La Cámara Federal de Casación Penal se reunió hoy sin la jueza Ana María Figueroa para designar al subrogante por los próximos seis meses de la vocalía que ocupaba el magistrado Eduardo Riggi, ahora jubilado. Los jueces del máximo tribunal penal federal del país se reunieron durante casi dos horas en el primer piso de Comodoro Py en el acuerdo presidido por el juez Mariano Borinsky, que reemplazó a Figueroa en su rol de presidenta.

Sin abordar la cuestión de la jueza, cuyo pliego fue aprobado la semana pasada en el Senado, los magistrados votaron para sortear la vocalía 9 entre los letrados Daniel Petrone y Javier Carbajo, quien terminó siendo designado. Con esta decisión, se completaron todas las vacantes, lo cual ya fue comunicado a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

Participaron de la reunión los jueces Borinsky, Gustavo Hornos, Daniel Petrone, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Alejandro Slokar, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña. Los otros dos integrantes de Casación, Guillermo Yacobucci y Juan Carlos Gemignani, están de licencia.

El acuerdo plenario había sido convocado el 21 de septiembre pasado y fue la primera reunión de los jueces tras la promulgación del decreto presidencial para extender por cinco años la permanencia de Figueroa en su cargo, pese a haber alcanzado la mayoría de edad para continuar ejerciendo.

La jueza ocupaba la presidencia de Casación, lugar que quedó a cargo de Borinsky, quien era vicepresidente primero. Slokar, por su parte, resultó sorteado para subrogar la vocalía 10 que tenía a cargo la magistrada.

Las decisiones contrarias del Máximo tribunal y el Senado en torno a la magistrada representa un “conflicto de poderes” que deberá dirimirse en el ámbito del Poder Judicial que corresponda, como la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

ACM con información de agencias.

Luego de que la semana pasada el Senado aprobara el pliego, Alberto Fernández firmó hoy el decreto para que Ana María Figueroa continúe en su cargo como jueza en la Cámara de Casación por cinco años más. La decisión contradice la resolución de la Corte Suprema de Justicia que había ordenado su jubilación una vez que la magistrada cumplió 75 años, edad máxima para ejercer sus funciones.

“El Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo 1°: - Nómbrase, por el término e cinco (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa (D.N.I. N° 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”, establece el texto del decreto.

Según informó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el pliego de Figueroa se firmó en conjunto con el de otros letrados. Se prevé que la normativa quede publicada en el Boletín Oficial de este miércoles para dar por finalizado el nombramiento de la jueza y el conflicto de poderes derivado de tal situación.

“La ley dice que (el acuerdo en el Senado) tiene que ser una vez que cumpla los 75 años, no antes de que cumpla los 75. El Gobierno mandó el pedido de acuerdo en plazo, se aprobó ahora y se designó”, explicó en relación a las críticas de la oposición en relación a la demora y constitucionalidad de la resolución.

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se refirió a la decisión aprobada por la Cámara Alta y defendió la iniciativa de Unión por la Patria (ex Frente de Todos). “Hay claramente un conflicto entre el senado y la Corte y un conflicto en la Casación porque la jueza Figueroa mansita no es, no se la van a llevar por delante los machirulos de Casación cuando quiera volver a su despacho”, aseguró este martes en declaraciones a Diputados TV.

El legislador, que además integra la Comisión de Juicio a la Corte Suprema, también se refirió a la posibilidad de que el máximo Tribunal busque anular la designación del Senado. “No va a ser tan fácil para ellos declarar que Ana María Figueroa ya no es más jueza y convocar a concurso. No descarto que la Corte haga alguna movida, acá puede pasar cualquier cosa. No tengo ninguna expectativa de que la Corte revierta su decisión. Pero puede pasar un tiempo hasta que la Corte resuelva: puede pasar unos minutos o puede haber un expediente judicial, que me parece el ámbito correcto para que se defina esto”, indicó.

El martes pasado, el bloque oficialista del Senado aprobó el pliego para la continuidad de la magistrada en una votación que originalmente terminó en un empate con 35 votos a favor y 35 en contra, y terminó de definirse por la expresión a favor de la senadora del Frente de Todos, Claudia Ledesma Abdala, que presidía la sesión.

Junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, Figueroa es una de las juezas que debe resolver si se reabren o no las causas de Hotesur/ Los Sauces y el Memorándum con Irán contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

ACM con información de agencias.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló este lunes los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal en los que le habían revocado el sobreseimiento en su favor en las causas conocidas como “Hotesur-Los Sauces” y “Memorándum de entendimiento con Irán”.

Según las presentaciones, la defensa de la expresidenta planteó, entre otros argumentos, que esas resoluciones fueron dictadas sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que había cesado en sus funciones por disposición de la Corte Suprema por haber alcanzado el límite de 75 años.

La ausencia de la magistrada en esos fallos, que se definen por el voto de tres jueces, fue considerado como de “dudosa constitucionalidad” por la exmandataria.

Si bien la ley “hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces”, resulta de “dudosa constitucionalidad”, expresó la defensa de la vicepresidenta.

Y cuestionó que los magistrados “no tienen una prerrogativa discrecional para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia”.

“La Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa”, sostuvieron en las apelaciones los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a la Vicepresidenta.

La Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto el 18 de septiembre que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y otro por el Memorándum de entendimiento con Irán para volver a analizar la actuación de la Justicia en la investigación por el atentado a la AMIA, por presunto encubrimiento, en los que está imputada Cristina Kirchner, revocando así los sobreseimientos de la vicepresidenta en ambas causas.

El jueves último, el Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa, en una votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Con información de Télam.

IG

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó este viernes que, con la aprobación por parte del Senado del pliego para que continúe cinco años más en su cargo la camarista Ana María Figueroa, quedó en evidencia que “el único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución”, y advirtió que buscan “hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial”.

“El único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando -una vez más- facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Art 114) y del Senado (Art 99.4)”, dijo Soria desde su cuenta en X (antes Twitter).

El funcionario completó su posteo con una imagen de la tapa del diario La Nación de este viernes, cuyo título principal señala que “El kirchnerismo votó el pliego de una exjueza contra la Constitución”.

La aprobación del pliego

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el pliego de la jueza Ana María Figueroa, la camarista de Casación cuyo retiro había sido indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo en el que consideró que la magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, debía cesar de ejercer su cargo a partir del día de su cumpleaños número 75 pese a que aún estaba en consideración de la Cámara alta el pliego con su pedido para continuar en funciones por cinco años más.

La decisión del cuerpo fue tomada en una ajustada votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Luego de tres horas de debate, el oficialismo logró imponer su decisión de aprobar el pliego, aunque tuvo que aceptar una moción presentada por Juntos por el Cambio para votarlo de manera separada de los otros 32 que formaron parte de la discusión.

La primera votación resultó empatada en 35: por un lado sumaron apoyos el Frente de Todos, su aliada riojana María Clara del Valle Vega y tres de los integrantes del bloque Unidad Federal, Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider.

Del otro, votaron el interbloque de Juntos por el Cambio, el representante de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del oficialismo, Alberto Weretilneck; y los otros dos senadores de Unidad Federal: el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo.

Las dos ausentes a la hora de votar fueron la misionera Magdalena Solari Quintana, del aliado al oficialismo Frente Renovador de la Concordia, y la opositora Lucila Crexell.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, si la primera votación sale empatada, debe realizarse una segunda y, de continuar con la paridad, quien ejerce la presidenta del cuerpo debe desempatar.

