La Fiscalía de España presentó un recurso contra la decisión de un juzgado de Madrid de abrir una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a instancias de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en noticias de prensa. El Ministerio Público renuncia a recurrir la apertura del caso ante el propio juzgado y salta directamente al filtro de la Audiencia Provincial, solicitando la revocación del auto y el archivo del caso. La Fiscalía entiende que la denuncia de Manos Limpias no aporta ningún indicio que justifique la apertura de una causa penal.

El juzgado hizo ayer pública la admisión a trámite de la denuncia del pseudosindicato de Miguel Bernad contra Begoña Gómez, abriendo unas diligencias que declaró secretas y llamando a declarar en las próximas semanas a los periodistas que firmaron las informaciones que cimentan el pleito. Informaciones sobre la actividad profesional de Gómez en el Africa Center de la International University cuya veracidad, reconoció la propia organización denunciante, no fue verificada.

La Fiscalía, después de recibir el auto de apertura de diligencias del magistrado, optó por recurrir la apertura de diligencias y, en la práctica, solicitar el archivo del caso. No optó por recurrir el auto ante el propio juzgado sino que acudió directamente al organismo superior, la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de supervisar y resolver los recursos del proceso judicial.

La existencia de este proceso judicial se trasladó al terreno político con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse un plazo de cinco días para decidir si sigue en el cargo o si renuncia tras lo que define como una “campaña de acoso” de la derecha y la ultraderecha contra él y su familia. La reacción del PP, después de meses esgrimiendo las mismas informaciones que ha denunciado Manos Limpias para cargar contra Gómez, ha sido acusar a Sánchez de victimizarse y, en palabras de su líder Alberto Núñez Feijóo, querer gobernar por “compasión”.

Las acusaciones de Manos Limpias giran en torno a las cartas que firmó Gómez, en representación de la universidad privada para la que trabaja, recomendando una UTE (unión temporal de empresas) en un proceso de adjudicación pública que finalmente consiguió. Unas misivas idénticas a las que presentó en ese mismo proceso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida, que en el caso de Gómez el pseudosindicato califica de “carta mágica” en su denuncia.

La denuncia también señala, sin ningún tipo de matiz, una noticia falsa publicada hace unos días por el digital The Objective. Una noticia en la que se afirmaba en el titular que el ejecutivo ocultaba los datos de una subvención concedida a Begoña Gómez, ilustrada con una foto de la esposa del presidente del Gobierno. La subvención, en realidad, había sido concedida a una empresaria de la región de Cantabria del sector de la hotelería que se llama igual. Medios como Telemadrid recularon y reconocieron que habían difundido el rumor sin comprobar su contenido.

Son “solo” recortes de prensa

En las últimas horas, la propia organización Manos Limpias reconoció en un comunicado que su denuncia se basa exclusivamente en noticias publicadas en medios de comunicación y que no aporta ningún tipo de prueba añadida. “Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”, dijo Miguel Bernad en un comunicado remitido esta mañana a los medios de comunicación.

Manos Limpias, autodenominado sindicato, lleva más de una década impulsando acciones penales contra líderes políticos, así como jueces y fiscales, con pocas de sus denuncias y querellas pasando el primer filtro de la admisión judicial a trámite. Fueron los artífices de la denuncia que, por ejemplo, llevó al banquillo al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, causa que terminó en absolución. También impulsaron la acusación popular contra la Infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, con los tribunales rechazando su teoría y condenando a hermana del rey como responsable a título lucrativo como pedía la Fiscalía.

En 2016, el propio Miguel Bernad pasó ocho meses en prisión provisional acusado de formar parte de un tándem extorsionador de la mano de Ausbanc, cargos de los que finalmente fue absuelto. El Tribunal Supremo determinó que no podían ser condenados por extorsión.

