La Oficina del Presidente desmintió este domingo “versiones” periodísticas sobre “supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional”, difundidos por el matutino porteño La Nación.

“Este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, aseguró el Gobierno de Javier Milei.

“La Oficina del Presidente desmiente las versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional. Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, afirma el escrito.

El comunicado señala que “el Presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos”.

Finalmente asegura que “el Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina”.

Además, explica que a dicho plan “solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación”.

La investigación

Por su parte, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en su cuenta de X: “Reafirmo y ratifico lo publicado hoy: La SIDE pone la mira en quienes 'manipulen la opinión pública' o erosionen la confianza en los funcionarios”.

De acuerdo con una copia del documento de 170 páginas obtenida el periodista, el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) amplía los márgenes de acción de los servicios de inteligencia en áreas tradicionalmente sensibles, sin especificar con claridad los alcances de las tareas que podrían desarrollarse ni los límites entre inteligencia externa e interna.

Entre los lineamientos se incluye el monitoreo de actores que generen “pérdida de confianza” en las políticas económicas o que incidan en procesos “cognitivos” de la opinión pública, por medio de nuevas tecnologías o inteligencia artificial.

También se menciona la desinformación durante procesos electorales como un eje de interés estratégico, sin detallar si se refiere a operaciones extranjeras o a actores locales como periodistas, analistas o ciudadanos.

El documento elaborado bajo la dirección del actual titular de la SIDE, Sergio Neiffert, también afirma que será objeto de interés cualquier conducta que afecte la percepción social mediante “distorsión” o manipulación, una formulación ambigua que podría alcanzar a economistas críticos del Gobierno, periodistas, influencers e incluso funcionarios oficialistas, dependiendo de su comportamiento en redes sociales.

El plan también confirma el alineamiento estratégico del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, en sintonía con la política exterior anunciada por el presidente Javier Milei.

Tras la reasignación presupuestaria de principios de mayo, la SIDE recibió 25.250 millones de pesos (22 millones de dólares) adicionales, con lo que su presupuesto total para 2025 asciende a 80.872 millones de pesos (71 millones de dólares), de los cuales 13.436 millones de pesos (11 millones de dólares) están asignados al rubro de “gastos reservados”, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial. 

MU con información de las agencias NA y EFE.

Para avanzar en el juicio en ausencia de los acusados por el atentado del 18 de julio de 1994, se concretó días atrás un nuevo dictamen fiscal con las imputaciones que pesan sobre quienes fueran los más altos funcionarios del gobierno iraní, además de los libaneses que aparecen como sospechosos de haber concretado el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La acusación reproduce las argumentaciones del fiscal Alberto Nisman de décadas pasadas y sostiene que el ataque lo hicieron “con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán” y la utilización de su red de espionaje, considerada “una estación de inteligencia”, que se apoyó en la estructura de la Embajada de Irán y su Consejería Cultural en Buenos Aires, por entonces ya a cargo del imán iraní Mohsen Rabbani.

Así, “Hadi Solemainpour, desde su rol de embajador iraní en Buenos Aires, brindó el apoyo y la cobertura necesaria para que se lleve a cabo dentro de la sede diplomática la labor de inteligencia necesaria para avanzar con la operación” y “Mohsen Rabbani resultó el artífice principal de llevar adelante la logística del ataque”, ratificó el Ministerio Público en uno de sus últimos dictámenes. “Funcional a ello resultó la estación de inteligencia que él mismo articuló a poco de su llegada al país, a principios de los años 80”.

Rabbani así “mantuvo estrecha vinculación con integrantes de la agrupación armada Hezbollah afincados en Latinoamérica”, concretamente con aquellos libaneses acusados de cometer el atentado, quienes asistían a su mezquita en Floresta. Se lo acusa también como el “artífice principal de la instalación y el progreso de la estructura de espionaje con capacidad suficiente para organizar con éxito” la etapa previa al atentado.

Mohsen Rabbani ingresó a la Argentina el 27 de agosto de 1983 y desde entonces fue objeto de seguimientos por los servicios de la inteligencia locales, en el marco de una “Mesa S” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el organismo monitoreaban también al “Objetivo S”, más amplio, que abarcaba a los países árabes y musulmanes con representación diplomática en nuestro país, las organizaciones locales de su comunidad, las mezquitas y la representación en el país de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), donde se atendía la temática islámica y de Medio Oriente y, particularmente, desde 1979 y la revolución teocrática, el escenario iraní.

Luego del atentado de 1992 a la embajada de Israel en Buenos Aires, la reunión de información sobre la comunidad chiita y sobre Rabbani en particular se incrementó notablemente, y la SIDE desplegó numerosas tareas de vigilancia e inteligencia sobre el sheij y su entorno, incluidos los libaneses asistentes a su mezquita. Se ha desclasificado numerosa documentación sobre las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento que comenzaron a realizarse de manera intensiva en este periodo. Y para 1994, ante las alertas recibidas sobre la posibilidad de un nuevo ataque, el interés por la realización de tareas de inteligencia sobre Rabbani también fue compartido por los servicios de inteligencia israelíes, y se propuso “fijar como blancos a Mohsen Rabbani y la Consejería Cultural para desarrollar tareas de infiltración, controles telefónicos y de sus actividades”.

En “30 Días” reseñé con detalle el despliegue de esas “Operaciones Especiales de Inteligencia” y la intervención dispuesta por el Mossad, servicio de inteligencia de Israel, sobre los teléfonos de la embajada iraní en Buenos Aires más de un mes antes del atentado a la AMIA. Esas intervenciones fueron ejecutadas por la SIDE sin orden judicial, a propósito de las alertas recibidas sobre un nuevo ataque con coche bomba, en represalia por cuanto sucedía en Medio Oriente. Los aportes técnicos de los israelíes a la SIDE se listan en la documentación: receptores de sonido direccional con capacidad de grabación; aparatos para filmación nocturna; medios de comunicación; medios de observación y de penetración técnica; medios técnicos para control de líneas telefónicas desde las cercanías de su instalación; sistema de comunicación directa con la colateral; traductor de farsi.

Además, el mismo día del ataque a la AMIA fueron intervenidos sin orden judicial los teléfonos atribuidos a los libaneses del entorno de Rabbani y otros que utilizaba el sheij, que fue inmediatamente señalado por la SIDE como uno de sus perpetradores del ataque. Ya en la primera resolución judicial sobre el atentado, el 9 de agosto de 1994, se respaldaron esos señalamientos de la inteligencia: “Encuentro limitada mi competencia para interrogar a Rabbani respecto de las sospechas que recaen sobre su persona. Será el Supremo Tribunal de la Nación quien deba decidir al respecto”, refirió el juez del caso, mientras disponía las primeras ordenes de captura internacional sobre cuatro “diplomáticos” iraníes, falsamente acusados.

La Corte rechazo su propia intervención. La falsa atribución a esos “diplomáticos” fue explicada con detalle en “30 Días” y el Procurador General de la Nación les había ya advertido sobre el déficit de la acusación. Para ese entonces, un cable de la embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió también sobre la situación, “dolorosamente evidente, ya a seis semanas”: “Mientras el papel iraní es ampliamente asumido, faltan pruebas concretas”. “Las autoridades argentinas parecen perdidas en producir pruebas fuertes para vincular a cualquier persona o grupo con los bombardeos. En ambos casos parecen hacer un esfuerzo de buena fe, pero en 1992 fracasaron totalmente y en 1994 sus esfuerzos están claramente fracasados”, sostenía el cable diplomático. Hoy sabemos que ni siquiera hubo buena fe.

La SIDE y Rabbani

Desde entonces, Mohsen Rabbani fue reiteradamente y hasta hoy señalado como responsable de la inteligencia previa al atentado y de organizar la logística del grupo operativo que condujo la camioneta cargada de explosivos hasta la mutual judía el 18 de julio de 1994. En “30 Días” reseñé también las estrategias de abordaje que le destinó la SIDE después del atentado y cómo llegó a infiltrar a uno de sus agentes, que le reportaba lo que veía y escuchaba:

“Le tomó tiempo, pero el infiltrado logró la confianza del mismísimo Rabbani. Fue su chofer. La infiltración se extendió por varios años, mientras la inteligencia seguía investigando al sheij y su entorno. El agente ingresó a la comunidad trabajando como chofer de una línea de colectivos de la zona. Luego, entabló una relación con la hija de un empleado de la embajada de Irán. Aprendió palabras y saludos en farsi. Ya infiltrado en el entorno del sheij, cuando Rabbani tenía dudas sobre algo que leía en los diarios argentinos, el chófer lo asistía leyéndoselos”.

Hubo además un segundo agente infiltrado y la información obtenida se acumula en el caso “Orador” de la SIDE. Los informes de enero de 1996 ya admitían no poder reunir elementos que corroboren la hipótesis de que los iraníes sean los autores de los atentados, aunque alimentan la sospecha de que Rabbani sabe quién lo hizo, en el marco de sus relaciones. Luego, en el informe de febrero se plantea que las conexiones claves del islamismo chiita en nuestro país son las mujeres de la comunidad. Hay referencias al rol atribuido a las hijas de las familias destacadas y la vinculación con los libaneses asistentes a la mezquita de Floresta, objetivo de la SIDE.  

Pero además y para ese tiempo, las autoridades de la SIDE mantuvieron al menos tres reuniones secretas con los funcionarios iraníes que continuaban sus funciones en Buenos Aires, con el expreso propósito de procurar un acuerdo de intercambio.

Esas reuniones tuvieron lugar entre mayo y junio de 1996, en el despacho de la subsecretaría de Inteligencia Interior de la SIDE, en el edificio central de la calle 25 de Mayo. Y a ellas asistió el propio acusado Mohsen Rabbani, que estaba a cargo de la Consejería Cultural de la embajada de Irán, acompañado por el encargado de negocios que quedó en la Embajada tras la partida del embajador Soleimanpour, luego de las acusaciones de agosto de 1994.

Las autoridades de la SIDE aclararon a los iraníes que estaban en “un área de reserva”, de “secreto confesional”, un área de inteligencia que no interfería en las relaciones internacionales con Irán, que corrían por cuenta y responsabilidad de la Cancillería. Los funcionarios argentinos manifestaron que consideraban erradas las vinculaciones que se hacían del gobierno iraní con el atentado a la AMIA. La SIDE realizó “escuchas ambientales” de esas reuniones, que luego fueron transcriptas y se hallaron entre la documentación desclasificada. También se encontraron los registros de la intervención telefónica que se mantenía sobre la representación diplomática.