En este caso, la oficialista Abdala de Zamora, que presidía la sesión al momento de la votación, manifestó su voto favorable al pliego de la jueza Figueroa.

La extensión por cinco años del cargo de la jueza Figueroa había sido incluido desde mayo pasado en distintas oportunidades en el temario de asuntos a tratar por la Cámara, pero la falta de quórum había hecho que, hasta el jueves, no se pudiera ratificar o rechazar el asunto.

Con información de Télam.

IG

La situación de Ana María Figueroa generó un escenario inédito en la vida institucional argentina e insinúa un conflicto de poderes a tres bandas.

A la aprobación del pliego de Figueroa que en la víspera sancionó el Senado le falta todavía un paso formal: la firma del decreto de designación por parte del presidente, Alberto Fernández. Ello todavía no ocurrió; de hecho, no hay nada en ese sentido publicado en el Boletín Oficial de este viernes.

Cuando eso ocurra, Figueroa estará en condiciones de presentarse ante el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, a prestar nuevo juramento e intentar retomar su cargo.

Figueroa fue, hasta su cesantía por la Corte Suprema, la presidenta de la Casación.

En ese momento coexistirán, por un lado, una decisión de la Corte Suprema que la cesó en el cargo desde el día que cumplió 75 años de edad y, por el otro, una nueva designación con intervención del Senado y del Poder Ejecutivo.

Los tres poderes de la Constitución quedarán involucrados en un tironeo en el que, según el propio texto de la Carta Magna, ninguno tiene supremacía sobre el otro.

Sea cual fuere la decisión de Borinsky, por una u otra vía la situación terminará judicializada.

En ese sentido, el antecedente más parecido es el de los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes –ante una decisión del Consejo de la Magistratura para que regresaran a los tribunales orales desde los que habían sido trasladados por decreto del expresidente Mauricio Macri- presentaron amparos en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Cuando obtuvieron fallos desfavorables para sus pretensiones de continuidad, la Corte aplicó el per saltum y dictó una resolución que coincidió en que no debían permanecer en esos cargos pero les avaló la continuidad hasta tanto se designaran a sus reemplazantes definitivos.

Bruglia y Bertuzzi continúan hoy en los mismos cargos de integrantes de la Cámara Federal porteña.

Durante el debate parlamentario de ayer, el senador oficialista José Mayans y su colega Juliana Di Tulio expusieron que la Corte, al jubilar a Figueroa, se tomó una atribución que no está prevista ni en la Constitución, ni en las leyes.

Ello presagia que objetarán una eventual nueva intervención del máximo tribunal, si se diera el caso de que tuvieran que intervenir para ratificar o rectificar su decisión respecto de Figueroa.

También, en el plano de las hipótesis, podría ocurrir que la Corte –ante el nuevo escenario derivado de lo ocurrido ayer en el Senado- volviera a pronunciarse aclarando el panorama sobre la situación de Figueroa.

Voceros judiciales señalaron que sólo hay un antecedente conocido a nivel internacional de una situación de esta naturaleza: es del año 1800 y ocurrió en Estados Unidos, en un caso conocido como “Marbury Vs. Madison”.

El Poder Judicial estadounidense demoró tres años en resolverlo y la conclusión final fue un límite al “control de constitucionalidad” de los jueces, una suerte de valladar frente a las decisiones políticas.

¿Quién es la jueza Figueroa?

La jueza Ana María Figueroa reemplazó a fines de 2022 como titular de la Cámara de Casación a Alejandro Slokar y había quedado así al frente de un tribunal clave en el que hay varias definiciones pendientes sobre causas sensibles para la expresidenta Cristina Kirchner.

En aquel momento primó una cuestión de género y de edad para que Figueroa sea presidenta, ya que en los últimos dos mandatos encabezó un hombre.

Figueroa, doctora en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales, y especialista en derechos humanos, solía acompañar posturas relacionadas con la política judicial del kirchnerismo.

Entre las causas importantes que el tribunal tiene para resolver están los expedientes del caso Hotesur y los Sauces; la firma del Memorándum con Irán, y la revisión de la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en el caso de la retención de impuestos de Oil Combustibles.

Figueroa había jurado como jueza de Casación en 2011 y formaba parte de la Asociación de Magistrados, pero a diferencia de sus colegas de la Sala I, apoyaba a la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más cercanas al kirchnerismo en la interna de los jueces.

Antes de llegar a la Casación era profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario y ejercía como abogada. Es autora del libro “El derecho de género: violencia contra las mujeres, trata de personas”, materia en la que se especializó.

Figueroa votó en disidencia en el caso de los cuadernos de las coimas, en el que Diego Barroetaveña y Daniel Petrone validaron las declaraciones de los arrepentidos.

Con información de NA.

IG

En una sesión caliente y que se espera que sea maratónica, el Senado resolvió hoy con lo justo aprobar el pliego de la jueza Ana María Figueroa para que continúe por cinco años más como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. La votación terminó empatada en 35 por lo cual, como manda el reglamento, debió votarse en una segunda oportunidad, en la que se repitió el resultado, tras lo cual debió desempatar quien entonces conducía la sesión, la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora: a favor.

De esta manera, con lo justo, a tres semanas de las elecciones presidenciales y tras dos intentos fallidos, el Senado convalidó la continuidad de la jueza Figueroa, un asunto que desvelaba a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque podría beneficiarse de sus decisiones sobre tres causas clave que se encuentran en la Cámara de Casación: Hotesur-Los Sauces, Memorándum con Irán y Cuadernos. En la primera causa, es una de los tres jueces a cargo de revisar los sobreseimientos de CFK, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por presunto lavado de dinero.

El 9 de agosto pasado, la jueza Figueroa cumplió 75 años, la edad a la que los jueces deben jubilarse a menos que tramiten un pedido para continuar por cinco años más, que ese pedido les sea concedido por el Poder Ejecutivo a través de un pliego enviado al Congreso y que, finalmente, ese pliego sea aprobado por el Senado. Figueroa había realizado el trámite y el presidente Alberto Fernández había mandado oportunamente el pliego pero en el Senado el Frente de Todos no había podido conseguir los apoyos necesarios en dos ocasiones. Este jueves finalmente lo consiguió.

En el resultado favorable incidieron los votos afirmativos de tres peronistas disidentes, Guillermo Snopek (Jujuy), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), y el de Clara Vega (La Rioja), que en 2017 fue elegida senadora en la boleta de Cambiemos pero desde hace tres años es una fiel aliada del Frente de Todos.

Ahora se abre un conflicto institucional entre poderes del Estado, ya que una vez que cumplió los 75 años la jueza Figueroa había decidido por su propia cuenta que permanecería como integrante de la Cámara de Casación, aunque sin firmar resoluciones, hasta que el Senado resolviera su situación, pero semanas después la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución para ponerle fin a ese limbo: dijo que Figueroa cesó en sus funciones. La jubiló.

En el arranque del debate, la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, que pertenece a La Cámpora y es la presidenta de la Comisión de Acuerdos, el filtro por donde pasan los pliegos de jueces y fiscales, defendió la continuidad de Figueroa y señaló que “lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación es entrometerse” en prerrogativas que son “exclusivas del Senado”.

