Donald Trump está aplicando con el Signalgate la misma táctica que usó en los enjuiciamientos por el asalto al Capitolio y el intento de interferencia electoral: atacar y negar. Aun así, la campaña de contención de daños para minimizar el primer escándalo de la nueva administración parece que no está funcionando a nivel interno. A puerta cerrada, aliados del presidente estadounidense han empezado a mostrar sus dudas respecto a las capacidades de algunos de los miembros del gabinete que estaban en el chat de Signal que incluyó por error a un periodista en las conversaciones sobre los bombardeos estadounidenses de Yemen.  

El consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, ya se responsabilizó en una entrevista en la Fox por añadir por error al periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, al chat donde se compartieron al detalle los planes para bombardear objetivos hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo. Aun así, Waltz seguía sin saber explicar cómo el periodista acabó por error en el grupo. La Casa Blanca ha confirmado que Elon Musk está ayudando a descubrir cómo se produjo dicho error. En las capturas publicadas por The Atlantic para demostrar que se compartió información confidencial se puede ver claramente la notificación de “Michael Waltz te ha añadido al grupo”.  

Trump, que en un inicio cerró filas y defendió a Waltz, empezó luego a cambiar el tono. “Mike Waltz, supongo que dijo que se atribuyó la responsabilidad —relató Trump el miércoles por la noche— Supongo que nadie más estuvo implicado. Creo que fue Mike, no lo sé”, dijo, al tiempo que trató de exculpar al secretario de Defensa: “¿Cómo involucrar a [Pete] Hegseth? No tuvo nada que ver... Mirad, todo es una caza de brujas”.  

El cambio en el relato llega en medio de comentarios internos por parte de trabajadores de la Casa Blanca y el Pentágono que creen que quien realmente metió la pata fue el secretario de Defensa, Pete Hegseth.  

Cuando salió a la luz el escándalo, a principios de semana, la Casa Blanca descartó ceses. El mismo Trump los desestimaba el martes y el miércoles la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguraba que el presidente seguía “confiando en su equipo de seguridad nacional”. Para entonces, dentro del gobierno, diversos cargos ya decían que era imposible que Waltz sobreviviera a la crisis. 

Pero la publicación íntegra de los mensajes, que revela que Hegseth envió detallada información de los objetivos o los aviones de caza que participarían, entre otros extremos, ha puesto en cuestión su liderazgo al frente del Pentágono. Fuentes de la Casa Blanca explicaban a Politico que “en privado hay mucha preocupación sobre su actuación, más que con Waltz”. Otra persona del entorno expresaba las mismas dudas al medio: “¿Qué sucederá cuando Hegseth necesite gestionar una crisis real?” 

La simpatía de Trump por Hegseth ya quedó más que probada con su nombramiento. Cuando el magnate anunció al presentador de la Fox como candidato a liderar el departamento de Defensa, no pareció importarle el historial de alcoholismo de Hegseth o la denuncia por agresión sexual que se le interpuso en el pasado. Tampoco escuchó aquellas voces que consideraban que, a pesar de que Hegseth había servido como soldado, no tenía experiencia coordinando a grandes grupos. El mismo interesado llegó a reconocer que, a lo sumo, pudo tener a su mando a un centenar de personas.  

El escándalo del Signalgate llega después de que el secretario de Defensa haya protagonizado otros errores importantes, pero menos mediáticos. Entre ellos, unas declaraciones de febrero sobre las negociaciones de la guerra en Ucrania en Bruselas que tuvo que rectificar —dio por hecho que Ucrania no entraría en la OTAN ni recuperaría sus fronteras anteriores a la invasión rusa— y un fallido intento de enviar a miles de migrantes detenidos a la base militar de Guantánamo.

A la ofensiva sin admitir nada

La táctica de atacar y negar por parte de Trump implica que no puede haber dimisiones. Si una sola destitución ya supondría reconocer la gravedad del error, dos (Waltz y Hegseth) pondrían la credibilidad de la actual administración en juego. Aún peor sería la imagen dada si se tiene en cuenta que tan solo se han cumplido dos meses de gobierno. Pero parece que Trump tendrá que hacer un cálculo de daños para salvar las distancias entre sus ideales y la realidad. Más allá de las críticas internas, también hay en marcha una investigación bipartidista sobre el episodio por parte de los líderes del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.  

El senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador demócrata Jack Reed firmaron una carta dirigida al inspector general en funciones del Departamento de Defensa para solicitar una investigación sobre el uso de plataformas no clasificadas para discutir información sensible y secreta. Por no hablar de la iniciativa que han puesto en marcha los legisladores demócratas que exigen la dimisión del secretario de Defensa. Incluso han aparecido campañas en sitios web progresistas para pedir que se investigue al jefe del Pentágono.  

Paralelamente, el gobierno Trump también está acorralado por los tribunales. El caso Signalgate ha empezado su recorrido judicial y la causa ha ido a parar a manos del juez federal James Boasberg. Se trata del mismo magistrado a quien Trump quiere que se destituya por bloquear el uso de la ley de enemigos extranjeros en las deportaciones de venezolanos a El Salvador. 

El juez federal aún está determinando si Trump ignoró su orden judicial al deportar 200 migrantes venezolanos a El Salvador el pasado 15 de marzo. La Casa Blanca ha rehusado informarle de a qué hora partió el avión —y así entorpecer la investigación— con el argumento de que se trata de un secreto de estado, pero Boasberg tendrá ahora que escuchar que los detalles para bombardear los hutíes no eran información clasificada.  

Por el momento, el juez ya ha ordenado al gobierno Trump que conserve los mensajes enviados entre el 11 de marzo y el 15 de marzo en el chat de Signal. La medida exige que las agencias federales cuyos líderes participaron en la conversación mantengan todos los mensajes enviados a través de la aplicación. Un abogado de la administración Trump ha declarado que las agencias federales ya están trabajando para concretar qué registros se conservan todavía. 

En esta batalla legal, la Casa Blanca ya se está cubriendo las espaldas. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, dijo en la cadena Fox News que es poco probable que se produzca una investigación criminal por el caso. Además, advirtió de que Boasberg no debería involucrarse en el caso Signal ni en otros que impliquen al presidente, y acusó al magistrado de tratar de “entorpecer la agenda de Donald Trump” y de no ser “objetivo”.

El ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D'Alessandro se presentó este martes como testigo en el marco del juicio político que se desarrolla en la Cámara de Diputados y donde evitó responder si conoce al vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y calificó las filtraciones de los supuestos chats entre ambos funcionarios públicos como “una operación de inteligencia”.

“No fue una filtración sino una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho y lo que se ha publicado es una página de internet en la cual se han supuesto distintos chats”, dijo D’Alessandro, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA). 

Tras dos convocatorias fallidas en las que se ausentó por “motivos personales”, y tras un ultimátum del oficialismo que lo convocó bajo apercibimiento judicial, el ex ministro del PRO compareció finalmente en la audiencia de este martes vinculada a la causa “coparticipación”, por la cual se investiga una presunta trama de connivencia y tráfico de influencias entre la Corte y el Gobierno porteño detrás del fallo que benefició a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

D'Alessandro fue citado a raíz de las revelaciones que surgieron del hackeo de su teléfono celular que sacaron a la superficie conversaciones con Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, presidente del supremo tribunal.

La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D'Alessandro-Robles fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente benefició al distrito porteño al elevar la cuota de coparticipación para la jurisdicción gobernada por Rodríguez Larreta.

Al contestar una pregunta de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, D´Alessandro recordó que la línea de su teléfono celular, del cual se filtraron las presuntas conversaciones con Robles, fue “robada”, hecho por el cual él mismo hizo inmediatamente denuncias ante la Justicia Federal y ante la Justicia de la Ciudad.

“No es una presunción (su versión) sino que hay mucha información de muchas pericias que se han realizado y hay muchas personas que han confesado porque han sido contratadas para estas tareas de inteligencia. Ya se constató que es una operación de inteligencia”, remarcó.

Para D´Alessandro “el tema de los supuestos chats ya los saldó la Justicia” al “haber dictaminado la situación delictual en estos supuestos contenidos que se vieron en una página de internet”. 

“Jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones. Y ésta por suerte ya se pudo comprobar a los autores materiales y ojalá se puede llegar a los autores intelectuales”, continuó.

No conforme con la respuesta, Siley le preguntó si esas causas presentadas en juzgados de distintas provincias del país están cerradas con sentencia definitiva. “Si están cerradas, ¿por qué se ampara en el artículo 18?”, interrogó la legisladora del Frente de Todos. Dicho artículo constitucional garantiza el derecho de no declarar contra sí mismo. La respuesta de D´Alessandro fue ambigua: “Algunas de esas denuncias se han acumulado”, comentó. 

