Las modificaciones a la ley de Discapacidad y al proyecto de Financiamiento Universitario figuran entre las iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso con el objetivo de “compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”. También se prevén cambios en la ley de Glaciares, según adelantaron fuentes oficiales.

Estas definiciones surgieron de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno que encabezó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, donde se delinearon las principales prioridades de la agenda legislativa para 2026.

Durante el encuentro, además, se avanzó en la elaboración del paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento. Entre las iniciativas centrales figuran la reforma del Código Penal -con foco en el endurecimiento de las penas- y un conjunto de leyes vinculadas a la defensa de la propiedad privada.

Ese paquete incluirá, entre otras medidas, modificaciones a la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de fuegos, así como un proyecto de regularización dominial orientado a la integración socio-urbana.

La reunión se desarrolló en medio de un contexto político complejo para el oficialismo, tras la difusión de nuevas pruebas en la causa $LIBRA y a pocos días de la polémica generada por el vuelo a Punta del Este que Adorni realizó junto a su familia.

El encuentro se extendió durante dos horas en las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada. Participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien busca ordenar la estrategia parlamentaria para avanzar con la media sanción pendiente de la ley de Glaciares.

En términos formales, el encuentro permitió al oficialismo delinear las claves de su agenda legislativa y comenzar a diagramar las negociaciones políticas que deberán encarar los referentes designados por el presidente para avanzar con los proyectos en el Congreso.

Justicia

En paralelo, Juan Bautista Mahiques mantuvo una reunión con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, ante quienes ratificó el compromiso del Gobierno de avanzar con la cobertura de vacantes judiciales.

El funcionario planteó la necesidad de completar más de 300 cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida que el Ejecutivo considera clave para normalizar el funcionamiento del sistema judicial.

El encuentro también funcionó como una instancia de contención política luego de una de las semanas más complejas para el Gobierno en el plano mediático y judicial. En los últimos días se conocieron nuevos elementos en la causa $LIBRA, a partir de peritajes realizados al teléfono de Mauricio Novelli que revelarían supuestas conversaciones con funcionarios del Gobierno durante la noche del 14 de febrero de 2025.

La reunión de la mesa política fue además la primera luego de los cambios en el Gabinete que implicaron la salida de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia. Ambos fueron reemplazados por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, designaciones que contaron con el aval de Karina Milei. Según fuentes oficiales, los cambios en el área podrían continuar en los próximos días, ya que la secretaria general de la Presidencia supervisa de cerca distintas áreas de la administración con el objetivo de reorganizar equipos y ampliar su influencia dentro del Gobierno.

Con información de la agencia NA

En medio del avance del proyecto punitivista impulsado por el Gobierno para reformar el Código Penal, un amplio arco de juristas, docentes universitarios y magistrados salió a cuestionar con dureza la metodología oficial y reclamó frenar el tratamiento “express” para abrir un debate democrático, plural y con respaldo técnico. Las críticas apuntan tanto al procedimiento legislativo elegido como al contenido de la iniciativa, que consideran incompatible con garantías constitucionales básicas.

El pronunciamiento fue encabezado por la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal (AAPDP) y reúne cientos de firmas de penalistas de todo el país. En el documento, expresan su “repudio ante el tratamiento express de la reforma penal durante las sesiones legislativas extraordinarias” y advierten que una actualización del Código Penal “no puede resolverse a libro cerrado”, sino que exige consensos políticos amplios y la participación activa de la sociedad civil democratizar la reforma penal.

Las objeciones se producen mientras el oficialismo impulsa una reforma que endurece penas, amplía restricciones a la libertad anticipada y refuerza un enfoque de castigo frente al delito, en línea con una política criminal de corte punitivista. Tal como viene señalando elDiarioAR, el proyecto oficial avanza sin instancias de discusión pública y con un sesgo que prioriza el aumento de condenas por sobre una revisión integral y garantista del sistema penal.

