La Corte Suprema falló hoy en favor de la exdiputada nacional Elisa Carrió en el marco de la demanda por daños y perjuicios que le había iniciado el exadministrador del máximo tribunal Héctor Marchi, a quien la exlegisladora había denunciado por irregularidades. 

Marchi, que fue desplazado de sus funciones en abril de 2023, contaba con el respaldo del supremo Ricardo Lorenzetti, que no convalidó la decisión. El magistrado había sido recusado por Carrió y en julio de 2022 pidió por un juicio político en su contra.

En un fallo que llevó la firma de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda se resolvió la acción contra Carrió no correspondía y la Corte reiteró su criterio de que la inmunidad de los legisladores es absoluta y abarca sus denuncias y opiniones. Esto se basa en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que estipula que un legislador “no puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato”.

Carrió había denunciado a Lorenzetti y a Marchi en enero de 2016 por supuesto enriquecimiento ilícito, pero la causa fue sobreseída en marzo de ese año. Luego, Marchi inició una demanda civil contra Carrió y el otro diputado de la Coalición Cívica que lo había denunciado, Fernando Sánchez. La Cámara Civil falló en favor del funcionario judicial en 2018 con el argumento de que los diputados no tenían inmunidad ante la falsa imputación de un delito. Sin embargo, Carrió y Sánchez presentaron un recurso extraordinario, que fue lo que la Corte resolvió hoy. Para ello se basó en un dictamen de 2020 de la procuradora fiscal Laura Monti, que se había inclinado en favor de los legisladores.

El fallo completo

“En el marco de un pleito por daños y perjuicios, la cámara desestimó la excepción de falta de acción que habían planteado como de previo y especial pronunciamiento los diputados demandados con base en la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 68 de la Constitución Nacional, pues, a su criterio, la eventual falsa imputación de un delito, aun cuando proviniera de un diputado de la Nación, da lugar a la habilitación de la instancia para que el actor pudiera reclamar el daño ocasionado”.

“La Corte revocó este pronunciamiento. Recordó que dicha norma constitucional establece que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador y que siempre se ha sostenido el carácter absoluto de dicha inmunidad”.

“Señaló que la posibilidad de que un miembro del Congreso pueda ser sometido a proceso, a fin de que en él sean indagados o interpretados judicialmente sus opiniones o votos legislativos y los móviles que los determinaron, contradice la idea que sobre la división de poderes tuvieron los autores de la Constitución y que resulta preferible adoptar un criterio amplio cuando se halla en juego la libertad de expresión y las inmunidades parlamentarias, pues de ese modo no se afectan las facultades de control del Poder Legislativo sobre las restantes instituciones”.

“Recordó además el lugar privilegiado que se acordó a la libertad de expresión y de opinión frente al estándar atenuado de protección -ante cuestiones de interés público o general- cuando el sujeto pasivo o destinatario de las críticas y opiniones es una persona pública como ocurría en el caso”.

La Corte Suprema de Justicia volvió a rechazar este jueves el pedido de licencia extraordinaria y la adscripción a la vocalía de Alberto Lugones, consejero de la Magistratura, solicitadas por el exsecretario administrativo de la Corte, Héctor Marchi, quien denunció irregularidades en el máximo tribunal ante la Comisión de Juicio Político de Diputados.

En la resolución conocida este jueves, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, los jueces del máximo tribunal rechazaron la “revocatoria in extremis” presentada por el exadministrador el pasado 10 de mayo, así como el planteo realizado el 15 de mayo.

El 9 de mayo pasado, la Corte rechazó la pretensión de Marchi de una licencia extraordinaria con goce de sueldo y el traslado a la vocalía de Lugones, al considerar que “el funcionario no ha manifestado ni acreditado, siquiera mínimamente, la configuración de circunstancias de excepción que justifiquen acceder al beneficio requerido”.

En referencia al pedido para trabajar con el consejero Lugones, en lugar de quedar adscripto a la Cámara Federal de la Seguridad Social, la Corte estableció hoy que Marchi “no aporta ningún nuevo motivo que resulte relevante para variar las consideraciones que ya ha realizado esta Corte”.

En su presentación en la Comisión la Cámara de Diputados, el exadministrador General de la Corte amplió una serie de denuncias contra Silvio Robles, principal asesor de Rosatti, presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura.

En su testimonio, Marchi apuntó a Robles por supuestamente “negociar” fallos de la Cámara Federal de Casación Penal a través del “posible otorgamiento de contratos” con el aparente objetivo de aliviar la situación judicial del titular cortesano en una causa que le inició un exchofer del municipio de Santa Fe.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación”, leyó Marchi en su intervención ante los diputados.

El 10 de mayo, Marchi cuestionó la decisión de la Corte de negarle sus pedidos de licencia y su traslado, presentación hoy rechazada por el tribunal con la firma de Rossati, Maqueda y Rosenkrantz.

LC con información de agencia Télam

Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema, aseguró este martes que el desplazamiento de su cargo estuvo vinculado a que se “negó a encubrir” a Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti, como también a Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal.