A continuación, se leyó uno de los supuestos diálogos que habría mantenido D´Alessandro con Robles de acuerdo a lo publicado por un medio de comunicación escrito.

La lectura fue impugnada por Juntos por el Cambio, por entender que la Justicia demostró que fue obtenido ilegalmente a través del hackeo a la línea telefónica del teléfono celular de D’Alessandro. 

El diputado del PRO Pablo Tonelli reclamó que se retire la lectura de la versión taquigráfica de la audiencia ya que esos chats no podían ser tomados como prueba en la investigación.

Su par Alejandro Finocchiaro llegó a decir que tomar como válidos esos presuntos chats era equivalente a tomar como prueba una confesión bajo tortura.

“Una cosa es que se haya obtenido ilegalmente y otra cosa es afirmar la falsedad del contenido, algo que no está comprobado”, replicó la oficialista Mara Brawer.

D’Alessandro evitó responder si conoce a Robles, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

En ese punto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que el delito de falso testimonio no aplica solamente a la acción de mentir sino a omitir la verdad.

Por otra parte, ante la pregunta de Siley sobre los motivos de su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad en medio de las filtraciones de los chats o supuestos chats, el testigo respondió que decidió alejarse del cargo “por motivos personales”.

Al respecto, negó haber sido presionado para apartarse del Gobierno. “Bajo ningún punto de vista. A mí nadie me presionó. Son absolutos motivos personales. La función de ministro de una de las ciudades más importantes que tiene Latinoamérica exigen que uno esté 24x7, y la verdad que presentarse como querellante le quita horas a la gestión. Pero a mí nadie me presionó para que yo renunciara”, aclaró.

Tras el testimonio de D'Alessandro, la comisión procedió a tomarle declaración al procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

ED

Cabizbajo, contenido y decidido a no pisar sobre vidrios rotos, Silvio Robles, vocero, mano derecha y director de la vocalía del juez Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia, declaró este martes ante la comisión de Juicio Político. Fue una nueva jornada en la investigación contra los cuatro jueces del máximo tribunal por supuesto mal desempeño, en la que se esperaba una tensa reunión entre el testigo, los diputados del oficialismo y los de la oposición. Así fue. La declaración se extendió por casi cuatro horas.

Sin embargo, el balance final de este martes es que la comisión sigue sin hallar pruebas contundentes para elaborar una acusación formal contra los magistrados por el caso de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como el fallo de la coparticipación.

“Testigo renuente”, “manifiestamente reticente”, “mentiroso compulsivo”, fuera de micrófono“ y ”operador“ de Rosatti fueron algunas de las frases utilizadas por los diputados del Frente de Todos para describir a Robles durante el interrogatorio. 

Una opción del oficialismo era solicitar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que ordene la detención del testigo por haberse negado a responder la mayoría de las preguntas del interrogatorio, pero no fueron por la opción máxima. También podrían haber denunciado penalmente por falso testimonio. 

En cambio, el Frente de Todos votó por mayoría que se le solicite a la Corte la eximición de la confidencialidad como funcionario judicial para volver a citar a Robles y que no pueda apelar al artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional para no responder gran parte de las preguntas. También ordenaron un careo con Daniel Marchi, ex administrador de la Corte y uno de los hombres más poderosos en el tribunal hasta abril último, cuando los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz ordenaron su traslado en medio de una interna ya extendida con el juez Ricardo Lorenzetti.

En la mayoría de las preguntas, las respuestas del funcionario judicial fueron las mismas: “No intervengo en cuestiones jurisdiccionales” y “no voy a contestar”, en base al artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a no autoincriminarse al declarar; y del “artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional”, que obliga a los funcionarios judiciales a guardar reserva de los asuntos vinculados con las funciones de los tribunales.

Robles es uno de los protagonistas de los “supuestos chats” filtrados tras el hackeo al teléfono del exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba citado este martes a declarar en la comisión parlamentaria, pero solicitó reprogramar la fecha. Si no se presentaban o no justificaban su ausencia, el oficialismo podría haber pedido la detención de ambos.

Estas dos declaraciones —la de Robles y la de D’Alessandro— se debían realizar en el marco de uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña. Es el pedido formal de juicio político que presentó el presidente Alberto Fernández junto a gobernadores oficialistas.

“Me siento hostigado”, dijo Robles —un hombre conocido por su vehemencia, la que no afloró durante la declaración— luego de que el diputado Germán Martínez (Frente de Todos) perdiera la paciencia y le recriminara su reticencia a responder las preguntas, y le recordara: “Usted es funcionario público”. “He recibido acusaciones sin fundamentos reales”, afirmó Robles en la comisión de Diputados. También sostuvo que los oficialistas en la comisión le “faltaban el respeto” y “le imputaban delitos” durante el interrogatorio.

Testigo o acusados

El interrogatorio giró en torno de cuestiones que Robles entendió que si las respondía podían incriminarlo penalmente. Los testigos están obligados por ley a declarar la verdad pero no a declarar contra sí mismos o autoimputarse la comisión de delitos sin presencia de su abogado defensor y en el marco de una declaración indagatoria, en la que puede negarse a declarar. 

Robles no es blanco de la investigación de la comisión ya que por su cargo no puede ser sometido a juicio político, pero sí puede ser denunciado nuevamente por delitos penales en el ejercicio de su función, como, por ejemplo, presunto tráfico de influencias.

“Usted tiene el cargo más alto en la vocalía del doctor Rosatti”, le recordó la diputada Mabel Brawer (Frente de Todos) cuando Robles se negaba a responder sus preguntas sobre el funcionamiento de la vocalía y cargos de otros funcionarios.

“”Si alguien piensa que hay oscuridad o poca transparencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, usted lo ratificó ampliamente aquí. La verdad es que es tan oscura la Corte como su presencia en este lugar. No nos ha dicho absolutamente nada“, le dijo el diputado Juan Manuel Pedrini (Frente de Todos) al testigo antes de interrogarlo. Sus dichos desataron gritos de queja de los diputados de Juntos por el Cambio. ”Me ha discriminado“, le respondió Robles, y con su usual ironía agregó: ”Quiero que conste en acta que un hombre del peronismo me acaba de discriminar diciéndome oscura presencia“.

¿Por qué se las preguntaban entonces? Porque Robles es uno de los platos fuertes de este proceso contra los jueces de la Corte y una de las variables que motivaron el pedido de juicio político que presentaron el presidente Fernández y gobernadores tiene justamente que ver con los chats o supuestos chats entre Robles y D’Alessandro. El Presidente lo negó en entrevistas a principios de año y dijo que la denuncia contra los jueces de la Corte era previa a la filtración, pero la presentación fue justamente posterior a que se dieran a conocer las conversaciones o supuestas conversaciones. 

Estos chats o supuestos chats se filtraron el 30 de diciembre, Fernández anunció el 1° de enero de 2023 que denunciaría a Rosatti y sus colegas Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda; y la denuncia de Presidencia es del 4 de enero.

El oficialismo quiere probar que el fallo contra el Gobierno Nacional se debió a una decisión partidaria, no política o jurídica, aunque demostrar que la decisión jurídica de uno o cuatro jueces es causal de juicio político o motivo de mal desempeño no es fácil; pero es menos difícil demostrar que hubo un presunto tráfico de influencias entre Rosatti y el gobierno de Larreta, vía Robles y D’Alessandro. Eso sí sería causal de mal desempeño de un juez. 

D’Alessandro y el fallo

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o “supuestos chats” en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño intercambiaban información sobre fallos de la Corte, entre ellos el que se centra en el reparto de la coparticipación. Las conversaciones virtuales -según D’Alessandro los chats son falsas-, muestran una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del juez Rosatti y el entonces ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

Robles se negó a responderle al diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) —el encargado de mantener la calma y principal interrogador en la reunión— sobre si conocía a Marcelo D’Alessandro. “Hay cuestiones que están judicializadas”; “no voy a responder a esa pregunta”, afirmó el funcionario judicial.

Al inicio de su declaración, Robles sostuvo sobre Rosatti: “Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos”.

Luego Robles pidió autorización para leer un texto de una carilla en el que dijo que había sido injuriado por integrantes de la comisión, Leopoldo Moreau le señaló que estaba “victimizando al doctor Rosatti”, quien “aún no está formalmente acusado por la comisión de Juicio Político”; e insinuó que el testigo estaba propiciando “un show periodístico”.