Tales registros documentan que incluso se le propuso a Rabbani generar “colaboraciones” de inteligencia entre ambos países para superar los inconvenientes y nutrirse de la inteligencia iraní: “Lo que ya les dije el otro día es que estamos abiertos a cualquier intercambio, sobre todo de ópticas, de uniones, y más con un país tan importante como Irán”. Y expresamente se le pidió al consejero cultural que hiciera llegar ese planteo al gobierno iraní, advirtiendo que aunque las relaciones exteriores no eran competencia de la SIDE, tenían el apoyo del gobierno argentino para llevar adelante esta propuesta.

Esas mismas autoridades de la SIDE participaron luego de otra operación de acercamiento al acusado Mohsen Rabbani, con el objetivo, esta vez, de sacarlo del país. La documentación desclasificada da cuenta así de la coordinación del servicio de inteligencia argentino y el norteamericano en la definición de esa nueva tarea y la estrategia para llevar adelante lo que llamaron “Operación Cacerola”: el servicio colateral enviaría un oficial operativo especializado en contraterrorismo que, con el apoyo operativo de la SIDE, se encargaría de ofrecerle a Rabbani su salida del país a cambio de una importante suma de dinero, frente a la amenaza de que si no lo sacarían en forma compulsiva.

Mohsen Rabbani se fue de Argentina el 21 de septiembre 1997 en un vuelo de Iberia con escala en Madrid y destino a Teherán. Y la cancillería argentina hizo saber a la SIDE que había informado a las autoridades iraníes que el gobierno argentino no deseaba que Rabbani regresara a la Argentina. La Cancillería indicó que esta solicitud implicaba un llamado a la cooperación del gobierno iraní a fin de no declarar, formalmente, persona no grata a Rabbani.

La captura internacional de Rabbani fue dictada en 2003, casi seis años después de que saliera del país, y la imposibilidad de llevarlo ante el juez del caso ha derivado en la decisión de juzgarlo en ausencia. El archivo de la “Operación Cacerola” fue un hallazgo de las tareas de relevamiento de información desclasificada y fue aportado e incorporado ya como prueba documental en juicio.

En la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos informada el año pasado, el Estado argentino es responsable de determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos y todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, evitando omisiones, siguiendo líneas lógicas de investigación, absteniéndose de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo y sin poder ampararse en argumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación.

Además, el Estado argentino debe proseguir los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. La tragedia de la AMIA lleva más de 30 años y nuestro país está obligado a remover todos los obstáculos que mantienen al caso en la impunidad total.

*Autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.

El jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, pasó este martes por la bicameral de Inteligencia del Congreso, pocos días después de que el Senado rechazara el DNU que le otorgaba una partida extraordinaria de $100.000 millones para gastos reservados. Ante los senadores y diputados, el funcionario aseguró que ese dinero no llegó a usarse y que el organismo lo va a “devolver”, aunque fueron incorporados en el Presupuesto 2025 que Javier Milei envió al Congreso.

Neiffert buscó así cerrar la polémica que motivó que por primera vez el Parlamento rechazara un decreto de necesidad y urgencia presidencial. Según había denunciado la Coalición Cívica a partir de datos abiertos brindados por el propio Gobierno, de esa abultada partida se habían gastado el 80%. El jefe de los espías afirmó que enviará a la Bicameral el documento bancario que acredita que el dinero está intacto, supo elDiarioAR de al menos tres fuentes distintas vinculadas a la comisión.

Pero más allá de ese punto, a los miembros de la bicameral les llamó la atención que Neiffert no presentó el plan nacional de operaciones de la rebautizada Secretaría de Inteligencia. El funcionario explicó que “se está terminando” dicho plan.

La SIDE mileísta fue creada el 16 de julio pasado para reemplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Tiene coordinación y control directo de los ministerios de Defensa y Seguridad, que dependen respectivamente de Luis Petri y Patricia Bullrich, y su estructura se divide en distintos subórganos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). También tiene a cargo el control y coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Las fuentes consultadas apuntaron que Neiffert no detalló el organigrama de las distintas áreas, sino que se limitó a dar “generalidades” sobre el cuerpo de espías.

La reunión de la Bicameral con el “Señor 5” comenzó a las 16 y duró unas tres horas. El secretario de Inteligencia del Estado fue acompañado por la plana mayor del área: el Director del Servicio de Inteligencia, Alejandro Colombo; el director de la Agencia de Seguridad Nacional; Alejandro Cecati; el director de la Agencia Federal de Ciberseguridad, Ariel Waissbein; el jefe de gabinete, Andrés Spitzer, y el subsecretario de Planeamiento, Mariano Cholakian.

Al grupo lo escucharon los miembros de la comisión, presidida por el senador radical Martín Lousteau, secundado por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau (vicepresidente primero). Entre los demás integrantes están los diputados jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, así como otros legisladores de Unión por la Patria, de la UCR y de fuerzas provinciales.

El cónclave en el sexto piso del Senado, según recogió este medio, fue en términos respetuosos y sin cruces ni chicanas. Sí hubo un intercambio cuando desde la oposición le preguntaron a Neiffert para qué el Gobierno había pedido una sesión secreta del Senado la semana pasada si efectivamente aún no existía un plan de operaciones. La intención de la Casa Rosada era que Bullrich y Petri, junto al jefe de la SIDE, den explicaciones a los legisladores para evitar que la Cámara alta termine rechazando el DNU 656/24. La cuestión quedó en el aire.

El jefe de los espías se despegó de la narrativa bullrichista de que ahora el área quedó desfinanciada. Según el proyecto de presupuesto de Milei para el año que viene, la SIDE tendrá un aumento del 94%, pasando de los $101.816 millones actuales a $197.238 millones en 2025. Una fuente anotó que cuando el funcionario criticó a Bullrich, no hubo una defensa tajante en la reunión de los macristas. El titular de espionaje también se desentendió del polémico protocolo de ciberpatrullaje en redes y sitios web de Bullrich.

Otro de los elementos que sobresalieron de la exposición de Neiffert es que afirmó que no fue elegido en la agencia por el dedo de Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente. Planteó que responde directamente a Milei. Y también confió, según una de las fuentes consultadas, que “no viene a hacer espionaje interno”.

Estas dos últimas afirmaciones chocan con hechos que ocurrieron hace apenas semanas cuando se supo del accionar de abogados de la SIDE en causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri. En su momento las espadas del PRO sospechaban de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por Caputo. La polémica escaló al punto de Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área, publicó en su momento elDiarioAR.

MC/JJD

El Congreso espera el martes próximo la visita del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, en una presentación de alto voltaje por el golpe que le asestó el Senado este viernes a la madrugada al Gobierno con el rechazo definitivo del DNU que le otorgaba $100.000 millones a la agencia de espías. El “Señor 5”, como es conocido el titular de organismo de espionaje, tiene cita con la bicameral de Inteligencia, que preside el radical Martín Lousteau y que intengran senadores y diputados.

La reunión fue confirmada a elDiarioAR por una fuente parlamentaria al tanto de la agenda oficial, ratificada apenas horas después de la votación en la Cámara alta. Anoche 49 votos en contra sellaron la suerte del decreto de necesidad y urgencia 656/24, que le otorgaba una abultada partida en fondos reservados.

En la bicameral ya esperaba a Neiffert esta semana, en las vísperas de la sesión del Senado, para que dé explicaciones sobre cómo se gastaron ya el 80% de esas partidas reservadas, según datos oficiales. La bicameral le había remitido a la secretaría de Inteligencia una serie de preguntas para que el funcionario responda. Pero el jefe de los espías, con fuertes vínculos personales con el asesor presidencial Santiago Caputo, no asistió.

Si sus explicaciones podrían haber cambiado la definición en la Cámara alta es contrafáctico. Pero sí se supo que el Gobierno intentó a toda costa que la sesión no ocurra: el miércoles el Ejecutivo le envió una nota a Victoria Villarruel para que convocara a una sesión “secreta” para que tanto Neiffert como los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) le den explicaciones a los senadores, propios y ajenos, sobre la estrategia oficial de inteligencia. Ayer, apenas comenzó la sesión, una mayoría opositora integrada por el kirchnerismo y algunos radicales rechazaron esa propuesta, que necesitaba de dos tercios de los votos para que ocurra.

Esa alianza circunstancial entre Unión por la Patria y la UCR determinó el fin del DNU, como terminó ocurriendo a la madrugada de este viernes. Este medio publicó que anoche había presiones de la Casa Rosada para que se posponga la discusión. En la oposición identificaron que uno de los que motorizó la operación oficial fue el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta). Finalmente el salteño nunca pidió esa moción para patear la votación otra semana. Cerca de las 3 la Cámara alta rechazó el decreto y el Gobierno escaló en su cruzada contra lo que considera “un nido de ratas”.

“La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de los legisladores que dejaron al Sistema de inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”, indicó a través de un comunicado difundido en las redes sociales. “Fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo deberán decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la SIDE a nivel de un promedio histórico y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento”, agregó el parte oficial.

La narrativa de Bullrich siempre fue que los fondos reservados servían para operaciones de inteligencia secreta, pero desde la oposición cuestionaban que esas partidas podrían haber sido auditadas públicamente, aunque nunca se brinden detalles que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Según argumentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso, los fondos reservados para la SIDE respondían a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero la versión que recorre como un fantasma los despachos oficiales es que parte de esos fondos serían utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei. Con el DNU caído, aún no hay definiciones cómo hará el Gobierno ahora para “devolver” esos $100.000 millones. Es que la declaración que se votó establecía que el decreto era “nulo de nulidad absoluta”, tal como propuso la Coalción Cívica de Elisa Carrió.

En “La Caja”, como se conoce a la sala de reuniones secretas de la bicameral en el quinto piso del Senado, donde no puede acceder la prensa, Neiffert deberá dar explicaciona a Lousteau pero también al kirchnerismo, que ocupa la vicepresidencia, con Leopoldo Moreau, y Oscar Parrilli, secretario. Además tiene algunas respuestas pendientes para el macrismo, a partir de las preguntas que le transmitió otro miembro del cuerpo, Cristian Ritondo.

Durante la primera reunión de comisión, se aprobó también un pedido de informes sobre el accionar de abogados de la SIDE de Milei en causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri. En su momento las espadas del PRO sospechaban de una maniobra en contra de su jefe político pergeñada por Caputo. La polémica escaló al punto de Neiffert no solo le transmitió al expresidente sus disculpas, sino que también admitió que los dos abogados involucrados trabajaban en su área. Anoche en el Senado, la bancada del PRO se dividió a la hora de votar sobre el DNU: tres votaron a favor, dos en contra y dos se abstuvieron.

