La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este miércoles que los episodios de violencia política que culminaron con el intento de atentado en su contra fueron “in crescendo después de la pandemia” de coronavirus, y citó casos como las “guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias en la Casa Rosada” y manifestaciones en su domicilio de Uruguay y Juncal, como parte de distintas protestas que, dijo, después del 1 de septiembre de 2022 cesaron misteriosamente.

Sin responsabilizar a ningún dirigente en concreto, la expresidenta insistió en una idea sobre la que todo el kirchnerismo viene machacando: en el juicio en curso no están procesados los autores intelectuales del intento de asesinato. “Es un juicio a los autores materiales: faltan los autores intelectuales y los financiadores –dijo–. El Poder Judicial, lo que yo considero el Partido Judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver con este atentado”.

La exmandataria vincula el hecho a sectores del PRO como el que representa el diputado Gerardo Milman y a la familia Caputo, del actual ministro de Economía, con lazos con Revolución Federal, organización de ultraderecha que es juzgada en otra causa.

“Tenemos sentados acá a los autores materiales, pero no a los ideólogos ni a los financieros. Es una deuda que tiene que se tiene que saldar no conmigo, sino con la democracia y toda la gente que, de alguna u otra manera, cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad, y no para matar y estigmatizar”, advirtió.

Sobre los acusados, dijo que “sería muy ingenuo de su parte pensar” que “las tres personas que están sentadas ahí son las que planificaron esto”. Y lanzó: “Imaginen que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri, o contra algún sector de la derecha, y aparece alguien de La Cámpora diciendo ‘Lo vamos a matar’”.

Así lo manifestó la también exvicepresidenta al declarar en calidad de testigo en el juicio que se sigue en los tribunales de Comodoro Py por el intento de magnicidio en su contra. Fernández de Kirchner prestó declaración en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, en la causa 2998/2022 Caratulada “Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado”. 

La exmandataria respondió primero preguntas de sus abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, y posteriormente aclaró dudas de la fiscal Gabriela Baigún. Las consultas de los abogados de los acusados, en tanto, sólo se centraron en la convivencia de Fernández de Kirchner con su custodia; quisieron saber si eran los mismos que la asisten actualmente y si ella digita sus tareas, a lo que Fernández de Kirchner respondió: “La custodia hace lo que el custodiado le dice que haga. Sería insólito que hicieran algo en contra de lo que yo les digo”.

El repaso del caldo de cultivo

A la hora de hablar de los ataques en su contra, la exmandataria dijo que la violencia fue “simbólica” y “no tan simbólica”, y sobre su condición de género expuso que “mujeres que hacen política hay muchas, ahora mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, la administración de los recursos de los trabajadores, la Asignación Universal por Hijo (AUH) para disminuir la pobreza…”, al identificar en esas medidas las razones detrás del intento de “eliminarla”. Contrastó sus políticas con algunas impulsadas por el Gobienro actual, como el RIGI y dijo: “Hay un andamiaje en el que a los que nos oponemos a esa entrega, nos eliminen a como dé lugar”.

“Cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en el sentido de lo que quieren los sectores de poder en Argentina, eso genera violencia, salvo que seas una mascota del poder. Y la verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré nunca”, sostuvo. Y señaló que como dirigente política creía que el “pacto democrático de 1983 era eso: que la vida del otro estaba fuera de toda discusión”.

Al respecto, insistió que “solamente en la hipérbole argentina puede suceder lo que está sucediendo, que cuando entra mi persona a un rol de acusada o víctima se queman todos los Códigos Penales, y van por todo”.

La noche del atentado 

En cuanto a los hechos del 1 de septiembre de 2022, Fernández de Kirchner relató: “Ese día llegamos a eso de las 21.50, bajo y empiezo a recorrer para saludar, gente que me llevaba libros, y en un momento dado como que me revolean un libro. Se ve que alguien tuvo algún problema y yo me agacho a recogerlo. Lo agarro y se lo devuelvo, y ahí veo como un tumulto sobre la vereda de Juncal, pero como había habido el día anterior un problema con un chico de Rappi que se había peleado con la custodia, no le presté atención. Seguí la recorrida porque había gente que venía de zonas como Mendoza”.

Continuó: “Cuando subo al ascensor uno de mis secretarios, Diego Bermúdez, me pregunta si había escuchado un click. Subimos, él se puso enseguida a hablar por teléfono y me confirma que sí, que había sido un arma, que el arma estaba pisada y que habían capturado a la persona que la empuñaba. Ahí me senté a mirar televisión y no habrán pasado 20 minutos cuando veo la imagen del arma empuñada, gatillando, la imagen que recorrió el mundo”.

Del llamado del Papa al rol de Milman

La expresidenta recordó que el 2 de septiembre de 2022, después del intento de asesinato, la llamó el papa Francisco y le dijo que “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal”.

“La estigmatización, el insulto, el agravio, el querer exterminar al otro, no ganarle las elecciones, sino exterminarlo…”, expuso y añadió, en referencia a Milman, vinculado con los agresores, “cómo un diputado de la Nación puede firmar ‘Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina’”.

También había hecho énfasis, antes, en las sospechas de un supuesto diálogo de Milman en el bar Casablanca, donde le habría dicho a sus interlocutores “Cuando la maten yo voy a estar en la costa”. A la luz de los hechos posteriores, Cristina Kirchner definió a Milman como “una suerte de Nostradamus” que debe tener asistencia deben ser “las fuerzas del cielo”.

La vida íntima

Sobre el impacto familiar que tuvo el intento de atentado, Cristina Kirchner reconoció que temió por sus hijos Máximo y Florencia. Y recordó una anécdota vinculada a la muerte de Néstor Kirchner en 2010: “Esa misma noche, yo me enteré después de un tiempo porque me contó Máximo, cuando pasó lo del padre y yo lo llamé para que viniera rápido porque su papá ‘se había enfermado de vuelta’, no le dije que había muerto. Cuando bajó en el aeropuerto de El Calafate, uno de los empleados le dijo ‘Yo lo quería mucho a tu viejo’, y ahí se enteró”, recordó.

“Entonces, cuando pasó lo del atentado, él estaba con un amigo en Parque Leloir, y alguien lo llamó para decirle que había habido un problema, y él pensó desde que salió de Parque Leloir hasta que llegó a Juncal que me habían matado”, reveló la ex presidenta.

También relató que su nieta Helena, hija de Florencia, “tenía miedo de salir de su cuarto” a raíz del atentado. “Había que acompañarla desde su cuarto hasta el cuarto de juegos, le dimos tratamientos con un psicólogo de niños”, añadió.

Y cerró con una definición política y religiosa: “Viendo lo que han hecho dirigentes en materia de endeudamiento, empobrecimiento, de endeudar al país con el FMI, y caminan por la vida como si nada, y que a mí me haya pasado esto… Siempre digo que Dios y la Virgen no permitieron que saliera el tiro, y después los militantes no permitieron que volviera a tomar el arma, cargarla y dispararme”. “Dios sabe por qué hace las cosas: soy muy creyente”, concluyó.

El juicio empezó el 26 de junio pasado y debe definir la suerte de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados en distinto grado de haber intentado el asesinato de la ex presidenta, un plan sobre el que el kirchnerismo reclama de todos modos responsabilidades políticas mayores.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo están acusados como autor, partícipe necesaria y partícipe secundario, respectivamente, del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego. El tribunal está compuesto por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

NP/DTC

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió enviar a juicio a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte como coautores del intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina kirchner, el pasado 1 de septiembre en inmediaciones de su departamento de Recoleta. También insistió en que vaya a juicio el denominado “jefe de los copitos”, Nicolás Carrizo, como partícipe secundario.

La fiscalía, la cual tiene delegada la investigación, es quien hizo el pedido en momentos en que la Vicepresidenta, quien es querellante en la causa, solicita más medidas de prueba y vincula a sectores de la oposición como ser el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman.

Es que 48 horas antes del atentado, un asesor legislativo del bloque de Frente de Todos declaró que en un café cercano al Congreso hubo una reunión enter Milman y dos asesoras suyas, y en el que el legislador le dijo que tenía previsto irse a la Costa Atlántica “cuando la maten” a la Vicepresidenta.

Si bien Milman no fue imputado sí se está investigando a sus secretarias sobre si dijeron o no la verdad respecto a que eso que se le atribuye a Milman es falso.

En el pedido hecho ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal aseguró que los acusados actuaron de forma “premeditada”, esto es que “habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato” de Cristina Kirchner. 

“Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la Vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click”, detalló la fiscalía.

La acción de Sabag Montiel fue interrumpida primero por los militantes que aguardaban saludar a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, y luego por los custodios de la Policía Federal a cargo del cuidado de Cristina Kirchner.

Además de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad y de las tantas que ese día estaban presentes frente al departamento de la Vicepresidenta, el fiscal se valió de otra gran cantidad de pruebas. Entre ellas, los mensajes que Sabag Montiel y Uliarte se mandaron planificando el hecho desde muchos días antes, incluso con la idea de llevarlo a cabo antes, y de los contactos que ellos tuvieron con terceras personas. 

Tal fue la planificación que hasta idearon alquilar un inmueble cercano a la vivienda de la Vicepresidenta y desde un balcón atentar con un arma de fuego, algo que finalmente desistieron según surge de esas conversaciones. 

Respecto a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del fallido atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.

“Estamos decididos a matarla a la puta esa”, dijo Carrizo quien además mantuvo una conversación con otras personas donde les hacía saber que él había participado en la planificación del hecho. 

“Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, concluyó la fiscalía.

“Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos, dijo el fiscal y tuvo en cuenta que el arma utilizada incluso pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual el ahora acusado había convivido.

“En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Sobre ello, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido a ellos la maquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública. 

“Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”, indicó la fiscalía.

También Rívolo se refirió a la posible vinculación de los imputados con algún partido político o agrupación. “No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, dijo.

“Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc. Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, sostuvo.

Ahora la jueza correrá vista a las partes, defensas y querella para que opinen, y luego definirá si la causa pasa a instancias de juicio oral para juzgar a los 3 detenidos. No obstante, un tramo de la causa podría seguir bajo investigación si faltan medidas de prueba por delante. 

Con información de NA.

IG

La Cámara Federal de Casación confirmó que Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, detenido por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, seguirá detenido.

El máximo tribunal penal confirmó una decisión adoptada el 8 de marzo pasado, cuando rechazó un pedido de “detención domiciliaria”.

Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consideraron que “las circunstancias favorables a Carrizo resaltadas por la defensa no lograron desvirtuar los elementos objetivos valorados” para ratificar que continuara en una celda común.

Esas circunstancias “hacen necesario, al menos por el momento, el mantenimiento de la detención cautelar de Carrizo en un ámbito intra muros”, sostuvieron los jueces Yacobucci y Slokar.  No obstante, dejaron la puerta abierta para revisar esa situación en el futuro.

La jueza Ledesma, por su parte, consideró insuficientes los argumentos de la defensa para pedir la prisión domiciliaria. “Con respecto a su hermano, Carrizo ha manifestado que ‘por razones de salud este no se encontraría en condiciones de poder brindarle algún tipo de contención o colaboración en la actualidad’”, subrayó.

“Tampoco se advierte un sostén emocional de parte de su madre, pues del informe mencionado se desprende que Carrizo se encontraría distanciado de ella”, añadió.

En cuando a una relación de pareja que garantizaría su prisión domiciliaria, la jueza evaluó que “de las circunstancias descritas precedentemente se infieren dudas sobre la solidez del vínculo”.

