Docentes de Catamarca llevan adelante un acampe y una vigilia frente a la Casa de Gobierno provincial en medio de un conflicto salarial que se profundiza con el gobernador Raúl Jalil, uno de los mandatarios provinciales aliados del presidente Javier Milei. La protesta, que incluyó marchas y paro docente, reclama una fuerte recomposición salarial y cuestiona las propuestas oficiales, que los educadores consideran insuficientes frente a la inflación.

La movilización se concentró este miércoles en la capital provincial y culminó con la instalación de un acampe frente a la sede de la Casa de Gobierno. Los docentes autoconvocados exigen un salario básico cercano a $1.300.000 y denuncian que la propuesta del gobierno provincial —que incluye un piso salarial de $800.000 y un bono de inicio de clases— no alcanza para recomponer el poder adquisitivo perdido.

El conflicto se desarrolla en un clima de tensión luego de que el Ejecutivo dictara la conciliación obligatoria para intentar frenar el paro docente, medida que fue rechazada por los manifestantes. En distintos puntos de la provincia también se registraron cortes de ruta y movilizaciones, mientras el acampe frente a la Casa de Gobierno se convirtió en el centro de las protestas y en un símbolo del malestar del sector educativo.

La protesta catamarqueña se da en un contexto nacional marcado por el deterioro de los salarios docentes y por el recorte de fondos educativos desde la Nación, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que durante años complementó los ingresos del sector y que el gobierno nacional decidió discontinuar.

En paralelo, en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof logró ayer encauzar la negociación salarial con los gremios docentes. Tras un paro al inicio del ciclo lectivo, la administración provincial ofreció un aumento del 9% acumulado hasta abril, compuesto por un 1,5% ya otorgado en febrero, un 5% en marzo y un 2,5% en abril.

La propuesta bonaerense también incluyó un bono cercano a los $28.000 para compensar la eliminación del FONID, además de cláusulas de monitoreo y reapertura de la negociación salarial en los próximos meses. Los gremios estatales ya aceptaron el esquema y los docentes lo trasladaron a sus bases, en un contexto en el que el salario inicial de un maestro de grado podría ubicarse cerca de los $850.000 en abril.

MC

El Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo docente en $500.000 desde febrero, de manera unilateral al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 381/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión del Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Educación, se da tras el fracaso de la instancia de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se reunió a mediados de febrero para evaluar el aumento propuesto por la asamblea del Consejo Federal de Educación.

Al respecto, el texto oficial precisó que “las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no pudo arribarse a un acuerdo sobre el monto de la retribución mínima de los trabajadores docentes”.

En tanto, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), rechazaron la disposición y consideraron la medida como “autoritaria” porque “desconoce la paritaria nacional docente, un derecho conquistado tras años de lucha, y atenta contra las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Además, profundiza la precarización y la desigualdad en el sistema educativo, afectando directamente a la escuela pública”, expresaron en un comunicado.

La normativa de la administración Milei dispuso “determinar un salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, a partir del 1 de febrero de 2025, de $500.000”.

De esta manera, la remuneración mínima docente se incrementó un 19% frente al valor previo de $420.000, que había sido fijado en agosto del año pasado, también en discordancia con la postura sindical. La suba queda por debajo de la inflación del periodo.

Además, se estableció que el nuevo sueldo mínimo “será el importe de referencia para dar cumplimiento a las transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9º de la Ley Nº 26.075”.

Al explicar la convalidación del piso salarial, el Ejecutivo precisó que responde “a los efectos del funcionamiento del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente” y destacó que “refleja la decisión política del Consejo Federal de Educación y del Gobierno Nacional de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la fijada por dicho concepto”.

La mesa de negociación estuvo conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en representación de los gremios. Mientras que por el Ejecutivo participaron las secretarías de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que el Consejo Federal de Educación y su Comité Ejecutivo.

El comunicado de CTERA

“Desde CTERA expresamos nuestro absoluto rechazo a la decisión unilateral del Gobierno Nacional de fijar el salario mínimo docente sin instancia de negociación con las organizaciones sindicales.

Esta medida autoritaria desconoce la paritaria nacional docente, un derecho conquistado tras años de lucha, y atenta contra las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Además, profundiza la precarización y la desigualdad en el sistema educativo, afectando directamente a la escuela pública.

La paritaria nacional docente no solo define el salario mínimo, sino que también es el ámbito donde se debaten cuestiones fundamentales como la infraestructura escolar, el presupuesto educativo, el financiamiento educativo y las partidas destinadas a la educación. Su eliminación o vaciamiento implica un retroceso que pone en riesgo la calidad educativa y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Exigimos la inmediata convocatoria a la paritaria nacional, el respeto a la negociación colectiva y una recomposición salarial acorde a la realidad económica del país. La educación no se sostiene con imposiciones ni ajustes, sino con inversión y diálogo.

Convocamos a la comunidad educativa a mantenerse en estado de alerta y movilización en defensa de nuestros derechos y de la educación pública“.

Con información de NA.

IG

El paro universitario por 48 horas comenzó este martes y no habrá clases debido a la falta de acuerdo salarial entre los sindicatos docentes y no docentes con el Gobierno Nacional.

De acuerdo a lo manifestado por los sindicatos, el Ministerio de Capital Humano “no convocó a continuar con el diálogo y la oferta realizada del 3% para agosto y del 2% para septiembre en materia de incremento salarial sigue en pie”.

Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, expresó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que “hay una crisis del sistema universitario donde el presupuesto se va ahogando mes a mes, licuando el ingreso de los docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud que trabajan y desarrollan su actividad en el ámbito universitario”.

A su vez, Daniel Ricci, secretario General de Fedun, destacó que este martes el acatamiento es total en las 61 universidades públicas de todo el país y esperan ese mismo número para el miércoles: “Esta medida es con motivo de la pérdida salarial de más del 50% que tenemos”.

Mientras se aguarda a la respuesta por parte del Gobierno, amenazan con un “plan de lucha” que incluirá una marcha federal para septiembre si no hay acuerdo paritario.

El pasado lunes 12 de agosto, jornada en el que debía comenzar el segundo semestre, las puertas de las universidades públicas del país no abrieron ante “la indignante propuesta salarial del Gobierno”.

En este marco, explicaron que se llevó a cabo una reunión paritaria entre los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales con el Gobierno, en la que estos últimos ofrecieron un aumento del 3% para agosto y de 2% para septiembre: “Es decir que siguen realizando propuestas que se encuentran por debajo de los índices inflacionarios, más allá del retraso acumulado que lleva este sector en todo 2024”.

Con información de agencias.

IG

Las clases del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales no arrancaron este lunes por un paro docente dispuesto por los trabajadores que consideraron insólito el aumento que ofrecieron desde el Gobierno nacional.   

De acuerdo a lo informado, el viernes por la tarde se realizó una reunión paritaria entre los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales con el Gobierno Nacional, “en la que estos últimos ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores”.   

Frente a este número, los gremios sostienen que se trata de “propuestas que se encuentran por debajo de los índices inflacionarios, que se suma al retraso acumulado que lleva el sector en 2024”.   

Ante lo dictaminado, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto al resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, ratificó el “no inicio de clases el 12 de agosto con un cese de actividades por 24 horas, más dos jornadas de visibilización del conflicto los para el martes y miércoles, sumado a un paro de 48 horas para el 20 y 21 de agosto”.   

“El Gobierno no dio respuestas a nuestros reclamos a pesar de que venimos perdiendo más del 50 por ciento de nuestro salario este año a causa de la inflación y los pobres aumentos que el Ministerio de Capital Humano decide de manera unilateral. Esto deteriora día a día la situación de los trabajadores de las universidades nacionales, y es por eso que nuestro plan de lucha continúa este lunes con el no inicio de clases del segundo cuatrimestre en las casas de altos estudios de todo el país”, manifestó el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci.   

Por su parte, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), indicó: “Este tipo de decisiones sobre los salarios universitarios que toma el Ministerio de Capital Humano está íntimamente relacionado con el modelo de país que imaginan. El Gobierno, con su accionar sobre el sistema universitario, está poniendo en jaque el proyecto de país que soñamos”.

Los docentes universitarios perdieron 32,2% de su salario en 8 meses

De acuerdo a la cartera a cargo de Sandra Pettovello, entre diciembre y julio los docentes universitarios incrementaron sus ingresos un 71%, mientras que la pauta general establecida para los salarios del Estado nacional fue de 58,5%.

De acuerdo al Poder Ejecutivo, el problema de las universidades nacionales, por el cual se produjeron masivas marchas en abril de este año, ya está solucionado: los gastos de funcionamiento fueron incrementados 270%.

Sin embargo, como señaló este diario en mayo tras el anuncio, es un aumento significativo, para una porción insignificante del presupuesto universitario: menos del 10% del total (8% en lo que va de 2024). La gran mayoría de los fondos (más de 80%) se destinan a salarios. Pero la medida le sirvió al Gobierno en términos políticos: desmovilizó a la comunidad en general, y a la universitaria en particular, y logró postergar, con complicidad de sus aliados, el debate en la Cámara de Diputados sobre diversos proyectos tendientes a garantizar el financiamiento de la educación superior. 

Así, mes a mes las transferencias a universidades continúan cayendo en términos reales. En el primer semestre, los fondos recibidos por las casas de estudio fueron 37% menores a los del mismo período de 2023. A su vez, se ubican 36% por debajo del promedio de los últimos 8 años.

Quienes pagan el peso de este ajuste son los docentes y no docentes universitarios, como consignó días atrás elDiarioAR. Desde diciembre, perciben incrementos unilaterales, sin ningún espacio para la negociación colectiva. Así, el primer aumento de la era Milei fue un 6% para diciembre, frente a una inflación que escaló a 25,5% tras la mega devaluación y la desregulación de diversos sectores de la economía. En enero, los salarios permanecieron inalterados, frente a una inflación de 20,6%. Esa profunda licuación está lejos de recuperarse: a julio, los docentes perdieron 23% de poder adquisitivo en relación a noviembre de 2023. En dicho período, la inflación escaló 134,6%, mientras que los salarios universitarios sólo subieron 80,4%. 

En el comunicado publicado, sin embargo, utilizan otra referencia temporal, y comparan con diciembre, en una estrategia que lleva adelante el gobierno en términos discursivos que implica desresponsabilizarse por la enorme pérdida de poder adquisitivo que implicó la devaluación y la consecuente tasa de inflación de 25,5% en diciembre. Así, hacen referencia a un 71% de aumento desde dicho mes. Pero aún si tomáramos ese corte temporal, la inflación también estuvo muy por encima (87%).

A su vez, un importante conjunto de docentes está en peor situación, y paradójicamente son los que se encuentran en la base de la pirámide. Gran parte de quienes tienen cargos de dedicación simple sufrieron recortes salariales mayores. Por ejemplo, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple perdió de noviembre a julio 32,2% de su poder adquisitivo. Es decir, le recortaron prácticamente un tercio de su salario. 

