El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, dispuso este martes la derogación de una serie de normas vinculadas al comercio “que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria”.

El avance de la desregulación del comercio interno se llevó a cabo mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, por las cuales “se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos”, según informó la cartera económica.

Al fundamentar la decisión, Economía explicó que las normas derogadas estaban “sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido”.

Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

Desde el Palacio de Hacienda detallaron que “se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos”, ya que “exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos” y precisaron que “se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”.

En este contexto, remarcaron que “estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia”.

Al respecto, recordaron que “entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por US$5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales”, mientras que “en la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros”.

Con información de NA.

IG

El presidente electo Javier Milei confirmó que eliminará la Secretaría de Comercio Interior “en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos”.

El libertario ya se expresó en reiteradas ocasiones en contra de las regulaciones de precios, y sostuvo que buscará una liberación de la mayor cantidad posible de precios lo más rápido posible.

“Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios, me parece una aberración”, contestó ante la consulta.

De esta manera se avecina el final del programa Precios Justos, por lo que algunos analistas temen una consecuente aceleración inflacionaria de la mano de múltiples precios de la economía que están reprimidos y quedarían liberados.

“No va a existir en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos. Todos los precios que pueda de la economía, los voy a liberar. Hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantadas el Gobierno”, sostuvo en medio de numerosas entrevistas radiales que brindó este miércoles a su regreso del viaje por Estados Unidos.

Desde la Secretaría de Comercio confirmaron que hasta ahora nadie se había presentado ni contactado con la gente de Matías Tombolini para iniciar el traspaso.

De esta forma, el Gobierno entrante se correría del control de precios que hoy encorseta muchos rubros de la economía: desde almacén y bebidas, naftas, medicamentos, indumentaria, carnes, y otros rubros que en la actualidad iban renovando acuerdos de precios.

Resta conocerse detalles de que sector se haría cargo de otras cuestiones operativas que lleva la Secretaría como el control de las SIRAS y el comercio exterior, los fideicomisos de harina de trigo y aceite, el control de abastecimiento, y otras funciones que lleva adelante actualmente la secretaría. Según pudo saber Noticias Argentinas, el área quedaría en manos de Infraestructura.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno Nacional comenzó a negociar un acuerdo con frigoríficos para establecer nuevos precios y volúmenes de carne para abastecer el mercado interno. “Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carne para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes”, indicaron.

Las negociaciones ─que abarcan a empresas de productos de consumo masivo─ están a cargo del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo y el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. De parte del sector frigorífico participó el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino.

Este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una devaluación del peso que condujo a que lo precios de la hacienda de consumo finalizaran la jornada de hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) con una suba promedio de entre 20% y 25%.

Se trata de la segunda suba en menos de 20 días. Tras la inclusión de maíz en el Programa de Incremento Exportador (PIE), que estableció un tipo de cambio diferencial de $340 por dólar para el grano amarillo, la hacienda había registrado una suba superior al 15% que se trasladó a las góndolas y carnicerías.

Hasta hoy, el acuerdo con las empresas exportadoras estipulaba los siguientes precios para ciertos cortes: asado a $1231, tapa de asado a $1231, vacío a $1608; nalga a $1635; matambre a $1558; falda a $802 y paleta a $1323.

Antes de que se iniciaran las negociaciones para un nuevo acuerdo fuentes oficiales habían dejado trascender que el Gobierno Nacional había decidido suspender las exportaciones de carne por 15 días. Bahillo fue el encargado de desmentir dicha información y aclaró vía redes sociales que en ningún momento se había decretado una interrupción temporal a los embarques de carne vacuna.

Con información de agencias.

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, anunció hoy que se renovarán acuerdos de precios que pautan aumentos mensuales del 5% por un lapso de 90 días. Así lo indicó durante la presentación de la Unidad de Renegociación de Precios que busca evitar que la devaluación que siguió a los comicios del pasado domingo 13 de agosto impacte sobre los bienes de consumo masivo de la ciudadanía.

