Cristina Fernández de Kirchner podrá pedir el cumplimiento de la condena a 6 años de prisión en el domicilio que ella elija bajo el argumento de su edad, ya que supera los 70 años. Sin embargo, antes de que ese lugar de detencion quede definido, es probable que la expresidenta pase al menos 24 horas detenida en alguna dependencia determinada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Con el fallo de la Corte ya redactado, el expediente fue enviado inmediatamente al Tribunal Oral Federal, el cual se encargará de ordenar a la ex presidenta presentarse en Comodoro Py para quedar detenida.

El Tribunal Oral Federal N 2 dispuso que Cristina Kirchner tiene cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py donde quedará detenida para empezar a cumplir su condena en la causa Vialidad.

En el entorno de la expresidenta barajaban varias posibilidades para que cumpla la prisión domiciliaria. Uno de los destinos podría ser el edificio del barrio de Constitución, donde Fernández de Kirchner luego del intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022. Eso le permitiría estar más cerca de su hija y su nieta, quienes viven a pocas cuadras.

La otra opción es recluirse en su casa de El Calafate, en Santa Cruz, aunque ese domicilio implicaría quedar alejada de la vida política.

Más allá del pedido de CFL, es probable que se hagan estudios socio ambientales para luego aprobar el domicilio que se presente como lugar de detención.

Con el fallo ya emitido, el peronismo evaluaba distintas alternativas para rechazar el fallo del máximo tribunal, entre ellas una declaración conjunta, una masiva movilización y hasta una denuncia en cortes internacionales.

Para el PJ, el Poder Judicial concretó con este fallo la “proscripción” de la ex presidenta, que la semana pasada había confirmado su voluntad de ser candidata diputada bonaerense por la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires para las elecciones desdobladas del 7 de septiembre.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme hoy la condena a 6 años de prisión para la ex presidenta, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.

Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que la ex mandataria no podrá ser candidata en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Con información de NA

En la víspera de la sentencia de la Corte Suprema que ratificó su condena en la causa Vialidad, Matheu 130 se convirtió en un búnker de guerra. Engrosado por la presencia de un centenar de dirigentes y varios centenares de militantes, la sede partidaria del PJ Nacional funcionó como base de operaciones durante todo el día. Cristina Fernández llegó a las 11.30, saludó a la militancia que había pasado la noche en la entrada del PJ, ingresó al edificio y, durante el resto del día, se dedicó a recibir a las decenas y decenas de dirigentes políticos, sociales y sindicales que comenzaron a aglomerarse, desde temprano, para formar un escudo protector en torno a la expresidenta.

Fueron todos. A la mañana, llegaron los senadores de Unión por la Patria. Escoltados por José Mayans y Juliana di Tullio, cayeron hasta los legisladores que están enfurecidos con CFK y La Cámpora. Fue Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil, el gobernador catamarqueño que viene trabajando en tándem con Casa Rosada. Fue la jujeña Carolina Moisés, enemistada con el camporismo, y el camporista Marín Doñate. “En las malas nunca vamos a estar afuera”, deslizó un legislador.

CFK estaba convencida de que este martes Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmarían su condena. Así se los dijo a los senadores y, cuando algunos amagaron con largarse a llorar, los cortó en seco: “Nada de llantos. Hay que tener un plan porque la crisis de representación es grave. Hay que salir a seducir el voto en blanco”, arengó. Mientras tanto, los dirigentes iban entrando en olas.

Llegaron Federico Fagioli y Natalia Zaracho de Patria Grande, que venían de comenzar a organizar la vigilia en la casa de CFK en Constitución. Unas horas más tarde, rodeado de periodistas, llegó Juan Grabois –detenido y liberado apenas un día antes–. “La detención de Cristina es el inicio de una virtual dictadura”, denunció.

Llegaron los intendentes bonaerenses. Los diputados nacionales. Eduardo Valdés, Mónica Macha, Hugo Yasky, José Glinski. Habían referentes de La Cámpora y kirchneristas silvestres, kicillofistas enojados con CFK y cristinistas enojados con Kicillof. “Todo sigue roto, pero la van a meter presa. No podemos discutir ahora por las listas”, deslizó un kicillofista.

Los dirigentes que llegaban no se iban. Algunas legisladoras comenzaron a pedirle a sus asesoras que le trajeran una muda de ropa: la noche iba a ser larga. Se estaba organizando la resistencia. “El peronismo no va a permitir que la vengan a buscar en un patrullero”, amenazó Teresa García, apenas llegó. “Yo vine a cagarme a trompadas con la policía si intentan llevarla a la fuerza”, admitió, en voz baja, un dirigente bonaerense.

Se comenzó a organizar un operativo: Una vez recibido el fallo de la Corte en el PJ y, cuando llegue el momento de ir a la casa, la militancia y las organizaciones sociales acompañarán a CFK marchando hasta Constitución.

Los teléfonos estaban activados: Cecilia Moreau dialogaba con Sergio Massa, que llegó a las 4 de la tarde, luego de emitir un comunicado del Frente Renovador que denunciaba la “judicialización de la policía”. Dirigentes sindicales estaban en contacto directo con la CGT, que se comprometió a movilizar si el fallo salía. “Estamos todos en estado de alerta y movilización”, sintetizó Moreau, a la salida.