¿A qué se debe esta diferencia? A la decisión del Gobierno Nacional de congelar la garantía salarial docente, esto es, el mínimo que debe percibir un docente universitario. Al dejar fijo este monto, los salarios que estaban alcanzados por este piso, recibieron aumentos menores al resto: en el ejemplo señalado, el sueldo sólo creció 59,2% entre noviembre y julio, frente a una inflación de 134,6%.

Al igual que sucede en el caso de los jubilados, con el congelamiento del bono para quienes cobran la mínima, entonces, los más perjudicados son los de más abajo.

Con información de agencias.

IG

Gremios docentes realizarán un nuevo paro general el próximo lunes en reclamo por un aumento salarial y ponen en jaque el inicio del ciclo lectivo en varias jurisdicciones. Así lo confirmó Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) para quien “la falta de aportes y reflexión” de parte de las autoridades nacionales “obliga” a adoptar esta medida de fuerza.

“Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas, pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por la falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación”, planteó.

Durante la conferencia de prensa, el dirigente sindical estuvo acompañado por representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Todas estas entidades exigen una actualización del salario frente a la escalada inflacionaria y la restitución del Fondo de Incentivo Docente que no fue renovado por la administración libertaria.

Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional se reunió con los gremios del sector para discutir un nuevo aumento, pero no hubo acuerdo entre las partes. “No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en $250.000”, había expresado este martes por la noche Romero.

Hoy, desde la sede de la CGT, el dirigente volvió a detallar la situación económica de los docentes y el consecuente reclamo. “El Estado Nacional debe garantizar el financiamiento educativo en Argentina. El Gobierno les tira la responsabilidad a las provincias y retiró el aporte del Incentivo Docente, que significa un 15% y 20% del salario de los trabajadores. No nos hicieron propuestas en la reunión, no hemos tratado la mejora del salario inicial que está en $250.000 y con la quita del incentivo se reduce a $220.000 aproximadamente”, explicó.

Esta misma demanda había motivado la última huelga docentes, que tuvo lugar el pasado lunes 26 de febrero y estuvo a cargo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Al igual que Romero, Sara García, en representación de AMET, manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Estado nacional para el sistema educativo. “Estamos muy preocupados porque el discurso que dice tener el Gobierno de preocupación por la educación está vacío de contenido”, aseguró.

ACM

Con información de agencias.

El Gobierno nacional se reunió, este martes, con los gremios docentes para discutir la actualización salarial, pero no se alcanzó un acuerdo. Los dirigentes de los cinco sindicatos del sector ahora evalúan realizar un nuevo paro nacional luego de la medida de fuerza de CTERA de este lunes, que dificultó el inicio del ciclo lectivo en algunas provincias.

“No ofrecimos nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes, porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en $250.000. Muchos de ellos son jefes de familia”, explicó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero. El gremialista también cuestionó la suspensión del pago del incentivo docente.

En tanto, la titular de la Confederación de Trabajadores dela Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, adelantó que su Congreso ya decidió avanzar con nuevas medidas de fuerza. Mañana a las 17:00, los gremios docentes agrupados en la Confederación General del Trabajo podría anunciar una nueva huelga nacional.

Los dirigentes sindicales habían exigido una recomposición salarial, el pago de la deuda vinculada al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y que se mantenga el Fondo Compensador. El Gobierno Nacional confirmó, tras la reunión, que cumplirá con este último pedido, pero que no renovará el FONID. “Se buscará reorientar los fondos a políticas vinculados con aprendizajes efectivos y al sistema de información escolar”, expresaron.

Sin acuerdo, ambas partes volverán a reunirse el próximo martes para intentar destrabar el conflicto docente.

ACM con información de NA.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó hoy que para el Gobierno nacional la “paritaria docente nacional como tal no existe”, pero adelantó que la semana próxima habrá una reunión con los sindicatos del sector para “destrabar el conflicto”, ante los reclamos gremiales de “fijar un piso salarial”.

“La paritaria docente nacional como tal no existe. Sí lo que va a existir la semana que viene es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto”, afirmó Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

Al respecto, el vocero indicó que “ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes” para que “se junten las partes para intentar destrabar el conflicto”. No obstante, aclaró que aún “no están los detalles”.

“Va ocurrir una reunión entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo”, insistió el vocero presidencial. Ante la consulta de si continúa la negativa para transferir el Fondo de Incentivo Docente a las provincias, Adorni respondió: “Lo que está dentro de la ley se transfiere y lo que el Gobierno nacional no está obligado por ley a transferir, no se transfiere”.

La convocatoria de la semana próxima estará a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

MM con información de la agencia Télam.

El presidente Javier Milei aseguró que, según los datos que maneja el Gobierno, la inflación de febrero ronda hoy el 10%, pero anticipó que los meses más complejos serán marzo y abril.

“Habrá una especie de V: el momento más duro va a estar en marzo y abril, tocaremos fondo para luego rebotar”, vaticinó en diálogo con Radio Rivadavia y en base a las estimaciones del FMI.

Ante un posible incremento de reclamos en las calles por la situación social, el mandatario sostuvo le restó importancia y señaló que el “momento más álgido del ajuste no terminó”.

