¿Una herramienta para terminar con la pobreza estructural? Sí, teníamos. En Argentina, durante más de una década logramos construir una política que funcionó: la política nacional de integración sociourbana. Entre 2016 y 2023, con un amplio consenso político que trascendió gestiones, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Posteriormente, con el impulso de los propios vecinos de cada territorio, el Congreso sancionó la Ley 27.453 para llevar obras claves y trabajo mediante cooperativas a villas y asentamientos; al mismo tiempo, se diseñó un mecanismo de financiamiento innovador para darle impulso. En 2025, se eliminó el fondo que permitía financiar estas obras. ¿Por qué nos cuesta tanto sostener lo que sí funciona?

Aún hoy, más de 5,3 millones de personas viven en 6467 barrios populares. La informalidad urbana no es nueva: forma parte de la historia del país desde hace más de un siglo. Lo que sí es nuevo, y decisivo, es la capacidad que hoy tenemos para medir y caracterizar esa realidad. El RENABAP permitió por primera vez construir un diagnóstico homogéneo y detallado sobre las condiciones de hábitat en todo el país.

Los datos que surgen son difíciles de relativizar. Más del 92% de los barrios populares no tienen acceso seguro al agua, el 97% carece de cloacas y más del 98% no cuenta con gas natural. El 66% depende de conexiones eléctricas informales, muchas veces con riesgos severos de seguridad, y siete de cada diez barrios están expuestos a algún tipo de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua).

La inversión necesaria para resolver la brecha de infraestructura en los barrios populares supera los 27.000 millones de dólares. Esto implica sostener una inversión anual de aproximadamente 2250 millones durante 12 años. Sin embargo, desde 2024 la política de integración sociourbana sufrió un proceso de desfinanciamiento y desarticulación. En lo que va de 2025, el gasto ejecutado en programas de integración llegó apenas a 4,2 millones de dólares, es decir, el 0,2% de lo necesario. Frente a esta realidad, la tendencia es clara: se profundiza el déficit, se deterioran las condiciones de vida y crece la desigualdad territorial.

Frente a esta situación, desde Fundar y TECHO elaboramos el informe “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, que propone un camino concreto para reconstruir una política que llegó a generar consensos transversales y resultados tangibles. La primera línea es clara: implementar un plan nacional de infraestructura basado en criterios técnicos de priorización. Esto implica identificar dónde están los déficits más urgentes, dónde existen riesgos ambientales severos, dónde faltan conexiones formales y qué posibilidades reales tienen los gobiernos locales y las comunidades de sostener las intervenciones.

La segunda línea es avanzar en mecanismos de seguridad en la tenencia. Hoy, miles de familias viven sin ningún respaldo documental, lo que limita su acceso a derechos y las expone frente a desalojos. El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado junto con el RENABAP, demostró su utilidad como una herramienta que reconoce el domicilio y habilita trámites y servicios. Para que tenga un mayor alcance, es necesario fortalecerlo, integrarlo con catastros y registros provinciales y consolidarlo como parte de un proceso progresivo hacia mayores niveles de seguridad dominial.

La tercera línea es innovar en el financiamiento. Con un volumen de inversión tan alto, no alcanza con depender del presupuesto anual. Se necesitan instrumentos como bonos sociales, fondos de inversión de impacto, mecanismos de captación de plusvalías urbanas y financiamiento subnacional, que permitan complementar la inversión pública. Integrar barrios populares no puede ser una política que cada gobierno reinicie desde cero: necesita estabilidad, previsibilidad y herramientas financieras acordes al desafío.

Pero hay algo más. Pensar la integración sociourbana no es un ejercicio técnico: es una decisión política sobre prioridades nacionales. Los barrios populares no son una anomalía urbana ni un “problema de las grandes ciudades”. Son una realidad que se extiende en todo el territorio. Están en las periferias metropolitanas, en ciudades intermedias y en localidades chicas.