“No se advierten elementos contundentes que permitan neutralizar los riesgos procesales derivados del caso concreto. Las circunstancias descriptas, analizadas en contexto con el estadio procesal de las actuaciones y los indicadores de riesgos procesales permiten sostener que -de momento- no están dados los presupuestos necesarios para conceder la prisión domiciliaria a Gabriel Carrizo”, resumió el fallo.

Con información de NA

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó otorgar prisión domiciliaria a Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el último 1 de septiembre, tras señalar que existen “riesgos procesales” que impedirían morigerar la modalidad de su detención.

“Considero que subsisten inalterados los peligros procesales tratados al tiempo de evaluar la posibilidad de que Carrizo afronte el presente proceso penal en libertad. Riesgos que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado”, sostuvo la magistrada en un fallo de seis páginas firmado este viernes.

Se trata de un segundo intento realizado por la defensa de Carrizo, a cargo del abogado Gastón Marano, presentado el último 23 de enero bajo el pretexto de que el procesamiento de su defendido está firme pero “su detención con carácter cautelar se tornaba de prolongación incierta”.

Para este nuevo intento, su abogado defensor propuso que sea enviado a la casa de su supuesta pareja con la que habría convivido días antes de ser detenido a mediados de septiembre pasado. Pero el estudio socio ambiental arrojó que “la convivencia se encontraría en una etapa incipiente” y “se habría desarrollado solamente algunos días previos a su detención”.

La profesional que realizó la entrevistas para el caso relató también que “la relación dataría de hace poco más de un año, y la habrían mantenido en reserva de sus entornos sociales y familiares, a pesar de asegurar haber tenido contactos con regularidad durante ese período”, según surge del fallo de Capuchetti.

Carrizo está procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de homicidio. Ante la justicia y la opinión pública se presentó como alguien que dio trabajo en la venta de copos de nieve a Fernando Sabag Montiel -el hombre que intentó cometer el atentad-, pero en su celular aparecieron mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque.

Al rechazar el nuevo pedido para acceder a la detención domiciliaria, la jueza sostuvo que “no se verifica ninguno de los supuestos mencionados en los artículos citados para que se proceda” a ese beneficio, a la vez que sostuvo que “no se ha incorporado en esta incidencia elemento probatorio o desarrollado circunstancia procesal alguna que modifique el escenario que motivó la denegatoria del primer planteo efectuado en este mismo incidente”.

“Los reparos procesales que la defensa pueda guardar respecto a la celeridad con la que la investigación avanza actualmente a la siguiente etapa plenaria, pueden ser canalizados a través de los planteos que la parte estime correspondientes, y además deben ser contextualizados en el tramo actual en el que se enmarca el proceso”, respondió la jueza al planteo de la defensa de Carrizo.

“No obstante ello -continuó-, el arresto domiciliario no resulta el instituto para dirimir tales pretensiones, máxime siendo que el tiempo de detención preventiva que viene sufriendo Carrizo no luce desproporcionado en relación a la gravedad del hecho que se le enrostra, la complejidad de la investigación y los preceptos legales que regulan el instituto (Ley 25430)”.

La jueza también invocó en su fallo la opinión del ministerio público fiscal que “dictaminó que no debía acogerse favorablemente lo peticionado por Nicolás Gabriel Carrizo, resaltando que no se introdujeron nuevos argumentos a los oportunamente evaluados por la Alzada con fecha 14/12/22”.

“El tenor de las comunicaciones halladas en el teléfono celular que le fuera incautado, sumado a la gravedad institucional de los hechos pesquisados y a la expectativa de pena para los delitos que se le achacan, resultan indicadores de entidad suficiente para mantener el encierro cautelar, ya que conforman un cuadro objetivo suficiente para afirmar que existen riesgos procesales de fuga”, había opinado la fiscalía.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo en las horas posteriores a que Sabag Monitel intentara asesinar a la Vicepresidenta.

Por esta causa también está detenida procesada como coautora Brenda Uliarte, supuesta pareja de Sabag Montiel, quien estaba con él en las inmediaciones del edificio que habitaba la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, el día que intentaron matarla.

MB con información de agencia de noticias Télam

Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como “los copitos” y detenido por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner, declara este martes en Comodoro Py en una ampliación de la indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

“Va a declarar, quiere aclarar toda la situación”, anunció su abogado, Gastón Marano, sobre la audiencia de este martes.

A fines del año pasado la Cámara Federal le ordenó a Capuchetti que vuelva a convocar a Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de WhatsApp en su teléfono.

Esos chats parecen incriminatorios sobre la presunta participación de Carrizo en el intento de magnicidio, pero el imputado argumenta que se trataron de “bromas” a amigos y conocidos, con quienes se vanagloriaba de conductas en las que no participó.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados”, dijo la Cámara al ordenar la ampliación de la declaración.

La indagatoria se pospuso en dos oportunidades a la espera de que la jueza y el fiscal regresaran de sus vacaciones de enero, durante la feria judicial.

Según la defensa de Carrizo, el imputado “va a explicar a quién le mandó esos mensajes y por qué lo hizo” y, además, sugerirá nuevos elementos de investigación a la jueza Capuchetti, quien delegó la pesquisa en el fiscal.

Con información de NA.

IG

A los casos públicamente conocidos como “Los Copitos” y “Revolución Federal” se los puede pensar en dos niveles. Uno estrictamente jurídico. El otro como punto de partida para extraer conclusiones sobre el desempeño del régimen político en el plano de la seguridad y la justicia. Me voy a concentrar en el segundo y solamente en tres dimensiones: el control de las calles por parte del poder administrativo; las formas en que el sistema judicial rinde cuentas frente a los ciudadanos, y el impacto de los vetustos reglamentos judiciales en la eficacia de las investigaciones.

Paso por alto los detalles sobre los hechos en sí mismos. Solo aclaro que cuando menciono a “Los Copitos” hago referencia al intento de asesinato de la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando hablo de “Revolución Federal” apunto al grupo cuyas acciones se investigan en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por hechos vinculados al orden público.

El desarrollo de esos sucesos revela los problemas de las autoridades políticas para controlar las calles. Muchos tenemos grabadas en las retinas las imágenes del 18 de agosto cuando “Revolución Federal” arrojó antorchas encendidas a la Casa Rosada. La policía reaccionó después, con gases lacrimógenos. También recordamos las del sábado 27 de agosto. Ese día, seguidores de Cristina Kirchner coparon la esquina de Uruguay y Juncal. Las fuerzas de seguridad intervinieron cuando las calles estaban inundadas de gente. Arrojaron agua con un camión hidrante, pero los manifestantes no dejaron de cantar y bailar. Las tensiones se agudizaron y el 1 de septiembre vimos por televisión a una persona apretando el gatillo en la cabeza de la Vicepresidente de la Nación.

La secuencia de hechos es elocuente. Las fuerzas de seguridad actuaron como espectadores privilegiados. Intervinieron cuando los hechos se habían convertido en delitos. Es decir, cuando el Estado ya no tenía chances de prevenir sino solo de juzgar y sancionar. Esa forma de acercarse a los conflictos es un patrón común. La policía no previene pero más tarde realiza cargas para recuperar el control. Ese hiato entre el origen de los sucesos y la intervención pública requiere una reflexión.

La policía es soberana en las calles y debe impedir que se cometan delitos. El concepto de orden integra el monopolio legítimo de la fuerza que es patrimonio del Estado.

Es que el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, que es inherente al Estado nación en los tres niveles de gobierno, no significa que las alternativas se limiten a la tolerancia absoluta o la represión sin medias tintas. En medio de esos polos, las policías de seguridad (que dependen del poder ejecutivo) tienen el deber de administrar el orden en las calles ¿Qué significa administrar? Significa que en la vía pública la policía es la mano visible del poder del Estado. Deben ejercerlo de acuerdo con las capacidades que les asigna la ley. Tienen el deber de intervenir desde el principio para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y, esto es importante, en ningún caso necesitan la autorización de la justicia penal. La policía es soberana en las calles y debe impedir que se cometan delitos. El concepto de orden integra el monopolio legítimo de la fuerza que es patrimonio del Estado.

La segunda dimensión está relacionada con los mismos acontecimientos. La espiral de violencia se agudizó, los hechos se consumaron e intervinieron los magistrados de la justicia federal. La noticia trepó a la cima de la agenda pública. Muchos ciudadanos reclamaban el derecho constitucional a recibir información de parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, el sistema judicial permanece en un fango comunicativo. Es razonable que los magistrados que llevan adelante las investigaciones guarden silencio. No obstante, ello no puede extenderse a la institución judicial en su conjunto. En hechos de semejante trascendencia pública, los sitios web del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal se revelan insuficientes. En esos supuestos, es necesaria la palabra institucional para que los ciudadanos reciban información directa de sus servidores públicos como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional.

Es que el silencio institucional no impide que algunas cuestiones sean parte de la conversación pública. Frente a la ausencia judicial, la conversación se desarrolla envuelta en enunciados atravesados por intereses particulares. Cada actor presenta su versión. El resultado socava las bases de la república democrática, porque dichas perspectivas particularistas pujan por imponer un régimen de verdad parcial. Una verdad que, irónicamente, se atribuye al sistema judicial que no habla. El resultado es cantado. Aumenta el descreimiento en la palabra de los jueces y fiscales por que el sistema judicial permite que intereses particulares hablen en su nombre. En consecuencia, es el propio Estado el que empuja a los ciudadanos a alejarse de la apuesta democrática porque construye barreras comunicativas.

La última dimensión tiene que ver con los reglamentos judiciales. La pregunta cae por peso propio ¿Cuál es la relación con la labor policial en las calles y con el déficit comunicacional de la justicia? Lo explico.

Tanto el caso de “Los Copitos” como el de “Revolución Federal” tienen un alto impacto social. Vivimos tiempos en los que la información circula a mucha velocidad. Esa velocidad retroalimenta la necesidad de respuestas más rápidas. Nuestra administración de justicia tiene problemas con sus temporalidades. Cualquier ciudadano que directa o indirectamente interactuó con la justicia conoce de primera mano la mora judicial. Es cierto que el trabajo de los jueces y fiscales no puede estar subordinado a los ritmos de la circulación de las noticias. Pero tiene que existir un punto medio, capaz de balancear los ritmos de las investigaciones con la necesidad de cumplir con el deber de informar a los ciudadanos.

El 22 de septiembre la jueza Eugenia Capuchetti solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que refuerce los medios materiales del juzgado. La jueza buscaba mayor eficacia en su trabajo. Pero, ¿por qué la jueza tiene que recurrir a la corte? ¿No hay una forma más ágil? La verdad es que no. Los reglamentos son rígidos. Cuando un juzgado esta pasado de trabajo, necesita que la corte (o la procuración general para los fiscales) autoricen la incorporación de más personas. Puede pasar, incluso, que el juzgado vecino esté más aliviado y que por compañerismo algunos quieran colaborar con sus pares. Pero no pueden hacerlo ¿Hace falta una ley para simplificar eso? No.  Hace falta que las cabezas de las instituciones judiciales fomenten, mediante simples reglamentos, la cooperación.

Tengo claro que los desórdenes en las calles, la relación entre las instituciones judiciales y la sociedad junto a los problemas de diseño institucional del aparato judicial, son más complejos. Pero el camino para enfrentarlos no siempre tiene que ver con hipótesis de máxima que busquen cambiar absolutamente todo. Existen algunas formas de mejorar paulatinamente nuestra alicaída vida pública. Las contracciones en una sociedad y la puja de intereses son inevitables porque ejercer las sagradas libertades genera ruidos. Sin embargo, algunos pequeños ajustes ayudarían a vivir mejor.