“Hasta que no tengamos solidificado el equilibrio fiscal, nosotros nos vamos a relajar ni medio milímetro”, expresó, a la vez que añadió: “Estamos logrando bajar la inflación. Logramos que la de diciembre fuera 25%, que caiga a 20% en enero y, si le restás los 7% de arrastre estadístico, estamos abajo de 15%. Los datos de febrero vienen al 10% y se derrumbó la curva de futuro del dólar. Son los indicadores de alta frecuencia, eso dieron las dos primeras semanas de febrero”.

El Presidente indicó además que la recomposición de tarifas contempla, por una parte, el sinceramiento de precios y, por otra, la vía salarial e insistió en que el problema no es el costo de las tarifas sino el bajo poder adquisitivo del salario.

“Hay que dejar la demagogia con los precios, las tarifas son las del mercado. No puede ser que por cuestiones emocionales rompamos el sistema de precios”, se escudó, al tiempo que descartó medidas de asistencia económica para hacer frente a los aumentos.

En la misma línea, expuso: “Tenemos un ingreso 10 veces menor que en Europa porque tuvimos años de un sistema que aplicaba políticas socialistas que nos hunden. Estamos aplicando una política fuertemente progresista. El impuesto que más daño le hace a la gente es la inflación y trabajamos en bajarla”.

Paritaria nacional docente y Salario Mínimo Vital y Móvil

Al ser consultado sobre los reclamos gremiales respecto a la convocatoria a una paritaria nacional docente para fijar los mínimos en los salarios, Milei respondió: “La educación, la salud y la seguridad son responsabilidad de las provincias. País federal”.

“Tenemos una cuestión que estar fijando precios mínimos no nos gusta. No me van a ver fijando ningún precio”, argumentó sobre la posibilidad de definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, tras el fracaso de la reunión entre gremios y empresarios en la que no hubo acuerdo ni mediación por parte del Gobierno.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) advirtió hoy que “peligra el inicio de clases” y reiteró su pedido al Gobierno nacional para la “urgente convocatoria” a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

“Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, sino peligra el inicio de clases”, advirtió esta mañana la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, en una conferencia de prensa en la sede del sindicato, ubicada en Chile 654.

En ese marco, los dirigentes gremiales de Ctera expusieron “la grave situación salarial de los docentes y jubilados” y sostuvieron: “Nos importan las clases de los pibes”.

Según explicaron, “desde noviembre que no se perciben aumentos y la inflación y el ajustazo en tarifas ha ocasionado una pérdida importante del poder adquisitivo”.

Asimismo, la Ctera solicitó al Gobierno nacional “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los  recursos económicos a las provincias para el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares”.

Por ahora solo 10 de 24 distritos confirmaron la fecha en que comienzan las clases, mientras que el resto aún no confirmo el día.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que los estudiantes empezarán las clases a partir del 26 de febrero para el nivel inicial y primaria, mientras que los que vayan al secundario comenzarán el 4 de marzo.

El gobierno de Axel Kicillof confirmó que las escuelas de nivel inicial, primario y secundario comenzarán las clases desde el 1 de marzo.

NB con información de Télam.

Jaime Perczyk, ministro de Educación, propuso este miércoles a los gremios docentes con representación paritaria nacional elevar a 165 mil pesos el salario inicial de los maestros a partir del primero de julio. Esto representa un 26,92% de suba, así como una mejora del Fondo Compensador para que las provincias garanticen ese ingreso para dos cargos.

En un nuevo encuentro realizado hoy con los cinco gremios con representación paritaria federal, el funcionario nacional ofertó a los dirigentes esa mejora. Esa recomposición de los haberes para el salario inicial a partir de julio próximo contempla a los docentes sin antigüedad y con cargo simple, por lo que el ministro planteó un incremento de 5 mil pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que sería ahora de 21.200 pesos por cargo, también a partir del 1 de julio, según informaron desde la cartera educativa.

En un comunicado, Perczyk aseguró que fortalecerá el Fondo Compensador para colaborar aún más con las provincias que se ubican por debajo del salario inicial y para garantizar que ese haber alcance a quienes tienen dos cargos, puntualizó.

“De esa forma, se restituirá esa garantía para los docentes con dos cargos, que había sido eliminada en la gestión anterior y era un pedido de los gremios nacionales”, afirmó el titular de la cartera. La propuesta del Gobierno fue aceptada por todos los representantes gremiales de los sindicatos, aunque aclararon que será debatida de manera previa en los plenarios.

De esta manear, Perczyk y los dirigentes sindicales convinieron un nuevo encuentro paritario en agosto próximo, para mantener activa la Comisión de Seguimiento de la Evolución del Salario.

En la reunión participaron los referentes de los gremios UDA, Ctera, CEA, Sadop y AMET y la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz; de Evaluación e Información Educativa, Germán Ldoola; el secretario general del Congreso Federal de Educación, Marcelo Mango, y Alejandro Ferrari del Ministerio de Trabajo.

LC con información de agencia Télam

La provincia de Salta atraviesa días de agitación social por la protesta de un importante sector de la docencia que pasó por encima de la representación de los gremios tradicionales, en desacuerdo con el acuerdo salarial que firmó con el Gobierno. Este lunes arrancó la quinta semana de paro, con fuerte adhesión y movilización, que protagoniza el sector conocido como Docentes Autoconvocados de Salta. Hubo cortes de calles en la capital provincial, piquetes en las rutas de la verde selva de General Mosconi y bloqueos en la altura puneña de San Antonio de los Cobres. 

