Juicio político a la Corte: en un correo, el juez Maqueda admite irregularidades en la obra social de los judiciales, pero responsabiliza al directorio
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados escuchará este martes a los primeros testigos que declararán en torno a irregularidades, sospechas y denuncias contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), una de las “cajas” de la Justicia que depende de la Corte Suprema.
Para la reunión de este martes a partir de las 13, la comisión parlamentaria citó a Aldo Tonon, ex director de la obra social, quien renunció a su cargo en marzo último, mientras es investigado por supuestos desmanejos que investiga la Justicia federal, expedientes que se abrieron en medio de la feroz interna entre los propios jueces de la Corte que escaló a finales de 2021, tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del tribunal.
Tonon es un testimonio clave pero complejo, ya que al ser uno de los investigados podría no responder muchas de las cuestiones que abordarán los diputados, ya que no puede declarar contra sí mismo en una testimonial.
Además, aunque no fue señalado con nombre y apellido, el juez Juan Carlos Maqueda, quien ejerció entre 2008 y 2021 como supervisor de la obra social, criticó duramente la gestión de Tonon en la institución en un correo electrónico que el juez envió a sus colegas del tribunal en agosto de 2021, presentando su renuncia a la tarea de supervisión de la institución médica.
Maqueda dejó claro en su misiva electrónica que los jueces de la Corte y las autoridades de la obra social de los judiciales se han enfrentado en reiteradas oportunidades por el manejo de la institución de la que depende la asistencia médica de jueces, funcionarios y empleados judiciales y sus familias. Sin embargo, esas internas y enfrentamientos están poco claros hasta el momento.
La Corte sostiene que la obra social es “es un organismo con amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera” a cargo de un directorio que toma las decisiones y tiene responsabilidad por las mismas y sus consecuencias, de acuerdo al estatuto aprobado por los ministros del tribunal en 2008.
¿Quién eligió a los integrantes del directorio durante al menos los últimos 15 años? Los jueces de la Corte, quienes además, debían recibir mensualmente un informe de gestión por parte de los directivos de la institución. ¿Cómo podría el directorio haber cometido desmanejos e irregularidades sin que los jueces pudieran intervenir?
El estatuto fue derogado en febrero de 2021, tras la asunción de Rosatti como presidente del tribunal. Los cuatro jueces de la Corte aprobaron entonces una nueva versión del documento que rige el funcionamiento de la obra social y dejaron al organismo bajo la órbita de la Secretaría de Administración de la Corte, recortando esa supuesta autonomía y cambiando la integración del directorio.
El oficialismo indagará sobre esa supuesta autonomía y la responsabilidad de los jueces de la Corte en el manejo de la obra social, que acumula desde hace décadas denuncias por desmanejos y falta de prestaciones de algunos de los magistrados, empleados y funcionarios mejores pagos del país. Es decir, de una institución que tiene fuentes de ingreso notables.
“Se debe integrar el Directorio de la Obra Social con profesionales competentes, experimentados y comprometidos.”
Un correo a la romana
Un documento clave para la comisión es el informe de auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la obra social, ordenado por la Corte tras la asunción de Rosatti en la presidencia.
El kirchnerismo cuenta con un segundo documento, un correo electrónico, en el que el juez Maqueda admite los desmanejos e irregularidades y el conocimiento que los jueces del máximo tribunal tenían del problema, pero en el que el supervisor de la obra social deslinda responsabilidades de los cortesanos y responsabiliza al directorio. Lo que los diputados deberán dilucidar es si este documento esconde una estrategia para exculparse de los desmanejos sucedidos durante las últimas décadas.
No sería el único en esa línea. En enero último, el juez Lorenzetti también se quejó en un documento público por presuntos desmanejos de la obra social. Lorenzetti planteó que la auditoría reveló “irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del Directorio, por decisión de esta Corte”.
Además de Tonon, están citados para este martes la contadora de la obra social Melisa Solana; la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, quien participó de una auditoría de la institución ordenada por la Corte en 2021; y Laura Coulin y Liliana de Brito, trabajadoras judiciales afiliadas a OSPJN.
El correo fue enviado el 30 de agosto de 2021 desde la cuenta oficial del juez Maqueda a las cuentas oficiales de sus colegas en la Corte: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, quien todavía integraba el tribunal.
El asunto del correo dice: “Retiro de Maqueda de la supervisión de la obra social”. “Mi experiencia de ejercer la supervisión de la Obra Social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa. Una pelea contra molinos de viento”, afirmó Maqueda en el e-mail.