“No es la primera vez que en el Senado de la Nación se aprueba un dictamen luego que el postulante haya cumplido los 75 años de edad. Y esto ha pasado durante este periodo y el periodo anterior, del gobierno de Mauricio Macri, y todos los que estamos acá presentes hemos votado a pesar de que el postulante o la postulante haya cumplido los 75 años de edad, hemos votado afirmativamente por que sigan en su cargo”, dijo Fernández Sagasti, una de las senadoras de confianza de la vicepresidenta.

Después de Fernández Sagasti, la primera de una larga lista de oradores de Juntos por el Cambio fue Guadalupe Tagliaferri (PRO-Ciudad de Buenos Aires), quien calificó a Figueroa de “exjueza”. “Les guste o no les guste, ese es nuestro sistema republicano, esta es la división de poderes y esta es la democracia que construimos y sostenemos entre todos. Claramente, por más que ustedes quieran creer que pueden ir sobre un fallo de la Corte Suprema, por más que quieran armar un relato, por más que quieran crear una posverdad, les recuerdo, ustedes lo saben muy bien, la única verdad es la realidad”, dijo la senadora opositora.

El cese dispuesto por la Corte para el caso de Figueroa había sido dispuesto por unanimidad, es decir con las firmas de sus cuatro integrantes —Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y posteriormente fue notificado al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.

JJD

A menos de un mes de las elecciones y en un año legislativo de muy pobres resultados, el Frente de Todos se decidió a poner este jueves toda la carne al asador. Pasadas las 14, y con la ayuda del peronismo disidente y aliados, consiguió cómodamente el quórum para iniciar una sesión en la que podría convertirse en ley la quita de Ganancias para los trabajadores —iniciativa impulsada y deseada por el ministro candidato, Sergio Massa— y aprobarse la nueva ley de Alquileres —aunque con cambios, con lo cual debería volver a Diputados— y los pliegos de 33 jueces, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa.

La situación de la magistrada desvela a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ya que como intengrante de la Cámara de Casación Penal interviene en al menos tres causas clave para la vicepresidenta: Hotesur-Los Sauces; Memorándum con Irán; y Cuadernos.

Sin embargo, en el caso de que el Senado apruebe su pliego se abriría un virtual conflicto de poderes de Estado, ya que el 6 de septiembre último la Corte Suprema de Justicia le puso punto final al limbo en que se encontraba Figueroa, quien había decidido permanecer en su cargo a pesar de haber cumplido la edad para jubilarse, 75 años, aunque sin firmar resoluciones: ordenó que cese en sus funciones. La jubiló.

Esta semana, el presidente del interbloque Frente de Todos, el formoseño José Mayans, dijo que a pesar de la decisión de la Corte el pliego de Figueroa se va a tratar porque “no está pedido ningún retiro de la jueza por parte del Ejecutivo”. Los pliegos, por reglamento, se tratan siempre al inicio de las sesiones.

La Cámara alta volvería a aprobar leyes en el recinto después de cinco meses. Se espera que el debate sobre la ley de Ganancias sea el tercer plato fuerte del día, después de Alquileres y de los pliegos.

Descontando que Ganancias se convertirá en ley, la CGT y movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) organizaron una movilización para el viernes a las 14 a la plaza del Congreso, para festejar la sanción. En el acto está previsto que hable Massa.

Todo calculado.

Qué senadores podrían ayudar al oficialismo a conseguir el quórum

En febrero, cuatro senadores peronistas se fueron del Frente de Todos para formar junto a la cordobesa Alejandra Vigo, referente del peronismo cordobés y esposa del gobernador y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, el bloque Unidad Federal. Se fueron enojados por el rumbo del Gobierno y con la conducción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Desde entonces, el oficialismo, que ya había perdido la mayoría tras la elección de 2021, que le ganó Juntos por el Cambio, quedó en serios problemas para conseguir los apoyos necesarios para realizar sesiones y aprobar leyes.

Sin embargo, ahora volvieron a contribuir a los deseos del oficialismo —en particular, al de Cristina Kirchner para aprobar la permanencia en el puesto de la jueza Figueroa— porque en el mismo temario está previsto que se incluya la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, un proyecto anunciado por Massa y que supone una buena noticia en medio de la campaña electoral. Una buena noticia para el oficialismo y para los gremios aunque no necesariamente para la gran mayoría de los trabajadores cuyos ingresos están muy por debajo de los $700.000, el piso anterior al decreto que lo aumentó a $1,7 millón, que es el mismo que ahora se pretende fijar por ley.

Los cuatro peronistas disidentes que podrían hacerlo son el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la sanluiseña María Eugenia Catalfamo y el jujeño Guillermo Snopek.

Una sesión a tres semanas de la elección presidencial: discutida y larga

En el temario de la sesión, que se publicó en la tarde de este miércoles, el oficialismo también apunta a tratar la reforma de la Ley de Alquileres. El oficialismo y el bloque Unidad Federal firmaron el dictamen a un proyecto que difiere del aprobado en Diputados. Si, como todo parece indicar, este dictamen es aprobado en el recinto, la iniciativa deberá volver a ser girada a Diputados, que podrá insistir con su media sanción o convalidar el texto modificado en el Senado.

El dictamen del oficialismo y el bloque que preside Snopek (sin el apoyo de Vigo, que está a favor de la propuesta aprobada en Diputados e impulsada por Juntos por el Cambio) mantiene los contratos en tres años y establece una actualización de los montos cada seis meses (hoy es anual), a través del Coeficiente Casa Propia, que elabora el ministerio de Hábitat. La media sanción de Diputados establece dos años de contrato como mínimo y que los montos puedan actualizarse cada cuatro meses, además de que se permite al dueño y al inquilino elegir algún indicador oficial como fórmulas para ajustar el monto de los alquileres.

Además del pliego de Figueroa, Alquileres y Ganancias (en ese orden figuran), en el temario también se incluyen un proyecto de Kueider para disminuir las tarifas del servicio eléctrico; la creación de cinco universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo, ya aprobadas en Diputados; y la creación del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz.

JJD

El oficialismo en el Senado tiene decidido darle el acuerdo al pliego de la jueza Ana María Figueroa, la camarista desplazada por la Corte tras cumplir los 75 años de edad, quien debía fallar sobre la reapertura de la llamada Causa Hotesur-Los Sauces. En ella, está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Tras el desplazamiento de Figueroa, la Cámara votó a favor de que se inicie el juicio oral, donde también debería comparecer el diputado nacional Máximo Kirchner.

“La ratificación del pliego de Figueroa fue un pedido expreso del Poder Ejecutivo, que es lo que corresponde. Ella estuvo en la audiencia pública (de la Comisión de Acuerdos), tuvo un comportamiento impecable, no tuvo impugnaciones y, por ahora, no hubo ningún pedido de retiro del pliego”, aseguró José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT) en declaraciones a El Destape Radio.

El senador agregó que “no se puede quitar el pliego de entre los Acuerdos a ratificar por pedido de la Corte”, al afirmar que “el que tiene potestad para designar es el Senado”, ya que explicó que “la Corte hace una interpretación ajena a la Constitución”.

Mayans aseveró que “la Corte no tiene nada que hacer en este caso. No hay un conflicto de poderes”.

“Esto nunca pasó”, repetían este viernes los jueces consultados en relación a la posibilidad de que, luego de haber sido cesada en su cargo por la Corte, la ahora exjueza Figueroa consiga acuerdo del Senado para continuar ejerciendo la magistratura por cinco años más.