El funcionario del gobierno de Alberto Fernández también especificó que se está trabajando sobre medidas complementarias para contener la inflación. “Teniendo en cuenta la variación en el precio del tipo de cambio del dólar, para no afectar la mesa de los argentinos y las argentinas, estamos estableciendo mecanismos de alivio fiscal para las empresas para que de esta manera no trasladen este incremento en el tipo de cambio al producto que consumen todos los argentinos y las argentinas”, agregó.

Michel estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien sostuvo que la actual coyuntura económica no justifica subas indiscriminadas en el valor de los productos. “El nuevo precio del tipo de cambio fijo y por 90 días es un dato que no habilita el abuso por parte de las empresas en términos de aumentos de precios justamente porque, aún con el nuevo tipo de cambio, la variación en los últimos 24 meses está a la par de la variación de los precios”, indicó.

Michel y Tombolini también estuvieron acompañados por el viceministro de Economía y titular de la secretaría de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto. Los cuatro integran la nueva unidad del Ministerio de Economía que busca mitigar el efecto de la devaluación.

Una resolución del Ministerio de Economía creó una nueva unidad para evitar que empresas alimenticias y de energía trasladen la suba del dólar mayorista a los precios de productos de consumo masivo y combustibles. Según informaron fuentes oficiales, el titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel es quien “liderará el equipo que negociará los nuevos acuerdos de precios”.

Se conoció también que Michel estará secundado por Matías Tombolini, secretario de Comercio; Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía y titular de la Política Económica y Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

La decisión fue tomada por Sergio Massa y pudo saberse que en la lista de productos en los acuerdos de precios “habrá descuentos de impuestos a empresas que entren al acuerdo y una letra del BCRA para garantizar las operaciones de importación en sus cadenas de producción”.

Estos acuerdos buscan mitigar el efecto de la devaluación pautada por el BCRA para disipar las tensiones cambiarias que se generaron en los días previos a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A esta medida, se suma la suba de la tasa de política monetaria ─de 21 puntos básicos─ para capturar más pesos y evitar una corrida a la moneda estadounidense.

Desde el Palacio de Hacienda descartaron la hipótesis de que estas iniciativas constituyan una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). También confirmaron que el directorio de dicho organismo se reunirá el miércoles 23 de agosto para tratar el “caso argentino”, pero que ya se está negociando un desembolso que podría superar los 7.500 millones de dólares. Las autoridades nacionales esperan que el monto ascienda a 10.500 millones, dinero que sería utilizado para evitar que se continúe ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros.

LC con información de agencia NA

La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024, el cual regirá sólo para aquellas empresas suscriptas en los convenios de Precios Justos, aunque exceptúa de este requisito a las micro, pequeñas y medianas (mipymes).

La medida se tomó a través de la resolución 1041/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que precisó que el programa tendrá vigencia hasta el día 31 de enero de 2024, siendo su plazo prorrogable.

Además, se remarcó que “podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país, provistos por quienes hayan suscripto los convenios respectivos en el marco del programa Precios Justos”.

En este punto, precisaron que “se exceptúa del requisito de suscribir los convenios del programa Precios Justos a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos productos se comercialicen o sus servicios se presten en el marco del Ahora 12”.

Se aclaró también que el requisito de adhesión a Precios Justos “solamente será exigible respecto de los rubros comprendidos por el programa al 30 de junio” pasado.

El reglamento abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos cuyo precio final no supere los $730.000.

Asimismo, comprende servicios turísticos como pasajes de ómnibus de larga distancia, aéreos, hoteles, autos de alquiler, excursiones y productos regionales.

Además, la iniciativa llega a colchones y sommiers, textos escolares y libros; anteojos y lentes de contacto de no más de $62.000; cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa.

Por otra parte, comprende neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, pequeños electrodomésticos y equipamiento médico que no supere los $450.000, entre otros bienes y servicios.

En sus considerandos, la resolución destacó que “los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el programa han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de demanda de las y los consumidores”.

Por eso, se subrayó que “atento al inminente cumplimiento del plazo de vigencia, distintas cámaras aglutinadoras de los sectores intervinientes en el intercambio de bienes y servicios se pronunciaron a favor de su renovación”.