“La única causa [penal] que se le inició [por los supuestos chats] está cerrada. Otras denuncias fueron acumuladas material y jurídicamente a la causa. Están todas acumuladas, todas cerradas”, planteó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos).

“La causa está archivada, no cerrada, lo que no significa cosa juzgada o terminada, no hay sobreseimiento”, lo contradijo Juan Manuel López (Coalición Cívica, Juntos por el Cambio). “Puede ser reabierta por cualquier prueba o hecho que surja posteriormente”, aclaró el diputado opositor.

“Cada vez que una persona interpreta que algo que pueda decir lo incrimine, tiene derecho a no declarar”, dijo Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio).

ED/JJD

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, principal objetivo del pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los jueces del máximo tribunal, retomará funciones el próximo lunes 16, cuando regrese de sus vacaciones y quede a cargo de las actividades cortesanas durante enero, de acuerdo con la agenda que dejaron los supremos para la feria de verano. 

Ese mismo lunes se espera que también regrese su vocero y mano derecha, Silvio Robles, explicó una fuente allegada la funcionario de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro. 

En los tribunales de Comodoro Py, un expediente contra Robles acumula al menos dos denuncias que circulan desde el martes 3 de enero entre distintos jueces y fiscales. Lo inició el abogado Gustavo Marano, defensor de uno de los tres procesados por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso.

La denuncia presentada por Marano contra Robles el martes 3 de enero por “averiguación de delito” entró en un laberinto de excusaciones que la tienen viajando entre despachos de distintos jueces. Aún no cuenta con un requerimiento fiscal que dé apertura formal a una causa debido a que el primer fiscal de turno, Carlos Rívolo, debió excusarse al tomar conocimiento de que según los chat filtrados el magistrado figuraría como “contacto frecuente” del funcionario D’Alessandro, aunque Rívolo negó en un escrito haber tenido más de dos comunicaciones telefónicas con el ministro por cuestiones oficiales.

El segundo fiscal sorteado, Ramiro González, aún no intervino porque los juzgados han trabado un conflicto de competencia, como adelantó el viernes este medio.

La semana última, las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti se inhibieron de intervenir en el caso. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Leopoldo Bruglia, ordenó este lunes que el expediente quedará momentáneamente a cargo del juzgado federal número 5 (Capuchetti), de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

En realidad, las denuncias contra Robles por supuestamente haber intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero como el juez está de vacaciones, la jueza que lo subroga, Servini, se inhibió de intervenir y envió la causa a sorteo. 

Después de Servini, la jueza Capuchetti quedó a cargo del expediente, el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, la criticó por dar clases a la policía porteña. La magistrada también rechazó intervenir. Por eso, el presidente de la Cámara Federal debió decidir quién continuaba a cargo, como sucede en este tipo de conflictos. Bruglia determinó que en febrero, Lijo y Capuchetti deberán volver a discutir quién será el juez de la causa contra el principal colaborador del presidente de la Corte.

Tras las idas y vueltas en el fuero de Retiro, el expediente debía regresar este martes al juzgado de Capuchetti, pero la jueza había comenzado este lunes sus vacaciones de verano y ya había acordado semanas antes que el juez Julián Ercolini la subrogará durante su ausencia, explicó una fuente judicial con conocimiento directo de los hechos. 

Todo indica que Ercolini también deberá inhibirse y sería el tercer magistrado en rechazar el expediente, ya que el juez es eje de otra denuncia del Gobierno, también relacionada con otros chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro D’Alessandro. El caso tramita en la Justicia federal de Bariloche y se conoce como “Lago Escondido”.

Por lo tanto, y hasta febrero, el juez Sebastián Ramos, tal vez el magistrado de más bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, quedaría esta semana a cargo del caso momentáneamente, hasta que Lijo y Capuchetti retomen sus actividades.

El teléfono y el caso 

No se trata de un expediente político más. El caso contra Robles nació en Santiago del Estero el lunes 2 de enero, luego de que el gobernador Zamora, aliado del kirchnerismo, solicitara al juez federal Molinari, con jurisdicción en su provincia, que ordene a Robles entregar sus teléfonos oficiales para que sean peritados.

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para probar si esos chats son veraces o adulterados. El ministro D’Alessandro sostiene que las conversaciones filtradas que lo comprometen a él y a sus interlocutores son falsas. Pero, como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez Molinari ordenó la medida pero Robles, de vacaciones, no se encuentra en los domicilios donde fue a notificarlo la Policía Federal, por lo que sus teléfonos siguen en su poder.

El magistrado santiagueño luego se declaró incompetente -no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados, que habrían ocurrido en Buenos Aires- y envió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, pero aún no llegó al edificio del barrio porteño de Retiro, confirmó una fuente judicial que interviene en el trámite.

ED

Un fiscal nacional del fuero Criminal y Correccional dictaminó este lunes que la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, debe ser investigada por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. La misma es contra el titular de la cartera de Seguridad y Justicia porteña, Marcelo D'Alessandro, por supuestos delitos de corrupción.

La denuncia había sido presentada el viernes pasado, para que se investigue si el funcionario cometió delitos en el ejercicio de su función, vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de destruir una tanda de chalecos antibalas.

El dictamen lleva la firma del responsable a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Marcelo Solimine, quien invocó la Ley 26.702 para señalar que los delitos denunciados forman parte de aquellos cuya competencia le fue transferida a la Justicia porteña, según informó el portal Fiscales, que depende del Ministerio Público Fiscal.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo interinamente de Martín Peluso, a quien el fiscal le pidió “que se declare incompetente en razón de la materia y remita las actuaciones para que prosigan su sustanciación ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.

En su presentación, el fiscal señaló que el Fuero Criminal y Correccional “sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal” pero, a partir de 2003, se inició “un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente”.

El viernes pasado, por expresas instrucciones del presidente Alberto Fernández, Soria había presentado la denuncia contra D'Alessandro “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho (art. 256 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP)”.

La denuncia está basada en que diversas publicaciones periodísticas dieron cuenta de una supuesta intervención del ministro de Horacio Rodríguez Larreta en la “concesión del servicio de grúas, las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y otros posibles hechos de corrupción”.

Al formalizar la denuncia, el ministro Soria explicó que “los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D'Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales” y “la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.

Al presentarla, Soria reclamó que D'Alessandro entregue su celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación, ya que la información publicada en distintos medios daba cuenta de que los posibles delitos habrían quedado expuestos a partir de una filtración de información extraída supuestamente del teléfono del ministro porteño.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la Justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Soria.

El escrito presentado por el funcionario del Gobierno Nacional ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”, lo que sería “incompatible con un Estado de Derecho”.

LC con información de agencia Télam

Cuando las causas calientes llegan a los tribunales de Comodoro Py 2002, pueden suceder dos situaciones: que algunos jueces se disputen los expedientes o que nadie quiera quedarse a cargo. Cada caso tiene sus particularidades y cada juez tiene sus razones. La causa contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tiene las suyas. 

Quien asuma como juez o jueza para investigar las denuncias contra la mano derecha de Rosatti tendrá que decidir sobre el punto más sensible de este caso: el juez federal Guillermo Molinari, de Santiago del Estero, ordenó a la Policía Federal Argentina (PFA) que ubique a Robles y la exija la entrega de sus teléfonos celulares, algo que el vocero del juez supremo no ha concretado. La Federal tampoco pudo notificar a Robles en dos domicilios.

El juez Molinari actuó tras el pedido del gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, quien se reunió al día siguiente con el presidente Alberto Fernández para acordar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres ministros de la Corte Suprema por el fallo que le ordenó al Gobierno Nacional aumentar la cantidad de fondos públicos que debe enviar a la Ciudad para financiar la policía porteña. 

La pelea judicial por al menos $40.000 millones vino de la mano de la filtración de chats o supuestos chats (D’Alessandro afirma que son falsos) tras el hackeo (D’Alessandro denunció que fue hackeado) del teléfono del funcionario porteño que está a cargo de la Policía de la Ciudad. Una de las conversaciones filtradas es entre D’Alessandro y Robles sobre el fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno que integra D’Alessandro, y en la que, según denunció Zamora, hablan del resultado que tendría la demanda en el máximo tribunal y la presunta influencia de Robles para que ese resultado ocurra. 

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para peritar su contenido y probar si esos chats son veraces o adulterados, como sostiene el ministro porteño. Como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez de Santiago del Estero cumplió con la medida solicitada por el gobernador de su provincia y luego se declaró incompetente (ni los hechos ni las personas están en su jurisdicción). Envió el expediente a Comodoro Py, donde ya había dos denuncias contra Robles en el juzgado de Lijo. 