Desde la AAPDP alertan que las declaraciones del propio Gobierno “lejos de garantizar un proceso democrático de la reforma penal, avalan una codificación ideologizada y desprovista del diálogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad” al nuevo Código. En ese sentido, advierten que el modo de tramitación elegido erosiona la calidad institucional y anticipa un texto con serias falencias jurídicas.

El documento reivindica como antecedentes válidos los procesos de reforma de 2006–2007 y 2012–2014, que se apoyaron en comisiones plurales, audiencias públicas y debates académicos amplios. También recupera el digesto jurídico argentino como base normativa y subraya la tradición histórica del derecho penal local, caracterizada por el respeto a las garantías constitucionales. “El derecho penal debe ser, en cierta medida, un apéndice de la Constitución Nacional”, sostienen los firmantes, y remarcan que ese límite no puede ser ignorado en un proceso legislativo de esta magnitud.

Entre quienes adhieren al reclamo figuran ex jueces de la Corte, camaristas, fiscales, defensores y docentes de universidades públicas y privadas de todo el país, incluidos nombres de peso como Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Slokar, Daniel Erbetta, Javier De Luca, Omar Palermo y Matilde Bruera.

En concreto, los penalistas solicitan al Congreso que posponga el tratamiento del proyecto hasta las sesiones ordinarias y que garantice la participación efectiva de universidades, institutos especializados, colegios profesionales, asociaciones de magistrados y organizaciones de derechos humanos. El objetivo, señalan, es habilitar la presentación de aportes críticos y propuestas alternativas frente a una reforma que, de avanzar sin cambios, podría consolidar un giro regresivo en materia de derechos y política criminal.

MC

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.

El decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante ese período solo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. 

Ese texto prevé para el año próximo un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario para la Administración Pública Nacional, en línea con la estrategia de consolidación fiscal.

También se incorporó al temario el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pensada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.

Entre las iniciativas destacadas figura además un proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso y que, según adelantaron voceros oficiales, incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de “actualizar” la legislación frente a nuevas formas de empleo.

El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal, también a ser enviada por el Ejecutivo, y con una ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisará la normativa vigente (Ley 26.639) para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, en especial en actividades extractivas en zonas cordilleranas.

Los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias:

El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con la impunidad”. El mismo se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describen como “una tomada de pelo a toda la sociedad”. 

En este sentido, la iniciativa propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”.

Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena.

Los puntos principales del anteproyecto

El Ejecutivo propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto.

Entre los casos más relevantes, el homicidio simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”.

El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y uso de imágenes de explotación sexual infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en “4 a 12 años de prisión”.

El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.

Imprescriptibilidad de delitos graves

Una de las modificaciones más profundas es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca el texto.

Prisión efectiva y restricciones a beneficios

El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”.

Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas.

La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.

“Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes.

Ejecución de la pena y otras reformas

Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.

También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Tras la voluntad del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias, en Casa Rosada piensan en un potencial desdoblamiento de las fechas para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspiran a sancionar en el segundo tramo de la gestión. 

El Gobierno quiere tratar el Presupuesto 2026 durante diciembre, desde el 10 al 31 del mes, e incluir el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

En los planes, el presidente Javier Milei busca cambiar el régimen y blindar la normativa simplificada del impuesto a las Ganancias para los que tienen dólares fuera del sistema financiero los reintroduzcan sin recibir sanciones económicas ni persecuciones penales, según informa la agencia Noticias Argentinas.

Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un parate y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero. 

Para el segundo mes del año, la administración libertaria apuesta a tratar las reformas de segunda generación, aún sin brindar precisiones del detalle de las mismas, y trabaja para aprobar cambios tributarios, laborales y en última instancia, previsionales.  

Otra “transformación” clave que intentarán pasar en febrero son las modificaciones al Código Penal, en las que trabajó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para endurecer las penas, combatir el narcotráfico y la corrupción, entre otros puntos. 