“Quisiera que ustedes supieran -escribió Maqueda a sus colegas- la ímproba tarea de intermediación que durante estos años tuvo el personal de mi vocalía, a quienes acudían Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial para obtener respuesta positivas a sus pedidos. dedicaron igual tiempo a sus tareas específicas que a los reclamos a la Obra Social.”
Maqueda sostuvo en la misiva electrónica que durante la primera presidencia de Lorenzetti (2007-2009) le fue “asignada esa tarea”, que continuó hasta el día de su renuncia, hace menos de dos años. “Es un ciclo cumplido y para mí terminado con luces y sombras”, afirmó el juez.
“Estábamos con una obra social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas. Hoy contamos con la solvencia que nos dan (sic) 34.000 millones de pesos y casi 4 millones de dólares. Las finanzas están saneadas y se han incorporado una gran cantidad de prestadores (sic)”, agregó.
“La cobertura de los medicamentos era del 50% de su valor y hoy es del 70% del valor total por la Obra Social. Se eliminó la venta de los bonos de consulta y prácticas médicas y muchas de ellas pasaron a ser gratuitas”, aseguró Maqueda. Además, escribió: “Se eliminaron prácticas corruptas que dieron lugar a sumarios administrativos y denuncias que terminaron con condenas penales a empleados y prestadores”.
“Lamentablemente, esta tarea no fue acompañada de una modernización de la Obra Social. Se sucedieron -aseguró el supremo- frustradas licitaciones para equiparla de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativas, no se modernizaron los sistemas de consultas, ni la deficiente calidad de servicios que se ofrece a quienes concurren a la Obra Social por una solución de sus problemas. El sistema administrativo interno es engorroso y malo, no existen manuales de procedimientos y todas las autorizaciones dependen de una sola persona: el Director de la Obra Social.”
“Toda esta situación hizo eclosión durante la pandemia que nos azota”, escribió Maqueda en 2021. “Me retiro de las funciones de supervisión de la Obra Social -continuó- con un sabor amargo. Las tareas pendientes tapan los logros y las realizaciones. La Obra Social es muy codiciada por grupos de presión y sectores de poder por su solvencia económica actual. Todos elevan críticas pero no propuestas de soluciones reales para sus problemas que, básicamente, es una mejor atención a los afiliados (sic)”.
“Me gustaría reiterar a mis colegas tres cosas que vengo repitiendo durante el último año”, afirmó Maqueda, antes de enumerar tres cuestiones.
En primer lugar, reiteró “la necesidad de modernizar la obra social”, en referencia a la falta de un sistema informático y manuales de procedimiento administrativo, y sostuvo que durante su gestión se creó una comisión con la colaboración de Daniel Marchi (administrador de la Corte y mano derecha de Lorenzetti) y Andrés Sacchi, director de Sistemas del tribunales. “Ahora la dirección de la Obra Social deberá ponerla en marcha”, afirmó sobre la “modernización”.
En segundo lugar apuntó directamente a quienes gestionaban la Obra Social: solicitó a sus colegas “integrar el Directorio de la Obra Social con profesionales competentes, experimentados y comprometidos”.
En cuanto al tercer punto, Maqueda escribió: “Se debe enmarcar a la Obra Social bajo la dependencia de la Secretaría General de la Administración de la Corte Suprema”, es decir, bajo la tutela de Marchi, uno de los apuntados por los diputados de la Coalición Cívica en sus acusaciones y pedidos de juicio político contra el ex presidente del tribunal, Lorenzetti, ya que Marchi es el contador a cargo del manejo financiero de la Corte. Poner la obra social bajo la órbita de Marchi “será la única forma de hacer cumplir las órdenes ejecutivas que imparta la Corte Suprema en sus Acuerdos”. Su pedido se cumplió en febrero de 2022 por acordada del tribunal.
Se sucedieron frustradas licitaciones para equiparla (a la obra social) de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativas, no se modernizaron los sistemas de consultas, ni la deficiente calidad de servicios.
Por último, Maqueda agradeció la “confianza” y “apoyo” recibido de parte de sus colegas y, en especial, de Lorenzetti y Rosenkrantz, hasta entonces quienes habían ejercido la presidencia del tribunal.
Quince días después de la renuncia de Maqueda, un empleado del área informática de la obra social presentó una denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py por presuntas irregularidades en el sector, de acuerdo a una publicación de Infobae. Un mes y medio más tarde, la sede central de la obra social y el domicilio de Tonon, el entonces director, fueron allanadas en el marco de la causa.
Tonon es investigado en otro expediente penal a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social. Stornelli pidió el cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación.
ED
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