D’Alessandro asumió en 2016 como Secretario de Seguridad de la Ciudad y se le encomendó la gestión de la flamante policía porteña. Supo construir una relación de amistad con una de las jueces más poderosas del fuero federal: María Servini. Pero con los años, algo quebró la confianza entre ambos.

Servini está a cargo del juzgado de Lijo porque el juez se tomó vacaciones de verano. Cuando le llegaron las denuncias contra Robles y como los hechos denunciados involucran al ministro D’Alessandro, la magistrada explicó en un escrito firmado el miércoles último que decidió inhibirse y envió el expediente completo a sorteo, de acuerdo con el escrito que consta en la causa. En los tribunales de Retiro, varios especularon con que el paso al costado de Servini había tenido que ver con un presunto robo en la casa de la magistrada mientras era custodiada por la policía porteña, pero tres fuentes allegadas a la jueza y una cuarta del gobierno porteño lo desmintieron.

Sin juezas

Tras la decisión de Servini, la causa contra Robles volvió a sortearse y este viernes fue asignada a la jueza María Eugenia Capuchetti. Durante la tarde, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó a la magistrada por dar clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forman policías de la Ciudad. Dijo que estaba “contratada por el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta desde 2019”. Según un comunicado del instituto, Capuchetti da clases y es investigadora desde 2014, cuando pertenecía a la Policía Federal. De hecho, es habitual que jueces y fiscales den clases a los policías. 

¿Qué sucedió con la causa contra Robles de la que depende el contenido de sus teléfonos? Ahora está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, que este lunes deberá decidir quién queda a cargo del expediente.

 Sobre D´Alessandro, Servini afirmó en su escrito que “en tiempos anteriores supe tener un vínculo amistoso con el mencionado y familiares del ahora Ministro”, pero que “con el transcurso de los años desavenencias funcionales desde el lugar que cada uno ocupa, sumado al grave hecho sobrevenido durante el 2022, que motivó la solicitud de sustitución de custodia en mi domicilio particular, en virtud de los hechos acaecidos con el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Ministro D´Alessandro”, dijo la jueza en el escrito.

Ese “grave hecho” ocurrido en 2022 generó la formación de un sumario en la Comisaría Vecinal 2B, en Barrio Norte.

Los hechos

La custodia de los jueces federales siempre estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) pero luego del traspaso de gran parte de la fuerza a la Policía de la Ciudad, varios magistrados solicitaron que se mantenga al personal habitual hasta entonces en sus domicilios, explicó a elDiarioAR una fuente del gobierno porteño. Fue el caso de Servini.

Sin embargo, al menos tres episodios generaron malestar e incubó sospechas en la magistrada, según explicaron tres fuentes cercanas a Servini.

El primero, ocurrió en 2017. A la magistrada le abrieron el auto en las inmediaciones de su domicilio y la custodia no se encontraba en el lugar. El segundo fue un robo a uno de sus nietos, a quien le sustrajeron de su auto una mochila con las llaves del departamento de Servini. 

El tercer episodio fue en octubre último. La jueza había recibido en el correo electrónico del juzgado una amenaza de muerte de parte de una mujer que desconoce y por la que realizó la denuncia (investiga Lijo). En esos días, Servini salió de su departamento y bajó a la calle. Vio que la custodia habitual del domicilio no estaba y que en su lugar había una joven oficial. Las decisiones sobre la custodia al domicilio son tomadas por la comisaría del barrio. 

“¿Vos sabés quién soy?”, le preguntó la jueza a la agente, quien no se había percatado de que su custodiada estaba en el lugar. “No, señora”, le respondió. Fue la gota que rebalsó el vaso entre Servini y D’Alessandro, ya que la jueza entendió que su custodia ni siquiera sabía a quién debía custodiar, explicaron dos fuentes del entorno de la magistrada. El episodio fue confirmado por una fuente del gobierno porteño ante la consulta de este medio.

Luego se sucedieron reclamos de la jueza a la comisaría y D’Alessandro que no terminaron en buen puerto, según contó la magistrada a sus allegados.

Servini ya se había excusado de intervenir como jueza en la causa iniciada por el funcionario porteño y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y antecesor de D'Alessandro en el ministerio de Seguridad porteño), quienes denunciaron que sus teléfonos celulares -en realidad sus líneas- fueron hackeados con dos días de diferencia en octubre último. La denuncia quedó a cargo de la jueza Servini, quien se excusó el 7 de diciembre último y envió el caso a sorteo. Quedó finalmente radicado en el juzgado de Lijo.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña, que revisa las excusaciones de los jueces de primera instancia, confirmó el 16 de diciembre la decisión de Servini.

ED

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció este viernes que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Es por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.

“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro”, consignó el ministro en su cuenta de Twitter, donde replicó un comunicado del Ministerio de Justicia.

Soria informó que en la mañana de este viernes se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, donde pidió que D'Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro porteño por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Soria.

El escrito presentado ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las filtraciones, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”, lo que es “incompatible con un Estado de Derecho”.

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide también investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesta por D'Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban estrategias en el marco de la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

A continuación, el texto de la denuncia:

LC con información de agencia Télam

El oficialismo logró asegurarse que un juez federal ordenara a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la entrega a las autoridades de sus teléfonos celulares, pero el expediente y la eventual incautación de los dispositivos y el análisis de sus contenidos quedará en manos de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, segundo foco de conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial. El caso vuelve a exponer los cruces entre los hackeos a funcionarios, denuncias por espionaje ilegal y sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

La medida contra Robles no se había concretado al cierre de esta nota, dado que la Policía Federal Argentina (PFA) no había ubicado al funcionario de la Corte en los domicilios donde fue a buscarlo para solicitarle la entrega de los dispositivos. Sin embargo, por el momento, sigue vigente y debe ejecutarse, informó a elDiarioAR una fuente judicial con conocimiento directo del expediente.

En diez días, el juez Rosatti deberá regresar de sus vacaciones para reincorporarse a la Corte. Se estima que Robles tenía planeado retomar sus actividades en la misma fecha. Si lo hace, la Policía Federal deberá presentarse en la sede del máximo tribunal para exigirle que entregue los teléfonos. Robles podría pedir la nulidad de la medida dictada por el juez de Santiago del Estero, aclaró la fuente consultada. Este medio intentó durante los últimos cuatro días comunicarse con el funcionario de la Corte y su defensa pero no obtuvo respuestas sobre su situación judicial.

¿Puede un juez de Capital Federal dejar sin efecto la orden ya librada por su colega santiagueño? “Sí, puede, pero sería muy extraño que eso sucediera”, respondió la misma fuente ante la consulta. Otra fuente judicial afirmó que la Justicia no podría obligar a Robles a entregar una prueba que podría eventualmente incriminarlo en la comisión de un delito.

La orden judicial había sido emitida este lunes por el juez federal número 1 de Santiago del, Guillermo Molinari, tras una denuncia y pedido del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, para supuestamente determinar si son veraces los chats filtrados que Robles habría mantenido con Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el fallo que el máximo tribunal dictaría a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. D'Alessandro sostiene que los chats filtrados fueron supuestamente adulterados y, tras ser denunciado penalmente, se pidió licencia del cargo.

El juez Molinari hizo lugar la pedido del gobernador Zamora y este miércoles se declaró incompetente -ni los hechos ni las personas denunciadas están relacionados con Santiago del Estero-, tras lo cual envió el expediente a los tribunales de Retiro. 

Allí, se acumulan al menos dos denuncias presentadas durante este semana contra Robles por los mismos hechos y que cayeron por sorteo en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo. Uno de los denunciantes es Gustavo Marano, abogado de Nicolás Carrizo, uno de los “copitos” procesados y detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según consta en los registros de sorteos y confirmó el letrado a este medio.

El juez Lijo se encuentra de licencia hasta febrero. El fiscal de turno, Carlos Rívolo, se excusó de intervenir debido a que figura en los supuestos “contactos frecuentes” de D’Alessandro que filtraron quienes hackearon u obtuvieron el contenido de la línea hackeada. Rívolo sostuvo en un escrito que sólo habló por teléfono con el funcionario porteño dos veces por cuestiones oficiales.

Lijo no sólo acumula las denuncias contra Robles. Desde diciembre también quedó a cargo de las denuncias realizadas por D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y ex ministro de Seguridad y Justicia porteño) por los hackeos de sus líneas de teléfono; y la denuncia realizada por otro de los jueces involucrados en los chats filtrados por presunto espionaje ilegal.

