El gobierno de Brasil informó este viernes que solicitará a Argentina la extradición de un grupo de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro procesados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Así lo informó la Policía Federal brasileña informó que no precisó el número de prófugos que huyeron a Argentina.

Aunque la solicitud será formulada por la Policía Federal, en coordinación con los ministerios de Justicia y Exteriores, todavía deberá ser analizada por el Tribunal Supremo de ese país.

Según un comunicado de la policía, la representación de esa fuerza en Buenos Aires está intentando recabar los nombres de los fugitivos y los incluirá en la red Anfast de capturas de Ameripol.

Los prófugos forman parte de un grupo de 208 investigados y condenados por la asonada golpista que están acusados de incumplir las medidas cautelares impuestas por la Justicia de Brasil.

Este jueves, la Policía Federal lanzó una operación para capturar a ese grupo de fugitivos y, por el momento, logró detener a 50, en una operación desarrollada en nueve estados brasileños, de acuerdo al balance más reciente.

Los fugitivos han sido condenados o son reos en el proceso que juzga los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia de Brasil, el Parlamento y el Tribunal Supremo perpetrados por miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en un intento de forzar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.

El Supremo está procesando a más de un millar de personas por su supuesta participación en los ataques en Brasilia, y de momento ha condenado a 216 por crímenes como golpe de Estado, abolición del Estado democrático, asociación armada y daños al patrimonio público.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, también consta como investigado por golpismo, en el marco de un proceso que tramita en el Supremo, pero la Fiscalía hasta el momento no ha presentado cargos formales en su contra.

La Policía sostiene que altas autoridades del Gobierno de Bolsonaro tramaron un plan para anular el resultado de las elecciones de 2022 y mantener al ultraderechista en el poder.

El capitán de la reserva del Ejército siempre ha negado cualquier tipo de vinculación con la presunta trama golpista y se ha declarado víctima de una “persecución judicial”.

Con información de EFE

La mayoría de magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil votó a favor de inhabilitar políticamente durante ocho años al expresidente Jair Bolsonaro por abusos de poder y uso fraudulento de recursos públicos durante la campaña electoral que llevó al poder al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio “Lula” da Silva, en 2021.

Con el voto favorable de la vicepresidenta del TSE, la magistrada Cármen Lúcia Antunes, se completó este viernes la mayoría necesaria para condenar al expresidente brasileño, contra el cual ya habían votado tres de los siete magistrados que conforman el pleno del tribunal.

Después de Antunes, el magistrado Alexandre de Moraes también se mostró favorable a la inhabilitación. Moraes fue atacado por el propio Bolsonaro y la ultraderecha de Brasil durante el proceso electoral que ha protagonizado el juicio.

El magistrado Raul Arújo había defendido la absolución del exgobernante anteriormente y un segundo lo hizo este viernes: Kassio Nunes Marques, juez promovido por Bolsonaro al Supremo y al TSE, de talante ultraconservador.

La votación tuvo lugar este viernes durante la cuarta audiencia celebrada por el TSE en Brasilia, en el marco del primer juicio contra el líder ultraderechista que dio comienzo la semana pasada.

Con esta decisión del TSE, adoptada por cinco votos frente a dos, el líder de la ultraderecha de 68 años no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios presidenciales, que Bolsonaro puso en entredicho.

La acusación se centró en una reunión a la que el exmandatario convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, y durante la que descalificó gravemente el sistema electoral, y acusó a la Justicia brasileña y al propio TSE que le juzga de maniobrar en favor de Lula da Silva.

En aquel encuentro, celebrado a puertas cerrada, Bolsonaro vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996. Además, la reunión fue transmitida por la televisión pública y las redes sociales, provocando una verdadera tormenta: YouTube retiró el vínculo y la Justicia multó a Bolsonaro con 20.000 reales (unos 4.000 euros) por uso electoral de la máquina pública.

Por ello, ese día incurrió en varios delitos: “abusos de poder y económicos” y “uso indebido de los medios públicos”, al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.

Unos tres meses después, el ultraderechista no logró ser reelegido en las elecciones y a día de hoy sigue sin reconocer los resultados que dieron la victoria a su contrincante, por un estrecho margen.

Según Ademar Borges, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, “la reunión con los embajadores es fruto de una secuencia de ataques que ocurrió a lo largo de meses. Había una estrategia sistemática de producción y diseminación de desinformación contra el proceso electoral” por parte del exmandatario.

Este viernes, horas antes de que diera comienzo la cuarta sesión, Bolsonaro reiteró en una entrevista con la emisora Itatiaia que el juicio “no tiene ni pies ni cabeza” y volvió a insinuar que los magistrados actuaron para favorecer al líder progresista en la pasada contienda electoral. “No ataqué el sistema electoral, mostré posibles fallos”, aclaró, según la Agencia EFE.

Asimismo, adelantó que recurrirá para intentar recuperar sus derechos políticos: “Conversaré con mis abogados y habrá un recurso ante el Tribunal Superior Federal”.

LC

Durante el período en que el expresidente Jair Bolsonaro (PL) residía en Estados Unidos, su hijo “03”, el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), abrió una empresa en el estado de Texas en sociedad con personas vinculadas a la propagación de falsedades en Brasil, que apoyaron los actos golpistas del 8 de enero de 2023 y que pasaron por el gobierno de su padre. 

Esto revela una investigación realizada en alianza entre Agência Pública, UOL y CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística) de cinco meses.

Eduardo abrió Braz Global Holding LLC, el 18 de marzo de este año, en sociedad con el influencer Paulo Generoso –conocido por compartir desinformación y haber apoyado los actos de golpe de Estado en Brasil del 8 de enero de 2023 – y con el exsecretario nacional de desarrollo y fomento a la cultura den el gobierno de Bolsonaro, André Porciúncula. La firma fue registrada por Generoso en su domicilio en Arlington

La misma dirección de Braz Global fue utilizada para registrar a un instituto y a una corporación también administrados por Generoso y Porciúncula. Sin embargo, el nombre de Eduardo no aparece en estos otros dos negocios.

Esta alianza periodística buscó personalmente al diputado Eduardo Bolsonaro en la Cámara el día 24 de mayo para preguntarle por la empresa. Respondió: “¿por qué me investigás? Conociendo un poco de UOL y un poco de vos, prefiero no decir nada”..

Al ser consultado sobre las actividades de la empresa, el parlamentario volvió a esquivar la pregunta: “No hay mucho. ¿Explicar que? ¿Debo algo?”.

Al final, el diputado dijo, caminando rápidamente por el pasillo entre los guardias de seguridad,  que “no debía explicaciones”. “¿Estoy traficando con drogas? ¿Estoy robando a alguien? ¿Es corrupción?”, dijo, y agregó que «hablaría con el Tribunal Superior Electoral (TSE)», si fuera llamado.

Los otros socios fueron contactados, pero hasta el cierre de esta publicación no habían respondido.

Braz Global Holding

Los documentos que obtuvo esta alianza periodística del gobierno de Texas dan cuenta de la creación de Braz Global Holding, pero no ofrecen información sobre a cuál negocio se dedica. En la misma dirección, en poco tiempo antes, Paulo Generoso había registrado otras dos empresas: Liber Group Brasil (DOC LIBER), el 13 de enero, y el Instituto Liberdade (DOC LIBERDADE), el 8 de febrero.  Eduardo Bolsonaro no figura oficialmente como responsable en estas empresas. Solamente Generoso, André Porciúncula y otra exfuncionaria del gobierno de Bolsonaro, Raquel Brugnera, figuran como sus directores.

Raquel y Paulo Generoso, son creadores del Movimento República de Curitiba, que surgió en 2016 para apoyar la Operación Lava Jato. El movimiento también defendió la elección del expresidente Bolsonaro en 2018 y 2022. Con 1,2 millones de seguidores, la página de Facebook del grupo difundió desinformación sobre la pandemia de Covid-19 y sobre presuntos fraudes en las máquinas de votación electrónica y salió en defensa de los actos golpistas de 2023. Paulo Generoso incluso vio suspendida su cuenta de Twitter en enero de 2023. La plataforma informó públicamente que la cerraba por una decisión judicial, cuyos detalles aún no se conocen.

Eduardo Bolsonaro se refiere a André Porciúncula como su “amigo” en el curso en línea “Formación esencial en política”. Porciúncula — quien en el gobierno de Bolsonaro se encargó de analizar y aprobar propuestas para plasmar la Ley de Incentivo a la Cultura, conocida como Ley Rouanet— se presenta como especialista en arte y argumenta que la izquierda está tratando de destruir la fe cristiana, la belleza y, la moral para imponer sus ideales políticos.