MC/JJD

En menos de 24 horas el radicalismo rasgó sus vestiduras y se sobregiró políticamente dos veces. Así como en Diputados sufrió ayer una sangría de ochos diputados que fueron funcionales al Gobierno para avalar el veto al aumento para los jubilados, en el Senado la UCR acompañó la moción del kirchnerismo-peronismo para que se vuelva a incluir en el debate de la sesión de este jueves el DNU de financiamiento de la SIDE. Ese acuerdo opositor da por descontado que el decreto 656/24 de los $100.000 millones sería volteado por la Cámara alta durante la madrugada, siempre y cuando se mantenga el quórum reglamentario. 

Las volteretas del partido centenario en el Congreso tuvo en realidad como escenario simbólico la Casa Rosada. Javier Milei, en uso de su nueva piel de político pragmático, se puso al frente de la mesa que armó para blindar su endeble estructura parlamentaria. Así activo debajo suyo una serie de hilos que salieron a la luz esta semana ante las distintas votaciones clave. Se mostró con los diputados radicales conversos el martes y ayer con el jefe del espacio en el Senado.

A Balcarce 50 fue Eduardo Vischi, jefe de la bancada radical y espada del gobernador Gustavo Valdés. Luego de Unión por la Patria, que tiene 33 bancas, el radicalismo es la segunda minoría, con 13 senadores. En la foto con Milei, Vischi aparece con los demás jefes de los bloques dialoguistas de la Cámara alta, como Luis Juez del PRO, Juan Carlos Romero de Cambio Federal y Camau Espínola de Unidad Federal. 

En esa cumbre el Gobierno buscó convencer a los aliados de que se quite de la orden de la sesión de este jueves el DNU de la SIDE. La alternativa fue pedir una sesión secreta, en la que pudiera exponer Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el titular de la agencia de inteligencia, Sergio Neiffert, sobre cómo se están gastando los $100.000 millones. Si había acuerdo de dos tercios del hemiciclo, esa reunión se habría llevado a puertas cerradas, con el compromiso de que cada participante guardaría absoluto silencio público. 

Con esa moneda en el aire, Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria por la tarde para ajustar los detalles de la sesión de este jueves. Volvieron a verse las caras los libertarios y aliados, y se sumaron los peronistas que claramente no habían ido a la Rosada: José Mayans y Juliana Di Tullio. La vice impuso que en el plan de la sesión finalmente se quitara el DNU, pero no fue firmado por UP ni por la UCR.

Es que el jefe de bloque no tiene preponderancia sobre toda la bancada, sobre todo por la presencia en el bloque del titular del partido, Martín Lousteau, cada vez más opositor a Milei y ahora cabeza de la bicameral de Inteligencia. Vischi sometió la cuestión de quitar el DNU del temario en una votación interna y rápidamente cosechó 9 votos en contra. A favor solo se mostró él, su par correntino, Victor Zimmermann, que integra además la bicameral de Tratamiento Legislativo que no discutió el DNU en el plazo reglamentario de los diez primeros días tras su publicación, y la mendocina Mariana Juri.

Sin aval partidario, el jefe de la bancada no tuvo otra alternativa este jueves que darse vuelta y terminar acompañando al kirchnerismo cuando Mayans propuso que vuelva a incorporarse el DNU en el temario. El radicalismo había quedado en una situación incómoda porque necesita de los votos del peronismo para imponer la sanción a la ley que busca garantizar el financiamiento universitario, otra bandera histórica de la UCR y que Milei también amenazó con vetar. Pero la fuerza ya estaba golpeada por la sangría que sufrió en Diputados.

Es que lo ocurrió en la Cámara baja está conectado con la realidad partidaria en el Senado. El dique que armó el oficialismo en Diputados para que la oposición no consiga los dos tercios con los que podía insistir con el aumento jubilatorio contó con la ayuda de al menos ocho radicales: allí están los que votaron explícitamente a favor del Gobierno, pero también se cuentan las sugestivas ausencias de último momento. En el primer grupo aparece Mariano Campero a la cabeza, y lo completan Martín Arjol, Luis Picat, Federico Tournier y Pablo Cervi. Justo al momento de la votación se ausentaron Roxana Reyes y Gerardo Cipolini. Y el lunes ya había renunciado Pedro Galimberti para aceptar un cargo ejecutivo. Todos ellos en junio, durante la media sanción, habían votado por la ley jubilatoria. 

La conversión de los radicales había tomado forma siete días atrás, cuando Patricia Bullrich le avisó a Milei que tenía a ese puñado de opositores dispuestos a sumarse a las fuerzas del cielo. Esos diputados a su modo le debían lealtad política a la ministra, ya que algunos, como por ejemplo el tucumano Campero, llegaron al Congreso de la mano de Damián Arabia, el armador que tuvo Bullrich en las provincias en su campaña presidencial. Ya habían dado una muestra de mileísmo en sangre cuando votaron a favor del DNU de la SIDE en Diputados. El salto definitivo llegaba ahora justo antes de la sesión por las jubilaciones.

La mano de Bullrich en la jugada queda demostrada en que la ministra aparece en la foto del martes de Milei con el grupo de los radicales. Allí también se muestra Petri, otro dirigente de extracción radical que se sumó a LLA, luego de ser el candidato a vice de Juntos por el Cambio. Que el ministro sea oriundo de Mendoza señala otra interna latente en el radicalismo: el gobernador Alfredo Cornejo lo ve como un potencial rival en próximas elecciones en la provincia. 

En el oficialismo sí se sorprendieron porque los diputados que responden al mandatario de Mendoza –Pamela Verasay y Lisandro Nieri– finalmente acompañaron la insistencia por los jubilados, cuando se descontaba que iban a acompañar al Gobierno. “Votaron mal porque él quería conducir a los conversos y nosotros le ganamos de mano”, apuntó una voz al tanto de las negociaciones por los radicales libertarios. Por eso también se ausentaron y no terminaron jugando explícitamente Reyes y Cipolini, referenciados en Cornejo.

Para saber qué recibirán a cambio los flamantes radicales con peluca habrá que esperar, pero ya hay especulaciones. Campero justificó su voltereta al entender que la ley le hacía un agujero fiscal al Gobierno, incluso acusó al kirchnerismo, pero en las conversaciones privadas mostró aspiraciones políticas propias para alcanzar la gobernación de Tucumán. En 24 horas consiguió mucha difusión mediática gratis. 

También de Cervi hay especulaciones políticas, porque aparece como suplente de la senadora por Neuquén Lucila Crexell, quien está siendo tentada para ocupar una embajada o un cargo en un organismo multilateral. Si la legisladora deja su banca, el diputado saltaría de cámara. Además Neuquén es una de las provincias que tienen pendiente cobrar la deuda de la Nación por su caja previsional. Lo mismo ocurre con Misiones, de donde es oriundo Arjol; Córdoba, el terruño de Picat; Santa Cruz, provincia de Reyes; Chubut, de Cipolini; y Entre Ríos, donde tendrá un cargo en el gobierno el flamante renunciado Galimberti. Y también tiene deuda pendiente Corrientes, el distrito de los senadores radicales Vischi y Zimmerman. 

MC/JJD

El Gobierno tuvo una semana negra en el Congreso, frente a una oposición activa y rápida de reflejos para confluir en torno a distintos temas. Hubo alianzas tácticas, hasta ahora impensadas, que ponen en evidencia el cambio crucial que sufrió el mapa político: la centralidad de Javier Milei obliga a los demás actores a reorganizarse en torno de él, con movimientos que dejan atrás la polarización entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Es un escenario que potencia el diálogo entre viejos adversarios, por ahora limitado al terreno legislativo, aunque demuestra una voluntad compartida de ponerle un freno al oficialismo. 

La debilidad política de Milei quedó expuesta con la pérdida de la jefatura de la Comisión Bicameral de Inteligencia en manos de Martín Lousteau, el revés que sufrió en Diputados con el decreto que asignaba fondos reservados para la SIDE y la sanción en el Senado de la reforma previsional de la oposición. En ambas Cámaras hubo una novedad: el PRO votó contra el oficialismo junto a la UCR, el peronismo, el kirchnerismo y otros aliados provinciales. 

Los seguidores de Milei no escatimaron críticas a Mauricio Macri e incluso lo acusaron de haber “negociado” con el peronismo. El expresidente zigzagueó: primero le marcó la cancha a Milei con el rechazo a los suyos al decreto de la SIDE, luego cenaron juntos el miércoles para “acercar posiciones”, y un día después los senadores del PRO votaron a favor de la reforma jubilatoria de la oposición. Milei la vetó de inmediato y el jefe del PRO apoyó el veto. Un doble juego incesante que expresa los altibajos de un vínculo cargado de desconfianza.

“Macri quiere la Hidrovía, AFIP, la Aduana y Energía. Es tan simple como eso”, dijo a elDiarioAR un dirigente de diálogo cotidiano con Milei, que enseguida aclaró: “La relación entre ellos sigue bien; Macri está disputando poder y jugó mal, eso explica por qué al día siguiente reculó. No se va a poder cargar a Santiago Caputo”. En la Rosada, frente a versiones de tensión, aseguran que la relación de Milei con su asesor preferido sigue igual. 

Además de la sorpresiva reacción del macrismo, para muchos lo que se vio en el Congreso es un punto de inflexión en la oposición hasta ahora “dialoguista”. En Diputados hubo conversaciones concretas que posibilitaron la votación contra el decreto para asignar fondos a la SIDE. El miércoles por la mañana, Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) convocó a Germán Martínez y Paula Penacca (Unión por la Patria), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (FIT), Karina Banfi (UCR) y Álvaro González (PRO), un hombre de Horacio Rodríguez Larreta, a una reunión para organizar la sesión. Esa cumbre, a la que se sumó otro puñado de dirigentes de esos espacios, fue posibilitada por otros acercamientos. “Durante todo el lunes y martes hubo distintas charlas informales entre nosotros. El día anterior ya habíamos tenido una aproximación con la UCR por la Bicameral de la Inteligencia, la semana anterior aprobamos el proyecto de universidades, venimos de dos semanas de mucho diálogo y trabajo juntos”, confirmó a elDiarioAR un diputado peronista que participó de las negociaciones. 

Durante estos días, los llamados entre estos espacios políticos traspasaron las puertas del Congreso: hubo diálogos con gobernadores —incluidos algunos del PRO— e incluso con el propio Larreta. Con Santiago Caputo de vacaciones en el sur y Guillermo Francos sin pisar el Congreso, ningún funcionario de primera línea se acercó a tantear el clima o ponerse al tanto de estas charlas que terminaron de sellar un pacto que golpeó al oficialismo. 

La carga negativa de “votar con el kirchnerismo” empezó a menguar en los últimos meses. Los diputados y senadores de UP dejaron de tener el estigma de “mancha venenosa” para el resto de los bloques. La actitud del senador radical Martín Lousteau se volvió un ejemplo de eso. Su armador y socio político, Emiliano Yacobitti, tejió puentes y negoció con el diputado Leopoldo Moreau, que se quedó con la vicepresidencia. 

