Javier Milei está decidido a tapar la agenda del bajo consumo y los escándalos como los de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una ametralladora de propuestas radicales. Este jueves, en el Latam Economic Forum, que organiza la financiera Research For Traders y convoca sobre todo a empresarios de la comunidad judía, el presidente planteó: “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”. Y puso como ejemplo la medicina prepaga -donde ya se puede derivar el aporte directo a empresas privadas-, la seguridad privada y la educación privada.

“Como no están satisfechos con el Estado, buscan al sector privado”, ahondó. No es de extrañar que durante décadas de malas prestaciones estatales hayan crecido estos y otros servicios privados, pero la motosierra que Milei aplicó está deteriorando aún más la calidad de las prestaciones médicas estatales y de las escuelas y universidades públicas. La excepción es la seguridad, donde a pesar del ajuste, el presidente celebró que bajaran los índices de criminalidad, de por sí bajos en el contexto latinoamericano, a niveles históricamente mínimos. Se lo agradeció a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, más allá del supuesto distanciamiento reciente de la senadora. También la felicitó por pasar de 9.000 piquetes a cero.

“Ahí se desarrollan seguros”, ejemplificó Milei. No mencionó otros como los de jubilación. “Eso nos permitirá seguir bajando impuestos”, se entusiasmó. Y contó que con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, están planeando la “revolución de los seguros”. Contó que hay que terminar con la visión del Estado como prestador de seguros. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo. Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

Antes de su alocución, el dueño de Research For Trades y excandidato a presidir la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Darío Epstein y un rabino que dirige la corriente judía Jabad Lubavitch Argentina, Tzví Grunblatt, le otorgaron un galardón. “Este premio me sacude emocionalmente”, admitió Milei.

“Los argentinos van a ser investment grade (calificación de menor riesgo crediticio para un país) el día en que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo”, planteó el presidente mientras el riesgo país aún se mantiene en torno a los 500 puntos básicos, lejos de los 200 que se requerirían para acceder a crédito barato en el exterior. Es decir, Milei considera que deben ganarse las elecciones presidenciales de 2027 para alcanzar esa meta.

“Nunca hubo en Argentina un spread (diferencia) tan grande entre lo que sucede en la economía y lo que cuentan los medios”, siguió con la perorata que horas antes había pronunciado su ministro de Economía, Luis Caputo, en el mismo auditorio. “Desde que llegamos la economía está 11% arriba de cuando recibimos el poder”, contó. “La tendencia es clara: Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento.

“Vamos a seguir abriendo la economía argentina”, prometió y quiso dar un ejemplo: “Sacamos ley de alquileres, multiplicamos la oferta y bajaron los alquileres 30% en términos reales”, alegó. La realidad que muestra el propio Instituto de Estadística (Indec) es lo contrario: la inflación fue del 303% en la era Milei y los alquileres se encarecieron 562%.

Milei volvió a hablar de una “nueva industrialización” de la Argentina “por el bajo costo energético”. “Argentina se está convirtiendo en un polo de atracción industrial”, alegó pese a la caída del sector. Sólo tres proyectos industriales aspiran al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): la acerera Sidersa, la fabricante de fertilizantes Profertil, que ampliará la conversión del gas en urea para el trigo, y otra competidora que se instalará, Fértil Pampa, de Marcelo Mindlin.

AR/CRM

Los máximos referentes del sector seguros renovaron el reclamo contra el Poder Judicial por las irregularidades que, según afirman, alimentan la creciente judicialidad en Riesgos de Trabajo. En la edición anual de Expoestrategas, advirtieron que la “industria del juicio” alcanzó niveles que “jaquean” la solvencia del sistema y lanzaron un ultimátum: si no hay cambios, muchas aseguradoras podrían dejar de operar en menos de un año.

Los números que exhibió la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) muestran la magnitud del problema. En abril pasado había 303.734 demandas laborales sin resolver en el país, de las cuales 124.845 se iniciaron en los últimos doce meses. El contraste histórico agrava el diagnóstico: en 2010 eran apenas 14.684, lo que implica un incremento de 1.969%.

El evento reunió a figuras como Alejandro Korin (CNP Seguros), Horacio Santcovsky (Experta ART y Experta Seguros), Julio Scarafia (El Norte Seguros), Diego Sobrini (Galeno Seguros), Fernando Zack (Provincia ART) y Federico Guthmann (Meridional Seguros). Todos coincidieron en señalar que la falta de soluciones concretas mantiene al sistema “en tiempo de descuento”.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) calculó que solo en el último año los empleadores desembolsaron alrededor de $2,1 billones para cubrir los costos de la litigiosidad. Según la entidad, 2025 podría cerrar con más de 130.000 nuevas demandas, con la provincia de Buenos Aires concentrando el 40% de los casos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Santa Fe (14%).

Las quejas apuntaron también a las sentencias que se basan en “actualizaciones desmedidas de los intereses” y en cálculos periciales que, aseguran, no se corresponden con la realidad económica. Scarafia reclamó “coherencia judicial” y recordó que los niveles de juicios regresaron a los previos a la Ley 27.348 de 2017, desoyendo criterios de la Corte Suprema.

El Gobierno nacional sigue de cerca el tema. El presidente Javier Milei promete en redes sociales que “se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, admite que la litigiosidad laboral es uno de los mayores frenos para la creación de empleo formal.

La tensión crece a la espera de una definición del Máximo Tribunal, que inició deliberaciones para evaluar nuevos criterios de actualización de intereses en casos de despidos y accidentes. El desafío, según advierten en el sector, no es la sanción de esos criterios sino su efectiva aplicación, hoy resistida por la mayoría de las salas de la Cámara Nacional del Trabajo.

El Gobierno avanza con la desregulación en el transporte y deja de exigir a los micros de larga distancia que cubran los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros dentro del seguro obligatorio.

La decisión comunicada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 775/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial se da en el marco del principio de desregulación fijado en el DNU 70, promulgado en diciembre del 2023 con el comienzo de la gestión de Javier Milei.

La normativa derogó la Resolución 684 sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establecía la ampliación del seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de pasajeros por accidentes en servicios de transporte automotor interurbanos de pasajeros de larga distancia.

Con la anulación de la regulación, también queda sin efecto la obligación a las empresas de transporte de informar el costo del seguro en los boletos que se había dispuesto “a los efectos de dejar constancia del alcance de la cobertura otorgada a los pasajeros”. 