Faltaba media hora para que la Corte se reúna cuando llegó el primer rumor: Rosatti y Rosenkrantz ya habían firmado la condena, quedaba sólo la firma de Lorenzetti. Era solo cuestión de tiempo.

Afuera, la calle comenzó a volverse intransitable. La militancia comenzó a copar Matheu hasta la avenida Belgrano. No había policías, y los puestos de chori empezaron a prender el fuego. Se cantaba el himno y la marcha peronista. No había cantos contra Javier Milei, pero sí contra el Grupo Clarin: el autor intelectual de la condena según el cristinismo. “Héctor compadre, la concha de tú madre”, cantaban. Se escuchó, como en otras épocas, un canto casi vintage: “Mauricio Macri la puta que te parió”.

Cuando el rumor de que Lorenzetti ya había estampado la firma que confirmó la condena y detención de CFK comenzaba a extenderse, se vio ingresar el auto de Axel Kicillof. Algunos gritaban “Vamos Axel”. Pero la columna de La Cámpora le grito en la cara “Cuanto les falta para entender, no fue magia nos conduce una mujer”. No estuvo mucho tiempo, apenas una media hora, y se fue.

A una cuadra, frente al caos, unas señoras de 75 años conversaban en la entrada de una cafetería paqueta. “Ay pero que se vaya a Calafate y deje de joder”, se quejaban, mientras observaban como las columnas de militantes seguían ingresando.

MC

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunirá este jueves con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para discutir de qué manera se aumentará la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) luego de que el expresidente Alberto Fernández redujera el porcentaje al 1,4%. Tras la judicialización del conflicto, la Corte Suprema de Justicia resolvió que a esta jurisdicción le corresponde un 2,95% de los fondos, pero aún no se le ha pagado a la Ciudad la diferencia correspondiente.

Si bien la administración de Javier Milei mantiene una buena relación con la gestión porteña del PRO, se prevé una negociación complicada entre ambos dirigentes en tanto el exintendente de Vicente López buscará el desembolso inmediato de los fondos adeudados mientras el gobierno nacional continúa firme en su postura de recorte bajo el lema “no hay plata”.

Durante la gestión de Mauricio Macri, y luego del traspaso de la Policía a la Ciudad, CABA recibía una coparticipación del 3,5%. Sin embargo, el expresidente Fernández decidió reducir dicho porcentaje al 1,4% por lo que el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta elevó la disputa a la Corte Suprema de Justicia que terminó fallando a favor de la Ciudad.

Pese a la resolución judicial, el gobierno del Frente de Todos no cumplió con la entrega del dinero dado que era de “imposible cumplimiento” y, en su lugar, colocó bonos como garantía. Ante esta situación, el gobierno de Jorge Macri estima que la administración nacional le debe, hasta ahora, alrededor de $350.000 millones.

El jefe de Gobierno no sólo buscará que se le transfieran los fondos adeudados sino también coordinar que el traspaso de la Justicia a la Ciudad planteada en la ley ómnibus que Javier Milei presentó ante el Congreso se concrete con la llegada de los fondos correspondientes para que CABA haga frente al nuevo gasto. Además, solicitará que la Justicia se sume también el traslado del fuero laboral y se le entregue a la Capital Federal el Puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Pese a las demandas que presentará el exintendente de Vicente López, no se descarta que Caputo se niegue a transferir de inmediato las cifras que pude la Ciudad. Por el contrario, podría recurrir a un nuevo bono, la misma estrategia que aplicó Alberto Fernández ante la falta de dinero.

ACM con información de agencias

JJD

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes un planteo de inconstitucionalidad contra la denominada “Ley del Arrepentido”. De esta manera, respaldó su validez en el marco de la Causa Cuadernos. Por unanimidad, rechazó un planteo formulado por el exministro de Planificación, Julio De Vido.

En apenas dos párrafos, el máximo tribunal descartó el planteo de los abogados de De Vido, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, al argumentar que no había sido dirigido “contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.

En los hechos, el fallo implica que la causa llegará a juicio con los relatos de los arrepentidos -cuestionados por la mayoría de las defensas, incluso las de los propios arrepentidos- con valor probatorio. De esto se desprende que en el debate oral y público, que aún no tiene fecha de inicio fijada, se volverá a discutir sobre la constitucionalidad de la norma.

La ley 27.304 fue sancionada en octubre de 2016, donde se consagró la figura del “imputado colaborador” o “arrepentido”.

Entre los puntos principales de la norma, el artículo sexto establece que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

Quienes objetan la norma sostienen que ese artículo significa que las audiencias debieron haber sido grabadas y/o filmadas para su control posterior, cosa que ocurrió en ningún caso.

Más aún, algunos “arrepentidos” -como el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner- pidieron que su declaración como “imputado colaborador” no fuera utilizada como prueba durante el juicio, ya que no fue una elección libre de su voluntad acceder a aquel acuerdo.

En síntesis, la ley establece que quien hubiera participado de un hecho ilícito que y prestara colaboración, obtendrá una disminución de la pena privativa de la libertad en la sentencia.