Marchi formuló estos conceptos en un escrito que leyó al inicio de su testimonio, en una reunión de la comisión que incluyó un fuerte contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, quien se encargó de la mayor parte del cuestionario. El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la obra social judicial, una de las causales del proceso contra Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En la primera parte de su exposición, Marchi sostuvo que “los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios”, y agregó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles”.

“Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué”. Agregó haberle dicho a Rosatti que “no me asustaban sus amenazas; por eso pedí en sede judicial incorporar el legajo del doctor Althabe”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social”, denunció el contador Marchi.

El exadministrador del máximo tribunal apuntó después a la figura de Robles, al denunciar “el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” de la Cámara de Casación Penal, principal tribunal penal del país, que según Marchi recibió “pedidos” del asesor principal del supremo Rosatti.

Uno de los fallos presuntamente negociados, amplió Marchi, apuntaba a mejorar la situación judicial de Rosatti en una demanda iniciada por un exchofer del municipio de la ciudad de Santa Fe, Carlos Vera. Esa causa estuvo a cargo del juez Reinaldo Rodríguez hasta 2021, cuando el magistrado fue recusado por el titular del tribunal.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, apuntó Marchi.

En cuanto a ese expediente, manifestó que el caso “tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti”. Al referirse a la actuación de Robles en ese juicio, planteó que “sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022”.

En su testimonio, el contador recordó que él mismo denunció “la eliminación del mail oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo”.

Marchi declaró luego de Martina Forns, jueza federal de San Martín, quien relató la difícil situación que pasó la OSPJN durante la pandemia, en la cual falleció su esposo. “Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada”, contó la magistrada.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos, informó que se reprogramará para más adelante el testimonio del secretario letrado Santiago Clerici por la extensión del testimonio de Marchi. Además, informó que la legisladora Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio había pedido citar al gremialista Julio Piumato, titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), moción que fue aprobada ya que será convocado junto a otras autoridades del sindicato.

“Vamos a acompañar esta ampliación, porque así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales) República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración”, justificó Gaillard.

La comisión votó además una propuesta de la diputada Vanesa Siley (FdT), quien propuso sumar a las pruebas las “resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor (Juan Carlos) Maqueda, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social”.

Hace dos semanas, Marchi expuso ante los diputados de la comisión pero volvió a ser convocado, ya que en su primera declaración solo pudieron llevarse adelante las consultas del FdT. Tras la investigación por las irregularidades en la OSPJN, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito en 2016.

En cuanto a las causales de juicio político ya abordadas en la comisión, se encuentra el fallo que retrotrajo la composición del Consejo de la Magistratura y otro fallo que proponía aplicar el cómputo de “2x1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

LC con información de agencia Télam

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza este martes una nueva audiencia testimonial en el marco de la investigación por mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema, y lo más relevante será la segunda parte de la presentación del ex administrador general de la Corte, Héctor Marchi, citado como testigo por las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Recientemente desplazado de su cargo a raíz de un exhaustivo informe de 18.000 fojas que dejó al desnudo el funcionamiento de la prestadora médica, cuyo control depende del máximo tribunal, Marchi generó movimientos sísmicos en la Corte a partir de su testimonio en la penúltima audiencia de la comisión presidida por Carolina Gaillard.

La contundencia de sus acusaciones salpicaron fundamentalmente al juez Juan Carlos Maqueda, a quien identificó como responsable de la supervisión de la obra social, pero también Marchi apuntó contra Horacio Rosatti y su vocero Silvio Robles por “las amenazas y aprietes” que recibió luego de entregar el informe.

También hizo mucho ruido su relato sobre la eliminación del correo electrónico del presidente de la Corte, que habría sido ordenada por Robles, lo cual se suma a las suspicacias que generó la sospechosa inundación del séptimo piso del Palacio de Tribunales que dejó inutilizable el despacho del asesor de Rosatti. .

La exposición de Marchi había sido programada originalmente para el pasado miércoles 3 de mayo, pero debió ser reagendada para este martes a las 13, ya que ese día fue citado para brindar declaración indagatoria por el juez Ariel Lijo para dar explicaciones sobre el mismo caso.

Los otros testigos citados a declarar ante la comisión este martes son Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema; Nicolás Serafini, contador público encargado de firmar los balances de la obra social; y la jueza federal de San Martín, Martina Forns, cuyo marido falleció en medio de la pandemia en el marco de un presunto “abandono” de la obra social. Los primeros dos se habían ausentado la semana pasada.

En la primera parte de esta decimotercera reunión, se conocerían las novedades respecto a la solicitud formulada ante la Justicia Federal para que recurra a la fuerza pública para forzar que el ex director de la obra social, Aldo Tonón, declare ante la comisión luego de sus tres inasistencias injustificadas.