Conflictos en el horizonte 

En la Rosada vaticinan que la actitud de Macri va a cambiar y acompañará al Gobierno, aunque también admiten que con el PRO no alcanza. La votación por la reforma jubilatoria en el Senado terminó con 61 votos a favor y apenas 8 en contra. Un resultado que deja a la oposición en condiciones de consolidar los dos tercios e insistir en contra del veto presidencial. Eso le torcería la mano a Milei y marcaría un camino sinuoso para el oficialismo, en el que otros proyectos con impacto presupuestario podrían tener la misma suerte. 

En la Rosada siguen con desconfianza la relación de Macri y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con más de un objetivo e interés en común. Uno de los más inminentes será impugnar la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Dejan entrever que el diálogo entre ellos es fluido, aunque en el entorno de Villarruel lo desmienten. “No habla con Macri desde hace meses. Cuando Victoria quiere hacer algo va y lo hace. Con Macri no se reúne, y si se llegara a reunir se va a enterar todo el mundo, porque ella no tiene nada que ocultar”, aseguró un colaborador de la vicepresidenta a elDiarioAR, sin ocultar su fastidio con la Casa Rosada. En el caso de la reforma jubilatoria, aseguran que la presidenta del Senado hizo un “esfuerzo grande” para dilatar dos meses la discusión y que se pudiera llegar a un acuerdo “sin necesidad de usar el veto”, pero no hubo una negociación política que la acompañe. 

En los últimos días también se expresó la relación cordial de la vice con el peronismo, en el marco de un acercamiento que molesta a la Rosada, sobre el que dio cuenta este medio. Un chiste del formoseño José Mayans acerca del “jamoncito” —apodo con el que Villarruel bautizó a Milei y le generó una charla áspera entre ambos— desató risas cómplices. “Tenemos que profundizar la amistad, Presidenta”, le dijo Mayans a Villarruel en su rol de titular del Senado. Ella respondió con una sonrisa.

No hubo una coordinación para evitar la sucesión de derrotas; tampoco para frenar las peleas a los gritos entre los diputados del propio bloque. “En 2025 ya saben: La Libertad Avanza boleta completa”, escribió en sus redes sociales Agustín Romo, estratega digital y jefe del bloque libertario en la Legislatura Bonaerense. Militantes y expresaron el clima de desconfianza con los espacios y dirigentes que hasta ahora funcionaron como aliados; exigen una “depuración” del espacio.

LA/JJD

Martín Menem tragó bronca cuando tuvo que dar por caída la sesión en Diputados de este miércoles al mediodía y su primer gesto fue agarrar el celular. No tenía el mejor humor. Llamó una, dos, varias veces a Miguel Pichetto, pero el titular del ahora espacio Encuentro Federal (hasta hace un día Hacemos Coalición Federal) no lo atendió. Tampoco Oscar Agost Carreño, otro diputado clave y secretario parlamentario del bloque federal. El desaire que sentía el presidente de la Cámara baja era total: por culpa del faltazo de los legisladores del heterogéneo espacio centrista, fracasó la sesión en la que el oficialismo quería avanzar en una serie de leyes sobre seguridad y defensa, y donde además quería intentar darle un cierre al escándalo por la visita de seis libertarios a Alfredo Astiz y otros represores en la cárcel de Ezeiza. 

Por eso durante la tarde del miércoles en La Libertad Avanza comenzó a conjurarse una explicación con tintes conspiracionistas: Pichetto “se vengó” porque no obtuvo un lugar en la estratégica comisión bicameral de Inteligencia, fue la explicación que se recogía en la bancada de Milei. Pero la hipótesis tiene un problema: el propio oficialismo, a su vez, dilata la conformación de esa comisión. En el Gobierno no terminan de contentarse con que el senador del PRO por Misiones Martín Goerling Lara quede como titular de un cuerpo en el que los libertarios tienen muy pocas sillas. De algún modo significaría darle un resorte clave de poder a Mauricio Macri.

Ayer se sumó otro elemento en contra de las intenciones oficialistas: Nicolás Massot, el miembro de EF en la bicameral de Tratamiento Legislativo, votó junto con el kirchnerismo para que esa comisión se abocara este jueves mismo por la tarde a discutir los recientes DNU sobre el retorno de la SIDE (el 614/24) y su polémico fondeo sin control con $100.000 millones (656/24). La jugada finalmente quedó obturada porque LLA logró imponer una mayoría junto con el PRO y la UCR. Definieron que el tratamiento de esos decretos tan sensibles se pateen hacia adelante. 

Así el Gobierno logró ganar tiempo, pero no con mucho margen político. La demora en la conformación de la bicameral de Inteligencia y la negativa a abrir la discusión de los decretos sobre la SIDE en la bicameral de DNU acercó más a los bloques de UxP y EF. Ambas fuerzas están tejiendo una estrategia subterránea para voltear los decretos sobre la agencia de inteligencia en Diputados. Por eso anoche convocaron a una sesión especial para el jueves 15 de agosto a las 10. La fecha no es casual porque es cuando se cumplen los diez días de plazo que tiene la bicameral de Tratamiento Legislativo como ámbito exclusivo para discutir los decretos. Superado ese tiempo, las cámaras pueden discutirlos cuando quieran.

La jugada contemplóa que la sesión la pida el espacio de Pichetto y no el peronismo, que carga con el mote de ser una “mancha venenosa” para el resto de la oposición. “Nosotros no vamos a forzar una convocatoria para pinchar una posible sesión que nos beneficie”, reconocieron en el bloque peronista de Diputados. EF avanzó con la firma también de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y algunos radicales disidentes ligados a Facundo Manes. Junto al kirchnerismo y la izquierda, más algunas fuerzas provinciales, los opositores están tranquilos de que en el poroteo suman más de los 129 votos necesarios. El detalle del temario indica que solo buscarían voltear el DNU que le otorgó presupuesto reservado a la SIDE –UxP también quiere avanzar el de la creación de la agencia–.

Pero si en Diputados el pronóstico es que la oposición está cerca de rechazar el DNU, en el Senado la discusión parece más incierta. Los DNU tienen la particularidad de que son vigentes hasta que ambas cámaras del Congreso lo rechazan. Y es una bala de plata, porque si la votación sale favorable al oficialismo, el decreto queda definitivamente ratificado. Es lo que sucede con el megadecreto 70/23 de desregulación económica que firmó Milei en diciembre: fue rechazado por la Cámara alta pero sigue en pie porque la oposición en la Cámara baja aún no logró conformar una mayoría para hacerlo caer del todo. 

Una importante espada legislativa del kirchnerismo en el Senado admitió a elDiarioAR que aún no tienen los votos para esa arremetida sobre los DNU de la SIDE. UxP tiene 33 de los 37 votos necesarios para esa ofensiva, pero al parece tiene dificultades para pescar apoyos entre los radicales que en su momento acompañaron el rechazo al megadecreto 70/23: tal fue el caso de Martín Lousteau (CABA), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi (Chubut), que es radical pero no integra el bloque de la UCR. En esa votación el kirchnerismo tuvo el acompañamiento además de dos peronistas disidentes y de cuatro representantes de fuerzas locales. “No creo que la UCR nos acompañe a voltear la SIDE porque ahí detrás está el Coti Nosiglia”, aventuró una explicación la voz consultada por este medio, en referencia al histórico operador radical que es mentor de Lousteau. 

Ayer desde UxP comenzaron a abonar una narrativa pública para empezar a juntar apoyos en el Senado: buscaron alertar que la Casa Rosada –fundamentalmente vía Santiago Caputo como hombre fuerte detrás del director de la agencia, Sergio Neiffert– ya está usufructuando de los fondos reservados para los espías. “La plata ya la están gastando para el ejército de trolls”, afirmó el senador Oscar Parrilli durante la discusión en la bicameral. 

El contraargumento que usaron LLA y sus aliados del PRO y la UCR es que el tema del DNU es tan sensible que debería discutirse en el ámbito de la bicameral de Inteligencia. “Tenemos que tratar estos dos decretos. Que la semana que viene se conforme la bicameral de Inteligencia”, reclamó el senador radical Víctor Zimmerman (Chaco), que igualmente acompañó a los libertarios a patear la pelota para adelante. “Los decretos son constitucionales. Los 100.000 millones no nos parecen alarmantes a juzgar por la inflación que hay y que en otras oportunidades se le ha otorgado a la AFI unos $20.000”, justificó el libertario Bartolomé Abdala (San Luis). Que algunos radicales voten en Diputados dejará expuesto a sus correligionarios.

Mientras tanto, sigue demorada la comisión bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. A casi ocho meses de la asunción de Milei todavía no está conformada porque Caputo no quiere que el amarillo Goerling que al frente. Como la titularidad tiene que ser de un senador, pero el oficialismo no tiene peso para poner a ninguno de los suyos, el asesor quiere en ese lugar al peronista disidente Gustavo Kueider (Entre Ríos). El debate sigue abierto. 

LLA sí tendrá como representantes a los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger. Del PRO, además de Goerling, estará el diputado Cristian Ritondo, mientras que la UCR contará con dos lugares: uno para la diputada Mariela Coletta y otro que se dirime entre los senadores Lousteau y la mendocina Mariana Juri. Por el kirchnerismo fueron nombrados los diputados Leopoldo Moreau, Germán Martínez y Paula Penacca, y los senadores Parrilli, Wado De Pedro y Florencia López. Definitivamente ya quedó afuera, por decisión de Menem, Emilio Monzó, del espacio de Pichetto. Esa sería la cuestión de fondo de porqué fracasó la sesión del miércoles.

DM/MC

La reciente asignación de $100.000 millones a la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en materia de fondos reservados volvió a poner sobre la mesa un tema que cada tanto vuelve como un boomerang a la opinión pública: el control de los organismos dedicados al espionaje, siempre sospechados de maniobras ilegales. A partir deesa ampliación de las partidas presupuestarias, todas las miradas comenzaron a posarse sobre el Congreso, más precisamente en la estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, que a casi ocho meses de la asunción de Javier Milei todavía no está conformada.

Se trata del único órgano con potestad de monitorear los gastos reservados de la SIDE, encabezada hoy por el inexperto Sergio Neiffert, pero comandada en las sombras por el cada vez más poderoso asesor presidencial Santiago Caputo. En La Libertad Avanza saben que cuentan con un obstáculo propio de su debilidad legislativa: la titularidad de la bicameral, por reglamento, le corresponde a un integrante de la la Cámara alta, pero no hay senadores libertarios que vayan a integrar la comisión, sino solo diputados.