En todas las etapas previas, el planteo de De Vido fue rechazado: por el difunto juez Claudio Bonadio, por la Cámara Federal, por la de Casación y, ahora, por la Corte. El fallo fue suscripto por los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

LC con información de agencia NA

El 21 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión judicial con impacto político: dictó una medida cautelar, es decir, una sentencia provisoria, a favor de la Ciudad de Buenos Aires, que demanda al Gobierno Nacional en reclamo de un mayor porcentaje de la recaudación de los impuestos nacionales que recibe en la coparticipación federal. 

El fallo desató la última escalada de tensión política, agudizó la disputa entre el kirchnerismo y la oposición e intensificó el enfrentamiento con el poder Judicial. Sin embargo, en retrospectiva, la decisión que desencadenó la mayor crisis institucional para los jueces del máximo tribunal parece haber sido, por el momento, en vano y ninguna de las partes espera que el caso se resuelva durante lo que queda del año, de acuerdo a las consultas con las partes realizadas por elDiarioAR. 

El presidente Alberto Fernández no ha cumplido el fallo cautelar, la Ciudad sigue sin recibir la cantidad de fondos públicos que reclama para financiar la policía porteña y los jueces de la Corte atraviesan un proceso de juicio político en la cámara de Diputados que, aunque con escasas posibilidades de prosperar, ha hecho desfilar a empleados y funcionarios del tribunal sometidos a interrogatorios, y ha permitido al kirchnerismo reeditar viejas acusaciones y exponer supuestos hallazgos sobre el poder de los jueces supremos.  

El fallo provisorio de diciembre había ordenado que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. La decisión resaltó la autonomía de la Ciudad y la equiparó como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994 pero que hasta el momento no se aplicaba en la distribución del dinero público.

La orden de la Corte también implicó que el Estado Nacional percibiría menos fondos públicos de la coparticipación, ya que la porción mayor que debería enviar a la Ciudad no se obtiene de reducir lo que reciben las 23 provincias sino el gobierno nacional. 

Todo esto debía suceder mientras la Corte analizaba el expediente, ordenaba pruebas y pericias y tomaba una decisión definitiva para establecer el porcentaje de la masa de impuestos nacionales que le corresponderá a la Ciudad en adelante.

A partir de entonces, se sucedieron denuncias penales de gobernadores contra funcionarios de la Corte; filtración de supuestos chats entre el entonces ministro de la Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro y la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti intercambiando información sobre el fallo; la apertura del proceso de juicio político contra los cuatro jueces del tribunal; encendidos discursos de las principales figuras del oficialismo contra los ministros de la Corte; titulares y titulares sobre el caso. El Estado Nacional recusó a los jueces de la Corte para que se aparten del caso y presentó un recurso ante la Corte denominado “reposición in extremis” para habilitar una etapa excepcional de revisión del fallo por parte de los propios ministros del tribunal. Luego, el presidente Fernández anunció que pagaría a la Ciudad con bonos. 

El gobierno porteño realizó varias presentaciones ante la Corte por el incumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno Nacional, solicitó el embargos de la cuenta del Banco Nación de la cual debe salir el dinero en disputa y sanciones a los funcionarios que no ejecutaban la sentencia y los pagos.

Casi seis meses más tarde, los jueces del máximo tribunal continúan sin tratar las recusaciones en su contra, ni el recurso del gobierno de Fernández ni las presentaciones y pedidos de la Ciudad. La sentencia cautelar continúa sin ejecutarse; el porcentaje de fondos coparticipables que recibe la Ciudad siguen representando el mismo porcentaje y sumas extra que recibía antes del fallo y el expediente está paralizado y ni siquiera se ordenó la apertura de la etapa de pruebas, de acuerdo a las respuestas obtenidas por elDiarioAR de altas fuentes de la Corte y la Ciudad que tienen acceso directo al caso.

ED

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, afirmó este jueves que el fallo de la Corte Suprema que invalidó su candidatura para competir por la re-reelección en esa provincia “refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política”.

El mandatario provincial dijo, a través de una carta, que aunque no comparta, “sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone”.

En un posteo en Twitter, el gobernador sanjuanino precisó: “No voy a ser cómplice de este manoseo. Quiero dar vuelta esta página y solicitar al Tribunal Electoral provincial que fije rápidamente nueva fecha de elecciones para definir, sin condicionamientos y sin nuevas intromisiones, a los representantes del Gobierno de San Juan”.

El mensaje de Uñac, titulado “Corte supremo a la autonomía de nuestro pueblo”, llegó varias horas después de que la Corte inhabilitara su candidatura a la reelección, tras hacer lugar a una impugnación presentada por la oposición, motivo por el cual se suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán.

Los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda se expidieron sobre el tema luego de que Eduardo Casal, Procurador General de la Nación interino, declarara inconstitucional las aspiraciones del gobernador peronista a otro mandato consecutivo. El magistrado Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en la cautelar qué pidió la medida en un primer lugar.

El mandatario sanjuanino disparó: “Pueden judicializar la política y evitar que se elija democráticamente a un candidato. Pero lo que no vamos a permitir de ninguna manera es que destruyan un proyecto que hizo a San Juan crecer y que fue elegido y ratificado por los sanjuaninos el último 14 de mayo”. “Voy a seguir apostando por una Justicia que sea justa, y por una política que definitivamente esté al servicio de la gente”, continuó Uñac.

