El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) publicó el tercer censo popular que confirma un incremento en la población que vive en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires: hay alrededor 11.900 personas, casi el triple de lo que informó el Gobierno porteño.

Según el CELS, este trabajo sirve para “visibilizar con cifras más reales” lo que sucede con la gente que vive “de manera crítica” y que, durante el invierno, “necesita aún más ayuda” por parte del Estado.

“Estos nuevos datos permiten entender cómo la gente atraviesa la pérdida de casa, de trabajo, el deterioro de su salud y cómo sufren distintas violencias. Además, desnuda el aumento de consumos problemáticos, el deterioro físico y mental y la criminalización de las fuerzas policiales”, indicaron desde el informe.

En la misma línea, aseveraron que la situación económica actual provocó que muchas personas “tuvieran que enfrentar situaciones muy críticas” como, por ejemplo, dejar de pagar el alquiler (de casas o, incluso, de pensiones) y, “de manera precipitada”, dejaron de tener un techo.

De las 5.900 personas entrevistadas, el 20% explicó que está en situación de calle “por primera vez”, mientras que el 38% contó que “lleva un año o menos” viviendo de esa manera.

“La población que vive en la calle es principalmente trabajadora: el 23% cartonea como principal fuente de ingresos, el 29% hace changas, el 10% vende de forma ambulante y un 12% pide dinero. La mayoría de los encuestados nacieron en la Ciudad (45%), el 30% llegó desde la provincia de Buenos Aires, el 16% del interior y el 7% de otros países. Casi el 50% al menos cursó la educación secundaria”, indicaron desde el CELS.

Por otra parte, remarcaron que vivir a la intemperie, con mala alimentación y sin acceso a los servicios médicos, “agrava las condiciones de salud”. De hecho, el 64% de los entrevistados afirmó que “empeoró” su estado y el resto asegura que, desde que está en la calle, “aumentó su problema con el consumo de drogas”.

Además, el organismo sostuvo que, paralelamente, “crecieron las situaciones de maltrato” por parte de la Policía de la Ciudad y de los trabajadores del Ministerio de Espacio Público: “Les quitan sus cosas, los echan de los lugares donde duermen, los someten a requisas irregulares, son tratados con violencia física y verbal y padecen detenciones arbitrarias”, añadieron.

“Con el decreto 373/25, el Gobierno Nacional modificó la ley que protege los derechos de las personas en situación de calle (27.654) y deslindó la responsabilidad del Estado pasándoles las responsabilidades a las provincias. Estas personas están expuestas a todo tipo de vulneraciones. Para mejorar su situación se necesitan políticas públicas con respuestas interdisciplinarias que actúen ante la emergencia, pero también para que quienes vivir en la calle puedan volver a vivir en otro lugar y sostenerse”, concluyeron.

Con información de la agencia NA

Más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas y de derechos humanos presentaron este lunes los resultados del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires. La conferencia de prensa se realizó a las 18 en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, ubicada en Carlos Calvo 2365.

El relevamiento, realizado entre el 26 y el 28 de junio, contó con la participación de cientos de voluntarios que recorrieron los barrios porteños para relevar cuántas personas viven hoy en la calle. Además, se entrevistó a la población censada para conocer su estado de salud, nivel educativo, situación laboral y trayectoria de vida.

“Con este censo buscamos mostrar una realidad subestimada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que año tras año presenta cifras que no reflejan la magnitud del problema”, señalaron desde la organización del censo. Los censos populares anteriores, realizados en 2017 y 2019, habían arrojado cifras muy superiores a las oficiales.

Según los organizadores, la población en situación de calle “no para de crecer”. Entre las principales causas mencionan la crisis socioeconómica, el deterioro del sistema de salud y la ruptura de redes familiares y comunitarias.

A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron: “Existen leyes que obligan al Estado a garantizar derechos, pero no se cumplen”. A nivel nacional, la Ley 27.654 reconoce el acceso integral a la salud, alimentación, educación, identidad y vivienda como derechos básicos, además de prohibir desalojos forzosos y criminalización. En el ámbito porteño, la Ley 3.706 obliga al Gobierno de la Ciudad a actuar con acompañamiento y abordaje personalizado, garantizando el acceso a centros de integración, salud y asistencia social.

“Los programas que dependen del Gobierno Nacional están completamente desfinanciados y los que dependen de la Ciudad son insuficientes debido a que las políticas públicas no se adecuan a la población real que hay sobreviviendo en la calle”, agregaron.

“Exigimos presupuesto acorde, políticas públicas efectivas y respeto por los derechos humanos de quienes hoy no tienen un techo. La calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir”, concluyeron.

MM

“Cuando tenés un problema o necesitás algo, ¿a quién le pedís ayuda?”, pregunta Tatiana, censista de una organización social, parada en el centro de la Villa 31, en una mañana de ola polar. “¡A nadie!”, se apura a contestar H., un hombre robusto de 35 años que no tiene hogar. “¿Para qué voy a pedir ayuda? Después te lo echan en cara”. La censista levanta la mirada, lo deja hablar, y vuelve a su planilla. “Me refería… si pedís ayuda en un programa o institución del Gobierno de la Ciudad, fundación u organización social, parroquia, policía, familiares, amigos, vecinos…”. H. observa a su hija de 8 años parada junto a él, soplando un mate cocido desde donde salen hilos de vapor. “Ah, no. No pido ayuda a nadie”, dice mientras abre con los dientes un paquete de galletitas saladas: “Me las rebusco solo. Cartoneo”.

Son las 10 de la mañana del jueves 26 de junio y acaba de comenzar el Tercer Censo de Personas en Situación de Calle en el Barrio Padre Carlos Mugica. La iniciativa fue organizada por Barrios de Pie, Proyecto 7, La Patria es el Otro e Irrompibles, junto a otras agrupaciones y más de 400 voluntarios. Durante los tres días siguientes, más de 700 censistas con pecheras verdes recorrieron las 15 comunas para relevar a los hombres y mujeres sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados oficiales de la encuesta se darán a conocer la próxima semana. elDiarioAR acompañó en exclusiva el trabajo de relevamiento.

En la Villa 31 un viento frío recorre las casas de colores intensos construidas unas sobre otras con escaleras de caracol. Algunas tienen puertas abiertas donde se venden panificados y otras están completamente enrejadas a esta hora de la mañana cuando el barrio se pone en marcha, con ventas de frutas y verduras, puestos de sánguches, ofertas de fideos y huevos que se exhiben entre transportistas que dejan atrás a herreros, bicicleteros, carniceros, barberos, kiosqueros, reparadores diversos. La luz que proviene del cielo despejado no atenúa la baja temperatura. Por el frío extremo que comenzó ni bien llegó el invierno, oficialmente desde el gobierno porteño se solicitó llamar a la línea 108 para asistir a las personas más vulnerables.

Los censistas, militantes de Barrios de Pie, ahora vuelven a escuchar a H. Los referentes Sol Lacava, Juan Rey, Felicitas Salinas y Tatiana Casanello acompañan la entrevista. “¿En los últimos dos años aumentó la violencia contra las personas en situación de calle?”, le preguntan. H. asiente. Bajo una gorra negra, sus ojos grandes y almendrados, ligeramente caídos y vidriosos en el rostro moreno dan una expresión triste o profundamente serena, acaso por el sueño o la medicación que empezó a tomar para dejar el alcohol.

–¿Quién ejerce la violencia? –pregunta Casanello mientras Rey, que carga un bidón con mate cocido, le sirve un vaso más a la nena de H. Salinas, con una caja llena de galletitas, le acerca otro paquete.

–La policía. Siempre la policía –contesta H.–. Y los de Espacio Público, esos son re zarpados. Y ahora la gente del centro también, el otro día me sacaron a patadas, tuve que salir corriendo.

–¿Los vecinos? –le repreguntan.

–Sí, los vecinos del centro, entraron a bardearme y tuve que salir corriendo.

Con la llegada del invierno y a través de un decreto, el gobierno nacional se desligó de las personas en situación de calle –cuyo universo creció en CABA un 122% desde 2017 y un 55% entre 2022 y 2024–, y pasó a estar a cargo exclusivamente de las provincias y los municipios. Las relatorías de la ONU sobre Vivienda y Pobreza denunciaron un patrón de criminalización en las políticas de la Casa Rosada: desalojos, destrucción de pertenencias y un aumento del 2.137% en contravenciones. Las denuncias por violencia institucional crecieron un 128% en un año.

“Intento explicar que la violencia no se responde con más violencia”, apunta Florencia Fuertes, psicóloga del CAAC, el centro de atención a consumos problemáticos desde donde partieron los censistas. “Es muy complejo: hay violencia estatal, criminalización, y una sociedad que no los acepta”.

Para comenzar la jornada, los censistas reparten planillas, cargan mate cocido y salen del CAAC. Antes de dividir las zonas, Sol Lacava da un mensaje: remarca la importancia del censo frente a cifras oficiales distorsionadas y explica que no se difundió la fecha del relevamiento para evitar desalojos previos. Minutos después, el grupo se encuentra con H., el primer entrevistado, que ahora mastica una galletita mientras Tatiana formula la siguiente pregunta:

–¿Qué pensás que te ayudaría a salir de la situación de calle? ¿Trabajo, vivienda, tener un motivo, volver a tu casa, un subsidio, superar un consumo?

–Un trabajo. Por supuesto que un trabajo –responde H. Es de Tucumán, pero vivió casi toda su vida en Capital. Terminó la primaria.

–¿Y el consumo? –pregunta Tatiana, cerrando la encuesta.

–Si tengo trabajo, ¿para qué voy a consumir? –reflexiona H. y cuenta que recientemente le entregaron los análisis clínicos: “Ni tuberculosis tengo”, celebra.

El relevamiento de personas en situación de calle se realizó con un protocolo riguroso: las entrevistas duran unos 20 minutos y, si no pueden concretarse, se registran características del entorno y la vestimenta para evitar duplicaciones. Los datos se cargan en una aplicación que descarta observaciones repetidas. Los equipos fueron capacitados para abordar con cuidado, evitando intervenir si la persona está dormida, en ranchada o bajo efectos de sustancias. En esos casos, solo se la registra como un número.

Aunque los resultados aún no están procesados, los primeros relevamientos indican un notable aumento de personas en situación de calle durante el último año, muchas de ellas con estudios, profesiones u oficios, y sin consumos problemáticos. Se observa una fuerte presencia de personas mayores y casos donde los problemas de salud mental son centrales, pero sin acceso al sistema de salud. Las denuncias por violencia institucional también se repiten: en varios barrios se señala a agentes de Espacio Público como responsable de desalojos y hostigamientos, lo que empuja a muchas personas a refugiarse en los barrios populares.

La calle se vuelve tu casa

“Fijate, acá en la villa, que está lleno de personas durmiendo en la calle. De la gente que camina, te podés dar cuenta quiénes no tienen hogar porque cargan bolsas y por cierto aspecto desaliñado. En el último año, en los barrios se triplicó la gente en situación de calle. Es porque el gobierno los desaloja de la Ciudad, los barre, para que no se vean; pero acá están”, dice Sol Lacava, referente de Barrios de Pie, que sabe de lo que habla: vivió un año y medio en la calle, precisamente en Chacarita. Madre de cuatro hijos, hoy coordina el Tercer Censo y conoce los casos más extremos.

“Cuando caés en la calle, al principio sentís que todos te miran. A la semana, sos un árbol, parte del pavimento. El mundo gira y vos quedás afuera. Te angustiás, te deprimís, te enojás con todo: con la sociedad, con Dios. Tu aspecto cambia y ya ni te dejan entrar al baño. Después viene lo peor: te acostumbrás. La calle se vuelve tu casa. Conseguís comida y volvés a la calle. Te tomás un colectivo y volvés a la calle”, completa Lacava.

Ahora el grupo de censistas avanza, se encuentran con una mujer y un hombre que no quieren ser entrevistados, consumiendo pasta base en una esquina. Registran el lugar, las pertenencias y vestimenta: calza negra, campera marrón. Entonces se dirigen al “Paredón”, sobre la calle Colibrí, una zona solitaria y fronteriza dividida por un largo tapial verde de tres metros de alto donde el viento se siente más que en cualquier otro sitio y suelen estar “los más finos”, dice Felicitas. “Acá están los más picantes”, aclara.