Jair Bolsonaro en Estados Unidos

Tras ser derrotado en las urnas en octubre del año pasado, Jair Bolsonaro viajó a Miami, donde permaneció del 30 de diciembre al 30 de marzo. Durante este período, su hijo Eduardo estuvo por lo menos tres veces en Estados Unidos, en enero, febrero y marzo. En la última visita, participó en eventos de la extrema derecha estadounidense junto a su padre. Días antes de que Braz Global Holding se registrara en Texas, el 5 de marzo, los dos hablaron en la Conservative Political Action Conference (CPAC), un congreso conservador organizado por la Unión Conservadora Estadounidense (ACU), que tuvo lugar en Washington.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos a finales de diciembre de 2022, tras ser derrotado en las elecciones. Según él mismo dijo, antes de irse, transfirió US$135.000 dólares (R$ 675.000 reales) a una cuenta en ese país. Sin embargo, al registrar su candidatura unos meses antes, sólo había declarado en su cuenta 907.000 reales, ante la justicia electoral de Brasil. El monto enviado al extranjero representa casi el 75% del dinero líquido que había declarado el expresidente en su cuenta local. La cuenta en Estados Unidos que está bajo investigación de la Policía Federal sobre el fraude en la cartilla de vacunación de Bolsonaro y sus asesores.

Del servicio público a la sociedad con la familia Bolsonaro

En la trama de empresas y socios vinculados a Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, hay otros dos personajes que fueron empleados por la familia Bolsonaro y sus aliados: André Porciúncula y Raquel Brugnera.

Porcíncula fue el número dos en la Secretaría de Cultura del gobierno de Bolsonaro del 6 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2022. Dejó el cargo para postularse a diputado federal por el estado de Bahía. Derrotado en las urnas, el 18 de octubre fue designado por el entonces presidente como subsecretario de esa misma Secretaría y, el 6 de diciembre, cuando faltaba menos de un mes para el final del gobierno, pasó a ocupar la jefatura de esa cartera. En marzo de este año, además de convertirse en socio de Braz Global Holding LLC, en Estados Unidos, abrió, en Brasil, Spalla Consultoria, Marketing e Publicidade Ltda.

La empresa estaba registrada en el Centro Empresarial Brasil 21, en Brasilia, en la Capital Federal, en el mismo edificio, pero cuatro pisos debajo, de la oficina nacional del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro.

Esta alianza periodística visitó la dirección de esta empresa que figura en el Servicio de Ingresos Federales, pero allí encontró un espacio de trabajo compartido (coworking).

André Porciúncula era capitán de la Policía Militar de Bahía. Fue su trabajo en el gobierno federal lo que lo despertó en la política, como él mismo explicó en una clase en otro curso impartido por Eduardo Bolsonaro, del que participó, llamado “O Brasil debe saber” y disponible en la plataforma de cursos “Formação Conservadora” y en el canal de Youtube del diputado.

“Empecé a entender cómo la cultura había sido secuestrada y transformada en un medio de acción revolucionario y eso me dio un empujón, empecé a conocer gente en este ambiente político, y eso me llevó hasta aquí”, explicó al diputado del Palácio do Planalto, cuando aún formaba parte del gobierno. El video fue publicado el 19 de junio de 2021.

Al igual que con Porciúncula, también fue su carrera en el gobierno federal lo que lanzó a Raquel Brugnera a otros negocios. No es socia directa de Eduardo Bolsonaro, pero aparece como directora del Instituto Liberdade y de Liber Group Brasil, registrada al poco tiempo en el mismo domicilio que Braz Holding LLC en Texas.

Los documentos a los que accedió esta alianza periodística no especifican las áreas de operación de estos negocios, pero confirman a los directores: Generoso, Brugnera y Porciúncula.

Antes de convertirse en empresaria, Brugnera ocupó dos cargos en el gobierno de Jair Bolsonaro. Fue jefa de gabinete de la Secretaría de Economía Creativa de la entonces Secretaría Especial de Cultura, bajo la jefatura de Roberto Alvim — exonerado tras producir un video con referencias al nazismo — y asesora técnica de la Fundación Palmares.

“Trabajé dos veces en el gobierno federal, siempre en posiciones de liderazgo, donde conocí a mucha gente del área técnica y con ellos adquirí muchos conocimientos. Entonces salí y abrí mis empresas, tanto aquí en Brasil como en el exterior. Y así terminé participando activamente en las elecciones de todo el país”, explicó la empresaria en un video disponible en la plataforma de cursos Aprende a Elegir, creada por ella luego de las últimas elecciones.

Según el sitio web del proyecto, el curso tiene como objetivo enseñar a las personas interesadas en “trabajar detrás de escena en política” y trae contenido que habla sobre cómo proporcionar cuentas electorales y gestionar las crisis mediáticas de un candidato. Brugnera se presenta como una “estratega política” y “empresaria en el área de recaudación de fondos y reformas parlamentarias aquí en Brasilia”.

El año pasado, fue coordinadora de la campaña de Porciúncula para diputado federal por el PL en Bahía, según muestra un reportaje de Buzzfeed. Porciúncula obtuvo 82.693 votos y no fue elegido.

Además, la empresa BSB Governança e Estrutura LTDA, o BSB Soluções, de la cual es socia única, también prestó servicios al candidato. La empresa fue creada en marzo de 2021, luego de que Raquel Brugnera dejara el gobierno. Su sitio web informa que la firma articula los ayuntamientos con las oficinas de los Ministerios y el Congreso Nacional.

República de Curitiba

La relación entre Brugnera y Generoso también viene de lejos. En 2016, los dos crearon el Movimento República de Curitiba, que tiene una fuerte presencia en las redes sociales.

En abril de 2020, participó en las publicaciones de extrema derecha que convocaron a las caravanas para romper el aislamiento social contra el Covid-19, según muestra un reportaje de Pública en ese momento. Su página, que pretende crear “un nuevo concepto de periodismo”, también difundió mentiras sobre el gobierno de João Doria, en el estado de São Paulo, acusándolo de registrar más muertes de víctimas por coronavirus que la cifra real.

Además de la página de Facebook, creada en marzo de 2016, el grupo también cuenta con un sitio web, que existe desde diciembre de 2017. Según el informe final del CPI sobre la pandemia, el movimiento publicó “información falsa sobre atención temprana, encierro y contra la vacuna”. La página también fue investigada por Fake News CPMI, que la citó como uno de los “principales transmisores de información errónea sobre el Covid-19” en su informe final.

Según Paulo Generoso, el grupo surgió con el objetivo de apoyar la Operación Lava Jato, pero ya en 2018, se había transformado en un grupo de apoyo a la elección de Jair Bolsonaro. “Fuimos una de las primeras y grandes páginas en apoyar también al presidente en su primera elección [presidencial] en 2018”, explicó Generoso en una entrevista con el portal bolsonarista Jornal da Cidade Online, el 10 de diciembre del año pasado. En la misma entrevista, cuestionó la imparcialidad de las elecciones y dijo que “ya se dio el golpe”, sugiriendo que hubo fraude en las urnas. “De nuestra parte, cualquier cosa que suceda será como mucho un contragolpe”, dijo, un mes antes de que una turba bolsonarista invadiera edificios gubernamentales.

El bolsonarista es además cercano al dueño de Lojas Havan, Luciano Hang, investigado por el Supremo Tribunal Federal en su “investigación de fake news”. Generoso también es socio de dos empresas en Brasil: la tienda de suplementos American Nutrition, en Cubatão (SP) y CBD Brasil, en Curitiba (PR).

Tanto Generoso como Brugnera son seguidores de Olavo de Carvalho, el filósofo y astrólogo brasileño que vivió en Estados Unidos pero tenía gran influencia sobre Bolsonaro. En un video publicado por Brugnera en agosto de 2019 y fijado en su Instagram, Olavo la llama “hermana pequeña”. El video está grabado por Generoso.

El perfil de Raquel en la red también muestra fotos con varios nombres influyentes en el bolsonarismo, como el bloguero Allan dos Santos, investigado por difundir información errónea, y el propio Eduardo, el diputado hijo del expresidente. En diciembre del 2020 publicó una foto con el diputado en la inauguración del Instituto Conservador Liberal, creado por él.

Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, negó este martes haber sido el instigador de los actos golpistas del 8 de enero contra el mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva y, ante la Policía Federal, argumentó sorpresivamente que publicó en Facebook un video con informaciones falsas sobre un fraude electoral en su contra por “error” y bajo los efectos de un medicamento, según sus abogados.