Además, el mandatario provincial cuestionó: “Lo que todos suponíamos que podía ocurrir tras la suspensión del proceso electoral en nuestra provincia, finalmente ocurrió. La misma Corte Suprema que canceló parcialmente los comicios en San Juan a horas del comienzo de la veda electoral, ahora resuelve finalmente que no puedo ser candidato a gobernador de mi provincia”.

Por último, sentenció: “La mala comedia de enredos que empezó el 9 de mayo y sumó idas, vueltas, marchas y contramarchas, culmina con un final que todos podíamos prever: la Corte Suprema avasallando cualquier rasgo de federalismo y violando la autonomía de San Juan”.

LC con información de agencia NA

El presidente Alberto Fernández criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de este jueves que inhabilitó por mayoría al gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, para presentarse como candidato a un nuevo mandato, al afirmar que “se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias”.

“Una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias”, apuntó el mandatario en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima”.

En un segundo tuit del hilo que publicó, el Presidente dijo que la Corte “lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige”.

Este jueves, la Corte Suprema inhabilitó al gobernador sanjuanino para que se presente como candidato a un nuevo período como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería inconstitucional.

La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, mientras que Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y vice en San Juan y Tucumán.

LC con información de agencia Télam

Este martes, la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados rotará el eje de la investigación contra los jueces de la Corte Suprema. La reunión parlamentaria y los interrogatorios a testigos, que hasta el momento se concentraron en el affaire Robles y los chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, estarán centrados en el trasfondo del fallo del máximo tribunal que aplicó el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad: Luis Eduardo Muiña. 

Con este caso, el Frente de Todos seguirá poniendo el foco en el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, pero sumará al juez Carlos Rosenkrantz. Además, el debate en la comisión con el 2x1 en escena seguirá dando vueltas sobre los supuestos lazos o vínculos de los jueces de la Corte con Juntos por el Cambio, o en este caso, el gobierno de Cambiemos (diciembre 2015-diciembre 2019), ya que el kirchnerismo sostiene que el fallo habría sido previamente acordado entre los jueces y el Ejecutivo.

El macrismo siempre negó haber intervenido en la cocina del fallo. El entonces presidenta Mauricio Macri se manifestó en contra del fallo días más tarde y el Congreso se reunió de urgencia para sancionar una ley que impidiera volver a aplicar el beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad.

Este martes, el Frente de Todos tenía previsto interrogar al exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano; su segundo en el ministerio y ahora juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi; al ex jefe de asesores de la Presidencia y ahora senador de Juntos por el Cambio, José Torello; y al abogado y exfuncionario de Macri, Fabián Rodríguez Simón. Los cuatro son señalados por el kirchnerismo como integrantes de la “mesa judicial” durante el gobierno de Macri. Ninguno acudirá a dar testimonio.

Garavano y Otamendi solicitaron reprogramar la fecha, mientras que Torello presentó un escrito en el que sostuvo que no se presentará a declarar porque siendo senador podría terminar interviniendo en el juicio político a los jueces de la Corte. Rodríguez Simón está prófugo de la Justicia e Interpol notificó a la comisión sobre cómo podría notificarlo, ya que se encuentra en Uruguay.

El oficialismo escuchará este martes a dos secretarios letrados del juez Rosenkrantz: los abogados Federico Morgenstern y José Sebastián Elías. Rosenkrantz es clave en el caso ya que fue el juez que lideró dentro del tribunal los argumentos para aplicar la ley del 2x1 al caso Muiña. Los letrados que integran los equipos de los jueces son quienes se encargan de reunir la jurisprudencia y escribir los borradores del voto que, luego, el juez analiza, modifica o corrige y firma. Son también los encargados de exponer ante otros jueces del tribunal los argumentos de su tesis o posición jurídica.

La hipótesis

En mayo de 2017, los jueces Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco (quien renunció a finales de 2020) y Rosatti votaron a favor de Muiña, quien había sido condenado en 2011 por cinco casos de torturas y desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia con sus colegas.

Una de las víctimas de Muiña, la sobreviviente Gladys Cuervo, y la hija de otro de ellos desaparecido, Zulema Chester, también declararán este martes por la tarde ante la comisión parlamentaria. 

Los jueces no pueden ser juzgados por sus fallos o decisiones jurídicas. Sin embargo, el FdT indagará en si las razones por las cuales Rosenkrantz y Rosatti fallaron a favor de Muiña estuvieron relacionadas con una negociación política o personal con el Gobierno, lo cual sí encuadraría en un mal desempeño de sus funciones.

El kirchnerismo sostiene la hipótesis de que el fallo fue impulsado por el gobierno de Macri y que el Ejecutivo negoció la decisión de la mayoría en la Corte con Highton y Rosatti. Esta versión, nunca reconocida por ninguno de los mencionados, sostiene que el gobierno de Macri negoció el voto de Highton a cambio de no apelar un fallo que todavía no estaba firme y que beneficiaba a la jueza haciendo lugar a un amparo presentado por la propia Highton para poder permanecer en la Corte después de los 75 años sin un nuevo acuerdo de la Presidencia y del Senado, como marca la Constitución.

En el caso de Rosatti, su voto habría conllevado el beneplácito oficial para asumir la presidencia de la Corte en 2018, según esta versión. Aunque, a finales de 2018, fue Rosenkrantz quien desplazó a Lorenzetti de la presidencia del tribunal con los votos de Maqueda, Highton y Rosatti. 