De esta manera, las compañías del sector sólo deberán brindar a los pasajeros los seguros básicos que tengan contratados, por lo que se espera que la quita del importe por la cobertura ampliada se refleje en un menor valor de las tarifas.

Al explicar la eliminación de la medida, la cartera que conduce Luis Caputo precisó que se da tras considerar la opinión de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros sobre la compatibilidad de las disposiciones del decreto 70/2023 con la normativa aplicada en octubre de 2022.

Al respecto, el área dependiente de la Secretaría de Transporte “entendió que corresponde armonizar la reglamentación vigente al principio de desregulación previsto en el artículo 2° del decreto 70/2023, a fin de hacer primar los principios de apertura y competencia que ha implementado el Gobierno Nacional, por lo que, en tal contexto corresponde derogar el régimen de la ampliación del seguro de vida obligatorio del transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional”.

Asimismo, el texto oficial recordó que el mencionado DNU establece el principio de desregulación, disponiendo que “el Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

En ese sentido, aludió que establece que “para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

CRM con información de la agencia NA

Después de que se detectaran irregularidades en contrataciones de Nación Seguros que involucran al ex presidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa -esposo de su ex secretaria María Cantero- el Gobierno derogó el DNU 823/21 que abría una vía legal para que pudieran concretarse ventas de pólizas a organismos estatales con sobreprecio.

La eliminación del DNU se realizó este miércoles a través de la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial, en la que se retiraron todas las modificaciones anteriormente realizadas a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Los nuevos cambios fueron impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue designado junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como responsable de recibir e inspeccionar las documentaciones relacionadas a las contrataciones de seguros.

El artículo 1 del decreto publicado este miércoles establece: “Deróganse los Decretos Nros. 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21”. Así, quedará eliminada la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros proveídas por el Estado. Sin embargo, desde el Gobierno revisarán los fondos que han sido destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados.

La Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en donde el Estado posea una participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias tendrán un plazo de 30 días para proveer a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado la documentación requerida.

Para evitar contrataciones que pudieran ser beneficiosas para un tercero a futuro, el decreto estableció que se considerará que hubo una “ventaja, beneficio o preferencia” por parte de las organizaciones vinculadas al Estado si se detectaran criterios de selección favorables para una entidad en particular. Lo mismo ocurrirá con aquellos acuerdos que pudieran cerrarse de manera directa entre las partes, los cuales deberán ser sometido a un proceso de selección mediante licitación o concurso de tipo público o privado.

Asimismo, el decreto indica que “No se considerará que existe una ventaja, beneficio o preferencia en los contratos y convenios interadministrativos de provisión de bienes o servicios cuando el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional”, subrayaron.

Por otro lado, se fijó un plazo para que aquellos ministerios y demás organismos que todavía tuvieran pólizas vigentes fruto de la normativa del DNU impulsado por el ex mandatario pudieran concretar las bajas de los mismos.

Todas las entidades señaladas tendrán un año para poder finalizar los acuerdos. En simultáneo, instaron a que convoquen nuevos procesos de selección que garanticen la competencia y la transparencia respecto de las postulaciones para brindar bienes y/o servicios.

En este contexto, se dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones sea la entidad encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que pudieran surgir a partir de haber entrado en vigencia el decreto 747/2024.

Finalmente, el decreto firmado por el presidente Javier Milei, Francos y Sturzenegger anuló además otros tres decretos promovidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de las normativas N° 1187/12, 1189/12 y 1191/12 que, tal como indica su nominación, fueron promulgadas en 2012. También la derogación del Decreto 1187/12 implicó la eliminación de la responsabilidad que tenía el Estado de pagar los sueldos de los empleados y contratados estatales por medio del uso de la Caja de Ahorro Común que se abrió en el Banco Nación.

Sturzenegger celebró en X

Qué decía el DNU que firmó Alberto Fernández

Con información de agencias.

IG

Introducción a los Seguros de Viaje

Un seguro de viaje es una póliza que proporciona cobertura financiera y asistencia en caso de emergencias y situaciones imprevistas durante un viaje. Desde pérdida de equipaje hasta emergencias médicas, los seguros de viaje están diseñados para ofrecer tranquilidad a los viajeros y certezas ante este tipo de situaciones.

Tipos de Seguros de Viaje

1. Seguro de Cancelación de Viaje: ¿cómo funciona?

Este seguro cubre los gastos no reembolsables si necesitas cancelar tu viaje por razones cubiertas como enfermedad, muerte de un familiar cercano o desastres naturales. Es ideal para aquellos que planean viajes costosos y desean proteger su inversión.

2. ¿Qué es un Seguro de Interrupción de Viaje?

Similar al seguro de cancelación, este tipo cubre los costos si necesitas interrumpir tu viaje y regresar antes de tiempo debido a razones específicas. También puede cubrir gastos adicionales como vuelos de regreso de emergencia.

3. Cómo opera un Seguro de Equipaje

Este seguro ofrece cobertura en caso de pérdida, daño o robo de tu equipaje y efectos personales. Es particularmente útil para quienes viajan con artículos de valor o equipos especializados.

4. Seguro de Gastos Médicos en el Extranjero

Uno de los más importantes, este seguro cubre gastos médicos, hospitalarios y de evacuación de emergencia en caso de enfermedad o accidente durante el viaje. En algunos casos, también incluye cobertura dental de emergencia.

5. Qué ofrece un Seguro de Asistencia en Viaje

Más allá de los gastos médicos, este seguro ofrece servicios de asistencia como ayuda en la localización de hospitales, traducción en emergencias médicas y repatriación sanitaria. Es una opción completa para quienes buscan una cobertura más integral, siendo un ejemplo la cobertura de asistencia en viaje GO que brinda la marca GO! Assistance.

6. Seguro de Vida de Viaje: respaldo total

Este tipo de seguro ofrece una suma asegurada en caso de fallecimiento o discapacidad permanente del asegurado durante el viaje. Es una opción que muchos consideran para brindar seguridad adicional a sus seres queridos.

7. Seguro de Viajero Frecuente para trabajadores internacionales

Diseñado para quienes viajan con regularidad, este seguro ofrece cobertura anual para múltiples viajes, lo que puede ser más económico y conveniente que comprar seguros individuales para cada viaje.

8. Viajeros de riesgo: Seguro de Actividades Deportivas y Aventuras

Este seguro es específico para quienes planean realizar actividades de riesgo como esquí, buceo o senderismo. Ofrece cobertura adicional para accidentes relacionados con estas actividades.