Fue al declarar durante dos horas ante la Policía Federal brasileña, la cual lo convocó por haber posteado, tras el intento de golpe, un video donde se cuestionaban las elecciones de octubre de 2022 ganadas por Lula con informaciones falsas, en las que Bolsonaro nunca admitió la derrota.

El exmandatario declaró en la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia por orden del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, quien encabeza la megacausa que investiga la invasión al Palacio del Planalto, el Congreso y la sede de la Corte por parte de miles de simpatizantes bolsonaristas que pedían al Ejército intervenir para derrocar a da Silva.

Bolsonaro fue incluido en la investigación como supuesto autor intelectual, ya que luego del ataque, realizó una publicación en Facebook de un video donde se denunciaba como fake news un supuesto fraude de Lula en las elecciones de octubre. Ante la Policía Federal, declaró que publicó “por error” el posteo desde Orlando, así como bajo los efectos de medicamentos.

“Fue un error de Bolsonaro a la hora de ver y guardar un archivo para mirarlo posteriormente. Cuando le avisaron del error lo borró”, dijo Paulo Cunha Bueno, abogado del expresidente. Bolsonaro dijo que quería reenviar ese video por Whatsapp y no publicarlo en Facebook, argumentando que estaba bajo el efecto de sedantes, luego de haber sido internado en Estados Unidos por dolores abdominales.

El exministro de Comunicación Social Fabio Wajngarten, otro de sus abogados, aseguró que se presentó un video ilustrativo con el error cometido por Bolsonaro con dos clicks. El letrado aseguró que el expresidente, luego de los comicios, se recluyó en el Palacio de la Alvorada sin realizar manifestaciones a sus seguidores que acamparon en los cuarteles del Ejército de todo el país.

“La elección para el presidente Bolsonaro es una página del pasado. Eso fue lo que dijo. El presidente repudió los ataques”, sentenció Cunha Bueno. “El expresidente considera una página del pasado el período electoral. Él hizo la transición y dejó el país. Repudió los ataques como lo hizo por Twitter en la noche del 8 de enero”, insistió.

El exmandatario fue incluido en la investigación del Supremo Tribunal Federal, por la cual se detuvo a 1390 personas por haber invadido y financiado el asalto a los poderes, desconociendo la elección de octubre de 2022 ganada por el líder del Partido de los Trabajadores. En estos meses, el expresidente de 68 años dijo que no estaba de acuerdo con los destrozos, pero pidió la liberación de los detenidos por considerarlos “personas de bien”.

Ayer martes, Bolsonaro se preparó durante cuatro horas con su equipo de abogados y asesores para declarar este miércoles.

Bolsonaro es presidente de honor del Partido Liberal y vive en una casaquinta alquilada por esa fuerza política, que le paga un salario mensual de unos 7.000 dólares. Fue el primer mandatario brasileño en perder una reelección y, antes de entregarle el poder a Lula, abandonó el país el 30 de diciembre para pasar tres meses en la casa de un empresario amigo.

Cuestionó a la justicia electoral por el resultado de la elección, y se investigan sus movimientos para determinar si fue el autor intelectual de los campamentos frente a los cuarteles del Ejército que derivaron en el asalto a los poderes el 8 de enero, una semana después de la asunción de Lula de su tercera presidencia. El caso es instruido por el juez de Moraes, que también lo investiga en la megacausa de las fake news iniciada en 2020.

Es la segunda declaración del exmandatario en menos de un mes, ya que había acudido a la misma sede policial a ofrecer su versión en el caso del supuesto contrabando de joyas otorgadas a Brasil por el Gobierno saudita, y que Bolsonaro guardó para sí como si fueran regalos personales.

La declaración de Bolsonaro se dio en paralelo a la decisión del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, de instalar una comisión mixta de investigación sobre los actos golpistas. Esta se formó luego de que renunciara el general retirado Edson Gonçalves Dias al Ministerio de Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), debido a la difusión de imágenes en las que se lo ve pasivo al llegar al Palacio del Planalto el 8 de enero a la tarde, viendo cómo los vándalos circulaban impunemente por la casa de gobierno.

Dias, hombre de confianza de Lula hace dos décadas, dijo que no quiso esconder información al mandatario sobre lo ocurrido el 8 de enero y atribuyó esa responsabilidad a los miembros del gabinete de seguridad presidencial que venían de la gestión Bolsonaro. Según la grabación, los invasores recibieron agua de los militares y saludaron a los agentes del GSI durante los ataques que se centraban en la planta inferior, mientras Gonçalves Dias circulaba por la tercera planta del palacio.

La comisión parlamentaria deberá estar integrada por 16 diputados y 16 senadores y tendrá una duración de 90 días, prorrogables por igual período. Los miembros del colegiado serán designados por los líderes de los partidos. De todos modos, la disputa entre Gobierno y oposición está en la elección del presidente y el relator, quienes tienen el control de las investigaciones y la narrativa sobre los ataques a la institucionalidad y la democracia.

LC con información de agencia Télam

A pocas horas de emprender el viaje a Buenos Aires, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentó este sábado una nueva crisis: despidió al comandante del Ejército, general Julio César de Arruda, quien no habría cumplido con las instrucciones presidenciales de hacer dimitir a militares bolsonaristas involucrados en los ataques del 8 de enero. En su reemplazo, Lula nombró al general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, una voz disonante en el ex gobierno de Jair Bolsonaro, conocido por defender públicamente la vigencia de las instituciones democráticas y advertir a sus colegas sobre “la total legitimidad de los resultados de las elecciones (de octubre)”.

Antes de su despido, Arrudo había participado el viernes de una reunión en el Palacio del Planalto con el jefe de Estado, el ministro de Defensa y los comandantes de Marina y Aeronáutica. En esa cita, Lula apoyó la penalización de aquellos uniformados que hubieran participado, de alguna manera, en los actos golpistas de hace dos semanas. Al final de ese encuentro, el ministro de Defensa José Múcio afirmó que los jefes de las FFAA concordaban con la punición de los involucrados.

Los recelos de Lula respecto al papel de esa fuerza en los episodios de vandalismo contra las sedes gubernamentales en Brasilia se hizo evidente en una entrevista que concedió en exclusiva al canal de TV Globo News. En su transcurso, cuestionó a la inteligencia militar por omisión: “No dieron ningún aviso sobre lo que podría suceder ese domingo”, subrayó el mandatario. Las investigaciones emprendidas por la policía federal permitieron detectar que los agresores –que invadieron el Palacio del Planalto, la Corte Suprema y el Congreso—fueron protegidos por los militares del Cuartel General del Ejército en Brasilia. La mayoría de ellos habían permanecido durante dos meses en un campamento localizado frente a ese cuartel.

Ribeiro Paiva tiene actuación internacional: fue subcomandante de la misión de paz brasileña en Haití y también dirigió operaciones de control de la violencia en las favelas cariocas Complejo de la Penha y del Alemán. El 31 de julio de 2019 ascendió a general, cuando Bolsonaro llevaba medio año de gobierno y luego pasó a integrar el alto comando de la fuerza terrestre. Durante la gestión bolsonarista, sus colegas militares decían que Paiva “tiene el uniforme de color verde oliva, pero el corazón rojo”, aludiendo a una presunta tendencia hacia la izquierda.

El presidente Lula acumulaba disidencias con Arruda, el ahora exjefe del Ejército. La más importante fue la renuencia del general a reprimir y desalojar durante la noche del domingo 8 el campamento bolsonarista frente a la sede de esa fuerza. Coherente con esa línea, Arruda no quiso exonerar al teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, cuya participación en los sucesos de Brasilia se encuentra comprobada.

Durante el traspaso entre el gobierno de Bolsonaro y el de Lula, el grupo encargado de la transición -liderado por el vicepresidente Geraldo Alckmin- no ocultó sus preferencias por Ribeiro Paiva para comandar el Ejército. Sin embargo, el ministro de Defensa Múcio y el propio Lula optaron, luego de la asunción, por nombrar a Arruda. Era cuestión, dijeron, de respetar la costumbre militar de colocar en el cargo de jefe al general más antiguo (o de mayor edad).

Cuando la cúpula del movimiento bolsonarista comenzó a presionar a los generales para revertir la derrota de su líder, Ribeiro Paiva entró en el radar: lo acusaron de “sandía” (verde por fuera, roja por dentro) y lo trataron de traidor. Ribeiro Paiva, entre tanto, profirió públicamente –en discursos realizados durante actos de las FFAA—su condena a las acciones predatorias del 8 de enero. Llego a firmar que aquellos colegas que se habían excedido debían ser castigados. Finalmente expresó con énfasis que las instituciones debían pasar a actuar dentro de la normalidad, fueran jueces, almirantes, brigadieres, generales o políticos.