En los nuevos contactos con los gobernadores establecidos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, los flamantes funcionarios receptaron la insistencia por aprobar el decreto para aplicar cambios en la reglamentación de la Ley de Glaciares, con la idea de extender las áreas habilitadas de explotación.

“Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, reclamó Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, a la salida de su visita a Casa Rosada.

Sin embargo, no es el único. También adhieren al pedido las autoridades de las provincias mineras de Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz.  

A la espera de la formalización del llamado a prolongar las sesiones, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la reciente electa senadora Patricia Bullrich, quien a partir del 10 de diciembre se transformará en la jefa de bloque de La Libertad Avanza, ya activan sus primeras reuniones para avanzar en la resolución del temario durante el primer tramo del año. 

Con información de agencias.

IG

Frente a un Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA colmado de alumnos, docentes y dirigentes políticos, sociales y gremiales, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni presentó la tercera edición de Derecho Penal. Parte General. Convocó a “combatir por la igual” y lanzó críticas al proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno.

“Combatir por la igualdad es la única vía para mantener el Estado de Derecho”, dijo el ex magistrado durante un diálogo que unió a la UBA, con las universidades de la UNAM y la UFRJ –consideradas 3 de las 10 más prestigiosas de Latinoamerica– donde se reflexionó sobre las mutaciones de los sistemas penales.

En su intervención, en el marco de la UBA Zaffaroni destacó la necesidad de defender la universidad pública, gratuita y de calidad, y advirtió sobre el avance del punitivismo y los riesgos de los nuevos paradigmas tecnológicos. “La revolución digital y la inteligencia artificial no son herramientas del futuro, sino realidades presentes que profundizan los riesgos de vigilancia y control”, señaló.

El ex magistrado también dedicó un tramo de su exposición a defender a las pequeñas y medianas empresas, a las que definió como “el corazón productivo del país”, y exhortó a “asumir su defensa frente al desahucio económico”.

“Frente a los modelos que buscan desbaratarlo, debemos persistir en la lucha por el Estado de derecho”, exhortó a los jóvenes y estudiantes que colmaban el auditorio.

Un punto fuerte de la clase magistral del académico fue la crítica al proyecto oficial de reforma del Código Penal, que Javier Milei quiere apurar en las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso. Lo calificó como “una iniciativa carente de técnica legislativa, incapaz de resolver los problemas que pretende abordar”. Zaffaroni advirtió además sobre la utilización histórica del derecho penal como herramienta de legitimación de genocidios y alertó sobre “la crisis generalizada del Estado de derecho”.

La iniciativa oficialista promueve un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevos delitos, como el cibercrimen con inteligencia artificial. La intención libertaria es aprovechar la avanzada legislativa desde el próximo 10 de diciembre para sancionarlo.

Zaffaroni expuso junto a los coautores de su texto, Alejandro Alagia y Alejandro W. Slokar, quienes presentaron una obra que, traducida y adaptada en distintos países de la región, se considera una referencia central del garantismo penal en lengua castellana.

El evento reunió a figuras del ámbito académico, judicial y político, entre ellos Fernando Tenorio Tagle y Patricia González Rodríguez (Universidad Nacional Autónoma de México), Salo de Carvalho (Universidad Federal de Río de Janeiro), Mario “Paco” Manrique, Maia Volcovinsky, Nicolás Trotta, Daniel Herrero, Juan Martín Mena y Myriam Bregman.

MC

El presidente Javier Milei presentó la tarde de este jueves en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso y sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel”.

En el acto estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el nuevo Código Penal “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.

Estuvo presente el diputado José Luis Espert, recientemente involucrado en una controversia por presuntos aportes irregulares a su campaña de 2019 de parte de un empresario investigado en Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico.

Durante su intervención, Milei defendió el proyecto y reclamó apoyo parlamentario. “Con estas reformas de tolerancia cero la delincuencia la va a pagar en serio si es que el Congreso las aprueba. Ahora depende del Congreso que se ponga del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Esperemos que los diputados y senadores comprendan esto”, señaló.