“En tal sentido, han afirmado que las medidas de financiamiento de los bienes y servicios en el marco del programa resultan una herramienta eficaz para la promoción del consumo y fomento de la industria nacional”, resaltó la normativa.

Asimismo, se puntualizó que “se han ido formulando ciertas adecuaciones al Ahora 12 considerando las circunstancias coyunturales, procurando contribuir tanto a la recuperación del mercado interno, como al desarrollo de la industria y el comercio local”.

Las compras con Ahora 12 a través de tarjetas de crédito crecieron en el primer trimestre del 2023 en las modalidades de financiación a tres y a seis cuotas, en comparación con el mismo periodo de 2022, según el Índice Prisma.

De esta manera, el volumen de las operaciones de los planes Ahora 3 pasó de representar el 19,84% del total del consumo con este programa entre enero y marzo del año pasado al 37,03% en el mismo trimestre de 2023, con un crecimiento de 86,64% interanual.

El aumento se dio también contra el trimestre anterior, de octubre a diciembre, incluyendo Día de la Madre y Navidad, cuando la participación de esta modalidad estaba en el 35,71% del total de los planes Ahora.

Por su parte, las compras a través del Ahora 6 alcanzaron a principios del año una participación de 30,51% en el total, por encima del 19,84% del mismo periodo de 2022, con un crecimiento de 53,78% interanual. En este caso, también se superó la participación del último trimestre del año pasado, de 30,23%.

Así, entre las modalidades de tres y seis cuotas se acapararon dos tercios del total de operaciones realizadas con los planes Ahora.

LC con información de agencia Télam

En los próximos días, la Secretaría de Comercio lanzará una canasta de Precios Justos para comercios de cercanía, la cual consistirá en más de cien productos que mantendrán su valor hasta el 15 de julio próximo. Según fuentes oficiales, Precios Justos Barriales estará disponible en almacenes y autoservicios con 108 productos básicos de los rubros de consumo masivo, como alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza.

La nueva canasta se anunciaría el próximo jueves y pretende que los comercios de barrio puedan ofrecer la canasta para reactivar el consumo en comercios de cercanía. Del acuerdo participan 32 proveedores, con los que se pactaron precios con pauta del 3,8% a renovar el 15 de julio.

El 19 de mayo pasado la Secretaría dispuso la continuidad hasta el 31 de julio de la canasta de 2.101 productos que conforman el programa con una pauta mensual de 3,8%, que se encuentra disponible en las 2.500 bocas de expendio acordadas.

De esta manera, se extendió el acuerdo logrado a principios de abril para conformar una canasta de productos de consumo masivo, mediante la adhesión voluntaria de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Precios Justos está disponible en las cadenas de supermercados de grandes superficies y en supermercados regionales. Con la conformación de la canasta de Precios Justos Barriales, también estarán presentes en los comercios de proximidad.

LC con información de agencia Télam

La Secretaría de Comercio suspendió a la cadena de supermercados Día por 30 días del programa Precios Justos debido a incumplimientos reiterados y aumentos injustificados. Por la decisión del Gobierno, la empresa dejará de tener acceso prioritario al uso de divisas para pago de importaciones como estaba estipulado en el acuerdo.

Más allá de la sanción, la cadena deberá seguir comercializando los productos del programa Precios Justos en este período, ya que sus proveedores siguen siendo parte del plan y rige la obligación de comercializar los mismos a los valores acordados con el Gobierno Nacional.

La decisión fue tomada tras la realización de operativos de control en más de 120 sucursales, donde se comprobaron aumentos del orden del 8,33% promedio en los productos que forman parte del programa, 3,33 puntos por encima del 5% acordado.

Luego de encabezar uno de los operativos, el secretario Matías Tombolini señaló que, además de las subas indebidas, “encontramos productos vencidos y diferencia entre el precio que se ve en la góndola y lo que finalmente se cobra a los consumidores”.