Por el caso de Highton, el oficialismo interrogará este martes a Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien responderá sobre los motivos del organismo -que nuclea a los abogados del Estado Nacional- para no haber apelado el fallo que favorecía a Highton, yendo en contra de la línea que venía manteniendo el Ejecutivo en la causa, y que permitió que la sentencia a favor de la jueza quedara firme. 

Highton ya no puede ser juzgada pero el oficialismo quiere ahondar en la hipótesis alrededor de su caso para intentar establecer si existió la supuesta negociación de votos.

La hipótesis de la negociación política del fallo no nació del kirchnerismo. Corrió primero por los pasillos de la Corte, en especial, los que rodean el despacho de Lorenzetti, entonces presidente del tribunal, según las crónicas de entonces. 

La interna en la Corte comenzaba a escalar. Habiendo o no intervenido el gobierno de Macri, el fallo significó que el entonces presidente del tribunal quedara en minoría. 

Los diputados del Frente de Todos también habían citado para este martes a la periodista Silvana Boschi, quien publicó un libro sobre la Corte y detalló las sospechas y trastiendas de esta versión. La periodista también solicitó reprogramar la fecha de su declaración.

El fallo a favor de Muiña significaba su posible aplicación a los casos de centenares de represores presos o condenados por delitos de lesa humanidad. Luego de que la Corte fuera el garante del avance de los juicio por estos delitos y el reconocimiento de su imprescriptibilidad para poder juzgar a los acusados durante los últimos 20 años. Este martes, la comisión de Juicio Político también escuchará a la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y quien solicitó que Muiña fuera nuevamente detenido en julio de 2017.

El escenario que desató el fallo en 2017 fue inédito: oposición y parte del oficialismo de entonces repudiaron la decisión y miles de personas se manifestaron en las calles en contra del tribunal. Se presentaron tres pedidos de juicio político contra los jueces Rosenkrantz, Nolasco y Rosatti por parte de diferentes bloques de diputados, informó la agencia estatal Télam. Ninguno prosperó entonces.

En 2020, la diputada Vanesa Siley, integrante de la comisión de Juicio Político y FdT, presentó un nuevo pedido de juicio político contra Rosenkrantz por el fallo del 2x1 y otros sobre lesa humanidad, como el de la “Noche del Apagón” del Ingenio Ledesma. Es uno de los 14 proyectos de juicio político por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte que impulsa ahora el oficialismo.

La fiscal Laura Roteta, titular de la fiscalía federal número 1 de La Plata también declarará este martes como testigo ante la comisión, pero en torno a oro capítulo del proceso contra los jueces de la Corte que había quedado pendiente de reuniones anteriores: el supuesto nexo de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, con el ministro porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.

El caso Muiña

Los hechos habían ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo de 1976, cuando el entonces general Reynaldo Bignone comandó un operativo que incluyó el despliegue de tanques y helicópteros para detener al personal del hospital ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, y del participó Muiña, de acuerdo con los antecedentes publicados por el Centro de Información Judicial (CIJ).

En 2011, el represor fue condenado a trece años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 2 y la sentencia quedó firme por decisión de la Corte en agosto de 2013, cuando el tribunal rechazó el recurso de revisión presentado por el defensor oficial de Muiña. 

Cuando la condena quedó firme, el tribunal oral que la había dictado realizó el cómputo de ejecución de la pena y estableció que esta vencía el 11 de noviembre de 2016, debido a los años que Muiña había pasado con prisión preventiva y la aplicación del beneficio de la Ley 24.390, también conocida como la Ley del 2x1.

Mientras estuvo vigente entre 1994 y 2001, esta normativa votada por el Congreso ante la sobrepoblación carcelaria establecía que transcurrido el plazo de los dos años de prisión preventiva, se debían computar dos días de prisión o uno de reclusión por cada día de prisión preventiva. La aplicación de este beneficio, disminuyó automáticamente la pena de trece años impuesta a Muiña. 

En desacuerdo con el cómputo y la aplicación del 2x1, el Ministerio Público Fiscal apeló y la Cámara Federal de Casación le dio la razón, revocando el cómputo inicial, y estableciendo que la ley del 2x1, derogada en 2001, no debía aplicarse a un caso de lesa humanidad.

Ante este último fallo, la defensa de Muiña acudió a la Corte para solicitar que se revise la decisión y se aplique el beneficio de la ley más benigna, que permite aplicar incluso una ley derogada, como en este caso.

El 3 de mayo, la Corte falló a favor del represor por mayoría. Rosenkrantz y Highton consideraron que debía aplicarse el artículo 2 del Código Penal, que “establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos”, además de las normas establecidas por los artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En su voto, Rosatti expuso “el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad” pero concluyó que “este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes”. El santafesino dijo entonces que “si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes”.

Seis días después del fallo y en medio de movilizaciones y protestas, el Congreso se reunió de urgencia para sancionar en dos días una ley que saldara el vacío legal que había venido a establecer el fallo de la Corte. El 11 de mayo, el entonces presidente Macri firmó el decreto que promulgó la ley: se excluyó de la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El Congreso nunca antes había modificado la legislación para cerciorarse de que la ley más benigna no pudiera aplicarse a este tipo de casos.