El funcionario judicial cercano a Maqueda, quien renunció a su cargo hace pocas semanas agobiado por las denuncias en su contra, había enviado una nota a la comisión en la que justificó su reticencia a declarar alegando que sus intervenciones en el marco de la comisión podrían incriminarlo en la causa penal por el que está siendo investigado en el juzgado de Lijo.

Tonón había presentado la renuncia al cargo desentendiéndose de sus responsabilidades como director de la obra social, al explicar que nunca tuvo capacidad de ejecución de los fondos, en un tiro por elevación a los otros tres magistrados que, cada uno en su momento, presidieron el máximo tribunal.

En su primera visita a la comisión de Juicio Político, Marchi refrendó el informe que le había enviado a la Corte en el cual advertía que hubo pérdidas por 3.000 millones de pesos en un lapso de entre seis y ocho meses meses por no invertir el dinero remanente de la OSPJN en plazos fijos.

El remanente era abultado porque con la presidencia de Lorenzetti en la Corte se aplicó una política de sueldos altos y eso redundó en nutridos aportes a la obra social.

El contador informó a su vez que durante la gestión de Tonón no se implementó un sistema informatizado de gestión, y entre otros aspectos no estuvieron digitalizadas las autorizaciones médicas, lo cual llevó a demoras e incumplimientos con afiliados.

También planteó que la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente, al tiempo que “no había controles de ingresos ni de pagos”, no había balances contables ni control de stock de medicamentos.

En tanto, Marchi denunció que se les pagaban aranceles muy bajos a los prestadores, lo cual había derivado en una disminución de los servicios de prestadores para los afiliados.

Y advirtió sobre vacancias en cargos clave como el de subdirector administrativo, subdirector médico y otras áreas importantes para el funcionamiento de una obra social.

Con información de agencias.

IG

Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, declaró este miércoles como testigo en la causa por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) y apuntó contra los jueces supremos Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti como responsables de las supuestas irregularidades en la administración de esa entidad.

Bajo juramento, el contador Marchi también afirmó que distintos empleados de la Corte fueron amenazados con ser desplazados de sus cargos, en caso que colaboraran con la Comisión de Juicio Político que investiga a los miembros de ese tribunal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

El funcionario del máximo tribunal, trasladado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, vinculó su desplazamiento a los “informes (que produjo) sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial”, según fuentes judiciales. “Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones (de pesos) en reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”, manifestó Marchi.

“El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, enfatizó Marchi. Declaró como testigo ante el juzgado federal 12, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo, quien investiga supuestas irregularidades desde el 2021 en adelante bajo la gestión de Mariano Althabe, aunque el contador también refirió a supuestos desmanejos ocurridos en la anterior gestión, los cuales tramitan en otro expediente.

El exadministrador sostuvo que el juez Maqueda estuvo a cargo de la OSPJN hasta el 2021, cuando envió un correo a sus colegas informado su salida, y que luego lo sucedió el presidente Rosatti en esa función.

En ese sentido, Marchi señaló que Althabe fue nombrado por propuesta de Rosatti y que hasta el 2021, la OSPJN estaba encabezada por Aldo Tonón, propuesto por Maqueda. Afirmó que en 2013 Maqueda propuso a su secretaria para integrar el directorio, a quien identificó como Marta Herrera, y que luego habría sido nombrada vicepresidenta de esa entidad.

En su declaración testimonial, Marchi señaló también que “la acordada 19/2021 dispuso que la Administración debía presentar informes mensuales al Tribunal” sobre la obra social, pero luego acotó que su primer informe “no gustó”, por lo que “Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral”, algo que referenció en la acordada 1/2022.

“Luego se ocultaron mis informes y finalmente me sancionaron. Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la Obra Social, no me habría criticado a mi mismo”, aseveró Marchi.

Marchi se refirió al contenido de los informes que realizó sobre la Obra Social, y resumió cuáles fueron las supuestas irregularidades detectadas. Su principal conclusión fue que la OSPJN no tiene contabilidad, presupuesto, manuales de procedimiento, expedientes ni dictámenes. Además, dijo que existen diferencias de inventarios en los medicamentos de farmacia y que los medicamentos y prótesis se adquieren en forma directa, entre otras presuntas irregularidades.

El funcionario fue convocado por el juez Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo y “ofrecer prueba” en el expediente “respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación”, luego de su intervención ante la Comisión de Juicio Político. “Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad”, había señalado.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió solicitarle a la Justicia la comparecencia “por la fuerza pública” de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), en una nueva audiencia por el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La reunión de la comisión, presidida por la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos, inició a las 15:20 con el objetivo de tomar declaración a una nueva tanda de testigos, convocados con la lupa sobre las presuntas irregularidades cometidas en la obra social de los judiciales.

Si bien Héctor Marchi, el desplazado administrador de la Corte, había sido citado a la reunión de este miércoles para completar su testimonio de hace algunos días, la convocatoria fue reprogramada para la semana próxima, ya que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.

Como sucedió en la última reunión, se ausentaron nuevamente Tonón y el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici. Tampoco asistió el contador Nicolás Serafini, quien firmaba los balances de la obra social. Al iniciar la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que Tonón sea obligado a comparecer “por la fuerza pública”. El exdirector no concurrió en tres oportunidades, bajo el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.