Por ejemplo, las relaciones en las calles serían diferentes si, como busca la Constitución, estuviesen mediadas por las leyes. Para ello es preciso que las policías intervengan antes que los delitos ocurran. Detener la violencia en las calles exige aplicar las leyes. Para ello, las autoridades políticas de los poderes ejecutivos tienen que exprimir las capacidades legales de sus fuerzas de seguridad.

Algo parecido ocurre con la palabra judicial. Recuperar su credibilidad llevará tiempo. Pero el primer paso es construir puentes con una sociedad ávida de respuestas. Ese puente solo lo pueden construir las palabras que no usa una institución que, irónicamente, trabaja con palabras. Por ello el sistema judicial necesita hablar, necesita hacer docencia para que los ciudadanos conozcan los cimientos de sus resoluciones. El aparato judicial debe además, crear los incentivos institucionales necesarios para fomentar la cooperación interna de sus integrantes. Así, los magistrados podrán hacer su trabajo más rápido y mejor.

FD

La causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa acumulando testigos y medidas que de acuerdo con los investigadores consultados por elDiarioAR se estanca en la teoría de un reducido grupo de acusados sin aparentes terminales con la política ni la recepción de fondos para su financiamiento. Sin embargo, el kirchnerismo tiene su propia investigación, que incluye aportes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que implica un mapa de vínculos que conectan con referentes de la derecha y los libertarios e indirectamente con dirigentes de la oposición.

Los expedientes en torno del caso son dos: el primero es el que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sobre el hecho material del atentado y en el que están procesados Fernando Sabag Montiel -el hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de CFK-, Brenda Uliarte -supuesta instigadora- y otros dos allegados a la pareja; el segundo nació por una denuncia de la AFI contra miembros de Revolución Federal, un grupo de libertarios antikirchneristas y radicalizados, y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. 

Esta última causa se originó dos semanas después del intento de homicidio y apunta a supuestos responsables de generar el caldo de cultivo para el atentado. El viernes, el magistrado indagó a cuatro detenidos de este grupo, acusados de amenazas, entre ellos, Jonathan Morel, uno de los principales referentes de estos grupos gestados en otro caldo de cultivo: la pandemia, la crisis económica y las redes sociales.

La denuncia de la AFI incluyó audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 en la red social Twitter por el grupo Revolución Federal que incluyen la mención a la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Fernández de Kirchner que se congregaron durante varias jornadas en las inmediaciones de su domicilio para hacerla “pasar a la historia”.

En otro de los audios, Morel dialoga con un soldado voluntario del Ejércio, Franco Ezequiel Castelli, con domiclio en Santa Cruz, publicó la agencia oficial Télam:

Morel: ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?

Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?

Morel y los otros tres detenidos están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por delitos con penas de hasta ocho años de prisión, como incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones; organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En el kirchnerismo aseguran que la participación de la AFI -que tiene vedado por la ley realizar tareas de inteligencia interna- fue promovida por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, luego de que la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel  a encomendada a la Policía Federal -bajo la conducción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- terminara con el contenido del dispositivo borrado y la desconfianza creciente de De Pedro, de extrema confianza de la vicepresidenta.  

En el riñón del kirchnerismo sostienen que el mapa de relaciones entre Revolución Federal incluye a Brenda Uliarte -asistió a una marcha de la organización en la que se arrojaron antorchas encendidas a la Casa Rosada previo al atentado- y a un dirigente de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, que participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich, la principal apuntada por el sector fiel a Fernández de Kirchner como principal apoyatura política de estos grupos sospechados.

Uno de los dirigentes del kirchnerismo que sostiene esos vínculos es el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), quien este viernes dedicó una emisión de su canal de Youtube a mostrar esas relaciones e infirió la conexión de los grupos radicalizados y Carrol con Bullrich. Sin embargo, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo a elDiarioAR: “No los conozco -a los detenidos por el expediente contra Revolución Federal- y no tienen ninguna relación con nuestra campaña”.

Carrol es la última incorporación al mapa de relaciones que estudia el kirchnerismo: hace cuatro semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el hombre que apuntó y gatilló a la vicepresidenta sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

Entonces, Carrol copó la escena. Fue invitado al programa de Pablo Duggan en C5N el 19 de octubre y sostuvo “no voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel”. “Yo no los conozco”, “los conocí por la pantalla de Crónica”, “la llamé a Brenda Uliarte y le pedí una entrevista por Instagram Live, después se sumó el novio”, la convocatoria que los reunía era “no planes, trabajar”.

“Después de la entrevista, con ella intercambié mensajes. La invitamos a un cumpleaños de Almeida -otro integrante del espacio de Carrol- que era abierto”, dijo. “Vinieron, eran dos personas raras, no hablaron de política en ningún momento, sino de incidencias personales de ellos”. El encuentro fue unos diez días antes del atentado, agregó el dirigente de Nuevo Centro Derecha.

Carrol afirmó que al día siguiente del atentado, “abogados que, calculo que habían visto el IG live, me llamaron para pedirme el número de ella. Me comuniqué con ella para decirle que había abogados que estaban ofreciendo defenderlo a cambio de fama”.

-¿Cómo se entera de ese ofrecimiento Sabag Montiel si estaba incomunicado?- le preguntó el conductor.

-Yo tampoco lo entiendo.

Financiamiento o contratación

Los empresarios Flavio y Hugo Caputo, hermanos mayores del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, y primos del empresario Nicolás “Nicky” Caputo -mejor amigo del expresidente- aún no explicaron cómo llegaron a contratar al grupo libertario de Jonathan Morel, detenido en otro expediente vinculado, para la fabricación de muebles por unos $6,5 millones que ni siquiera fabricó la supuesta carpintería de Revolución Federal, ya que el trabajo fue tercerizado, como informó el propio líder del grupo político -o antipolítico-, detenido desde el jueves por orden del juez Martínez De Giorgi, quien también ordenó allanamientos en la empresa de los Caputo.

Matías Cúneo Libarona, abogado de ambos desarrolladores inmobiliarios -quien también representó a Luis Caputo en la causa por ocultar que fue dueño de una offshore en Islas Caimán- aseguró a este medio que los empresarios admiten la contratación de la carpintería de Morel pero niegan terminantemente tener relación con el atentado a Fernández de Kirchner. También negaron que el exfuncionario de Macri y el mejor amigo del exmandatario tengan relación con la empresa Caputo Hermanos SA que contrató a Morel. “Con Nicolás ni siquiera tienen relación y Luis o Totó nunca tuvo vínculo con la empresa de sus hermanos mayores”, aseguró un allegado a los empresarios.

Los accionistas de Caputo Hermanos SA presentaron de manera espontánea un escrito ante la Justicia a través de su abogado horas antes de que se ordenaran los allanamientos y detenciones del caso, el jueves último. A través del penalista, la desarrolladora inmobiliaria aportó documentación, facturas comerciales y fotografías que acreditan la compra, existencia y entrega de los muebles adquiridos a Morel.

Flavio y Hugo Caputo afirmaron al juzgado que la hipótesis que “fomentaron” Página/12 y C5N de que Caputo Hermanos SA financió a Revolución Federal a través de la compra de muebles sería “errónea, tergiversada y maliciosa”, según el escrito al que accedió este medio.

La explicación de los Caputo excluyó un dato central: cómo llegaron a contratar a la supuesta carpintería de Morel, si fue por recomendación (y de quién) o por otra vía (y cuál). Ante la consulta de elDiarioAR, su abogado respondió que esa información será aportada por la empresa este lunes ante el juzgado de Martínez de Giorgi.

Nicolás Caputo, primo de los empresarios que quedaron involucrados en el caso, también niega cualquier vinculación con sus primos y la compañía, según aseguró un allegado al mejor amigo de Macri.

La contratación salió a la luz primero en los medios de comunicación y luego la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó al juez Martínez De Giorgi “transferencias realizadas por los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur –ambos administrados en calidad de fiduciario por Caputo Hermanos- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de $6,5 millones—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan Morel” y dos mujeres que serían una empleada de la carpintería y su expareja.

PYME

La carpintería de Revolución Federal está ubicada en la localidad de Boulogne y es donde Morel dijo que fabricaron la guillotina y antorchas que llevaron a Plaza de Mayo para una protesta contra el kirchnerismo con la leyenda “todxs presos, muertos o exiliados”. Morel negó durante la indagatoria del viernes haber participado en el atentado a Fernández de Kirchner. Tras el hecho, además, había dicho en una entrevista con elDiarioAR que los audios entregados a la Justicia por la AFI “están fuera de contexto”. “Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla”, señaló.

Leonardo Sosa es otro de los fundadores de Revolución Federal y también fue detenido el jueves por orden de Martínez De Giorgi. Ambos militaron en 2015 para la campaña de Macri. “A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados”, dijo Sosa a Revista Anfibia previo al atentado del 1° de septiembre.

En el dictamen en el que el fiscal Pollicita solicitó las detenciones e indagatorias de Morel, Sosa y otros dos integrantes del grupo, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el magistrado sostuvo que los primeros dos acusados en el expediente iniciado por la AFI organizaron Revolución Federal con el objetivo de llevar a cabo “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor” e incitaron “a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

“Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', 'no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias', 'al kirchnerismo cárcel o bala', 'no se quieren ir? Los vamos a sacar', 'que se vayan todos', entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales”. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, fue otra de las consignas citadas por Pollicita.

ED

No hace falta ser lombrosiano ni sociólogo para ser de los que miran pasar en el subte, la calle o el tren a un estereotipo de chico o chica que podría pertenecer a la “banda de los copitos”. Esa sospecha no es policial ni paranoica: más bien una especie de intuición prendida al ojo que reconoce rasgos, ropa, peinados, y los familiariza a esta nueva “familia argentina” de jóvenes de clase media baja, ideología retorcida y gatillo fácil con la que nos empachamos el último mes y medio. Gente rota que vimos una y otra vez por televisión. Quizás se sepa la verdad, si les pusieron guita, quién y a qué grupo de ese ecosistema y todo lo demás (Toto Caputo, ¡¿inversor de riesgo?!), pero me detengo en este tic de observación, que es también un modo de estar “informado”: construir el prejuicio, literalmente; eso que en realidad sólo habla de uno. Porque esa información se nutre de fantasías, teorías conspirativas, lecturas a medias o picoteo de noticias judiciales que, como todas, arrancaron muy arriba y ya son parte del mar. Para qué nos informamos nunca es una pregunta del todo pertinente.

Penúltima conclusión sobre esta “banda” de los copitos en la intuición clásica: están animados por algo nada original de la vida posmoderna (el viejo rezo de Warhol de tener 15 minutos de fama). Constitutivo, actualizado, revestido por las novedades de cada moda, pero que está ahí, como un elemento más: “Boluda. Estoy que no me la creo. Yo soy una negra chorreada de San Miguel y este chabón que es periodista, que es famoso me quiere coger.” El viaje de la pelea con la planera el subidón de seguidores en IG y de ahí al onlyfans, donde Brenda Uliarte se hacía llamar Ámbar. Habrá que mirar si ahí, en ese sitio, no hay –visto con realismo sucio– una economía popular de mercado. Las “patas” en la cámara. Pero veamos la escena: estaba Cristina, estaba el arma, estaba el “sicario”, ¿y qué más estaba? La cámara. Que no era una. Eran todas: las de los canales, las cámaras de los militantes y las de los vecinos. Un cuello de botella de cámaras. Un Rashomon improvisado de puntos de vista. No hay silencio ni silenciador, es “la noche perpetua de los televisores encendidos”, como escribió Osvaldo Lamborghini en 1983.

