sino que tercerizó la producción. Su abogado, Matías Cuneo Libarona, presentó ante el juzgado documentación sobre la transacción con la carpintería de Morel para afirman que fue un acuerdo comercial y no de financiamiento político, y la misma está siendo analizada. Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner creen que Revolución Federal podría haber estado vinculada al atentado que casi le cuesta la vida en septiembre último. No hay indicios directos de eso en el expediente, por el momento, aseguró una fuente directa del caso.

En abril de 2022, un mes después de comenzar con el fideicomiso financiero inmobiliario para Paseo Gigena, Caputo y Bausili adquirieron una nueva empresa como representantes de Anker: Gestión Agente Asesor Global de Inversiones SA. Declararon activos por unos US$2.000.000 y $8,6 millones ante la CNV.

Nota: este artículo se modificó el 6 de agosto a las 7 AM para corregir los metros cuadrados de Punta Carrasco. De las distintas notas de prensa e información oficial surgieron números contradictorios por lo que se decidió extraer el dato. También se corrigió el siguiente párrafo: “El proyecto no pasó por la Legislatura de la Ciudad porque el Ejecutivo sólo necesita la aprobación de los legisladores en los casos en que las concesiones son por más de 20 años”. La desafectación del predio del estacionamiento se aprobó en la Legislatura en diciembre de 2018.

ED/JJD

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que firmó un decreto a través del cual le encomendó al Ministerio de Obras Púbicas “iniciar una acción que busca la nulidad” de los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste.

“Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, señaló el mandatario desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el ministro del área, Gabriel Katopodis.

Presentación ante la Justicia

Katopodis afirmó que la cartera que conduce se presentará en la Justicia para que se declare la “lesividad y nulidad” de los contratos de concesión a Ausol SA y GCO, a cargo de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.

“Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales”, consignó Katopodis en conferencia junto al Presidente.

El Ministro sostuvo que no hubo “ninguna justificación ni parámetro” para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias Ausol SA y GCO SA, que administran los accesos Norte y Oeste, respectivamente, y que llega en total a los 813.143 millones de dólares.

“En el transcurso de 2018, el Gobierno del expresidente Mauricio Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como 'de vicio' y que determinan la nulidad absoluta”, expresó el funcionario.

El ministro advirtió además que el expresidente Mauricio Macri “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas de los accesos Norte y Oeste sin que hubiera “ningún componente que justifique” esa medida.

“Se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario. Pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”, planteó Katopodis.

DA