La errática, acaso indescifrable, estrategia política del gobierno viró la semana pasada de la euforia intransigente a las apretadas desnudas. El jueves, el ministro de Economía afirmó que recortará todas las partidas de las provincias si no se aprueba la ley ómnibus. El viernes, en una reunión de gabinete, el presidente de la Nación habría dicho lo mismo a su estilo: “Los voy a fundir a todos” (frase que los likes del Twitter presidencial parecen confirmar). En este contexto de amenazas para nada veladas, el vocero presidencial anunció que el Ejecutivo le propondrá al procurador general de la Nación la creación de una fiscalía especializada en investigar la corrupción de funcionarios públicos, “especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”. El vocero puso especial énfasis en que esta fiscalía investigaría a funcionarios tanto federales como provinciales.

El zorro pierde el pelo pero no las mañas: como ya varios notaron, el proyecto es o bien redundante o bien imposible. Si la fiscalía busca investigar a los funcionarios nacionales, el gobierno busca reinventar la rueda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que existe desde la década de 1960. Si es cierto, en cambio, que el gobierno busca investigar a funcionarios provinciales y municipales, descubrirá rápidamente que no podrá hacerlo: en nuestra organización federal, los delitos que afectan administraciones provinciales, y no al erario nacional, deben ser investigados por los fiscales y jueces de sus provincias. Éste y otros problemas técnicos, en cualquier caso, pasan a un segundo plano: el momento del anuncio de la creación de la fiscalía y sus potenciales investigados parecen revelar al inviable proyecto gubernamental más como otra amenaza contra mandatarios provinciales no colaborativos que como una preocupación legal. Esta persistente voluntad amedrentadora es lo que aparece a simple vista. Sin embargo, bajo la superficie se revelan tendencias ideológicas más profundas.

En una segunda capa de análisis nos encontramos con una estrategia frecuentemente utilizada por el gobierno: acusar de corruptos a quienes simplemente están en desacuerdo. Ya ante el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia de los 366 artículos, el Presidente señaló, en varias ocasiones, que los legisladores que se oponen en realidad hacen tiempo mientras esperan coimas. La creación de la fiscalía especializada en corrupción, con especial competencia sobre funcionarios provinciales, contiene un mensaje similar. Lo que se trasluce es que los gobernadores también son, en la jerga gubernamental, “casta chorra”, lo que será evidente si se los investiga. 

En esto no hay sólo una amenaza; hay también un mensaje al público: los que se interponen entre las ideas de la libertad y su materialización no son más que delincuentes que se mueven por intereses personales. Estas acusaciones —para las que, naturalmente, jamás se presentan pruebas o siquiera indicios concretos— obturan cualquier debate. Con los ladrones no se discute, se los apresa. La disputa ya no es política sino moral; ya no importa qué hacer con el plazo mínimo de los alquileres, el precio de los libros o la protección de los glaciares, sino que todo es tan simple como optar entre buenos y malos. ¿O acaso usted está a favor del robo?

Con los ladrones no se discute, se los apresa. No es política sino moral; no importan el plazo mínimo de los alquileres, el precio de los libros o la protección de los glaciares. Es simple: optar entre buenos y malos. ¿O acaso usted está a favor del robo?

La oposición entre buenos y malos —en la que los políticos en general, naturalmente, ocupan el lugar de los malos— alcanza intensidades cómicas. En ocasiones, el Presidente ha llegado a plantear que está esperando la respuesta de “la política” a sus propuestas. El Presidente, entonces, no es un político, es un outsider que, en un sacrificio altruista, decide meter sus pies en el barro de la política para salvarnos a todos de ella. El resto —legisladores, gobernadores, jueces, hasta académicos o artistas— no son más que parias que viven de lo público. Cualquier reserva que planteen es —a no engañarse— miedo a perder sus privilegios. 

Así llegamos, finalmente, al núcleo de la cuestión. Debajo de las acusaciones de corrupción dirigidas contra determinados grupos de políticos, según la necesidad del día, yace una impugnación más general y más fuerte: la política en sí es corrupta. Como explica Martin Gurri en La rebelión del público, “no se puede condenar a los políticos durante demasiado tiempo sin que se haga necesario cuestionar la legitimidad del sistema que los produce”. Parafraseando al Presidente, cuestionar la legitimidad del sistema político en general es, en todo tiempo y todo lugar, un fenómeno populista. Ninguna sociedad compleja puede organizarse sin lo que llamamos política; nuestro deseo de que sea mejor de lo que es en la decepcionante realidad no puede llevarnos a negar un hecho tan inevitable. La antipolítica, como es obvio, es también política (más precisamente, mala política).