“Por eso, procedimos a suspenderlos del acuerdo de precios y les indicamos a los consumidores que el supermercado no cumple y que lo ha hecho de forma reiterada”, resumió el funcionario. Agregó que “no obstante, deberán mantener los precios del programa ya que sus proveedores se mantienen dentro de Precios Justos”.

La cadena de supermercados posee más de 4.500 productos dentro del acuerdo de precios, según un comunicado de Comercio Interior. Dichas inspecciones fueron realizadas en 120 locales de Día ubicados en la Capital Federal y en diez municipios de la provincia de Buenos Aires. Se señalizaron las sucursales con fajas para que los consumidores tengan conocimiento de los incumplimientos.

Entre los incrementos hallados, Comercio reveló que entre abril y mayo la Coca-Cola de 1,5 litros presentó un desvío del 43,9% (de $264 a $390); la leche chocolatada marca Día de 1 litro, 45,10% (de $321 a $449); y las galletas clásicas Criollitas, 41,67% ($207,12 a $299).

Desde enero del 2023 hasta esta semana, la Secretaría concretó 5643 fiscalizaciones y realizó 1917 actas de imputación a la cadena por incumplimientos. Además, desde agosto de 2022 hasta el día de hoy le aplicó multas por $734.520.000.

En el marco del programa Precios Justos, la Secretaría de Comercio también multó ayer martes a las empresas Unilever y Mastellone por $160 millones y $60 millones respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea productos con características similares, pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes, hecho que incumple la ley de Defensa del Consumidor.

La dependencia oficial emplazó a ambas firmas para que eviten que los productos cuestionados sean ofrecidos para la venta a los consumidores, exhibidos en forma contigua y simultánea. Según explicaron oficialmente, dichas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo pasado, donde se constató que ambas empresas incumplieron con la ley 24.240.

La semana pasada, el Gobierno Nacional informó la continuidad hasta el 31 de julio del programa Precios Justos. La iniciativa busca ofrecer a los consumidores productos de consumo masivo con sus correspondientes precios de referencia, a partir de un acuerdo voluntario con de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios. Como contrapartida, las empresas que participen reciben beneficios como el acceso prioritario a divisas para la importación de sus insumos.

LC con información de agencia Télam

La Secretaría de Comercio confirmó este viernes la continuidad hasta el 31 de julio de la canasta de 2.101 productos que conforman el programa Precios Justos, con una pauta mensual del 3,8%, y que se encuentra disponible en las 2.500 bocas de expendio acordadas.

De esta manera, se extiende el acuerdo alcanzado a principios de abril para conformar una canasta de productos de consumo masivo, mediante la adhesión voluntaria de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Entre los tipos de productos pertenecientes a esta canasta están aguas, gaseosas, arroz, galletitas dulces y saladas, azúcar, café, cepillos y pastas dentales, limpiadores, conservas, shampoo, acondicionador, pañales descartables, crema de leche, manteca, dulce de leche, leche, harina, jabón, lavandina, panificados, yogur, yerba, entre otros.

Algunas de las marcas relevantes de consumo masivo que participan de Precios Justos son: 9 de oro, Bagley, Gallo, La Serenísima, Mendicrim, Pepsi, Coca Cola, Ser, Yogurísimo, Cabrales, Colgate, Huggies, Pampers, Higienol, La Campagnola, La Salteña, Plusbelle, Procenex, Quilmes Bock, Rexona, Siempre Libre, Luchetti, Oral B.

Los productos de la canasta podrán ser adquiridos en 2.500 establecimientos: supermercados de grandes superficies de ASU: Coto, Carrefour, Día, Disco, Vea, Jumbo, ChangoMás, La Anónima, Toledo, Libertad, Josimar, entre otros. De la misma manera, está disponible en los supermercados regionales de Cooperativa Obrera y de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Además, estos productos pueden ser buscados a través de la aplicación de Precios Justos.

De los 2.101 productos, el 90% (1.881) se mantiene de la canasta fija presentada en abril, mientras que el 4% (74) son referencias nuevas.