EG

El Gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil desplazó este jueves de sus cargos a 18 jefes de la Policía Federal (PF) y a 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Caminera Federal (PRF), tras haber despedido a militares afectados a la seguridad del Palacio del Planalto como represalias de los ataques golpistas del 8 de enero.

Flávio Dino, el ministro de Justicia oficializó hoy la remoción de 26 de las 27 cúpulas regionales de la PRF, excepto la del estado de Piauí, la cual está ocupada de forma interina por Jairo Lima, y el cese de 18 jefes de la PF, entre ellos los tres más importantes: San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

El nuevo superintendente de la PF en Río de Janeiro es Leandro Almada, quien forma parte del cuerpo policial desde 2008, y es conocido por liderar una investigación que rebeló trabas en el esclarecimiento del asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018, según destacó el diario local Folha de Sao Paulo.

Para San Pablo, la mayor superintendencia del país, el elegido fue Rogério Giampaolli, quien ya era jefe del Comando Táctico de Operaciones y actualmente estaba a cargo de la PF en el municipio paulista de Sorocaba.

Para comandar la superintendencia en Paraíba, se designó a Christiane Correa Machado, que ya fue jefa de la división antiterrorista durante cinco años y coordinó la protección contra atentados extremistas en el Mundial de 2014 y en los Juegos Olímpicos de 2016 que tuvieron lugar en Río de Janeiro.

En cuanto a la PRF, su imagen se vio afectada por una serie de acciones destinadas a favorecer la votación de Jair Bolsonaro en los comicios de octubre del 2022, cuando se obstruyó el paso de micros con electores de Lula en estados de la región nordeste, donde su apoyo es tradicionalmente mayoritario.

El exdirector de la PRF, Silvinei Vasques, un oficial cercano al expresidente Bolsonaro, está siendo investigado por la Justicia Federal. Además, en mayo del año pasado, agentes de la PRF arrestaron y asfixiaron en Sergipe al motociclista Genivaldo Jesus Santos, quien falleció dentro de un vehículo policial. El hecho encendió las alarmas sobre los procedimientos policiales.

Las sustituciones no vendrían motivadas por los ataques a los tres poderes del país del 8 de enero pasado, aclaró Dino, quien agregó que la decisión había sido debatida en la etapa de transición del nuevo Gobierno de Lula da Silva. Sin embargo, antes de estos cambios dentro de la Policía, el Gobierno había modificado los gabinetes de seguridad encargados de custodiar el Palacio del Planato, sede de la Presidencia, y el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, tras los ataques golpistas.

Ese 8 de enero, el Gobierno brasileño decretó la intervención federal de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia por “omisión” de la policía local, ante el accionar de los grupos extremistas.

Dino defendió la “desbolsonarización” de las fuerzas de seguridad, y declaró que “lo opuesto de una policía bolsonarista es una policía legalista, nadie puede sabotear una operación policial por cuestiones ideológicas”, según la agencia de noticias ANSA.

LC con información de agencia Télam

Los comercios empiezan a desperezarse y ya hace rato que en los bares se sirve café en las avenidas principales de Tatuapé, un barrio de clase media situado en el este de Sao Paulo. Aquí, las casas de una planta con fachadas coloreadas y marañas de cables de tendido eléctrico descansan bajo la sombra cercana de rascacielos residenciales. Con 168 metros de altura, en este barrio está construido el edificio residencial más alto de toda la ciudad. 

Encajonado entre el río Tieté y la avenida Salim Farah Maluf, una de las arterias principales de Sao Paulo, Tatuapé ostenta el título de haberse convertido en el barrio más bolsonarista de la ciudad después de que en las pasadas elecciones el 59,06% de los votos fuesen a parar al rival del actual presidente, Lula Da Silva. 

Es complicado, sin embargo, dar con vecinos del barrio durante esta mañana de martes que amenaza con lluvia. Casi todos los que pasean por la zona son trabajadores que vienen de otros puntos de la ciudad, como Matteo, comercial y votante del expresidente Jair Bolsonaro. Matteo asegura que rechaza la violencia del asalto a las instituciones democráticas del pasado domingo por parte de bolsonaristas radicales. “La Constitución garantiza el derecho a manifestarse, pero entrar a la casa de todos y destrozarla de esa manera… Ahora Lula es mi presidente, y yo rezo para que tenga un buen Gobierno”, dice. 

Unas cuantas manzanas más adelante, Carlos fuma en la puerta de la cafetería de su primo. “Yo soy bolsonarista y él es petista [votante del Partido de los Trabajadores, de Lula]”, ríe. Llegó a Tatuapé hace dos años para trabajar en una gasolinera y cuenta que votó al candidato de la extrema derecha porque concuerda con los valores tradicionales que representa, pero también está en contra de las “mentiras y la corrupción” que para él encarna Lula. 

En su línea discursiva trumpista, una de las ideas antidemocráticas que alimentó Bolsonaro antes incluso de las elecciones fue la de fraude electoral. En este barrio paulista, pocos suscriben esta teoría, aunque sí se escucha la tesis de que el asalto violento a los tres poderes fue obra de infiltrados de izquierda que buscaban desacreditar a la derecha. “Creo que las elecciones fueron justas, pero sí pienso que el golpe estaba preparado: cuanto peor para nosotros, mejor para ellos”.

Los votantes bolsonaristas en Tatuapé rechazan la violencia del domingo y piden acatar las normas democráticas: Darsi, jubilada que optó por el expresidente porque ella es “una señora de derechas”, dice no estar conforme con “la forma en la que se hicieron las cosas”; o Paulo, gerente de una perfumería que tiene un discurso con los elementos más estridentes del trumpismo brasileño, marca su apoyo a “las manifestaciones, pero no la violencia”. 

En la zona cero del bolsonarismo en Sao Paulo también conviven discursos exaltados como el de Enrique, con una retórica capaz de relacionar China y Venezuela en una frase. Enrique califica el asalto del domingo de “turba del PT [Partido de los Trabajadores]” y, al ser preguntado por si desea la vuelta a una dictadura, contesta con evasivas. “Yo quiero una democracia, pero en la que exista la libertad de expresión”, dice. 

“Creían que Bolsonaro les haría ricos”

Capital económica de uno de los países más desiguales del mundo, en Sao Paulo Lula ganó con el 53,54% de los votos, imponiéndose en 35 de 58 zonas electorales. Los comicios de octubre de 2022 dejaron un mapa marcado: rojo en la periferia, las zonas más desfavorecidas donde además suele vivir la población no blanca; mientras que el electorado de Bolsonaro ocupa el centro y el noreste del plano, polos financieros dotados de mejores infraestructuras y acceso a servicios. 

Los vecinos cuentan que Tatuapé ha crecido mucho en los últimos años, aprovechando su cercanía al centro y dotación de transporte público. “Las zonas ricas del noreste han empezado a expandirse hacia aquí y a las nuevas construcciones han empezado a llegar muchas familias de clase media”, dice Lucila, comercial inmobiliaria de 63 años que lleva varias décadas en el barrio y decidió no votar en las pasadas elecciones. 

“Este es un barrio de 'pobres metidos a ricos', por explicarlo de forma coloquial”, dice Marcel, de 58 años, que ha vivido en el barrio toda su vida y tiene una ferretería. “Esta es una zona de clase media que se ha creído el cuento de que Bolsonaro les haría ricos”, dice, y confiesa que votó a Lula sin ganas para evitar otro mandato de Bolsonaro. 

En la calle muchos no quieren opinar. “Estamos confundidos, no apoyamos ni una cosa ni la otra”, dice sin dejar de caminar una pareja. Dos palabras se repiten en los mensajes tanto de los votantes de Lula como de los abstencionistas: vergüenza y vandalismo. “El día de la elecciones mi madre salió con una camiseta roja y yo me preocupé mucho, la gente está muy nerviosa y nunca sabes qué puede suceder”, dice Catherine, actriz y psicóloga progresista. 

“Lo que ocurrió fue lamentable para la imagen de Brasil y no tiene que ver con el pueblo sino con luchas de poder”, coinciden Silvia y Joao, que en las elecciones de 2018 votaron a Bolsonaro, pero cambiaron su sentido de voto en las de 2022, decepcionados. “Si el voto fuera secreto quizá no estaría ocurriendo esto. Brasil siempre fue un pueblo unido, de acogida, y ahora estamos perdiendo el tiempo con esto. La política cada vez se parece más al fútbol”, dice otra pareja que pide no ser identificada. 