“Durante mucho tiempo se hizo de la víctima el victimario y de esa manera se relajaron las penas. No había costo para aquél que causaba daño a sus semejantes. Eso derivó en una situación de caos, que convirtió al país en un baño de sangre con ausencia de orden. Eso también conduce al empobrecimiento y termina hundiendo al país”, sostuvo el presidente. “Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición. Necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga. Hay que tener penas más duras”.

CRM

El Senado convirtió en ley dos proyectos fundamentales para reforzar la lucha contra el crimen organizado y endurecer las penas a delincuentes reincidentes.

En una extensa jornada desarrollada este jueves, por un lado, con 38 votos afirmativos y sin negativas ni abstenciones, la Cámara alta aprobó la ley antimafia, una iniciativa que busca un abordaje integral contra el crimen organizado. La votación contó con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y otros espacios federales. Dos senadores kirchneristas, Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy), también votaron a favor, mientras que el resto del bloque se retiró antes de la votación.

Esta reforma del Código Penal endurece las penas para delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. Entre sus principales disposiciones, establece penas de 8 a 20 años de prisión para quienes pertenezcan a organizaciones criminales. Además, la pena máxima aplicable al delito más grave cometido por la organización también se extenderá a todos sus miembros, bajo el criterio de que todos contribuyen a la ejecución del crimen.

La ley introduce la figura de la Zona de Investigación Especial, que permitirá respuestas más rápidas y efectivas al crimen organizado. En estas zonas, la Justicia Federal tendrá competencia exclusiva y podrá coordinar con fiscales provinciales y unidades especializadas para investigar delitos de alta complejidad. También amplía facultades para detener sospechosos hasta 48 horas, con posibilidad de extensión a 15 días en casos de delincuencia transnacional. Otras medidas incluyen la incautación de bienes vinculados al crimen organizado, allanamientos sin demora en cárceles y la posibilidad de intervenir comunicaciones con autorización judicial.

En paralelo, el Senado también convirtió en ley la reforma al Código Procesal Penal Federal, que busca eliminar la “puerta giratoria” en la justicia. La norma, aprobada con 67 votos afirmativos y sin abstenciones, endurece los criterios de detención y reincidencia para evitar la liberación de delincuentes que vuelven a cometer delitos.

Una de las modificaciones clave es la introducción del concepto de “reiterancia”, que permite la detención inmediata de personas procesadas que cometan nuevos delitos. Además, se establece que una persona será considerada reincidente si ha sido condenada al menos dos veces con penas privativas de libertad, incluso si una de ellas fue impuesta en el extranjero por un delito que amerite extradición según la legislación argentina.

La nueva normativa también permite la acumulación de condenas impuestas por distintos tribunales, con un límite máximo de 50 años de prisión. Sin embargo, no se tomará en cuenta para la reincidencia las condenas impuestas a menores de 18 años o aquellas en las que haya existido una amnistía.

MM

El gobierno de Javier Milei prepara un proyecto para endurecer el Código Penal para que sea “más punitivo” que el actual. La redacción está a cargo del Ministerio de Justicia y el cuerpo prevé iniciativas como que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin ninguna clase de reducciones o beneficios.

“Se está trabajando en una reforma del Código Penal. Estamos escribiendo uno nuevo, queremos elevar todas las penas porque nos parece que es muy condescendiente con los victimarios”, planteó un importante funcionario de la gestión libertaria a la agencia Noticias Argentinas.

Para la gestión libertaria, las penas actuales “son irrelevantes” y solo “funcionan si se tiene miedo” a las mismas. “Las de hoy no inhabilitan la comisión del delito”, analizó la fuente consultada por la agencia. Al respecto, agregó que se busca un Código Penal “que sea punitivo, que el que comete un delito tenga miedo de ir preso 20 años”. “Porque hoy entran y salen al día siguiente y entonces, ¿cuál es el miedo a cometer un delito?. Queremos castigar más al delincuente”, insistió.