Estas diatribas selectivas contra la política en momentos de crisis desde ya no son nuevas, ni lo son sus consecuencias. En 1915, un joven periodista italiano escribía que estaba “firmemente convencido de que para la salud de Italia hace falta fusilar —sí, fusilar— por la espalda una docena de diputados y encerrar de por vida al menos a un par de ex ministros”. “No sólo eso —decía—: creo, con fe cada vez más profunda, que el Parlamento en Italia es el forúnculo pestífero que envenena la sangre de la Nación. Hay que extirparlo”. Siete años después, cumplió su promesa.

MA/SG/JJD

Dani Alves ya sabe a qué pena se enfrenta. La Fiscalía solicitó nueve años de cárcel para el futbolista al considerarlo autor de una agresión sexual a una joven la madrugada del 31 de diciembre del año pasado en la discoteca Sutton de Barcelona. 

El escrito de acusación de la Fiscalía es un nuevo paso hacia el juicio que celebrará la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona. Al permanecer Dani Alves en prisión preventiva desde el pasado mes de enero, la vista oral no se demorará y podría celebrarse en el primer trimestre del año que viene.

La petición de la Fiscalía incluye una petición de indemnización a Alves de 150.000 euros, una cantidad que el futbolista ya consignó en verano tras ser procesado para hacer frente a su eventual responsabilidad en caso de condena.

La Fiscalía relata en su escrito una violación violenta y sin consentimiento alguno por parte de la denunciante. Todo empezó a las 2.30h., cuando la joven entró en la discoteca junto a su prima y una amiga. Alves las vio desde el reservado del local y solicitó al camarero que invitara a las chicas a tomar una copa de champagne con él. Las jóvenes, según la fiscal, rechazaron la primera oferta pero ante la “insistencia” del futbolista, accedieron al reservado.

Tras invitar a las tres chicas a champagne, Alves y un amigo empezaron a bailar con ellas. El futbolista, advierte la fiscal, “estuvo todo el tiempo” pendiente de la denunciante, hasta el punto de que, situado detrás de ella, le agarró la mano “y se la acercó a la zona de su pene”. La joven “apartó rápidamente la mano al percatarse” de las intenciones del jugador.

Sobre las 3.40, continúa el escrito, Alves, desde la puerta del baño del reservado, pidió a la chica que acudiera al lavabo. La joven accedió y entró en el pequeño baño “desconociendo” que era un cubículo diminuto, resalta la fiscal. Le pidió que la dejara salir, pero Alves se negó, agrega el Ministerio Público.

Fue en ese momento, que no captaron las cámaras de seguridad, en el que empezó la agresión sexual, que la joven viene denunciando desde esa misma madrugada. Alves, al contrario, cambió cuatro veces de versión: de negar contacto sexual alguno pasó a reconocer que hubo una relación, pero siempre consentida.

Según la Fiscalía, Alves “empezó a manosear” a la joven en el baño “con ánimo lascivo y una clara intención de satisfacer sus deseos sexuales”. El Ministerio Público asegura que, primero, Alves intentó forzar a la joven a que le hiciera una felación. La joven se resistió y el futbolista habría respondido propidándole varias bofetadas en la cara y exigiendo que la chica dijera “soy tu putita”.

“Ante la actitud violenta [de Alves] –ahonda la Fiscalía–, la joven se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, llegando a sentir que le faltaba el aire dada la situación de angustia y terror ante lo que estaba viviendo”.