Según pudo saber elDiarioAR, ese lugar está disputado por el dirigente misionero del PRO Martín Goerling y el peronista entrerriano Edgardo Kueider, un aliado clave del Gobierno en el Senado. El principal impulsor de la candidatura de Kueider es ni más ni menos que Caputo. Ambos estrecharon lazos en el último tiempo a partir de un gesto concreto: el acompañamiento del senador del PJ a la ley Bases. Como recompensa a su voto afirmativo, Kueider logró colocar a un hombre de su confianza al frente de la conducción de la represa de Salto Grande, ubicada sobre el río Uruguay.

Sin embargo, puertas adentro de La Libertad Avanza no parece haber consenso y se reaviva la guerra fría que por estas horas cruza el vínculo de la vicepresidenta Victoria Villarruel con la Casa Rosada, principalmente con Karina Milei. “Muy peronista”, deslizan cerca de la titular del Senado en referencia al Kueider. ¿Hubo un acuerdo entre el macrismo y Villarruel para que sea Goerling, una figura cercana al exsenador Humberto Schiavoni, quien comande la Comisión de Inteligencia? Los movimientos autónomos de la vicepresidenta incluyen algunos coqueteos con el PRO. Sin ir más lejos, este miércoles, se la pudo ver llegar a La Rural acompañada de Luis Juez y Alfredo De Angeli.

En el oficialismo están particularmente interesados en que la bicameral cuente con una mayoría de legisladores afines que frene cualquier decisión incómoda para la Casa Rosada. Por eso, la semana pasada, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tomó una decisión de alto impacto: le quitó el lugar que le había prometido a Emilio Monzó para dárselo a un diputado libertario, una actitud que detonó los puentes construidos con el bloque de Hacemos Coalición Federal, comandado por Miguel Ángel Pichetto. En la mesa chica del Presidente no cayó bien la ausencia del diputado al Pacto de Mayo en Tucumán. “Sabían que era un evento importante para el Gobierno y aún así no fueron”, deslizan, no sin rencor.

Nada es casualidad. Pocos días antes del lanzamiento del nuevo organigrama de la SIDE, desde Balcarce 50 le bajaron la orden a Menem para que acelerase la conformación de la Comisión de Inteligencia, que cuenta con algunas peculiaridades: sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios. Durante los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, el órgano estuvo presidido por el diputado Leopoldo Moreau, que conservará su silla, al igual que sus compañeros de bancada Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.

En tanto, La Libertad Avanza tendrá como representantes a los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger. Del PRO, además de Goerling, estará Cristian Ritondo, mientras que la UCR contará con dos lugares: uno para Mariela Coletta y otro que se dirime entre Mariana Juri y Martín Lousteau. Sorprendió en los últimos días el deseo del exministro de Economía de formar parte de la bicameral. No faltan quienes ven en esa actitud otro gesto de buena sintonía entre la Casa Rosada y el referente del radicalismo porteño Emiliano Yacobitti. El exdiputado de la UCR tiene línea directa con Santiago Caputo.

“Es grave que se haya resuelto una reforma de la AFI por DNU”, advirtió Moreau en una entrevista radial la semana pasada. El diputado ya anticipó que objetará la decisión del Poder Ejecutivo en la bicameral de Trámite Legislativo. Un sector de la oposición considera que La Libertad Avanza tendría que haber enviado un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso debido a que la AFI fue creada en marzo de 2015 con la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520), que disolvió la otrora Secretaría de Inteligencia (SI).

Durante los primeros seis meses de gobierno de Milei, el Congreso no pudo estudiar los informes de gastos que cada mes envió la ahora exAFI, hasta mayo comandada por el abogado Silvestre Sívori, mano derecha de Nicolás Posse. La salida del exjefe de Gabinete estuvo envuelta en rumores de supuesto espionaje ilegal hacia importantes figuras del oficialismo, una versión emanada de las propias usinas gubernamentales. La conformación de la comisión bicameral podría desmentir esa información. O corroborarla.

DM/PL

El Gobierno decidió este martes asignar $100.000 millones a la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que fue creada hace pocos días y no contaba el presupuesto correspondiente para poder funcionar.

A través del decreto 656 de Necesidad y Urgencia que firmaron el presidente de la Nación, Javier Milei, y todos los ministros del Poder, se dispuso que se le asignara el presupuesto la suma de 100.000.000.000 de pesos para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, se estableció el “carácter reservado” de los fondos destinados a la SIDE y se dispuso que comunicará la decisión a la Comisión Bicameral de control de los DNU del Congreso Nacional.

 La norma fue firmada también por la canciller Diana Mondino, y los ministros de Defensa Luis Petri, de Economía, Luis Caputo, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Salud, Mario Russo, de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Desregulación, Adolfo Sturzenegger.

En los fundamentos del DNU se afirma que la decisión se base en que en la actualidad se maneja con un Presupuesto prorrogado de 2023 con lo cual la nueva estructura no tenía previsto estos recursos.

Señala que el decreto 614 dispuso una “una profunda Transformación del Sistema de Inteligencia Nacional con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.

Recuerda que se disolvió la AFI y se creó en su lugar la SIDE,  de la cual ámbito funcionarán el Servicio de Inteligencia del Estado, la Agencia de Seguridad Nacional, y la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos desconcentrados.

Destacó que, por ese motivo, “resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”.

También argumentó que “en atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado”.

Quién es quién en la nueva SIDE según el Gobierno

Sergio Neiffert

“La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo del Sr. Sergio Neiffert, tendrá bajo su control operativo cuatro agencias destinadas a enfrentar desafíos específicos en materia de seguridad interior y defensa exterior, así como también generar capacidad de respuesta ante las nuevas amenazas en el campo cibernético, y la auditoría integral de todo el sistema.

Esta transformación tiene como finalidad recuperar las capacidades humanas y organizacionales vitales para el correcto funcionamiento del Sistema de Inteligencia, poniendo fin a décadas de un uso mezquino y personal de las agencias, manchado tanto por impericias como por la persecución de intereses particulares“.

Alejandro Cecati

“El Director de la Agencia de Seguridad Nacional será el Comisario General (ret.) Alejandro Pablo Cecati. Sus más de cuarenta años de experiencia en la Policía Federal Argentina se conjugan con una vasta trayectoria en academias nacionales e internacionales para la formación en materia de seguridad, defensa e inteligencia. Su intachable carrera a lo largo de nuestra democracia junto con sus probadas aptitudes serán fundamentales para la reconstrucción de nuestras capacidades de inteligencia y la colaboración con las fuerzas de seguridad para hacer frente a las amenazas”.

Alejandro Colombo

“El Director del Servicio de Inteligencia Argentino será el licenciado Alejandro Walter Colombo. Es un profesional que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales y dentro de la comunidad de inteligencia. Su designación busca jerarquizar y profesionalizar a la agencia destinada a consolidar la posición argentina en un mundo cada vez más desafiante y complejo”.

Ariel Waissbein

“El Director de la Agencia Federal de Ciberseguridad será el Dr. Ariel Waissbein. Su prolífica labor en el campo académico y de la investigación en materia de criptografía y seguridad de la información, es el sustento técnico principal que le permitió gestionar y dirigir exitosamente proyectos de jerarquía mundial tanto para empresas como para Estados. Su nombramiento al frente de la agencia no se funda únicamente en sus aptitudes técnicas; el Dr. Waissbein tendrá la misión de elevar la capacidad de planeamiento y respuesta del capital humano de la AFC y del Sector Público en general frente los desafíos que este nuevo dominio de operaciones plantea”.

Con información de agencias.

IG

Finalmente, un mes y medio después de ser anunciado, el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el nuevo organigrama de la que hasta ayer fuera la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Tal y como adelantó elDiarioAR, el organismo “reestructurado” que comanda en los papeles el técnico mecánico Sergio Neiffert volverá a llamarse Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y dependerá directamente del Presidente de la Nación.

La nueva SIDE, además, estará conformada, a partir de ahora, por cuatro áreas con competencias bien definidas: Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y División de Asuntos Internos (DAI). Una reforma que busca modificar la naturaleza misma de la flamante secretaría intervenida desde 2019, una de los más sensibles del Estado. Así lo confirmó esta noche la propia Oficina del Presidente en un mensaje en la red social X.

De acuerdo con el anuncio del Gobierno, la decisión fue tomada a partir de una certeza: “la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas”, la que calificaron como “total”. Y continúa: “Lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.

La Casa Rosada también oficializó quiénes estarán a cargo de tres de las cuatro áreas. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) estará a cargo de Alejandro Colombo, delegado de la SIDE en Roma durante los años 90; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) responderá al Comisario General (ret.) Alejandro Cecati, quien formó de una fuerte purga que tuvo lugar en diciembre pasado en la cúpula de la Policía Federal; mientras que Ariel Waissbein será el responsable de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). En cambio, todavía no se conoce quien fue designado para la División de Asuntos Internos.

La sombra de Santiago Caputo

Detrás de la reconfiguración del organismo de inteligencia está ni más ni menos que el asesor presidencial Santiago Caputo. El hombre de mayor confianza de Javier Milei tiene una obsesión: convertir a la ahora exAFI en una agencia de elite, con atribuciones parecidas a las del FBI estadounidense, que vuelva a ser una entidad al mando de una figura política que responda directamente al Ejecutivo. Hay que precaverse: así como no hubo Presidente que no quedara endulzado por los cantos de sirena del espionaje, tampoco existió gestión a la que, llegado el momento, no se le viniera en contra esa estructura que nunca dejó de gozar de grandes autonomías.

El último intento reformista, posiblemente el más ambicioso, lo había encabezado, a principios de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner, luego de que la muerte del fiscal Alberto Nisman destapara una caja de Pandora. Los cambios introducidos tardíamente por el kirchnerismo constituyeron un paso adelante en el afán por echar luz sobre la oscuridad siempre imperante en los organismos de inteligencia argentinos, nunca exentos de sospechas en torno a prácticas de espionaje ilegal.

En concreto, con la creación de la AFI se realizaron dos modificaciones relevantes: la exigencia de una rendición de cuentas respecto a los gastos del presupuesto de la Agencia –hasta fines de abril, la partida de los fondos reservados desde que asumió Milei había crecido un 129%– y el traslado de las intercepciones telefónicas de la órbita de la exSIDE a la de la Procuración General de la Nación. Pero estos avances no tuvieron mucha vida: una vez en el poder, fueron borrados de un plumazo por el macrismo. Durante los cuatro años de Alberto Fernández, quizás la única medida de relevancia haya sido prohibir que la AFI realice funciones policiales o de investigación criminal para el Poder Judicial. 