Por otra parte, dijo que para el Gobierno “un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social”. “La cadena perpetua tiene que ser efectiva, en el caso de la violación no sé si debería corresponder perpetua pero buscaremos que la pena, al menos, sea lo más larga posible”, detalló.

Consultado sobre si se centrará sólo en lo punitivo y dejará de lado el costado de la reinserción social de los delincuentes, el funcionario respondió: “No es excluyente lo punitivo con la reinserción social. Pero hasta que no cambiemos el sistema penitenciario, la cárcel hoy es un posgrado en delito”. En ese sentido, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en avanzar en el proyecto de cárceles privadas.

Según el actual Código Penal, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y, si se cumplen ciertas condiciones, como no volver a delinquir, la pena se extingue 10 años más tarde.

En las cárceles de todo el país hay unas 56.000 personas condenadas, de las cuales cerca de 2.500, esto es, menos del 5%, tienen pena de prisión perpetua, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.

En otra línea de sus reformas al Código Penal, el Gobierno ya adelantó que quiere eliminar la figura del femicidio como agravante en casos de homicidio por razones de género, como anticipó días atrás elDiarioAR. El argumento libertario es que “la Justicia debe juzgar a todos por igual, sin distinciones basadas en características personales o identitarias”.

MM con información de la agencia NA.

Ayer, el Ministerio de Seguridad anunció que enviará un proyecto de ley relativo al acceso de armas de fuego en Argentina. Lo que surge del comunicado ministerial es la voluntad del gobierno de que “los argentinos que quieran tener armas en sus casas, puedan hacerlo”. El objetivo sería intensificar “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”. Entre las formas de implementar esta política, estarían eliminar pasos burocráticos para ser Legítimo Usuario, eliminar una nueva acreditación de idoneidad en el manejo de armas para renovar la credencial de Legítimo Usuario y regularizar la tenencia de armas por parte de usuarios irregulares.

Es difícil saber qué está detrás de esta nueva iniciativa gubernamental, pero lo que es seguro es que no es la evidencia científica. Los estudios disponibles muestran que, lejos de aumentar la seguridad ciudadana, la flexibilización en los requisitos para la tenencia de armas aumentan el crimen violento, en particular, y la seguridad ciudadana, en general. Esto es claro aun cuando los estudios sobre el impacto de la libre portación y tenencia de armas son escasos, debido a restricciones gubernamentales a su financiamiento, producto de lobbies de asociaciones pro-armas.

El país en el que más se ha investigado sobre la tenencia de armas es Estados Unidos, dado que su regulación es más laxa que la del resto de países occidentales desarrollados. Estados Unidos es, además, el lugar al que Milei mira con mayor admiración a la hora de importar políticas, lo que parece especialmente claro en este tema en concreto. Allí, la desregulación en la portación de armas se expandió en el último medio siglo: en 1970, sólo cinco estados tenían leyes abiertas respecto de la libre tenencia y portación de armas. Hoy, la cifra pasó a cuarenta y dos estados (de un total de cincuenta). Esto ha llevado a que, en la actualidad, Estados Unidos sea el país con más armas per cápita del mundo. En el mismo lapso, se ha convertido, entre los países desarrollados, en el líder, por habitante, en homicidios causados por armas de fuego, en violencia con armas de fuego en general y en suicidios y accidentes por el uso de armas de fuego.

Desagregados, los datos son aún más ilustrativos. Entre otras cosas, se ha observado que las personas que conviven con un portador de armas tienen el doble de posibilidades de morir en un homicidio; además, tienen siete veces más posibilidades de ser asesinadas por su conviviente (el 80% de las víctimas son mujeres). Tener un arma en casa también facilita el suicidio: los hombres que tienen un arma en casa se suicidan con un arma de fuego ocho veces más que los que no la tienen; entre las mujeres, la tasa es de treinta y cinco veces más suicidios entre las que pueden acceder a un arma en su casa. Para los niños la situación no mejora: en los Estados con leyes que facilitan la tenencia de armas hay dos veces más muertes de niños producto de heridas con armas de fuego y también es mayor el suicidio infantil. Otra consecuencia de las desregulaciones en materia armamentística son los tiroteos masivos, especialmente en escuelas, que destruyen comunidades enteras.

