Presupuesto 2023: pese a las promesas oficiales, caen las partidas para la urbanización de barrios populares

La mayoría de los habitantes de los barrios populares no accede formalmente a los servicio de energía, agua corriente, gas natural y red cloacal.

En un país donde la fragilidad macroeconómica parece guiar el destino de las políticas públicas, uno de los programas más importantes del gobierno de Alberto Fernández está perdiendo impulso. El proyecto de Presupuesto 2023 que comenzará a tratarse la próxima semana en la Cámara de Diputados prevé una fuerte caída de los fondos destinados a la urbanización de barrios populares.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social a las que accedió elDiarioAR, el presupuesto para el año próximo destina poco menos de $60 mil millones para el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), contra $47 mil millones ejecutados entre enero y septiembre de 2022. Los valores no solo están expresados en pesos, sino que además comparan 12 meses con nueve, lo que –de no mediar reasignaciones de partidas– va a camino a convertirse en un fuerte descenso de los fondos disponibles en términos reales.

En marzo del año pasado, en su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias como presidente, Alberto Fernández había prometido avanzar con la urbanización de barrios populares, que son más de 5.600 en todo el país. “Necesitamos que esa acción se mantenga a lo largo de por los menos una década. Estamos frente a la posibilidad real de tener una política de Estado”, había dicho Fernández.

Este freno a la inversión pública se produce tras dos avances muy positivos en la lucha contra uno de los grandes problemas de Argentina: el déficit de vivienda.

En octubre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso sancionó la Ley de Barrios Populares que, entre otras cosas, reconocía el Registro de Barrios Populares (Renabap), creaba el Programa de Integración Socio Urbana y ordenaba establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas allí ubicadas.

En la reglamentación de la ley se sumaron diversas fuentes de fondeo a los aportes del tesoro nacional, que en general son los únicos que se destinan al mejoramiento del hábitat. De esta manera, se permitió nutrir al fideicomiso con fondos de organismos internacionales, aportes de las provincias y operaciones de crédito público. A esto se le agregó, ya durante la gestión de Fernández, el 15% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas y el 9% de lo que ingresa en concepto de impuesto PAIS, que grava la compra de dólares o los gastos con tarjeta en el exterior.

Es decir que tras años de darle la espalda al problema, y por presión de los movimientos sociales, la política le reconoció derechos fundamentales a las personas que enfrentan las peores condiciones de hábitat y comenzó a delinear mecanismos de financiamiento consistentes.

Fondos insuficientes

¿Qué obras se hicieron hasta el momento? Al fines del año pasado, la Secretaría de Integración Socio Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, indicó que durante 2021 el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda que otorga hasta $240 mil a mujeres de barrios populares.

El resto se destinó, sí, a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Se trata de 756 proyectos, la mitad de los cuales corresponden a la provincia de Buenos Aires. Le siguen Santa Fe (45 convenios firmados por $39 mil millones), Chaco (31 convenios por $5 mil millones), Río Negro (39 convenios por $5 mil millones), Misiones (28 convenios por $5 mil millones) y Córdoba (28 convenios por $4 mil millones).

Para poner el problema en contexto, Sebastián Welisiejko, ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación, recordó que el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renabap ronda los 26.000 millones de dólares y dijo que, al ritmo actual de erogaciones, se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Aún si el esfuerzo fiscal se multiplicara por cinco, pensar esta política pública solamente empujada por fondos federales entregados como subsidios a jurisdicciones subnacionales u otras entidades siempre será insuficiente. No saldremos nunca de la trampa de la anécdota. No invertimos a un ritmo siquiera capaz de responder al crecimiento vegetativo de la demanda,” dijo Welisiejko a elDiarioAR.

La última actualización del Renabap identificó 5.687 barrios populares en todo el país. Allí viven 1,2 millón de familias, equivalentes a 5.280.000 personas. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.933 barrios populares. Junto con Santa Fe y Chaco, componen los tres distritos con mayor número de villas y asentamientos.