Por su parte, Clérici y Serafini argumentaron problemas personales y pidieron reprogramar la citación. También se convocó al director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; a María Betina Bonuccelli, funcionaria del tribunal, y a Valeria Díaz, una afiliada de la obra social.

La de este miércoles es la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político desde que se inició su labor, el 26 de enero pasado. El cuerpo parlamentario busca determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.

En la reunión pasada, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una “sanción encubierta” y “amenazas” contra funcionarios de los Tribunales.

Luego de la investigación por las supuestas irregularidades en la obra social judicial, la Comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales, los cuales el expresidente Mauricio Macri redirigió a ese distrito en 2016. Por esa causa, se prevé la declaración de los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández-; la del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y la del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

LC con información de agencia Télam

El jueves 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia reorganizó su poder por mayoría (tres jueces contra uno). El hecho que resumió el reordenamiento del tablero en la cabeza del poder Judicial se materializó en el desplazamiento de un funcionario que hasta entonces parecía “un intocable”, como lo definieron varios consultados por elDiarioAR en el Palacio de Justicia. Detrás de la salida de Héctor Daniel Marchi, el poderoso administrador general de la Corte, los jueces supremos barajaron algunas de sus mejores cartas para dar de nuevo: manejo de la información; control de todo lo que sucede en la Corte; decisión y acceso a “la caja” o los fondos millonarios del tribunal. 

La Corte Suprema se está reconfigurando para repartir el poder concentrado por el contador Marchi, quien había acumulado funciones centrales para la vida del tribunal desde su llegada, durante la primera presidencia de Ricardo Lorenzetti, en 2007.

La decisión fue tomada por sólo tres de los cuatro ministros de la Corte: su presidente, Horacio Rosatti; su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro decano, Juan Carlos Maqueda. El trío que hace posible que cualquier fallo del tribunal vea la luz, ya que vota en bloque desde hace unos dos años.

Los jueces de la mayoría afirmaron en una acordada que ordenaron la reestructuración en el marco de “un importante proceso de modernización y reorganización” para dotar a la Corte “de adecuados mecanismos de control que garanticen la transparencia”.

 El juez Lorenzetti votó en contra de la nueva estructura de poder, ya que esta implica el desplazamiento de uno de sus hombres de mayor confianza y de la estructura que había pensado para el tribunal durante sus consecutivas presidencias (2007-2018). 

El súper administrador general es una figura que ya no existe en la Corte. Con el traslado de Marchi a un tribunal inferior, los jueces de la mayoría dividieron sus funciones y crearon una Secretaría Jurídica General con la misma categoría que una Secretaría de Administración General. 

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda decidieron dispersar las funciones que concentraba la Secretaría de Administración General y crearon un Secretaría Jurídica para que ésta absorba parte de las funciones. Señalaron en la acordada que “el control interno de la gestión administrativa y el asesoramiento jurídico en el ámbito del Tribunal

se encuentran a cargo de órganos que dependen de la Secretaría General de Administración“ y que esto no podía seguir sucediendo, dijeron. Es decir, afirmaron que Marchi se controlaba a sí mismo.

¿Quién perdió?

Hay quienes identificaban a la última versión de Marchi como la de un “jugador independiente”, que había ganado su propio poder dentro del tribunal y había tejido sus propias alianzas con otros jueces, además de su estrecho vínculo con Lorenzetti. La dureza de las palabras y el tono del voto de disidencia de Lorenzetti, sin embargo, reflejan su apoyo total a Marchi.

La salida de Marchi no sólo significa la reasignación o reparto del poder interno que concentraba el saliente administrador. También es un intento para reordenar el poder supremo hacia afuera del tribunal. 

La concentración de poder de Marchi, para muchos, significaba que el juez Lorenzetti, aún desplazado por sus colegas de la presidencia y el manejo general de la vida interna de la Corte desde 2018, conservaba un poder fáctico, real: el manejo de la información y del control a los demás jueces. ¿Por qué? Porque Marchi no sólo manejaba las finanzas y administraba los fondos del tribunal -que no es poco-. También tenía incidencia directa sobre áreas clave puertas adentro: desde la mesa de entradas hasta el control de auditoría.

Lorenzetti perdió en 2018 su poder como armador de la Corte y sus fallos pero no perdió su influencia en el poder político y económico: desde presidentes y gobernadores hasta empresarios mantuvieron y mantienen a Lorenzetti muy cerca suyo.

Manejar la súper secretaría de Administración General significa conocer antes que nadie cualquier presentación, demanda, amparo, solicitud que ingresara a la Corte. Significa conocer su trayecto dentro del tribunal, dónde se traba, dónde fluye. Desde un pedido para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces hasta una solicitud de la comisión de Juicio Político, que se encuentra investigando a los jueces por presunto mal desempeño.

¿Quién ganó?