Aun así, podría objetarse que si la tenencia de armas genera un descenso en el delito tan grande que compensa los efectos ¿colaterales? expuestos, todavía es posible argumentar a favor de la desregulación. Pero esto no es así. Por el contrario, el delito violento tiende a aumentar hasta un 15% en lugares con pocas restricciones a la tenencia de armas. En suma, ni siquiera un argumento de ultraderecha tal como “la gente tiene que poder matar al que entra a robar” sirve para sostener la desregulación. La libre circulación de armas facilita el acceso a ellas, también, por parte de bandas criminales y grupos violentos, con lo que, como muestran los números, el delito sube con este tipo de políticas.

Todos estos números, ya de por sí más que preocupantes, podrían ser peores aún en nuestro país si se combinan con otras iniciativas gubernamentales. Aquí no me refiero, simplemente, a que en una situación de recesión económica y de desmantelamiento de la asistencia estatal el delito tiende a subir (lo que muestran todos los estudios), y a que con armas en circulación esto puede generar un combo explosivo. Apunto a cuestiones más concretas. Como marcaron los senadores Lousteau y Di Tullio, en la Ley Bases, el silencio administrativo positivo genera que ante un pedido al Estado, la no respuesta se tome como un sí. En esta ley, a diferencia de lo que sucede en otros países, no hay una excepción en materia armamentística. Es decir que si pido un arma y por problemas burocráticos no me responden, podré tenerla. Esto, sumado a la falta de acreditación de idoneidad en la renovación de la credencial de Legítimo Usuario que impulsa el Ministerio de Seguridad, puede dar lugar a que todos, aun los menos aptos y recomendables, tengan armas.

Por último, es importante notar que, aun cuando es indudable que la seguridad es un problema grave en Argentina, el delito violento no llega a cifras que ameriten decisiones excepcionales. La tasa de homicidios en Argentina es de las más bajas de la región (31 entre 46 países) y, además, ha bajado a la mitad en los últimos quince años. Es, incluso, más baja que en Estados Unidos, donde ronda los 6/100.000 homicidios, contra 4/100.000 en Argentina. Liberar la tenencia de armas en un contexto recesivo, con un Estado ausente y sin controles administrativos terminará con esta realidad y pasaremos a subir posiciones en otro ranking que nadie quiere liderar: el de homicidios y muertes por uso de armas de fuego. Y esto no servirá, ni siquiera, para que neo-fascistas celebren la muerte de quienes cometen delitos. Porque también morirán niños, mujeres, personas con problemas de salud mental o gente que, ante la crisis, vea el arma en su cajón como una salida.

MA/JJD

La muerte de Morena, de 11 años, tras ser asaltada cuando caminaba hacia su escuela, reflejó, una vez más, la falta de respuestas de la dirigencia política en materia de seguridad. Todos los partidos políticos suspendieron sus actos de cierre de campaña, a modo de duelo, pero, probablemente, también como forma de no tener que decir mucho sobre un crimen que salpica a todos. El mal manejo municipal es evidente ya en el hecho de que está en funciones un intendente interino, Diego Kravetz, debido a que el intendente electo, Néstor Grindetti, se tomó licencia para presidir un club de fútbol. La reacción de Kravetz ante el hecho consistió en señalar como responsable del delito a un chico de 14 años, pero la participación del menor fue desmentida rápidamente por la fiscal del caso. Al nivel del gobierno provincial el delito también representa un problema, dado que sucedió en jurisdicción de la policía bonaerense. En el plano nacional, está claro que el abandono de zonas carenciadas no puede escindirse de la situación económica del país. Ante la dificultad para dar explicaciones serias, lo que proliferó fueron los pedidos genéricos de justicia, fácilmente traducibles como “castigo a los responsables”.