En el 68% de los barrios populares identificados, la mayoría de los habitantes no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, mientras que la falta de agua corriente (89% de los barrios) y de acceso a la red cloacal (98%) y de gas natural (99%) se detecta en casi todos ellos.

Tres ejemplos recientes ayudan a dimensionar la escala de la respuesta. En Avellaneda, el mes pasado se aprobó un proyecto para dotar de una nueva red vial, peatonal y desagüe pluvial en el barrio Villa Tranquila y diferentes intervenciones urbanas en pasillos del barrio Isla Maciel. Más al sur, en Ushuaia, 140 familias de barrios postergados accedieron este mes a la conexión de gas natural intradomiciliaria. En el otro extremo del país, en Jujuy, esta semana avanzaron las obras para el escurrimiento de aguas superficiales y de media y baja tensión en el sector La Isla, del barrio San Martín, de la capital provincial.

Nadie podrá discutir que este tipo de obras le cambian la vida a las familias beneficiadas, pero una mirada de conjunto parece sugerir que el problema aún crece a un ritmo mayor que las soluciones.

Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social entre 2019 y 2021, reconoció la caída en términos reales pero se mostró optimista de cara a los próximos meses.

“En la ejecución de los fondos hoy se ven dos grandes líneas, el programa Mi Pieza y la urbanización de barrios propiamente dicha. Mi mirada es que la actual composición 50 y 50 (por ciento de ejecución de cada programa) va a ir cambiando hacia proyectos más pesados”, dijo Arroyo a elDiarioAR. “Dado que la urbanización de barrios se ejecuta a largo plazo, a 24 o 36 meses, creo que vamos camino a un proceso de planes integrales.”

El actual diputado por el Frente de Todos cree que es posible desarrollar 400 proyectos integrales por año y que los fondos obtenidos por el impuesto a las grandes fortunas (que se cobró por única vez) y el flujo del impuesto PAIS son capaces de financiar los proyectos hasta 2024. A partir de ese momento, dijo, los procesos de urbanización de barrios populares van a necesitar una fuente más estable de ingresos “que quede establecida por ley como un porcentaje general del tesoro”.

Welisiejko cree que es hora de expandir el fideicomiso a otras fuentes. “En un contexto de alta restricción fiscal, la inversión necesaria solo es posible si las provincias y municipios (y en menor medida las comunidades) participan activamente del repago de las inversiones, algo que hasta ahora no ocurre”, sostiene. El especialista pidió poner el foco en los privados que se benefician de esos mismos desarrollos, los “free riders” que no pagan por la plusvalía urbana que generan las obras y rezonificaciones encaradas por el Estado. “De existir esos flujos de repago, el fideicomiso creado por ley podría buscar otras fuentes de fondeo, incluyendo el mercado de capitales”, concluyó.

Este miércoles, la Cámara de Diputados comenzó a discutir en comisión un proyecto del gobierno para modificar la Ley de Barrios Populares de 2018. La propuesta busca agilizar los procedimientos administrativos para la urbanización de asentamientos y prorrogar la suspensión de desalojos, inicialmente estipulada por cuatro años.

Recortes en otras áreas

El ajuste también alcanza a otros programas vinculados. El proyecto de presupuesto para el año próximo destina $435 mil millones para todos los programas de la función “Vivienda y Urbanismo”, contra $558 mil millones vigentes para 2022. Las cifras, a precios corrientes de 2023, se desprenden de un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y fueron confirmadas a este medio por Julieta Izcurdia, coordinadora del Programa de Justicia Fiscal de ACIJ.

En este apartado se incluyen, entre otros, la construcción de viviendas de Procrear y del programa “Producción Integral y Acceso al Hábitat”, dependientes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi. “La realidad es que hoy el acceso a la vivienda en Argentina es prácticamente imposible. Crece el déficit habitacional año a año y esto se agrava porque las viviendas que se construyen no crecen al ritmo de la demanda,” dijo a elDiarioAR el diputado Julio Cobos, integrante de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano por Juntos por el Cambio. “La solución de fondo sería recuperar un sistema de crédito sólido, sustentable y accesible”, agregó.

FP

Etiquetas
stats