Muiña estaba libre cuando la Corte falló a su favor. En julio de 2017 volvió a ser detenido. Fue nuevamente juzgado y condenado en 2018 por otros hechos ocurridos en el Hospital Posadas. Murió preso, en diciembre de 2021. Había sido trasladado a un hospital público desde la Unidad 34 de Campo de Mayo.

ED

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se reunió hoy con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar el “impacto negativo” que tendrá sobre ese distrito el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables. Ambos funcionarios destacaron también la “exitosa temporada de verano” turística que se registra en la provincia de Buenos Aires.

“Nos reunimos con Kicillof para analizar el impacto negativo que tendrá para los bonaerenses el fallo de la Corte que benefició a la CABA”, expresó De Pedro desde Twitter, donde difundió una foto del encuentro en la Casa Rosada.

El titular de la cartera de Interior añadió que con Kicillof conversó además sobre la “exitosa temporada de verano que está atravesando la provincia de Buenos Aires a nivel turístico”.

El anuncio de Alberto Fernández de que pagará a la Ciudad en bonos; el rechazo de la Ciudad de Buenos Aires y sus denuncias penales contra el Presidente y sus funcionarios; además del paso al costado de la Corte Suprema, que esperará a febrero para volver a tratar el tema, agudizaron la crisis entre oficialismo y oposición, con el enfrentamiento entre el máximo tribunal y el Gobierno Nacional de fondo. 

Hasta el momento, la Corte tomó una decisión temporal. El miércoles último dictó una medida cautelar en la que estableció que el Gobierno Nacional debe aumentar al 2,95% los fondos de la coparticipación que envía a la Ciudad para solventar el costo de la policía local y la seguridad pública del distrito. 

Luego de sostener públicamente que el fallo es de “imposible cumplimiento”, Fernández anunció este lunes a través de su cuenta en Twitter que pagará a la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) con títulos públicos TX31. “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, dijo el Presidente en la red social.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este martes la posibilidad de cobrar bonos en lugar de dinero y dijo que Nación continúa sin cumplir con el fallo de la Corte. ¿Puede Fernández pagar en bonos a la Ciudad? ¿Debe la Ciudad aceptar la propuesta? ¿Hay otros casos similares? ¿Qué hará el máximo tribunal y qué sucede en el frente penal? ¿Cuánto dinero está en juego, de dónde proviene y cómo se reparte la masa de impuestos nacionales de la Coparticipación Federal? Son algunas de las preguntas que plantea este nuevo capítulo del conflicto y que elDiarioAR responde en esta nota en base a la consulta de leyes, fallos y fuentes oficiales.

Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño con intervención directa en el caso) más 180.000 millones de pesos anuales para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, informó la misma fuente del Ejecutivo capitalino. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. Esa suma podría variar cuando la Corte dicte el fallo definitivo sobre el conflicto (ya que el último fallo sólo es temporario). Sería el 21,6% más con respecto a lo que está recibiendo de Nación desde el año 2021 para la Policía local (180.000 millones de pesos). También significa poder bajar impuestos a los porteños en un año electoral y mayor disposición de recursos propios para otros fines e inversiones.

Para el Gobierno Nacional, esos 39.000 millones de pesos significan, por ejemplo, el equivalente al presupuesto 2023 para los gastos del Senado de la Nación. Es casi lo que destinará el próximo año al Hospital Posadas; o los gastos corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad en 2023, de acuerdo con la Ley de Presupuesto enviada al Congreso.

También implicaría menor inversión en obras públicas en las provincias aliadas en un año electoral y en los que vendrán.

Provienen de la masa de la recaudación de todos los impuestos nacionales, como los de derecho de importación y exportación, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), combustibles, Impuesto PAÍS, Bienes personales, créditos y débitos en cuentas corrientes, entre otros.

La distribución actual de los recursos que provienen de la recaudación de impuestos nacionales se rige por un acuerdo firmado en febrero de 2002 entre Nación, las provincias y la Ciudad. 

El “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” ratificó la distribución de la coparticipación que ya regía por una ley de 1988, la número 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que estableció que el 42,34% de la recaudación de impuestos nacionales fuera a Nación mientras que el 56,66 % se destina a las provincias y el 1% restante al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias – ATN).

Cada provincia y la Ciudad reciben un porcentaje diferente, basado en la cantidad de población, la brecha de desarrollo entre las provincias y la dispersión de la población.  

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y la Ciudad se convirtió en un Estado autónomo, el Congreso tenía plazo hasta 1996 para modificar la ley de coparticipación y readaptarla, pero eso no sucedió. Sí se incorporaron modificaciones, dándole igual tratamiento a la Ciudad que a las provincias, pero recién en 2003 la Ciudad comenzó a recibir el 1,4% de la masa coparticipables de impuestos. Su incorporación a la repartija no modificó los porcentajes que recibían las provincias sino que proviene del porcentaje que recibe Nación. 

Los cuatro jueces de la Corte ordenaron que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que todas las decisiones en relación a la coparticipación deben ser en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad. Es decir que Fernández no puede tomar decisiones unilaterales, como la del pago en bonos, sino que debe llegar a un acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Si este aceptara el pago en bonos, como lo hizo la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional podría avanzar con la medida.