Gran parte de la docencia se sumó a las manifestaciones tras la represión y detención de 19 manifestantes cuando realizaban una protesta en el expeaje Aunor, uno de los accesos principales a la capital, el pasado 25 de mayo. El escenario de alta conflictividad se agudizó cuando tres días más tarde el Gobierno local firmó con la Asociación Docente Provincial y la Intergremial Docente, una suba salarial del 35% de aumento (que se suma al 34% de febrero) y un bono de $ 60.000. Tras la firma, se anunció el descuento de los días de paro. Estas decisiones avivaron las protestas porque los Autoconvocados señalaron que las subas se hicieron en base al sueldo básico de diciembre, por lo que en el bolsillo de cada docente los incrementos harían que los maestros perciban entre $ 130.000 y $ 180.000, cifras inferiores al valor de la canasta básica familiar que fija el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que en la actualidad es de $ 203.361.

En este escenario, el sector que protagoniza las manifestaciones declaró el paro por tiempo indeterminado y desde entonces hay marchas a diario en la capital, Cafayate, Seclantás, Cachi, Orán, Pichanal, Quebrachal, Tartagal, Aguaray, Embarcación, General Mosconi, General Güemes, Salvador Mazza, Coronel Juan Solá, Campo Durán, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Todos los días se realiza una asamblea, la última fue en la sede del Sindicato de Canillitas, en donde los 23 delegados deliberan y deciden los pasos a seguir. Frente el reclamo, la semana pasada el gobernador Gustavo Sáenz insistió en que carece de presupuesto para dar un mayor incremento salarial y criticó a los funcionarios por la situación en la que se encuentra el conflicto. “Hay muchos errores del Gobierno, no voy a personalizar en ninguno de los ministros que tienen la obligación de trabajar y creo que lo que está faltando en muchos es recorrer la provincia, escuchar a todos, escuchar a los autoconvocados”, aseveró en una entrevista radial. Tiro por elevación para el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; y para su par de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa. 

Lo que está ocurriendo en Salta es una muestra de la situación que atraviesan los docentes en distintas provincias. Los conflictos también se repiten en Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, San Juan, La Rioja, Misiones, donde agrupaciones docentes reclaman planes de lucha al margen de los sindicatos. Lo mismo ocurre en organizaciones de base en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires

En el fragor del conflicto y en tiempo récord, la semana pasada, las Cámaras de Diputados y Senadores, sin tratamiento en comisiones, aprobaron un protocolo antipiquetes que regula el derecho a las protestas. En el Senado, el proyecto oficial se impuso por un voto. Fue la respuesta política del oficialismo provincial mientras los delantales blancos, que sumaron adhesiones de estudiantes universitarios y sectores de la salud, mantienen las protestas. Se sumaron en las últimas horas algunos gremios y movimientos sociales que centraron sus críticas en la ley aprobada, por considerar que cercena el derecho ciudadano a protestar. 

Desde entonces se sucedieron tres reuniones con funcionarios de tercera línea del gobierno, sin resultados positivos, y la última se concretó este lunes, a las 19. Por el Poder Ejecutivo estuvo el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, con asesores; mientras que los Autoconvocados estuvieron representados por los docentes Claudia Ávalos, de zona oeste; Lorena González, de Cafayate; Claudio Uriona, de la capital, y Alejandra Sanier, del departamento Rivadavia. La reunión concluyó dos horas más tarde y los cuatro informaron en la asamblea que Monzo se comprometió a gestionar un encuentro con los ministros. Los gremialistas le ratificaron al funcionario que piden que no se descuenten los días de paro, se anulen las acciones judiciales en contra de los docentes detenidos y que el sueldo mínimo de bolsillo supere el valor de la canasta básica familiar, más mejoras edilicias en escuelas y colegios. “Lamentablemente no hubo respuestas de fondo, así que a redoblar los esfuerzos porque continúa el paro por tiempo indeterminado”, sostuvo Lorena Gómez. y Claudio Uriona agregó: “queremos una oferta superadora, es lo principal del petitorio, porque queremos más plata en nuestros bolsillos. Monzo hace de mediador y le manifestamos que esto solo se destrabará si hay propuestas concretas”.

Consultado por elDiarioAR sobre el nivel de adhesión al paro, Ángel Tolaba, integrante de los Autoconvocados, señaló que disminuyó en relación a la semana pasada, cuando hubo inactividad en casi la totalidad de los establecimientos. “Surtió efecto el descuento de los días de paro, sobre todo, en los maestros y maestras jóvenes pero aún ronda el 70% de adhesión, por lo que consideramos que estamos fuertes”, sostuvo. Y agregó que en los últimos días se ha sumado a los reclamos algunos sectores de la salud, que también piden la reapertura de las paritarias para el sector. “Esto nos da a razón de que en Salta se pagan salarios muy bajos”, expresó.

En un intento por neutralizar el rechazo que produjo en partidos políticos y algunos gremios la aprobación de la “ley antipiquetes” y ante el creciente malestar también en movimientos sociales, el gobernador Sáenz -reelecto el 14 de mayo con el 47,5% de los votos- se reunió este lunes con la cúpula de la CGT salteña. El objetivo del encuentro fue escuchar a los secretarios generales para recién avanzar en la reglamentación de la polémica ley, que avanza de manera explícita sobre los derechos de los trabajadores a protestar. Pero, además, también comprende a cualquier otro tipo de expresión en la vía pública, como ser, acciones de movimientos sociales, víctimas de casos de violencia institucional o de otro tipo (género o discriminación, entre otras) que con presencia inmediata en la vía pública logran visibilizar sus casos. De ponerse en marcha el protocolo, como señala en su cuenta de Twitter el periodista Sebastián Lacunza, “las manifestaciones deberían ser autorizadas 24 horas antes, vía pedido presentado en la comisaría. Y por ejemplo, ante un abuso policial, un detenido ilegal o un asesinado por gatillo fácil, deberían pedirle permiso al comisario y, si te lo da, reclamas”. Un contrasentido, claramente.