Modos de Contratación y Condiciones

Los seguros de viaje pueden contratarse a través de agencias de viajes, compañías de seguros, bancos y en línea. Es esencial comparar diferentes opciones y leer las condiciones detalladamente.

Cada póliza tiene sus propias condiciones y limitaciones. Es vital entender qué está cubierto y qué no, los límites de la cobertura y los procedimientos en caso de reclamación.

La mejor decisión es confiar en los líderes: GO!

Entender los diferentes tipos de seguros de viaje es esencial para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Es recomendable investigar y comparar las ofertas de varias compañías. Entre las más confiables, destaca GO! Assistance, una marca líder en el rubro con una sólida trayectoria y reputación.

Contratar un seguro de viaje adecuado puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una experiencia llena de contratiempos, por lo que vale la pena invertir el tiempo en seleccionar la mejor opción.

La Superintendencia de Seguros de la Nación cambió la normativa que regula la actividad con el fin de homogeneizar las exigencias a las empresas para operar en el mercado de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Lo hizo tras cambios que habían sido realizados por la gestión anterior en beneficio, únicamente, de nuevos operadores.

En concreto, la decisión supone modificaciones al Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA) cuyo propósito es asegurar la solvencia de las nuevas compañías frente a posibles litigios, según la resolución oficial, dado que estaban ingresando al mercado sin el suficiente respaldo financiero, y de esta forma garantizar la competencia en iguales condiciones.

Según entendió el Gobierno, la situación heredada de la gestión de Alberto Fernández ponía en riesgo las respuestas que las nuevas aseguradoras podían dar a miles de trabajadores ante un eventual accidente laboral, dejándolos expuestos a situaciones de posible indefensión.

¿Qué cambió?

Lo que hizo la SSN es cambiar el apartado que establece los criterios para formar la “Reserva por juicios a futuros”. Esta reserva, que es un fondo de dinero adicional, es obligatoria para las aseguradoras que operan en Argentina y tiene como finalidad garantizar la solvencia de sus coberturas ante eventuales reclamos judiciales, de acuerdo con la Resolución 127/2024, publicada en el Boletín Oficial el 15 de marzo último.

El cambio dispuesto durante la gestión de Fernández no eximía las empresas de la obligación de formar esa reserva pero sí flexibilizó las condiciones para constituir ese fondo únicamente para los nuevos operadores, manteniendo las exigencias para las empresas que ya venían trabajando en el sector.

Las entidades que operen en la rama de Riesgo del Trabajo deben constituir la “Reserva por Juicios Futuros Total” al cierre de cada ejercicio o período. Esta reserva debe mantenerse hasta que transcurran cinco años desde la fecha de inicio de operaciones.

Lo significativo de esta medida es el cambio en la fórmula utilizada por las compañías aseguradoras para calcular los fondos destinados a la Reserva por juicios a futuros. Dicha fórmula determina el porcentaje sobre las primas que se destina a esta reserva.

Con la resolución de la gestión de Javier Milei, en los cinco años que establece la normativa para crear el fondo se debe implementar la siguiente escala de porcentaje sobre las primas: 3% en el primer año; 2,25% en el segundo, 1,5% en el tercero; 0,75%, en el cuarto, y 0,45% en el último año. 

De esta manera, se le pone fin al esquema establecido por el gobierno de Fernández, que establecía que ese porcentaje arrancaba en el 1% y descendía hasta el 0,15%, dando condiciones mucho más beneficiosas a las nuevas compañías en comparación con las empresas que ya venían operando en el mercado.

Para el Gobierno, los parámetros anteriores, con porcentajes insuficientes, no garantizaban la capacidad de respuesta de las aseguradoras recién ingresadas al mercado en contra de la cobertura real de los trabajadores.

JJD

El Ministerio de Capital Humano presentó ante el juez Julián Ercolini documentación de una póliza de seguros contratada en el 2023 por Nación Seguros en el Instituto Nacional del Teatro. Lo hizo como aporte a la investigación en la que está imputado el expresidente Alberto Fernández.

Hasta el momento se dio a conocer información sobre seguros contratados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y por el Ministerio de Seguridad a través de Nación Seguros, cuyo extitular Alberto Pagliano también está imputado. Ahora, según la documentación presentada por Capital Humano, aparece el broker Castello Mercuri.

Según consta en la incorporación aportada, el Instituto Nacional del Teatro contrató una póliza de seguro por accidentes personales. Esto apareció luego de una auditoría realizada con motivo de la investigación en curso. Mientras tanto, el juez Ercolini reúne información sobre 50 organismos que habrían contratado brokers o seguros tal cual informó Nación Seguros.

Por otro lado, hay una denuncia que tramita en otro juzgado hecha por el Ministerio de Seguridad por maniobras similares y que podría acoplarse al juzgado de Ercolini aunque ello debe dictaminarlo el fiscal Eduardo Taiano.

MM con información de la agencia NA.

La Justicia libró 45 operativos en búsqueda de documentación en el marco de la investigación por la contratación de seguros, que los tienen como imputados al expresidente de la Nación Alberto Fernández y a otros funcionarios de su gestión.

Fueron órdenes de presentación firmadas por el juez federal Julián Ercolini sobre distintos organismos que mencionó Nación Seguros en el proceso de contratación de seguros y brokers.

La medida se da en el marco de dos causas en las que ya fue imputado el expresidente por posible malversación de fondos públicos: una por la denuncia de Capital Humano tras una auditoría realizada por el ex titular de la ANSES Alberto Giordano y otra realizada por la abogada Silvina Martínez. 

La maniobra investigada es por el decreto del año 2021 que obligaba a la adjudicación de un seguro en créditos a jubilados y pensionados que daba la ANSES. Ante un posible saldo deudor, a través de Nación Seguros se contrató brokers y compañías de seguros.

Hasta el momento, el juez Ercolini allanó la vivienda y oficinas de los brokers investigados y secuestró teléfonos, agendas, documentación y otros elementos que serán analizados. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se unifiquen las dos causas.

MM con información de la agencia NA.

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy unos 27 operativos en distintas empresas de seguros involucradas en la trama del caso de los seguros, por la cual está imputado el expresidente de la Nación, Alberto Fernández.

Son ordenes de presentación, no allanamientos, por las cuales una comisión policial se constituye en cada una de estas empresas a solicitar la documentación para avanzar en la causa. 