Este tipo de reacción genérica no es una novedad. Hace tiempo que los principales partidos políticos convergen en discursos de mano dura ante los delitos más frecuentes en barrios carenciados: hurtos y robos (el garantismo penal aparece cuando hay que defender a algún empresario amigo o respaldar la violencia policial). Que la mano dura sea la respuesta, por ejemplo, del bullrichismo, no sorprende: al fin y al cabo, la suya es una plataforma expresamente de derecha. Lo que quizás sí es más llamativo es cómo dirigentes políticos con otras ideologías también se suben al tren punitivista en materia de seguridad.

La desesperación de Larreta por mostrar que su intransigencia con el delito es igual a la de Bullrich quedó clara cuando le dio el primer lugar en la lista de senadores por PBA a un candidato que defiende la pena de muerte. Otro exponente de que puede haber diversidad de enfoques en muchos temas, pero no en seguridad, es Martín Lousteau. El candidato a jefe de gobierno de la UCR se define como liberal de izquierda, pero propone una ciudad 100% vigilada por cámaras de seguridad: extraño el liberal que propone vivir monitoreado por el Estado. También en la CABA, Leandro Santoro propone mejorar la seguridad con “políticas de shock en zonas calientes”.

La derechización del discurso sobre el delito no es una excepción argentina. Hace tiempo que la criminología detectó cómo partidos en competencia comparten discursos de mano dura y cómo, en muchos casos, fue la izquierda la que llenó las cárceles. Blair y Clinton son los ejemplos clásicos. Una explicación posible de este fenómeno sería que la ciudadanía exigiera unanimemente más dureza penal: castigos más largos, más incapacitaciones, prisiones preventivas por motivos de seguridad. Sin embargo, los estudios disponibles desacreditan esa lectura. Cuando la gente participa en escenarios deliberativos en los que se le da información de calidad, suele pensar políticas públicas y leyes menos severas que las existentes. Además, cuando cuentan con la información real de una causa, las personas suelen ser menos críticas de la labor judicial que al leer los medios de comunicación. A esto se suma que la mayoría de las personas entienden que cuando alguien que delinquió tiene un valor asociacional alto (capacidad de reincorporarse a la sociedad) debe buscarse resocializarlo, y no excluirlo. Naturalmente, hay sectores que piden por soluciones de mano dura, pero nada indica que se trate de toda la población.

Otra explicación del enfoque punitivo hacia el delito por parte de la dirigencia política podría tener que ver con que, más allá de lo que piense la ciudadanía, aumentar el castigo penal funciona como respuesta al delito. Sin embargo, esto no es así. Los estudios empíricos sobre el tema reflejan que aumentar las penas no genera un impacto disuasivo relevante sobre el crimen. Además, el aumento de las tasas de prisionización que se experimentó a nivel mundial a partir de 1970 y que dejó atrás políticas de rehabilitación e inclusión no llevó a una baja del delito, sino más bien lo contrario. En este sentido, un paso por la cárcel excluye a una persona del sistema y le hace difícil reintegrarse a la sociedad al recuperar la libertad, lo que ya de por sí fomenta el delito, al tiempo que facilita la generación de vínculos criminales.

Pero si no es la presión ciudadana y ni la eficiencia de la mano dura, ¿qué fomenta la unificación del discurso político en el punitivismo penal? Una posibilidad es una mala lectura de la realidad. Esto se daría, por ejemplo, si la dirigencia política supusiera que todos pedimos más penas cuando no es así. Algo de esto puede haber, pero tiendo a pensar en que el punitivismo es consecuente con el debilitamiento del Estado, fenómeno que es evidente en la Argentina de hoy. La incapacidad del Estado para abordar muchas temáticas que en algún momento reguló con éxito es evidente. Por ejemplo, hace años que queda clara la incapacidad estatal, más allá de los gobiernos, para controlar la inflación o para redistribuir la riqueza.