“¿Querés algo calentito?”, ofrece Felicitas a una joven de 25 años temblando, sentada en la calle de tierra frente al Paredón. Recibe una negativa de respuesta. “¿Segura? Tomate un mate cocido, nena, acá tenemos unas galletitas”.

Nacida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y radicada hace 15 años en Retiro, Felicitas es la puerta de entrada al barrio, en el que todos la conocen y saludan. Con cierta incertidumbre, B. accede a dar la encuesta. “No sé, caí en la porquería y por problemas de familia”, contesta cuando le preguntan por qué no tiene hogar.

“Hacemos todas estas preguntas, entre otras cosas, para derribar ese concepto que tiene mucha gente de que muchas personas eligen estar en la calle”, explica Lacava. “La calle no es un lugar para vivir, mucho menos para morir”.

Bajo el puente Avellaneda, el tren despierta a L., acostado en un colchón, debajo de una fina frazada. Usa un bolso de almohada, al lado del cual hay una manzana mordida. El joven recibe mate cocido, galletitas y acepta la entrevista. Tatiana se sienta, le habla. L. se pone de costado y la observa. Moja una galletita en el mate y la deshace en la boca: casi no le quedan dientes. Otro muchacho, que no quiere ser entrevistado, se acerca a escuchar y desayunar. Hace una mueca.

–Yo soy el psicólogo de todos estos –lanza–. Los escucho y aconsejo, pero no me hacen caso.

Todos ríen. Los censistas le muestran la ubicación del CAAC, donde atiende Florencia, la psicóloga.

–¿También hay para comer? –pregunta L. desde el colchón.

A medida que avanza la mañana, más personas se acercan en busca de algo caliente. Algunos vienen descalzos, otros con frazadas. De lejos, otro simpático bromista sin hogar pide que le lleven el mate cocido “a domicilio”. Luego se acerca y señala una gigantografía de Adidas delante de unos altos hoteles de lujo, donde se ve la fotografía de un hombre de belleza hegemónica.

–Así era yo cuando me afeitaba –se jacta.

Otro, en remera, pregunta por paradores en Villa Lugano: “Mis hermanos se fueron para allá y también están en la calle”. Exageradamente educados y lúcidos, desayunan junto a los censistas y cuentan sus historias.

“Estar en la calle es el último escalón. Para que eso ocurra, antes se pulverizaron todas las instancias”, dice Lacava, quien recuerda con cariño a un excombatiente de Malvinas que supo cuidarla de los peligros de la calle durante su estadía en el asfalto. “Hacer el censo es una experiencia que te atraviesa, de mucha emoción, de gente que necesita que la escuchen. Hay tantas historias de personas que están rotas. Pero hacer el censo con este frío es terrible, porque una se va con la sensación de no saber si esa persona va a estar viva al día siguiente…”.

Lacava se conmueve, ingresa a un terreno más oscuro. Hace una pausa y elige abrir otra puerta, impregnarse del insumo fundamental que sostiene a cualquier militante de base para seguir caminando los barrios: el optimismo. “Sin embargo”, dice mirando una planilla desde su celular, “para este censo se anotaron más de 400 voluntarios; es decir, todavía hay mucha empatía”.

LN/MC

Acurrucados bajo puentes o soportales y en busca de un caldo o café caliente, la creciente población en situación de calle afronta la primera ola de frío del invierno de Buenos Aires: “Este país es rico, podríamos vivir mucho mejor y no taparnos con cartones”.

En el barrio de Constitución, al sur de la Capital, debajo de una autopista elevada, un centenar de personas intenta reponerse al amanecer tras una noche a la intemperie en un centro de ayuda a personas sin techo, denominado Dispositivo Integral de Primer Acercamiento, del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

María Sánchez tiene 42 años y hace casi una década que vive entre habitaciones baratas de hotel y diferentes esquinas, umbrales o puertas de comercios.

“El frío de estos días me tiene muy preocupada, por eso me levanto temprano, quedarse mucho tiempo tirado en la calle te consume”, cuenta a EFE mientras toma un té con azúcar para combatir los tres grados del alba.

Como si fuera habitual, una mujer joven llega a desayunar, se desvanece poco a poco en su asiento y es atendida por trabajadores sociales mientras esperan una ambulancia.

Vivienda impagable y ayudas que no llegan

El problema de las personas en situación de calle toma relevancia en Buenos Aires con el frío ante posibles muertes por hipotermia, pero también expone otras formas de violencia y desamparo que enfrentan a diario.

Según un reciente informe del Ministerio Público de la Defensa de la capital, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Gobierno de Buenos Aires lleva a cabo dos acciones de forma simultánea.

Combina un significativo aumento en el presupuesto destinado a paliar, sin mejorar, las vidas de los sin techo con políticas punitivistas para “limpiar” las calles de estas personas.

En Constitución, Ezequiel Barajas es el gerente del operativo y casi todo aquel que concurre al lugar lo reconoce y lo saluda de manera afectuosa.

“Hay personas acá que tienen una problemática de consumo o de salud mental que hacen que no puedan salir de un círculo vicioso y dependan constantemente de recursos que ofrece el Ministerio de Desarrollo Humano”, explica Barajas a EFE.

Pero Jorgelina Di Iorio, integrante de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, dice a EFE que la relación entre consumo de drogas y exclusión es a la inversa de lo que plantea Barajas: “Mucha gente empieza a consumir recién cuando lleva un tiempo viviendo en la calle”.

Martín, otro asistido en la fría madrugada, critica la situación que se presenta en lugares de acogida de la ciudad: siempre están repletos, la comida es mala y poca, en las duchas solo corre agua fría.

Di Iorio expresa a EFE que este sector social enfrenta una creciente vulnerabilidad en medio de la crisis habitacional en Buenos Aires, donde el precio de los alquileres creció en los últimos años muy por encima del promedio de los salarios, lo que ha dejado a muchas familias literalmente en la calle.

Martín y otros asistentes al centro de Constitución con más años de calle coinciden en que cada vez hay más personas y familias que nunca antes habían vivido a la intemperie.

El Gobierno de Buenos Aires cuenta con dos programas de asistencia para grupos familiares en este estado de vulnerabilidad, uno para compra de productos de la cesta básica por alrededor de $138.000 y otro para subsidio habitacional por $222.000, pero estas ayudas no llegan a la mayoría de las personas que viven en la calle.

Por Sebastián Rodríguez Mora, para la agencia EFE

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para esta semana temperaturas extremas que estarán en el orden de los 2° las mínimas para la zona del AMBA, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicaron que se intensificaron las acciones de la Red de Atención, “un servicio esencial que opera todo el día, los 365 días del año, para dar apoyo integral a las personas en situación de calle y que nadie duerma afuera”. La línea disponible para pedir asistencia a personas vulnerables que vieven a la intemperie es la 108.

La línea 108 tiene atención permanente las 24 horas en la que los operadores orientan y asesoran sobre programas sociales y reciben solicitudes para derivación de casos de personas o poblaciones en situación de riesgo, emergencia o vulnerabilidad social.

De acuerdo a la información oficial, este año “el servicio se amplió, se reemplazó la entrega ambulante de viandas por comidas en iglesias y clubes cubiertos para que las personas puedan comer bajo techo y se sumaron equipos de asistencia en motos para que sea más ágil la atención, entre otras medidas”.

La Red cuenta con más de 600 personas, incluidos voluntarios de organizaciones no gubernamentales e iglesias, que trabajan diariamente en este servicio “en el marco de un sistema activo que asiste, acompaña, da refugio y abrigo a cada persona que lo necesita”.

Según las autoridades de CABA, “la Ciudad tiene 47 Centros de Inclusión Social (CIS) que ofrecen más de 4.300 lugares para dormir. Son espacios de contención que cubren las necesidades más inmediatas de las personas, como alojamiento, alimentación e higiene, y que simultáneamente trabajan para promover su reinserción social”.

“Ninguna persona debería dormir en la calle. Cuando eso ocurre, el compromiso de la Ciudad es estar ahí, una y otra vez, con firmeza y sensibilidad. Porque incluso frente al rechazo o la desconfianza, hay una convicción que no cambia: la calle no es un lugar para vivir, y mucho menos para pasar el invierno”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los Centros de Inclusión están localizados en los barrios de Villa Soldati, San Telmo, Retiro, Monserrat, Once, Constitución, Balvanera, Nueva Pompeya, Parque Patricios, La Boca, Parque Chacabuco, Flores, San Cristóbal, Boedo y Palermo. Están segmentados para cada persona en particular y se ha abierto uno que es el primero de América latina exclusivo para personas con padecimientos de salud mental. También hay paradores para familias, para mujeres solas o con hijos, para hombres solos y personas mayores.

Este año se reemplazó la entrega ambulante de viandas por comidas calientes en iglesias y clubes para que las personas puedan acercarse a comer bajo techo. “Queremos que cada uno pueda sentarse, comer en un lugar a resguardo y recibir la atención de nuestros especialistas, médicos y asistentes sociales”, señaló el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Mraida. El 108 es la línea de atención ante situaciones de gente en calle.

También se cambió la entrega de frazadas por un conjunto de ropa térmica completa (pantalón, camiseta, gorro y guantes). “La ropa térmica es más efectiva que una frazada para afrontar las bajas temperaturas y prevenir enfermedades: abriga el cuerpo, permite moverse, no se moja con la humedad y protege del frío todo el día, no solo una noche”, sostienen desde el gobierno porteño.

De acuerdo a datos oficiales, “de la gente asistida por la Red de Atención, más del 70% proviene de la provincia de Buenos Aires. Hay aproximadamente 10.000 personas que vienen a la Ciudad todos los días desde el conurbano bonaerense a buscar una oportunidad, a hacer una changa, o a pedir ayuda”, sostienen.

Menos represión y más escucha. Políticas públicas en lugar de “una mirada excluyente y violenta”. Ese fue el reclamo emitido desde la Iglesia de Mar del Plata hacia el intendente local, Guillermo Montenegro, por los operativos desplegados en la ciudad para desalojar a personas en situación de calle en plena temporada de verano. A este planteo se sumó en las últimas horas un documento de juezas y jueces de todo el país referenciados con el Papa Francisco, en el que cuestionaron a quienes “promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública”.

En medio de la polémica por estos procedimientos y por los posteos del propio Montenegro en redes para amplificar su difusión, el jefe comunal del partido de General Pueyrredón fue denunciado además penalmente este viernes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la socióloga e historiadora Dora Barrancos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

En un mensaje conjunto, Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones de la diócesis marplatense, conducida desde diciembre por el obispo Ernesto Giobando, expresaron días atrás que “preocupa profundamente que las respuestas” institucionales hacia sectores vulnerables y personas en situación de calle “sean insuficientes” y que “muchas veces adopten un enfoque que prioriza la represión y el desalojo por encima de la escucha, el cuidado y la dignidad”. 

Cuestionaron que se aplique “una mirada excluyente y violenta” y reclamaron “políticas públicas que verdaderamente promuevan la inclusión y reconozcan a cada persona como sujeto de derechos”.

“Desde el Evangelio de Jesús, reafirmamos que las personas en situación de calle no son un ´problema´ que deba resolverse, sino hermanos y hermanas que merecen respeto, reconocimiento en su dignidad y acompañamiento”, señaló el comunicado. Exigió en ese sentido “un pacto social que coloque a los más vulnerables en el centro de las prioridades, desplazando la indiferencia y rechazando la violencia institucional como respuesta a la pobreza”.

“La calle no es un lugar para vivir”

En la misma línea, magistrados y magistradas que integran el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) advirtieron sobre las expresiones de funcionarios “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires” sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional. 

A través de un documento titulado “La calle no es un lugar para vivir”, estos jueces y juezas referenciados con el pensamiento del Papa Francisco señalaron que si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, existen “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.

Aseguraron en ese sentido que “quienes promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública se desentienden de su destino final”, y que “si bien se alega que existe asistencia móvil en las calles y refugios, lo cierto es que muchas veces estos dispositivos son insuficientes o inadecuados al punto que las personas en situación de calle prefieren la degradante condición de permanecer en las calles antes que utilizarlos”. 