Tras este primer episodio violento, la Fiscalía asegura que Alves manoseó de nuevo a la víctima y consumó la violación sin usar preservativo. Sobre las 4.00., concluye la fiscal, el futbolista salió del baño, cogió una copa y se dirigió hacia una mesa del reservado. Minutos después salió de la discoteca, llegándose a cruzar con la víctima, que ya estaba contando lo ocurrido al personal de seguridad, pero sin dirigirle la palabra.

Alves afrontará su juicio con un reguero de “indicios fundados” en su contra, según dejó escrito la Audiencia de Barcelona. Por contra el futbolista mantiene, tras varios cambios de versión, que se trataron de relaciones sexuales consentidas. El juicio servirá para determinar si se confirman los indicios o no hay suficientes pruebas para condenar al jugador.

La joven ha mantenido una versión clara y detallada desde la madrugada de los hechos, cuando alertó a la seguridad de la discoteca que había sido violada. Ante los Mossos d'Esquadra primero y la jueza después, su relato no ha incurrido en contradicciones. 

Para el futbolista, en cambio, la versión de la joven carece de credibilidad porque antes de lo ocurrido en el baño, alega Alves, ambos estuvieron bailando y la denunciante quiso ligar con él.

Este alegato defensivo de Alves fue duramente reprochado por la Audiencia de Barcelona en su último auto contrario a dejar en libertad al futbolista. Para los jueces, todo lo ocurrido antes de la entrada en el pequeño baño de la discoteca Sutton donde presuntamente ocurrió la agresión sexual “no determina ni que la denunciante hubiera consentido la relación sexual con penetración que consta acreditada, ni que mintiera sobre la misma”, tal y como insinuaba la defensa.

Rebelde, obstinado, brillante y fuera de lo común. José Federico Delgado, fiscal federal, escritor, profesor, mentor, esposo, amigo, padre orgulloso de tres hijos, falleció este sábado 26 de agosto de 2023. Tenía 54 años, pero vivió muchas vidas. Se le notaba en la mirada y en la piel, pero nunca en la voz.

Las necrológicas siempre deben incluir los datos clásicos, pero nada tiene de clásico la existencia de Delgado. Titular de la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 6 de la ciudad de Buenos Aires desde hacía un cuarto de siglo, investigó a militares, políticos, jueces y empresarios; narcos y tratantes de personas; defraudadores y abusadores de poder. 

Entre las causas en las que se desempeñó estuvieron el caso de los sobornos en el Senado; la investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército; el megacanje de la deuda externa durante el gobierno de la Alianza; la masacre ferroviaria de Once; los Panamá Papers; Odebrecht; y la tragedia de Time Warp.

Abogado (UBA) y licenciado en Ciencia Política (UBA), escribió libros, ensayos, columnas y otros textos sobre derecho, filosofía y ciencia política. No perteneció a la “familia judicial” y arrancó de abajo, de meritorio, pero emergió del sistema y se convirtió en su principal detractor interno. 

Siempre se paró del lado de los más débiles, de los vulnerables, de los sin voz, aún en los peores momentos de los tribunales que habitaba, Comodoro Py 2002. Aún cuando sintió cómo la soledad le tatuaba la piel.

Federico Delgado nadaba. Jugaba al tenis. Pedaleaba su bicicleta. Corría carreras. Corría también en la vida. Todo era para ayer. Así, sin querer, mientras otros vivían una vida, él multiplicaba su estadía.

Su mente brillante y devoradora de libros no paró ni en los peores momentos de su enfermedad, un cáncer de pulmón que le llegó a pesar de haber renunciado al cigarrillo desde hacía años. 

En las últimas semanas, Federico Delgado pedía libros, libros, libros. Quería leer. Quería escribir. Entregó su última columna en elDiarioAR el día de las elecciones primarias, el 13 de agosto último. 

Padre dedicado y compañero. En agosto, lanzó un podcast con sus hijos titulado El hilo de Teseo. Publicó el último episodio el viernes último.