En los años noventa vivimos el cénit de esa crítica cultural. Bourdieu publicó su famoso ensayo “Sobre la televisión”. Escenas de la vida posmoderna. Luis Moreno Ocampo, por ejemplo, que –como vimos– la década anterior tallaba en piedra el celebrado Juicio a las Juntas, se ponía la cara de piedra y organizaba un show judicial para la televisión: “FORUM-La Corte del Pueblo”, una pedagogía de las formas jurídicas, sin tono dramático, con momentos jocosos, pero que a la vez bebía en el negocio de eso que Esteban Rodríguez Alzueta llamó “Justicia Mediática” en su libro del 2000. Escribió Rodríguez Alzueta: “La justicia ha perdido el monopolio de la verdad, una verdad que se administra y produce con las interpretaciones y los tiempos del periodismo”.

“Los mediáticos”, se dijo hace un tiempo. Una “tribu urbana”, nacida y criada entre las mismas cámaras entrenadas para ir a buscar tribus a la frontera. A la que les nació la propia. Casting sábana: productores, managers, conductores, muchos sátrapas que construyeron la aduana de ese camino largo y cálido al podio de los fifteen minutes. Chicos y chicas pasaban por ahí, piripipí, subite al ring, clink caja, y después, pellejos al costado del camino. La velocidad con que esas personas adoptan el estilo clásico de la gestualidad mediática también es otra versión y velocidad de la información, de eso que no se sabe que se sabe. ¿Cuánto tarda una persona en hablar en idioma famoso? En decirles, por ejemplo, “hoy no hablo, chicos” a los movileros que esperan a tal o cual en la puerta de su casa. Subrayo el uso de “chicos”, detectable en un Ottavis cuando se pone de novio con Xipolitakis, o en una bailarina desconocida que inicia un escándalo, o en Fede Bal que sale de la casa con anteojos negros después de separarse de no sé quién, y en esa cadena de buena onda horizontal tira “chicos, porfa, hoy no quiero hablar”. Ahí se cuece la primera simple solidaridad entre noteros y “mediáticos” de la cadena alimenticia. 

Todos estamos a un tuit de entrar a la fama. ¿Todos estamos a un disparo de entrar a la Historia? Como dice Tartu que conoce y a la vez piensa por dentro esto: “Son los que saben que en la fama se vive mejor”. Lo dice completo así: “Lo saben los copitos, lo supo Jean Baudrillard cuando siempre iba comprar el día después de aparecer en la tele para que el carnicero le regale el mejor filet mignon que haya visto París, lo sabe un número 4 fibroso que se lleva a una bomba atómica del VIP diciendo que juega en Boca pero sin decir que es Boca Unidos de Corrientes. En una vida multiscreen, la fama es atravesar dos pantallas. Primero, que los reconozcan. Pero esa condición no es suficiente. El premio se empieza a jugar en la pantalla VIP. Sabag Montiel quizás ya sabía que cuando lo detuvieran iba a ser alojado en un pabellón VIP, no en la ranchada con presos random. Entrar a un VIP, que es uno de los mismísimos círculos del infierno, pagando con la libertad. Todos quieren pararse ante el patovica y que corra el cordel para dejarte entrar. Lo que no saben es que, como decía Menotti, para saber entrar hay que saber salir”. Banksy decía que “en el futuro todos van a querer ser anónimos por quince minutos”. Esta nota de Emilia Delfino reconstruye lo que se sabe de la causa e incluye el video de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el que filman la salida de Montiel, y ahí se lo ve, palurdo, saludando a la cámara como si fuera de la tele diciendo: “Gracias, chicos”. Delfino dice: “Los cuatro acusados pertenecen al mismo estrato social, una clase media baja experta en rebuscárselas en la economía informal. Sabag Montiel y Uliarte tenían algo más en común: mientras buscaban formas de ganar dinero, ambos aspiraban a la notoriedad y al protagonismo entre sus pares”.

En el año de la inflación récord se manchó la loza con sangre. Las cosas se fueron lejos. La política, esa que se volvió tan “autonarrativa”, ¿se olvidó de decir lo social? Una crisis en la que crece la indigencia y, a la vez que se parece a una rebelión fiscal con ferias llenas, y clases medias que transfieren su alquiler en dos partes “porque supera el monto”, y con el cuadro de nuestra naturaleza muerta de fondo: el informe del FMI que habló de 2,0 mil millones de reservas netas y -3,6 mil millones de reservas líquidas en el Banco Central. ¿Triste? Tristes están los cuatro empleados de un lavadero de autos en un rincón techado mientras llueve y el jefe les dijo que hagan una guardia mínima por si para la lluvia. La mala noticia del tiempo argentino: la sequía. Y llegó la segmentación… del dólar: un dólar por cada rubro y un pueblo del dólar ñata contra el vidrio, que lo ve pasar.  ¿Crisis? Gobernar la crisis y sus héroes inesperados. Es hora de decirlo: el mejor empleado del país es el empleado de seguridad de todos los bancos. Al que casi nunca miramos. A esta altura representa la figura del más honrado, más solidario, que enseña a depositar en efectivo o a hacer la prueba de vida de ANSES a los jubilados, a las amas de casa, a las empleadas de casas particulares. ¿Quién traspasa el cajero o las cajas? ¿Quién pide algo hoy en un banco? ¿Quién espera algo del futuro? Hay que volver a contar la historia de a uno.

Voy por uno: Fabricio. Recién separado, instructor de manejo por las tardes, pelo largo como se usaba en los noventa, jean, topper, curtido en los recitales colados de Villa Gesell, ahí donde podías ver al gran Mollo señalar con desdén a Gil Solá que no paraba de tocar su solo de batería y del que decía: “Eso que ven es una estrella de rock”. Fabricio egresó de una Técnica, votante kirchnerista con altibajos de intensidad, que ahora dice: “No leo más los diarios”. Fabricio produce sus propias noticias como el árbol que cae en un bosque y no hay nadie que lo escucha: estados de guasap con vinilos de Deep Purple, con fotos de dos latas de cerveza Patagonia delante de una caja de pizza sin abrir, con foto de un “alto guiso!” y la olla en la cocina de la pensión donde alquila, con foto de Eddie Van Halen. El padre murió de chico. Hijo único de una madre con la que deambuló un poco por los barrios porteños, un padrastro, dos padrastros, hasta que salió al mundo. Estudió música pero quedó a mitad de camino. Tuvo una banda, pero no grabaron nada. Me habló de sus quilombos familiares y sus hijos mientras yo hacía las primeras pruebas para renovar mi carnet; y yo le hablé de mis hijos. La primera clase entendí que se seguía viendo con su ex. La segunda entendí que no. Y en la tercera nombró un régimen de visita inexistente. “Paremos ahí, vamos a tomar un café”, le dije. Sigue así: Fue a fin de año, en diciembre. Estaba casi sin laburo, con el auto parado porque le tenía que poner guita encima que no tenía. Me fui a una pensión y por suerte la mina de la pensión me aguantó unos meses, es psicóloga social. Pero estaba seco. Mirá esta foto: ¿ves? Nieve, camperas con corderito, los dos abrazados. Veinte días exactos antes de que me dijera que el amor se terminó. Y ahora te digo la verdad: mi mayor quilombo es que no puedo dejar de tomar.

Me siento afortunado al volante: primeras clases de manejo guiadas por un tipo que me está contando cómo estroló su vida. Llevamos los conos naranjas atrás que saltan un poco cuando agarramos empedrado. Una cosa le digo: vos tenés que resignarte a que ella te saque de su vida y ella no te puede sacar de la vida de tus hijos. La frase me salió redonda de casualidad pero no decía nada. Me contó sus quilombos. No sé si me contó la verdad. Pero, podríamos decir, estaba todo el set: la pensión, el abandono. Igual, la fuerza. Le dije que necesitaba un abogado, y que mi vieja “hacía Familia”. Mamá se recibió grande y le metió pata a eso: mediaciones, divorcios, adopciones, abusos, coser y descoser. “Sea lo que sea tiene derecho a ver a sus hijos.” La vieja ya estaba enferma, quedaba poco, y en una de las últimas charlas le conté de Fabricio. “Me repongo y lo ayudo”, me dijo, y en el goteo del suero goteaba aún su deseo. Gente rota y sin repuesto es la especialidad de la casa debería haber dicho el cartelito del escritorio de mi madre. Estado de guasap de Fabricio: hace meses no hay más estados. Una cuenta de twitter sin uso, facebook ni mú, no tiene. En la escuela de manejo dicen que se le rompió el teléfono. Que renunció. No supe más nada. No llegué a decirle que la abogada aceptaba el caso, ni tampoco que la abogada ya había partido. 

Feliz día a las madres que están y a las que no están y aún se siente el latido, las de corazón atómico.

MR

Hace ya tiempo que el odio abandonó la romántica contratara del amor en la moneda y se convirtió en la palabra con la peor prensa. Solo los perversos odian, los despiadados, los abandonados de la gracia de Dios. Tanto odian que hoy se los cataloga por esa característica: son odiadores. ‘Haters’, en inglés.  Se los identifica como seres irracionales incapaces de pensar y cuestionarse nada, fanáticos, violentos, manipulables. Lo que no es falso, al contrario. El odio inculcado por sistemas políticos, educativos, familiares; por raza o clase social, produce individuos despreciables. No hay discusión sobre ello. 

Bien. Hasta aquí mi concesión a lo políticamente correcto. No hay que abusar de esa desgracia. Si seguimos así un día moriremos todos de un agudo ataque de corrección política. No subestimemos sus efectos narcóticos, letales.

Ahora quisiera hablar sobre otra clase de odio. También podría llamarlo desprecio, profunda antipatía, repulsión o encono. Pero no.

Me gusta más odio.

Quién es capaz de amar conoce este sentimiento. Es mi caso. Sé amar, sé odiar. Yo odio, he odiado y seguiré odiando. Fundamentalmente porque no me da todo igual. Discrimino. Me enojan ciertas cosas. Y otras me dan odio. 

Sé que al usar ‘yo discrimino’ y ‘yo odio’ podría ser arrasado por una tremenda oleada de corrección política: bueno, no me importa. 

Calificar de odio a lo que la patética banda de vendedores de copitos siente por Cristina Kirchner sería subirle mucho el precio. Lo de este grupo, intuyo, se parece más a la furia animal, a un severo ataque de excitación psicomotriz. Hasta el odio se merece un respeto.

La historia argentina chapaleó en la sangre de cientos de fusilamientos y degüellos hasta la irrupción de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la segunda mitad del siglo XX. Antes de los pañuelos blancos, las cosas se negociaban con un muerto en la mesa.

Desde 1983 y hasta la noche en que Sabag Montiel arrimó esa pistola a quince centímetros del rostro de Cristina Kirchner, no hubo asesinatos políticos en Argentina. Por dinero, un montón. Por ideas, ni uno.

Este grupejo casi rompió 40 años de no-muerte en un país que se tutea con la muerte. No tienen perdón. Pero no da para odiarlos. Se odia a quienes les lavaron lo poco de cabeza que tienen y los mandó al frente.

Recuerdo en mis primeros pasos como periodista, haber hecho notas con casi toda la dura derecha de los años ‘70.