Las cartas aún no están asignadas, explica a elDiarioAR una fuente que conoce al dedillo el funcionamiento de la Corte, pero. La ahora nueva Secretaría Jurídica General quedó a cargo de un secretario letrado, Luis Sebastián Clérici, de manera transitoria.

La Secretaría General de Administración también quedó de manera transitoria a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font, de formación y expertise en Derecho Civil. Ni Font ni Cleri responden a Rosatti o Rosenkrantz, los jueces aliados pero en pugna por el poder que alguna vez le perteneció a Lorenzetti.

“Cuando Rosatti y Rosenkrantz definan a quiénes nombran en estas dos secretarías es cuando sabremos quién ganó, o quién ganó más”, explica una fuente del tribunal.

¿Qué se juega?

Información y poder de control y ejecución.  La nueva Secretaría Jurídica General deberá “intervenir o dictaminar con carácter previo a la participación de los ministros en los asuntos de superintendencia en aquellos casos en que la resolución pueda llegar a afectar derechos subjetivos o intereses legítimos”. De esta forma, quien asuma como secretario de Asuntos Jurídicos podrá intervenir en la organización interna del tribunal: sería como un poder ejecutivo dentro y para la Corte.

También deberá “dirigir y supervisar” todos los temas jurídicos propios de la Corte -no de las causas que llegan a la Corte- y la actuación de la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Mesa General de Entradas y la Dirección de Despacho. Todo lo que entra y sale de la Corte, pasará por esta secretaría. Es parte del control y manejo de la información interna que antes concentraba Marchi.

Recortando al Ministerio

Además, la nueva Secretaría Jurídica General deberá “supervisar la tramitación de las causas judiciales en las cuales la Corte Suprema es parte”. Es decir, defenderá los intereses del tribunal ante los tribunales.

En este sentido, la Corte también le quitó al Ministerio de Justicia de la Nación la función de defender y representar a la propia Corte en las causas en las que es parte actora o demandada, una decisión central en medio de la disputa política con el Ejecutivo. Los jueces sostuvieron que busca “robustecer el accionar independiente de la Corte” y “asumir -progresivamente- la defensa de sus intereses en sede judicial, creando un órgano específico y con independencia técnica encargado de ejercer su representación”.

La plata, los libros

“Esta Corte estima necesario dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”, sostuvieron los jueces de la mayoría. Crearon una Dirección de Control Interno y Auditoría, funciones que también concentraba Marchi; y un Cuerpo de Auditores de Gestión, que reportará directamente a los jueces del tribunal “a fin de asegurar la necesaria autonomía funcional respecto de las áreas controladas”. Es decir: a partir de ahora los jueces controlan a los que administran la Corte.

El patrimonio de los jueces

En la nueva estructura, la mayoría en la Corte asignó a la Secretaría Jurídica General como encargada del control de la presentación de declaraciones juradas de los jueces y funcionarios obligados por ley a informar su situación patrimonial. “General tendrá a su cargo la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales y coordinará el procedimiento con la Dirección de Recursos Humanos”. 

“En el mes de noviembre de cada año, la Dirección de Recursos Humanos elaborará el listado de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral y procederá a su publicación en la página web del Tribunal”, ordenó la mayoría suprema.

Quién audita

Con la asunción de Lorenzetti como presidente del tribunal, el administrador general también incorporó poder sobre la auditoría interna: control contable, económico financiero y patrimonial de la Corte. Eso también cambiará. 

“Suprimir el Cuerpo de Auditores Judiciales, la Asesoría Jurídica, el Cuerpo de Auditores de Gestión y la Unidad de Auditoría Interna. El personal de esas dependencias pasará a reportar ante la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Control Interno y Auditoría, según corresponda”. Todas estas áreas pasarán a la órbita de la Secretaría Jurídica.

En su voto en disidencia por el desplazamiento de Marchi y la reorganización de la Corte, Lorenzetti afirmó que la decisión de trasladar a su contador de confianza era “una sanción porque ha presentado un informe (de auditoría) sobre la Obra Social (del Poder Judicial de la Nación), de fecha 19 de abril, que no parece gustar”. Ante la consulta de elDiarioAR, en la Corte desmintieron que la decisión esté relacionada con dicho informe y sostuvieron que el voto conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para desplazar a Marchi ya estaba firmado el 29 de marzo, mientras que el informe sobre la obra social se presentó el miércoles 19 de abril.

ED

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera el sindicalista Julio Piumato, criticó este miércoles al ex administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, en un duro comunicado en el que el gremio sostuvo que el otrora poderoso funcionario del máximo tribunal mintió ante la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. 

Marchi declaró el martes último como testigo ante los legisladores y responsabilizó al juez Juan Carlos Maqueda por supuestos desmanejos en la obra social de los judiciales. Además, dijo que Silvio Robles, mano derecha del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, lo “amenazó” supuestamente por presentar un informe de auditoría sobre la institución prestadora de servicios médicos.