La sola hipótesis ya había generado durante esta mañana cierta inquietud en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, dónde se ubica la casación Penal Federal: “Estamos ante un posible conflicto de poderes”, coincidieron las fuentes consultadas.

En caso que el Congreso preste acuerdo a Figueroa para continuar ejerciendo como jueza y el Ejecutivo publique el decreto en el Boletín Oficial, ella tendría en sus manos elementos que la legitimarían a presentarse en el primer piso de los tribunales de Retiro y dirigirse al despacho que supo ocupar hasta principios de septiembre para continuar con su trabajo.

En ese escenario inédito, es de esperar que de oficio la Cámara de Casación, ahora bajo la presidencia del juez Mariano Borinsky, informe la novedad al Consejo de la Magistratura para que sea este órgano el que formalmente determine los pasos a seguir y habilite, o no, a Figueroa a continuar en el cargo.

En caso que el Consejo de la Magistratura decidiera hacer prevalecer la resolución de la Corte, Figueroa podría litigar en el fuero contencioso administrativo e incluso, para evitar demoras, plantear un per saltum para llegar directo al máximo tribunal.

Si el caso llegara a la Corte, deberían designarse conjueces, porque la resolución del pasado 6 de septiembre que cesó a Figueroa en el cargo fue adoptada por unanimidad por los cuatro magistrados que actualmente integran el tribunal supremo.

Mientras tanto, en la Cámara de Casación se registraron discretos movimientos durante el viernes: el tribunal convocó a un Acuerdo General a celebrarse de forma presencial el jueves 5 de octubre a las 12:00, donde se tratará la subrogancia de la vocalía 9, que hasta ayer jueves subrogaba el juez Daniel Petrone.

La reunión de acuerdo pudo haber sido convocada para la semana que viene, pero se pautó para la siguiente: una explicación posible, indicaron fuentes del tribunal, es que habrá varios magistrados de licencia; y la otra es que se eligió esa fecha para ver qué pasará antes en el Senado.

El pliego para ratificar a Figueroa fue incluido varias veces en el temario de asuntos a tratar por la Cámara akta, pero la falta de quórum hizo que no se pudiera ratificar o rechazar el asunto. Mientras que el FdT apoya el pliego, los interbloques de Juntos por el Cambio (JxC) y Unidad Federal, conformado por peronistas disidentes, así como Juntos Somos Río Negro, se niegan a darle el acuerdo a la magistrada.

“Lo que busca el oficialismo al insistir con el pliego de Figueroa es romper el orden institucional. Ya el máximo tribunal de Justicia se ha pronunciado”, aseveró Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC. El senador mendocino agregó que “el kirchnerismo vuelve a la carga y cada vez se evidencia que detrás de su obsesión está la mano de Cristina Fernández de Kirchner en búsqueda de su impunidad”.

En tanto, voceros de Unidad Federal trascendieron que darán a conocer su postura luego de una reunión de bloque que llevarán a cabo el próximo martes ya que, si bien la mayoría de sus cinco integrantes no apoyaron la ratificación de Figueroa, en el plan de labor de la posible sesión hay varios temas que les interesa apoyar, como es el caso de Ganancias o el alivio para los deudores de créditos UVA.

LC con información de agencia Télam

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, a quien la Corte Suprema dejó sin funciones esta semana, sostuvo hoy que “no” tuvo “ningún derecho de defensa” luego de que el máximo tribunal no aceptara su pedido de licencia.

“No tuve ningún derecho de defensa. Conmigo aplicaron una doble vara, y si me la aplican a mi, se la aplican a todo el mundo”, señaló Figueroa esta mañana en declaraciones a Radio 10.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó el miércoles pasado en sus funciones a la jueza Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.

La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias” y a la Cámara Federal de Casación Penal, según surge de la resolución.

Figueroa analizó que se le “adjudicó ser de (la agrupación) Justicia Legítima; de atrincherarse y de ser jueza de Cristina” para ser “descalificada” en los medios de comunicación.

“Da risa y preocupación que digan que me atrincheré. Habría que preguntarle a la Corte por qué tomó esta medida que considero arbitraria. No he visto a las asociaciones de magistrados o jueces reaccionar ante los agravios que hicieron hacia mi persona”, apuntó.

En tanto, la jueza insistió en que “hay una doble vara” ya que “hay que muchos jueces cumplieron 75 años y les dieron el acuerdo” para continuar en sus cargos y que “siempre se resolvió así, hasta que se dio mi caso”.

“Confiaba en que me iban a dar el mismo trato que a mis otros colegas. Desde la Corte sacaron una resolución que no se entiende y ordenaron el cese automático de las funciones”, observó.

Por otra parte, analizó también que si hubiera sido “un hombre” no se “hubieran animado a hacerle lo que me hicieron a mí”.

Por lo que finalizó con que la acción del Alto Tribunal “tiene una connotación tremenda de género”.

La resolución a la que alude Figueroa emitida por la Corte sostiene que “la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.

Los jueces añadieron que “ tras la reforma de 1994 el artículo 99 -inciso cuarto, tercer párrafo- de la Constitución Nacional prevé que ”un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo (del Senado) será necesario para mantener en el cargo“ a cualquier juez ”una vez que cumpla la edad de 75 años“.

La norma agrega que “todos los nombramientos de magistrados” cuya edad sea 75 años o mayor “se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.

CRM con información de la agencia Télam

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, resultó sorteado este miércoles para subrogar la vacante que se generó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de cesar en sus funciones a la magistrada Ana María Figueroa, según fuentes judiciales.

El magistrado es actual Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal y compone la Sala II del máximo tribunal penal del país. Integrará también la Sala III, en calidad de subrogante, según se informó oficialmente.

Resta definir qué ocurrirá con las causas en las que la jueza intervino en su paso por la Sala I, que integran también los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

La Sala I debe decidir el futuro de los expedientes de las causas Memorándum con Irán, Hotesur-Los Sauces: se trata de casos en los que los respectivos tribunales orales decidieron sobreseer a todos los imputados, sin necesidad de realizar el juicio oral.

Como esas decisiones fueron apeladas, dichos casos pasaron a la Cámara Federal de Casación Penal para ser revisadas. Allí se llevaron a cabo las audiencias de rigor -ambas el año pasado- aunque nunca se alcanzó una decisión.

Quién es Alejandro Slokar

Slokar es Profesor Titular de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Titular de la Cátedra 1 de Derecho Penal I de la Universidad Nacional de La Plata.

El juez también se desempeñó como profesor de posgrado en múltiples universidades de Latinoamérica, como Santiago de Cali (Colombia), del Zulia (Venezuela), Católica de Concepción (Chile) y San Agustín (Perú), donde además fue distinguido con el grado de Profesor Honorario.

Tiene más de 42 años de trayectoria en el Poder Judicial, adonde entró en el 2011 al cargo de Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, el cual presidió en 2016 y 2022.

Su currículum incluye también años de investigación académica, siendo Secretario del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; investigador de la UBA y del CONICET y becario del Ministerio de Educación y Ciencia de España, donde terminó sus estudios de doctorado. Obtuvo el grado Magister por la Universitat Autónoma de Barcelona en 1993.

Durante la Presidencia de Néstor Kirchner, se desempeñó como Secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ese entonces a cargo del actual titular de la Corte Horacio Rosatti.

Es autor de múltiples publicaciones en el país y en el extranjero, entre los que se destacan en coautoría con Raúl Zaffaroni los tratados “Derecho Penal. Parte General” y el “Manual de Derecho Penal”, editados y adaptados para México y Brasil desde el 2000.