A Jordan Bruno Genta, por ejemplo, lo vi en una conferencia una semana antes de su asesinato a manos del ERP, en 1974. Era un catedrático de buenos modos, nacionalista, conservador, católico, antisemita, anticomunista, decepcionado de la Revolución Libertadora y enemigo del sistema democrático, que creía contaminado por liberales, peronistas y marxistas. Sus seguidores no eran multitud pero sabían moverse. Sus posturas eran extremas y tenían fieles discípulos en las tres fuerzas armadas. Demasiados.

Oscar Castrogé ‒en realidad Castrogiovanni‒ era el polo opuesto. Extrovertido, avasallante, de voz potente. Durante la dictadura se había divertido pasando marchas nazis y fascistas en su programa de radio Excelsior. En los ‘80 irrumpió con un grupo de seguidores armados con pistolas y machetes para copar el programa ‘Sueño de una noche de Belgrano’, conducido por Jorge Dorio y Martín Caparros. Fueron sus 15 minutos, aquellos que prometía Andy Warhol.

Su hermano, como secretario de un juzgado, me citó por un juicio que había iniciado un fiscal, ofendido por una columna que Guillermo Kelly había escrito en ‘La Semana’, revista en la que yo trabaja de subdirector en 1986. Durante los primeros 15 minutos de la indagatoria, Castrogé II solo se preocupó por averiguar los orígenes del apellido Asch. Un snob.

Los Castrogé eran odiadores estilo ‘El Caudillo’, la revista no oficial de la Triple A. Ultraderecha violenta sin matices, mucha amenaza, cadenas, palo y a la bolsa, esas cosas.

Al ‘Capitán Ghandi’, ‘nom de guerre’ de Próspero Germán Fernández Alvariño ‒ comando civil de la Libertadora también llamado ‘profesor’ aunque sin diplomas‒, lo llevé a comer maníes al ‘Bar o Bar’ ‒alimento ideal para el Rey de los Gorilas‒ y a hablar sobre el crimen de Aramburu, tema que lo obsesionaba en 1975. Alvariño había escrito un libro llamado ‘Z Argentina, el crimen del siglo’ y allí desmentía la historia oficial en la que coincidían el Ejército Argentino y Montoneros. Para él los culpables eran Onganía y su gente. La teoría no era mala, al contrario, pero lo afirmaba el mismo sujeto que se paseaba por el Departamento de Policía después del golpe del 55 mostrando la calavera de Juan Duarte para demostrar que había sido asesinado por orden de Perón. Sus odios lo cegaban, pobre. No estaba bien.

En enero de 1985 tomé un inolvidable té en la casa estilo Tudor de Figueroa Alcorta casi Ortiz de Ocampo, pleno Palermo Chico, sede de  ‘Tradición Familia y propiedad’. Me recibió su líder, Cosme Beccar Varela, impecable traje inglés, rodeado por jóvenes altos, más bien rubios, también trajeados que, en una coreografía estática pero imponente, sostenían pancartas rojas con signos heráldicos.  Nadie sonreía pero parecían de lo más amables. Me explicaron el insoluble problema judío, la falta de Dios de quienes alentaban el divorcio y el aborto, el horror peronista, el pecado mortal de quienes exhibían la carne sin pudor cristiano. Fue como una visita al siglo XVII.  

A la noche, cuando con palos, patadas, golpes de puño y piedras impidieron el estreno de ‘Yo te saludo, María’, la película de Godard que consideraron “hereje” y “malévola”, los niños parecían barras de Nueva Chicago.

 La derecha del siglo XX era una minoría, pero ponían los pelos de punta con su discurso que mezclaba como en licuadora a Adam Smith, Roca, Mitre, Rosas, San Martín, Mussolini, Perón, Primo de Rivera, ‘Mein Kampf’ y libelos como ‘Los protocolos de los sabios de Sion’.

Pero más allá de su estilo fronterizo, esta gente era más mucho sólida que los  balbuceantes Sabag Montiel, Brenda Uliarte & Asociados, educados por bloques televisivos de ex periodistas guionados, y los cinco días de Woodstock con ácido malo del fiscal Luciani.

Hay odios y odios.

En los años ‘90, Mariano Grondona logró huir de la sombra de Bernardo Neustadt en ‘Tiempo Nuevo’ y debutó con programa propio: ‘Hora Clave’. Un poco por vicio de viejo liberal satisfecho porque el libre comercio por fin había sido impuesto por Menem, y otro mucho para diferenciarse y buscar rating, comenzó a hablar sobre los pobres, a citarlos, a criticar a Menem por su insensibilidad. Neustadt, absorto, creía que se había vuelto comunista. La mezcla de Adam Smith con su catolicismo cursillista lo llevó a tener ideas que, confieso, me hicieron tener ataques de furia frente a la tele.  Una noche quiso reunir a las dos Hebes. Hebe de Berdina, madre del primer oficial muerto en el Operativo Independencia de Tucumán y Hebe de Bonafini, madre de dos desaparecidos en dictadura. No quiso una, no quiso la otra. Lógico.

 Poco después murió el almirante Rojas, aquel petiso oscuro de sonrisa torva y gorra ladeada, el gran ‘héroe’ de la Libertadora. Por supuesto Menem fue a su entierro a presentar sus condolencias por el fallecimiento del líder de la Marina que bombardeó la Plaza de Mayo dejando un tendal de cadáveres de gente que pasaba por ahí.

Durante el trayecto del cortejo fúnebre, pasó otra cosa. Una viejita de pelo blanco y vestida de negro caminó lentamente hacia el féretro y le lanzó un escupitajo descomunal, de medalla olímpica. Se dio media vuelta y se fue, satisfecha. Entonces, en su editorial, el doctor Grondona se dedicó a comparar “el peronismo viejo” de esa ancianita resentida que se había quedado en el 45, con el “peronismo nuevo” del moderno y superador presidente riojano. Estallé. Mal. Las dos veces lo hice. Hablaba solo, o mejor dicho, le gritaba a la tele. Un papelón a las 11 de la noche.  

Defendía ese profundo odio de la viejita de negro, y la prudente decisión de las Hebes de no juntarse.

Hay odios que son racionales, justificados. No existe esa clase de perdón y está muy bien que eso sea así, y sigasiendo así. Reivindico esa clase de odios, entonces. Odios racionales, sostenidos por la fuerza de los hechos y la historia.

 Es hora de reconocerlo: he odiado a todo aquel que haya participado o sostenido con fervor desde los medios al, digamos, gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri no fue un neoliberal. Esa creación que Hayek y Milton Friedman estrenaron en Chile con Pinochet y luego fue la bandera política de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, era una variante brutal del liberalismo. Brutal, pero también clásica.

 No es el caso de Macri, quien sólo le importó el capital financiero. Si era por él, se podía parar la producción de medio país que nada ni nadie lo iba a mover de la reposera. Sucedió. Lo suyo fue un capitalismo de agujero negro, de Nada, sin producción ni consumo.

Lo de Macri no fue un plan económico, fue una declaración de guerra. Algo personal. Yo estaba entre los condenados, como tantísimos. No está mal odiar a gente así.

El gobierno de Alberto Fernández recibió una herencia monstruosa y, para colmo, una pandemia mundial a los tres meses de asumir. Pero no logró, con su estilo notoriamente más blando que conciliador, revertir la injusta distribución de la riqueza ni parar la especulación financiera. Amagó enfrentar el Poder Real cuando anunció la expropiación de la empresa Vicentín pero solo inauguró una larga sucesión de dudas, contradicciones y marchas atrás. Una desgracia. 

En Argentina el llanto del Circulo Rojo por el impuesto a la Renta Extraordinaria del 2% “por única vez” pudo provocar inundaciones en varias zonas del país. La voracidad de la clase dominante argentina es tan espeluznante como suicida. Es difícil no odiar a estos sujetos.

En el siglo XIX no existía ninguna expectativa de movilidad social. El que nacía rico moría rico y el que nacía pobre moría pobre. En el siglo XX, después de la revolución Rusa y en la segunda posguerra, el gran capital decidió crear un ‘Estado de Bienestar’ para que la gente viva razonablemente bien y no se dejara tentar por la 'amenaza comunista'.

Esto se terminó con la caída el muro de Berlín.

La inversión en las capas medias fue desapareciendo y ese excedente fue a parar a los bolsillos del 2, el 3, el 5% de la población. Semejante escenario convirtió al mundo en una caldera a punto de explotar.

Y así llegamos a este momento. Pos Covid 19 y con nueva guerra. Todo el sistema económico y energético mundial está patas para arriba. Nosotros también, o peor.

Argentina alquila, compatriotas, y el que nos cobra por vivir en la que fue nuestra casa es el FMI. No es metáfora. Por culpa de Macri que los llamó para financiar su fallida campaña de reelección y para que sus amigos fugaran sus dólares. Y por el acuerdo de este gobierno, que con su firma convirtió esa deuda en nueva.

Cómo no odiar todo eso. 

En medio de esta tragedia, los medios buscan temas nuevos cada día, para que los grupos de odiadores se muestren en las pantallas de todo el país y se multipliquen. Parecen millones jugando a la muerte con la muerte.

Desprecio ese odio suicida, vacuo, idiota. Me alejo de él.

Pero a la vez, odio. No puedo ni quiero evitarlo.

Defiendo a mi odio con palabras, sin muerte, con furia interna. Con amor.

Y me gusta este odio mío.

 HA

Nicolás Carrizo, el denominado “jefe de la banda de los copitos”, y la joven Agustina Díaz apelaron sus procesamientos en el marco de la causa que los tiene sindicados como partícipes del atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Ambos acusados, quienes incluso están con prisión preventiva, apelaron el procesamiento que la semana pasada impuso la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Ahora será la Cámara Federal la que determine si confirma o no esas acusaciones, donde se les imputa ser “cómplices” del tirador Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte.

Para la jueza, quedó “demarcada la intención previa, preordenada y directa que han tenido los imputados de acabar con la vida de la víctima”.

Carrizo es el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar con la cual trabajaban Sabag Montiel y su novia: de ahí deriva el apodo de “jefe de la banda de los copitos”. En tanto, Agustina Díaz, de 21 años, es amiga de Brenda Uliarte.

Tanto Carrizo como Díaz tuvieron justamente comunicaciones que quedaron registradas con Uliarte, después del fallido atentado, donde demostraban tener conocimiento del hecho.

Incluso Carrizo, en diálogo con otra persona, dijo que ofreció un arma calibre 22, pero la misma nunca apareció pues en el atentado se constató que se usó un revólver calibre 32.

El “suceso contó con la participación de Agustina Mariel Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, quienes deben responder como partícipes secundarios. Ambos conformaron junto a Sabag Montiel y Uliarte el acuerdo premeditado para darle muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, según el procesamiento de la jueza con prisión preventiva.

Con información de NA.

IG

El teléfono celular de Fernando Sabag Montiel finalmente pudo empezar a ser analizado por peritos expertos y se logró un gran avance tras ser desbloqueadas cuentas de correo electrónico y de redes sociales que tenía el acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales revelaron que mediante un particular método la Policía de Seguridad Aeroportuaria pudo empezar a obtener información de las cuentas de Sabag Montiel.

En ese sentido, hasta el momento se logró acceder a tres de por lo menos seis cuentas de Gmail que tenía el acusado de magnicidio, mientras que se logró desbloquear algunos perfiles de Instagram, de varios que tenía, aunque esas cuentas permanecen suspendidas y debe solicitarse a la empresa Meta que levante la inhibición y así poder ver el material allí alojado.