Federico Delgado nadaba. Jugaba al tenis. Pedaleaba su bicicleta. Corría carreras. Corría también en la vida. Todo era para ayer. Así, sin querer, mientras otros vivían una vida, él multiplicaba su estadía

Delgado podía ser un hombre muy solidario. También, dejarse llevar por el enojo. Pero esos límites a los que se sometía lo convirtieron en una de las personas más auténticas de los tribunales de Comodoro Py, donde dio batallas cuando nadie las daba, en los momentos más oscuros de ese edificio gris, un color que Delgado no conocía. 

Existían muy pocas medias tintas y grises en su vida. Tenía amigos o enemigos, admiradores o detractores. Generaba cariño incondicional o miradas feroces. 

Lo observaba todo. No se le escapaba nada. Tomaba nota en sus listas mentales y las consultaba toda vez que fuera necesario.

Todo giraba alrededor de una palabra, un poder y un concepto: la Justicia. Se permitió ser crudo, incluso con amigos que hoy, igual, lo están llorando porque Federico Delgado marcó sus vidas.

Escéptico, huidor del burócrata judicial, una de las razones que lo llevaron a estudiar ciencia política. Temperamental, impulsivo, irónico y ácido. El planificado mecanismo de defensa, la coraza de un hombre sensible.

También fue piadoso y benefactor porque no podía evitarlo, porque lo consideraba justo. En los momentos más difíciles, daba la mano para abrir las puertas, aunque quemara la manija. Honesto, aunque doliera. Dejó un tendal de heridos: por sus investigaciones y por su ausencia.

Cabulero, desobediente, profundo y conversador. Mensajero permanente: con su ropa, su inamovible corte de pelo, su presencia austera

Inquieto. Alentador de desafíos ajenos y apostador de talentos y almas nobles. Federico Delgado dejó aprendices que vuelan solos. De su fiscalía salieron fiscales y un juez federal. Enseñó otra manera de ver y entender la Justicia y una forma diferente, nueva, de comunicar desde la Justicia para la gente. Sus colaboradores de ayer y hoy lo consideran un mentor. En los peores años de Comodoro Py fue un oasis para muchos y muchas. Le están muy agradecidos.

Profesor de Derecho, educador de malas experiencias y errores propios, y del ritual del buen cebador. Para periodistas y recién llegados, interruptor de luz en los pasillos oscuros y guía de la voluntad para exponer a quienes detestaba por su naturaleza y emergencia: los poderosos que hacían sentir su propia ley. 

Nunca le gustó reconocerlo pero él también tuvo poder: abrió investigaciones necesarias, impulsó causas justas y cerró expedientes para él injustos o innecesarios. 

Cabulero, reservado y desobediente. Profundo y conversador. Mensajero permanente: con su ropa, su inamovible corte de pelo, su presencia austera. Matero a ultranza y cafetero del Varela Varelita, donde pasaba parte de sus tardes leyendo y escribiendo, y donde sus amigos y amigas lo despedirán este martes por la tarde. Federico Delgado se fue de este mundo pero quedará en él para siempre.

ED

La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un “esquema delictivo” para “imponer” ideas y “combatir las ajenas por la fuerza y el temor” y que eso sembró en la sociedad la escalada de “violencia y odio” cuyo “acto más trascendente” resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación” cometido el 1 de septiembre último, sostuvo en su dictamen sobre el accionar de Revolución Federal, el fiscal del caso Gerardo Pollicita.

En el dictamen en el que pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que “la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales”.

“Llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, sostiene la imputación fiscal.

La fiscalía advirtió que “concretamente se pudo corroborar que a través de la agrupación Revolución Federal en el período reseñado (al menos desde mayo de 2022) los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas”

Esto estuvo dirigido “principalmente a funcionarios públicos de la actual gestión del PEN, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda entre otros, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”, agregó.

“Sosa y Morel (imputados como presuntos organizadores) decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes”, remarcó el fiscal.

Los acusados tenían como objetivo “planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches y actos intimidatorios” que la fiscalía enumeró en el dictamen de 49 carillas entregado al juez.

Desde la agrupación “utilizaron las redes sociales como herramientas de difusión -donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población -siendo que por aquella vía y por las calles alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio”, concluyó.

Con información de agencias.

IG