Igual, ayer marcharon por las calles céntricas los referentes comunales de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo en contra de la “ley antipiquetes”. Aseguran que viola la Constitución y los derechos ancestrales de los pueblos originarios. “La libertad de expresión es un derecho fundamental para denunciar todas las violaciones de derechos, como lo falta de agua en nuestras comunidades y las muertes por desnutrición”, indicaron en un documento.

La mala noticia para el Gobierno es que el reclamo que arrancó con los docentes se extiende como una mancha de aceite y este martes se sumaron empleados del Poder Judicial local, que también piden una urgente recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. Realizarán un paro de tres días, sin asistencia, e instalarán una carpa frente al edificio de la Ciudad Judicial. Allí se concentrarán los miembros de la comisión gremial y los afiliados.

Este martes, los Autoconvocados repitieron los cortes de calles y rutas en distintos puntos de la provincia. Algunos de los bloqueos se produjeron en puntos claves, como el acceso al Tren a las Nubes, pasos que utilizan las mineras y en Campo Quijano, que une a la capital con Cafayate. En principio, de acuerdo a los delegados de las asambleas, los piquetes se abren cada 45 minutos y durante 15 minutos pero podrían extenderse si el Gobierno no responde al petitorio. 

Trabajadores nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) de la ciudad de Buenos Aires realizaban este lunes un paro en rechazo de la oferta salarial del Gobierno porteño, en el inicio del ciclo lectivo 2023.

En ese marco, los docentes marcharán a partir de las 12 a la Jefatura de Gobierno, ubicada en Uspallata 3150, en el barrio de Parque Patricios.

“El acuerdo salarial del Gobierno porteño causó mucha bronca en las escuelas ya que la inflación es más alta del ofrecimiento del 60% en seis cuotas, cuya última cuota es recién en diciembre. Parece que los funcionarios del Ministerio de Educación no van al supermercado, no tienen que alquilar ni darle de comer a sus familias”, advirtió la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, en un comunicado.

La dirigente sindical señaló que el reclamo es del “100% de aumento salarial por cargo” para “evitar que un docente tenga que trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes, lo que empeora muchísimo la educación”, y que “se indexe el aumento automáticamente por inflación, con todas las sumas al básico”.

Y añadió que “se sumó que muchas escuelas no pudieron abrir por cuestiones edilicias y de mantenimiento, ya que el Gobierno no hizo las obras que tenía que hacer durante el verano o no las terminó en tiempo y forma, y que para intentar frenar nuestra lucha quiere que personal no docente cubra los grados”.

En las paritarias docentes, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ofreció un aumento salarial del 60% hasta el mes de diciembre a otorgarse de manera escalonada, pero Ademys no aceptó esa suma y convocó al paro y movilización de hoy.

Con información de Télam.

IG

En el próximo mes y medio, grandes sindicatos como los de Comercio, metalúrgicos (UOM), obreros de la construcción (UOCRA), encargados de edificios (Suterh), los petroleros, los docentes en cada distrito y la Bancaria, que este jueves fue al paro, definirán las paritarias 2023. Pero ni firmarán por un año al 60%, como pretendían imponer los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Kelly Olmos, ni tampoco les concederán siquiera un 30% por seis meses. Sólo unos pocos gremios como el de los colectiveros (UTA), de Roberto Fernández, aceptaron un 30% por el primer semestre, con revisión en julio.

En la paritaria nacional, los maestros rubricaron un 33,5% de marzo a julio, con renegociaciones en mayo y julio, pero el básico aumentará el 43%, lo que el Gobierno no difundió demasiado para evitar que impactara en las recalentadas expectativas inflacionarias. La mayoría de los sindicatos prevé firmar acuerdos por sólo tres meses porque desconfían de la previsión anual de inflación del 60% que dibujó Massa y que comenzó a cuestionarse a partir del dato de 6% de enero.

Los grandes sindicatos definirán las paritarias 2023. Pero ni firmarán por un año al 60%, como pretendían imponer los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Kelly Olmos, ni tampoco les concederán siquiera un 30% por seis meses.

La UOM acordó con la patronal que este febrero se anticipara la negociación de las paritarias que se reabren en marzo. En el gremio que dirige el kirchnerista Abel Furlán advierten de que ni en enero ni en febrero se cumplirá la meta del 4% mensual que había prometido el ministro de Economía. Apuntan una paritaria “corta” de a tres meses para ir evaluando trimestre a trimestre cómo evoluciona el índice de precios al consumidor (IPC). Se resignan a que este año en el mejor de los casos se mantenga el poder de compra. No que se recupere lo perdido en los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri ni en el 2020 de la cuarentena. Lamentan que el Gobierno no pueda frenar la inflación, que se hayan disparado la carne vacuna y los derivados de la harina (desde fideos hasta pizza) y no se encuentren en las góndolas los productos de los Precios Justos. Desconfían de que se cumpla el sendero de aumentos del 3,2% mensual que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, selló con supermercados y sus proveedores de alimentos, bebidas y artículos de higiene para el periodo marzo-julio.

En la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias se anticipan paritarias cortas en los diversos sindicatos docentes, desde la peronista UDA, que dirige Sergio Romero, hasta la izquierda de Ademys o el kirchnerismo bonaerense de Suteba de Roberto Baradel.