En la actualidad, según apuntan algunas voces avezadas en la temática, para instrumentar los cambios pretendidos por el Gobierno no alcanzaría con un DNU. La Libertad Avanza deberá pasar por el Congreso debido a que la AFI fue creada en marzo de 2015 con la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520), que entró en vigencia 120 días después y disolvió la otrora Secretaría de Inteligencia (SI). También se debe tener en cuenta que las distintas áreas de inteligencia del Estado, con la Militar y la Criminal a la cabeza, se encuentran hoy bajo la órbita de los ministerios de Defensa y Seguridad, respectivamente. Silvestre Sívori ya había intentado unificarlas al menos operativamente, pero se encontró con la resistencia de la ministra Patricia Bullrich.

De acuerdo con el nuevo organigrama, la SIDE será el “órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional” por lo que también tendrá a su cargo área de Seguridad y Defensa. En concreto, dice la información oficial, bajo su órbita quedará “la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente”.

Nexo clave

Todavía es una incógnita el legado que dejará La Libertad Avanza en materia de inteligencia, pero comienzan a haber indicios de un creciente gatopardismo. La intención de hacer “borrón y cuenta nueva” en un sector clave del Estado, que generó numerosas polémicas a lo largo de los últimos años, de las que ya ni siquiera está exenta la administración libertaria tras los rumores que envolvieron la salida del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, choca de frente con otro dato de la realidad: las sospechas cada vez más fundadas de la influencia en la nueva SIDE del exdirector de Operaciones del organismo, Antonio “Jaime” Stiuso.

El nombre de ese viejo conocido, eslabón clave del espionaje en tiempos del kirchnerismo, vuelve cíclicamente a la opinión pública desde que fue eyectado de su cargo en diciembre de 2014. Pero no sería él, sino alguien de su entorno el que pisa fuerte en el ida y vuelta con el Gobierno. Se trata de Lucas Nejamkis, alter ego Stiuso y un hombre con historia en los pasillos de la Casa Rosada. En tiempos de Cristina Kirchner como presidenta, y a partir de su estrechísima relación con el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, Nejamkis supo trajinar los despachos del poder con una función determinada: administrar la caja presupuestaria que financiaba la publicidad oficial.  

Primero como subsecretario de Gestión y Empleo Público y después como secretario de Comunicación Pública, Nejamkis fue funcionario kirchnerista a lo largo de más de una década. Cuando Abal Medina dejó su cargo como coordinador del ministros, a fines de 2013, el hermano menor del consultor Facundo Nejamkis se despidió de la función pública para dedicarse al ámbito privado. Pero nunca resignó los contactos y se aferró a los vínculos que había tejido durante su paso en Balcarce 50. De allí su cercanía a Stiuso, con quien estrechó un vínculo de extrema confianza con el correr de los años.

Hoy Nejamkis se mueve en las sombras y es fuente de consulta directa de Santiago Caputo, que suma cada vez más poder en el Gobierno pese a no figurar en la nómina de funcionarios ni rendir cuentas al respecto. ¿Habrá tenido algo que ver esa ascendencia en algunos movimientos puertas adentro del Ministerio de Capital Humano? Nejamkis es cuñado de Maximiliano Keczeli, un funcionario que fue clave en el esquema de la tumultuosa cartera que comanda Sandra Pettovello. Dejó su puesto en abril para, un mes más tarde, ser designado por Cancillería como agente del servicio exterior en España, un cargo que se paga a través de la exAFI.

Nuevos ingresos

La nula experiencia de Neiffert en materia de inteligencia alimenta los rumores de que el verdadero jefe de los espías estará en realidad en otro lado. En los últimos días, un nombre comenzó a sonar como su virtual segunda: el de María Laura Gnas, una abogada que ocupó un cargo en el área de jurídicos del organismo en tiempos de Mauricio Macri y que defendió al exdirector de Reunión Interior de la AFI, Eduardo Winkler, recientemente sobreseído en la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Como si eso fuera poco, quienes conocen el trajinar cotidiano en las oficinas del edificio de 25 de Mayo 11 identifican en Gans a una figura muy cercana al radicalismo porteño que lidera Emiliano Yacobitti. El exdiputado de la UCR tiene línea directa con Caputo. Por eso tampoco faltan los que ven en ese vínculo la causa de otro movimiento que llamó la atención en lo últimos días: la intención del senador Martín Lousteau por ocupar una silla en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. Por una orden que le llegó desde Casa Rosada, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuró su conformación el miércoles pasado.

A la luz de esta conexiones, en el Gobierno parece haber una certeza: para reformar la AFI se necesitan nombres que den cuenta de una historia en el espionaje. En ese sentido, otra figura no deja de resaltar por su experiencia. Se trata del fugaz jefe de la SIDE menemista Juan Bautista “Tata” Yofre, autor de numerosos libros sobre los 70 y protagonista, en marzo pasado, de un spot por el Día de la Memoria con el que La Libertad Avanza buscó presentar su propia “historia oficial”. Según pudo saber elDiarioAR, Yofre podría ser designado ahora al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). A fin de cuentas, una Argentina distinta sí es posible con los mismos de siempre.

PL/MG

Luego de formalizarse la designación del técnico mecánico Sergio Neiffert como nuevo interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el próximo paso que busca dar el gobierno de Javier Milei es el de avanzar en un proceso de “reestructuración”, tal y como lo anunciara el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la intempestiva salida del abogado Silvestre Sívori de su rol al frente del espionaje. En las próximas semanas, de acuerdo a la información cosechada por elDiarioAR, la AFI cambiará de nombre y será dividida en tres organismos con sus respectivas funciones: Defensa, Seguridad Interior y Ciberseguridad.

Fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos quien ponderó las intenciones reformistas de La Libertad Avanza en la materia y sostuvo ante la prensa que en el nuevo esquema, que dependerá directamente de la órbita de la Presidencia, “tiene que haber inteligencia exterior para tener en claro lo que está pasando en el mundo”. En tanto, agregó que la inteligencia interior “debe funcionar para pensar lo que está pasando con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las fronteras. Para eso hay que usar especialistas que hay y que no hay tampoco en el país”.

Sin embargo, para instrumentar los cambios que pretende el Gobierno, no alcanzaría con un DNU. La Libertad Avanza deberá pasar por el Congreso debido a que la AFI fue creada en marzo de 2015 con la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520), que entró en vigencia 120 días después y disolvió la otrora Secretaría de Inteligencia (SI). También se debe tener en cuenta que las distintas áreas de inteligencia del Estado, con la Militar y la Criminal a la cabeza, se encuentran hoy bajo la órbita de los ministerios de Defensa y Seguridad, respectivamente.

“Neiffert será un coordinador de esas sub-áreas”, deslizan desde el oficialismo acerca de la tarea que le será encomendada al flamante jefe de los espías, de estrechísimo vínculo con el ascendente asesor presidencial Santiago Caputo. En Casa Rosada son claros respecto de la intención de Milei es hacer “borrón y cuenta nueva” en un sector clave del Estado que generó numerosas polémicas a lo largo de los últimos años y de las que ya no está exenta la administración libertaria. Sin ir más lejos, varios de los argumentos que se esgrimieron para desplazar a Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete fueron las sospechas acerca de una supuesta red de espionaje creada para seguir a miembros de la mesa chica del Gobierno. Una versión que emanó de las propias usinas libertarias, pero cuyos hechos nunca fueron denunciados en la Justicia.

Pero esas pretensiones supuestamente refundacionales que estaría buscando llevar adelante Milei se chocan con la propia realidad. La nula experiencia de Neiffert en tareas de inteligencia alimenta las sospechas. Quienes conocen el trajinar cotidiano en las oficinas del edificio de 25 de Mayo 11 tienden a pensar que el verdadero jefe de los espías estará en otro lado. Y como tantas otras veces en las últimas décadas, el nombre de un viejo conocido comienza a estar en boca todos: el del exdirector de Operaciones de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso.

Es que, según pudo saber elDiarioAR, quien suena con fuerza para encabezar la virtual área de Defensa del nuevo organismo reestructurado es Alejandro Colombo, una figura ligada tanto al famoso exespía como a otro personaje que sabe moverse muy bien en el submundo de los servicios de inteligencia: Miguel Ángel Toma. Colombo fue delegado de la exSIDE en Roma durante los años menemistas y operó en el área de Relaciones Internacionales del gobierno porteño en tiempos de Mauricio Macri al frente de la gestión de la Ciudad. “Al lado de Neiffert, Colombo es Kim Philby”, ironizó un avezado conocedor del paño, en referencia al célebre espía británico.

Así como no hubo Presidente que no quedara endulzado por los cantos de sirena del espionaje, tampoco existió gestión que no procurara, llegado el caso, ponerle un coto a sus movimientos. El último intento reformista, posiblemente el más ambicioso, lo llevó adelante a principios de 2015 la expresidenta Cristina Kirchner, luego de que la muerte del fiscal Alberto Nisman destapara la caja de Pandora y la figura Stiuso llegara a la tapa de los diarios. Los cambios introducidos tardíamente por el kirchnerismo constituyeron un paso adelante en el afán por echar luz sobre la oscuridad siempre imperante en los organismos de inteligencia.

En concreto, con la creación de la AFI se realizaron dos modificaciones relevantes: la exigencia de una rendición de cuentas respecto a los gastos del presupuesto de la Agencia –hasta fines de abril, la partida de los fondos reservados desde que asumió Milei había crecido un 129%– y el traslado de las intercepciones telefónicas de la órbita de la exSIDE a la de la Procuración General de la Nación. Pero estos avances no tuvieron mucha vida: una vez en el poder, fueron borrados de un plumazo por el macrismo. Durante los cuatro años de Alberto Fernández, quizás la única medida de relevancia haya sido prohibir que la AFI realice funciones policiales o de investigación criminal para el Poder Judicial. Todavía es una incógnita el legado que dejará La Libertad Avanza en esta materia.

PL/MG

La influencia que acumula Nicolás Posse sobre el área de Inteligencia, uno de los tantos nichos de interés del todopoderoso jefe de Gabinete de Javier Milei, obliga a prestar particular atención a las políticas ligadas al espionaje promovidas por La Libertad Avanza. A través del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, un hombre de su extrema confianza, el ex Corporación América acaba de decidir avanzar con una iniciativa que puede acarrear tensiones puertas adentro del Gobierno: la de unificar el trabajo de las distintas áreas de inteligencia del Estado en la emblemática sede central de la ex SIDE, ubicada sobre la calle 25 de Mayo, a escasos metros de Casa Rosada.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del organismo, la AFI busca “mudar” las oficinas de Inteligencia Militar y de Inteligencia Criminal —ambas direcciones dependientes de las carteras de Defensa y de Seguridad, respectivamente— para que trabajen juntas en un mismo espacio físico. Sus nuevas autoridades defienden la medida como una manera de “eliminar barreras”, además de “profesionalizar” al sector y facilitar la coordinación en las tareas de prevención frente a las denominadas “nuevas amenazas” (terrorismo y narcotráfico).