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes decretó la prisión de Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y quien se desempeñó durante la primera semana de enero como secretario de Seguridad de Brasilia. El dictamen remite a la violación por el ahora ex funcionario, del Estado democrático de derecho y responde a un pedido procedente del abogado general del Gobierno, Jorge Messias, quien acusó a Torres de “facilitar” los hechos de vandalismo en los edificios públicos.  Para los medios brasileños, esta es la primera decisión judicial que apunta a estrechar el cerco al ex presidente.

El ex secretario Torres es, en verdad, una pieza clave en la organización del movimiento “golpista” que perpetró los atentados contra el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). El viernes último Torres viajó a Orlando con su familia, donde también se encuentra su ex jefe Bolsonaro, de quién fue un fiel aliado. El ex funcionário intentó defenderse, el domingo, en una declaración al diario Folha de San Pablo. Dijo entonces: “Es la primera vez que me tomo vacaciones en mucho tiempo, y las venía planificando de hace tiempo”. Para despegarse del ex mandatario y borrar las conjeturas de su complicidad con los dramáticos sucesos del domingo, Torres no vaciló al señalar: “No vine a Estados Unidos para encontrarme con Bolsonaro. No lo vi en ningún momento porque estoy de vacaciones con mi familia. No hubo participación de mi parte en lo sucedido”. 

Lo cierto es que la ejecución de esta medida judicial debe derivar rápidamente en un pedido a Interpol para concretar la detención y repatriación del ex ministro. La celeridad en el dictamen judicial obedece a las sospechas manifestadas por el magistrado con relación a las responsabilidades de Anderson en los ataques perpetrados en la Plaza de los Tres Poderes en el Distrito Federal. Torres tiene una historia larga de apoyo directo a su jefe Bolsonaro, cuando éste procedió a denunciar un presunto fraude en el proceso electoral por cuenta de las urnas electrónicas. Inclusive, como ministro de Justicia fue blanco de una investigación del Tribunal Superior Electoral, por diseminación de “noticias falsas” contra los resultados de los comicios de octubre pasado.

En un discurso pronunciado al asumir el nuevo director de la Policía Federal Andrei Rodrigues, el juez Moraes declaró en forma contundente: “Las instituciones irán a castigar a todos los responsables”, incluidos según señaló “aquellos que financiaron e incentivaron la movilización destructora, por acción y omisión”.

En verdad esta es la primera prisión de importancia en el esquema de investigación; es que si bien hubo 1.500 detenciones de bolsonaristas que se encontraban acampados, la mayoría eran personas “comunes” como admitió la propia policía al liberar por cuestiones humanitarias a 600 encarcelados.  Entre ellos se encontraban ancianos y madres con hijos pequeños. El domingo por la noche,  Moraes había dispuesto la prisión de más de 1.000 individuos que desde hace dos meses habitaban en carpas frente al Cuartel General del Ejército. Declaró entonces: “Tenemos que combatir con firmeza a las personas antidemocráticas, que quieren dar un golpe, a esas personas que buscan implantar un régimen de excepción”.

Esta tarde fue llevado a prisión al ahora ex comandante general de la Policía Militar del Distrito Federal; se trata, en realidad, de las policía manejada por los gobiernos de los estados brasileños. El coronel Fabio Augusto, que ejercía ese cargo, había sido previamente exonerado del puesto por el interventor federal en Brasilia, Ricardo Capelli.

Las razones de esa detención se basan en las múltiples imágenes y filmaciones de los atentados, donde se observó a agentes de la Policía Militar celebrar los actos agresivos junto a los bolsonaristas, con quienes llegaron a tomar selfies.

EG/MG

Brasil el día de después. Cómo amanece un país tras un asalto a sus instituciones democráticas. “Con ansiedad y desesperanza”, contesta Gabriela Santos, artista audiovisual de 22 años que durante la tarde del lunes sumó su grito al de decenas de miles de personas, hasta 70.000 según los organizadores, en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. 

“Necesitaba marchar rodeada de personas que piensan, como yo, que esto no puede suceder. Y llenar las calles para decirles que a pesar de lo de ayer, podemos con ellos”, continúa con voz firme. Lo de ayer fue el asalto —y destrozo— al Congreso, al Tribunal Supremo y al Palacio de Planalto, sede del ejecutivo brasileño, por parte de miles de bolsonaristas radicales portando pancartas que pedían una intervención militar. 

La respuesta no tardó en llegar, con la convocatoria en al menos 16 capitales de estado de multitudinarias manifestaciones en repulsa al avance de la extrema derecha y en favor del sistema democrático de Brasil. “Somos democracia”, señalaba uno de los carteles que inauguraba la manifestación en Sao Paulo, que ha comenzado sobre las cinco de la tarde su recorrido por la avenida Paulista, símbolo cultural de la ciudad. 

En Río de Janeiro, miles tuvieron que sacar el paraguas al ritmo del himno nacional en la plaza de Cinelandia, el espacio habitual de concentraciones. Aunque con menos afluencia, las marchas también han tenido reflejo en el sur, más rico y cercano a la derecha, en ciudades como Santa Catarina, Florianópolis. 

Miles de gorras, camisetas o banderolas rojas (incluso los tambores de las batucadas y sambas eran rojos), color en apoyo al presidente Lula Da Silva, que tomó posesión hace apenas una semana, han coreado el mismo eslogan en las principales ciudades del país: “Sin Amnistía”. Ni para los más de 1.200 detenidos que el domingo arrasaron el corazón democrático de Brasil, ni para el expresidente Jair Bolsonaro, que está hospitalizado en EEUU con dolores abdominales y a quien Lula señaló como “responsable” de lo ocurrido. 

Tamikua Txihi pertenece al pueblo originario de Jaragua de Sao Paulo y dice acudir a la manifestación para defender a América Latina del “virus del fascismo”: “Fue en Bolivia en 2019, en Perú y ahora en Brasil. No vamos a dejar que nos maten más de una vez, Bolsonaro es un virus contaminante que acaba con la vida”. 

“Los más ricos quieren volver al pasado”

Muy jóvenes y de clases sobre todo populares, el fracasado intento de golpe ha hecho despertar miedos escondidos en la memoria colectiva y muchos manifestantes han hecho alusión al periodo dictatorial que desde 1964 hasta 1985 ensombreció Brasil. “Los más ricos quieren volver al pasado, para que el pueblo no hable. Por eso decimos ‘Dictadura nunca más’”, denuncia Amanda Bispo, representante de Unidad Popular. 

“En Brasil han intentado acabar con la democracia otra vez. Ya ocurrió en 2017 con el impeachment de la presidenta Dilma y no podemos permitir que esto ocurra de nuevo. Tenemos que salir a la calle para demostrar que somos más que ellos y estamos más organizados”, opina Gabriel Oliveira, de 19 años, miembro del Frente Nacional Antirracista. 

Puño en alto o formando una “L” con los dedos, las manifestaciones han sido convocadas por sindicatos de estudiantes, colectivos antirracistas y movimientos sociales feministas y por los derechos de las personas LGTBI, coordinados desde las pasadas elecciones en grupos antibolsonaristas. A ellos se han unido hinchas de equipos de fútbol. 

“Estamos por la democracia y contra el fascismo”, apunta Mirali, bibliotecaria de 26 años, un eslogan con el que todos en las marchas parecían concordar. “Brasil eligió a Lula y Lula será quien gobierne”, sentencia Beatriz Blanco, de la Banca Feminista.

Jair Bolsonaro no felicitó a Lula por su victoria electoral. Como tampoco lo hizo Donald Trump con Joe Biden hace dos años. Es más, Bolsonaro se fue de Brasil y se instaló en Tampa dos días antes de la toma de posesión de Lula, en el muy republicano Estado de Florida, en uno de cuyos hospitales se recupera de un dolor abdominal sobrevenido. Cerca de Disneyland, disfrutando de las buenas temperaturas y del privilegio concedido a un gobernante por parte de uno de los países más estrictos con la política migratoria. Mientras, sus seguidores, que intentaron colapsar las carreteras ante el triunfo de Lula, decidieron este domingo asaltar las sedes de los poderes constitucionales en Brasilia.