Asimismo, se obtuvo información parcial del WhatsApp y casi en su totalidad de Telegram.

Por lo tanto, en estos días podría llegar a conseguirse toda la información que había en el aparato que se había reseteado y presuntamente se había perdido todo, porque volvió a la configuración original de fábrica.

El director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, entregó personalmente el informe a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

50 gigas de datos

Para la extracción de datos de la “nube”, la oficina de pericias de la PSA además contó con la colaboración de la empresa CELLEBRITE a los efectos de requerir la herramienta UFED CLOUD para la descarga de los datos requeridos.

Dicho software permite extraer datos de dominio público y privado, redes sociales, mensajería instantánea, almacenamiento de archivos, páginas web y otro contenido basado en la “nube”. Se obtuvieron aproximadamente 50 gigas de datos, los cuales permitirán avanzar con las pesquisas de la causa.

Estos dos componentes (personal/software) contribuyeron a dar con la información que se creía perdida o no recuperable.

El informe dado a conocer por PSA

El 28 de septiembre de 2022, la Oficina de Criminalística de la PSA comenzó las tareas periciales dirigidas a intentar recuperar los datos que pudieran continuar alojados en la “nube” de las aplicaciones de comunicación del teléfono de Sabag Montiel.

• En este marco, por instrucción de la judicatura se inició un intento de extracción de la información alojada en la “nube” del teléfono, con la presencia de peritos de la DATIP y la querella. El procedimiento consistió en la validación de la tarjeta SIM del teléfono secuestrado a SABAG MONTIEL en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características (SM-A505G).

• Este procedimiento permitió obtener la información de tres (3) cuentas de Google. Tras ello, se restablecieron las contraseñas mediante el equipo de comunicaciones y el abonado telefónico. Esto permitió recuperar la totalidad de los registros obrantes en estas cuentas (take out).

• Respecto de WhatsApp, no se encontraron copias de seguridad en las cuentas de Google obtenidas. No obstante, se descargaron todos los datos existentes en la “nube” del servidor de la aplicación.

• En relación con Instagram, todas las cuentas detectadas están suspendidas por Meta. Por tal motivo, se recomendó a la judicatura arbitrar los medios necesarios para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible. Respecto de Facebook, no se han encontrado cuentas vinculadas.

• Sobre Telegram, se logró obtener acceso a la cuenta de SABAG MONTIEL y se descargó la totalidad de los datos obrantes en el servidor.

En la actualidad, las áreas de investigación técnica de la PSA se encuentran trabajando en el procesamiento de los registros obtenidos.

Cómo avanza la investigación

En otro orden, la PSA realizó nuevos allanamientos ordenados por la magistrada, a pedido de la querella, luego de que se marcaran como sospechosos algunos contactos de Nicolás Gabriel Carrizo, el presunto jefe de los “copitos”, quien está preso desde hace dos semanas imputado de haber participado en la planificación del atentado.

Por su parte, Agustina Díaz, la tercera detenida en la causa, pidió que la magistrada le dicte la falta de mérito, ya que entendió que las pruebas recolectadas en la investigación no alcanzan para procesarla.

Los allanamientos se realizaron en la casa de Joana Colman, a quien la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pretendía interrogar como testigo y la querella como imputada.

A “Joa” también la conocían como “Mind Freak” y trascendió que después del fallido ataque a la Vicepresidenta, Carrizo le dice a sus amigos de un chat colectivo que borren los mensajes. Fue ahí que “Joa” respondió: “Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan...”.

“Sé que (Sabag Montiel) lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal eh… a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿si? Pero si, si los nombro a ustedes, eso si así que fíjense bien… y no solo a ustedes cinco porque nombro a más personas, fíjense bien”, dijo también “Joa”.

La PSA también allanó la casa de Jonathan Posadas, conocido como “Jony White”, a quien Carrizo le había dicho luego del frustrado magnicidio que ahora iban por el líder de La Cámpora.

En ese sentido, Posadas respondió tres horas después del atentado: “Los sicarios de los copos de nieve”.

En ambos procedimientos se incautaron teléfonos celulares y dispositivos, como CPU, PC y otros relacionados, con el objetivo de obtener información y documentación vital para la causa.

Los técnicos de la PSA también trabajan en el análisis de la información del teléfono celular, la tablet y una computadora de Agustina Díaz, y los aparatos y equipos encontrados en los allanamientos de la casa de Carrizo el 14 de septiembre pasado.

El teléfono de Carrizo ya había quedado retenido cuando él declaró como testigo tras la detención de Brenda Uliarte y justamente su contenido provocó que lo detuvieran.

La defensa de esta persona busca que se dicte la nulidad de esa prueba, pero hasta ahora no lo consiguió.

Justamente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a Carrizo y a Díaz “en calidad de cómplices” del intento de asesinato.

Así lo definió Capuchetti en la resolución de 127 páginas a la que accedió NA el viernes pasado, en las que la jueza federal precisó que “a partir del plexo probatorio reunido” quedó “demarcada la intención previa, preordenada y directa que han tenido los imputados de acabar con la vida de la víctima.

“Quedó demostrado a lo largo del presente resolutorio que los imputados Sabag Montiel, Uliarte, Carrizo y Díaz tenían como plan común dar muerte a la Vicepresidenta de la Nación”, puntualizó.

La jueza federal dispuso el embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes de Carrizo y Díaz, además de dictar el procesamiento con prisión preventiva a ambos.

En el marco de la investigación, Capuchetti le imputa a Carrizo “el haber haber tomado parte, prestando su acuerdo y cooperación, junto con, cuanto menos, Sabag Montiel, Uliarte y Díaz en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

Con información de NA.

IG

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sostuvo que “hay que seguir todas las líneas de investigación” que lleven a esclarecer el atentado que sufrió hace un mes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también investigar “la posibilidad de que exista un vínculo entre Revolución Federal Federal y la Banda de los Copitos”.

“Todas líneas de investigación que se vayan abriendo, tenemos la obligación de seguirlas. Desde la AFI planteamos la necesidad de seguir la pista de Revolución Federal, y la posibilidad de que exista un vínculo entre Revolución Federal y la Banda de los Copitos”, dijo Rossi en declaraciones esta mañana para El Destape Radio.

El grupo de ultraderecha, Revolución Federal, fue investigado luego de que se confirmara la presencia en algunas de sus actividades de una de los presuntos ejecutores del atentado contra la vicepresidenta, Brenda Uliarte.

“La jueza desestimó ese pedido. Ahora la causa tiene un nuevo juez y se va a ver que pasa con Revolución Federal”, explicó el funcionario, quien agregó que desde la AFI se planteó que “las prácticas políticas del grupo extremista no condicen con la democracia”.

Por otra parte, el interventor de la AFI aseguró que desde el intento de asesinato a Cristina -del que hoy se cumple un mes- “se tomaron nuevas medidas de seguridad”.

“No creo que exista la necesidad de un nuevo andamiaje legal para aplicar el código penal ante la violencia política”, afirmó. Finalmente, sostuvo que los grupos violentos “no tienen cabida dentro del sistema democrático argentino”.

DA

Cómo y por qué una pareja de flamantes vendedores de copos de azúcar terminó protagonizando un intento de magnicidio; cómo pasó Fernando Sabag Montiel de intentar vender un colchón por 2.000 pesos a apuntar y gatillar un pistola a centímetros de la vicepresidenta; por qué Brenda Uliarte mutó de hija de un kirchnerista a presunta instigadora del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner; o por qué el acto criminal fue frustrado y la expresidenta logró salvar su vida. 

A un mes del hecho que casi le cuesta la vida a la principal líder política del país, la causa tiene cuatro procesados con prisión preventiva, aunque aún resta responder varias preguntas. Existen pericias informáticas y psicológicas pendientes. En los tribunales de Comodoro Py, una causa de cuatro semanas está en pañales. Pero el expediente por el atentado a Fernández de Kirchner tiene plazos diferentes: se mueve rápido, con tropiezos, pero veloz.

La jueza María Eugenia Capuchetti procesó como coautores de homicidio calificado en tentativa a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Este viernes, además, dictó los procesamientos de dos allegados a la pareja, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, como partícipes secundarios. Ninguno de los cuatro ha reconocido su autoría en el hecho. Ni siquiera Sabag Montiel, arrestado in fraganti.

Los cuatro acusados pertenecen al mismo estrato social, una clase media baja experta en rebuscarselas en la economía informal. Sabag Montiel y Uliarte tenían algo más en común: mientras buscaban formas de ganar dinero, ambos aspiraban a la notoriedad y al protagonismo entre sus pares. “Aires de grandeza”, “fabulera”, “agrandado”, “mentirosos”, los calificaron algunos testigos e los otros dos imputados. 

Carecían de contención familiar y social. Uliarte desprecia tanto a su padre como a Fernández de Kirchner, a quienes ve reflejados en un espejo, según surge de una de las conversaciones extraídas del celular de Carrizo y a las que accedió elDiarioAR. Sabag Montiel nunca conoció a su padre, por quien también mostró un grado de desprecio, según aclaró en su primera declaración indagatoria, afirmó una fuente directa del caso a este medio.

La causa parece haber entrado en una meseta que, por el momento, gira sobre el entorno de los acusados, con resultados periféricos.

Fernández de Kirchner y el oficialismo insisten en que los detenidos serían sólo los “autores materiales” del atentado. Durante su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, la vicepresidenta sugirió que el Poder Judicial y los medios eran instigadores indirectos de sus homicidas -“dan licencia social para cualquier cosa”, dijo en referencia al intento de homicidio-, pero enfatizó que existirían “autores intelectuales”, a quienes no puede identificar. 

La pericia sobre el arma realizada por la Policía federal determinó que la pistola Bersa calibre 32 era apta para el disparo al igual que las cinco balas halladas en el cargador. Si bien, los peritos detectaron una falla en la corredera afirmaron que esa no era la razón por la que la bala no había sido disparada. “Yo sí sé disparar”, dijo Uliarte en una conversación sobre el intento fallido de Sabag Montiel.

En el gatillo, corredera y empuñadura de la Bersa detectaron dos muestras de ADN: una es compatible con el de Sabag Montiel; la segunda pertenece a un segundo individuo no identificado, de acuerdo con el informe citado por la jueza en los procesamientos de este viernes.

Más allá de la oportunidad política que la oposición le pueda adjudicar a esa teoría, los perfiles de los acusados que surgen de las pruebas acumuladas en el expediente generan la sensación de que creer que Sabag Montiel y Uliarte habrían estado al borde de un magnicidio que pondría en riesgo la estabilidad política y social de un país es pecar de inocente. Sin embargo, la Justicia aún no encuentra ningún indicio certero de la existencia de un “cerebro” detrás del intento criminal que supere la figura de Uliarte.

En la última semana, la jueza ordenó una serie de allanamientos al hermanastro de Carrizo y a uno de sus contactos telefónicos, a pedido de la querella que representa a la vicepresidenta. Se secuestraron más teléfonos y dispositivos electrónicos. 

Desde hace tres días, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encuentra realizando una nueva pericia del teléfono celular de Sabag Montiel, el Samsung A50 que se le secuestró tras el hecho y que apareció formateado de fábrica y sin poder acceder a su contenido. Sólo se recuperó hasta el momento el material de una tarjeta de memoria externa y del chip.

En otro expediente iniciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tras el atentado, el fiscal Gerardo Pollicita investiga a grupos de libertarios que podrían haber estado vinculados a Uliarte. En las últimas horas, el juez Julián Ercolini ordenó una batería de medidas solicitadas por el fiscal, informaron dos fuentes del caso a elDiarioAR. La causa está en secreto de sumario.