El vocero

Silvio Robles es formalmente el vocero de Rosatti pero es mucho más que eso. El funcionario es la mano derecha del presidente de la Corte, en quien derivó la gestión y filtro de reuniones, diálogos, mensajes y conflictos con la política, el Poder Judicial y el periodismo, entre otros sectores. 

Robles es también es encargado de representar a Rosatti en los encuentros y conversaciones en las que el juez prefiere no estar en cuerpo y mente. Quiénes han dialogado con ambos sobre las mismas temáticas han percibido que sus discursos y premisas son casi idénticos, aunque sus estilos son diferentes, a excepción del gusto por la ironía.  

Un golpe a Robles es un golpe directo al presidente de la Corte, quien también preside el disputado Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección y sanción de los jueces nacionales y federales. Las acusaciones contra Robles podrían incluso ser utilizadas por el oficialismo en el pedido de juicio político a Rosatti.

El expediente que definirá el futuro de los teléfonos de Robles está en una etapa inicial e incierta. Como Lijo está de licencia por vacaciones, la jueza María Servini está a cargo de su juzgado, pero este miércoles la magistrada se excusó de intervenir al asegurar que había mantenido un vínculo personal y familiar con uno de los involucrados: el ministro D’Alessandro. También, dijo la jueza, porque denunció a la Policía de la Ciudad, que en 2022 estuvo a cargo de su custodia cuando Servini fue víctima de un robo en su domicilio. 

Tras la excusación de Servini y Rívolo, el caso debe cambiar de juez hasta el regreso de Lijo dentro de más de tres semanas y de fiscal de manera permanente.

Antecedentes

Los hechos que motivaron la denuncia del gobernador Zamora, aliado de Alberto Fernández, se enmarcan en la presunta participación de Robles en una serie de chats supuestamente extraídos del teléfono celular del ministro D’Alessandro, filtrados en un sitio web luego de que el funcionario porteño denunciara el hackeo ilegal de su línea.

El lunes último, el gobernador de Santiago del Estero denunció penalmente a Robles ante la fiscalía federal de su turno en su provincia por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó una medida cautelar para que el juez federal número 1 de Santiago del Estero exigiera a Robles la entrega de sus teléfonos con el objetivo de peritarlos y supuestamente determinar si los chats son veraces. 

“El juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento, y remitir con premura la causa al juez que resulte competente”, escribió el juez Molinari en su fallo.

“En dichos diálogos habrían hecho referencia al fallo que con posterioridad emitiría la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en contra del Estado Nacional, con motivo de la coparticipación” , sostiene el fallo del juez Molinari, quien resaltó que Zamora considera esos chats una “infidelidad” que, “de ser cierta, por parte de un funcionario de la Corte Suprema, atenta contra la administración de justicia en beneficio de una las partes del proceso”.

El gobernador de Santiago del Estero también solicitó que se indague “sobre las consecuencias o influencia que pudiera tener (Robles) en la decisión” de su jefe, Rosatti, debido a que, según Zamora, “se encuentra comprometida la imparcialidad de la decisión”.

La denuncia de Zamora fue presentada el mismo día en que el Presidente reunió a un grupo de gobernadores para impulsar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres jueces de la Corte, una medida que no prosperará más allá de la primera etapa del proceso parlamentario (la investigación y publicidad de la acusación) que el oficialismo podrá promover desde la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, ya que es el único espacio del Congreso en el que el Frente de todos (FdT) cuenta con los números necesarios para avanzar con el jury. 

ED

El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en el expediente que se abrió a partir de la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, a partir de la difusión de supuestas conversaciones suyas a través de plataformas de mensajería digital instantánea como Telegram y Whatsapp.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal se excusó porque en la última filtración de chats atribuidos a D'Alessandro su nombre aparece en una lista de supuestos contactos “frecuentes”, por lo que entendió que correspondía que intervenga otro funcionario judicial, más allá de que enumeró las veces que tomó contacto con el funcionario porteño y se comunicaran frecuentemente.

La denuncia de D'Alessandro fue apuntada contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade, a quien le achacó que hubiera adelantado en una columna radial que se iban a conocer nuevos chats del ministro porteño de quien ya habían trascendido las charlas referidas al viaje a Lago Escondido que protagonizó junto a jueces, exespías y directivos del Grupo Clarín.

La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas y le corresponde intervenir al fiscal Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial ese juzgado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti -que habilitó la feria para dar tratamiento a esta denuncia-, mientras que la fiscalía la subroga Rívolo.

“Solicito que en orden a las razones que habré de exponer y bajo la concepción de la causal jurisprudencial de violencia moral me tenga por excusado de intervenir en el presente proceso”, sostuvo Rívolo en la excusación temporal (hasta que retorne Taiano) que ya fue aceptada por la jueza Capuchetti.

El fiscal reseñó en su escrito que D'Alessandro refirió en su denuncia a maniobras que habrían implicado una intromisión ilegal en sus comunicaciones y que hizo “mención a una página web en la cual están ventilados los chats y ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos Contactos aparece uno al cual se refiere como 'Carlos Rivolo Fiscal'”, según surge de la presentación a la que accedió Télam.

“Desconozco cómo las plataformas -Whatsapp, Telegram u alguna otra- adjudican la 'frecuencia' de los contactos, amen que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”, afirmó.

“Conforme mi rol de ex Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación -durante los períodos 2016 -2019-2022- y Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal he establecido diversos contactos y comunicaciones con Ministros de Seguridad de la Nación, CABA y Provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”, reseñó.

“En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano en el Barrio de Chacarita el día 14 de Octubre de 2020, actividad que además fue puesta en conocimiento de los fiscales asociados a la AFFUN mediante el comunicado 142 de fecha 23/10/2020”, continuó Rivolo.

“Y para precisar aún más, he mantenido contacto telefónico con el denunciante -por alguna vía que no recuerdo ni guardo registro- en dos oportunidades en las cuales las investigaciones a cargo requerían de celeridad en la producción de videos, a saber: causa 728/22 (caso Coiron 11269/22 ”García Jonatan Manuel y otros s/daños “ -que comprende a los daños efectuados a un ala del Congreso Nacional el 10 de marzo del año ppdo.- y causa 2998/22 (caso Coiron 48993/22) ”Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado en caso de tentativa“- que comprende la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”, detalló el fiscal.

Finalmente, sostuvo: “Sirva lo explicitado para sostener que, salvo lo explicitado, no he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats -bajo ningún formato de plataforma- que me haga sostener, aún por simple deducción que puedo ser catalogado de 'contacto frecuente' como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”.

Con información de Télam.

IG

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, anunció hoy que tomará una licencia en su cargo luego del escándalo por la filtración de supuestos chats que lo tienen como protagonista junto a un funcionario de la Corte Suprema nacional, así como por su participación en un viaje a Bariloche junto a jueces federales y directivos del Grupo Clarín.

“Necesito tomarme una licencia temporaria, ordenar mis cosas familiares, preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos”, dijo D'Alessandro en conferencia de prensa, donde anunció los datos del mapa del delito porteño.

En ese marco, dijo estar “más firme que nunca” y aclaró que será “una licencia temporal”, por lo cual no será designado un reemplazante a su cargo, sino que el área de Seguridad quedará bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Felipe Miguel.

“Somos objetos de una operación de grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas, donde violan la intimidad y después montan situaciones que no son reales, las editan queriendo instalar crisis institucionales”, remarcó.

La semana pasada, D'Alessandro negó la veracidad de los chats difundidos en los que se observan presuntos diálogos con Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión del sistema de acarreo de vehículos en la Ciudad hasta hace pocas semanas.

Además, el funcionario a cargo de la Seguridad en el distrito porteño apareció también implicado en una primera publicación de chats con jueces federales, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y directivos del Grupo Clarín para acordar una estrategia de encubrimiento por un viaje realizado a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido, Bariloche.

La situación del ministro fue analizada el viernes pasado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una reunión a través de la plataforma Zoom que mantuvo con funcionarios de su confianza, en la cual acordaron mantener en su cargo a D'Alessandro.

También trazaron el eje de la respuesta pública que tendría la administración porteña frente al creciente escándalo y que resultó en una defensa en soledad del propio funcionario cuestionado a través de los medios de comunicación para rechazar su participación en los chats.

Además, Rodríguez Larreta se reunió con el expresidente Mauricio Macri, en la ciudad turística de Villa La Angostura, donde, entre otros temas, abordaron el conflicto que salpica a Juntos por el Cambio.

Por su parte, horas antes del anuncio efectuado por D'Alessandro, la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió respaldó al ministro porteño y cargó contra Rodríguez Larreta a través de un posteo en redes sociales.