Integrar los barrios populares es integrar la Argentina. No se trata de “llevar la ciudad” adonde no llega, sino de reconocer que esos barrios ya forman parte del país y merecen las mismas condiciones que el resto del territorio. Se trata de garantizar servicios básicos, pero también derechos; de construir infraestructura, pero también continuidad; de invertir en el hábitat, pero al mismo tiempo en una idea de igualdad que no deje a millones de personas por fuera del desarrollo.

La Argentina ya cuenta con diagnósticos rigurosos, información precisa y experiencia acumulada. Lo que falta es retomar, con seriedad, escala y compromiso, una política pública que no puede depender del ciclo económico ni de la coyuntura de turno. Integrar es posible. Mejor dicho, es urgente. Y es, sobre todo, una condición para cualquier proyecto de desarrollo que busque terminar con la pobreza estructural y para cualquier país que anhele no dejar a millones de personas atrás.

*Juan Maquieyra es director ejecutivo de TECHO Argentina y María Migliore, directora de bienestar compartido en Fundar.

El último enemigo del gobierno de Javier Milei son los fideicomisos públicos, a los que acusa de ser “una caja negra de la política”. Con el mismo trazo grueso con el que encaró los primeros meses de su mandato, el líder libertario encara una batalla política en la que todos los fondos fiduciarios caen en la misma bolsa.

Sin embargo, y al menos para el caso del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los especialistas desmienten a Milei.

“Si hay un fondo que no fue una caja negra de la política fue el FISU. Se lo puede criticar por la falta de financiación, por los escasos recursos que le fueron dedicados, pero no por su falta de transparencia”, explicó a elDiarioAR Marcelo Corti, urbanista y editor de Café de las ciudades.

¿Qué es exactamente el FISU?

Nacida en 2019, tras el impulso de movimientos sociales y líderes barriales, se trata de una herramienta que busca financiar proyectos de urbanización de aquellos asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

La creación de este registro, que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y contó con el apoyo de fuerzas políticas de izquierda y derecha, sirvió para detectar las áreas más críticas en términos de acceso a servicios básicos. Según el último informe del Renabap, entre 4 y 5 millones de personas viven en 6.467 asentamientos en los que al menos la mitad de los vecinos no tienen acceso formal a dos de los tres servicios básicos de agua potable, cloacas y electricidad, ni título de propiedad.

En respuesta a esta desesperante realidad, las autoridades establecieron un mecanismo para financiar progresivamente la urbanización de estos barrios informales: un fideicomiso público que recibe parte de lo recaudado por el impuesto PAIS y por el gravamen a las grandes fortunas del gobierno de Alberto Fernández, sumado a aportes del Tesoro. Esto es básicamente el FISU.

“El FISU es, ante todo, una necesidad legal, ya que su creación fue el fruto de un acuerdo unánime de casi todos los sectores políticos, pero también una obligación moral para los compatriotas que atraviesan una peor situación habitacional”, dijo Corti. “Incluso desde el punto de vista práctico, que la gente viva en barrios mejor organizados con todos los atributos urbanos tiene efectos económicos, fiscales y de seguridad que lo convierten en algo que le conviene a toda la sociedad”.

En 2021, uno de los primeros años donde el programa funcionó a pleno (por mayores fondos provenientes del impuesto a las grandes fortunas), el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda para mujeres de barrios populares.

Según informó oportunamente este medio, el resto se destinó a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Por aquel entonces, la mitad de los proyectos se ubicaron en provincia de Buenos Aires, seguidos en número por Santa Fe, Chaco, Río Negro y Misiones. En diciembre pasado, Fernández cerró su gestión con 1.277 obras de integración y 23.909 lotes con servicios.