Ercolini recibió de Nación Seguros una nómina de empresas aseguradoras que intervinieron en la asignación de pólizas en créditos otorgados por la ANSES y por ello ordenó esa medida para recabar información, más allá de los dos imputados de ese rubro que ya tiene la causa, Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García.

Hasta el momento, son dos las investigaciones que existen por separado aunque por ser hechos similares puede que se acumulen en una sola. 

MM con información de la agencia NA.

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, Alejandro D'Angelo Campos, y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, fueron imputados este martes por el fiscal federal Ramiro González. Es en el marco de la investigación por la denuncia penal que presentó el Gobierno sobre presuntas irregularidades con la contratación de seguros durante la última gestión de gobierno.

Se trata de la segunda imputación que recae sobre Fernández en el marco de esta tarea judicial. Anteriormente se inició una causa por el mismo caso por una denuncia de la abogada Silvina Martínez, panelista del periodista Luis Majul en LN+, que tramita por separado y por la que el juez Julián Ercolini ordenó anoche allanamientos con el fin de secuestrar elementos útiles para la investigación. Además, dispuso para este martes una serie de operativos con el mismo fin.

Según el dictamen al que tuvo acceso elDiarioAR, las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia efectuada por la ministra Sandra Pettovello -titular del Ministerio de Capital Humano- y otros funcionarios del área y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La denuncia es por los supuestos delitos de asociación ilícita, defraudación de seguros, abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios públicos. También por presunta malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles.

El documento señala que ellos “concretamente manifestaron que venían a poner en conocimiento un perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria ‘Créditos ANSES’ (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)” y que “con relación a ello, expresaron que la ANSES contrató coberturas de seguros con Nación Seguros SA utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

Por otro lado, explica que “los denunciantes sostuvieron que alegando una supuesta 'falta de costo' para el Estado, se designaron - arbitrariamente y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramosociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros S.A.”.

MM/ED/JJD

El juez federal Julián Ercolini ordenó allanamientos esta noche en casas y oficinas del broker Héctor Martínez Sosa, cercano al expresidente Alberto Fernández; también en los domicilios de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y de Pablo Torres García, todos investigados por sospechas de irregularidades en la contratación de seguros dentro del Estado durante el gobierno del Frente de Todos.

Ercolini indicó el secuestro de documentación relacionada con la investigación pero, según publicó La Nacion, no dio órdenes de detención.

Por su parte, el expresidente Alberto Fernández, que fue imputado la semana pasada por el caso viajó este domingo a México para disertar en instituciones educativas. El exmandatario enlazó un fuerte vínculo con el presidente mexicano, Andrés López Obrador.

La denuncia apunta a que un “intermediario” quien sería Pablo Torres García, “un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Por otro lado, involucra también a otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Fernández, María Cantero.

Esta mañana, el Gobierno denunció penalmente a los responsables de la gestión de ANSES bajo el gobierno de Fernández también por estas irregularidades. 

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno denunció a las autoridades de Anses de la gestión de Alberto Fernández por el caso de las irregularidades en seguros, en una causa que involucra al exmandatario. La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano y abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández. La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.

La presentación inicial la hizo la abogada, Silvina Martínez, que denunció penalmente al expresidente y al extitular de Nación Seguros –la aseguradora del Banco Nación-, Alberto Pagliano, por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados. En la denuncia pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.

La denuncia del Gobierno abarca al ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES), Federico Alejandro D’Angelo Campos, “y/o contra todo funcionario público y/o persona humana y/o jurídica que pudiera haber participado en cualquier carácter en maniobras delictivas”.

Adorni anunció: “El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”. Advirtió sobre las “irregularidades detectadas” en los seguros y préstamos otorgados a jubilados, y destacó la política de “austeridad y transparencia que rige para toda la administración pública”.

NB

Este viernes desde el atril Javier Milei observará lo que él llama “nido de ratas”, sus ex colegas diputados y los senadores, les hablará a los gobernadores que influyen sobre ellos y a los “argentinos de bien”, como él denomina a quienes lo votaron y que en general todavía lo apoyan en su dicotomía contra la política tradicional. Pero también lo estarán escuchando desde Estados Unidos las jefas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, y los inversores de Wall Street, quienes comparten el mismo entusiasmo por la vocación de ajuste fiscal y reformas liberalizadoras del economista libertario devenido presidente pero también sostienen idéntica preocupación por su falta de interés por el consenso político y por el impacto social de sus medidas.

No es que se conmuevan particularmente por recortes que hasta dejan sin remedios a enfermos graves, con la excusa de revisar procedimientos de compras costosos, sino por la sostenibilidad del cambio que desean.

Milei le ha ordenado a sus funcionarios que revisaran los gastos del anterior gobierno para reducirlos, pero también denunciarlos como supuestos curros. En esa estrategia cae de todo: desde la demonización del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), al que dejó fisura por la disminución del 97% del financiamiento que le proveía el impuesto PAÍS, hasta el “análisis de costos” que dice haber elaborado el despedido jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el cordobés Osvaldo Giordano, sobre las contrataciones de aseguradoras e intermediarios y que derivó en la imputación del fiscal Ramiro González contra el expresidente Alberto Fernández.

La abogada Silvina Martínez, que antes denunciaba corrupción en dupla con Margarita Stolbizer a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y sus ex funcionarios y que en 2023 hizo campaña por Patricia Bullrich, fue quien presentó la denuncia citando una nota de Clarín. Apunta contra una decisión de Fernández de 2021 para que todos los organismos públicos se aseguraran con Nación Seguros. Cita que así lo hicieron la Anses y el Ministerio de Seguridad y que la aseguradora del Banco Nación a su vez contrataba a otras empresas de seguros privadas y brokers. Cita a dos intermediarios: Pablo Torres García, amigo de Sergio Massa que supuestamente cobraba 17% de comisión, tres veces más que en el mercado, según Clarín, y Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria personal de Fernández, María Cantero, también imputado. “Cuentan empresarios que los llamaban desde la Rosada para que contrataran a Martínez Sosa”, cita el diario. Allá por 2020, consultores confesaban a elDiarioAR que quien llamaba era Cantero. El expresidente sostiene que “si lo hizo, se extralimitó”.