LC con información de agencia Télam

La Corte Suprema de Justicia le puso punto final al limbo en que se encontraba Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal: por resolución ordenó que cese en sus funciones. Hasta este miércoles, la magistrada permanecía en el cargo pero sin dictar resoluciones, tras haber cumplido el 9 de agosto los 75 años, la edad a la que los jueces deben retirarse a menos que le pidan formalmente al Poder Ejecutivo extender cinco años más su permanencia en el cargo.

Figueroa había realizado el trámite para seguir y el presidente Alberto Fernández envió el pliego correspondiente al Senado. Pero allí la gestión se frustró debido a que la principal interesada en que Figueroa continuara, Cristina Fernández de Kirchner, no logró juntar la mayoría necesaria para aprobarlo.

La propia jueza Figueroa decidió quedarse en Casación tras haber cumplido la edad a la que, por imperio de la Constitución, los jueces deben jubilarse. Para hacerlo, había invocando un reglamento confeccionado por el Consejo de la Magistratura en 2017, en el que se establece que podría seguir en el cargo “provisoriamente” hasta que el Senado se expidiera sobre el pedido para seguir cinco años más o pase el año parlamentario, siempre que su pedido haya sido remitido al Senado, como sucedió en su caso.

Pero la Corte Suprema le puso fin a la incertidumbre, al disponer que cese en el cargo. La resolución fue dispuesta por unanimidad, es decir con las firmas de sus cuatro integrantes —Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y posteriormente fue notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.

Figueroa esperaba un acuerdo de la Cámara alta para renovar su mandato por cinco años, pero la oposición bloqueó la posibilidad con el argumento de que su reválida era un objetivo de la vicepresidenta de la Nación para “garantizar su impunidad” en causas judiciales en las que está involucrada.

La magistrada era un voto clave en los expedientes Hotesur-Los Sauces, el Memorándum con Irán y la causa Cuadernos. Ya había fallado en favor de la expresidenta en causas sensibles y es una convencida del lawfare o “guerra judicial”, la carta de la defensa de Fernández de Kirchner en las apelaciones y recursos que terminan en Casación.

Figueroa no renunció a su cargo, pero hasta el momento de su desplazamiento tampoco ejercía funciones. 

Ahora, el cargo de Figueroa queda vacante y debe ser ocupado por un juez subrogante que será elegido entre sus colegas de Casación. Sin embargo, la suerte de la vicepresidenta en dichas causas no depende estrictamente de este reemplazante, ya que intervienen otros dos magistrados que integran la sala del tribunal que integraba Figueroa.

Este reemplazante intervendrá en la causa Cuadernos, en los futuros recursos que lleguen a Casación.

Juntos por el Cambio: “Un freno a la impunidad para un país ordenado”

Ante el fallo de los jueces supremos, el interbloque de Senadores Nacionales de Juntos por el Cambio emitió un comunicado titulado “Un freno a la impunidad para un país ordenado”, donde celebran el cese de funciones de la ahora exjueza Ana María Figueroa.

Los senadores opositores sostuvieron que el pliego de Figueroa “no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido el límite máximo de edad previsto por la Constitución”, por lo que la Corte Suprema “no hizo más que ratificar” la carta magna, “sin privilegios para ningún magistrado ni beneficios para ningún político”.

La bancada de la coalición en la Cámara alta apuntó también la exmandataria, al manifestar que “siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la Vicepresidenta de la Nación”.

“Lamentablemente -agregaron-, durante todos estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado”, por lo que apuntaron al oficialismo como responsable de perjudicar “el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas”.

“Es momento de que el oficialismo deje de lado pretensiones particulares y se anime a debatir medidas que aporten soluciones a los argentinos”, cerró el texto.

LC con información de agencias

ED/JJD

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, se libra una nueva batalla de poder y control. Este martes, los jueces se reunieron en un plenario para tratar la situación de la presidenta del tribunal, la jueza Ana María Figueroa, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales. La magistrada cumplió 75 años el último 9 de agosto, edad límite para permanecer en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado, como demanda la Constitución.

Figueroa inició el trámite para permanecer en su cargo y el presidente Alberto Fernández autorizó su continuidad, al igual que la Comisión de Acuerdos del Senado, pero todo se trabó en el recinto de la Cámara Alta, ante la imposibilidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de conseguir los votos necesarios para tratar el pliego de Figueroa y darle continuidad en el tribunal.

Para Fernández de Kirchner, la permanencia de Figueroa es central. La jueza ha fallado a su favor en causas sensibles y es una convencida del lawfare o “guerra judicial”, la carta de la defensa de la vicepresidenta en las apelaciones y recursos que terminan en Casación.

Figueroa interviene en tres expedientes centrales para Fernández de Kirchner: en Hotesur-Los Sauces aún resta saber su voto —que ya dejó firmado— sobre si la expresidenta y sus hijos deben o no ir a juicio oral y público; en Memorándum con Irán debe decidir sobre la misma cuestión, si CFK debe afrontar el juicio, ya que, al igual que en la primera causa, fue sobreseída de manera anticipada por el tribunal oral; y en Cuadernos intervendría eventualmente cuando sea el momento de revisar la sentencia de juicio, entre otras cuestiones del caso que lleguen a Casación.

Figueroa no renunció pero actualmente tampoco ejerce funciones. Sin embargo, este martes recibió a sus colegas en un plenario. En el encuentro, por momentos tenso, algunos de los jueces le dijeron que “no se traba de algo personal” pero le pidieron que se tomara una licencia extraordinaria para que otro juez asuma en su cargo hasta que el Senado tome una decisión sobre su continuidad.

La jueza les comunicó que lo analizaría. La licencia debe ser aprobada por la Corte Suprema y le daría tiempo al Senado a resolver el trámite parlamentario. Es decir, daría tiempo a que el kirchnerismo negocie lo que deba negociar para conseguir los votos necesarios para sesionar y aprobar el pliego. Mientras tanto, otro juez puede tomar decisiones en lugar de Figueroa, lo que no es un buen escenario para CFK, dependiendo de qué magistrado tome ese lugar.

Este miércoles, el plenario de jueces continuará para cerrar el análisis de situación. En la Corte hacen silencio ante las consultas sobre el caso.

Los colegas que critican su decisión de no renunciar hablan de las trabas administrativas y judiciales que estaría generando esta especie de limbo, en el que la jueza no renuncia pero tampoco cumple funciones. Eso implica expedientes trabados, explicaron en los tribunales federales.

Otros, sin embargo, resaltan que Figueroa está en su derecho, ya que el trámite para renovar su pliego está en proceso y hay antecedentes de otros jueces a los que se les permitió permanecer en el cargo a la espera del Senado. 

La jueza también invocó un reglamento del Consejo de la Magistratura de 2017, en el que se establece que podrá seguir en el cargo “provisoriamente” hasta que se expida el Senado o finalice el año parlamentario.

El cargo de Figueroa es clave en Casación, por mucho más que las causas contra Fernández de Kirchner: su vacante implica el 30% extra de salario para el juez al que le toque ocupar su lugar momentáneamente; su ausencia amplía el poder de acción del juez que asuma en su lugar y despeja, para casi todos, la necesidad de lidiar con una díscola en el tribunal. También deja vacante la presidencia del tribunal, aunque sería ocupada por el vicepresidente, Mariano Borinsky.