Los jueces señalaron que “es necesario pensar mejor cómo asistirlos en la inmediatez y cómo abordar su situación en forma integral para revertirla”. Subrayaron además “la falta de atención a su salud” en los casos de personas con padecimientos mentales o con consumos problemáticos, y exigieron a los funcionarios responsables “que presenten propuestas realistas, conducentes, de calidad y que respeten las normas vigentes, fundamentalmente los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional”.

Nueva denuncia 

Además de apilar estos cuestionamientos en los últimos días, Montenegro fue denunciado este viernes por apología del delito, omisión de denunciar, racismo y discriminación. La presentación judicial fue realizada por la CPM y la regional marplatense de la APDH, que pidieron que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia institucional en los procedimientos desplegados por personal de la Secretaría de Seguridad municipal contra gente en situación de vulnerabilidad, así como personas que realizan actividades informales en la vía pública como limpiar vidrios en los semáforos y cuidar autos estacionados.

De acuerdo a la denuncia de casi 20 páginas presentada ante la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata, en los últimos días “diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas” en esta situación y esos hechos “fueron convalidados y reivindicados por las autoridades” e “incluso el intendente omitió denunciar agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias en sus redes sociales”. 

Los organismos señalaron que “funcionarios municipales han golpeado, amenazado y hostigado a personas en situación de calle, en condiciones de vulnerabilidad e indigencia”, y acompañaron su presentación con publicaciones y posteos de distintos procedimientos realizados y difundidos por la comuna y por Montenegro desde el inicio de 2025. 

La denuncia señala que “dichos operativos se desarrollan con violencia física y verbal que resulta injustificada y desproporcionada”. Subraya en ese sentido un video difundido y “festejado” por el intendente en su perfil de “X” en los últimos días, en el que “se puede apreciar cómo un agente municipal golpea” tras una discusión a un hombre que dormía en la vereda: “El intendente omitió realizar la denuncia penal correspondiente al ver que agentes municipales golpeaban a una persona en situación de calle. Por el contrario lo reivindicó y los apoyó haciendo apología de una conducta claramente delictiva”. 

La denuncia destacó además que el ex juez federal utiliza habitualmente en sus posteos en redes sociales “el mismo estilo, con expresiones xenófobas y discriminatorias” y un “tono desafiante” ante distintas presentaciones judiciales realizadas para detener  este tipo de accionar.

La CPM y la APDH denunciaron a su vez que los funcionarios que intervienen en estos procedimientos “se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales”. Subrayaron en ese sentido que “el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos”.

“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”, señaló la presentación.

Los organismos consideraron que “la exaltación” por parte del intendente del PRO “de este tipo de accionar” que implica “la comisión de delitos y faltas respecto a los deberes de funcionarios públicos municipales”, es una “provocación fundada en el odio y desprecio” a las personas en situación de vulnerabilidad. 

La presentación va en línea un pedido de habeas corpus preventivo presentado días atrás ante el Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial Mar del Plata, por parte del abogado Julio Hikkilo –representante de la Casa de Trabajador marplatense–, y otro presentado por el titular de la Defensoría Pública 10 local, Mauro Giacomaso, ante el Juzgado de Garantías 2.

DTC

Posteos virales por un lado, recursos de habeas corpus por el otro. Emojis con pulgar arriba y mensajes de respaldo en redes; críticas y repudio en paralelo. Videos de agentes municipales en modo Policías en Acción –cámara en movimiento, música hardcore, sirenas de fondo–; denuncias penales por persecución, estigmatización y amenazas. Entre esos extremos, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, logró instalar en la agenda del verano el giro más visible de su segunda gestión en Mar del Plata: desde hace meses, promueve y difunde distintos operativos para desalojar y disuadir a cuidacoches, limpiavidrios y personas que duermen en espacios públicos.

Montenegro habla de “fisuras”, “forasteros” y “zombies”. Y lanza frases tajantes y en algunos casos despectivas para ilustrar cada acción de los efectivos de la Patrulla Municipal y de la Secretaría de Seguridad. Imprime así una tónica al asunto que sorprende a propios y extraños, y que replica –y refuerza en casos– el estilo de los “operativos de orden y limpieza” de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires para personas que realizan tareas informales o en situación de calle. Como detalle, o no tanto: a diferencia de lo que pasa en territorio porteño, el estilo sheriff adoptado por el intendente en la localidad balnearia en el cierre de 2024 e inicio de 2025 despierta simpatías hacia él entre las fuerzas del cielo. 

Ante las críticas, el jefe comunal mantiene el tono: “Me importa tres carajos lo que digan los que opinan desde atrás de un escritorio”. Sostiene que no hubo “ningún cambio” en el tipo de operativos, y que hace “lo que corresponde”.

“Esto no es un trabajo”, escribió en su cuenta de “X” el 2 de enero, en su primer posteo del año. En él se veía a personal del área de seguridad local que abordaba y expulsaba a un grupo de cuidacoches y limpiavidrios en la zona del puerto. “Me cagás la herramienta de laburo”, se defendía uno de ellos. “No, no, esto no es un trabajo”, replicaba el agente, y agregaba: “Ni esto, ni el trapito, ni el vidrio, ni nada. No se puede. Hoy nos vemos, y no nos vemos más”. 

Cinco días más tarde, Montenegro agregó un nuevo posteo, con una discusión entre un agente y un cuidacoches en la zona costera. “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, expresó el intendente. La publicación fue celebrada por miles de interacciones, y fue repudiada por otro tanto, especialmente por deslizar un paralelismo entre alguien que cuida un vehículo estacionado –actividad molesta por cierto para muchísimos automovilistas: en lo que va de enero hubo más de cien denuncias al número de whatsapp habilitado para eso por el Municipio– y alguien que comete un delito. El balance a nivel municipal: el video tuvo más de cuatro millones de visualizaciones, todo ganancia. 

Con este tipo de publicaciones quedó claro en el arranque del año que el ex juez federal y referente del macrismo mantendría el estilo adoptado desde octubre, cuando estos despliegues comenzaron a ganar mayor espacio en la agenda de trabajo del Municipio y especialmente en sus plataformas de difusión. En paralelo, distintas presentaciones judiciales han buscado frenar este tipo de procedimientos. 

Montenegro: “No son víctimas”

Montenegro rechazó en diálogo con elDiarioAR las acusaciones por la brutalidad de los operativos y la estigmatización con este tipo de comunicación institucional: “Ese verso ya no se lo cree nadie. A los que realmente necesitan ayuda los tenemos censados y asistidos”.  

“Acá estamos hablando de otra cosa: yo no voy a permitir que intenten generar caos, ocupando plazas públicas o generando situaciones de violencia y extorsión en medio de la ciudad. Me importa tres carajos lo que digan. No voy a entrar en una discusión dogmática. Voy a actuar”, aseguró.  

Señaló en ese sentido que “los que están generando violencia y ocupando espacios públicos no son víctimas”, sino “parte de un mecanismo organizado” y “buscan generar caos”.  

“En Mar del Plata no vamos a permitir que nos conviertan en otra ciudad tomada por zombis, como pasa en otros lugares del mundo donde el descontrol y la inacción del Estado dejaron calles invadidas y zonas donde ya no se puede ni caminar. Te repito: me importa tres carajos lo que digan los que opinan desde atrás de un escritorio. Acá defendemos a los vecinos que se levantan todos los días para laburar, no a quienes quieren sembrar el desorden. Mientras yo sea intendente, no voy a ceder ni un centímetro”, explicó a ese medio.  

Sostuvo por otra parte que no hubo ningún cambio en el tipo de intervención, sino que actúan igual desde 2022, cuando se habilitó la línea para denuncias, y que estos procedimientos no tienen que ver “con especulaciones políticas”.

“La diferencia es que ahora los resultados se ven más claros porque sumamos más herramientas y reforzamos el control. Incorporamos tecnología, mejoramos la coordinación, y estamos actuando con toda la firmeza que la ley nos permite. Esto no tiene que ver con demandas nuevas o cambios de lectura, sino con mantener una política consistente: defender a los marplatenses que laburan, invierten y respetan las normas”, dijo, e insistió: “En Mar del Plata no hay espacio para la extorsión ni para el caos. No me importa si son trapitos, okupas o grupos organizados, acá las cosas se hacen como corresponde”. 

Montenegreo comparte con las filas libertarias la idea que las elecciones de este año se desarrollarán en un escenario polarizado. En esa mirada se explica su radicalización respecto del mandato anterior. Por eso, en las fuerzas del cielo miran con buenos ojos ese cambio de estilo en el jefe comunal, en modo sheriff, sobre todo en la comunicación a través de las redes. En una entrevista brindada con Radio Brisas de Mar del Plata, antes de llegar a la ciudad esta semana, Martín Menem había señalado que tiene “buen trato en lo personal” con Montenegro, y que lo conoce “de joven”.

Métricas y habeas corpus

El operativo con mayor repercusión ocurrió a fines de noviembre, cuando el propio Montenegro difundió las imágenes de un desalojo de un hombre y una mujer que dormían en la calle. “Se terminó”, tuiteó el jefe comunal, junto a un video del procedimiento, en el que agentes comunales despiertan y desplazan a la pareja y les quitan los colchones que usaban. 

El posteo fue repudiado por decenas de dirigentes opositores. “Todos matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser para hacerlo y para festejarlo”, expresó la ex diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. 

El intendente dobló la apuesta: “Llevátelos a tu casa”. Acusó además de trasladar a estas personas a la ciudad al dirigente de Patria Grande Juan Grabois. “Manga de mafias. Estos no son gente en situación de calle. A ellos los tenemos censados y asistidos. A estos los están trayendo a Mar del Plata para instalarlos, para hacernos piquetes y acampes. Son violentos con los vecinos”, señaló, y agregó: “Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario”. 

A nivel local, también cruzaron al intendente. La concejal opositora Eva Ayala (Acción Marplatense) calificó como “vergonzosas” ese tipo de publicaciones, repudió “la crueldad”, “la jactancia” del mensaje y la “arrogancia brutal hacia los más débiles”. Señaló además que no se trata “solo de lenguaje o sensibilidad”, sino que consideró que el gobierno municipal incumple las responsabilidades fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades “en materia de asistencia, protección y cuidados de las personas en situación de calle”. En la misma línea, el edil de Unión por la Patria Diego García lo acusó de hacer “un show” en “X” “una vez por semana” con algún video “despreciable”.

En el Palacio Municipal desestiman los cuestionamientos y miran las métricas: el posteo tuvo casi 8 millones de visualizaciones. Las cuentas de Instagram y Tik Tok del municipio sumaron además miles de nuevos seguidores. 

Pocos días antes de ese hecho, dos mujeres hermanas habían denunciado ante la Justicia que las habían expulsado de manera violenta, en plena madrugada, de un cajero automático del Banco Provincia en la zona oeste de la ciudad en el que pernoctaban. Denunciaron además que sufrían “persecución constante” por parte de personal municipal, y que los agentes golpeaban a personas en situación de calle, “les roban el calzado y les queman los colchones y frazadas”. 

A partir de esta denuncia, el titular de la Defensoría Pública 10 del Departamento Judicial Mar del Plata, Mauro Giacomaso, presentó un pedido de habeas corpus para frenar este tipo de actuaciones, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Rosa Frende. La magistrada pidió precisiones al Municipio acerca del operativo. El propio Montenegro contestó, y difundió públicamente la respuesta, con una advertencia previa: “Quiero que sepan que este intendente no tiene miedo”. Según precisó ante el requerimiento judicial, ese tipo de procedimientos son “aleatorios” y “se encuentran orientados a toda persona que realice un uso irregular o indebido del espacio público”.

La jueza rechazó días más tarde el recurso de habeas corpus de la defensoría, porque entendió que no se acreditó una “amenaza concreta”. Consideró que “más allá del estado de vulnerabilidad” de estas mujeres, “su permanencia” en un cajero para pasar la noche “no resulta amparada por la ley”, y que independientemente del “alto índice de pobreza e indigencia” existente y la falta de vivienda, “no por ello resulta válido el uso de cualquier lugar para guarecerse”. La magistrada pidió de todos modos que personal de la Secretaria de Desarrollo Social intervenga también en los procedimientos. 