Nombres ocultos

En el mundo del seguro apuntan que la Anses pagaba demasiado a Nación Seguros, pero el exsubdirector ejecutivo del organismo previsional Lisandro Cleri advierte que asegurar préstamos a gente mayor resulta más caro y es poco frecuente en la banca. En cambio, la ex directora ejecutiva de la Anses Fernanda Raverta guarda llamativo silencio. Cleri explica que el ente contrataba aseguradoras para sus créditos hasta 2018, lo dejó de hacer y empezó a autoasegurarse como una medida de ajuste de Mauricio Macri, pero con la mayor mortalidad del Covid-19 se perdió mucho dinero en 2020 y entonces dio marcha atrás al año siguiente. Como explica el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano, esta entidad impulsó la política de que los organismos públicos le dieran prioridad para abrir sus cuentas y contratar sus seguros, a diferencia de lo sucedido con Carlos Menem o Macri, que privilegiaban a la banca privada.

Pero Nación Seguros carecía de capacidad propia para cubrir todos los préstamos de Anses y por eso los coaseguraba con otras compañías, que también hicieron así grandes negocios pero cuyos nombres fueron ocultados por la filtración del gobierno libertario. Se trata de Provincia Seguros -–a aseguradora del Banco Provincia de Buenos Aires–, la cooperativa Sancor Seguros –que preside Gustavo Badosa–, Life –del Grupo BST, de Roberto Domínguez y Pablo Peralta–, San Cristóbal –que conduce Diego Guaita–, San Germán –de Nicolás Rosendi, que tiene al extenista Gastón Gaudio como representante– y Boston –que en 2023 fue vendida por el Grupo Campici–.

La lista fue confirmada por el expresidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, el tercer imputado del caso y que atendió a elDiarioAR desde el hospital donde está internado de gravedad en San Rafael, Mendoza.

Desde San Cristobal, comentan que esta aseguradora “actuó de manera íntegra y transparente”, en referencia a su tarifa y la intermediación de productores de seguros especializados.

Pagliano, quien antes había trabajado en las superintendencia de Seguros y de Riesgo del Trabajo y en el Grupo Provincia, afirma: “Es todo una injuria”,

“Las tarifas de los seguros eran las que marcan las tablas de mortalidad para un colectivo de gente mayor, sobre todo después de la pandemia”, afirma el empresario. Ante la pregunta sobre por qué era necesario un intermediario entre la Anses y Nación Seguros si Fernández ya había dispuesto que todos los organismos debían contratar esa aseguradora, Pagliano responde: “El asesor fue solicitado por la Anses y se le pagaba con un tope del 10%, pero creo que en este caso terminó siendo el 5% mientras en el mercado se pagaba de 25% a 35%. Nación Seguros ofrecía seguros directamente. Espero que todo esto se aclare rápido porque es algo terrible que esto me haya pasado a los 70 años, después de toda una vida dedicada a los seguros”, contó por audio de Whatsapp tras salir de una transfusión.

El diputado radical Martín Tetaz pidió al actual presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, que detalle los nombres de los brokers con los que trabaja Nación Seguros. Ya el año pasado en 2023 le había solicitado lo mismo a la entonces presidenta de la entidad bancaria, Silvina Batakis, y a Pagliano. Allí se señalaba que Aerolíneas, YPF, Ferrocarriles Argentinos y otras empresas estatales habían contratado a Nación Seguros con intermediarios. También se mencionaba que Martínez Sosa era broker de la póliza contratada por Gendarmería y cobraba 20% hasta que en 2023 se rebajó al 10% después de que se difundiera públicamente que le había prestado dinero a Fernández en 2008 y que todavía era su acreedor.

En su nuevo pedido informes, el diputado cuenta que después las coberturas de esta fuerza de seguridad pasaron a Provincia Seguros. No menciona por escrito su sospecha de que Martínez Sosa optó por el cambio ante los menores honorarios. El broker no respondió a la consulta de elDiarioAR. Pero Tetaz también apuntó el año pasado contra el uso de tarjetas corporativas por parte de los entonces directores del Nación, incluido el vicepresidente segundo José Miguel Ballesteros, que supuestamente compró trajes por $800.000 de entonces. El diputado también objetó gastos en un viaje oficial a China y regalos familiares. No explicita la conjetura de que los plásticos hayan pagado alquileres a amigas íntimas.

Mientras tanto, Taillard enfrentaba la primera sospecha en su contra. La Política Online publicó que el presidente del Nación habilitó la compra de $400 millones de una obligación negociable de Aconcagua Energía, de José Luis Manzano, que colocó a su vez Max Capital, la sociedad bursátil de Ignacio Taillard, hijo del funcionario. Max se llevó el 1% de comisión. En el banco niega que el presidente haya autorizado la adquisición: “No es así. Constantemente, el banco toma bonos en dólares. En este caso, esta empresa que habitualmente opera con el Nación estaba calificada y previamente aprobada por la Comisión Nacional de Valores. Son operaciones habituales en el mercado”. ¿Primer conflicto de interés del gobierno de Milei? Su ministro de Economía, Luis Caputo, ya tiene experiencia de cuando era jefe de Finanzas con Macri.

La era de la posverdad

En las auditorías ordenadas por un fanático de la posverdad como Milei pueden caer realidades y mentiras. Habrá que ir desgranando con la sutileza de la que carece el Presidente. Sobre todo porque quien lleva adelante parte de esos informes es Caputo, de reputación vidriosa. A él le llegan los análisis de los 31 fondos fiduciarios, que fueron creados por ley a lo largo de décadas para usar cierta recaudación tributaria con fines bien específicos. Caputo sospecha que muchos de ellos han sido mal utilizados. Fue quien encabezó entre bambalinas la campaña de desprestigio del FISU, pese a que el subsecretario de Integración Socio Urbana de Milei, Sebastián Pareja, descartaba irregularidades.

Ahora el ministro se escandaliza porque descubrió que el Fondo de Capital Social (Foncap) destinó el 30% de sus fondos no para microcréditos, que es su finalidad, sino para capacitación. De gran experiencia como broker en bancos internacionales, quizás desconoce que las fundaciones y asociaciones civiles que prestan a los más pobres necesitan invertir mucho en capacitarlos para gestionar sus emprendimientos. Foncap asesoraba a instituciones de microcrédito y a sus clientes. Quizás más polémica sea que otro fondo fiduciario gastaba $500 millones en publicidad en la agencia Télam.