La “banda”

Sabag Montiel vivía de los alquileres de su vivienda familiar en Paternal y de tres autos viejos. Presenta “ideas de tipo delirante” y “relato confuso”, establecieron dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo evaluaron después de su detención. “Fue un flash como si apagaran la luz”, dijo a las especialistas cuando describió el momento en el que intentó matar a la vicepresidenta. “No entiendo nada”, agregó.

Tiene 35 años pero evidencia “inmadurez afectiva la cual compensa con tendencia a la actuación la cual puede afectar la capacidad de reflexión”, explicaron en otro informe la psicóloga Mónica Herrán y Maximiliano Luna, coordinador del Departamento de Psiquiatría Forense del Cuerpo Médico Forense (Poder Judicial), según publicó La Nación. “Está en condiciones de declarar” y descartaron que sea inimputable.

Durante su primera declaración indagatoria, en la alcaldía de la Policía Federal de la calle Cavia, parecía no comprender la gravedad de su escenario. Sabag Montiel quería hablar -es difícil callarlo, aseguran quienes lo trataron en el último mes- pero su defensor oficial, Juan Martín Hermida, le recomendó que no lo hiciera para garantizar su defensa. 

Aún así, tras escuchar la imputación en su contra, el detenido quiso “hacer algunas aclaraciones” ante la jueza y el fiscal Carlos Rívolo: afirmó, ofendido, que no fue ni es chofer de Uber; que no conoce a su padre; y que quería que la Justicia identifique a quienes lo golpearon durante los forcejeos que se produjeron tras el hecho. Tenía un ojo morado. 

Cuando la PSA lo trasladó el 23 de septiembre último para ingresar en una cárcel federal, Sabag Montiel todavía llevaba puesta la misma ropa del día de su detención, 22 días antes. “Chau, chicos, gracias por todo”, dijo mirando a la cámara oficial que registró el operativo (ver video en esta nota).

Durante su primera entrevista con su abogado, Hermida le preguntó si tenía a alguien a quien llamar para que le acercara ropa. “Ámbar”, respondió, en referencia al sobrenombre de Uliarte. No tenía a nadie más. Días después, su novia también quedó detenida cuando la jueza la identificó en una imagen que corroboraba que había estado en el lugar y momento del hecho. 

Cuando la policía ingresó al monoambiente que alquilaban en San Martín, encontró el lugar sucio y revuelto. Hallaron restos de placenta y de un cordón umbilical.

“Quiero hablar del Hombre Gris”, dijo a uno de sus interlocutores en las últimas semanas. Del otro lado, lo frenaron. Sabag Montiel no tiene tiempo para teorías esotéricas -enfrenta una posible condena a 15 años de prisión-, pero quería hablar sobre la premonición del artista Benjamín Solari Parravicini: un supuesto “hombre gris” que llegaría para liberar a Argentina.

Uliarte, de 24 años, no terminó el colegio secundario. Vendía contenido sexual por internet y según Carrizo tuvo al menos una vez sexo por dinero con uno de sus colegas vendedores de copitos. Tuvo un hijo, pero según ella, falleció siendo bebé.

En los mensajes extraídos de su celular (que se transcriben en esta nota sin errores de tipeo, puntuación y ortografía, pero se replican las mayúsculas y expresiones coloquiales utilizadas), se adjudica haber sido la ideóloga del intento de magnicidio. La jueza también lo determinó en base a las conversaciones analizadas. Uno de los copitos o vendedores ambulantes que integraba el grupo manejado por Carrizo declaró en la causa que el padre de Uliarte la había echado de la casa, enemistado con su hija porque él es “ultrakirchnerista y ultraperonista”, según el testigo. De los chats también surgen declaraciones de Uliarte contra su padre.

Otro de los copitos, Miguel Ángel Castro Riglos, declaró en la causa que Uliarte tenía convicciones contrarias al kirchnerismo pero que Sabag Montiel carecía de convicciones políticas, “ni tenía intención de agredir a nadie, menos a Cristina Fernández”, dijo el testigo. Uliarte sí tenía “una idea radical contraria al peronismo” y aunque nunca le dijo que quería “matar a Cristina”, hablaba de su deseo de que la vicepresidenta muriera. Otro testigo lo contradijo y contó que en uno de los grupos de Whatsapp que integra, Sabag Montiel había manifestado su deseo de matar a Fernández de Kirchner.

“Fernando tenía aires de grandeza”, “quería el puesto de líder y dar órdenes”, “quería ser famoso”, agregó Castro Riglos.

Carrizo tiene 27 años. Conoció a la pareja a mediados de año en una de las fiestas que el “jefe de los copitos” -así se presentó ante la Justicia cuando fue a declarar como testigo- suele organizar. Maneja el grupo de Whatsapp “Girosos” para las convocatorias. Es quien proveía a Sabag Montiel y Uriarte de algodones de azúcar o copos de nieve para venderlos en las calles.

La jueza lo procesó como partícipe secundario en base al contenido de su teléfono celular y en particular por las conversaciones en las que sostuvo que le había entregado a la pareja un arma calibre 22 -que no es la que usó en el hecho, una pistola calibre 32- y que estaba orgulloso de lo que había hecho Sabag Montiel. También afirmó que su colega se había apurado porque el atentado estaba planeado para la semana siguiente. Ante la Justicia, sostuvo que todo lo que dijo fue en el marco de una broma, un “show”.

Tras el atentado le escribió a Uliarte: “Ya saben todo igual. Lo que hizo Nando. LO APLAUDO. ESTUVO A UN SEGUNDO DE SER HÉROE NACIONAL”. “SI YO TAMBIÉN ME PARECE EL SAN MARTÍN MODERNO. EL QUISO LIBERAR A UN PAÍS DE LA ESCLAVITUD. Lptm como le pudo fallar el tiro”, escribió en respuesta la novia de Sabag Montiel. 

“Amigo te lo digo hoy acá, creo que yo voy a terminar ese trabajo”, le manifestó Carrizo a uno de sus contacto sobre lo que había hecho Sabag Montiel.

Díaz tiene 21 años y cursa el último año de la escuela secundaria. Su madre declaró ante la Justicia que su hija dedica sus días a estudiar, ir al gimnasio, y a sus gustos por la lectura, los gatos, los comics de Marvel y DC y el animé. Conoce a Uliarte porque cursaron el secundario juntas hace años. Díaz también negó cualquier vinculación con el hecho pero la jueza la procesó como partícipe secundaria del intento de homicidio por el contenido de los chats que mantuvo con Uliarte. En especial, por haberle sugerido que descartara su teléfono tras el hecho.

Uliarte le escribió a Díaz tras un supuesto intento fallido de matar a Fernández de Kirchner, a finales de agosto: “Hoy me convierto en San Martín (…). Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí (sic). Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”. Díaz le respondió: “Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?” Uliarte replicó: “No me cobró, lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune”.

Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada“, se ufanó Uliarte. Lo cierto es que nunca existió un plan de salida. 

“¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites”, le dijo Díaz. “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”, respondió Uliarte.

Tierra de oportunidades

La “banda” se conoció en una fiesta a medidados de este año, organizada por Carrizo. Al día siguiente de la fiesta, la pareja regresó al departamento de Montes de Oca, donde solían reunirse los copitos y donde vive uno de ellos, Sergio Orozco, con la excusa de buscar una campera olvidada, pero según Carrizo fue para que Uliarte tuviera sexo con Orozco a cambio de dinero. Mientras “eso sucedía” Carrizo se puso a hablar con Sabag Montiel y tras un segundo encuentro, semanas después en la casa de una conocida, les ofreció trabajo como vendedores de copos.

El hombre que apuntó con un arma a la vicepresidenta comenzó a trabajar en el rubro de los copitos a finales de julio último.  

Carrizo fue quien les aportó dos certificados falsos de discapacidad supuestamente expedidos por la Junta Evaluadora de Quilmes. La Justicia investiga si la falsificación de estos carnets eran una fuente de financiamiento pero hasta el momento la hipótesis más firme es que los utilizaban para no pagar transporte público.

Carrizo preparaba los copos de azúcar en el departamento de la calle Montes de Oca y los vendedores debían presentarse a retirarlas. Funcionaban como un grupo de trabajo. 

El jefe de los copitos se molestó en alguna oportunidad porque Sabag Montiel y Uliarte llegaban tarde o no llegaban, cuando se habían comprometido a retirar el producto. Les había preparado los palos, que lleva una ranura para insertar cada palito con su respectivo algodón de azúcar. El costo, en agosto, era: “Hasta 50 copos por 600 pesos”, de acuerdo con las conversaciones extraídas de los teléfonos.

A la pareja le tomaba dos horas llegar hasta el departamento de Barracas a retirar el palo de copos.

Sabag Montiel decía tener planes para hacer crecer el negocio de los algodones de azúcar. Brenda Uliarte era su musa para el marketing y su iniciativa parecía generar rispideces entre los copitos, que no era un grupo ameno. “Se pelean mucho”, surge de los mensajes.

“Yo sé que soy un bardo, yo reconozco que llego tarde, pero en ciertas cosas soy estructurado y creo que vamos a impulsar… a… a…. levantar la calidad de trabajo que vamos a tener para que todos estemos bien”, se disculpó Sabag Montiel con Carrizo en un audio de Whatsapp, en agosto último.

La aparición de la pareja en Crónica TV habría sido planificada con fines comerciales, según surge de los mensajes que intercambió con Carrizo. Sabag Montiel y Uliarte aparecen en un supuesto móvil espontáneo criticando la política de planes sociales y Uliarte se cruza con una beneficiaria de un plan social que está siendo entrevistada en otro móvil, discuten en torno al tema y Uliarte dice que prefiere trabajar antes que cobrar un subsidio. 

El 17 de agosto último, Sabag Montiel le envió un audio de Whatsapp a Carrizo para comentarle que a raíz de la aparición de Uliarte en el móvil de televisión tenía el presentimiento de que la nota televisiva iba a rebotar en una “venta masiva en Corriente y el Obelisco cuando la reconozcan a Brenda estos días”, según surge de la transcripción en el expediente. Le ofreció a Carrizo pagarle “cinco veces” más de lo habitual: en lugar de 40 copos, 200 copos. “Debemos estar preparados ante algo masivo”, le comentó, y quería regalar copitos en entrevistas televisivas que vendrían en el futuro.

Carrizo no le dio entidad. Le respondió el audio recién al día siguiente: “Amigo, yo te cobro por persona, si te llevas un palo son 600, hasta 50 copos son 600. Después de eso ya son 600 más. Lo que necesites te lo armo. Ojalá eso de Brenda te sume mucho”.

Sabag Montiel, “Nando” o “Tedy”, como lo llaman, no calificaba como amigo de los copitos. De los mensajes extraídos del teléfono de Carrizo surgió que no lo incluían en las reuniones sociales y limitaban su relación a lo laboral. 

A veces conversaban de cuestiones cotidianas. El 21 de julio, Sabag Montiel y Carrizo conversaron sobre un colchón, que Nando vendía a dos mil pesos. El jefe de los copitos dijo que le interesaba comprarlo pero que primero quería pasar a verlo y Sabag Montiel le pasó la dirección del monoambiente que habitaba en la calle Uriburu, en San Martín.

Carrizo y Uliarte sí hablaban de cuestiones políticas. El 23 de agosto último, al día siguiente del pedido de doce años de prisión solicitados por el fiscal Diego Luciani contra Fernández de Kirchner en el juicio por Vialidad, el jefe de los copitos le escribió a la mujer (se transcribe la versión presentada por los técnicos de PSA en el expediente):

-Ya se les acabó la joda.