El último viernes, Montenegro cuestionó a la jueza por “garantista”, tras un incidente protagonizado por las mismas mujeres. “Días atrás –escribió en ”X“–, por controlar a estos mismos ejemplares nos metieron un habeas corpus. Hoy se apuñalaron entre sí por culpa de una jueza garantista, que había ordenado la intervención de desarrollo social ´para ayudarlos´. Si ofrecés ayuda, te devuelven piedras. Tienen que ir a un refugio? No, tienen que ir detenidos. Y así fueron”.

“Legitimación de la violencia”

Para el abogado Julio Hikkilo, representante de la asociación civil La Casa del Trabajador de Mar del Plata, este tipo de accionar impulsado por Montenegro representa “una estigmatización total de personas vulnerables” y “la legitimación del uso de la violencia”. “Incluso si un trapito actúa con violencia, que claro que puede pasar, y merece la actuación de la justicia en tal caso, peor es la violencia institucional”, dijo Hikkilo en diálogo con elDiarioAR, y consideró que el intendente del PRO “endureció su discurso para sintonizar y simpatizar” con el Presidente Javier Milei.

El último miércoles, el abogado presentó en ese sentido una acción de habeas corpus preventivo y correctivo para exigir la “razonabilidad y legalidad” de las medidas adoptadas “contra las personas en situación de calle y trabajadores informales de la vía pública”.

En su presentación ante el Juzgado de Garantías 5, Hikkilo sostuvo que “las medias coercitivas aplicadas y ampliamente difundidas por diferentes medios” contra este grupo de personas se realizan “con absoluta discrecionalidad, en forma irrazonable, discriminatoria” y viola “sus legítimos y elementales derechos constitucionales”. En la acción iniciada, solicitó que como medida cautelar se ordene al municipio la suspensión de nuevos procedimientos “hasta tanto brinde un informe exhaustivo” sobre el criterio aplicado y “la fundamentación que avala este actuar abusivo”. 

“Con un oportunismo político sin precedentes, se acomete contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad, pisoteando sin posibilidad de defensa sus derechos básicos, negándoles incluso las condiciones de ser humanos, al estigmatizarlos socialmente como ´fisuras´, ´delincuentes´”, señaló, y agregó: “No por ser trabajadores informales, pobres y humildes, se transforman en delincuentes ni deben ser tratados como tales”.

También Juan Grabois anunció que denunciaría penalmente al intendente marplatense. En su paso por la ciudad el último martes para presentar su último libro y participar en una movilización junto a movimientos sociales, acusó a Montenegro de emplear “métodos ilegales” en los operativos, y precisó que la denuncia era por presunta violación a la Ley Antidiscriminación, abuso de autoridad y por el robo de las pertenencias de las personas desalojadas de los espacios públicos.

“Los vendedores ambulantes y la gente que estaciona coches lo hacen porque no tienen otro laburo para hacer, y en vez de perseguirlos hay que regularizarlos”, dijo durante un acto a metros de la sede municipal, y pidió al intendente “que entienda que a una persona con una problemática de adicciones” –es el caso de mucha gente en situación de calle en Mar del Plata, según fuentes judiciales y comunales– deberían “tratarla como un ser humano”.

Grabois cuestionó que “se la agarran con la gente que no se puede defender” y criticó al ex juez federal por “ponerse en víctima”, luego de que el intendente denunciara el último lunes haber recibido amenazas de muerte a través de Instagram.

AVL/MG

Lo despiertan ladridos desencajado, agudos. Esa mañana de septiembre del 2022, Javier Cardozo, de 37 años, despega la cara de su colchón y mira hacia ambos lados de la vereda con los ojos entrecerrados y el pelo todavía revuelto. Su perro, Javi, gruñe, mientras asoman sus dientes blancos y puntiagudos. Tres hombres los rodean en la esquina porteña de Avenida de Mayo y Perú. Javier duerme allí con Javi, su perro, desde hace tres meses, junto a algunas bolsas con sus pertenencias. Los tres sujetos visten una remera verde y amarilla con una frase en el medio con letras blancas: “Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad”. 

–No podés dormir acá, padre– le explican los funcionarios públicos a Javier, mientras levantan sus bolsas–. Tenés que irte.

Está harto, esa mañana del 2022, Javier Cardozo. Harto de que le tiren sus pocas pertenencias; de que le digan que vaya a dormir un parador de la Ciudad cuando no aceptan mascotas; de ir de un rincón a otro de la Capital, como un muñeco tironeado. 

Esa mañana, Javier, alto y espigado, los ojos pequeños, negros, dice “no”.

–No. 

–Es por las buenas o por las malas –desafía uno de los de ‘Espacios Públicos’.

Por las buenas o por las malas, todo sucede rápido.

El forcejeo cruzado entre Javier y los tres empleados públicos. Un policía de la Ciudad que aparece y se suma como custodio de los otros. Javier que cae al piso. El pelaje rubio y fibroso de Javi, su perro, que se tensa. Ladridos. Insultos. Un mordisco certero en el tobillo del oficial. Su pierna que se pliega en el aire. El hocico crispado de Javi. Más insultos.

Ambos, Javier y su fiel compañero, terminarían dentro de un patrullero de la policía de la Ciudad esa mañana. Javier fue demorado unas horas en la comisaría 1-B de la calle Tacuarí del centro porteño por resistencia a la autoridad. Su perro también fue retenido allí y luego trasladado al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, donde permaneció “detenido” durante diez días, tras morder a un oficial. No sería la última vez que Javi, el perro, quedaría “tras las rejas” por agredir a un policía.

Por las buenas o por las malas.

Peor que un preso

–Lo fui a ver los diez días que estuvo detenido en el Pasteur. Podía verlo un minuto al día nada más. Estaba muy triste yo. Le llevaba comida. Ahí no te dan nada. Los tienen en jaulas chiquitas y le dan agua con una lata, peor que los presos están. Una veterinaria de ahí me lo quería castrar. Yo me negué. ¿A usted le gustaría que le limen las trompas de Falopio sin su consentimiento, doctora?, le pregunté esa vuelta. Les dije que, si no lo largaban rápido, iba a entrar por la noche al edificio a sacarlo. Me decían que mi perro es agresivo, que lo tengo que medicar. Él es mi mejor amigo. Tiene cinco años nada más. El 19 de marzo del 2019 me lo regaló Jesús, el nieto de mi mujer. Chiquitito, rubio. Es bravo, pero no es malo. Yo también soy bravo.

Lo fui a ver los diez días que estuvo detenido en el Pasteur. Podía verlo un minuto al día nada más. Estaba muy triste yo. Le llevaba comida. Ahí no te dan nada. Los tienen en jaulas chiquitas y le dan agua con una lata, peor que los presos están

Picante

Javier Cardozo, de 39 años, nació y se crio en San Luis del Palmar, una pequeña localidad rural de la provincia de Corrientes, ubicada a 30 km de la capital. Con una madre ausente y un padre militar que lo hostigaba permanentemente, Javier creció entre palizas furiosas y huidas repentinas de su casa. En esas fugas temporales, pasaba semanas enteras refugiado entre la espesura del monte correntino y hogares de distintos familiares. Aprendió a criar caballos, a faenar chivitos y defenderse de cualquier que le faltara el respeto. Ese ambiente hostil lo llevó, poco a poco, a tomar grandes cantidades de alcohol y conocer otras drogas. A los 22 años se fue al Chaco a realizar el servicio militar, pero lo expulsaron por apuñalar a un compañero. Después emigró a la Patagonia, donde conoció la “palabra de Dios”, pero volvió a encontrarse en riñas que lo llevaban a lugares oscuros. En 2012 fue detenido por intento de homicidio y purgó una pena de seis años en la Unidad 19 del penal de Ezeiza. En 2019 quedó libre y conoció a Mariela Echague, su actual pareja. Jesús, el nieto de ella, le regaló un perro apenas cumplió su condena y salió de prisión. Javier lo nombró igual que él: Javi. “Lo ayudó mucho a Javier el perrito”, cuenta hoy Mariela, de 54 años y en situación de calle como Javier. “Él era muy violento, pero Javi lo ayudo a tranquilizarse. Creo que el perro agarró un poco del enojo que tenía y se volvió un poco picante”, señala Mariela. “Acá por el centro lo conocen todos a Javi”, dice.

Famosos toreados

Actores y actrices que Javi, el perro, toreó con vehemencia cuando los veía pasar por la Avenida Corrientes, tras la salida de los teatros: Lizy Tagliani, Diego Peretti, Pablo Echarri, Nancy Duplá, Flavio Mendoza.

Bajo el signo de Escorpio

–Me cuesta relacionarme con los demás. Soy un poco retobado, por eso me siento mejor con los animales. Me gusta estar tranquilo, no molesto a nadie. Pero a veces se me sale la cadena– dice Javier, un martes de agosto, sentado en la esquina de Lavalle y Cerrito. Javi, a su lado, descansa con la cabeza apoyada en su regazo. A veces levanta una ceja, como en estado de alerta, y luego la baja. Es menudo y rubio, con rasgos fibrosos su cuerpo. “Se pelea mucho con los otros perros. Por eso a veces le pongo el bozal”, cuenta su dueño. “A los policías los odia, como que los huele y en seguida se pone en estado de alerta”, detalla Javier. 

Una noche de julio su perro fue detenido por segunda vez. En aquella ocasión, Javier se encontraba defendiendo a un amigo en una pelea con otro grupo sobre la calle Lavalle. La policía porteña llegó, intento reducirlo, pero, antes de que su pecho tocara el piso, Javi –como un resorte– saltó a defenderlo propinándole un mordisco al efectivo. Fueron otros diez días en la jaula del Pasteur, mientras Javier velaba por su libertad. “Lloré como un condenado cuando cayó de nuevo”, dice, mientras le acaricia la oreja a Javi. “Él es mi mejor amigo”.

Lloré como un condenado cuando cayó de nuevo. Él es mi mejor amigo

Augusto Fuentes tiene 62 años y vive en un hotel de Talcahuano y Corrientes, a través de un subsidio habitacional que le otorga el Gobierno de la Ciudad. Conoció a Javier en 2022, tras dormir algunas noches a la intemperie en su misma cuadra. “Él es del signo escorpio, como yo. Somos de un carácter jodido”, asegura Augusto. Su familia también es de Corrientes, un dato que los unió de inmediato. “Él viene de una familia muy violenta. Era todo muy farwest en su pueblo”, comenta Augusto.  El perro, sigue Fuentes, lo ama a Javier. “No podés acercarte a él sin que empiece a ladrar y si te descuidas, te mete un tarascón”, remarca Augusto. Un tema que a él le preocupa es el hostigamiento policial que suele sufrir Javier al dormir a la intemperie. “Lo viven sacando de todos lados. Por eso también crece su furia y la del perro. Tengo miedo que un día los lastimen a los dos”, confiesa Fuentes.

Según el último informe de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de calle, hubo un aumento de la violencia institucional contra los ‘sin techo’ de la Capital Federal. El informe describe que entre agosto del 2023 y 2024, hubo 104 situaciones de violencia por parte de funcionarios porteños, un aumento del 37% respecto al año pasado. La Ciudad de Buenos Aires –describe el informe– es el distrito con más hechos de violencia. A esos hechos, explica la investigación, hay que sumarle 125 detenciones, requisas y secuestros de pertenencias sin orden judicial, conforme al artículo 103 del Código Contravencional.  

“Venimos registrando relatos de hostigamiento de personas en situación de calle desde hace muchos años, pero lo que vemos ahora es un aumento significativo de una política pública explícita y represiva contra esos ciudadanos”, explica Jorgelina Di Iorio, doctora en psicología, investigadora del CONICET y una de las autoras del informe. Por un lado, señala Di Iorio, el Gobierno porteño muestra más dispositivos de asistencia temporal al que no todas las personas quieren o pueden acceder y por el otro los expulsa violentamente del espacio público. “Si a una persona a la que le robaron las pertenencias en un parador decide no volver más, el Gobierno lo responsabiliza por querer vivir en la calle. En lugar de problematizar por qué no quieren recibir la asistencia que ellos promueven, deciden culpabilizarlos”, apunta la investigadora. 

No existe, por otro lado, un registro oficial sobre detenciones caninas en la Ciudad. La ordenanza que sigue la policía es que cualquier animal callejero debe ser trasladado al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur para su revisión.

Todas las veces que sea necesario.