DA

Guillermo Molinari, juez federal de Santiago del Estero, imputó y ordenó el secuestro del teléfono celular de Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Esto es luego de una denuncia presentada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, quien aseguró este martes que el imputado “no quiso entregar sus teléfonos”.

Tras la presentación formulada por el gobernador, el magistrado envió ayer lunes un oficio a través de la Policía Federal para anoticiar a Robles sobre el celular que es de uso habitual y también “otro aparato de telefonía celular que tenga en uso (personal u oficial)”. En el oficio Molinari le hace saber, además, que “se han habilitado la feria judicial, y días y horas hábiles para el trámite presente”.

También, en otro oficio enviado al secretario de turno en feria de la Corte Suprema, Molinari le solicita que “proceda a la recepción y resguardo” del teléfono de Robles y “todo aparato de telefonía celular que fuera entregado por Robles, debiendo asegurar y mantener la cadena de custodia de los mismos a los fines del resguardo del medio de posible prueba, todo labrándose la pertinente acta”.

La denuncia del gobernador Zamora, presentada este lunes, nace de las filtraciones de chats en los cuales Robles mantendría una conversación con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D' Alessandro, donde se coordinaban estrategias frente al litigio por la coparticipación que la Nación mantiene con el Ejecutivo que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Zamora informó hoy martes en sus redes sociales que “el Dr. Silvio Robles, a quien denuncié en la Justicia Federal por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes, no quiso entregar sus teléfonos”. “Sólo se habría limitado a hacer una presentación al Juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “con esto, en vez de ayudar a aclarar -si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado- oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN”, y “sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país...”. “Dr. Rosatti, vuelvo a preguntarle, que hará ud. ahora?… la Patria no se merece esto”, manifestó el gobernador al finalizar su publicación.

El lunes pasado, el gobernador de Santiago del Estero reportó en sus redes sociales que hizo una denuncia penal ante el fiscal federal de turno contra “el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la Corte, por los delitos tráfico de Influencia e incumpliendo de los deberes de funcionario público, atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal”.

Zamora solicitó en esa oportunidad que “como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial” y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr “la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes”. “Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que, además frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho”, alertó.

El gobernador santiagueño sostuvo en esa publicación que “se han difundido mensajes presuntamente emitidos desde el teléfono de Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de diálogos con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; de los que surgen información, que de ser cierta, serían conductas prohibidas a un funcionario público de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

LC con información de agencia Télam

Luego de que se difundieran presuntos chats entre Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño y Silvio Robles, director general de la vocalía de la Corte Suprema y colaborador de su presidente Horacio Rosatti, el funcionario desmintió la exixtencia de la conversación y aseguró que se trata de una operación del kirchnerismo.

“Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos. Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”, se quejó D’Alessandro. “No tienen límites, revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, agregó.

El titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad responsabilizó al diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade: “Deberá presentarse en la Justicia y explicar cómo obtuvo algo que es ilegal y no lo denunció”.

“Acá lo que buscan es distraer para cuidar a la jefa (en alusión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner). Tailhade tendrá que explicar de dónde consiguió los supuestos chats”, apuntó.

Además de Robles, los supuestos chats filtrados de D’Alessandro también involucran a Silvia Majdalani, ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad Autónoma. Dados a conocer por el diario Perfil, el ministro habla con el vocero de Rosatti de “da para proponerle negocios a Horacio”, “juntar verdes” y de aparentes sobres con dinero.

La nueva filtración se suma a la que se dio a conocer en octubre pasado entre jueces y fiscales, como Julián Daniel Ercolini y Carlos Alberto Mahiques; funcionarios de la Ciudad, entre los que se destaca Marcelo D'Alessandro; y directivos del Grupo Clarín, donde se reveló que todos ellos se reunieron en la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.

Por último, D’Alessandro negó que vaya a dar un paso al costado de su puesto, una de las versiones que trascendió tras darse a conocer el escándalo. “Voy a seguir en mi cargo, como hace siete años. Son operaciones de inteligencia. No tienen límites, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Ellos se comportan como mafiosos, quieren a los delincuentes en la calle”, concluyó.

LC con información de agencia NA

Autoridades y legisladores del Frente de Todos (FdT) denunciaron hoy que quedaron en evidencia los vínculos “delictivos” y “perniciosos” entre la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a partir de la difusión de una serie de chats que, según los senadores oficialistas, configura el “mayor escándalo judicial de la democracia argentina”.

El primero en cuestionar al máximo tribunal a partir de la difusión de esos chats en algunos medios y redes sociales fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien acusó a la Corte Suprema de “hacerle favores políticos” a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) a través de sus fallos.

Soria apeló a sus redes para difundir una parte de esas conversaciones y las atribuyó al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y a Silvio Robles, director general de vocalía del máximo tribunal y señalado como colaborador directo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que tuvieron difusión durante el día en algunos medios y las redes sociales.

“Los chats entre D'Alessandro -ministro de Seguridad de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta- y Robles -mano derecha del 'supremo' Rosatti-, confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer Justicia para hacerle favores políticos a JxC a través de sus fallos”, expresó Soria.

Soria publicó un mensaje cuyo origen atribuyó a Robles con aparentes indicaciones dirigidas a D´Alessandro para fortalecer la posición del PRO en torno al litigio por la conformación del Consejo de la Magistratura.

En esa línea, el funcionario afirmó que “la Corte Suprema de Macri no es compatible con la democracia”.

En tanto, el bloque de diputados nacionales del FdT denunció el “innegable vínculo” entre Rodríguez Larreta y Rosatti, que constituye un “entramado mafioso y delictivo”.

A través de un comunicado bajo el título “D'Alessandro es Larreta, Robles es Rosatti”, los legisladores señalaron que “en las últimas horas empezaron a circular en las redes sociales nuevos chats que revelan el entramado mafioso y delictivo que venimos desde nuestro bloque denunciando hace tiempo”.

“Al contenido escandaloso de los mensajes -con innegables tramas delictivas, en varios casos- se le suma un intercambio de chats entre D'Alessandro y Robles, el más estrecho colaborador de Rosatti”, detallaron.

En ese intercambio entre D'Alessandro y Robles “se evidencia el innegable vínculo entre Larreta y Rosatti en lo que respecta a dos temas institucionales de máxima relevancia en los últimos 45 días”, subrayaron desde el conjunto de diputados.

Afirmaron que “por un lado, la conformación del Consejo de la Magistratura, paralizado desde que Rosatti intervino el organismo, como denunciamos oportunamente. Y por el otro, el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia respecto a los fondos para la ciudad de Buenos Aires”, completaron.

Por su parte, el interbloque de senadores nacionales del FdT repudió “el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina”, al referirse a los “perniciosos vínculos” entre Silvio Robles y D'Alessandro.

“La impunidad, la promiscuidad y la intromisión inconstitucional en los poderes del Estado le han puesto una pistola en la cabeza a la democracia argentina”, denunciaron los senadores en un comunicado.

Los legisladores indicaron que “ya no sólo comparten equipos de fútbol en la casa de Mauricio Macri, fiestas de cumpleaños, viajes ocultos de 'placer' sino que ahora es el propio presidente de la Corte a través de su vocero que asesora y les allana el camino para favorecer con sus fallos a los representantes de la hoy oposición”.

“Los niveles de putrefacción y destrucción de la Justicia federal quedan al descubierto cada vez más”, subrayaron los senadores oficialistas.

Con información de Télam

La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó ayer personal de fuerzas federales de seguridad, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, sostuvo la fiscal.

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación al exespía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.

En la primera repercusión política tras el allanamiento, el diputado Leopoldo Moreau publicó hoy en Twitter: “La fiscal de la causa que investiga a los jueces y fiscales mafiosos que fueron invitados por Clarín y Telecom allanó durante varios horas la mansión de Lago Escondido. Se llevó mucha documentación y testimonios. Parece que Casal y Casanova fracasaron y no la pudieron intimidar”.

Ayer, en tanto, se conoció que la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche (Rio Negro) para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke.

La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente en la investigación preliminar.

En el requerimiento de instrucción, la fiscal detalló que el avión en el que se trasladaron la mayoría de los investigados pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habrían viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ´contado´ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarcó la fiscal.

Esos señalamientos de la fiscal generaron una batería de medidas de prueba tendientes a determinar cómo se financió el viaje para lo cual deberá comprobarse si los comprobantes aportados al expediente son genuinos o corresponden a una maniobra urdida para tapar que en realidad el viaje no fue pagado por los jueces y funcionarios que lo abordaron.