Del acuerdo participan 112 empresas (además de 5 empresas del Fideicomiso de Aceites y 18 empresas del Fideicomiso de Harinas y Fideos), de las cuales 39 son PyMEs, 62 son grandes empresas y 11 son supermercados. Las pequeñas y medianas empresas aportan el 15% de los productos de la canasta.

Además, se continúa trabajando para la conformación de una canasta para los comercios de proximidad y una nueva pauta para el resto de los productos que forman parte del programa.

LC

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, anunció la creación de un nuevo software para el monitoreo del programa Precios Justos. El sistema fue desarrollado en conjunto por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT y Amazon. El funcionario del Ministerio de Economía explicó, vía Twitter, que el panel procesa 15 millones de datos diarios para el seguimiento de los precios.

La nueva edición del programa Precios Justos incorpora acuerdos con 15 nuevos sectores de la economía y autoriza aumentos mensuales no superiores al 3.2% para 50.000 productos de las 500 empresas adheridas, a fin de controlar la inflación. Fija, además, el precio de otros 2.000 artículos. “Para evitar abusos, identificar desvíos y verificar que se cumpla lo acordado, incorporamos un panel de monitoreo en línea, como apoyo a las fiscalizaciones presenciales”, expresó el titular de la cartera de Comercio por redes sociales.

El Gobierno no ha proporcionado detalles sobre el funcionamiento del sistema, aduciendo acuerdos de confidencialidad con Amazon. Pese a las citadas afirmaciones del secretario de comercio sobre el volumen de información procesada, el software permitiría acceder a 3,5 millones de precios de todo el país “en tiempo real y analizar tanto el cumplimiento de la canasta como del sendero en cada sucursal, para después avanzar en las fiscalizaciones”.

La información recopilada será utilizada en la “Mesa de Precios”, una reunión de equipo diaria de la Secretaría de Comercio. El software también actuará como complemento para las inspecciones presenciales y las denuncias realizadas a través de la aplicación de Precios Justos.

El Gobierno tampoco especificó cómo se dará la verificación de precios en los sitios de comercio electrónico online. No hubo precisiones respecto al alcance de la información recolectada por lo que persisten dudas respecto al posible monitoreo de la transmisión de los datos de compra y venta. Si este fuera el caso, podría violarse el secreto de las telecomunicaciones protegido en el marco jurídico argentino y convenios internacionales. La transmisión de datos en tiempo real de las compras realizadas de forma presencial, con medios de pago electrónicos o tarjeta de crédito, también podría suponer esta misma violación.

ACM

En un acto este viernes en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa anunció una canasta escolar para el inicio de clases, así como un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas: será un sendero de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.

Massa dijo que “algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo”, pero que ahora “se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios”.

Martín Zurita, titular de AIEPBA, la asociación que nuclea a las instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires, dijo a elDiarioAR que “al día de hoy no hay nada firmado a nivel nacional”. “No conocemos conocemos los detalles de lo anunciado, representamos a la mayor cantidad de escuelas en todo el país y no fuimos convocados a reunión alguna por este tema”, aseguró. 

Desde 1994 la educación está transferida a las provincias por lo que el Ministerio de Educación puede recomendar o sugerir pautas, pero son cada una de las 24 jurisdicciones las que deben definir sobre el tema arancelario. “No sabemos cuál será la interpretación de cada una de las jurisdicciones y cómo redundarán en medidas concretas”, señaló Zurita.

Otras fuentes del sector admitieron un “acuerdo marco” de la educación privada con la secretaría de Comercio y el ministerio de Educación, aunque aclararon que abarca solo a los colegios con aporte estatal, que entrará en vigencia en la medida que sea ratificado por cada jurisdicción. El acuerdo se firmaría la semana próxima, contempla un aumento de la cuota para el mes de marzo de 16,8% y del 3,35% para los meses de abril, mayo y junio.

Por su parte, Matías Tombolini anunció la ampliación de Precios Justos, que incluye quince sectores de consumo con una pauta de incremento de precios de 3,2% mensual hasta el 30 de junio, como parte de acuerdos voluntarios alcanzados con más de 480 empresas productoras y comercializadoras.