En la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias también se anticipan paritarias cortas en los diversos sindicatos docentes, desde la peronista UDA, que dirige Sergio Romero, hasta la izquierda de Ademys o el kirchnerismo bonaerense de Suteba, que conduce Roberto Baradel. En la UDA reconocen el desencanto con las promesas de inflación a la baja y con las dos postergaciones de la visita de Massa a la sede de la CGT en las últimas dos semanas. En el Suteba aún esperan la convocatoria oficial a la paritaria por parte del gobierno de Axel Kicillof, pero ya está negociando en bambalinas y espera llegar a buen puerto para que las clases comiencen este lunes con normalidad. Desde hace dos años ya viene cerrando paritarias cortas con reaperturas periódicas. En la ciudad de Buenos Aires, el aspirante presidencial Horacio Rodríguez Larreta ofreció este miércoles 60% de aumento anual en seis cuotas, la última en diciembre, con un salario inicial de $ 131.700, pero gremios como Ademys rechazaron la propuesta. ¿Comenzarán las clases los alumnos porteños?

En la Unión de Empleados Judiciales (UEJ), que encabeza Julio Piumato, llevan 14 años negociando acuerdos cuatrimestrales, pero ahora los pactan cada tres meses. También se conforman con no perder contra la inflación. Otro año se buscará recuperar lo perdido. Pero no quieren resignar más. Alegan que no son los trabajadores los que deben moderar sus expectativas sino aquellos sectores empresarios que remarcan más que el IPC. Recuerdan que con la inflación unos pierden y otros ganan. El salario promedio, incluido el estatal y el privado formal e informal, cayó derrotado en cuatro de los últimos cinco años, por más que algunos gremios hayan vencido por poco en 2022. La UEJ ya está negociando con la Corte Suprema: pidió un 4% a cuenta de 2022 para equipararse con el 97% que consiguieron los empleados estatales del Poder Ejecutivo -frente al 95% del IPC- y otro 19% para el primer trimestre de 2023. Desearían que la inflación semestral fuera del 60%, pero dudan de que ocurra. En marzo, la Asociación del Personal Legislativo (APL), de Norberto Di Próspero, comenzará a discutir el número con la Cámara de Diputados, que preside la massista Cecilia Moreau, y con el Senado, que lidera Cristina Fernández de Kirchner.

A fines de marzo será el turno de negociar para la UOCRA, que conduce Gerardo Martínez. El pacto debe sellarse en abril. En 2022 cerró con una paritaria del 105%, pero con la última cuota de incremento que se aplica recién el mes próximo. La premisa también radica en empatarle a la inflación. A esta altura de febrero no se atreven a definir un porcentaje de aumento para 2023. Dependerá del número de febrero y de lo que se palpite para marzo. Pero Martínez suele repetir la prédica de la CGT de que en las paritarias no aceptan techos, aunque a veces lo hagan, y de que los salarios no causan la inflación sino que son su víctima. Lo mismo sostiene el camionero Pablo Moyano. Pero el jefe de la UOCRA viene pidiendo que la política genere el “orden” y la “seguridad jurídica” para reducir una inflación que se ha convertido en el “impuesto a la pobreza”. Toda una terminología muy similar a la de los economistas ortodoxos, de esos que militan en Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza. En la UOCRA consideran que el 60% de inflación constituye una aspiración del Gobierno, pero difícil de lograr, por lo que pronostican que ningún gremio se atará a un porcentaje que los deje por atrás del IPC sino que suscribirán cláusulas de reaperturas periódicas de paritarias.

Al mismo tiempo que Martínez, otro veterano sindicalista, Armado Cavalieri, de Comercio, se sentará a negociar el salario que regirá de abril en adelante. También apunta a un acuerdo corto con revisión, aunque sabe que choca con las aspiraciones de Massa y Olmos. En sus filas defienden que los empleados consiguieron un 101% entre abril de 2022 y marzo de 2023, pese a que las patronales comunicaron que sólo concedieron 82%. En el gremio atribuyen la diferencia a la base de cálculo del salario básico y a la presión del Gobierno por informar un pacto de moderación salarial a mediados de enero, antes de que el dato del IPC de ese mes echara por tierra cualquier optimismo.

Sin tiempo para un shock antiinflación

Cerca del presidente Alberto Fernández consideran que Massa se apuró en prometer un 4% para enero y febrero y un 3% para marzo y abril. Admiten que ya no hay tiempo para lanzar un verdadero plan de shock antiinflacionario, dado su impacto inicial negativo sobre el bolsillo, cuando faltan sólo seis meses para las primarias. Se dan por conformes con que las paritarias le empaten a la inflación, que no se desequilibren la macroeconomía ni los dólares paralelos, se cumplan los Precios Justos y la meta de ajuste fiscal, aunque admiten que están fallando en atender al 37% de los empleados en negro, cuyas remuneraciones corren muy por detrás del IPC.

Cerca de Alberto Fernández admiten que ya no hay tiempo para un plan de shock antiinflacionario. Se conforman con que las paritarias le empaten a la inflación, no se desequilibren la macroeconomía ni los dólares paralelos y se cumplan los Precios Justos.