Pero Caputo tiene buena fama entre sus pares de Wall Street. Él, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Milei fueron elogiados en el Argentina Day que organizó la semana pasada el Bank of America en Nueva York, previo al viaje de inversores que esta entidad organizará el jueves y viernes próximos a Buenos Aires. “Se los ve como gente constructiva, con idea de ir a fondo con ajuste fiscal, pero estamos preocupados con la dinamita política”, comentó uno de los asistentes al encuentro, inquieto porque las reformas laboral, previsional y de desregulación sectorial queden en la nada. Espera al discurso presidencial en el Congreso para ver si Milei sigue redoblando la apuesta contra los opositores moderados, o si sirve de algo la seguidilla de reuniones pacificadoras que emprendió el ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores en las últimas semanas. “Si se pelea con todos, no va a durar”, advierte. Escuchó en el Argentina Day al consultor político Alejandro Catterberg, que destacó la alta popularidad de Milei pero alertó sobre el creciente malhumor social en territorio bonaerense.

Habrá que ver cómo reacciona la calle. Este jueves ya protestaron ante el Ministerio Economía los beneficiarios del recientemente disuelto Potenciar Trabajo. Dudan que vayan a conseguir empleo formal: ya lo intentaron con poco éxito los gobiernos de Macri y Fernández. El de Milei confía en que esta vez sea distinto porque quien consiga un trabajo registrado no perderá el plan social, que igualmente se irá licuando con la inflación. Algunos beneficiarios incumplían con su contraprestación, pero otros no y por eso queda la incógnita de quiénes barrerán las calles y pasillos de las villas, reciclarán residuos o atenderán comedores al eliminarse el Potenciar Trabajo. Los intermediarios no eran sólo organizaciones sociales sino municipios, provincias, parroquias y empresas recuperadas.

En Wall Street quieren ver si con los dólares de la cosecha, que no será récord, se liberará el cepo cambiario. En el Central calculan que llegaron al poder con US$11.000 millones de reservas negativas (más deudas que activos), acumularon ya 7.000 millones, pero todavía requieren de 4.000 millones para terminar con los controles de capitales. Sólo después podrán caminar a la competencia de monedas en la que, según Milei, la gente preferirá el dólar antes que el peso.

Entre los inversores celebran que Gopinath haya venido a la Argentina y que se hable de un nuevo acuerdo por el que el FMI aportaría fondos frescos, pero ponen en duda de que se concrete por las tensiones electorales en Estados Unidos, con un Joe Biden menos dispuesto a asistir que su rival Donald Trump. Además, temen que el Fondo preste más a cambio de exigir que ese dinero no vaya esta vez –a diferencia de 2018– a pagar la deuda al sector privado sino que este haga su esfuerzo también y vuelva a aceptar otra reestructuración como en 2020.

En Nueva York también preocupa cuándo bajará la inflación a niveles bajos. No da festejar que febrero haya cerrado en 16%, según C&T Asesores Económicos o la Fundación Libertad y Progreso. A los argentinos nos aflige todavía más. Pero allá en el Norte advierten de que si Milei no consigue terminar 2024 con precios bajos, no tendrá nada bueno que mostrar a la población, pues se descuenta que la economía rozará el suelo en el segundo trimestre antes de soñar con saltar al cielo.

En Buenos Aires, uno de los economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, el menos ortodoxo de los tres de esta entidad, se preguntó ante inversores si la inflación bajaría por tobogán o escalones, celebró que en febrero no llegara al 25% que él proyectaba a fin de año, pero advirtió que se debe al retraso en el alza de tarifas de energía. Elogió la disciplina fiscal –aunque otros académicos alertan que se logre con el padecimiento de los jubilados y los impuestos al comercio exterior– y matizó que los fondos fiduciarios no deben dinamitarse y el Estado no debe sacarse de encima sus empresas sino reformar unos y otras. Además, alertó sobre errores, por ejemplo, en la redefinición de los subsidios energéticos, con cargos fijos altos en las tarifas y con desfinanciamiento de las centrales eléctricas para llegar al promocionado déficit cero de enero.

AR/MG

El expresidente Alberto Fernández se defendió luego de haber sido imputado por presunta malversación de fondos públicos en el marco de la contratación de seguros para préstamos a jubilados. Para el exmandatario kirchnerista, la acusación es un “disparate” ya que nunca ha “participado de ningún negociado”.

La abogada Silvina Martínez había presentado una denuncia en su contra ante el Ministerio Público Fiscal por presuntos pagos de comisiones a intermediarios por la contratación de primas durante la pandemia de Covid-19 a Nación Seguros.

Los desembolsos a investigar acumularían un total de $20 mil millones anuales. Según indicó Fernández, este jueves, de ese monto, sólo el 25% habría ido a Nación Seguros, mientras que el resto de las primas se distribuyó entre otras empresas del sector.

La denuncia también pretende que se investigue el pago de comisiones por un 17%, lo que eleva la suma final a $300 millones. Se trata de una tasa más elevada que la de mercado, pero el exmandatario explicó que la diferencia atiende al mayor riesgo que suponía el contexto de pandemia. “Cuando uno pide un seguro para adultos mayores en el medio de una pandemia, eso cuesta un montón de plata”, afirmó.

En tanto, Fernández consideró que la denuncia en su contra forma parte de una “operación” política. “La nota dice que a Osvaldo Giordano (ex titular de la ANSES) lo echaron no porque su mujer votó en contra (de la ley ómnibus), sino porque desarmó una caja de la política y ahí mete el tema de estos seguros. No tiene nada que ver con una caja de la política esto”, expresó en referencia a un artículo publicado en el diario Clarín, donde se detallan los hechos que derivaron en la denuncia formal.

En este marco, afirmó que durante su gestión el frente del Poder Ejecutivo Nacional hizo “de la honestidad un culto” “No he robado nada, ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado. Esto no es un negociado y están afectando a gente de bien simplemente porque alguien dijo que esto era una caja de la política”, indicó.

Y concluyó: “Si en algún momento, algún funcionario ha hecho algo que no debía, que se haga cargo. En el caso de la ANSES, me parece todo un disparate”.

ACM con información de NA.

Alberto Fernández fue imputado hoy en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación por parte del Estado nacional a Nación Seguros. Los delitos por los que se acusa al expresidente son violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

El fiscal federal Ramiro González es quien está cargo de la investigación y ya comenzó a pedir las primeras medidas de prueba. Además del expresidente los otros imputados son “el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio de que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, según consta en el dictamen.

La causa, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez y apunta a investigar “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal. En concreto, lo que la Justicia intenta determinar es si hubo maniobras ilegales en la contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante la gestión de Alberto Fernández, informaron fuentes judiciales.

Es que Héctor Martinez está casado con María Cantero, secretaria de Alberto Fernández durante más de 20 años.