El último momento de felicidad

Si a Javier Cardozo le preguntan hoy cuál fue su último momento de felicidad, hablará de una imagen que ocurrió en marzo, en medio de una semana de lluvia copiosa en la ciudad, bajo el alero de un edificio abandonado de Avenida de Mayo, viendo caer el agua a tendales, junto a su mejor amigo. El rocío, cuenta Javier, los mojaba a ambos. No tenían frío, todo lo contrario. “La tempestad la enfrentamos juntos”, dice Javier Cardozo.

FLD/MG

El intendente del municipio bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, publicó este viernes un video en sus redes sociales en el que se ve un desalojo llevado a cabo por personal policial, en la ciudad cabecera de ese partido, Mar del Plata, a una pareja que dormía en la calle. “Se terminó”, escribió el dirigente del PRO en el posteo en su cuenta de X junto al video del operativo.

La frase refiere a las palabras utilizadas por uno de los oficiales, que se dirige a las personas que dormían en un colchón en la vía pública. La publicación de Montenegro, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, el fundador y líder del PRO, generó el repudio de muchos usuarios, que acusaron al intendente de querer invisibilizar la pobreza sin ofrecer soluciones, y de otros políticos.

“No me interesa nada. Se terminó el diálogo. ¡Basta!”, se escucha decir al efectivo mientras las personas se levantan del colchón y reúnen sus pertenencias para después retirarse en bicicleta. Finalmente se ve cómo los agentes se deshacen del colchón.

El senador por la provincia de Buenos Aires y referente de Patria Grande, Federico Fagioli, que presentó este jueves en la comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense una ley provincial para personas en situación de calle, señaló: “¿Sacarle a una persona en situación de calle lo poco que tiene? Se ve que nunca te faltó nada, monigote. Sos una basura. Para esto necesitamos tener ley provincial. Para que los hijos de puta como Montenegro no se sigan creyendo impunes”.

La referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también cuestionó al intendente: “Todo matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser para hacerlo y para festejarlo”. Montenegro le respondió: “Llevatelos a tu casa, Bregman. Pensás que no nos cuenta lo que está haciendo tu amigo Juan Grabois y todas las orgas. Manga de mafias”. El intendente aseguró además que están llevando personas a Mar del Plata “para hacernos piquetes y acampes”.

Añadió: “A cinco minutos del verano empiezan los cortes… qué casualidad! Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario”.

En las últimas semanas, Montenegro viene comunicando de manera similar otros hechos como detenciones y desalojos. También se pronunció en contra de los cortes de calle.

Hace unos meses, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó el Operativo de Orden y Limpieza en el marco del cual difundió en sus redes sociales varios desalojos a personas en situación de calle. También fue duramente cuestionado, tras lo cual anunció un plan para reducir la cifra de personas que duermen en la calle.

Fueron dos cumpleaños seguidos que los pasó sin saludos, ni torta, ni los abrazos de Amelí y Benjamín –sus dos hijos–, y a la espera de quedarse dormido en la avenida Alem del centro porteño. Fue la luz blanca de un McDonald que lo alumbró por las noches y lo hizo sentirse menos solo. Fue una lluvia que lo encontró volviendo de una iglesia del barrio Constitución: una vianda de comida en una mano, su mochila con ropa en la otra, empapado, con un frío que lo estremeció como nunca. Fueros algunos intentos de robo a esa mochila: su única pertenencia. Fue una pelea que presenció en un parador del Gobierno de la Ciudad y huyó despavorido. Un subsidio habitacional que pidió y nunca llegó. Una “ranchada” que integró algunos días.  Fue un grupo de personas vestidas con una pechera blanca que una noche de 2020, en plena pandemia, bajaron de un auto en la esquina de las avenidas Alem y Corrientes, se le acercaron y le preguntaron qué necesitaba. Gabriel Martínez, de 37 años por entonces, no supo qué responderles. Tampoco que esa simple pregunta le cambiaría la vida.

“¿Necesitan algo?”, pregunta hoy, un viernes de septiembre por la noche, Gabriel Martínez, a tres personas que descansan sobre un colchón mullido en la calle Tacuarí del centro porteño. Gabriel está junto a cuatro voluntarios más de ‘Amigos en la Calle’, una fundación que desde el 2017 reparte viandas de alimentos y ropa a las personas que pasan la noche a la intemperie en la ciudad.

Cursé hasta un segundo año de Ingeniería en alimentos en la Universidad Tecnología Nacional, pero dejé por el laburo

“¿No te sobra una campera, corazón?”, le pregunta una de las mujeres desde el colchón. Tiene el pelo negro por la cintura y viste una remera verde que dice ‘Love Me’. Gabriel y el grupo revisan una bolsa con ropa que llevan para estas ocasiones. Pero no hay ninguna campera. “La próxima te traemos”, le dice Gabriel. La escena se repetirá unas diez veces en diferentes esquinas y calles aledaña a la Avenida 9 Julio. “Cada vez vemos más personas en la calle”, dice Gabriel. Camina pausado, mientras lleva una conservadora azul repleta de viandas. “Por suerte ya pasó un poco el frío”, señala. Un frío que alguna vez no lo dejó dormir.

Un largo camino de vuelta a casa

Gabriel, 41 años, empleado en una distribuidora de golosinas, nació en el barrio de Paternal. Su papá murió cuando tenía cuatro años y fue criado por su madre, una trabajadora del rubro transporte. Con cuatro hermanos, Gabriel no sufrió carencias, pero tampoco vivió grandes lujos. “Empecé a trabajar ni bien terminé el colegio”, cuenta, sentado en un café de Avenida de Mayo. Viste una campera gris finita y habla pausado, “Cursé hasta un segundo año de Ingeniería en alimentos en la Universidad Tecnología Nacional, pero dejé por el laburo”, dice.

Sus primeros empleos lo encontraron como cadete en diferentes empresas del microcentro. Desde una torre vidriada del Grupo Techint, en donde los hacían leer diarios como ‘El Cronista Comercial’ para saber el tipo de cambio y mantenerse informado de la actividad económica local, hasta compañías más pequeñas. En ese tiempo, con 21 o 22 años, empezó a consumir cocaína. Al principio no parecía un problema, admite, pero “luego se le fue de las manos”. En 2010 fue padre por primera vez de Benjamín. Tres años después, llegaría su hija Amelí. En 2016, con 33 años y haciendo trabajos informales, se separó de su mujer. “Ahí empecé a consumir más cantidad”, cuenta. “Y arrancó una especie de debacle. Dejé de ver a mis hijos y a mi familia. Todo se desmadro”.

A fines del 2018, Gabriel pedía dinero en los subtes de la ciudad y ya pasaba algunas noches durmiendo en la calle. “Si juntaba algo, lo usaba para pagarme alguna pieza o para consumo”, recuerda. En esa época, cuenta, sintió un punto de no retorno a su vida anterior. Para el 2020, en plena pandemia, las calles del centro de la Capital ya eran su refugio habitual. Las escalinatas del Centro Cultural Kirchner, el suelo frío de la terminal de ómnibus de Retiro o la recova de la Avenida Alem. Todo servía para pasar la noche. Todo menos los paradores del Gobierno de la Ciudad. “Fui una sola vez y me escapé cuando vi cómo se peleaban adentro. No me sentí cómodo”, cuenta. También pidió un subsidio habitacional al estado porteño, pero nunca le salió. 

Una noche de 2020, sin embargo, en medio de una ciudad vacía por las restricciones sanitarias, un grupo de voluntarios de ‘Amigos en la Calle’ lo encontró durmiendo solo. Le dieron unas viandas y ropa. Fue en ese momento que a Gabriel se “le activó algo”. “Su calidez en el trato me caló hondo”, dice. “En plena pandemia, un grupo salía a ayudar a los demás. Me pareció espectacular”, cuenta. Desde ese día, todos los viernes, Gabriel esperaba con ansias la llegada del grupo. Pero hubo una noche que no vinieron. Los contactó por redes sociales a través de un celular y el WiFi un Mc Donald. Tenía hambre y no había conseguido nada para comer. Al rato, una mujer apareció con unas milanesas caseras. “Fueron las mejores que comí en vida”, dice. Pero hubo otro mensaje que Gabriel le envió al grupo un tiempo después. Un mensaje que lo cambió todo.

“Yo estaba sentada en el balcón de mi casa y veo un mensaje de Gabi”, cuenta Silvina Iglesias, fundadora de ‘Amigos en la Calle’. “Y cuando lo leo, me ponga a llorar”, recuerda Silvina. El mensaje, enviado en 2021, decía así: “Soy Gabriel, el pibe que asisten en Corrientes y Alem. Les quería contar que conseguí trabajo y salí de la calle. Me gustaría sumarme como voluntario”.

“Imaginate la cantidad de personas que asistimos. Recibir algo así confirma que nuestra tarea sirve. Y mucho”, señala la fundadora. Gabriel había empezado a trabajar para una aplicación de delivery, tras conseguir una bicicleta prestada. A su vez, acudía a un centro de tratamiento por su adicción. Para el 2022, Gabriel volvió a dormir bajo un techo y había empezado a vincularse nuevamente con su familia. Todos los viernes por la noche, desde entonces, sale con el grupo a asistir a los que estuvieron en su lugar. Como un espejo que le rebota su propia historia, impidiéndole mirar hacia otro lado.

‘Terrorista’ sin techo

“La calle no sale de uno. Yo me acostumbré a dormir con un ojo abierto. Son cosas que te quedan”, dice Gabriel, de nuevo en un recorrido nocturno con ‘Amigos en la calle’. Es un viernes y acaba de publicarse el nuevo índice oficial de pobreza: un 52,9% del país está al borde la indigencia. Los resultados de la recesión económica pueden verse a metros del Obelisco.  

La calle no sale de uno. Yo me acostumbré a dormir con un ojo abierto. Son cosas que te quedan

Desde la nueva gestión de Jorge Macri en la Ciudad, y en continuidad con la administración de Horacio Rodriguez Larrea, el abordaje hacia la problemática de las personas que duermen a la intemperie es controversial. Desde publicidades oficiales “desapareciendo” a indigentes en supuestos operativos de limpieza de veredas hasta los dichos del secretario de seguridad, Diego Kravetz. “Si le das comida a una persona que vive en la calle, la acomodás en la pobreza”, dijo Kravetz.

“Ellos quieren que nosotros dejemos de ayudar, pero no hacen nada para que eso suceda”, señala Silvina Iglesias. “Nos piden también que a las personas les recomendemos que vayan a paradores a los que no conocemos cómo funcionan ¿Por qué tengo que recomendar un lugar al que nunca fui?”, se pregunta la fundadora del grupo. 

En abril del 2024, el Gobierno porteño informó que habían 3.560 de personas ‘sin techo’ en la Ciudad, de las cuales 2.235 se encontraban en un Centro de Inclusión Social (CIS) y 1.325 dormían afuera. Distintas organizaciones, sin embargo, cuestionan la metodología con que el Gobierno realiza esa medición, asegurando que el número es mucho mayor. De acuerdo con el último Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle) en diciembre del 2023 había 8.028 de ciudadanos que pasaban la noche a la intemperie.

“Creo que el individualismo nos va a arruinar”, retoma Gabriel. En las recorridas que hace a veces lo acompaña su hijo, Benjamín, de 15 años. “Me gusta que venga y generarle conciencia. Ya sabe que su papá estuvo en esa situación. Al principio fue difícil explicarle, pero ahora le gusta venir”, cuenta. “Hay que escaparle a lo individual”. Si uno acompaña al grupo puede notarse la llegada que Gabriel tiene con las personas que asiste. Su forma de desenvolverse y de hablar lo diferencian del resto. “Por su historia, Gabi tiene una sensibilidad singular”, apunta Silvina. “Empatiza desde otro lugar”.  

Una noche del 2023, Gabriel y el grupo se encontraron en la esquina de Mitre y Carlos Pellegrini a una persona que les pidió ayuda casi desesperadamente. Luis Alberto de la Vega, de 41 años, les contó de su problema de adicción y de que no tenía para comer. Gabriel conectó de inmediato con su historia. “Me vi reflejado en él”, dice. Se ocupó personalmente de ayudarlo con los trámites para entrar a un programa de rehabilitación. Por un tiempo todo anduvo bien. Hasta que el miércoles 12 de junio de este año, mientras Luis Alberto buscaba comida en unos tachos de Avenida de Mayo, la Policía de la Ciudad lo detuvo en el marco de las protestas por la Ley Bases. Fue acusado, junto a otras 32 personas, de “incitar una a la violencia colectiva contra las instituciones” y apresado en una alcaldía de Parque Patricios. Luis Alberto, según el Gobierno nacional, era un “terrorista” sin techo.