Bolsonaro nunca reconoció su derrota ni concedió legitimidad a la victoria de Lula, entre otras cosas porque nunca dejó de sembrar dudas sobre el recuento electoral, como recopila un reportaje de The New York Times, en el que se desgrana cómo fue creando la falacia de las elecciones amañadas basada en imprecisiones, datos fuera de contexto, pruebas circunstanciales, teorías de conspiración y mentiras descaradas, muy al estilo del expresidente de EEUU.

El manual de Bolsonaro recuerda mucho al de Donald Trump. Es verdad que no es lo mismo ocupar el Capitolio –el 6 de enero de 2021– con congresistas dentro que asaltar instituciones un domingo en Brasilia –8 de enero de 2023–, cuando no había nadie porque las instituciones están vacías los festivos. Pero sí es cierto en que la línea de puntos deja pocas dudas: cuestionamiento del recuento electoral, campañas de desinformación amplificadas por poderosos medios de comunicación y no reconocimiento de la legítima victoria del rival político en el momento del traspaso de poderes.

De esta manera, el nuevo conservadurismo recurre al gatillo movilizador, una suerte de 18 brumario de una derecha subida a la ola del populismo nacionalista, el negacionismo pandémico, el neotrumpismo, el neoliberalismo extremo y la xenofobia. Eso sí, con la compañía de algunos medios de comunicación poderosos para amplificar sin filtros ni comprobación toda suerte de mensajes apocalípticos.

Como en aquel 18 brumario de Luis Bonaparte –bautizado así por Karl Marx como espejo del 18 brumario de Napoleón Bonaparte del 9 de noviembre de 1799–, cuando los dos grandes partidos tradicionales franceses –orleanistas y legitimistas, todos monárquicos–, se unieron en diciembre de 1851 –tres años después del proceso revolucionario francés de 1848– en lo que se llamó el Gran Partido de Orden, el 18 brumario de las derechas en el siglo XXI supone también una confluencia de diferentes sectores conservadores frente a una supuesta amenaza al sistema, e intentan presentarse como los agentes del orden aunque sea subvirtiendo el mismo orden constitucional e institucional que dicen defender.

En aquel caso histórico de hace siglo y medio, orleanistas y legitimistas se unieron a pesar de representar a sectores sociales distintos –unos, a la burguesía financiera; y otros a los terratenientes–, incluso cada uno defendía una dinastía distinta, pero les unía el supuesto orden frente a los socialistas y sus revoluciones. Y más de 150 años después, el 18 brumario de las derechas recurre ahora a los mismos fantasmas –socialcomunistas; globalistas; dictadura progre, filoterroristas; rompepatrias– para defender un orden por la vía del desorden.

A partir de ahí, los seguidores más leales escriben su propio final de la línea de puntos con actos que se parecen más a golpes de Estado que a caceroladas, con la connivencia de mandos policiales y militares.

Mientras, el líder observa desde la distancia con su Twitter en stand by hasta ver el desenlace de los acontecimientos. Una vez derrotados los asaltantes del Capitolio o de Brasilia, el líder publica una tibia censura de unos actos cuya autoría intelectual rechaza al tiempo que rebaja su gravedad comparando unos hechos inéditos con otros sucesos del pasado. Y, eso sí, sin expresar apoyo ninguno al Gobierno legítimo, ya sea de Lula o Biden.

Una tibieza que recuerda el tono de los tuits publicados este domingo por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Ninguno condena nítidamente el asalto y ambos evitan mostrar su apoyo al gobierno de Lula da Silva, elegido democráticamente. Es más, en el caso de Gamarra, llega incluso a aprovechar los sucesos para golpear a Pedro Sánchez por la reforma del Código Penal.

No en vano, la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez la niegan tanto que Feijóo ha llegado a defender su bloqueo a la renovación del CGPJ como mecanismo de para “para proteger” el Poder Judicial del Ejecutivo.

Más lejos aún fueron las Nuevas Generaciones de Madrid, comparando el asalto de Brasilia con las medidas del Gobierno para renovar los órganos judiciales que llevan años bloqueados por el partido de Feijóo. “Muy grave lo de Brasil. Igual de grave que querer controlar a los jueces e instituciones públicas como quieres hacer en España”, tuiteaban las juventudes de Isabel Díaz Ayuso.

No es lo mismo un tuit de Cuca Gamarra que asaltar el Capitolio, del mismo modo que no es lo mismo negarse a cumplir la Constitución bloqueando la renovación del CGPJ que tomar Brasilia, aunque sea en domingo.

Ahora bien, los parecidos comienzan a aparecer cuando se niega la legitimidad del Gobierno elegido, cuando la derecha judicial impide incluso debatir proyectos de leyes en el Senado; o cuando se usan todos los resortes en Bruselas para sembrar todo tipo de dudas sobre el Ejecutivo; o cuando se vincula al Consejo de Ministros con ETA, Venezuela o la antiEspaña. ¿Hasta dónde guiará a los más exaltados la línea de puntos que escriben cada día los líderes del PP, Vox y Ciudadanos?

Conexión familiar Trump-Bolsonaro

Trump y Bolsonaro tienen mucho en común. Entre otras cosas, el proyecto de Internacional de extrema derecha mundial que intentó lanzar el ex asesor del ex presidente de EEUU Steve Bannon, fundamentado en la soberanía patriótica de las naciones; las fronteras contra los migrantes y la resistencia contra el feminismo conectó a ambos líderes.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, confirmó en su día –febrero de 2019– que sería el hombre de Bannon para América Latina. “Estoy muy orgulloso de unirme a Steve Bannon como líder del Movimiento en Brasil. Trabajaremos con él para expandir el nacionalismo de sentido común para todos los ciudadanos de América Latina”, anunció Bolsonaro, antes de que colapsara ese proyecto político que acabó con Bannon detenido por presunto fraude en la construcción del muro con México.

“Restauraremos la dignidad, la libertad y las oportunidades económicas para nuestra gran nación y sus vecinos. Caminaremos a través de nuestro programa de unir las fuerzas del nacionalismo. El trabajo de Bannon en Europa es vital y apoyamos su esfuerzo contra el peligroso Pacto Mundial sobre Migración. Podremos ser más fuertes si unimos nuestras fuerzas para promover la prosperidad y nuestra cultura occidental compartida”, añadió Eduardo Bolsonaro.

“Es un honor dar la bienvenida a Eduardo Bolsonaro como un socio distinguido, y a Brasil, un aliado clave en América Latina”, dijo Bannon: “Nos mantenemos unidos en nuestra búsqueda de una agenda nacionalista populista para la prosperidad y la soberanía de los ciudadanos de todo el mundo”.

Cuatro años después, en enero de 2023, Lula no sólo ya no está en la cárcel como entonces, sino que se anuló la sentencia por atropellos en la instrucción, ganó las elecciones y acaba de tomar posesión como presidente del país. Y lo es en un contexto de recientes victorias progresistas en todo el continente, como en Chile y Colombia, a la que también se suma la de hace algo más de dos años en Bolivia, después de que el MAS venciera en las urnas a quienes habían ejecutado un golpe contra Evo Morales, que se exilió en México.

Pero antes, aunque no mucho antes, América Latina ha vivido un golpe contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009; un intento de golpe en 2010 contra Rafael Correa en Ecuador; el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012; la destitución de Dilma Rousseff en 2017, dos años antes del encarcelamiento de Lula; y, en 2022, el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

El asalto ultra de Brasil es una nueva evidencia de lo que pasa cuando las derechas cuestionan los resultados electorales. A partir de ahí, los seguidores más leales escriben su propio final de la línea de puntos con actos que se parecen más a asonadas que a simples manifestaciones. Ya sea en Washington, en Brasilia o en cualquier otro lugar del mundo.

'Asalto a la democracia en Brasil', en Un tema al día

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a visitar Washington a inicios de febrero, después de que los dos líderes hablaron por teléfono sobre la violenta irrupción en edificios gubernamentales en Brasilia.

Biden condenó la violencia y el ataque a las instituciones democráticas y la transferencia pacífica del poder. Los dos líderes se comprometieron a trabajar juntos en los problemas que enfrentan Brasil y Estados Unidos, incluido el cambio climático, el desarrollo económico, la paz y la seguridad. 

  Los partidarios del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro, invadieron y causaron estragos el domingo en las sedes del Congreso, la presidencia y el Supremo Tribunal Federal, haciéndose eco de la ocupación del Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 por parte de seguidores del expresidente Donald Trump.

El papel de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería en la violencia política del domingo en Brasilia está en la mira: los expertos destacan su uso por parte de los partidarios de Jair Bolsonaro para cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales y organizar las protestas.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, dijo que retirará los contenidos que elogien el asalto a edificios gubernamentales en la capital brasileña, entre afirmaciones de que las empresas tecnológicas no hicieron lo suficiente para impedir los ataques o sofocar la desinformación.

“Festa da Selma”

Nina Santos, investigadora postdoctoral en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital de Brasil, dice que la insurrección de los bolsonaristas radicales se organizó primero en redes de mensajería privadas, como WhatsApp, propiedad de Meta, y Telegram, antes de pasar a plataformas públicas para una mayor visibilidad.

“Hay estrategias para que este movimiento sea visible para aquellos que están interesados en él, pero para que pase desapercibido de los intentos generales de vigilancia”, dice Santos, y cita el uso de la expresión “Festa da Selma” como un nombre en clave para movilizar a los manifestantes sin levantar sospechas.

Meta está investigando el uso de Festa da Selma, que ha aparecido en Internet como una alteración deliberada de la palabra “selva”, que significa “grito de guerra”, mientras que “festa” significa fiesta. En Internet se animó a los manifestantes a asistir a una “Festa da Selma” en la capital brasileña.

“Estas plataformas [de redes sociales] han argumentado que tenían protocolos de emergencia para poner en marcha en casos como el ocurrido [el domingo], pero lo que observamos es que, o bien [estos protocolos] no existen, o bien no se pusieron en marcha. Porque había vídeos, transmisiones en directo con miles de personas viéndolas, vídeos llamando a la gente a salir a la calle, que permanecieron online durante más de cinco horas”, dice Santos.

Meta anunció que etiquetó a Brasil como “lugar de alto riesgo temporal” antes de las elecciones presidenciales, en las que Luiz Inácio Lula da Silva desbancó al ultraderechista Bolsonaro, y que ha estado eliminando contenido que abogaba por invadir el Congreso y el palacio presidencial.

“También estamos designando esto como un evento infractor, lo que significa que eliminaremos contenido que apoye o elogie estas acciones. Estamos siguiendo activamente la situación y seguiremos eliminando contenidos que infrinjan nuestras políticas”, dice un portavoz de Meta.

No obstante, otra experta brasileña en redes sociales afirma que las plataformas contribuyeron a la difusión de los intentos de desacreditar la victoria de Lula. “Las redes sociales desempeñaron un papel fundamental en la implantación de esta narrativa [de fraude electoral], convenciendo a la gente, manteniéndola movilizada, y también como forma de organizar todo este movimiento [bolsonarista]”, dice Rose Marie Santini, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y directora de su centro de investigación sobre redes sociales NetLab.

En plena convulsión de Twitter

The Guardian también se ha puesto en contacto con TikTok y Twitter. La convulsión en Twitter tras su adquisición por parte de Elon Musk la ha dejado muy falta de personal en varias áreas, incluida la moderación. En noviembre, se informó de que la empresa había despedido a todo su personal en Brasil, donde lo utiliza aproximadamente la mitad de los adultos.

Después de las elecciones, cuando los partidarios de Bolsonaro empezaron a seguir el manual establecido por Donald Trump en 2020 y cuestionaron públicamente los resultados electorales, los grupos de la sociedad civil brasileña se encontraron con que no había nadie en Twitter con quien ponerse en contacto, según un informe de Ars Technica.

La red social también ha despedido a la mayoría de sus empleados de comunicación, adoptando la estrategia de relaciones públicas de la empresa automovilística de Musk, Tesla, y canalizando todas las declaraciones a través de la cuenta de Twitter del propio Musk. No se ha acusado recibo de un mensaje de Twitter enviado al director.

En diciembre, el propio Musk dio crédito a las teorías conspirativas de los partidarios de Bolsonaro, y tuiteó: “He visto muchos tuits preocupantes sobre las recientes elecciones en Brasil. Si esos tuits son exactos, es posible que el personal de Twitter diera preferencia a los candidatos de izquierda”. “Es posible que Twitter tenga gente en el equipo de Brasil con un fuerte sesgo político”, añadió unas semanas después.

El papel de las redes sociales en las protestas políticas violentas ha sido objeto de un mayor escrutinio desde los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, lo que llevó a la prohibición de las cuentas de Trump en Facebook, Instagram y Twitter, y a la suspensión de su canal de YouTube. Meta vetó a Trump durante dos años tras dictaminar que sus publicaciones en el periodo previo a la violencia en Washington representaban “una grave violación” de sus normas. La empresa se pronunciará este mes sobre si lo readmite o no.

LC

Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil.

Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, fueron detenidos luego de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en el que se refugiaban.

Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.

Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra.

Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.

El desalojo fue pacífico y se produjo luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares del país y desde el que defendían un golpe de Estado en Brasil contra Lula.

Moraes, responsable por varias de las investigaciones contra Bolsonaro y sus seguidores por ataques a la democracia, ordenó que los ocupantes de los campamentos “sean detenidos en flagrante por la práctica de diferentes crímenes”.

El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que Lula se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de Brasil y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado.

El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas, pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo.

nte el caos generado por el asalto a los edificios públicos, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.

EFE

IG

Las movilizaciones y bloqueos aún continúan por las rutas brasileñas. En esta capital, hace poco menos de una hora a policía estadual logró desalojar con gases lacrimógenos a los manifestantes del bolsonarismo que mantenían clausurada una de las vías de acceso a la ciudad. Las fuerzas de seguridad indicaron que, dos días y medios después del fin de los comicios, hay todavía 150 localidades brasileñas con autopistas sitiadas. 

En cada uno de los 600 puntos de obstrucción de carreteras, que se verificaron a lo largo y ancho de Brasil entre el lunes y el martes, los manifestantes no pasaban de algunas centenas. No obstante, contaron con la inestimable fuerza de los camioneros, que con sus vehículos pudieron encerrar ómnibus y automóviles en gigantescos embotellamientos.  

Los episodios ponen de relieve que una parte de los 58 millones de votantes en Jair Bolsonaro, creyeron que en el futuro y con Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil, el país podrá convertirse “en una Venezuela”. No dudaron en batallar con convicción por los principios ultraderechistas que todavía intentan imponer el jefe de Estado saliente y sus huestes políticas. Así, su movimiento es “libertario”, religioso y “defensor de la propiedad y la familia”.

 Desde luego, ninguna de las manifestaciones de estos días surgió de forma espontánea. Hasta lo admitió ayer la propia Policía Caminera Federal (PRF) en conferencia de prensa. “Hubo una organización estructurada” dijo la cúpula. Abundan los relatos que testimonian esa preparación previa. “Un manifestante, que ocultaba su rostro con una bandera de Brasil, le avisó al conductor de un ómnibus de larga distancia para que las empresas dejaran enviar sus flotas, ya que los bloqueos irían a intensificarse las próximas horas” relató un pasajero. “Al lado había otro hombre, también envuelto en una bandera, que dirigía el tránsito como si fuera un policía” concluyó.

Los Twitter y los mensajes de WhatsApp fueron los mecanismos predilectos para transmitir órdenes entre los movilizados. Eso se observó, por ejemplo, cuando convocaron a los bolsonaristas a reunirse delante de los cuarteles militares: allí fueron a pedir anoche la “intervención”. Para el presidente Bolsonaro, ese movimiento fue “el fruto de una indignación y sentimiento de injusticia de cómo ocurrió este proceso electoral”, donde los resultados le dieron el triunfo a Lula.  En el lenguaje presidencial “las manifestaciones pacíficas son siempre bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudican a la población, con la invasión de propiedades, la destrucción de patrimonio y el cercenamiento del derecho de ir y venir”. Eso fue lo que dijo sobre los piquetes en las rutas, en su brevísima declaración de 2 minutos en el Palacio del Planalto, ayer por la tarde. Vale recordar que con un silencio de dos días, sin admitir su fracaso, incentivó precisamente a los manifestantes a provocar un desorden inédito, que ha llevado a la falta de provisiones en los supermercados, a la cancelación de vuelos y a la permanencia durante horas de pasajeros de ómnibus en las rutas bloqueadas.

El Gobierno brasileño no tiene cómo esconder su participación en estos hechos, que se prolongaron desde el domingo por la noche hasta hoy. Directores de la Policía Caminera Federal dijeron, ayer, que habían identificado videos, donde se observó que agentes de la corporación “colaboraban” con los grupos de camioneros bolsonaristas. Uno de los directores, Wendel Benevides Matos, sostuvo que será investigados esos casos: “No dimos ninguna orden para que cumplieran ese papel. Tendrán que responder sobre lo ocurrido”. Pero, no es posible ocultar que Silvinei Vasques, comandante de la PRF, declaró su voto en Bolsonaro el mismo domingo de los comicios. 