-Sí, que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende -, respondió Uliarte.

-Y bueno, date cuenta cómo les va y el modelo educativo que ellos quieren. O sea, siempre en el fondo hay bajeza, envidia y choreo.

Inmediatamente después, Uliarte criticó a su padre por ser “peroncho”, le propinó calumnias y lo comparó con la vicepresidenta: (Éñ ss) como Cristina“.

-La verdad nosotros vamos a salir adelante con el trabajo y esfuerzo -afirmó Carrizo.

-Sí, así se sale adelante -confirmó Uliarte para después aseverar: “Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina”.

-Sí, ¿no? -reaccionó Carrizo.

-Si, re hace falta.

Carrizo cambió de tema: “Decile a Nando que invente una bebida”.

Faltaban nueve días para el intento de homicidio.

ED/MG

Los cuatro detenidos por el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves 1 de septiembre frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta, fueron trasladados esta tarde a cárceles de máxima seguridad, según confirmó la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós.

La decisión del traslado de los detenidos fue resuelta en las últimas horas por la jueza federal número 5, María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo el expediente por el atentado contra la vicepresidenta.

En principio, la decisión es trasladar a los cuatro sospechosos, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, al Complejo Penitenciario I de Ezeiza, aunque por cuestiones de espacio es probable que este último sea luego sea derivado a Marcos Paz.

“Por el delito que se les imputa, todos ellos serán alojados en cárceles de máxima seguridad”, dijo Garrigós, quien confirmó que “al igual que cualquier detenido, los cuatro serán entrevistados por especialistas, deberán ser sometidos a exámenes médicos y recién ahí se decidirá en qué pabellón son alojados”.

“Se debe hacer un análisis, un pronóstico de acuerdo a la edad, al nivel de aceptación de cada uno de ellos”, explicó la interventora del SPF que, además, agregó que “los lugares de alojamiento serán resueltos una vez que se evalúe dónde hay espacio disponible”.

Garrigós afirmó que, tal como está previsto desde el inicio de la pandemia, todos los presos que ingresan al servicio penitenciario “deben cumplir un aislamiento de siete días”.

Los traslados fueron realizados durante la tarde de manera coordinada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía de la Ciudad, según confirmaron fuentes de la investigación.

Los traslados fueron filmados por las autoridades y en uno de los videos se puede observar a Sabag Montiel que le dice a los policías que lo trasladan, “Chau, chicos, gracias”.

DA

La música ha sido casi siempre el umbral de la guerra. Se ha matado con música y por la música. La literatura argentina nace con degüello y canto. Pensemos en la “Refalosa”, esa obertura de muerte de Hilario Ascasubi: como medio chanciando/ lo pinchamos, y lo que grita, cantamos/ la refalosa y tin tin/ sin violín. Música porque sí. Al Presidente le agrada, y larga la carcajada/ de alegría, al oír la musiquería /y la broma que le damos/ al salvaje que amarramos. Ha sido el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el que me trajo el recuerdo de este poema brutal y las incitaciones sonoras al crimen. Qué canciones circundaron a los pequeños conjurados que se tomaban fotos con la pistola para anunciar el desastre. Porque siempre se ceban con algo. Si pensáramos solo en sus filiaciones políticas, si es que Brenda Uliarte, Fernando Sabag y sus amigotes las tuvieran, podríamos deducir que sus pechos se inflaman con cantos que convocan a la acción inmisericorde. Una suerte de Giovinezza actualizada. Tus hijos renacen/ Con fe e ideal/ El valor de tus guerreros/ La virtud de los pioneros, bramaban los Camisas Negras al salir de sus gargantas el himno fascista. 

Pero no. 

Todo es más berretón. Uliarte ha llevado en sus oídos la abrasadora verba de Javier Milei. Pero lo consideró incapaz de pasar del rugido al zarpazo. Y eso por eso que, mientras imaginaba la escena sumaria, pasó de Milei a Miley Cyrus, y dejó constancia en las redes sociales de ese tránsito. Ella se sintió como el personaje de “Slide Away”. ¿Armó y desarmó la Bersa acompañada de la estrella pop? Sintió que Cyrus le cantaba eso de sigue adelante, no tenemos 17 años/ No soy quien solía ser La voz de Cyrus, feroz antitrumpista, parece haber funcionado como combustible de la trumpista de los copos de azúcar. Dices que todo cambió/ Tienes razón, ahora somos adultos. ¿Fue a escuchar a Cyrus en marzo pasado, cuando estuvo en Buenos Aires? Todo un dato de época: los usos de las canciones ya no responden a sus orígenes, llevan en sí una portabilidad que puede contradecir los intereses o motivaciones de los autores. 

En El odio a la música, Pascual Quignard sostiene que esta puede generar violencia y desencadenar ferocidad a través del propio acto de escuchar. “La música es un poder y por esto se asocia con cualquier poder. Su esencia es no ser igualitaria: vincula el oído con la obediencia”. Ahora bien, ¿obedecer qué? Un mandato, quizá. Siguiendo ese razonamiento, ¿qué podemos decir de los gustos del fallido ejecutor del atentado? La imaginería de sus tatuajes nos ofrece una conjetura. Son similares a los que pueblan la piel de los cultores de la hate music o hatecore. Esa “música de odio” prolifera en las ultraderechas juveniles. Ha acompañado la tentativa de asalto al Capitolio en Washington. Aviva la imaginación de libertarios globales que ya no buscan inspirarse en “De cara al sol”: prefieren guitarras distorsionadas o la retórica del rap. 

Una década atrás, Wade Michael Page, asesinó a seis fieles en un templo sij en Oak Creek, Wisconsin, con una pistola de nueve milímetros, e hirió a cuatro más, entre ellos a un policía. Después de recibir un disparo en el estómago, se suicidó con un tiro en la cabeza. Nunca se supo por qué había consumado la masacre. La hipótesis de los investigadores es que vio barbas y turbantes y salió con su arma en defensa de la raza aria. Lo que importa a los efectos de esta columna es que Page era músico. Cantaba y se desempeñaba como bajista y guitarrista en varias bandas, entre ellas End Apathy y Definite Hate. La portada de uno de los discos de esta última banda presenta el puño de un hombre caucásico, decorado con tatuajes racistas, que, al choca con el rostro de un hombre negro, le saca un ojo y rompe su boca. Es decir: Wade, el asesino no tocaba cualquier música sino aquella que exaltaba el poder blanco y que era un mismo arma cargada de una promesa de futuro de supremacía. Los que han reconstruido su historia, la historia de sus predilecciones y de sus acciones, están seguros de que se ha subido a los escenarios de los festivales donde jóvenes neonazis hacen pogo y entonan sus cantos de venganza, como el Hammerfest de Georgia, definido como “el Lollapalooza del odio”.

La hate music se alimenta del hardcore, el punk, el trash y el National Socialist Black Metal (NSBM). Postula la necesidad del apartheid racial. En los últimos años, ha abrazado las consignas que han tenido su origen en los grupos de derecha más radicales de Europa y Estados Unidos. A partir de lo que había sucedido en Wisconsin, en agosto de 2012, la relación entre ese género y los crímenes comenzó a observarse más atentamente. Por ahora –solo por ahora- no existe en Argentina una escena semejante. Se trata de expresiones minúsculas, pero que dejan su marca en Spotify y Youtube. ¿Sabag era uno de los hurgadores de esas músicas en las plataformas de streaming? ¿Le habría interesado, por ejemplo, el repertorio que promueve Agustín Tejeda, de Corriente Libertaria? Tejeda acaba de formar parte del rap global “Indoctrinables”, coescrito con otros ultras de España, Cuba y Perú. Vengo a librar el liberal pensamiento/ A bajarle el decibel a tu salvaje movimiento/ El reconocimiento del zurdo me parece tan absurdo/ Tozudos me los como crudos en vivo y estudio. Tejeda también simpatiza con Milei. Ha intentado darle forma a su jerga televisiva. Subo el level aunque el dinero no me llueve/ Se caen con datos cual muro en el 89. Lo que sigue en “Indoctrinables” es compatible con la escena que nos ha estremecido el 1 de setiembre. No lo canta el argentino, pero suponemos que se siente identificado con semejante augurio: No voy a quedarme callado, vengo con la katana en mano/ Vengo repartiendo rimas con filo y degollando marranos/ Vengo a lanzar a la parrilla raperos idiotizados/ De esos que en su producción al comunismo han alabado.

Insisto: tenemos una inclinación, abonada por la experiencia, a pensar que la violencia en los cuerpos es anticipada por esas músicas. Pero podría suceder lo contrario, que existiera una completa disociación entre el crimen y los consumos culturales. Reinhard Tristan Eugen Heydrich​ ​fue el diseñador de la “Solución final”. Hijo de un compositor wagneriano de segunda línea que decidió nombrarlo con el título de una de las óperas señeras de Wagner (Tristan und Isolde), era, además, un virtuoso violinista. Después de trabajar en la ingeniería de los campos de concentración tocaba en su despacho en Praga fragmentos del Concierto para violín de Johannes Brahms. 

Se trata, claro, de un caso extremo y que forma parte de otra trama política, cultural y tecnológica. Volvamos a nuestro país y, si se quiere, a un caso muy menor pero no por ello menos inquietante por lo que revela. Me refiero acá a Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal, el grupo con lidera con Jonathan Morel, y que planteó en las calles y las redes sociales la disyuntiva entre la “cárcel” y la “bala” para derrotar al kirchnerismo. Sosa ha estado en la casa de Ximena Tezanos Pinto, la vecina de la vicepresidenta. “Con el gran kumpa Gastón, mientras nos ambientan abajo con cantos”, escribió en su cuenta de Twitter. En este caso, la música de los otros (si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar) galvanizaba su espíritu de guerra sin cuartel.

Sosa tiene apenas 23 años. Sería en un aspecto más tranquilizante que escuchar hate music. No sabemos qué conexión política o logística existe entre él y Uliarte. Existe, sí, un curioso lazo cultural: la música teen. Sosa pasa de Cyrus: le encanta Tini y deja sobradas pruebas de su fascinación. Días atrás puso entre paréntesis su Plan de Operaciones para ir a escuchar a Dua Lipa. “Es la perfección hecha persona, dejé la garganta y el cuerpo en este show diosss no sé cómo no termine desmayado”. La canción de Dua Lipa “Love again” tiene más de 205 millones de visitas en Youtube. La introducción de las cuerdas suena como un homenaje a la Marcha del Imperio de Star Wars (una banda militar la hizo suya durante el macrismo: toda una curadoría). La chica está subida a un toro y canta: no puedo creer/ finalmente encontré a alguien/ me hundiré los dientes con incredulidad. Cuesta imaginar al promotor de las guillotinas en el espacio público imitando los meneos de la cantante, compositora, modelo y actriz británica de origen albanokosovar. 

A Sosa le interesa también María Becerra. Todos cuerpos juveniles e hiper sexualizados que deben avivar las fantasías y deseos del agitador. En un punto está más cerca de la senda soft de Youtube, Tik Tok e Instagram que de un árbol genealógico que podría incluir a la Liga Patriótica, la Alianza Nacionalista o la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU). Los consumos de las narrativas recalcitrantes y las imágenes de ensueño van por sendas diferentes y eso no deja de añadir otra capa de perplejidad a este presente oscuro. Víctimas y victimarios podrían cantar la misma canción.

AG