“Al primero que llamó fue a mí”, dice Gabriel, quien lo visitó mientras estuvo detenido. “Me angustió mucho porque él ni siquiera había participado de la manifestación. Estaba buscando comida”, señala. Uno de los requisitos que la justicia exigía para liberar a Luis Alberto era que tenga un domicilio fijo para que la justicia pueda contactarlo. Fue entonces que el abogado Emiliano Villar y la organización Proyecto 7, conformada por personas que velan por los derechos de las personas en situación de calle, ayudaron a que salga. “La sobreseyeron, pero la pasó mal. Casi lo mandan al penal de Ezeiza”, detalla Gabriel

Luego de pasar por una mala experiencia en un parador del barrio de La Boca, Luis Alberto volvió a estar en la calle. Gabriel intenta ayudarlo ahora con el subsidio habitacional. Llegó al punto de encuentro donde ‘Amigos en la calle’ se reúne para dividir las viandas. “No sé qué hubiera hecho sin Gabi”, dice Luis Alberto. “Le debo mucho. A él y a todo el grupo. Nunca me dejaron solo”.

Gabriel y su ‘amigo en el camino’ charlan ahora a la par del grupo. Tienen casi la misma edad y es posible que se hayan cruzado por las mismas calles cuando Gabriel dormía a la intemperie. El recorrido empieza. Los dos se despiden. “La próxima viene a repartir con nosotros”, dice Gabriel, mientras sostiene la conservadora de viandas y encara a la primera parada de la noche.

FLD/MG

La camioneta amarilla de “Espacios Públicos” estacionó en la esquina de Viamonte y Montevideo del centro porteño. Un patrullero de la policía de la ciudad frenó detrás. Aquel 16 de julio por la noche, Ricardo Mora (30) y Mónica Gutiérrez (43), una pareja en situación de calle que duerme en esa esquina hace cinco años, salieron de su pequeño refugio hecho con nylon y plástico. 

La denuncia la había hecho un puesto de diarios al lado de esa esquina: un vecino cansado de que estén ahí. Cinco funcionarios del Gobierno porteño y cuatro policías rodearon a la pareja. Les exigieron sus colchones y el carro donde junta cartón para venderlo. También les ordenaron desalojar la esquina. Mónica, paciente psiquiátrica e insulina dependiente, se negó. Un efectivo la tomó del brazo y la estrelló contra el puesto de diario, ya cerrado. La cara de Mónica contra el verde metálico y frío del puesto. Ricardo saltó a defenderla: terminó detenido en la comisaría 1-B de la calle Tacuarí. Entre las pertenencias de la pareja que se llevaron los funcionarios porteños esa noche, estaba la insulina de Mónica. “Me dijeron que era una droga ilegal y se la llevaron a la comisaría”, cuenta ella. La escena se repetirá tres veces más a lo largo de agosto y septiembre. La bajada del Gobierno porteño es clara: de la calle también pueden desalojarte. 

Según el último informe de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de calle, hubo un aumento de la violencia institucional contra los ‘sin techo’ de la ciudad. El informe describe que entre agosto del 2023 y 2024, hubo 104 situaciones de violencia por parte de funcionarios porteños, un aumento del 37% respecto al año pasado. La Ciudad de Buenos Aires –describe el informe– es el distrito con más hechos de violencia. A esos hechos, explica la investigación, hay que sumarle 125 detenciones, requisas y secuestros de pertenencias sin orden judicial, conforme al artículo 103 del Código Contravencional.  

“Venimos registrando relatos de hostigamiento de personas en situación de calle desde hace muchos años, pero lo que vemos ahora es un aumento significativo de una política pública explícita y represiva contra esos ciudadanos”, explica Jorgelina Di Iorio, doctora en psicología, investigadora del CONICET y una de las autoras del informe. Por un lado, señala Di Iorio, el Gobierno porteño muestra más dispositivos de asistencia temporal al que no todas las personas quieren o pueden acceder y por el otro los expulsa violentamente del espacio público. “Si a una persona a la que le robaron las pertenencias en un parador decide no volver más, el Gobierno lo responsabiliza por querer vivir en la calle. En lugar de problematizar por qué no quieren recibir la asistencia que ellos promueven, deciden culpabilizarlos”, apunta la investigadora. 

elDiarioAR recorrió durante tres noches la Ciudad, junto a la organización “Amigos en la Calle”, dedicada a la asistencia de alimentos y ropa. En al menos ocho testimonios, los ciudadanos rechazaron ir a un parador por robos, maltratos o porque simplemente no los dejaban entrar con todas sus pertenencias. Silvina Iglesias, fundadora de la organización, señaló que desde el Gobierno le piden que ella recomiende la asistencia de los paradores. “¿Por qué tengo que recomendar algo que no conozco? Las historias que nos llegan hablan de un mal funcionamiento”, detalla Iglesias. “Les tiran sus pertenencias por un lado y los invitan a dormir en sus dispositivos por el otro. Cada vez vemos más hechos de violencia”, señala la fundadora de “Amigos en la Calle”. 

El secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravtez, declaró en una entrevista radial con FM Milenium que la mitad de las personas que están en situación de calle “tienen antecedentes penales y son peligrosas”.

“Hay mucha gente en situación de calle que es oportunista de la situación, que le gusta vivir en ranchadas. Es una forma de vida. Cuando vos le ofrecés un parador, ellos prefieren quedarse en la calle con sus amigos. A veces son más bravas las ranchadas de las mujeres, que de los hombres”, sostuvo el funcionario.

Entre las últimas requisas por parte de la policía porteña, retoma Di Iorio, “se registraron contravenciones ridículas” por el uso indebido del espacio público. “Vivir en la calle no es un delito. Sin embargo, las fuerzas de seguridad labraron actas por tenencia de armas no convencionales, como los fierros largos que usan los recicladores urbanos para buscar entre la basura u otras herramientas de trabajo, como sus carros”, destacó la especialista.

En el mes de junio, la jueza Natalia Ohman, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 17 de la ciudad, recibió 126 comunicaciones policiales vinculadas con detenciones, requisas y secuestros sin orden judicial. Las misma estaban motivadas por la portación de armas no convencionales en la vía pública.

Al analizar los casos, la magistrada llegó a la conclusión de que esas detenciones y secuestros eran arbitrarios y se realizaron sin orden judicial, vulnerando garantías básicas sobre personas en situación de calle. Dada la cantidad de casos, Ohman resolvió declarar la nulidad de todas esas detenciones y requisas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Además, la magistrada alertó de la situación a la Defensora General, a cargo del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad, como también al Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal del distrito. Sin embargo, a principios de septiembre, la Sala IV de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos resolvió apartar a la jueza y revisar todo lo actuado.

Los operativos sobre personas en situación de calle son parte de la estrategia de Jorge Macri para intentar mostrar una Ciudad mas ordenada, quien desde que llegó a la jefatura de Gobierno porteña –en diciembre pasado– busco mostrarse menos tolerante que su antecesor. A los desalojos a las personas en la calle, se sumaron también los manteros que llegan a las plazas empujados por la crisis económica.

La estrategia no siempre le resultó efectiva. En abril, Macri terminó pidiendo disculpas cuando difundió en sus redes un video en el que personal de la Ciudad “limpia” a las personas en situación de calle.

Espacio Público al acecho

Es un jueves de octubre por la noche. Bajo el letrero abandonado de la cervecería ‘Hans’, en la esquina de Viamonte y Montevideo, Mónica y Ricardo juegan a las cartas sobre un colchón.  Ayer, cuenta Ricardo, volvió la camioneta amarilla de Espacio Público con la policía a llevarse sus cosas. “Ya estamos cansados. Nosotros no molestamos a nadie. Todos los vecinos nos conocen y nos ayudan”, dice Ricardo, que nació en el barrio de Caballito. “A mi me pone muy mal cuando nos quieren sacar las pocas cosas que tenemos. Me llevaron mi insulina la última vez”, cuenta Mónica, oriunda de Santiago del Estero. “Algunos te tratan muy mal. Nos verduguean por defender lo poco que tenemos. ¿Cómo no voy a pelear por mis cosas?”, agrega ella.

A unas cuadras, en la plaza frente al Teatro Colón, sobre la calle Tucumán, Ariel López, de 44 años, descansa a la par de su carro de reciclador. Duerme por la zona hace unos tres años y, desde que Espacio Público, recorre las calles, tiene que andar escondido. “Ni bien los veo, levanto mis cosos y me voy. A veces me meto detrás de los conteiner para taparme”, cuenta Ariel. La última vez, una tarde de agosto, no pudo escapar. Lo encontraron durmiendo a mitad de cuadra y le confiscaron su único elemento de trabajo. “Ahora estoy más atento. No me van a enganchar”, confiesa el reciclador urbano.

A Oscar Gómez, de 55 años, le ocurrió lo mismo. Paraba con su carrito de supermercado por las inmediaciones del Teatro Colón cuando la camioneta de Espacios Públicos estacionó a su lado. “Me llevaron todo”, dice Oscar. “Con mi edad, ¿quién te da trabajo en esta ciudad? Encima vienen con la policía para amedrentarte”,  denuncia Oscar. 

FLD/MG

En Argentina muere una persona en situación de calle cada dos días y medio, la mayoría en grandes centros urbanos, aunque es una situación que también se da en ciudades más pequeñas. Las causas tienen que ver con las condiciones climáticas, pero también con problemas estructurales como falta de atención médica y con hechos de violencia social. Además, los casos de violencia institucional institucional aumentaron un 500% en el último año.

Según el Registro Unificado de Violencias hacia personas en situación de calle (RUV), entre agosto de 2023 y agosto de 2024 fallecieron 135 personas sin techo en todo el país: 33 en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en la Provincia de Buenos Aires, 19 en Salta y 11 en Santa Fe. El RUV es un indicador anual realizado por el equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Asamblea Popular por los Derechos de las PSC en base a publicaciones en los medios de comunicación de todo el país y a reportes de organizaciones sociales que trabajan en la calle. 

La mayoría de las muertes tiene que ver con causas estructurales propias de vivir a la intemperie, como la mala alimentación, y también hay casos de personas que murieron de frío o de calor durante los picos de temperatura extrema. Pero hay situaciones más crueles en donde fueron asesinadas con disparos o que fallecieron después de quedar heridas tras el incendio intencional de sus pertenencias. De las 135 muertes solo se pudieron identificar a 82 personas con sus nombres.

Si se compara con los registros anteriores, la cantidad de fallecidos se mantiene similar a la de 2023 cuando se registraron 146, pero es casi el doble de las 70 que murieron en el 2022. “Es consecuencia de las violencias estructurales y de la falta de acceso a sus derechos: a la salud, a la alimentación, a un espacio para higienizarse, al alojamiento. Las personas que se acercan a nuestras organizaciones nos manifiestan que quieren ingresar a un dispositivo de alojamiento y cuando llamamos al móvil nos dicen que no hay vacantes. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay plazas disponibles para las personas en situación de calle”, explica Paola Vazquez, referente de Abrigar Derechos y miembro de la Asamblea Popular.

Otro de los datos preocupantes del informe tiene que ver con el aumento de la violencia institucional: se pasó de 17 casos en el 2023 a 104 en 2024, un aumento del 500%. 

“En muchos casos tiene que ver con desplazamientos forzados de los que participan funcionarios gubernamentales, a veces con fuerzas de seguridad, otras con personal de limpieza o la misma red de atención en calle. Vemos situaciones sumamente crudas donde no solo mueven a la persona sino que les sacan sus pertenencias, también los DNI, y muchas veces, lo poco que tienen lo pasan por la trituradora del basurero”, describe Milena Sapey, psicóloga e investigadora de la UBA.