Etchepare consignó también en su requerimiento de instrucción de la semana pasada que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco a fines de octubre, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de ese mes viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarcó la funcionaria judicial.

Etchepare indicó que “en cuanto a los pasajeros arribados” a Bariloche ese día “no figura en ninguno de los vuelos el expresidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo”.

Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) “la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado”.

“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local, principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”, añadió.

Con información de agencias.

IG

Mientras el Gobierno de Alberto Fernández denunciaba en Bariloche a los jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y sólo a uno de los ejecutivos del Grupo Clarín involucrados en los chats del caso Lago Escondido, en los tribunales de Comodoro Py, distintos expedientes iniciados por dos de los pasajeros del viaje a la propiedad del magnate británico Joe Lewis se movían con sigilo en el marco de la “contraofensiva”. Así lo pudo determinar elDiarioAR de fuentes con conocimiento directo de los hechos.

El juez federal Pablo Yadarola, del fuero Penal Económico, presentó el fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal, luego de que comenzaran a circular por internet conversaciones que había mantenido mediante la aplicación Telegram y en las que figura junto al resto de los involucrados planificando cómo enmascarar el viaje sospechado de dádivas -se investiga si fue costeado por Clarín y Lewis- e influir en la investigación judicial de Bariloche para que la fiscal y la jueza cierren la causa.

La denuncia del juez Yadarola recayó por sorteo en el juzgado federal de Julián Ercolini, otro de los jueces involucrados en el caso Lago Escondido. La causa quedó delegada en el fiscal Eduardo Taiano, también de turno el día de la denuncia. El domingo 4 de diciembre por la mañana, cuando los chats y audios que revelaban la supuesta maniobra fueron publicados por medios de comunicación, Ercolini le solicitó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi que asumiera momentáneamente en la causa, ya que el propio juez está implicado en los hechos. 

En ese primer momento, Ercolini apeló a la figura de “ausencia momentánea del juez” para no intervenir en las primeras medidas del expediente. Martínez de Giorgi ordenó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que rastreara la dirección de IP desde la cual se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono hackeado de D’Alessandro. El juez también consultó a los expertos si el sitio web podría bloquearse o darse de baja. Al día siguiente, ya en tribunales, se envió la causa a sorteo para que quede radicada en un nuevo juzgado federal de Comodoro Py, el número 12, que está vacante y se encuentra subrogando el juez Ariel Lijo, según información judicial.

A través de una página web, el o los hackers solicitaban apenas 600 dólares por la información y a pedido de distintos usuarios dieron “pruebas de vida” de los chats del ministro de Seguridad porteño: publicaron capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido; una comunicación entre D’Alessandro y el empresario Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors; y un tercer chat entre el funcionario y un contacto agendado como “Fede”, sobre los que se publican detalles en elDiarioAR junto a las versiones de los involucrados. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a este medio.

Aún no está claro quién armó el sitio web “Patagonian Facts”, en el que se publicó el chat completo del grupo de Telegram sobre el caso Lago Escondido; si la información fue comprada por alguien a los hackers o si los mismos que vulneraron la línea de D’Alessandro decidieron hacer público parte de los 908 chats que se jactaron de haber obtenido de la aplicación de mensajería utilizada por el ministro porteño.

El hackeo

¿Qué saben las autoridades hasta el momento sobre el hackeo? Existe otro expediente, precedente al iniciado el fin de semana por el juez Yadarola. El ministro porteño D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y antecesor de D'Alessandro en el ministerio de Seguridad porteño) denunciaron que sus teléfonos celulares -en realidad sus líneas- fueron hackeados con dos días de diferencia en octubre último. La denuncia quedó a cargo de la jueza María Servini, quien en los últimos días se excusó de intervenir por ser allegada a ambos denunciantes. También hay una denuncia de D'Alessandro en la fiscalía de Delitos Informáticos de la Ciudad.

El 5 de noviembre, Clarín publicó detalles de la denuncia, ratificados por este medio con fuentes directas del caso: información proporcionada por Movistar determinó que los hackers tomaron el control de las líneas de los celulares de ambos durante unas 20 horas e incluso mandaron mensajes e hicieron varios llamados al exterior. ¿Cómo lo hicieron? 

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se realizó el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió elDiarioAR. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados.

“Esa circunstancia derivó en que se viera afectada mi conectividad y si bien a partir de mis reclamos pude recuperar la misma, para lo cual tuve que instalar un nuevo chip, quienes sustrajeron momentáneamente mi identidad intentaron acceder a información de carácter personal y confidencial tales como mis contactos personales y contenido de mensajes de Whatsapp”, explicó D’Alessandro en su denuncia. 

En los tribunales de Comodoro Py arriesgan otras hipótesis: los judiciales creen que el hackeo podría ser una maniobra en el marco de la interna política de Juntos por el Cambio, es decir, perpetrado por sectores de inteligencia paralela que responden al espacio político que integran Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patria Bullrich, en plena disputa por las elecciones presidenciales de 2023; o una operación de los servicios que responden al kirchnerismo, ya que la publicación de los primeros chats sucedió cinco días antes de la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de los involucrados es el juez que instruyó la causa del juicio: Ercolini. La expresidenta y el Gobierno capitalizaron rápidamente el efecto de los chats. Fernández de kirchner acusó a los integrantes dle chat filtrado de integrar la “mafia judicial”.

Chats a la venta

El viernes 2 de diciembre a las 12:55 del mediodía, un usuario de Twitter dio la primera alerta sobre la venta de información del teléfono de D’Alessandro en el sitio web. Otro usuario creó la publicación el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota del autor: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en inglés, con una captura de parte de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Es la única publicación del usuario en este foro, que se adjudica ser la “continuación” de Raid Forums, otro sitio dedicado a los mismo fines que se abrió en 2015 y fue dado de baja este año, tras la intervención del FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

Tras su publicación, otros usuarios interesados en la información, le solicitaron “pruebas de veracidad” y el publicador accedió a publicar una serie de imágenes de la información.

Allí ofreció capturas de los contactos de Telegram del teléfono de D’Alessandro, como el agendado como “Daniel Angelici”, y un intercambio puntual de llamadas y mensajes de Telegram entre el ministro de Seguridad porteño y el empresario de los bingos, amigo del expresidente Macri y ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), sindicado como uno de los “operadores judiciales” de Juntos por el Cambio.

Una de las IPs utilizadas por el sitio web en el que se puso el contenido del teléfono a la venta pertenece a una entidad radicada en Rusia. A su vez, el dominio que se utilizó para alojar el contenido y venderlo, está registrado en un portal con base en Finlandia.

El sitio web en el que se difundieron los chats entre los jueces, ejecutivos de Clarín, D’Alessandro y otros sobre el caso Lago Escondido utiliza una IP propiedad de Cloudflare Inc., una red de entrega de contenido que opera como intermediaria entre el usuario y el proveedor de alojamiento del sitio web, con sede en San Francisco, Estados Unidos, que tiene antecedentes de haber aportado información a fuerzas de seguridad ante un requerimiento y bloquear contenidos denunciados o dar de bajo el dominio que los publicó, explicó una fuente del caso a este medio. 

Nota: esta nota se completó a las 15:37 del 8 de diciembre de 2022 para informar que la causa iniciada por la denuncia de espionaje ilegal, según información judicial, está desde un comienzo delegada en el fiscal Taiano y tras el nuevo sorteo del expediente quedó radicada en el juzgado federal número 12, subrogado por el juez Ariel Lijo.

ED/MG

El Gobierno Nacional denunció este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”, según se informó oficialmente.

“Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial.

El comunicado

Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:

● Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

● Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

● Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

● Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

● Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

● Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

● Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

● Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

● Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

● Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse.

Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política“.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación.

En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público“. 

Cristina Kirchner cenó con dirigentes y les pidió que “tomen el bastón de mariscal”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner les pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que “tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular” de cara a las elecciones presidenciales de 2023, de las que ella se autoexcluyó, en el marco de una cena que compartieron anoche en Ensenada, luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luego de conocerse el veredicto que pronunció el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad y de su discurso en el que afirmó que no será “candidata a nada” en 2023, la Vicepresidenta participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en el Complejo Recreativo “Cristina Fernández de Kirchner” de la localidad de Punta Lara, en Ensenada.

Varios de los dirigentes presentes en ese encuentro confiaron a Télam que, pese al fallo adverso, vieron a la expresidenta “muy entera” y con la firme convicción de que hay que “dar una batalla” contra lo que considera una persecución judicial pergeñada entre un sector de la justicia, de la oposición y de los medios hegemónicos.