La Junta Interna del sindicato en la Corte aseguró en un comunicado que las declaraciones de Marchi ante la comisión parlamentaria les “dejó un sabor amargo, mezcla de incredulidad e indignación”. “Escuchar a quien fuera durante 16 años Administrador General de la Corte -Cdor. Hector Marchi- regurgitar -con total liviandad- mentira tras mentira, con el único fin de justificar su gestión, solo puede generar nuestro repudio”, sostuvo el gremio.

Marchi manejó la administración general de la Corte hasta el jueves último, cuando los ministros Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz ordenaron desplazarlo en medio de una disputa de poder interno con el propio Marchi y su principal aliado en el tribunal, el juez Ricardo Lorenzetti, quien lo llevó a la Corte Suprema en 2007.

Sobre la gestión de Marchi, quien concentró durante más de 15 años las decisiones administrativas e institucionales, la Junta Interna del sindicato que representa a los trabajadores judiciales en el máximo tribunal sostuvo que se trató de una “gestión que padecimos y resistimos los trabajadores/as del sector y que se caracterizó por su postura de desconocimiento y desprecio de la Junta Interna -legítima representante de los compañeros/as-, el desguace de la mayoría de las dependencias y la parálisis de la carrera judicial”.

“Ante la comisión de Juicio Político, jactanciosamente señaló que ‘el mayor logro de su gestión’ es el ahorro. Ahorro que concretó a costa de efectivizar un brutal ajuste a los trabajadores/as”, aseguró el sindicato. De acuerdo con el gremio varias áreas del poder Judicial “padecieron -en sus manos- un feroz ajuste en las plantas de personal y -por ende- un congelamiento en las promociones del personal que allí se desempeña, por más de una década”.

Se refirieron así a la Obra Social, Cuerpo Médico Forense, Morgue Judicial, Mayordomía, Subdirección de Infraestructura, Archivo, Cuerpo de Peritos Calígrafos, Cuerpo de Peritos Contadores, OVD, DAJUDECO, Dirección General de Mandamientos y Notificaciones, Medicina Preventiva y Laboral, Mesa de Entradas, Cuerpo de Auditores, Dirección General de Bibliotecas, Gestión Interna y Habilitación y Subdirección de Seguridad.

“Producto de esa auto-proclamada buena gestión, el Palacio de Justicia -casa de las Máximas Autoridades del Poder Judicial declarado Monumento Histórico- padece hoy un estado de deterioro sin precedentes. Con total desidia, el ex Administrador determinó por ejemplo no cubrir las vacantes existentes en Infraestructura, ignorando el estado calamitoso del edificio, los baños deplorables, las escaleras clausuradas, oficinas derruidas y múltiples riesgos en materia de seguridad”, afirmó el gremio.

“En suma, hablamos de una administración nefasta, en las antípodas de las reivindicaciones que -desde esta Organización Sindical- luchamos por concretar”. Su salida del cargo cierra “un periodo sombrío”, agregaron. 

ED

El kirchnerismo obtuvo este martes el primer avance fáctico contra un ministro de la Corte Suprema en la comisión de Juicio Político contra los jueces del máximo tribunal. Por primera vez en tres meses de reuniones, un testigo aportó información concreta para alimentar una de las acusaciones contra el juez Juan Carlos Maqueda. 

No sé trató además de cualquier testigo sino de un hombre de la Corte: el otrora poderoso Héctor Daniel Marchi, administrador general del tribunal durante los últimos 15 años y desplazado el jueves último de su cargo por decisión de tres de los cuatro jueces supremos, incluido Maqueda.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo”, dijo Marchi este martes ante la comisión parlamentaria. Afirmó que considera su traslado “una sanción totalmente encubierta” por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda, que alcanzaría, además, “a todas las personas que trabajaron en la auditoría de la obra social”, debido a la división y descentralización de funciones ordenadas en el área que manejaba Marchi hasta el jueves último.

Ante la pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre si había sido Silvio Robles (vocero y mano derecha del presidente del tribunal, Rosatti) quien lo amenazó, Marchi respondió: “Por supuesto”. 

El testimonio de Marchi se cerró sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), a pesar de las amplias funciones y responsabilidades que tuvo durante los últimos 15 años en la Corte. La obra social es uno de los capítulos de la investigación contra los jueces por presunto mal desempeño, ya que depende del tribunal y acumula denuncias desde hace años por falta de prestaciones y supuestas irregularidades. 

“Cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por Juan Carlos Maqueda”, dijo Marchi ante los diputados. También afirmó que Aldo Tonon, ex director de la obra social e investigado en la Justicia federal por presuntos desmanejos, fue designado por los jueces de la Corte tras la propuesta de Maqueda. 

El testimonio de Marchi se enmarca en su traslado a un tribunal inferior, el desarmado de su estructura de poder y la propia disputa entre los jueces por el manejo de dos áreas clave de la Corte: el manejo de la información y del dinero. Marchi no es ajeno a esa pelea de poder y él mismo forma parte de ella. 