La mayoría de los casos de violencia institucional registrados son en la Ciudad de Buenos Aires y las investigadoras lo vinculan con la existencia de una unidad gubernamental dedicada específicamente a “limpiar” la calle dentro del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “No es que solo ocurre en la Ciudad, pero vemos que está sistematizado”, agrega Sapey. Como publicó elDiarioAR el mes pasado, las estadísticas del Ministerio de Seguridad porteño muestran un crecimiento de las causas iniciadas por contravenciones por portación de armas no convencionales en la vía pública (como cuchillos o navajas para cortar cartones): se pasó de 300 en el 2021 a 400 en el 2023 durante la gestión de Jorge Macri.

“Todos los días les damos frazadas y no les duran ni 24 horas porque, en zonas como Congreso, los operativos son diarios. Les requisan las pertenencias, y les sacan los cuchillos que usan para comer o para cartonear. Nos pasó con un compañero al que le habíamos dado unas latas de paté para que coma y, cuando pasamos por la plaza, vimos diez policías y dos patrulleros alrededor de él porque estaba comiendo un paté con un cuchillo para untar. Eso pasa todo el tiempo”, relata Vázquez.

De los 320 casos de violencia a los que se ven expuestas las personas en situación de calle de todo el país, casi un tercio (104) fueron realizados por fuerzas de seguridad o funcionarios públicos, el resto tiene que ver con violencia estructural (121) y violencia social (95). Las cifras indican que padecen alguna agresión cada 27 horas, un 37% más que el año pasado. Las organizaciones reportaron casos de disparos con balas de goma, quema de pertenencias y golpes para que se corran de la vereda, entre otros. 

“Lo que vemos es un giro discursivo en las notas periodísticas hacia un pensamiento más de derecha, posicionar a las personas en situación de calle como un ´otro´ peligroso. Cuando aparece la policía se presentan los casos como en defensa de los vecinos, hay una cuestión discursiva para marcar quiénes son vecinos y quiénes no”, explica Sapey. Entre las jurisdicciones con mayor casos de violencia en general están CABA, PBA, Santa Fe, Salta, Córdoba, Jujuy y Entre Ríos. “Los discursos también legitiman determinadas acciones y hacen que surjan casos de mayor crueldad, que se pierda la empatía con un ´otro´ que está sufriendo”, agrega la investigadora.

No existe un registro unificado de personas en situación de calle a nivel nacional, el último dato es el del Censo 2022, que contabilizó a 2.962 personas en 75 departamentos del país, una cifra que quedó desactualizada si se la contrasta, por ejemplo, con los datos oficiales de CABA. Según el Gobierno porteño, hay 3.560 personas que no tienen techo, lo que muestra un aumento del 14% entre abril de 2023 y 2024. Sin embargo, el segundo censo popular, realizado por diversas organizaciones sociales, relevó 8.028 personas para diciembre del año pasado. La cifra crece por la crisis económica: “Han desmantelado lo poco que había de política pública, que siempre fue deficiente. Además, es notorio que las organizaciones estamos poco fortalecidas por el Estado, en el contexto nacional, y en la Ciudad en particular. Es por esto que muchos comedores y organizaciones que antes abrían todos los días, hoy no tienen comida suficiente para hacerlo y eso se nota en los resultados de este informe”, concluye Vázquez.

CDB

Más de 25 centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires realizan este lunes 8 de julio un festival simultáneo para movilizar la solidaridad y reclamar por el hecho de que en la capital, la ciudad más rica del país, haya cada vez más personas durmiendo en la calle.

La Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle denuncia una muerte por mes desde junio de 2023 y responsabiliza al Gobierno de la Ciudad por la desidia estatal y la falta de políticas habitacionales.

En ese contexto surge la iniciativa solidaria impulsada por diferentes espacios culturales repartidos por toda la Ciudad. El objetivo es exigirle al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que garantice los derechos que le son negados a las personas que viven en la calle.

La entrada a los espacios que participan serán donaciones de prendas de ropa, calzado, abrigo, vasos térmicos, termos o frazadas que luego serán distribuidas por organizaciones que trabajan asistiendo a personas en situación de calle.

Según comentan desde la organización, “Mercedes Sosa está presente en nuestros corazones y su espíritu de lucha también. Hace 15 años la recordamos en cada voz que grita y canta contra las injusticias. #QueNoCalle es un homenaje y una bandera. El sueño de vivir en una ciudad más justa también lo construimos cantando”.

La cantora tucumana nació el 9 de julio de 1935 y falleció el 4 de octubre de 2009.

Estos son los centros culturales porteños que participan en la iniciativa:

* VUELA EL PEZ - AV. CÓRDOBA 4379

* LA CASONA CULTURAL - CARLOS CALVO 242

* JJ CIRCUITO CULTURAL - JEAN JAURES 347

* LA YUPANQUI CASA CULTURAL - AV. TRIUNVIRATO 3817

* BATACAZO CULTURAL - AV. MEDRANO 627

* EL PUENTE ESPACIO CULTURAL - AV. RIVADAVIA 9810

* LA HOMERO MANZI - AV. BELGRANO 3540

* CASONA DE HUMAHUACA - HUMAHUACA 3508

* UN LUGAR APARTE - JUAN RAMÍREZ DE VELASCO 710

* TRIVENCHI - AV. CASEROS 1712

* LA PAZ ARRIBA - AV. CALLAO 1082

* FRAGA CULTURAL - FRAGA 119

* LA TERMOMECÁNICA - BOLIVIA 2329

* CASA MIGRANTE - ALSINA 2701

* MUSICLETA - AGUIRRE 489

* EL TIPOGRÁFICO - AV. SAN JUAN 3246

* PÁRAMO CULTURAL - CARLOS CALVO 3974

* CENTRO POLÍTICO Y CULTURAL EL HORMIGUERO - YRIGOYEN 1440

* ESCUELA POPULAR DE ARTE LOLI PONCE - AV. CORRIENTES 6769

* ASAMBLEA POPULAR PLAZA DORREGO - AV. SAN JUAN 803

* LA PLAPLA - TRES ARROYOS 1596

* LUZURIAGA CLUB SOCIAL - LUZURIAGA 348

* LA CASA DE APOLO - VIRREY CEVALLOS 768

* LA RONDA - MENDEZ DE ANDÉS 614

* COMPLEJO CULTURAL SUR - OLIDEN 4073

* QUETREN QUE TREN - OLAZABAL 1784

* TER ESPACIO CULTURAL - AV. RIVADAVIA 8535

CRM

Después de que hace tres semanas Jorge Macri publicara en Instagram cómo su gobierno “limpia”, como por arte de magia, personas en situación de calle de la vía pública, con fotos que muestran el antes y el después, lo que causó repudio en las propias redes sociales y medios de comunicación, el Gobierno de la Ciudad lanzará este jueves un cambio en la forma de asistir a estas personas que viven en la calle.

El programa Buenos Aires Presente (BAP) ahora pasará a llamarse Red de Atención porque, según se informó, “no sólo estará enfocado en la asistencia durante el invierno sino que se transformará con un criterio más amplio, integral e innovador durante los 365 días del año”. La Ciudad amplliará este jueves a 48 sus paradores, con capacidad para atender a más de 3300 personas en situación de calle.

“El objetivo principal de la red es que ya nadie duerma en la calle”, aseguró Macri en diálogo con elDiarioAR y otros medios en la sede de la Ciudad, en la calle Uspallata. “Se mejoro el abordaje de los paradores y protocolarizamos la actuación. Encontramos una manera humana de abordar a las personas en situación de calle”, completó el jefe de Gobierno, quien dio vuelta de página a la polémica abierta por las publicaciones en sus redes sociales. “Fue una mala comunicación de una buena política pública”, reconoció, en línea con la autocrítica que ya había realizado cuando decidió dar de baja el reel en su Instagram.

En concreto la política de asistencia que dará el Gobierno porteño supone “segmentar” los centros de atención a aquellas personas en situación de calle. Será una diferenciación “dinámica” para atender en lugares distintos y profesionales diferentes a las familias con niños, mujeres, varones, personas con adicciones o problemáticas de salud mental. Macri estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, y con Laura Cordero, subsecretaria de atención hospitalaria del ministerio de Salud porteño.

Dialogo con elDiarioAR y otros medios

“Hoy el problema de la gente en calle es mucho más complejo. Viene creciendo con fuerza desde 2019, producto del encierro de la pandemia y la profundización de problemas de salud mental y adicciones, y además la situación económica. Por eso son necesarias nuevas herramientas para una de las prioridades de la gestión”, hicieron saber en el Ejecutivo porteño, que realizará este jueves formalmente el anuncio del nuevo programa.

La problemática, en números

De acuerdo con el Gobierno porteño, la Ciudad dispone de más de 3.300 plazas en los 47 Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad. Este jueves se sumará uno más. Y según el censo realizado en abril de este año, actualmente son 3.560 las personas en situación de calle.

De los relevados, el 63% acude a los CIS. A su vez, 6 de cada 10 padecen problemas de consumo o trastorno mental severo, lo que desata niveles de violencia. Y más del 50% no es residente de la ciudad.

El Ejecutivo porteño anticipó que dentro del universo de gente que vive en la calle se puede distinguir entre tres grandes grupos, emergentes, crónicos y peligrosos. La Red de Atención está conformada por psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren la Ciudad en vehículos durante todo el día, se informó. A ellos se les suman profesionales a pie que “favorecen la interacción entre asistentes sociales y las personas en situación de calle, a quienes se les ofrece el traslado a uno de los 47 Centros de Inclusión Social (CIS), que funcionan las 24 horas”.

En estos centros, a estas personas “se les brinda contención y seguimiento profesional, una cama, ducha y comida y elementos de higiene personal y ropa y la posibilidad de una reinserción social”, señalaron.

JJD

El Día Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril de cada año como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares.

Por el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas del mundo

En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo, sin embargo, la realidad es otra. Millones de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de la calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar, físico, psicológico y espiritual.

En este sentido, el compromiso debe darse de manera mancomunada donde todos los líderes de gobiernos, instituciones, entes públicos y privados y la sociedad en general sumen esfuerzos para transformar esta dura realidad en una esperanza de vida.

¿Cuáles son los principales derechos que tienen los niños y niñas?

Todos los niños y niñas a nivel mundial deben gozar de algunos derechos fundamentales como son:

NB

1.

El corazón de la avaricia capitalista estuvo puesto, durante mucho tiempo, en los commons, los bienes comunes, aquellos espacios comunitarios que a la salida del feudalismo y durante la Edad Media proveían de alimento y leña a toda la comunidad, sin distinciones. La aparición del capitalismo hizo que estos lugares comenzaran a clausurarse y al pueblo se le prohibiera el acceso, con la excusa de que ahora tenían dueño: dejaban de ser de todes para volverse de alguien. En Robin Hood, personaje del folclore medieval inglés, lo vemos con claridad: de pronto, no se pueden (deben) cazar ciervos en el Bosque de Sherwood -devenido coto de caza de los reyes ingleses-, bajo pena de muerte, por orden del sheriff de Nottingham, burócrata del impopular monarca Juan Sin Tierra. Pero Robin sigue cazando en el bosque, lo mismo que les desharrapades a quienes comanda, porque esa era la usanza hasta ahí. Esos espacios comunes, de acceso libre para todes, eran parte del sostén de la comunidad, de su alimentación y contribuía a su sustento diario.

En mi infancia, fines de los ochenta, las plazas de la ciudad no tenían vallado ni cerramiento de ningún tipo. Eran espacios públicos, accesibles a toda hora para todes. Se las podía usar para jugar, leer, tomar mate. Se las podía usar para ranchear, si no se tenía ningún otro lugar en donde parar. Hoy en día, las plazas son espacios que “se cierran” y “se abren”, lugares cuyo uso se les prohíbe a las personas en situación de calle, en línea con la idea del primer nadatario de avanzar hacia la privatización de las calles.

En su excelente The Subsistence perspective,[1] Maria Mies habla de “negative commons”: bienes comunes negativos, aquellas cosas que nos pertenecen en tanto comunidad y constituyen una problemática que exige una solución colectiva (y urgente): por ejemplo, los desechos. La basura. Hija de campesines de Eifel, Alemania occidental, Mies sigue con interés los debates comunales acerca de qué hacer cuando transportarla hacia una planta de tratamiento de residuos localizada en la parte más oriental de Turingia se vuelve demasiado costoso. Al principio, les pobladores de Eifel consideran la posibilidad de instalar una planta de tratamiento de residuos en su propio territorio, de manera de abaratar costos y eliminar complicaciones logísticas. Planteada la posibilidad, ocurre en seguida lo que sucede en CABA con los contenedores del gobierno: nadie quiere tenerlos frente a su puerta o en las inmediaciones de su hogar. Porque atraen roedores y bichos de todo tipo, largan malos olores, afean el panorama. Contaminan la idea de prolijidad a la que se aspira en el paisaje.