Números claros

A pesar de la proliferación de artículos en medios afines al nuevo gobierno que buscan echar un manto de sospecha sobre el destino de los fondos, lo cierto es que las políticas derivadas del Renabap han sido objeto de variadas auditorías externas: desde un informe de resultados hecho por CIPPEC y el Conicet hasta una evaluación de impacto a cargo del área de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, el impacto real de los montos invertidos se pudo seguir mediante el Monitor de obras de Integración Socio Urbana y la transparencia en el área se extendió a los datos compartidos con la prensa. “Pocas veces me pasaron desde una oficina pública información tan detallada sobre obras, gastos e ingresos como cuando pedía datos sobre obras de integración de barrios populares que llevaba adelante el FISU”, dijo esta semana el periodista Fernando Bercovich.

Acaso por eso, y contra lo que declara su propio gobierno, cerca del flamante subsecretario de Integración Socio Urbana Sebastián Pareja reconocen que los fondos “tuvieron mucho vuelo en obras en los barrios y está todo en orden”, como reveló esta semana en elDiarioAR Mauricio Caminos.

Más plata, no menos

Si uno revisa los primeros años de funcionamiento del FISU va a advertir que lo que hace falta es más plata, no menos.

Un solo dato alcanza para dimensionar la magnitud del desafío. En 2019, antes de la pandemia, el ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación Sebastián Welisiejko estimó el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renapab en US$26.000 millones.

Al ritmo actual de erogaciones (en un buen año se invierten US$50 o 70 millones), se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Hay dos motivos por los cuales es importante el FISU”, explicó Welisiejko en diálogo con elDiarioAR. “El primero es para ganar escala, algo que si esto fuera un programa ministerial clásico no se podría lograr. El segundo es para alinear incentivos entre Nación y las provincias y lograr esquemas en los que todos pongan y todos repaguen”.

Welisiejko explicó que la ley que dio origen al fideicomiso le permite recibir diversas fuentes de fondeo, desde donaciones hasta aportes del Tesoro, pasando por asignaciones por tributos específicos (como el impuesto PAIS) y operaciones de crédito público en los mercados. “Todo ese espectro de capital lo concebimos para que fuera un fondo de financiamiento híbrido, bajo la idea de que solo con los aportes del Tesoro no iba a alcanzar”. En ese sentido, el economista cree que el FISU podría –incluso debería– emitir títulos de deuda o valores representativos de deuda (VRD) en el mercado doméstico, “algo que un ministerio jamás podría hacer”.

Para Welisiejko, los fondos fiduciarios forman parte de un debate más amplio sobre la informalidad urbana en Argentina. “Desde hace mucho años, este problema gira en torno a si el Estado nacional le gira o no dinero en forma de subsidios o fondos no reembolsables para urbanizar uno o dos barrios. Eso crea una cultura en la que la provincia o el municipio se desentiende por completo si los fondos de Nación no bajan. Pero ese dinero siempre va a alcanzar para muy poquito”, ilustra.

Si se sigue haciendo lo que se venía haciendo, tal vez se urbanizan 30, 50 barrios populares (sobre un total de 6.400). De allí la importancia de apalancar fondos mediante el FISU. “Más que regalarle soluciones a poquitos hay que financiarle soluciones a muchos”, concluye.

El desafío consiste en lograr un fondo revolvente, no solamente una caja donde el dinero va de un lado a otro, que no dependa mayormente de impuestos nacionales específicos (como el impuesto PAIS, que por definición es limitado en el tiempo) o de las urgencias del Tesoro. Y dado que estas intervenciones terminan generando mejoras educativas, de salud, productivas y de seguridad ciudadana en el terreno, las provincias posiblemente también deban jugar un rol.

FP/DTC

En tiempos de todos contra todos, aún subsiste una política pública que logró trascender la grieta y mejorar la vida a cientos de miles de personas que viven en los barrios más pobres de nuestro país. En tiempos donde nadie escucha a nadie, vale la pena tomarse unos minutos para descubrir esta experiencia, insuficiente pero necesaria, que en pocas horas puede ser objeto de la pulsión destructiva que se dispersa en la sociedad y la política. Lo que pido es que cuidemos una obra bien hecha de la que todos fuimos parte y que funciona desde la Córdoba de Llaryora a la Formosa de Insfrán: la política política nacional de integración sociourbana.

Contraintuitivamente, la mayor política pública de regularización y mejoramiento de barrios populares comenzó durante el macrismo. Fue jalonada por los reclamos históricos de los vecinos y vecinas más postergados y negociada de buena fe entre personas de pensamiento político diametralmente opuesto. Los interlocutores por parte del gobierno eran Rodriguez Simón, Quintana, Stanley y Torello, con la supervisión del propio Marcos Peña y supongo que también de Mauricio Macri. 

Esta negociación —de la que estamos orgullosos— nos valió agrias acusaciones de los que no entienden que la democracia constitucional implica, precisamente, salir de la mentalidad bélica amigo-enemigo y construir acuerdos por el bien común, tan distintos a los pactos de poder que muchos críticos realizan a la sombra del secretismo palaciego. 

El primer paso fue en el 2017, con la creación del ReNaBaP por un decreto presidencial. Un registro que, incorporando tecnología de punta, realizaron técnicos y relevadores en todo el territorio nacional. Fueron más de trece mil personas que detectaron, georeferenciaron y relevaron manzana por manzana, casa por casa, más de 4000 barrios populares. Este ejército de voluntarios de movimientos sociales, la ONG TECHO de mucho prestigio en el sector empresario y Cáritas Argentina construyó la cartografía de un espacio invisibilizado por el rojo-peligro. 

Se consolidó en el 2018 con la Ley de Integración Socio Urbana, presentada por Carrió, Massot y Negri, que cuando parecía naufragar por dudas del Gobierno Nacional en torno a la expropiación de los lotes donde se asientan los barrios —expropiación que finalmente se realizó en los marcos constitucionales sin una sóla reclamación sobre la sacrosanta propiedad—, obtuvimos el apoyo indispensable de Cristina Fernandez de Kirchner que la defendió frente a los propios que no comprendían la trascendencia de la norma. Luego, fue votada por unanimidad en ambas cámaras y tuvo a Silvia Lospennato y Fabio Quetglas en Diputados y en el Senado a Miguel Ángel Pichetto como impulsores del acuerdo pluripartidario. 

En esos años se pudo establecer un piso de acuerdos políticos, que se acompañó con un trabajo técnico ejemplar. Lograron algo tan básico y necesario para el Estado como es delimitar un problema complejo y planificar su resolución a corto, mediano y largo plazo. Por primera vez el Estado Nacional pudo identificar todas las villas y asentamientos del país, la cantidad de familias, suspender allí los desalojos, garantizar seguridad jurídica para habitantes y dueños de las tierras, saber qué servicios faltaban y cuánto costaba realizar las obras básicas necesarias para garantizar lo mínimo. 

En tiempos egoístas y mezquinos, un objetivo común logró unir a todas las fuerzas políticas en el Congreso y a todas las organizaciones de la sociedad civil en los territorios. 

Pero también es cierto que durante el gobierno macrista no se pudo poner ni un foquito de luz, porque faltaba el presupuesto. Se había avanzado en objetivos nobles, trazados por las propias Naciones Unidas, como la seguridad en la tenencia y el reconocimiento de la vivienda familiar, pero las obras de integración verdadera faltaban porque no se destinaba el presupuesto suficiente. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández —por impulso del propio Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán— se destinó el 9% del impuesto PAIS, y luego —por impulso de Máximo Kirchner— el 15% del Aporte de las Grandes Fortunas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 

Toda la normativa creada alrededor del FISU impide que ese dinero se pueda usar para otra cosa que no sea el mejoramiento de los barrios populares y la creación de lotes con servicios para familias socialmente vulnerables. Cualquier gobierno provincial o municipal, del color político que sea, puede hacer uso de esos fondos, siempre y cuando se trate de proyectos de integración socio urbana o nuevos loteos para familias sin vivienda propia, priorizando a las que están en situación de hacinamiento extremo. Esta fue la práctica de la SISU —con la villera y catequista Fernanda Miño a la cabeza— durante el período 2019-2023. Hubo obras en distritos azules, amarillos, provincialistas, del color que fueran, en las 23 provincias + CABA , y en 241 municipios. 