Sin embargo, pese a ya haber existido una reunión para coordinar la implementación de la iniciativa, cerca de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, plantean dudas acerca de su legalidad. Aducen que, si lo que busca Sívori es que las tres áreas se integren de manera “orgánica y funcional”, se debería llevar adelante una modificación de la ley de Inteligencia. Es algo negado de manera tajante por la AFI. “No cambian las funciones de las direcciones, por lo que no requiere reforma”, explicaron ante la consulta de elDiarioAR. De acuerdo con lo que sostuvieron desde de la agencia, el “trabajo coordinado” es justamente uno de los objetivos estipulados en la ley 27.126 votada en 2015 en medio de la conmoción por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

¿Acaso en el entorno de Bullrich interpretan la jugada de la AFI como una extensión del brazo indiscreto de Posse en asuntos que consideran potestad exclusiva del Ministerio de Seguridad? Es una sospecha que no se corresponde con la postal de unidad exhibida por ambos funcionarios durante la reciente visita a Buenos Aires del director de la CIA, William J. Burns. El jefe de Gabinete y Burns habían tenido su primer acercamiento en enero pasado, en medio del viaje que realizó a Washington el funcionario argentino. Uno de los propósitos fundamentales del gobierno de Milei es fortalecer los lazos con las agencias internacionales y replicar varios de sus modelos, por eso ponen como ejemplo de éxito la centralización lograda en materia de inteligencia por los Estados Unidos.

Lo cierto es que en aquel encuentro convocado por Sívori a principio de marzo, con el fin de comenzar a formalizar la integración de las direcciones que conforman el Sistema de Inteligencia, la ministra Bullrich no estuvo sola. La acompañó su secretario de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer. Luis Petri, en cambio, no contó con la presencia de Marco Alberto Constenla, un comodoro retirado de la Fuerza Aérea que había sido nombrado unos pocos días antes como secretario de Estratégica Militar. El cónclave, que tuvo lugar en Casa Rosada, transcurrió bajo la atenta supervisión de un funcionario de la Jefatura de Gabinete de estrechísima relación con Posse, tan gravitante como tapado: el brigadier retirado Jorge Jesús Antelo, secretario de Estrategia Nacional.

Director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa entre 2015 y 2019, Antelo es apuntado como el responsable del desembarco de un nutrido grupo de exmilitares en varios puestos claves de conducción de la AFI. Por ejemplo, en la actual estructura del organismo, quien se encuentra inmediatamente por debajo de Sívori, a cargo de la Secretaría de Producción de Inteligencia Nacional, es un coronel mayor retirado que entre 2013 y 2015 estuvo al frente de la Agrupación Inteligencia de Campo de Mayo.

Pese a que constituye un hecho inédito en 40 años de democracia, como analizó el CELS en un informe, en el Gobierno desdramatizan la presencia castrense en “La Casa”. Lo justifican con el argumento de que todas las personas que fueron designadas en la AFI a lo largo de los últimos meses ya no formaban parte de las Fuerzas Armadas y que están allí porque cuentan con algún grado de experiencia en materia de espionaje. Es justamente ese punto el que desata mayor polémica: con figuras formadas en el ámbito de la inteligencia militar a cargo de los principales resortes de un organismo dedicado a la inteligencia civil, el límite entre la defensa nacional y la seguridad interior podría quedar, en la práctica, desdibujado.

PL/JJD

El rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y el alcance penal de esa responsabilidad es uno de los puntos centrales del juicio oral y público del caso Vialidad, por el que la funcionaria enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

Uno de los contrapuntos en los alegatos fue el debate sobre “cosa juzgada”, un planteo de las defensas de algunos de los acusados del juicio -entre ellos la de la vicepresidenta- que llegó hasta la Corte Suprema y que refleja la historia de la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, que ha oscilado entre la cooptación y el enfrentamiento irreparable. Y el lawfare o guerra judicial, según la versión del oficialismo. 

El máximo tribunal rechazó los argumentos de los abogados, quienes sostienen que la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz y la supuesta cartelización de las mismas a favor del empresario ya fue “juzgada” parcialmente -por el delito de presunta defraudación a la administración pública- tres veces en la Justicia federal de Santa Cruz. 

A partir de 2016, estos planteos de las defensas fueron rechazados desde el juzgado de instrucción hasta el máximo tribunal del país, que se expidió sobre el caso a mediados de este año y con el juicio oral y público cerca del veredicto (se espera para noviembre o antes de finales de año).

La historia del caso Vialidad se remonta a 2008, explicó Fernández de Kirchner durante su alegato, el viernes 23 de septiembre. Efectivamente, en noviembre de ese año, Elisa Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner; al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por presunta asociación ilícita. La denuncia recayó en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Gerardo Pollicita requirió que se investigaran los hechos denunciados, que incluían los negocios adjudicados por el Estado Nacional hasta ese momento a ambos empresarios.

“Es necesario que Néstor Kirchner tenga una causa, es necesario que alguna vez alguien vaya preso y devuelva el dinero”, sostuvo Carrió por esas fechas en declaraciones a los medios.   

Entonces, la líder de la Coalición Cívica (CC) afirmó que no buscaba “perjudicar” a Fernández de Kirchner, quien había asumido un año antes como presidenta, pero que la Justicia debía establecer si la mandataria tenía o no responsabilidad en la supuesta asociación ilícita denunciada. “La jefa de la banda seguro que no es -dijo entonces Carrió sobre CFK-, el jefe de la banda se llama Néstor Kirchner y nosotros queremos preservar la autoridad constitucional de la Presidenta de la Nación”.

En 2012, la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial comenzó a transformarse lentamente de un matrimonio forzado pero conveniente a un divorcio combativo. La fractura tal vez nació con la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se profundizó con la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y se instaló con las causas Hotesur y Los Sauces hasta llegar a los allanamientos a la presidenta en ejercicio en 2014.

Lejos quedaron, entonces, los sobreseimientos apurados a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el desguace de causas como Skanska y los certificados de buena salud judicial que expidieron algunos jueces y fiscales durante los años anteriores. Fernández de Kirchner no habló en su alegato de aquella época, en la que la relación con el Poder Judicial gozaba de armonía, los jueces no eran enemigos, el kirchnerismo no hablaba de lawfare o guerra judicial y ciertos funcionarios garantizaban junto a los servicios de inteligencia del Estado una interpretación muy diferente de los hechos jurídicos.

La denuncia de Carrió terminó dividida en varios expedientes: en 2011, el juez Ercolini concentró una parte de los hechos pero envió a otras jurisdicciones los que correspondían a denuncias de obra pública en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Cruz. 

El fiscal Pollicita apeló esa decisión pero su superior, el entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Germán Moldes, no acompañó el recurso y evitó así que la discusión continuara. Pocos años más tarde, Moldes sería uno de los principales representantes de Comodoro Py en enfrentar abiertamente a Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, tanto en los medios como en las causas. 

Así nació en 2011 la primera causa por la que Fernández de Kirchner alega que ya fue juzgada por el supuesto direccionamiento de obras viales adjudicadas a Báez en esa provincia y por las que actualmente es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Entonces, planteó la defensa de Fernández de Kirchner, que encabeza el penalista Carlos Alberto Beraldi, “se hizo expresa referencia a la existencia de una supuesta asociación ilícita”.

En 2013, una segunda denuncia fue presentada por la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Río Gallegos, también, por supuesto direccionamiento de obras viales a Báez en esa provincia. 

La tercera causa nació en 2015, en el juzgado de Instrucción número 2 de Río Gallegos.

Los resultados en las tres causas fueron favorables a los funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial y a Báez. Dos de los expedientes fueron archivados y el tercero terminó en sobreseimiento. 

En Comodoro Py, tras varias medidas, la causa original de 2008 quedó en pausa, sin avances significativos. Hasta principios de 2016, cuando tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó con ahínco ante el juez Ercolini una denuncia basada en una auditoría interna del organismo en la que expuso varias de las acusaciones que hoy forman parte del juicio de Vialidad: 

Comenzó entonces la discusión sobre la “cosa juzgada”: ni Fernández de Kirchner, ni Báez ni los funcionarios denunciados podían ser investigados por los mismos hechos dos veces, como garantiza la ley en Argentina. Si bien ella no fue parte de esas tres causas, Beraldi planteó que el objeto procesal sería “sustancialmente idéntico'' y que en las tres causas se determinó la inexistencia de delito.

“Se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez (sobreprecios en las adjudicaciones, incumplimientos contractuales de distinta índole, falta de controles, maniobras de cartelización, etc.)”, planteó la defensa de Fernández de Kirchner. “Cuarenta y nueve de las cincuenta y una obras que son investigadas en esta causa -por Vialidad- ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento” 

Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

Desde Comodoro Py hasta la Corte, la interpretación de los jueces fue contraria a las defensas: sostuvieron que para que exista “cosa juzgada” debe haber existido una investigación y no un archivo o sobreseimiento sin medidas de fondo, como se habría dado en Santa Cruz, entre otros argumentos.

El juez Ercolini “realizó un pormenorizado análisis de lo actuado en cada uno de los expedientes” de Santa Cruz y consideró que las denuncias describían los hechos “de forma vaga e indeterminada” y que “los fiscales actuantes en esos legajos, en dos casos, pidieron su desestimación inmediata y, en el restante, delimitaron un objeto procesal genérico, sin realizar una investigación que pudiera siquiera activar el riesgo de una persecución penal múltiple”. “La única medida” realizada por el fiscal del último expediente “fue la obtención de los listados de obras efectuadas en la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en respuesta a la defensa. La Cámara Federal porteña, la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal número 2 y la Corte le dieron la razón al juez.

La Cámara Federal porteña aseguró: “Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes”, radicados en la jurisdicción en la que las acusaciones de lawfare no tienen cabida y en la que los Kirchner moldearon a medida la Justicia local, incluyendo la designación de familiares directos.

Pero si en 2011 Comodoro Py remitió la investigación sobre adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz a la Justicia de la provincia, ¿por qué en 2016 se investigó el caso en los tribunales porteños? 

“Esta Corte tiene dicho que frente a casos en los que organismos nacionales remiten fondos a entes provinciales o municipales, ‘una vez que aquéllos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional, por lo que corresponde a la justicia local entender acerca de los hechos presuntamente delictivos que pudieron haberse cometido desde entonces’”, planteó Beraldi ante el máximo tribunal.

“Esta doctrina, sin embargo, no es aplicable” a Vialidad, le respondieron los cuatro jueces de la Corte. Esta es otra discusión central entre las defensas y Comodoro Py, que fue mutando a medida que también cambiaba la relación entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. 

Los jueces que intervinieron en el análisis de los planteos de las defensas plantearon que la causa Vialidad implica fondos del Tesoro Nacional orquestados por el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, lo que excluía la jurisdicción de la Justicia santacruceña, incluyendo a la federal con asiento en la provincia porque ambos organismos se manejaban desde la ciudad de Buenos Aires. 