En el plano educativo, la educación pública sigue siendo enorme, pero la educación privada, en todos los niveles, se ha convertido en una opción que consideran cada vez más sectores. Lo mismo sucede con la salud, donde la diferencia entre contar con una prepaga y no hacerlo es muy notoria. En este contexto, la seguridad es, quizás, el espacio en el que el Estado aun conserva un dominio más claro: a pesar de la proliferación de mecanismos de seguridad privada, como los barrios cerrados, todavía el Estado es el único que puede imponer un castigo penal y el único apto para brindar seguridad a gran escala. Solo en seguridad el Estado puede justificar con contundencia su existencia y decir “acá estoy yo y te voy a brindar un servicio que no puede brindarte otro”.

Esto, de todos modos, podría explicar por qué la seguridad suele ser un eje constante del discurso público, pero no por qué ese discurso es, a su vez, punitivo: lógicamente, podría enfocarse la seguridad desde otras miradas. Sin embargo, la explicación a la convergencia punitiva es parte del mismo problema: dar respuestas al delito alternativas a la mano dura y de probado éxito requiere una estructura estatal hoy no disponible. A nivel global, lo que más correlación tiene con la baja del delito es la inclusión económica y social: en sociedades con igualdad de oportunidades el crimen es mucho más infrecuente.

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema. En cuanto a lo que hace específicamente a la seguridad (porque delito siempre hay) lo más eficiente son sistemas que priorizan una alta detección del delito y condenas cortas dictadas con rapidez: lo que disuade no es el miedo a una pena alta, sino el miedo a que te agarren (el caso argentino refleja bien por qué: podemos subir las penas todo lo que queramos, pero es difícil disuadir cuando menos del 1% de los delitos investigados judicialmente, que, a su vez, son muchos menos que los cometidos, terminan en condena). Esto se logra con policías y jueces provistos de recursos y altamente capacitados. Pero, claro, proponer que no haya más crímenes como el de Morena bajando la inflación, redistribuyendo y creando una justicia eficiente sería casi lo mismo como decir “voy a prevenir el delito arreglando el país”. Eso no está en el menú. Lo que por ahora pueden ofrecernos es caerle a los pocos que agarremos con todo el peso posible. Con esto, tal vez todavía nos convenzamos de que el Estado nos cuida y podamos dormir tranquilos un ratito más.

El Gobierno español propuso eliminar el actual delito de sedición, penado actualmente para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación.

Este es el texto completo de la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición que plantean Unidas Podemos y PSOE en su proposición de ley:

“-Se suprime el Capítulo I del Título XXII (se trata de los artículos 544 al 549, que son los que hacían referencia al delito de sedición, donde aparece la pena de prisión actual de ocho a diez años y de diez a quince años para las autoridades y una inhabilitación de cargos públicos de cuatro a ocho años).

-Se modifica el artículo 557, que queda redactado como sigue:

1. “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación:

a) sobre las personas o las cosas; u

b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o

c) invadiendo instalaciones o edificios

2. Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público con el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años.

3. Las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje. Estas penas se aplicarán en un grado superior cuando se portaran armas de fuego.

4. La provocación, la conspiración y la proposición para las conductas previstas en los números dos y tres del presente artículo serán punibles con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas.

5. Será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años quien en lugar concurrido provocará avalancha, estampida u otra reacción análoga en el público que pongan en situación de peligro la vida o la salud de las personas.

6. Las penas señaladas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que les puedan corresponder a los actos concretos de lesiones, amenazas, coacciones o daños que se hubieran llevado a cabo.“

-Se modifica el artículo 557 bis, que queda redactado como sigue:

“Los que, sin hacer uso de violencia o intimidación y sin estar comprendidos en el artículo anterior, actuando en grupo invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código.”

-Se suprime el artículo 557 ter.

-Se suprime el artículo 559.

-Se modifica el apartado 4 del artículo 573 bis, que queda redactado como sigue:

“El delito de desórdenes públicos previsto en los apartados dos y tres del artículo 557, así como el delito de rebelión, cuando se cometan por una organización o grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se castigarán con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos”.

Europa Press.

IG