El funcionario judicial es contador, ex jugador de fútbol, oriundo de Rafaela (Santa Fe, donde llegó a estar a cargo de la municipalidad en 2002 y ocupó varios cargos) y hombre de extrema confianza del juez Ricardo Lorenzetti, quien lo llevó a la Corte Suprema en 2007 y el jueves último se opuso a que su funcionario clave fuera trasladado. 

En medio de su propia disputa de poder con los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, Marchi presentó un informe de auditoría de unas 20.000 páginas sobre la obra social que los propios ministros habían encargado en 2021. “No había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles”, aseguró el contador. Los diputados deben analizar ahora el extenso informe para determinar si existieron irregularidades para poder acusar por presunto mal desempeño a Maqueda y otros jueces de la Corte.

Marchi dijo que a partir de 2008, el juez Maqueda “dirigía” “el área” de la obra social y “mandaba los proyectos de decisiones que el presidente -entonces Lorenzetti- firmaba sobre una base de confianza, pero cada área era independiente”, intentando responsabilizar así a Maqueda sobre las decisiones sobre la obra social. 

“Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada (que él quedaba a cargo de la institución médica) porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social”, aseguró Marchi. 

La comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados se reunió este martes como estaba previsto y en medio de la tensión económica y político por una nueva disparada del dólar que puso al gobierno de Alberto Fernández frente a la profundización de una crisis que parece imparable. 

En la sala donde tuvo lugar la reunión de los parlamentarios, Marchi leyó un documento y respondió preguntas. Había sido citado a último momento, el lunes último, ya que no estaba en la lista original de testigos de esta semana. Regresará para seguir exponiendo el jueves próximo a partir de las 11.

“Todos los directores los eligió él (por Maqueda) y nunca hubo concurso (para acceder al cargo). Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró (de la supervisión de la obra social), es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”, dijo Marchi. 

Sin embargo, aseguró, “nuevamente se lo designó sin concurso” y “a propuesta de Rosatti”. “Considero que es un error, lo expresé en el informe uno”, afirmó. En la Corte, una alta fuente del tribunal respondió a elDiarioAR que actualmente en el tribunal sólo hay dos funcionarios que llegaron a su cargo por concurso (los titulares de las secretarías Penal y Tributaria), por lo que no es una excepción que los directores de la obra social sean designados a dedo. El propio Marchi llegó a su cargo en el tribunal de la misma manera.

Marchi buscó desligarse del manejo de la obra social y afirmó que “recién en la acordada del 2021 se le pidió a la administración de la Corte y se decidió hacer una auditoría desde ese momento”. “Si yo hubiera estado a cargo no me hubiera criticado a mí mismo y hubiera hecho las cosas bien y no hubiera hecho mi traslado”, agregó. 

El ex administrador de la Corte dijo que la obra social perdió al menos “3.000 millones de pesos, que son dos meses de prestaciones a 100.000 afiliados” por negligencia en el manejo de los fondos remanentes que no se depositaron a tiempo en plazos fijos e “intereses regalados a los bancos”. Afirmó que la “gestión financiera de la obra social es un desastre”.

Interna de la interna

Marchi es objeto de denuncias de la exdiputada Elisa Carrió y legisladores de la Coalición Cívica (CC) desde hace años, en el marco de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos desmanejos de fondos y poder por parte de Lorenzetti y Marchi, quien concentraba las decisiones administrativas e institucionales del tribunal desde 2008. Marchi niega las acusaciones en su contra.

La resolución con el voto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para modificar la organización de poder en la Corte y desplazar al contador de su cargo ingresó a la vocalía de Lorenzetti el 29 de marzo, afirmó a elDiarioAR una fuente directa del tribunal.

Lorenzetti no emitió disidente su voto para concretar el traslado por mayoría hasta después del 19 de abril, cuando Marchi presentó el informe de auditoría sobre la obra social de 20.000 páginas que expondría supuestas irregularidades en el manejo de la institución.

Este martes se esperaba también la declaración testimonial de Aldo Tonon, ex titular de la obra social, pero el ex funcionario se ausentó por segunda vez. Tonon envió una nota de su abogado en la que se excusó de concurrir por tener una causa judicial pendiente sobre su paso por la obra social y podría entonces autoincriminarse. 

La comisión decidió volver a citarlo bajo condición de dar intervención a un juzgado federal para que lo traslade por la fuerza a declarar.

Nota: este artículo se actualizó el 27 de abril.

ED

La Corte Suprema desplazó este jueves al poderoso secretario de Administración del tribunal, el contador Héctor Marchi, con el objetivo de reorganizar el poder del manejo económico en el tribunal, informaron fuentes del Palacio de Justicia a elDiarioAR.

La decisión fue tomada por tres de los cuatro jueces del tribunal -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz-, mientras que Ricardo Lorenzetti se opuso duramente al desplazamiento de Marchi, ya que se trata de un hombre de su extrema confianza, quien estuvo a cargo del manejo de los fondos económicos y financieros de la Corte durante los últimos 15 años.