Además, la Carta Magna afirma que Nación no puede realizar transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos -por ejemplo, el traspaso de la Policía de la Ciudad y los fondos para solventarla- sin la aprobación de la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires. 

En el fallo, la Corte también resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que Fernández no contempló cuando en septiembre de 2020 estableció por decreto que la Ciudad dejaría de recibir el 3,5% de los recursos coparticipables y volvería a percibir el 1,4%. 

A su vez, las leyes y modificaciones de la Ley de coparticipación también deben realizarse en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad, lo que tampoco se cumplió con la ley sancionada por el Congreso en diciembre de 2020, confirmando la reducción de los fondos percibidos por el Estado porteño, ya que no incluyó un acuerdo previo con el gobierno de Rodríguez Larreta.

Los fondos que reclama la Ciudad son en bancarizados. El Banco Nación envía el dinero de la coparticipación diariamente a cada distrito. 

Los bonos funcionan de otra manera. Los títulos TX31 se ajustan por inflación y no se liquidan en el mercado financiero, como explicó este lunes elDiarioAR. Tienen un plazo promedio de nueve años y pagan intereses del 1,45% al 2,5% dos veces por año. Por ejemplo, Santa Fe los aceptó con la idea de cobrar esos dos rendimientos anuales en efectivo y distribuyó parte de los bonos entre los municipios de la provincia como parte de la coparticipación de los impuestos provinciales. También puede usarlos para cancelar algunos créditos tomados con el Estado nacional para hacer obras o como garantía para conseguir préstamos para proyectos de inversión.

No exactamente, aunque ambos casos tienen que ver con decisiones unilaterales de distintos gobiernos nacionales en detrimento de las provincias o la Ciudad. 

En 2009, Santa Fe, al igual que San Luis, demandaron al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante la Corte Suprema por haberles deducido el 15% de los impuestos coparticipables a para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

A finales de 2015, la Corte Suprema falló a favor de San Luis y Santa Fe. Declaró inconstitucional dicha deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables porque no se había realizado con el acuerdo de las provincias. 

En febrero de 2019, la Corte debió dictar un nuevo fallo ordenando al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con el fallo de 2015 y concrete las negociaciones con San Luis y Santa Fe para llegar a un acuerdo sobre cómo Nación le devolvería a ambas provincias los fondos que les había quitado en 2009. Macri dejó la Casa Rosada sin llegar a un acuerdo.

Tras trece años de litigio, Santa Fe cerró el caso con el gobierno de Fernández para recuperar 151.000 millones de pesos. Como parte del convenio, el gobernador Omar Perotti aceptó que Nación le pague en bonos TX31.

El máximo tribunal no habilitará la feria de enero para analizar el conflicto debido a que el caso no cumple con las características de una urgencia, informó una fuente de la Corte ante la consulta de elDiarioAR. 

En el registro público del Poder Judicial de la Nación, que se encuentra automáticamente sincronizado con los movimientos de los expedientes, el caso no ha tenido movimientos desde el fallo del 21 de diciembre último. 

Sin embargo, la Ciudad presentó este lunes una demanda por desobediencia contra el Gobierno Nacional y el Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, se presentó este martes para recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y anexar al expediente el recurso de reposición in extremis en el que solicita a la Corte rever su decisión. 

La Corte debía correr traslado de la demanda de la Ciudad a Nación para que el Estado Nacional responda en el plazo de cinco días hábiles, que se vencen a principios de febrero próximo. También deberá correr vista del recurso in extremis para que la Ciudad plantee su posición. 

Los antecedentes indican que los jueces del máximo tribunal no revocan sentencias o decisiones que ellos mismos hayan tomado (es decir, con la misma composición de la Corte). 

En el recurso de reposición in extremis que presentó este martes, el Gobierno Nacional solicita a los jueces del máximo tribunal que dejen el fallo sin efecto debido a que está “basado esencialmente en el prejuzgamiento y la arbitrariedad de sentencia por falta de fundamentación suficiente; en el exceso de atribuciones constitucionales en el que ha incurrido el tribunal al dictar la medida cautelar”; “y en que no se encuentran reunidos los requisitos legales para la procedencia de medida cautelar alguna”. 

Para que avance el juicio político por mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, la oposición debe contar con una mayoría en Diputados y en la Comisión de Juicio Político para que prospere la acusación y luego en el Senado para que avance el proceso de juicio y destitución, pero no cuenta con los números suficientes en ninguna de las dos cámaras.

Las denuncias penales contra Fernández y otros funcionarios nacionales corren por cuerdas separadas al caso en la Corte Suprema, pero están directamente relacionados. El fuero penal tampoco habilitará la feria de enero para continuar con el avance de los expedientes que se acumulan en los tribunales de Comodoro Py, ya que tampoco cumplen con las características de urgencia.

Todas las denuncias de la oposición contra Fernández y sus funcionarios de los ministerios de Interior y Economía, y los miembros del directorio del Banco Nación serán acumuladas en el mismo juzgado y fiscalía. Los casos quedaron a cargo de Daniel Rafecas y Ramiro González. 

El juez delegó la investigación en el fiscal, quien tomó las primeras medidas de rigor esta semana para intentar determinar más adelante si el Presidente y el resto de los denunciados cometieron delitos penales, como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad pública.