La causa se originó a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, tomando como base un artículo publicado en el diario Clarín, en el que se da cuenta de un supuesto negocio millonario en la contratación de seguros por parte de la ANSES a partir de una auditoría pedida por la gestión de Javier Milei. Martinez ya había hecho otras presentaciones similares relacionadas con los casos Hotesur-Los Sauces, en los que está involucrada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el escrito presentado por Martínez se pide a la Justicia que investigue la “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”.

De acuerdo con esa denuncia, “dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”.

La maniobra, según la presentación, consistía en que Nación Seguros subcontrataba a otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $300 millones mensuales“.

A partir de que se conocieron las irregularidades en la contratación de los seguros, el Gobierno nacional resolvió dar de baja la normativa de la gestión de Fernández que habilitaba a los organismos del Estado a gestionar sus pólizas a través de Nación Seguros y por medio de brokers, quienes recibían esas comisiones

El fiscal González pidió como medidas de prueba que “se solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que tenga a bien aportar los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021”, que dispuso la contratación de los seguros.

El descargo de Alberto Fernández

“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, aseguró Alberto Fernández al diario La Nación.

Fernández dijo este jueves que el decreto 823 de 2021 que dictó la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros tuvo la intención de terminar con la intermediación: establecía que la contratación debía hacerse de manera directa, para así terminar -aseguró Fernández- con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”.

Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa por su rol como broker en el Estado.

CC Con información de Télam y NA

Después de que Juntos por el Cambio emitiera el lunes de la semana pasada un comunicado advirtiendo que el Gobierno está dejando una “bomba” con la creciente deuda de corto plazo en pesos, las cotizaciones de los títulos apuntados casi ni se inmutaron y los retiros de los fondos comunes de inversión (FCI) que apuestan por ellos resultaron ínfimos. Entre el martes 7 y el jueves 9 de febrero, los rescates de fondos de renta rija y los T+1, que son los que invierten en estas letras, alcanzaron los $ 20.000 millones, apenas el 0,6% del total de más de $ 3 billones que acumulan. Incluso el viernes 10 ya se registraron suscripciones de estos FCI, según fuentes del mercado.

¿Por qué la alerta de los líderes políticos de JxC no condujo al pánico de las empresas y los individuos que invierten en fondos? Entre los inversores recuerdan que la desconfianza en la deuda de corto plazo en pesos había comenzado en junio de 2022, cuando advirtieron que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había tomado suficiente y cuando comenzaron a circular rumores de que economistas del PRO, como Hernán Lacunza, Luciano Laspina y Luis Caputo, advertían supuestamente en reuniones privadas con actores del mercado que un próximo gobierno no iba a poder saldar estos pasivos. “Lo sorpresivo sería que no le temieran a las elecciones de 2023”, explica uno de los operadores más reputados. Por eso, los vencimientos de los bonos se acumulan hasta julio, antes de las elecciones primarias de agosto y conocerse qué precandidato quedará mejor posicionado para llegar a la Casa Rosada. Tanto en 2011 como en 2019, las primarias ya fueron suficientes para marcar tendencias antes de los comicios generales. No así en 2015.

Se da la paradoja de que, aunque el mercado preferiría en teoría una victoria de JxC, teme que si gana cualquier candidato del PRO, ya sea Mauricio Macri, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, como proponen la eliminación inmediata del cepo cambiario, les resultará difícil pagar el pasivo en moneda nacional. “Hoy hay mucho stock de deuda en pesos que se renueva porque hay cepo. Si querés gobernar sin cepo, porque pensás que necesitás que ingresen dólares para crecer, no será sencillo evitar que esos pesos corran al dólar”, advierte el operador citado. En cambio, quienes abogan por una liberación gradual de los controles cambiarios, tanto en la UCR como en el equipo económico de Sergio Massa, consideran que pueden afrontarse los títulos de corto plazo con canjes voluntarios, sin nada compulsivo, como fue el reperfilamiento, la postergación de pagos, de Lacunza en el final del gobierno de Macri. De todos modos, en el mercado no achacan al ex ministro de Hacienda esa decisión sino que la atribuyen al empecinamiento del entonces presidente por evitar un cepo mayor al que terminó imponiendo ante la perspectiva de derrota electoral.

La pregunta que flota entre los inversores es cuándo dejarán de renovar la deuda en pesos. Este miércoles hay una nueva licitación que organiza el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y se espera que bancos y aseguradoras, los otros actores clave del mercado junto con los FCI, participen de forma activa. Pero cuando se llegue a julio habrá un momento clave para dilucidar si los tenedores de bonos renuevan o no las letras más allá de las primarias. Incluso esa temporada de desconfianza podría adelantarse, como suele ocurrir en los mercados, donde los operadores intentan anticiparse a los demás para sacar mayor rédito. En el Gobierno confiaban antes del comunicado de JxC que en marzo, cuando se definiera mejor quiénes serían los candidatos presidenciales, podría iniciarse un diálogo con la oposición para dar certidumbre a los inversores. Pero el alerta de “bomba” desarticuló por ahora cualquier intento de conciliación. Incluso en el mercado señalan que tal vez habrá que aguardar hasta junio, la fecha en que se deben oficializar las postulaciones. Mientras tanto, inversores reconocen que a ninguno de ellos les conviene que todos corran a sacarse los pesos de encima. Habrá que ver quién arranca primero: no son los mismos los intereses de bancos extranjeros, como Santander, BBVA o HSBC, que reciben órdenes de sus casas matrices, que los de entidades locales, como Galicia o Macro, cuyo vicepresidente, Jorge Pablo Brito, mantiene un tradicional vínculo de amistad con Massa.

“A medida en que nos acerquemos a las primarias, la discusión se recalentará”, advierten en un banco foráneo. “Si no cambia la retórica, julio será un momento de tensión. Si se consolida un candidato pro mercado en el Frente de Todos, puede que mejoren las perspectivas”; evalúan la eventual postulación del ministro de Economía, frente a la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyos seguidores reclaman que revea su decisión de excluirse de la contienda electoral tras el fallo judicial no firme y apelable que la margina de cargos públicos. “En Juntos no todos opinan lo mismo sobre reperfilar ni sobre el cepo. Si Massa no es el candidato del Frente y es Cristina contra Bullrich, va a ser muy difícil renovar los bonos”, continúan en el banco. Laspina, principal asesor económico de la ex ministra de Trabajo y de Seguridad de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Macri, es quien más alerta sobre la “bomba”. “Si en junio sabemos que los candidatos son Massa y Larreta, puede ser que se rolee (renueve) la deuda”, añade el banquero, que rescata la figura de Lacunza. “El mercado entiende todo este problema, pero en la sociedad hay fastidio por la pelea política. La gente sospecha que la van a joder”, concluye.