Su retirada definitiva, en caso de renunciar, dejaría otra vacante en un tribunal clave en causas de alto impacto político y económico.

Con información de Noticias Argentinas (NA).

ED/JJD

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa cumplió hoy 75 años, edad límite para desempeñarse en el cargo sin aval del Congreso, y se encuentra a la espera de la aprobación del Senado para definir si continúa en sus funciones por un nuevo quinquenio. Así lo informó en una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En el escrito, la jueza explica que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya remitió un mensaje a la Cámara Alta solicitando “el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional” para extender su mandato. Dicha solicitud “se encuentra en estado parlamentario conforme expediente 59/23, con resolución favorable por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación”, por lo que la magistrada espera la culminación del trámite.

A partir de este jueves, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal quedará a cargo del vicepresidente del cuerpo, Mariano Borinsky, a fin de que ninguna decisión administrativa firmada pueda ser invalidada en caso de no conseguirse la prórroga en la Cámara Alta.

Esta mañana, también, la consejera Jimena de la Torre envió una nota al presidente del cuerpo y otra a la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, María Fernanda Vázquez, para reclamar que se inicie el proceso para cubrir la vacante de Figueroa. “Solicito se arbitren los medios necesarios para cubrir la vacante judicial que se ha generado a raíz de lo antes indicado y, por consiguiente, se convoque a concurso público para cubrir la magistratura de la Cámara de Casación Penal en cuestión”, indicó en tanto Figueroa no está habilitada para permanecer en el cargo.

Con información de agencias.

La vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra el ex mandatario Mauricio Macri y lo acusó de “mafioso” luego de que el fundador del PRO reclamara a tres magistrados que se abstengan de dar el quórum para el tratamiento de la continuidad de jueces, entre ellos, el pliego de la jueza federal Ana María Figueroa.

“Más mafioso no se consigue”, sentenció, al tiempo que aseguró que Macri amenaza al flamante gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Según la titular del Senado, el fundado del PRO les pidió a los senadores Guillermo Snopek (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Edgardo Kueider (Entre Ríos) que no den quórum en la cámara baja para evitar votar la designación de nuevos jueces y fiscales, entre los que se encuentra el pliego por la permanencia de la jueza Figueroa.

“¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?”, se preguntó Cristina Kirchner.

En la misma línea, continuó: “¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione? Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa”.

“Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek, de Jujuy, y Kueider, de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue”, arremetió en un mensaje que publicó junto a un video de un fragmento de la participación de Macri en el canal de televisión Todo Noticias.

En la entrevista televisiva, el referente de Juntos por el Cambio hizo alusión a los pliegos de los jueces que busca aprobar el oficialismo en el Senado, lo que calificó como una maniobra “muy peligrosa”, al argumentar que, “después (los jueces) tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño”.

Fue entonces cuando reclamó a Snopek, Weretilneck y Kueider, tres aliados al Gobierno, pero con márgenes de autonomía: “Entonces, yo les pido ahí a Snopek, de Jujuy, a Kueider, de Entre Ríos, y a Weretilneck, que va a ser el futuro gobernador de Río Negro, que tengan un compromiso con la patria. Que no dejen que nombren esos jueces militantes en esas listas”.

La entrevista a Macri

Con información de NA.

IG

Una pericia oficial que demostraría adulteraciones en la escritura de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del entonces funcionario Roberto Baratta, volvió a poner la causa de los Cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública en la agenda judicial. 

Mientras en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, se esperan novedades en la causa Hotesur-Los Sauces, en julio último, un informe elaborado por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que al menos tres de los ochos cuadernos de Centeno tienen anotaciones y correcciones hechas por su amigo ex policía Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó el material que luego terminaría en la Justicia, motorizando uno de los expedientes centrales sobre presunta corrupción durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. 

El peritaje caligráfico no fue realizado en la causa de los cuadernos sino en un expediente paralelo, iniciado por uno de los empresarios acusados de pagar sobornos a los Kirchner: Armando Losón, del Grupo Albanesi. 

La presunta adulteración de los cuadernos, ya tiene al menos repercusiones mediáticas y judiciales, como publicaron Clarín y Página/12 en los últimos días. Si bien las alteraciones registradas por los expertos caligráficos complican penalmente al testigo Bacigalupo, se trataría, hasta el momento, de alteraciones en tres de los ocho cuadernos y que no harían a lo importante de la prueba, según surge del informe oficial al que accedió elDiarioAR. 

Sin embargo, es una carta para las defensas. Uno de los abogados de Losón, Mariano Cuneo Libarona, solicitó al Tribunal Oral Federal número 7, que debe realizar el juicio oral y público por los cuadernos, que ordene una pericia caligráfica oficial sobre los ocho cuadernos de Centeno. El tribunal tiene en su poder seis cuadernos originales y dos en fotocopia. La pericia caligráfica se realizó hasta el momento sólo sobre fotocopias de los cuadernos 4, 7 y 8, correspondientes a los años 2008-2009, 2013 y 2015.

Aún así, los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores o arrepentidos es prueba central en la causa y sigue en pie. Además, fueron validados por el voto de la mayoría en la Sala I de la Cámara Federal de Casación. 

El juicio y causa paralela

El caso de los Cuadernos se da en dos frentes simultáneos: el de los medios y el de los tribunales. La causa central y un segundo capítulo atraviesan el proceso previo al juicio oral y público pero este aún no tiene fecha de inicio. El TOF 7 ya culminó la etapa en la que las partes -fiscalía y defensas- deben presentar pruebas complementarias para ser analizadas en el juicio. Ahora resta que los jueces decidan cuáles de las pruebas propuestas por las partes se realizarán. 

Por los cuadernos, fueron detenidos decenas de empresarios y exfuncionarios a partir de agosto de 2018, cuando el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli estaban a cargo del expediente. Por primera vez, desfilaron en indagatoria, y en algunos casos prisión, los empresarios y CEOs más importantes de la obra pública y el transporte del país.

Mientras tanto, en el expediente iniciado por Losón, la Justicia intenta dilucidar que llevó al expolicía Bacigalupo a corregir y alterar palabras en los cuadernos que su amigo Centeno le había confiado para guardarlos y en el que registró los supuestos pagos ilegales de empresarios al entonces funcionario Baratta entre 2008 y 2015. 

El juez a cargo de investigar la supuesta adulteración de los cuadernos es Marcelo Martínez de Giorgi y sólo se centra en tres cuadernos, aquellos en los que aparece mencionado el empresario Losón, que inició esta causa paralela para defenderse de las acusaciones en su contra en el expediente Cuadernos. 

Martínez de Giorgi dispuso la extracción forense de información de los dispositivos móviles y electrónicos secuestrados en la casa de Bacigalupo en marzo pasado, cuando fue allanado en busca de manuscritos que permitieran comparar su letra con la de las correcciones detectadas en los cuadernos en una pericia anterior, informó la agencia estatal Télam. Las consecuencias para el expolicía podría implicar un procesamiento por adulteración de documento público, aunque en rigor los cuadernos eran privados.

La pericia oficial

Los cuadernos de Centeno son ocho, pero en el tribunal de juicio sólo hay seis originales, que aparecieron cuando el ex chofer los entregó en octubre de 2019, 14 meses después de su arresto y declaración como arrepentido. Al principio de la causa había dicho que los había quemado.