ED

- ¿Y vos, Wado?, ¿qué opinás?

-- Que con este fallo vuelve a quedar vigente el decreto 735.

A Alberto Fernández no le gustó la respuesta del ministro del Interior. Wado De Pedro había hablado poco, casi nada, hasta el momento en que el presidente, ante la mirada de doce gobernadores y tres funcionarios, le hizo la pregunta. “No veo que podamos decir que si un fallo de la Corte suspende una ley y que quede vigente un decreto que igual que la ley”, dijo Fernández. Eran cerca de las 2 de la tarde del jueves, en el Salón Eva Perón del primer piso de la Casa Rosada y en la mesa oval, entre chispazos y propuestas de todo tipo y color, buscaban el formato para hacer lo que todos decían que había que hacer: no acatar el fallo que 24 horas antes, el miércoles al mediodía, emitiera la Corte Suprema, que ordenara al Gobierno nacional aumentar en 183 millones de pesos el envío de fondos a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El diálogo entre Fernández y De Pedro, relatado por dos gobernadores y un funcionario, adquirió con las horas músculo político cuando el oficialismo se enroscó en un nudo de versiones y lecturas sobre quién debía, en lo formal, “incumplir” la medida dispuesta por el máximo tribunal. Si eso correspondía a Economía, a Interior o, entre otros, a la Procuración del Tesoro. En crudo: a Sergio Massa, a De Pedro o a Carlos Zannini. La respuesta se bifurca pero tiene una traducción simple: a pesar de la decisión política, no aparecía quien le pusiera la firma en el trámite formal a la decisión de no acatar el fallo de la Corte.

Fue ahí, en ese revuelo, que terminó de naufragar una aventura que por un rato le devolvió cierta épica combativa al Frente de Todos: la rebeldía ante la Corte, por un fallo que consideran de pésima factura y con animadversión política, y que beneficia con un fuerte refuerzo de recursos a Rodríguez Larreta, quien aparece, al menos en los papeles, como el principal rival del oficialismo en el 2023.

Entre el fin de la reunión, pasadas las 14, y la difusión, 6 horas más tarde, del comunicado que con la firma de Fernández y catorce gobernadores indicaba la imposibilidad de cumplir el fallo, se produjo el primer ruido sobre los alcances y la forma. Primero porque se buscó que todos los involucrados expresen, públicamente, su apoyo a la decisión. Segundo, porque ya empezaba a discutirse, por lo bajo, cómo se concretaría el incumplimiento.

El gancho

Para entonces, para la Corte, el fallo estaba activo y el gobierno, en la práctica, lo había incumplido. En la cuestas de CABA no ingresaron fondos extra. Desde un despacho oficial se dijo a elDiarioAR que la cautelar estaba en suspenso porque, por haber actuado la Corte como primera instancia y al existir el derecho a que haya necesariamente al menos dos instancias, corría un plazo de respuesta en el que el fallo no estaba activo. Esa respuesta debería, hacerle la semana próxima de manera formal aunque se haya anunciado, en público, la decisión de la revocatoria in extremis, además de la recusación de los cortesanos.

Entre la noche del jueves y la media tarde del viernes, empezó el otro ruido interno. ¿A quién le correspondía desatender el mandato judicial? Según la Corte, el miércoles se notificó a las partes del fallo y desde ese momento estaba vigente. Las partes notificadas, según el expediente, eran la Procuración del Tesoro y Economía. Ahí empezó el tironeo interno.

En Economía, se indicó un circuito que iba de AFIP, que recauda, al Banco Nación, que paga. Dato: en los dos organismos hay dirigentes del ecosistema Cristina: Carlos Castagneto en el primero, Silvina Batakis, muy cercana a Wado, en el segundo. Según explican en gobierno, AFIP no ejecuta pagos por lo tanto no tiene nada que ver. Y el BNA se limita a hacer los pagos que le indican. En la entidad sostenían, ayer, que debería existir una indicación de la secretaría de Hacienda en la que detalle, si hubiera, cambios en los montos que debe pagar, de manera automática.

Desde Talcahuano 550, la sede de la Corte, hubo mensajes sobre ese asunto. Se aceptó que en el expediente figuran la Procuración del Tesoro y Economía pero, para ellos, la figura que participó en la Causa en nombre del Ejecutivo, fue De Pedro. “El funcionario de más rango que estuvo en la Corte, el que defendió la postura del Gobierno, presentó medidas y participó de las mediaciones, fue el ministro del Interior. Para la Corte fue un protagonista central en la causa”, dijo a elDiarioAR una fuente judicial involucrada con todo el trámite.

Este jueves, según fuentes del gobierno, Fernández le encomendó a Zannini que se haga cargo del expediente para centralizar las decisiones. Zannini, de hecho, no intervino en ninguna reunión en el máximo tribunal, sino que lo hizo su segundo, Horacio Diez. Con sorpresa, además, se advirtió que los organismos actuantes eran Economía y la Procuración, y que no figuraba Interior, a pesar de que fue el que llevó adelante la cruzada política respecto a la pelea con CABA, al punto que desde ese ministerio se aportó, por ejemplo, el número de que financiar el traspaso de la Policía requería del 0,92% de fondos de la coparticipación primaria.

PI