AR

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) renovó el programa “Garantía + Fácil” que permite a aquellos inquilinos que no cuenten con un familiar o amigo que actúe como garante puedan acceder a un seguro de caución privado con una bonificación del 70% de su costo. El plan está vigente desde fines de 2021, pero se ha ampliado en los últimos meses a nuevas empresas.

La nueva Ley de Alquileres 27.551 contempla los seguros de caución como una garantía alternativa en la que una compañía aseguradora, regulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, responde ante el propietario en caso de que el inquilino no pudiera afrontar los gastos de alquiler, expensas, etc. En general, el costo de este tipo de seguros equivale al valor de un mes y medio o dos meses de alquiler.

Requisitos para postularse en el programa del IVC

Para poder acceder al programa “Garantía + fácil”, enfocado en los inquilinos de ingresos medios y bajos, el postulante deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener 18 años o más.

2. Contar con un ingreso total y/o familiar de hasta 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

3. No contar con antecedentes financieros desfavorables.

4. Tener Documento Nacional de Identidad Argentino.

5. Presentar toda la documentación relacionada al grupo familiar y las situaciones denunciadas en el formulario web.

6. No ser beneficiario de otro programa del IVC o de la Comisión Municipal de Vivienda (CMV).

7. No figurar en el registro de deudores alimentarios.

El inmueble que se busca alquilar también deberá cumplir con 3 condiciones para poder estar adherido al programa:

1. Estar destinado a vivienda habitacional

2. Estar ubicado dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Tener un valor de alquiler no superior a las 654 UVAs.

Qué entidades aseguradoras están adheridas al programa

De acuerdo a la información disponible en la página web del IVC, el programa abarca los seguros de caución ofrecidos por las siguientes empresas y entidades bancarias:

1. Zonaprop garantías

2. Woranz, compañía de seguros

3. Banco Ciudad

4. Crédito y Caución, compañía de seguros

5. Triunfo Seguros

6. Alba Caución (Alba compañía argentina de seguros S.A.)

Cómo postularse al programa

Para acceder al descuento del 70%, los postulantes que cumplan con los requisitos mencionados deberán ingresar en la página web del IVC. Luego de oprimir el botón “Postulate”, deberán identificarse mediante el sistema miBA. A continuación, deberán completar un formulario web con sus datos personales e ingresar la documentación requerida del grupo familiar y su situación económica. Para ello, el postulante deberá contar con sus recibos de sueldo o constancias de inscripción al Monotributo.

ACM

Tanto en el día a día como cuando viajamos por vacaciones o trabajo, nos aseguramos de que todo en el hogar y en la rutina esté en perfectas condiciones pero, en muchas ocasiones, hay cuestiones que nos escapan y no están en nuestro control y aquí radica la importancia de contar con un seguro para el hogar.

Contratar seguro de hogar es sumamente importante ya que ofrece una solución ante determinados hechos que pueden ocurrir a causa de la inseguridad como robo, daño o ante algún infortunio como incendio.

El seguro de hogar tiene disponibles diferentes coberturas que protegen la vivienda y los bienes que se encuentran en ella, por eso, si estás interesado en tener la protección necesaria para poder vivir con tranquilidad a través del sitio web de Hipotecario Seguros se puede simular el seguro de hogar con solamente algunos datos básicos como nombre, correo electrónico y un teléfono de contacto. Además, la contratación puede ser online en su totalidad haciéndolo más sencillo, seguro y rápido.

Según las necesidades y los presupuestos, se pueden contratar un seguro de hogar de diferentes tipos:

1)     Hogar estándar: comienza desde $583 por mes y ofrece una protección básica para tu hogar, ideal si estás alquilando. Incluye asistencia las 24 horas durante todo el año, brinda protección para tu mascota y bicicleta y un beneficio Prosegur con un descuento del 50%;

2)     Hogar con reintegro: la base de este seguro de hogar es de $714 por mes y al contratarlo se reintegra el 25% en un voucher de Frávega;

3)     Hogar con cámara: se puede contratar este seguro de hogar desde $885 por mes e incluye, además de todos los beneficios anteriores (descontando el reintegro de Frávega), la cámara de monitoreo y el envío al momento de contratar.

Al contratar un seguro de hogar, todos ofrecen cobertura contra incendio, robo o hurto, daños, rotura de cristales, responsabilidad civil ante daños a terceros, asistencia en el hogar como servicios de urgencias en caso de necesitar a un cerrajero, electricista, plomero, entre otros y asistencia ante siniestros como personal de seguridad, grupo electrógeno, hospedaje y servicio de lavandería, entre otros. Los electrodomésticos están cubiertos hasta $90.000.

¿Qué cubre el seguro de hogar?

 1)     Incendios: un incendio puede ocurrir en el edificio, por lo que el seguro de hogar cubre aquellos daños materiales como consecuencia del mismo o de una explosión, lo mismo en caso de granizo, huracán, vientos fuertes, ciclón o tornado.

También del incendio pueden derivar daños materiales de los objetos que se encuentran dentro del hogar como muebles, electrodomésticos, prendas de vestir u otros;

2)     Robo: incluye cualquier tipo de robo ya sea de electrodomésticos, ropa, muebles, dinero y cualquier objeto personal;

3)     Daños: el seguro de hogar te protege ante terceros por la responsabilidad civil que deriva de algún incendio y/o explosión en tu hogar, aunque solamente incluye los daños materiales. Cubre también los daños que se produzcan por robo como el daño a las puertas, ventanas y rejas, entre otros. Además, incluye el daño directo por agua a lo que se encuentra dentro de tu hogar por alguna rotura o inconveniente con las cañerías, tanques o bombas y el daño a cristales, vidrios o espejos;

4)     Electrodomésticos: contratar seguro de hogar permitirá proteger los electrodomésticos ante su pérdida o daño a consecuencia de incendio, robo, hurto o accidente: microondas, televisores, computadora, heladera, sistemas de audio, etc.;

5)     Gastos: el seguro de hogar incluye aquellos gastos por limpieza y retiro de escombros luego de un incendio, y si el hogar se volviera inhabitable también cubre los gastos de hospedaje en un hotel u otra vivienda. 

LS