Hubo una cantidad impresionante de obras, por ejemplo, en la Córdoba de Martín Llaryora. Porque en Córdoba hay 37.000 familias viviendo en barrios populares, el 59% de los barrios cuenta con conexión irregular a las redes de servicios. A partir de la inversión con el impuesto PAIS, se logró alcanzar al 10% de estos hogares, con la creación de miles de lotes con servicios, mejoramiento de viviendas y la ejecución de obras integrales 

La experiencia de Córdoba se replicó, en mayor o menor medida y con mayor o menor eficiencia, por parte de los gobiernos provinciales y locales, en todos los distritos y provincias: desde la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodriguez Larreta, hasta la Salta de Gustavo Sáenz, desde la Quilmes de Mayra Mendoza hasta el San Isidro de Gustavo Posse, hoy gobernado por Ramón Lanús, también impulsor de la ley en 2018. 

Tanto los gobiernos provinciales como locales, tanto los movimientos sociales como las organizaciones eclesiales podían presentar sus proyectos que eran perfeccionados técnicamente en la SISU y elevados al Directorio del Fondo de Integración Socio Urbana para su aprobación. No hubo una sola denuncia de corrupción o discrecionalidad. 

Del mismo modo, el programa Mi Pieza —que resolvió la situación de hacinamiento crítico de viviendas muy precarias de los barrios populares para trescientos mil hogares— abordó el problema de la discrecionalidad que genera escasez de recursos en relación a la demanda de personas en idéntica situación mediante el único mecanismo justo que inventó la humanidad ya en la antigua Atenas: el sorteo público y transparente.

Con el programa ARCAS y Lotear —que debería masificarse hasta cubrir la demanda del millón de lotes de familias inscriptas en el Registro Único de Solicitantes— se logró la creación de suelo urbano legal y con servicios para decenas de miles de familias que, de otro modo, posiblemente hubieran terminado en asentamientos precarios o estafados por loteadores como los de González Catán, arriesgando su vida y la de sus hijos, poniéndose sin desearlo en situación de ilegalidad por la imposibilidad de encontrar una vía legal de resolución de ésta necesidad básica. 

Un ejemplo de la integralidad de este trabajo lo podemos encontrar en Mar del Plata dónde se realizaron 48 obras, algunas de gran envergadura, en un municipio gobernado por Montenegro, un alto dirigente del PRO que no tiene particular simpatía con los movimientos. Es lindo el ejemplo porque a pesar de los conflictos entre las organizaciones y la intendencia —algunos incluso escalaron nacionalmente— se pudo trabajar normalmente en relación a las obras concretas. Cerca del 90% de los barrios de Mar del Plata cuenta con una obra financiada por el FISU, ya sea a través de un proyecto de integración socio urbana ejecutado por la Provincia, el Municipio o alguna de las 18 entidades de la sociedad civil presentes en el territorio o a través del programa Mi Pieza. La Ciudad también es conocida por el alto déficit habitacional que impacta de lleno en las dinámicas de la Ciudad, para revertirlo desde el FISU se financiaron seis proyectos de lotes con servicios que generaron 600 lotes con servicios, brindando acceso a la tierra a más de 2.400 personas.

En los 3 años que el Fondo tuvo presupuesto disponible se hicieron 180.000 conexiones domiciliarias a los servicios básicos (agua, cloacas, electricidad y gas), 2.000 kilómetros de redes, 300.000 mejoramientos de viviendas, polideportivos, luminarias, mobiliario urbano y más de 24.000 nuevos lotes con servicios. Se generaron 188.829 puestos de trabajo adecuadamente remunerados, gran parte en manos de los mismos vecinos y vecinas de los barrios. Todo ello fue merecedor de premios internacionales y está descrito con claridad en los informes de gestión y catálogo de obras. 