“Esta pauta de 3,2% mensual es un objetivo que busca esencialmente moderar las expectativas de inflación para mejorar el poder de compra de quien vive de un sueldo”, afirmó el secretario de Comercio, quien tuvo la palabra minutos antes que el titular de Economía.

Massa afirmó que el programa “pretende, al 86% de los productos que consumen los argentinos, darles dos certezas: que hay casi 50 mil productos que del primero de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual; y otra certeza es que, tal como se dio en la primera etapa del programa, hay 2 mil productos que van a seguir teniendo precio fijo”. Sentenció que “la inflación es el peor veneno que tiene una economía”.

Asimismo, indicó que las empresas que participan voluntariamente “van a tener un programa de crédito” a tasa subsidiada para financiar “el aumento de la producción de bienes de capital” que se suma al “régimen acelerado de acceso al mercado libre de cambio”, por lo que la segunda etapa de Precios Justos “tiene más premios y castigos”. Para “evitar picardías” comentó que algunas empresas “limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor”, por lo que anticipó que esas prácticas serán sancionadas.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que “así como ponemos incentivos también tenemos que desnudar a quienes le hacen trampa al Estado”. Puntualizó además que en Turismo el Estado invirtió “en el programa Previaje”, y que la mayor demanda de turistas en destinos nacionales “no puede permitir que en algún lugar u otro aparezca una situación de distorsión de precios”.

El primer orador del mediodía fue uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, quien celebró la ampliación del programa: “Esta iniciativa deja de lado la teoría de que sólo podemos ir en contra de la inflación sin entrar en la teoría de la devaluación y el ajuste que empobrece a la sociedad argentina”. Lo siguió Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, que sostuvo que el sector productivo “quiere estabilidad y previsibilidad”, pero consideró que “hay factores distorsivos, que no son los industriales. Tenemos que discernir los reales problemas, por ejemplo la presión fiscal”. De todos modos, reconoció que “nos une la voluntad de encontrar caminos de solución, bajando expectativas. Este es un esfuerzo entre todos”.

LC con información de agencia Télam

El Movimiento Popular La Dignidad anunció hoy que se sumará a partir del próximo lunes, 23 de enero, al relevamiento del programa “Precios justos”, que diferentes organizaciones sociales realizan en grandes cadenas de supermercados para constatar su cumplimiento.

“Ante el aumento desmedido de precios y la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras no están cumpliendo el acuerdo, los movimientos populares estaremos en cada góndola haciendo valer el derecho de todo un pueblo al acceso de alimentos a precios justos”, explicaron desde la organización en un comunicado.

Asimismo, dijeron que los controles de precios y de productos en góndolas serán realizados “de manera independiente, por fuera de los acuerdos oficiales”.

“No hay ninguna posibilidad de un plan de desarrollo productivo en la Argentina si no contamos con alimentos y energía barata. Y hoy sucede todo lo contrario”, sostuvo Rafael Klejzer, quien conduce el movimiento.

También, el cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó ayer a quienes “han magnificado” el control conjunto del gremio junto con la Secretaría de Comercio para detectar faltantes en el programa Precios Justos.

En diálogo con Télam Radio, Moyano aseguró que “la oposición trata de sacar ventaja. Si no es por el tema a la Corte Suprema es por el tema de los movimientos sociales. Ahora es el tema de este episodio que han magnificado” y afirmó que Camioneros no tiene “poder de sancionar ni de clausurar un supermercado”, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen diez camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.

Las acciones de inspección buscan “resguardar un plato de comida más a millones de argentinos que hoy no lo tienen”, e indicó que las mismas también se hicieron durante “la pandemia” de Covid-19; solamente es denunciar porque llega la mitad (de los camiones) a los supermercados“, afirmó.

CRM con información de la agencia Télam

El Ministerio de Economía lanzó un programa para sostener en el mercado interno un “precio razonable” de los aceites envasados y garantizar el abastecimiento.