Los residuos que genera nuestro paso por esta Tierra nos pertenecen

Enfrentades a esa encrucijada, les campesines del Eifel deciden conjuntamente ocuparse cada une de sus desperdicios, de manera de no necesitar la planta de tratamiento de residuos. Pugnan por lograr la autosuficiencia, algo que era una realidad antes de la globalización compulsiva post caída del Muro de Berlín. Los residuos que genera nuestro paso por esta Tierra nos pertenecen. La ilusión que nos da llevar nuestra basura embolsada hasta el tacho gigante y deshacernos de ella para nunca más pensar adónde va a terminar ni qué va a ser de ella es eso: una ilusión. Un espejismo. “Debido a que la producción de vida ha dejado de estar inserta en un todo interconectado viviente […] estos restos no pueden ser entendidos como parte del proceso de la vida. Se vuelven desecho. Deben desaparecer. Al menos, deben ser removidos de la vista y del olfato de la gente. […] [L]a propiedad privada y el egoísmo no pueden resolver el problema de los desechos o de los ‘bienes comunes negativos’” (143).

2.

En su excelente Calibán y la bruja,[2] Silvia Federici anota que la Gran Guerra contra las mujeres -la “caza de brujas”- fue abrumadoramente exitosa en la Europa medieval:

“A pesar de los intentos individuales de hijos, maridos y padres de salvar a sus parientes femeninas de la hoguera, no hay registros, salvo una excepción, de alguna organización masculina que se opusiera a la persecución, lo que sugiere que la propaganda tuvo éxito en separar a las mujeres de ellos hombres. La excepción proviene de los pescadores de una región vasca, donde el inquisidor francés Pierre Lancre estaba llevando a cabo juicios en masa que condujeron a la quema de una cantidad aproximada de seiscientas mujeres. Mark Kurlansky informa que los pescadores habían estado ausentes, ocupados en la temporada anual del bacalao. Pero:

Los pescadores regresaron, garrotes en mano y liberaron a un convoy de brujas que eran llevadas al lugar de la quema

[Cuando los hombres] de la flota de bacalao de St.-Jean-de-Luz, una de las más grandes [del País Vasco] oyó rumores de que sus esposas, madres e hijas estaban siendo desnudadas, apuñaladas y muchas de ellas habían sido ya ejecutadas, la campaña del bacalao de 1609 terminó dos meses antes. Los pescadores regresaron, garrotes en mano y liberaron a un convoy de brujas que eran llevadas al lugar de la quema. Esta resistencia popular fue todo lo que hizo falta para detener los juicios. […] No hay duda de que los años de propaganda y terror sembraron en los hombres las semillas de una profunda alienación psicológica con respecto a las mujeres, lo cual quebró la solidaridad de clase y minó su propio poder colectivo.“ (306-7)

3.

Por estos días, no es extraño ver tirados en las veredas de CABA a jóvenes varones y mujeres fisura. Es como si el rayo terrible de Un episodio en la vida de un pintor viajero, de César Aira, hubiera vuelto a suceder, y les hubiera alcanzado, dejándoles despatarrades en cualquier lugar, ni siquiera al reparo de un techito, de un zaguán, descoyuntades como extrañas muñecas de Bellmer.

El discurso propiciado por el primer nadatario y su gabinete nos quiere hacer creer que estes jóvenes son basura. Desechos de este sistema, más allá de cualquier religazón o reintegración posible. Y que aspirar a un sueldo digno, a derechos laborales, es lo que afecta su posibilidad de una vida digna. “No hay plata”, repite para desviar la atención de que la plata está, lejos de nosotres, concentrada en poquísimas manos. Comanda, en efecto, un estrecho modelo de país en el que cabe solo una parte de les argentines. Lo sostiene gracias a la propaganda de la mediaticidad monopólica y de las redes, que estimulan la reacción inmediata (en lo posible, indignación) por sobre el pensamiento (eficaz, pero lento, calmo).

Estes jóvenes, pero también los ancianos muy ancianos que tiran de carros repletos bajo el sol o la lluvia, como los grupos de jóvenes que duermen sobre colchones en las esquinas o debajo de trapos, son nuestres

Estes jóvenes, pero también los ancianos muy ancianos que tiran de carros repletos bajo el sol o la lluvia, como los grupos de jóvenes que duermen sobre colchones en las esquinas o debajo de trapos, son nuestres. Son nuestres y no debemos permitir que les separen del resto de la sociedad, como si no importaran, como si fueran descartables. Su intemperie, su vulnerabilidad, nos incumbe. Las fuerzas del suelo debemos servir de barrera a la ofensiva terrible del capital, constituirnos en parapeto. Retomar el hilo rojo de los pescadores vascos y no permitir que la pobreza inducida, planificada, sea terreno fértil en que se plante la deshumanización radical.

[1]  Melbourne, Spinifex Press, [1997] 1999.

[2] Buenos Aires, Tinta Limón, 2015.

AO/MF

El Gobierno de la Ciudad lanzó hoy un nuevo protocolo de salud mental que autoriza a las autoridades porteñas a internar sin su consentimiento a personas en situación de calle que supongan un riesgo para terceros. Según consignó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la iniciativa busca cubrir algunos vacíos en la aplicación de la ley de Salud Mental nacional.

“Está clarísimo que la actual Ley de Salud mental no sirve, no podemos cambiarla desde la Legislatura, pero podemos trabajar para mitigar sus efectos negativos; por eso desarrollamos y estamos implementando un protocolo específico”, sostuvo el alcalde en sus redes sociales.

En particular, cuestionó el artículo 20 de la normativa nacional vigente porque “la lógica de que un persona con estos problemas va a levantar la mano y pedir ayuda no sucede”.

“El objetivo es que nuestros equipos de la Ciudad puedan actuar y ayudar a personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias. Hasta ahora, cuando había una situación de estas características se miraba para otro lado”, afirmó Macri.

Ahora, el protocolo lanzado permite estandarizar procedimientos de actuación conjunta entre los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud y Seguridad y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Así, se fortalecen “los canales de atención y coordinación entre las áreas necesarias para abordar las problemáticas y garantizar un acceso efectivo prioritario a los dispositivos de atención”.

Cómo funciona el protocolo de salud mental

Los equipos del programa Buenos Aires presente (BAP) y el personal de la Policía de la Ciudad pueden informar al Gobierno porteño sobre personas en situación de calle. Si la persona reportada presenta indicios de estar cursando un cuadro de padecimiento de salud mental o consumo problemático deberá intervenir de manera inmediata la unidad de emergencia en Salud Mental del SAME.

Dichos móviles cuentan con personal capacitado para contener a pacientes en crisis y están equipados por dentro con material acolchado para evitar que pueda lastimarse a sí mismo o quienes lo acompañan.

El equipo del SAME evaluará el caso y, de considerarlo pertinente, podrá trasladar a la persona a al Hospital General de Agudos para un examen más profundo por parte del equipo interdisciplinario de salud mental. Ellos serán los encargados se explicarle al paciente su estado de salud, los tratamientos recomendados, las alternativas terapéuticas y las consecuencias de no tratarse.

Cuando una persona decida no tratarse, pero suponga su riesgo cierto o inminente para sí mismo o terceros, el equipo del Hospital podrá disponer su internación incluso sin consentimiento del paciente. Podrá ser dado de alta recién una vez que dicho riesgo haya desaparecido.

Si la persona abordada fuera menor de edad o tuviera uno a su cargo, también podrá intervenir el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

ACM con información de Télam

Los primeros datos del Censo 2022 arrojaron que hay solamente 2.962 personas en situación de calle en todo el territorio nacional, con la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires encabezando el “ranking” con 961 y 903 personas en esta condición cada una, respectivamente. El titular del INDEC, Marco Lavagna, justificó la baja cifra aduciendo que habrá que incorporar “más adelante” en el número final a las personas en situación de calle que, al momento del relevamiento, se encontraban en paradores y refugios. Sin embargo, al no estar desagregado este dato por tipo de vivienda, es imposible saber cuántas de las 273.000 personas que residen en “viviendas colectivas” podrían sumarse a las “personas en situación de calle”, aunque desde el INDEC sostuvieron que esto se hará en las próximas publicaciones.

La cantidad de personas en situación de calle varía según la jurisdicción, aunque las cifras se mantienen significativamente bajas a lo largo de todo el territorio nacional. De acuerdo a los datos publicados en el día de ayer por el INDEC y presentados por Marco Lavagna en conferencia de prensa junto con Gladys Massé, Pedro Lines y Gerardo Mitas, los dos distritos con más personas en situación de calle son la Provincia de Buenos Aires, con 961 personas en esta condición (con 797 en los 24 partidos que componen el Gran Buenos Aires) y la Ciudad de Buenos Aires con 903. Este último número se corresponde con los últimos datos recabados por el Gobierno de la Ciudad: de acuerdo a un informe del 2021, se relevaron 2.573 personas en situación de calle, un 37% de ellas (968 personas) que se encontraban en la calle. 

Las escoltan las provincias de Salta, con 244 personas en situación de calle, Santa Fe con 209 personas en esta condición y Entre Ríos, con 139. Extrañamente en provincias como Formosa y La Rioja directamente no hay, según el censo, ninguna persona en situación de calle. 

“2.962 son las personas que se encontraron efectivamente al momento del censo presencial -que para el caso de las personas en situación de calle se llevó a cabo la noche del 16 de mayo- en la vía pública. Dentro de este número no se encuentran incluidos quienes residen en viviendas colectivas como paradores y refugios”, sostuvo Marco Lavagna al finalizar la conferencia de prensa, ante la pregunta sobre por qué la cifra de personas en situación de calle era tan baja. “Estas personas serán incorporadas en el número final más adelante, cuando se las separe y se las identifique como una persona en situación de calle”. 

De acuerdo a los resultados provisionales del Censo 2022 hay 273.883 personas residiendo en viviendas colectivas (cifra también compartida en el día de ayer), categoría dentro de la cual se encuentran, además de los refugios y paradores, viviendas como los geriátricos, los colegios/internados, las prisiones, los conventos, los cuarteles, los hoteles turísticos y centros de rehabilitación. Esta cifra representa solamente un 0,59% respecto del total de la población (46.044.703), lo que significa una caída importante respecto al último censo, en 2010, donde las 441.191 personas en viviendas colectivas representaron un 1,1% respecto del total de la población. 

Dentro de este número no están incluidos quienes residen en viviendas colectivas como paradores y refugios. Estas personas serán incorporadas más adelante, cuando se las separe y se las identifique como una persona en situación de calle

Marco Lavagna — Director del Indec

De las 273.883 personas en viviendas colectivas, desde el INDEC no detallaron cuántas residen en cada uno de los distintos tipos de viviendas, y por lo tanto, no se podría saber cuántas personas -que al momento del censo se encontraban en refugios y paradores- se sumarían a las 2962 personas en situación de calle. Ante la consulta de eldiarioAR, desde el INDEC aseguraron que en las próximas publicaciones se desagregará este número. 

Desde la ONG “Proyecto 7”, asociación civil que aborda desde 2003 las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle, aseguran que la cifra de 2.962 presentada en el día de ayer por el titular del INDEC es “ridícula”. “En 2019, mediciones hechas por nuestra ONG relevaron que había, solamente en CABA, 7.751 personas en situación de calle. En Lomas de Zamora había 1.048 y en Mar del Plata, 1.244. Solamente juntando estas tres localidades ya tenes más de 10 mil personas en situación de calle”, sostiene en diálogo con eldiarioAR Horacio Ávila, titular de Proyecto 7.  

“La cifra es importante porque delimita el marco de política pública que llevará a cabo el gobierno nacional con respecto a la problemática: si el Ministerio de Desarrollo Social toma como base la cifra de 2.962 personas en situación de calle se van a otorgar pocos recursos”, agrega Ávila. 

AS