Entre hoy y mañana se va a discutir si se le quita o no el financiamiento a esta política, la continuidad de las obras en ejecución, la realización de obras nuevas. Hay personas de todos los partidos y bloques que quieren defenderla. Lo hablamos con Negri, Lousteau y Massot, lo hablamos con Martín Llaryora que lidera el scrum de gobernadores que piden la coparticipación de parte del impuesto PAIS y, desde luego, también con el bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Todos acuerdan la importancia de dejar el 9% al Fondo de Integración Socio Urbana. 

Lamentablemente, en el proyecto original, su autor (Sturzenegger tal vez) proyecta su desprecio a los pobres eliminando el porcentaje del impuesto PAIS que tiene asignación específica para la urbanización de los barrios. El financiamiento del FISU, dice la Ley Ómnibus en su redacción original, será exclusivamente a partir de las multas a las protestas sociales. ¿No es una cínica burla clasista? Afortunadamente, otros interlocutores dicen que van a defender el presupuesto para las obras de integración urbana, algunos en off y otros lo plantearon en sus disidencias al dictamen de mayoría (UCR y Coalición Cívica). 

Lo cierto es que si no hay acuerdo con los gobernadores por la coparticipación, el artículo del impuesto PAIS debe modificarse para que al menos el 9% siga vigente. Si hay acuerdo con los gobernadores, que no se haga a costa de dejar a los barrios populares sin financiamiento. Dejarlo como en su redacción original o eliminarlo para incrementar la coparticipación son dos formas de traicionar a los humildes. 

Hay un dato curioso que señaló Sebastián Welisiejko, economista y empresario, secretario de integración urbana bajo el gobierno de Macri. Welisiejko decidió construir en la Quinta de Olivos una vivienda social sustentable prototipo con la técnica de mi querido hermano el padre Mariano Oberlin. La idea —más que buena— era que todos los funcionarios vean lo que se podía hacer para mejorar la situación habitacional de millones de argentinos. Una técnica local desarrollada en conjunto por cooperativas, empresas e iglesias. ¿Qué función cumple ahora? Es la casa de los perros de Milei. No acuso a nadie, es una triste metáfora. 

Este acto simbólico nos muestra lo que va a pasar en la Argentina si no defendemos las cosas que hicimos bien, sean de la gestión que sean: los perros de Milei —o de Alberto— van a vivir y comer mejor que el 65% de los niños de este país. Y no es una metáfora, ya está pasando.

JG/DTC

Nueve de cada diez familias que viven en barrios populares consideran que sus hijos e hijas tienen mayores posibilidades de conseguir empleo si terminan el secundario. Además, sostienen que es importante profundizar la enseñanza de oficios, idiomas y actividades vinculadas con el mundo del trabajo.

Los datos surgen de una encuesta realizada por el Observatorio Argentinos por la Educación junto a Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo de la Nación. “La valoración de la escuela sigue siendo positiva”, afirmó una de las investigadoras que realizó el sondeo.

Se trata de un estudio exploratorio realizado en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares ( ReNaBaP) en los que se encuentran las villas y asentamientos de Argentina. Según la encuesta, realizada a 540 familias, la educación sigue siendo valorada positivamente, sobre todo en cuánto al futuro laboral de sus hijos e hijas.

La investigadora del Observatorio y autora del informe “¿Qué esperan de la educación las familias de los barrios populares?”, Gabriela Catri, considera que “las familias siguen asociando a la escuela con la posibilidad de conseguir un buen empleo, con ser alguien en la vida”. “El hecho de que, a pesar de todo, la escuela siga teniendo una valoración tan buena es un dato positivo. Hay una asociación entre la escuela y la posibilidad de un futuro mejor, con un trabajo en blanco. En las demandas, aparecen predominantemente estas actividades vinculadas al mundo del trabajo”, le dijo Catri a elDiarioAR.