Además, todos coincidieron en que Fernández de Kirchner les pidió “usar el bastón de mariscal, militar, hacer política y dar las peleas que haya que dar para defender al modelo y las banderas del peronismo” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es 'llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'”, contó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los presentes en la cena de anoche.

“Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a El Destape Radio que realizó esta mañana y agregó que “quitando la cuestión electoral, que falta mucho, hay un llamado a la organización y a dar una respuesta muy contundente del punto de vista de lo que está en juego”.

Fuentes partidarias explicaron que se trata de la octava reunión entre dirigentes y referentes de distintos espacios que se reúnen una vez por mes, con la particularidad de que, en este caso, la Vicepresidenta decidió estar presente.

Según varios de los referentes políticos que estuvieron en el encuentro, allí Cristina Kirchner planteó que “existe un desafío colectivo que la trasciende a ella para enfrentar la crisis actual y que va más allá del proceso electoral, por lo que hay que buscar definiciones de fondo”.

Además de Kicillof participaron de la cena en Ensenada el diputado y presiente del PJ provincial Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque.

También estuvieron el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, y de Trabajo, Walter Correa; intendentes como Mayra Mendonza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Los legisladores bonaerenses Teresa García, Susana González, César Valicenti, Omar Plaini y Adrián Grana; los diputados nacionales Carlos Heller, Vanesa Siley y Leopoldo Moreau; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout fueron otros de los participantes.

De igual modo, estuvieron el subsecretario de Ejecución de Obra Pública, Edgardo Depetri; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el titular de Suteba, Roberto Baradel; el secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Paco Manrique.

El subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo, Lauro Grande; la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti; y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella fueron otros de los que dieron el presente.

En declaraciones radiales, Larroque también confirmó esta mañana que el encuentro en Ensenada se trató de una “reunión habitual de las que se hacen una vez por mes como un espacio de debate donde ayer ella (Cristina Kirchner) decidió participar luego de un día muy especial”.

“Más allá de eso, creo que estamos ante una situación límite, un punto de inflexión. Cristina lo expresó con toda claridad ayer y yo creo que convoca al conjunto del pueblo, a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y a la dirigencia en su conjunto a asumir cuál es la pelea real en la Argentina”, cerró.

En declaraciones a Télam, Correa aseguró que “pese a este intento de proscripción al peronismo, vi a Cristina muy entera. Está haciendo lo que corresponde, que es conducir el frente nacional” y agregó: “En los '80 y '90 no teníamos conducción, luchábamos como podíamos. Con ese criterio maternal que ella tiene, nos dijo: 'ya están grandes, hagan lo que tienen que hacer”.

“Anoche Cristina fue muy concreta, nos dijo: ustedes son peronistas, así que saquen el bastón de mariscal” y detalló: “tenemos el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales: hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria”.

Correa interpretó que Fernández considera “que debe haber un recambio generacional: Evita fue Evita a los 26, Perón fue Perón a los 42” y graficó: “Nuestro gobernador tiene 51 años, Máximo, Wado y el Cuervo son cuarentones largos”.

“Es muy difícil que ella de marcha atrás con lo que dijo sobre no ser candidata. Ella nos interpela hacia adentro y también hacia afuera. Ella piensa a futuro, en el desafío que tenemos como peronistas para resolver los problemas de los argentinos”, resaltó.

En igual tono se expresó Saintout ante esta agencia al contar que en el encuentro de anoche la titular del Senado convocó a los presentes “a hacernos cargo de encontrar una salida, de organizarnos y luchar por eso” y añadió: “Nos tenemos que hacer cargo de defender y reconstruir la democracia que la mafia de Héctor Magnetto intenta destruir, tenemos que decidir si estamos con la mafia o con la democracia”.

En sintonía con ello, Secco dio detalles a Télam sobre la charla de anoche: “Charlamos con sinceridad con los compañeros. Ella es una mujer extraordinaria con un coraje tremendo. Nos pidió que nos hagamos cargo, todos los que estábamos allí tenemos la responsabilidad de salir a pelearla, y eso es lo que haremos porque están lastimando la democracia”.

Por su parte, Barrera también coincidió en que Cristina Kirchner “está bien y entera a pesar del fallo”, calificó al encuentro como “emotivo” y coincidió con el resto de los dirigentes en que les dijo “que cada uno tenemos ahora el bastón de mariscal”.

Destacó que Fernández de Kirchner les dijo a los presentes “que hay que salir a jugar y a bancar porque esto que le pasa a ella, perjudica a todo el pueblo” y añadió: “Hay que salir a explicarlo para que todos lo entiendan. Está en riesgo todo el sistema democrático. Hay un antes y después de esta sentencia”.

El apoyo de Diputados y Senadores del FdT

Este miércoles, referentes del Frente de Todos de las Cámaras de Diputados y Senadores dieron una conferencia de prensa para respaldar a Cristina Kirchner. “No hay Poder Judicial, fue reemplazado por una mafia judicial empleada de los poderes económicos”, denunció la senadora Juliana Di Tullio, tras conocerse el fallo de la causa Vialidad

El contacto con los medios se celebró en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara baja y Di Tullio se refirió a la filtración de chats donde funcionarios judiciales, empresarios de medios y políticos, presuntamente planifican su desvinculación del escándalo que se desató tras trascender un viaje que realizaron en un avión privado a la estancia del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, cerca de Bariloche. 

Para la senadora, acompañada de unos 50 legisladores nacionales, la “mafia judicial no solamente afecta al peronismo; afecta a todo el pueblo argentino. Y toda la sociedad va a tener que hacerse cargo de esta mafia judicial”. 

Asimismo, aseguró que con el fallo de la causa Vialidad, la Justicia condenó a la Vicepresidenta por ser “la única dirigente política capaz de pelearse con el poder económico más importante” y recordó que en la década del '90, “el poder se sintió impune y mandó a matar a un periodista”, en alusión al fotógrafo José Luis Cabezas.

Con información de agencias.

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Los integrantes del Bloque de diputadas y diputados y el Interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, repudiaron y exigieron hoy una inmediata investigación de la trama de “prácticas mafiosas” desenmarcarada por una serie de chats que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un ex agente de inteligencia y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

“Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina”, aseveraron legisladores y legisladoras nacionales del FDT a través de un comunicado de prensa.

De esta manera, los legisladores hicieron referencia a la revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de una serie de mensajes intercambiados a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis, a principios de octubre pasado.

“Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra, aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles”, sostuvieron en el comunicado diputados y senadores del oficialismo.

Para los legisladores, los magistrados “reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos, y hasta la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.

Añadieron que, “en ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ”investigaron“ la causa Vialidad y el juez de esta causa”.

Según los legisladores, “el mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas”.

“Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación”, reclamaron en el comunicado.

Finalmente, agregaron: “Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia”.

El escándalo de los chats filtrados

La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

El episodio fue difundido en las últimas horas por el diario Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, en base al hackeo de una línea de celular de uno de los implicados. Los medios accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El juez Ercolini estuvo a cargo de la instrucción de la causa conocida como “Vialidad”, por la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de defraudación al Estados y asociación ilícita en la adjudicación de obra pública a Santa Cruz durante sus dos gobiernos. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer su veredicto sobre el juicio.

Con información de agencias.

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El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este domingo que los mensajes intercambiados en la aplicación Telegram por jueces federales, el procurador porteño, directivos del Grupo Clarín, exmiembros de la AFI de la gestión macrista y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, tras compartir todos ellos un viaje a Lago Escondido, “constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare”.

A través de un hilo de Twitter, Soria se refirió a la información publicada este domingo por los diarios Tiempo Argentino y Perfil junto al portal El Cohete a la Luna, en la que difundieron el contenido del grupo de Telegram filtrado tras un hackeo.

Para el funcionario, las mensajes difundidos reflejan “una extraordinaria confesión de múltiples delitos”, entre ellos “dádivas, tráfico de influencias, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad”.

“La primera reacción de estos jueces y camaristas es plantar pruebas falsas y esconder la verdad”, añadió el ministro para cuestionar la conducta de los jueces que formaron parte del vuelo privado de tipo charter que partió desde San Fernando a San Carlos de Bariloche el último 13 de octubre y entre sus pasajeros figuraban Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, titular de la sala II de Casación Penal.

Al referirse a Ercolini, Soria lo definió como “el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas como la de Vialidad” y a partir de los audios difundidos lo acusó de “incitar a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas”.

Finalmente, el titular de la cartera de Justicia advirtió que los intercambios revelados en el grupo de Telegram demuestran que aquellos que “deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo”.

Para Soria, lo más grave de todo este episodio es la constatación de “cómo la justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia”.