Entre las modificaciones se detectó la letra de Bacigalupo en correcciones realizadas en 2008, en una referencia al “Ingeniero Ferreyra”, por el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los privados que irá a juicio y de los pocos que se negó a declarar como arrepentido o imputado colaborador. También en las anotaciones “Armando” -por Losón-, “Alem 855” -por una de las direcciones que habría visitado Baratta para el cobro de dinero ilegal-, “X55”, las últimas tres de 2013.

La defensa de Losón busca que en el análisis de los ocho cuadernos en poder del TOF se pueda determinar más información sobre las reescrituras y aclaraciones presuntamente realizadas por Bacigalupo, especialmente cuándo se hicieron las correcciones y por qué. Los abogados de Losón creen que las modificaciones son previas al ingreso del material a la causa penal y a la entrega al periodista Diego Cabot, de La Nación, quien recibió el material de parte de Bacigalupo.

¿Por qué sólo la defensa de Losón presentó este pedido? Una fuente bien entendida cree que muchos empresarios preferirán firmar un juicio abreviado, evitar la cárcel, antes que discutir su inocencia ante el tribunal.

¿Quién o quiénes eran los destinatarios de los cuadernos? En el entorno de Baratta sostienen que se escribieron en 2016, años después de los hechos redactados y que el objetivo era extorsionar por dinero al exfuncionario, lo que no se concretó. Centeno nunca reconoció la sospecha. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, también solicitó al TOF 7 que antes de iniciar el juicio de los Cuadernos ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Una jueza de Hotesur-Los Sauces y Cuadernos

Mientras la Cámara Federal de Casación todavía debe decidir si la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia afrontar un juicio oral y público por otro caso de presunto lavado de dinero, Hotesur-Los Sauces, Fernández de Kirchner debe juntar los votos en el Senado para que antes de este 9 de agosto se renueve el pliego de la magistrada Ana María Figueroa, presidenta de la Casación y una de los tres jueces que deberán revisar también el caso Cuadernos cuando llegue la hora de definir el destino de este juicio pendiente. 

La jueza Figueroa cumplirá 75 años este miércoles y solicitó a través del trámite habitual la renovación de su pliego ante el Senado. Sin embargo, de no contar con el aval de la mayoría de los senadores, Figueroa se jubilará, informaron cerca de la magistrada a elDiarioAR. 

La magistrada tiene un rol clave en la causa sobre los negocios hoteleros e inmobiliarios de los Kirchner pero también tuvo y tendrá un rol clave en la revisión de la eventual sentencia en el futuro juicio oral y público del caso Cuadernos, expediente en el que ya se pronunció a favor de la defensa de CFK, que cuestionan la validez de las declaraciones de los empresarios arrepentidos.

Fernández de Kirchner no tuvo hasta el momento los votos necesarios en la cámara alta para extender a Figueroa en el cargo. Esta semana, sería la fecha límite.

ED

El interbloque de senadores del Frente de Todos resignó sus chances de lograr quórum para la sesión de este jueves para tratar 75 pliegos que incluyen el de la jueza Ana María Figueroa, magistrada de la Cámara Federal de Casación y una de los tres jueces a cargo de la revisión de la causa Hotesur, en la que deben decidir si confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. En caso de no aprobar en la Cámara Alta su continuidad en el cargo, deberá jubilarse dado que el próximo miércoles 9 de agosto cumple 75 años, edad máxima para ejercer según la Constitución Nacional.

La salida de Figueroa del máximo tribunal penal de país perjudica a CFK, ya que Figueroa ha votado en coincidencia con los pedidos de su defensa y sostiene que en los tribunales se practicó el lawfare o “guerra mediático-judicial” contra la expresidenta.

Con la próxima sesión frustrada, ahora el oficialismo buscará conseguir el senador número 37, necesario para lograr el quórum y aprobar la permanencia por cinco años de Figueroa, quien debe decidir junto a sus colegas si confirma los sobreseimientos del a causa de lavado de activos o si ordena la realización del también frustrado juicio oral. La tarea del Frente de Todos se vuelve incluso más compleja luego de que el senador y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, se negara a tratar la designación de nuevos jueces hasta después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

A esta situación se suma la decisión del legislador entrerriano Edgardo Kueider, de Unión Federal (ex Frente de Todos), de condicionar su apoyo a la aprobación de un proyecto en pos de aliviar la tarifa del servicio eléctrico. Dicha iniciativa fue tratada este miércoles en la comisión de Minería, Energía y Combustible presidida por Rubén Uñac y alcanzó dictamen con la firma de senadores oficialistas.

En este marco, Kueider debería acompañar al bloque del Frente de Todos en la sesión de la semana próxima, pero, de todos modos, todavía restaría hallar un legislador adicional para garantizar quórum. Ante la postura de Weretilneck, quienes apoyan a la vicepresidenta podrían intentar persuadir al correntino Carlos “Camau” Espínola, cercano al precandidato presidencial de “Hacemos por nuestro país” y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Con información de agencias.

La Corte Suprema finaliza 2022 sin haber tratado un caso que fijará un antecedente clave para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: su sobreseimiento anticipado en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó al máximo tribunal en junio de 2021 pero el expediente ni siquiera circuló por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkranzt y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con los registros públicos del máximo tribunal y las consultas de elDiarioAR a fuentes directas de la Corte. 

¿Por qué es clave para la vicepresidenta? En primer término, por los plazos. ¿Cuánto tiempo se tomará eventualmente la Corte para analizar y dejar firme su condena en el caso Vialidad si aún no ha decidido sobre Dólar Futuro, que lleva dieciocho meses en el Palacio de Justicia?

En segundo lugar, si bien existen diferencias amplias entre Dólar Futuro y los casos del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, una decisión de la Corte podrá fijar precedentes sobre estos otros dos sobreseimientos anticipados que aún están pendientes de revisión. 

El caso Dólar Futuro se centró en una supuesta administración fraudulenta por los valores pactados por el Banco Central en contratos de dólar a término celebrados en 2015. Fernández de Kirchner no había sido denunciada pero el juez Claudio Bonadio la procesó y envió a juicio en la causa. 

En abril de 2021, tras varias idas y vueltas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal- sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y a los otros trece imputados, entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al titular del Banco Central, Miguel Pesce. 

El fiscal general Pleé solicitó entonces que la Corte revisara los sobreseimientos dictados por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

La Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Si los jueces hacen lugar a la queja y fallan a favor del fiscal, podrían revocar los sobreseimientos y ordenar la realización del juicio. O podrían rechazar el planteo de Pleé por cuestiones técnicas (si correspondía o no presentarlo).

Una fuente de la Corte informó a este diario que, a priori, los jueces no se reunirían durante la última semana del año para firmar fallos y que el último acuerdo del máximo tribunal fue el del miércoles, cuando los cuatro ministros ordenaron que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable. Ese mismo día, los jueces dictaron un total de 273 sentencias y resolvieron 524 causas.

El fallo a favor de la Ciudad, que demoró poco más de dos años, elevó todavía más la ya instalada tensión entre la Corte y el Ejecutivo: el presidente Alberto Fernández anunció este jueves por la noche que no acatará la orden del máximo tribunal.

A diferencia de la demanda de la Ciudad, el caso Dólar Futuro nunca estuvo entre las prioridades de la Corte durante 2022, afirmaron fuentes cercanas a los ministros del máximo tribunal. El estancamiento del expediente lo confirma. Además, el máximo tribunal no tiene plazos y maneja los tiempos de sus decisiones.