Al mismo tiempo, hubo sectores de extrema derecha de los evangélicos, que convocaban a clausurar autopistas porque esa era “una declaración de guerra”. Así lo reveló un seguimiento de las redes sociales, realizados por investigadores.

Como ocurre casi siempre en la vida de Brasil, el fútbol también tuvo su participación. Solo que esta vez funcionó en el sentido contrario: una caravana de hinchas del club Corinthians, se desplazó sobre la autopista Dutra, que une San Pablo con Río de Janeiro. Así fueron desmontando los piquetes bolsonaristas y dejaron libre la ruta. Había una razón de fondo: hoy se enfrentan en la ciudad carioca con el Flamengo.

EG/MG

Reginaldo Camilo dos Santos, uno de los principales correligionarios del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el municipio de Jandira, en el estado de São Paulo, fue asesinado a tiros este viernes, apenas dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas.

El político, conocido como 'Zezinho del PT', por las siglas del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, fue tiroteado por un desconocido desde un vehículo que se le acercó cuando estaba próximo a su residencia en la tarde de este viernes, según informaron fuentes policiales.

Pese a que la Policía Civil de Sao Paulo aún no identificó a ningún sospechoso ni tiene pistas sobre los motivos del crimen, no descarta que pueda ser una represalia política debido a que “Zezinho del PT” venía denunciando diferentes corruptelas en Jandira, un municipio de la periferia de São Paulo, la mayor ciudad brasileña.

El dirigente del PT, de 51 años, fue concejal del municipio de Jandira hasta 2020, cuando hizo campaña para convertirse en alcalde de la ciudad en unas elecciones municipales en las que quedó en tercer lugar, con el 10% de los votos. En las elecciones legislativas del 2 de octubre pasado, Dos Santos había concurrido como candidato de diputado federal del PT, obtuvo 8.858 votos pero no consiguió la banca.

“Él había hecho muchas denuncias por corruptelas en Jandira y por eso ya entramos en contacto con la Policía Civil para que investigue las posibles motivaciones políticas del crimen”, afirmó tras conocer la noticia el diputado regional Emidio de Souza, uno de los principales dirigentes del PT en el estado de São Paulo. En el mismo sentido se pronunciaron varios dirigentes de formaciones progresistas que apoyan la candidatura de Lula.

“Otro crimen político. El compañero Zezinho del PT, líder de la izquierda en Jandira, fue asesinado frente a su casa. Pedimos que el Estado investigue con rapidez y localice a los criminales. Basta de violencia política”, afirmó el diputado electo Guilherme Boulos, presidente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y que fue el legislador más votado en las legislativas de este mes en el estado de São Paulo.

Una campaña violenta

Las elecciones presidenciales del domingo son las más polarizadas en los últimas décadas en Brasil. La tensión en los intercambios políticos bajó a las calles en forma de incidentes violentos entre algunos sectores. En la campaña ya han muerto asesinados tres militantes del PT. Hace poco más de un mes, un hombre entró en un bar de una localidad de la periferia de Fortaleza, al noreste de Brasil, y dijo: “¿Quién va a votar a Lula?”. Cuando un hombre se levantó para defender al candidato, el agresor lo acuchilló en el pecho, según los testigos. La víctima murió a los pocos minutos.

En julio, en la localidad de Foz de Iguazú, fronteriza con Argentina, el dirigente del PT Marcelo Arruda celebraba su cumpleaños cuando un funcionario de prisiones de la zona entró en la fiesta con un arma al grito de “aquí somos de Bolsonaro” y lo asesinó a tiros, según los testimonios de los presentes que recogió la prensa local.

La violencia contra políticos no es nueva en Brasil. En marzo de 2018, pocos meses antes de las presidenciales que encumbraron a Bolsonaro, un reducido grupo de personas comenzó una persecución sobre el coche en el que viajaba la concejala izquierdista de Río de Janeiro Marielle Franco. Cuando los atacantes alcanzaron el vehículo lanzaron trece disparos que acabaron con la vida de la líder y su conductor. Aunque la investigación no ha terminado, parece clara la motivación política del asesinato.

Medio año más tarde, en plena campaña electoral, el ahora presidente Jair Bolsonaro recibió una puñalada en el vientre cuando se dirigía a dar un mitin en la localidad de Juiz de Fora.

Con información de la agencia de noticias EFE

La violencia electoral se instaló en Brasil, un país que solía ufanarse de una cordialidad ancestral. Poco se sabía hasta ahora de la cantidad de casos de agresiones debidas a las confrontaciones políticas, pero un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro reveló que en el primer semestre de este año hubo 40 muertos. Y la mayor parte de los damnificados son votantes del Luiz Inácio Lula da Silva.

El último exabrupto ocurrió ayer en un bar de Angra dos Reis. Estéfane de Oliveira fue apaleada por un simpatizante de Jair Bolsonaro, que se sintió “ofendido” por la defensa de la candidatura de Lula por parte de la joven. Un par de días antes, en una pequeña ciudad del interior de San Pablo, un encuestador de la empresa Datafolha también fue agredido por otro adepto al actual presidente brasileño; el hombre empujó a los gritos al empleado de la consultora y provocó su caída. No fue casualidad. Es que los hijos del jefe de Estado y miembros de su gobierno califican esa compañía con larga tradición en el mercado de investigación de tendencias electorales, de “comunista” y la llaman “DataLula”; en síntesis, partidaria del ex presidente. Hay constancia de diez ataques sufridos por esos investigadores en varios lugares del país: Minas Gerais, Alagoas, Maranhao, Goiás, Pará, Río Grande del Sur y Santa Catarina.

Felippe Angeli, del Instituto Soy de la Paz, indicó que hubo un cambio en estos comicios presidenciales: “Los atentados ya no proceden exclusivamente de personas que ejercen el dominio local. Hoy llega a ser ejercida por el ciudadano común”. Como ejemplo, mencionó el caso del “lulista” Marcelo de Arruda asesinado en Foz de Iguazú, mientras festejaba su cumpleaños: el homicida era un policía bolsonarista. En la visión del experto, “Bolsonaro inaugura una narrativa en la cual el arma es instrumento de acción política”.  Y eso se traduce en disputas que terminan fuera de control. Fue lo sucedido el 9 de septiembre cuando un trabajador de Mato Grosso, elector de Bolsonaro, mató con un hacha a un compañero, que sólo había manifestado su adhesión al Partido de los Trabajadores.

El conjunto de episodios, algunos con trascendencia en los medios internacionales, tiene implicaciones directas en el proceso electoral. Según Mauro Paulino, director de Datafolha, “es preciso prestar atención al nivel de abstención que pueden provocar las amenazas”. El especialista evaluó que el porcentaje de personas que no irán a las urnas perjudica, sobre todo, la candidatura de Lula: “Históricamente son los más pobres quienes más se abstienen”. Es este escenario el que llevó al senador Randolfe, del partido Rede, que forma parte de la Coalición de la Esperanza de Lula da Silva, “esta es una elección totalmente atípica. Del lado del Palacio del Planalto se propaga odio y terror. Nosotros consideramos que es necesario por parte de las autoridades políticas y jurídicas del proceso electoral, garantizar a todos los ciudadanos las condiciones para que voten como quisieran”.

En el comité de campaña del líder del PT hay aprensión: temen precisamente por el índice de abstención, que viene en aumento y podría llevar los comicios a una segunda vuelta, el 30 de octubre próximo. Es por eso que han decidido montar la mayor cantidad de actos posibles, en lugares centrales como la capital paulista y la carioca, con la presencia de artistas y el objetivo de fomentar la presencia en los lugares de votación. No sólo alarma lo que pueda acontecer en los 7 días que faltan para los comicios. La ansiedad deriva sobre todo por los 28 días (cuatro semanas) que mediarán entre la primera y segunda vuelta, en caso de que la contienda no se dirima el 2 de octubre.

El Tribunal Superior Electoral estableció, ya, un paquete de medidas destinadas a evitar la violencia en las semanas próximas. La Corte prohibió la portación de armas de fuego en todo el país por 48 horas antes del primero y segundo turno; pero también prolongó esta prohibición hasta 24 horas después de la divulgación de los resultados electorales. Los comandantes de las policías militares, que dependen de los estados provinciales, aseguraron que no van a “tolerar” ninguna clase de ruptura de quiebre de las jerarquías. Es decir, enfrentarán cualquier intento de insubordinación de jefes y subordinados, si es que la elección desfavorece a Bolsonaro. Según afirman medios políticos, no se puede omitir ese peligro.