La resolución por mayoría traslada a Marchi a un tribunal inferior, la Cámara de Apelaciones del fuero de la Seguridad Social. El traslado del exadministrador general se da en el contexto del avance de la investigación contra los magistrados de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por presunto mal desempeño. También, sucede en el marco de una escalada de la interna de poder entre los jueces del tribunal, que había ingresado en una tibia tregua a principios de año en la búsqueda de la supuesta unidad de los integrantes frente a la embestida del oficialismo.

Marchi responde al juez Lorenzetti, quien supo ser presidente y articulador del tribunal entre 2007 y 2018, hasta que fue desplazado por sus pares

Marchi responde al juez Lorenzetti, quien supo ser presidente y articulador del tribunal entre 2007 y 2018, hasta que fue desplazado por sus pares. Del otro lado, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz integran el trío que conforma la mayoría.

Marchi está en la lista de testigos que todavía deben presentarse a declarar ante la comisión de juicio político en Diputados, aún sin fecha. Es, además, uno de los denunciados por los diputados de la Coalición Cívica (CC) por el manejo de fondos y finanzas de la Corte durante las presidencias de Lorenzetti. Además, tanto Lorenzetti como Marchi han sido denunciados por la exdiputada por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión de desplazar a Marchi estaba entre las intenciones de los supremos desde finales de 2022, confió una fuente directa del tribunal. Sin embargo, su traslado se dilató en medio de la turbulencia política que atraviesa al tribunal desde el fallo de diciembre a favor de la Ciudad de Buenos Aires y contra el Gobierno Nacional por la coparticipación. Tras la resolución, Marchi solicitó este jueves una licencia de 180 días, que los ministros supremos deberán analizar y eventualmente, aprobar, informó una fuente autorizada del Palacio de Justicia.

En los últimos días de marzo, Marchi fue un actor clave en la interna de poder del tribunal. La resolución con el voto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para modificar la organización de poder en la Corte y desplazar al contador de su cargo ingresó a la vocalía de Lorenzetti el 29 de marzo, de acuerdo a una fuente directa del tribunal.

Al día siguiente, y por segunda vez, Marchi solicitó el apartamiento de los supremos Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz en un juicio por daños y perjuicios que él mismo inició contra la líder de la CC, Elisa Carrió, por sus denuncias, informó el diario Página 12 esta semana. Lorenzetti ya se había excusado de intervenir, pero los otros tres jueces plantearon que la presentación fue extemporánea y la rechazaron.

Tanto Lorenzetti como Marchi han sido denunciados por la exdiputada Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito

Marchi sostiene que los jueces no deben intervenir en el juicio cuando éste llegue al máximo tribunal. El contador entiende que si fallan a su favor “se interpretará como un acto de defensa propia y corporativa ante el juicio político” y, de lo contrario, “se interpretará como un gesto desesperado por lograr que las esquirlas de la denuncia de la Comisión de Juicio Político no los alcancen”. Además, resaltó: “Mientras yo mantengo una disputa legal con Elisa Carrió ante estos estrados, vuestras excelencias se encuentran sometidos a un proceso de juicio político en que mi contraparte interviene como acusador de uno y defensor acérrimo de otro”, informó Página 12.

Marchi aseguró que si los magistrados no se excusan, recurriría a organismos internacionales de derechos humanos, afirmó el medio.

Disidencia

En su voto de disidencia, Lorenzetti sostuvo que “es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado” de Marchi. “Prueba de ello es que se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración para desplazar a un funcionario que está hace quince años que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones”, afirmó el supremo.

Es absolutamente incomprensible y equivocada esta decisión.

Ricardo Lorenzetti — Juez de la Corte Suprema.

“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, continuó Lorenzetti. “La verdadera razón es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de abril, que no parece gustar”, sostuvo. Ante la consulta de elDiarioAR, en la Corte desmintieron que la decisión esté relacionada con dicho informe y sostuvieron que el voto conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para desplazar a Marchi ya estaba firmado el 29 de marzo, mientras que el informe es de este miércoles.

La obra social también es eje de la investigación de los diputados en la cómoda de Juicio Político.

“Desprestigia a esta Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley”; “esta resolución es inaplicable y no tendrá ningún efecto jurídico” y “es absolutamente incomprensible y equivocada esta decisión”, concluyó Lorenzetti sobre la decisión de sus colegas.

Nuevo esquema

“El Tribunal considera necesario realizar una reorganización funcional en sus dependencias administrativas. A tal fin se requiere, entre otras medidas que serán adoptadas en el futuro, disponer el traslado del Secretario General de Administración, quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social atento a las necesidades de dicho fuero”, dispuso la Corte este jueves.

Tras el tralsado de Marchi, la Secretaría General de Administración de la Corte quedará “de manera transitoria” a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1 del máximo tribunal, Damián Ignacio Font, mientras que en la Secretaría Jurídica General fue nombrado, también transitoriamente, Luis Sebastián Clérici.

Este artículo fue actualizado a las 20:17.

EF