ED

Un fantasma recorre la Argentina: el fantasma de los servicios de inteligencia. Quienes simpatizan con las teorías conspirativas tienen una tierra fértil en nuestro país para justificar sus paranoias. Se puede narrar la historia argentina a partir de las operaciones que tuvieron como protagonista a una institución oscura: la Side (en sus distintas variantes o siglas). La única “mano invisible” realmente existente en este país fue la de los servicios de inteligencia, la del mercado te la debo. Si hurgás un poco más allá de la superficie de cualquier crisis política aparece un espía, un carpetazo o un complot.

Desde la escandalosa foto de Raúl Guglielminetti (el ex Triple A y verdugo de Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”) junto a Raúl Alfonsín en los inicios de su gobierno (además de su “Side paralela”); pasando por escaramuzas “menores”, pero con el inconfundible sello de “La Casa”, como los destrozos en un local Modart en medio de un acto de la CGT en 1988; la participación en represiones tristemente célebres como la “recuperación” del cuartel de La Tablada con el temible Alejandro Brousson caminando entre los detenidos desparramados en el suelo con el fusil en la mano y al grito de “Yo soy Dios”; operaciones más sofisticadas (colonización internacional incluida) como el encubrimiento de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; pequeñas intrigas personales como las ventiladas a la prensa oficial sobre de Carlos “Chacho” Álvarez, previo a su renuncia a la vicepresidencia; participación en crímenes de Estado como los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda; acribillamientos cinematográficos como el que llevó adelante un escuadrón conjunto perteneciente al sector Narcotráfico y a la División Halcón de la Bonaerense en el que cayó asesinado Pedro “el Lauchón” Viale en 2013, en el marco de un ajuste de cuentas o las decenas de infiltraciones a organizaciones políticas, sociales o comunicacionales. Todo esto sin contar la fusión del aparato de espionaje con el Poder Judicial: no hay expediente relevante que no maride con una operación servicial.

– Yo saqué y puse presidentes, ni te imaginás lo fácil que puede ser– dice Oscar Ferreiro (encarnando a Lebonian, un capo de la Side) cuando responde a un incrédulo Diego Peretti en Tiempo de valientes de Damián Szifron. El personaje de Peretti (Mariano Silverstein, un psicoanalista enredado en una trama vidriosa) quería convencerlo de lo complicado que podía ser matarlos a él y a Alfredo Díaz (Luis Luque). La escena es la más verosímil de toda la película. Mito o realidad nadie se animaría a desmentir que la Side puede “poner o sacar presidentes”, desde el momento en el que se reveló otra leyenda: la primera carpeta que recibe un jefe de Estado cuando ingresa a la Casa Rosada es la que contiene su legajo personal meticulosamente confeccionado por los espías.

El atentado contra Cristina Kirchner y la telaraña de la investigación de los hechos tienen todos los condimentos de la participación servicial: abogados filántropos y vinculados a la oposición política que, casualmente, estuvieron entre los privilegiados con acceso a información de inteligencia por formar parte de la comisión de control parlamentario de los organismos; tres sumarios a la Policía Federal: por las deficiencias en la seguridad, por la pérdida de pruebas clave en el celular del atacante Fernando Sabag Montiel y por las “demoras” en las escuchas del teléfono móvil de su aliada Brenda Uliarte; y el jefe de la “banda de los copitos” que redacta como Balzac sus mensajes de Whatsapp y maneja todos los términos de la jerga servicial-judicial.

Cuando sucede algún acontecimiento con muchas zonas grises, preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas y no se sabe quién fue, se dice “fueron los servicios”. Y es probable que sea cierto, pero nunca son sólo los servicios

Cuando sucede algún acontecimiento con muchas zonas grises, preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas y no se sabe quién fue, se dice “fueron los servicios”. Y es probable que sea cierto, pero nunca son sólo los servicios.

La llamada judicialización de la política y el protagonismo de los espías se intensifican en momentos de crisis o debilidad política. Cuando se está empantanado en la orientación político-económica y se busca sacar “ventaja” o continuar la lucha política, pero por otros medios. La autonomía de los aparatos es directamente proporcional al agravamiento de las crisis.

Quienes sostienen la tesis del problema de los servicios como una “deuda de la democracia”, pasados casi cuarenta años, deberían revisar su juicio y pensar si en realidad no constituyen el “lado b” de un régimen político con demasiadas tramas ocultas. Un sistema en el que el parlamentarismo negro es moneda corriente y las dimensiones del secreto en las negociaciones políticas o corporativas son más amplias que la información pública y ni hablar que las decisiones verdaderamente democráticas. Entre otras cosas porque también son expresión de las guerras internas del Estado. De ese agujero negro en el poder real sacan la materia prima los aparatos de inteligencia para sus prácticas extorsivas e incluso, a veces, para operar con el dispositivo menos pensado: la verdad.

Siempre hubo internas entre los servicios como el intenso enfrentamiento entre los sectores de la llamada “Sala Patria” y el grupo “Estados Unidos” en la época de Carlos Menem, pero el problema adicional en la actualidad —dicen los que conocen el submundo— es que después de estallada la relación con el histórico Jaime Stiuso —cuyo personal fue parcialmente repuesto durante la administración Cambiemos— brotaron bandas que operan unas contra otras y rinden cuentas en distintas terminales. Una fractura múltiple del criptoestado produjo una proliferación de tribus, pequeños productores, microemprendimientos de la industria del secreto que, como en la economía, son tributarios de “grandes empresas”. Antes no era menos peligroso, pero existía un aparato centralizado que operaba hacia un lado u otro, hoy todo es más inorgánico de lo profundamente inorgánico que es ese universo por naturaleza.

Parece que la “crisis de representación” también afectó a los sótanos de la democracia.

Es la economía política

Pero, como se dijo, el protagonismo judicial-servicial tiene un contexto. La “luna de miel” con Sergio Massa al frente del ministerio de Economía va perdiendo color o entusiasmo. O eso parecieron indicar los tipos de cambio de los diferentes dólares paralelos que tuvieron una semana de alza constante y volvieron a atravesar la barrera psicológica de los 300 pesos, ensanchando nuevamente la brecha con el dólar oficial.

La “buena onda” del FMI tiene varias interpretaciones: una de ellas es la que considera que el “día D” tendrá lugar en diciembre con la nueva revisión porque en esta última etapa del año empezará “el ajuste en serio”, como si hasta ahora sólo hubiera sido un ensayo general.

El Indec dio a conocer los datos de empleo y el Gobierno presentó la buena noticia del descenso de la desocupación que se ubicó en el segundo trimestre del año en torno al 6,9%, la cifra más baja desde comienzos de 2016. Sin embargo, el mismo informe señaló que hubo un fuerte aumento del empleo no registrado que alcanzó el 37,8% de los asalariados, el valor más alto de los últimos siete años. Junto con los que trabajan por cuenta propia ya suman más de la mitad del universo laboral. Y tiene lugar una paradoja inédita para los parámetros históricos de la Argentina: una relativamente baja desocupación junto con un derrumbe de los salarios.

El informe reveló, además, que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $89.630, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el promedio equivale a $38.476

A estas cifras “ambivalentes” se le agregaron otras malas o muy malas para la mayoría de las personas. El mismo organismo difundió datos lapidarios sobre los ingresos: una familia compuesta por dos adultos y dos niños en el Gran Buenos Aires necesitó el mes pasado $119.757 para no caer bajo la línea de la pobreza. El 60% de los trabajadores percibió menos de $70.000 en el segundo trimestre del año, mientras que el 80% ganó menos de $100.000 en el mismo período. El informe reveló, además, que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $89.630, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el promedio equivale a $38.476.

Esta dinámica tiene lugar en un contexto más amplio: en el período que va de 2016 a 2021 los asalariados perdieron $ 7,7 billones que equivalen a U$S 70.000 millones (a diciembre del 2021) que representan el 19,5 % del valor agregado promedio en esos seis años, según un informe reciente de CIFRA-FLACSO.

En este escenario “desentona” (por la anuencia de la mayoría de las direcciones sindicales) el conflicto que tiene paralizada a la industria del neumático, cuyos trabajadores se niegan a la “norma” de que los asalariados pierdan contra la inflación y paguen los costos del “plan de estabilización”. Al paro por tiempo indeterminado, los bloqueos y la movilización al Ministerio de Trabajo, empresas como Bridgestone y Pirelli respondieron con el “cierre de sus operaciones” en un conflicto transformado en testigo.

Por acá pasa una agenda que tiene menos “grieta”, pero es la generadora de un extendido malestar con la representación política, con la democracia y con todo lo demás también.

En el período que va de 2016 a 2021 los asalariados perdieron $ 7,7 billones que equivalen a U$S 70.000 millones (a diciembre del 2021) que representan el 19,5 % del valor agregado promedio en esos seis años

Politicismo hardcore

Sin embargo, en la Argentina parece que los debates siempre empiezan de cero y que la discusión se inicia cuando uno ingresa en la escena. Los “riesgos de la democracia” son el nuevo mantra que, objetivamente, encubre la cuestión social. Sin embargo, desde sus orígenes este debate estuvo presente. En un texto publicado en la compilación Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal (Siglo XXI, 2011), Alfredo Pucciarelli analiza la temprana crisis de la promesa democrática del alfonsinismo y critica la respuesta “politicista” que los radicales dieron a la cuestión con una perspectiva en la que “el individuo reemplaza al sujeto; el conglomerado, a la clase social; y la percepción directa de la desigualdad obstruye la posibilidad de descubrir la naturaleza de las relaciones de explotación, de dominación y de poder. De ese modo, el trabajo político se funda en consideraciones éticas, culturales o políticas y los antagonismos sociales fundamentales son desestimados o mal traducidos, subordinados y desplazados al ámbito de la lucha político-institucional. Esa es la raíz de la orientación ‘politicista’ e ‘institucionalista’ que el partido y el gobierno de la UCR imprimieron a los complejos problemas sociales causados por la declinación de un régimen social de acumulación en proceso de descomposición. Se fueron concentrando y especializando casi exclusivamente en las cuestiones propias de la administración de las instituciones y de la consolidación de las rutinas democráticas, y dejaron de percibir o, lo que es peor, de jerarquizar e intentar solucionar la enorme acumulación de conflictos sociales generados a partir de la descomposición del sistema económico.”

La agenda sobre un abstracto “pacto democrático” y la más concreta reforma de la Corte Suprema que puso sobre la mesa el oficialismo, tuvo media sanción en el Senado y amenaza con estancarse en Diputados, tienen un aroma a ese alfonsinismo tardío y sus “rutinas democráticas” en el medio de un vendaval económico social.

 CC