No por nada allí anidan votantes de Javier Milei. Admiten que Fernández no puede aspirar en serio a una reelección, por más que Agustín Rossi haya venido a poner gestión en una Jefatura de Gabinete por la que pasó sin gloria Juan Manzur. Tampoco la ven con posibilidades a Cristina Kirchner para ganar en primera y menos en segunda vuelta. Consideran que Massa sólo podría ser candidato en el difícil de caso de que arregle tanto la economía que venza la reticencia del kirchnerismo a aceptarlo, pero pronostican que quizás se lanza igual a una interna si termina postulándose su rival político Daniel Scioli, que desde la embajada en Brasil ya se anotó en la carrera.

Por lo pronto, el ministro viajó este miércoles a India para participar de la reunión del G20, mientras su número dos, Gabriel Rubinstein, y su jefe de asesores, Leonardo Madcur, volaron a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la aprobación de la revisión de las metas del acuerdo al cuarto trimestre de 2022 y la proyección para el primero de 2023. El organismo duda de que este año se cumpla la meta de acumulación de reservas en el Banco Central por la sequía que afectará a las exportaciones. Puede que mantenga el objetivo aunque después se incumpla, lo que resultaría negativo al final del año, o que ya se acepte que no se alcanzará, lo que también sería mal visto ahora por el FMI y el mercado, aunque sea más realista.

Sequías

La seca está azotando sobre todo a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por lo que se prevén US$ 7.000 millones menos de ventas externas de soja y maíz en la cosecha que comienza el mes próximo. La de Buenos Aires, en cambio, se ha visto beneficiada por las lluvias de verano. Ante la compleja situación, que ya viene arrastrándose desde hace tres años pero que golpea en 2023 como nunca en medio siglo, la Federación Agraria -cuyo presidente, Carlos Achetoni, busca su reelección en marzo- convocó a una asamblea sobre la ruta en Villa Constitución, Santa Fe, el próximo martes. Otras dos de las cuatro patas de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina, adhirieron. Buscan descomprimir el reclamo de las bases. Por supuesto que también irán los autoconvocados, más radicalizados aún. CRA está dirigida por un ex diputado radical, Jorge Chemes. La Rural, por Nicolás Pino, hombre del ex ministro de Agroindustria macrista Luis Miguel Etchevehere y de buen diálogo con Larreta. Algunos dirigentes rurales serán candidatos de Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales. Ninguno de peso se enrola públicamente tras Milei, aunque el candidato presidencial libertario haya sido el político más convocante en la última Expoagro de hace casi un año. Sin embargo, Achetoni, Chemes y Pino mantienen fluidas conversaciones con Massa y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, por más que le piden más ayudas que las que ya les otorgaron.

AR/MG

El Gobierno porteño ofreció hoy un aumento salarial del 60%, en tramos escalonados hasta diciembre, a los representantes de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, y adelantó que el lunes “habrá clases en todas las escuelas” del distrito.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación porteño informó “el cierre de la paritaria docente” consistente en “un aumento acordado del 60% que se otorgará de manera escalonada”.

Según precisaron, los docentes percibirán incrementos del 14% desde de febrero, del 6% desde abril, 10% desde junio, 10% desde agosto, 10% desde octubre y 10% desde diciembre.

“El salario neto de un maestro de grado sin antigüedad pasará a ser en febrero de $263.592 para jornada completa. Mientras que para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad será de $306.966,85”, señalaron.

Mientras que “el valor de la hora cátedra para nivel secundario en febrero será de $7.043,63 para docentes sin antigüedad y de $8.548,78 para aquellos con la máxima antigüedad”.

De la reunión -la cuarta desde el inicio de la Mesa Salarial- participaron el subsecretario de Carrera Docente, Oscar Ghillione, funcionarios de la cartera educativa y representantes de los sindicatos porteños, los que, a su vez, establecieron una nueva revisión salarial a principios de julio.

DA

El sindicato de docentes porteños Ademys convocó a una asamblea unificada para este miércoles, en la que se definirán “medidas a tomar” en rechazo al resultado de las reuniones paritarias que se están llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires.

Los gremios docentes porteños vuelven a reunirse a las 15 en el marco de la mesa paritaria en la sede del Ministerio de Educación de CABA, ubicado en el Barrio Carlos Mugica de Retiro.

A las 17.30, Ademys realizará una asamblea unificada en la Escuela Normal 4 ubicada en Avenida Rivadavia 4950 en donde esperan definir “medidas a tomar” si el gobierno porteño insiste en la oferta del 60% de aumento en cuotas.

Las discusiones paritarias entraron a un cuarto intermedio luego de la reunión que mantuvieron el pasado jueves donde no se llegó a un acuerdo, mientras el ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires prevé iniciarse el próximo 27 de febrero.

El docente y secretario de prensa del gremio, Federico Puy, se manifestó en contra de la primera oferta del 60% de aumento en cuotas y aseguró que este incremento “realmente licuará mucho los salarios y hará que volvamos a perder poder adquisitivo”.

“Desde Ademys lo planteamos en la primera mesa: queremos un aumento de 100% por cargo. Los docentes tenemos que trabajar entre dos o tres turnos para poder conseguir un salario y llegar a fin de mes”, subrayó Puy.

Asimismo, sostuvo que van a plantear “un programa integral de cuestiones educativas muy urgentes a atender como la construcción de escuelas para que haya vacantes para todos y todas”, y se va a exigir “mejorar la alimentación en las escuelas”.

“Hay que debatir los contenidos en cada comunidad educativa. Estamos en contra de las reformas de (la ministra porteña de Educación Soledad) Acuña y del (jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta que quieren una educación meritocrática, individualista, de competencia, ligada incluso a entidades financieras”, completó.

Con información de Télam.

IG