El estudio indagó sobre las demandas espontáneas de las familias y sobresale la necesidad de orientar una formación vinculada a la salida laboral. Si bien pretenden que la escuela aborde cuestiones como Educación Sexual Integral, arte, deporte, cultura, los intereses por oficios, idiomas y actividades vinculadas al mundo del trabajo, son predominantes. En cuanto a las demandas de infraestructura, el 35% de las familias señala que la escuela a la que asiste su hijo se encuentra en condiciones regulares y el 50% afirma que está en buenas condiciones; ​ el 13% restante percibe malas condiciones. Los aspectos que más se repitieron fueron los déficits en calefacción (40%) y baños (39%). También se evidenció la necesidad de más aulas, espacios de recreación, mayor mantenimiento y seguridad. 

Otro de los puntos relevantes de la encuesta tiene que ver con la comida, en la mayoría de los casos, solo reciben una comida liviana. En primaria, solo el 10,4% de los que van 4 horas o menos reciben almuerzo mientras que ese porcentaje aumenta a 62,1% para los que van más de 4 horas. En la secundaria, reciben almuerzo el 25,2% de los que asisten 4 o menos horas y el 25,9% de los que asisten más de 4 horas. “Ahí es donde habría que poner el foco”, afirmó Catri.

La especialista también se refirió a la elección de las escuelas y sostuvo que uno de los principales motivos es la cercanía. “Es el principal factor de elección de la escuela, se relaciona con el tiempo que los niños y niñas tardan en llegar. En general, es bastante bueno: más de un 70% tarda menos de media hora en llegar a la escuela”, agregó. 

En relación con la conectividad, casi 7 de cada 10 familias informaron que las escuelas de sus hijos e hijas tienen conexión a internet. “Es un número alto”, indicó Catri y diferenció los porcentajes entre los distintos niveles escolares. “En general te da el 70% de conectividad, pero en la primaria te da 45% (hay un 25% que no sabe si la escuela tiene conexión) y en la secundaria 75%”, explicó.

CDB/MG

La presidenta de Propuesta Republicana (PRO) Patricia Bullrich, cuestionó este jueves la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de ley de integración socio-urbana de barrios populares, la cual fue sancionada originalmente en 2018. “Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años” dice la imagen de su publicación en Twitter.

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo.” sentenció Bullrich en el tuit. La ley fue aprobada con 227 votos, 39 de los cuales provenieron del espacio el cual preside. Entre los positivos, destacan Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

La reforma obtuvo apenas dos votos en contra, uno de Carolina Píparo de Avanza Libertad y otro de Francisco Sánchez, diputado del PRO de Neuquén, cercano a Bullrich. Marilú Quiroz y Gustavo Hein, ambos del PRO, fueron dos de los tres votos que se abstuvieron. Entre los ausentes, estuvieron Fernando Iglesias y Gerardo Milman, otros dos diputados afines.

La ex ministra de Seguridad fue cruzada por una funcionaria del Gobierno de la Ciudad. María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, le recordó que la norma había sido sancionada durante el gobierno de Cambiemos.

También a través de Twitter, Migliore dijo: “La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio”. Aclaró que “de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas”.

Además, Laura Rodríguez Machado, otra diputada del PRO, dijo en sesión ayer: “Estamos aprobando la prórroga de una ley macrista, sancionada durante el gobierno de Cambiemos, que está destinada a urbanizar y darle dignidad a los barrios populares”. 

La diputada Silvia Lospennato hizo hincapié en Diputados que se trata de una ley que se va “convirtiendo en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. En Twitter, retuiteó las declaraciones de la ministra porteña.

El proyecto que ahora se dirige al Senado, amplía los alcances del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sumando 1271 barrios populares al registro de los 5687 ya contabilizados, así como establecer mecanismos para agilizar procesos administrativos, lograr urbanizaciones más completas y mejoras en el acceso a servicios públicos. Ante la inminencia del vencimiento del plazo de la ley del 2018, se prorrogó por 10 años la suspensión de los desalojos.

LC