Durante el último año, los jueces del máximo tribunal resolvieron 21.366 causas con el dictado de 8.409 sentencias, según los últimos datos de la Corte. La mayoría de estos expedientes son previsionales (jubilaciones y pensiones).

Movimientos

Los sobreseimientos en Dólar Futuro llegaron a la Corte el 16 de junio de 2021, hace más de dieciocho meses y el caso ha tenido desde entonces escasos movimientos. De hecho, ninguno de los cuatro jueces del máximo tribunal han visto o revisado formalmente expediente, ya que éste no ha circulado entre sus despachos o vocalías, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación en el que puede seguirse la ruta de los expedientes.

Unas 48 horas después de haber recibido la queja del fiscal Pleé, los jueces de la Corte decidieron enviar el caso a la Procuración General de la Nación para que Eduardo Casal, jefe de los fiscales, dictamine sobre el planteo realizado por Pleé. Este paso es opcional para los ministros de la Corte, quienes sí decidieron que el Procurador interino debía opinar. No le fijaron plazos, como sí dispusieron en otros casos. 

Casal presentó su posición sobre el incidente dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos y en el dictamen publicado por el sitio web del Ministerio Público Fiscal. “Es un plazo intermedio comparado con otros dictámenes que han llegado a la Corte”, dijo una fuente de la Procuración ante la consulta de elDiarioAR por el plazo del dictamen. 

La postura de Casal tampoco es vinculante para los jueces de la Corte, quienes pueden seguir o no la línea planteada por el jefe de los fiscales.

El Procurador interino sostuvo que la Corte debe admitir la queja de Pleé y revocar el fallo de los jueces Figueroa, Petrone y Barroetaveña que terminó los sobreseimientos de la vicepresidente y el resto de los involucrados en la causa. 

Desde que el expediente regresó a la Corte, hace 53 días, se encuentra en la secretaría número 3, encargada de los casos penales que llegan al máximo tribunal. Allí, el secretario penal de la Corte trabaja con otros secretarios letrados que se especializan en distintos campos del derecho penal y son quienes intervienen para realizar un informe con una propuesta de resolución ante los jueces del máximo tribunal. Este informe tampoco es vinculante y los ministros pueden obviarlo en su análisis. 

Antes de la Corte

¿Cómo llegó el caso Dólar Futuro a la Corte Suprema? El fallecido juez Claudio Bonadio envió a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados en el caso a juicio oral y público. El debate debía ser realizado por el Tribunal Oral Federal número 1. Luego de que el expediente llegara a dicha instancia, la defensa de Pesce solicitó que se realizara una medida de prueba complementaria que Bonadio se había negado a hacer: una pericia contable.

El tribunal aceptó el pedido y se la encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. El resultado: las operaciones de dólar futuro celebradas durante el 2015 coinciden con los precios de dos mercados institucionales -el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX), tal como lo exige el artículo 18, inc. a) de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con esa carta, varias defensas interpretaron que se confirmaba su postura: los funcionarios no habían cometido ningún delito. Entonces solicitaron al tribunal los sobreseimientos anticipados en base a la nueva prueba, pero dos de los jueces del tribunal rechazaron el planteo y siguieron adelante con el juicio.

Las defensas fueron en queja para insistir con los sobreseimientos y la nulidad del juicio ante el tribunal inmediatamente superior al tribunal oral federal: Casación.

En abril de 2021, la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Petrone y Barroetaveña dictaron los sobreseimientos y anularon la realización del juicio oral y público.

En su dictamen, Casal sostuvo que los planteos de las defensas que llegaron a Casación y terminaron con el sobreseimiento de los acusados nunca debió haberse tratado porque la decisión del tribunal oral de seguir adelante con el juicio oral y público no era equiparable a una sentencia definitiva -circunstancia que amerita la intervención de Casación- y porque no restringía los derechos de los imputados, ya que ninguno estaba privado de su libertad y todos tendrían un juicio acorde a las reglas, sostuvo el jefe de los fiscales.

El jefe de los fiscales también dijo que “la decisión de Casación fue contrario a la conocida doctrina” de la Corte. “Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral”, afirmó Casal.

ED

La flamante presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, anticipó que dictará sentencia en las causas en las que ha intervenido, entre ellas las del Memorándum con Irán, que investiga encubrimiento, y la causa por presunto lavado conocida como Los Sauces-Hotesur, que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“En las causas en las que he participado, voy a dictar sentencia sin ningún problema. Sólo voy a dejar de firmar en las causas nuevas”, anticipó Figueroa en declaraciones este sábado al programa Toma y Daca que se emite en AM750.  

La jueza ratificó que “fue Juan Bautista Mahíques” -hoy fiscal general dela Ciudad e Buenos Aires- quien la visitó en su despacho en la víspera de un fallo en la causa del Memorándum con Irán y se mostró a favor de “sanear el Poder Judicial” porque “es una necesidad”. Además, sostuvo que “faltan muchas cosas en materia de género” en la Justicia y advirtió “la Corte Suprema no pasa un test de género”. “Los chats entre jueces y fiscales me dieron tristeza”, afirmó sobre la reciente filtración, tras el hackeo de una línea telefónica, de conversaciones y audios de un grupo de jueces, funcionarios y ejecutivos de medios que participaron de un viaje a Lago Esconido, en Río Negro, denunciado por “dádivas”.

La jueza Figueroa fue elegida esta semana para presidir de la Cámara Federal de Casación Penal en el 2023, mientras que los jueces Mariano Borinsky y Daniel Petrone la secundaran como vicepresidente primero y segundo, respectivamente, de ese tribunal.

Figueroa sucederá en la presidencia de máximo tribunal penal del país, solo por debajo de la Corte Suprema de Justicia, al juez Alejandro Slokar que volverá a integrar la sala segunda del tribunal.

Entre sus principales definiciones, Figueroa dijo:

-“Cuando hay un grupo de funcionarios que no respetan el compromiso ético, nos pone al resto en la picota. Les puedo asegurar que no todos estamos en esa y no somos todo lo mismo”.

- En el caso de los chats de Lago Escondido “debe actuar el Consejo de la Magistratura”

- “Hay que hacer cambios en el Poder Judicial: hay que coordinar con la política para poder hacerlos”

- “Se necesitan cambios, pero debe haber un feed back, un ida y vuelta con el poder político”

- “Queremos que se sanee el Poder Judicial porque lo necesita la República”

-“En la causa de Mesa Judicial intervine cuando me remitieron el expediente”

- “Yo dije en sede judicial que el funcionario que me visitó en mi despacho fue Juan Bautista Mahíques”. En junio de 2020, Figueroa denunció que el ex funcionario y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques, intentó presionarla, al declarar por escrito como testigo en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial.

- “Mahíques pudo mentir en la causa judicial porque no era testigo, yo sí era testigo y estaba obligada a decir la verdad”

- “En las visitas a todas las Cámaras provinciales voy a impulsar seminarios de género. Se avanzó mucho en materia de género, pero también sabemos que falta mucho”

- “La Corte Suprema no pasa un test de género. Son todos varones”

- “No conozco el expediente de Milagro Sala, pero entiendo que el equipo jurídico puede recurrir a instancias internacionales”

- “En términos generales no lo puedo afirmar, pero hubo casos focalizados de ensañamiento judicial: recuerdo las 8 citaciones de (el fallecido juez Claudio) Bonadio en un mismo día para Cristina Fernández de Kirchner”.