Se trata del “Programa de Fomento al Sector Aceitero”, a través del cual se pagarán compensaciones a quienes realicen la venta de aceites refinados comestibles de soja, girasol y/o sus mezclas, destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta tres litros, según la Resolución 30/2023 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Para percibir el beneficio, los productores deben haber adherido al Fideicomiso Fondo Fiduciario Aceitero durante el 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, inclusive.

Ese Fideicomiso se creó a fines de 2020 en el marco de un acuerdo entre los ex Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura y los actores del mercado de la soja y el girasol, para que los consumidores pudieran contar con un precio accesible de los aceites.

Según lo dispuesto, el Programa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y la Secretaría de Comercio podrá dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueran necesarias para la aplicación de la medida.

Economía justificó esta decisión al señalar que “el aumento general de precios en un contexto económico social complejo como el que la Argentina y el mundo en general se encuentra atravesando, afecta especialmente el bienestar general de la población y exige la toma de decisiones urgentes que establezcan marcos de racionalidad y estabilidad, y que permitan retomar un camino de recuperación económica”.

En consecuencia, consideró pertinente “adoptar aquellas medidas, como la que se instrumenta por la presente resolución, que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos, así como a mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario hasta los consumidores finales”.

Con información de NA.

IG

La Ciudad de Buenos Aires anunció que habilitó la línea 911 para denunciar controles ilegales de precios realizadas por sindicalistas y los movimientos sociales.

Así lo comunicó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a través de sus redes sociales en referencia a la tarea del sindicato Camioneros y las organizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita.

“CABA habilita el 911 para denunciar controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros”, publicó Miguel desde su cuenta de Twitter.

En la misma línea se expresó el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, quien responsabilizó al presidente Alberto Fernández de permitir “los aprietes” contra los comerciantes e hipermercados.

“Llamá y denunciá. Desde CABA vamos a cuidarte del apriete K. La inflación no se baja a los golpes. Llevan 16 de los últimos 20 años gobernando y todavía no se dieron cuenta”, afirmó Wolff.

En un video junto a la mano derecha del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la gestión porteña no naturalizará un accionar que consideran “ilegal” y denunció que “el control de precios no funcionó en ningún lugar del mundo”.

“Todo esto son bombas de humo para tapar lo que está ocurriendo: el dólar blue está 370, y escuchamos que salen a decir que no influyen en los precios”, enfatizó el ex diputado.

El monitoreo por parte de sindicatos y movimientos sociales generó revuelo en la oposición y empresarios que no dudaron en salir a criticar al Gobierno tras el lanzamiento de Precios Justos. Incluso, la titular de la Coalición Cívica - ARI, Elisa “Lilita” Carrió denunció penalmente al mandatario y su equipo económico.

Las organizaciones oficialistas Barrios de Pie, encabezada por Daniel “Chucky” Menéndez, y el Movimiento Evita de los dirigentes Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, también participarán de los operativos de controles de precios al igual que el sindicato de Camioneros.

Desde hace más de un mes, los militantes del Frente de Todos se sumaron a la polémica medida que busca combatir la inflación, y su participación cuenta con el aval de la Secretaria de Comercio, a cargo de Matías Tombolini.

Su tarea es la de capacitar a los ciudadanos en el uso de la aplicación Precios Justos, que permite realizar un seguimiento de los precios en góndola.

La respuesta de Pablo Moyano

Para el líder de Camioneros y miembro del triunvirato que dirige la CGT, Pablo Moyano, los dirigentes de Juntos por el Cambio “salen a inventar barbaridades. La oposición no deja de sorprenderme. Patricia Bullrich dice barbaridades”, disparó, al tiempo que aclaró que el rol de su gremio “era informar cuántos camiones salen. Después queda en la secretaría de Comercio constatar”.

De acuerdo a Moyano, “el papanatas de Felipe Miguel saca un 911 para que denuncien si se sienten intimidados por Camioneros. Mirá lo imbéciles que son estos tipos. Cada medida que toma el gobierno salen inmediatamente a desfilar. Nunca escuché a la oposición agradecer el esfuerzo que hicieron los trabajadores camioneros en la pandemia”, sentenció, antes de apuntar a los supermercados: “Especulan con los precios”.

Con información de NA.

IG