El Tribunal Oral Federal número 2 absolvió este viernes a los militares Ceferino Luis Rivero y Guillermo Ariel Ferner, acusados de integrar un circuito de corrupción en la Armada que tuvo lugar al menos durante el primer trimestre de 2011. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz habían solicitado tres años y seis meses de cárcel para los acusados. 

El juicio había dado un giro durante los alegatos de mediados de septiembre, cuando la fiscalía reveló unos 80 audios que nunca habían sido analizados, en los que quedó expuesta la maniobra orquestada en la compra de alimentos para la Escuela Naval Militar, como informó en septiembre elDiarioAR.

Aún así, los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a los dos imputados y darán a conocer los fundamentos de su decisión el próximo 21 de noviembre. En la fiscalía, adelantaron a este medio que recurrirán la sentencia ante la Cámara Federal de Casación confiados en que podrán revertir las absoluciones en base a la contundencia de la prueba presentada durante el juicio. 

Los acusados se mostraron sonrientes y emocionados al final de la audiencia virtual, ambos vistiendo sus uniformes militares. Estaban imputados como coautores del delito de administración infiel en perjuicio de la Administración pública calculado en más de $13.000.000.

Los audios describen cómo los militares habían realizado un acuerdo con los proveedores de alimentos que eran destinados a  los cadetes de la escuela. El pacto implicaba que los privados sólo entregaban entre el 20% y 25% de la comida contratada o incluso menos, pero se pagaban la totalidad de lo acordado. El 75% o 80% de los alimentos restantes volvían a manos de los proveedores y el dinero, de los militares. Les daban espinazo a los cadetes pero ingresaban al sistema que habían comprado roast beef, literal, según surgió de uno de los audios. “Se simulaban ingresos con remitos falsos”, explicó Luciani

En los audios, los militares hablan de “peajes”, “protección”, “evitar salir en los diarios”, “aparecer en una zanja”, “negocios” y apuntan hacia arriba, aunque la causa nunca avanzó más allá. “Hay que participar a todo el mundo” y “no hay que ser demasiado ambicioso en los negocios” porque “no hay una fortuna para repartir”, dice uno de los capitanes involucrados. “Si el jefe se va al tacho, no se va solo. Si yo me voy al tacho, no me voy solo”, se escucha al decapitán Rivero en uno de los audios.

Cadena de mando

Uno de los acusados admite en los audios que “recaudaba para la corona” y proponía en la conversación ser parte del negocio a su interlocutor, que grabó en secreto las charlas y las presentó luego ante la Justicia. “No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores”, había dicho el fiscal Luciani durante su alegato. En los audios también hablan de otros negocios en otras áreas de la Armada de entonces en los que habrían recaudado el equivalente a un millón de dólares.

Los fiscales solicitaron entonces al tribunal que ordene la investigación de otros involucrados nombrados, entre ellos los proveedores y otros jefes de la fuerza armada, además de otros hechos descriptos en los audios. Este viernes, el tribunal aceptó ese pedido y ordenó enviar la totalidad de la prueba al Ministerio Público Fiscal, pero no consideraron suficientes las pruebas para condenar a los acusados.

Los audios habían sido aportados por un oficial de la Armada que grabó las conversaciones con los involucrados y las presentó ante la Justicia. Sin embargo, Luciani detalló que nunca habían sido analizados en la instrucción de la causa, entonces a cargo del fiscal Patricio Evers y fueron desestimados por la propia Armada en una investigación interna. 

Denuncia

La causa se inició el 29 marzo de 2011 por una denuncia del capitán de navío y director de la Escuela Naval Militar, Juan José Iglesias, ante una serie de irregularidades en el suministro de alimentos para la institución.

En la denuncia, “Iglesias señaló la existencia de remitos de recepción de mercaderías -emitidos por Ferner y suscriptos por Rivero-, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2011, de los que surgía que se habían recibido grandes cantidades de alimentos que excedían la cantidad de consumos habituales, y cuyo ingreso y almacenamiento en la institución no pudo verificarse”, informó la fiscalía.

Rivero era entonces responsable de la División Servicios y Pañoles de la Escuela Naval Militar, un lugar descripto en los audios por el capitán Rivero como “un lugar donde podemos hacer unos pesitos”. Ferner oficiaba como jefe de la División Sistema de Aprovisionamiento Único (S.A.U.).

No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores.

Fiscal Diego Luciani.

Rivero también sostiene en uno de los audios que si él cae, se “lleva puesto al jefe de Departamento. El jefe de Departamento se lleva puesto al director y algún lado se corta la cadena”. “Yo pago por estar acá”, afirmó Rivero en un audio.

El acusado aseguró en un audio cuáles serían las consecuencias si las ganancias espurias no se repartían: “Me ponen un voleo en el orto”, afirmó. “Cuando me lleven puesto a mí, yo lamentablemente me llevó puesto a la DIAB -por la Dirección de Abastecimiento Naval- y alguno termina en una zanja”, dijo el capitán de Corbeta después de pedir “protección” al suboficial que lo estaba grabando en secreto y que cumplía parte de las tareas en la recepción de los alimentos. El suboficial denunció la amenazas pero éstas fueron desestimadas por la Armada y la Justicia de instrucción, sostuvo Luciani.

La DIAB tenía a su cargo la confección del menú para toda la Armada y elaboraba los pedidos de víveres para que se labraran los pliegos para las licitaciones, sostuvo la fiscalía ante el tribunal. Luego, la División S.A.U. podía recibir la mercadería en los depósitos de la Armada o directamente en los destinos asignados.

ED/MG

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED