Un anuario oficial que habla de “estúpida carnicería humana”, el testimonio de una víctima directa y un sumario policial con el nombre de 20 sobrevivientes retenidos antes de poder emprender el doloroso camino del regreso; fueron la punta del ovillo para una investigación que permite hoy que la Justicia argentina se encamine a producir su segundo juicio penal por la verdad histórica de una masacre indígena.

Se trata de la “Masacre de El Zapallar” perpetrada por la policía de territorios nacionales el 7 de septiembre de 1933 contra población moqoit en territorio chaqueño e investigada desde hace 12 años por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco que en el plazo de dos meses tiene previsto interponer el pedido de elevación a juicio, según confirmó el fiscal adhoc Diego Vigay a elDiarioAR.

El fusilamiento de entre 50 y 70 personas tuvo lugar en lo que es hoy la localidad de General San Martín –antes denominada El Zapallar–, ubicada a 100 kilómetros del sitio donde en 1924 se había producido la “Masacre de Napalpí” –hoy Colonia Aborigen–, cuya investigación judicial dio lugar en 2022 a la primera sentencia penal contra el Estado Argentino por crímenes de lesa humanidad contra población originaria en el marco de un genocidio.

El último paso judicial importante dentro de este nuevo expediente se cumplió el pasado 6 de abril cuando la Fiscalía Federal de Chaco obtuvo los testimonios de 11 descendientes de los sobrevivientes registrados en el viejo sumario policial de 1933, quienes llegaron desde diferentes puntos de la provincia para reproducir ante los representantes del Ministerio Público la versión que sus abuelos o bisabuelos (ya fallecidos), les dieron sobre esa matanza grabada a fuego en la memoria colectiva.

“Fueron de 70 para arriba los asesinados, entre ellos niños, mujeres y ancianos”, dijo a los fiscales Héctor José (65), quien conoció la historia de boca de su abuelo Luis Salteño.

Por su parte, Sixto Lalecori (65), contó “la policía recibió con disparos de armas de fuego” al primer de grupo de moqoit en llegar a El Zapallar después de más de 20 días de caminata motorizada por la grave crisis alimentaria que asolaba sus comunidades.

“Pensaron que los moqoit habían ido a pelear, por eso los asesinaron a sangre fría”, dijo Alfredo Sateño (76) al repetir el relato de su abuelo Pedro Balquinta

 “Los que tiraban los tiros eran los policías y algunos civiles”, dijo Florencio Ruiz (55) que contaba su tatarabuela.

Las narraciones dan cuenta también de que muchas muertes se producen durante la huida, ya sea al intentar cruzar a nado el Río de Oro, ya sea por hambre o cansancio.

“En ese año, una persona mestiza que el ejército denomina ‘lenguaraz’ –pero que para nosotros era un ‘altemuy’–, anduvo recorriendo las comunidades (moqoit) para convencer a los caciques de que se había instalado la paz entre el blanco y el indígena, y los invitaba a asentarse en un lugar que se llamaba El Zapallar”, contó a elDiarioAR Juan Carlos Martínez, docente bilingüe que también ofreció testimonio como nieto de una sobreviviente.

“Les pidió que vendan sus cosas o que abandonen (sus territorios) porque allá iban a tener todo. Y mucha de la gente que estaba sufriendo sequía y hambruna, le creyó y se fueron”, agregó.

Por eso y porque no iban en actitud de guerrear, “no esperaban que los milicos –como le llamaban al ejército y la policía–, los recibieran a tiros”, como tristemente ocurrió.

“Algunos pudieron volver a las comunidades, pero cuando llegaron (a sus terrenos) ya estaban ocupados por los gringos, que estaban alambraban acompañados por policías”, dijo.

Un lugarcito donde amontonarse

Los grupos moqoit que lograron superar el intento de asesinato y la dura odisea del regreso, se encontraron con que sus tierras ya no les pertenecían y “se tuvieron que amontonar en algún lugarcito que quedaba en la zona rural”. 

“Todo eso me lo contó mi abuela, mis papás y mis tíos. Se lo contaba a escondidas, en voz baja, para que nadie sepa que la abuela estuvo porque fueron perseguidos y tenían miedo de que vuelva a pasar. La masacre de Zapallar quedó como último dolor para el pueblo moqoi”, dijo.

En diálogo con elDiarioAR, el fiscal Vigay explicó que “el grueso” de los 300 indígenas que marchaban a Zapallar “eran de la reducción Napalpí”, es decir, de uno de las cuatro reducciones estatales para indígenas –verdaderos centros concentracionarios– que funcionaron en los ex territorios nacionales de Chaco y Formosa entre 1911 y 1956, donde la población originaria era obligada a trabajar en condiciones muy cercanas a esclavitud.

Al llegar a las afueras de esa localidad, montaron un campamento “y tuvieron una instancia de negociación con el comisario”, como parte de la cual el funcionario “les acercó algo de comida” para evitar que siguieran avanzando, pero “que ni siquiera les alcanzó para todo el grupo”

Esas negociaciones no dieron resultado y movidos “por la desesperación, por la situación de hambre, deciden ingresar”, aunque dejando en claro su actitud pacífica por eso “disponen que vayan los niños y las mujeres primero, los ancianos después y, finalmente, los hombres”.

“Son recibidos por unos 40 efectivos de la policía de territorios nacionales y algunos civiles, que disparan repeliendo el ingreso: se estima que produjeron 50 muertes”, dijo.

Apegados a la idea de que se trataba de “un malón”, la policía detiene por algunas horas a 20 de los sobrevivientes cuyos testimonios asentados en el “Expediente N°926 del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco” del año 1933, ofician hoy como una prueba fundamental, porque pusieron nombre y voz a las víctimas directas de la matanza.

“Hicimos una búsqueda a partir del listado de detenidos adultos varones: con esos apellidos como referencia, llegamos a estos 11 descendientes (que dieron testimonio), casi todos nietos”, explicó Vigay.

Dadas las barreras físicas y simbólicas, la tarea no fue fácil y rindió sus frutos casi dos años después de haberse realizado el pedido público de colaboración al pueblo moqoit para dar con quienes, “por el relato oral de sus mayores, puedan tener conocimiento de lo sucedido y brindar testimonio”, según puede leerse en la convocatoria fechada en agosto de 2024.

“Trabajamos con docentes moqoi para trasladar el mensaje a la comunidad y finalmente un referente nos propuso organizar reuniones en las diferentes comunidades, en las que fueron surgiendo los nombres de estos 11 familiares de sobrevivientes. Y así fue que llegamos a los testimonios, que es el paso que nos faltaba para pensar en la posibilidad de una audiencia de juicio y una sentencia”, dijo.

No obstante, la causa contenía ya los testimonios de sobrevivientes directos de la masacre que fueron apareciendo en la investigación de la masacre de Napalpí: son los de Pedro Balquinta, Ramona Pérez –la abuela de Juan Carlos Martínez– y Justino Lalecori quienes declararon en su doble condición de sobrevivientes de Napalpí y Zapallar, pero no podrán participar de un eventual juicio de la verdad porque fallecieron en los años transcurridos desde entonces.

El expediente resultó muy prolífico también al mostrar cómo fue cambiando la calificación de los hechos a medida que avanzaban las pesquisas en 1933.

“Investigaban un malón, pero después resulta que de los testimonios indígenas se desprende que ellos sólo pedían trabajo o alimentos, y que lo que se describió inicialmente como armas, eran elementos de trabajo. Por eso terminan cerrando el expediente diciendo ‘bueno, fue todo un malentendido, fue un incidente’ y se le da la libertad a todas las personas”, contó Vigay

Queda pendiente, por otra parte, la localización de los cuerpos porque “todos los testimonios hablan de una fosa común, pero no nos dan dado ninguna ubicación que nos permita realizar una búsqueda” con antropólogos forenses por lo cual “es uno de los puntos” en los que podría avanzarse con el juicio. 

Sin embargo, el expediente judicial sí permitió identificar como sitio de la masacre el lugar donde se erige un centenario “tatané” –árbol de la flora local– y donde la comunidad qom local organiza cada año un homenaje a sus hermanos moqoit allí masacrados.

Allí se construyó allí un monolito como memorial que en noviembre pasado fue declarado “Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia” por una ley de la Legislatura chaqueña, que ya en 2014 ya había instituido por al 9 de septiembre de cada año como “día de duelo provincial, en conmemoración del suceso conocido como la Masacre del Zapallar”.

Además de los testimonios y el expediente judicial de época, fue clave la incorporación de la investigación realizada por el historiador, ex intendente de General San Martín y actual diputado provincial Rubén Guillón, volcada en un capítulo de su libro “El Zapallar, tenemos historia” (2012).

“Yo supe de la masacre por un artículo que publicó el profesor e investigador Eduardo Barreto en el diario El Norte. Cuando empiezo a indagar a nivel local, surge que ‘algo pasó’, pero no estaba a la vista. Es un tema que se hablaba por los pasillos de la comunidad, como algo prohibido. De hecho, después que publiqué el libro recibí el reproche de algunos vecinos mayorcitos que me increparon diciéndome ‘¿vos qué buscás? ¿Generar más odio, venganza?’”, contó a elDiarioAR Rubén Guillón.

Es que quienes siguen viviendo en General San Martín no son los moqoit sino los descendientes de aquellos policías y civiles que dispararon.

Lo primero que Guillón encontró tras entrevistarse con Barreto fue los certificados de defunción de los dos fallecidos oficiales de los que habló la prensa de la época, pero el documento “más categórico y contundente”, lo hallaría tiempo después, tras una revisión hoja por hoja de un ejemplar un libro la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que encontró en el Instituto de Geohistoria de El Chaco donde aparecía “un informe oficial que redactó el inspector que mandó esa comisión El Zapallar” tras la masacre.

“El hambre y la miseria amenazaban con acabar la tribu. Desesperados, decidieron ir a pedir socorro al pueblo de El Zapallar situado a unas leguas. Divididos en tres grupos marchaban. Adelante, las mujeres y los niños; más atrás, a continuación, los viejos, y a cierta distancia un tercer grupo, constituido por adultos, queriendo significar que iban con carácter de paz y a pedir socorro”, puede leerse en ese libro.

“Al tener noticias en el pueblo de la marcha de esta columna, el movimiento fue malinterpretado y reunidos un grupo de pobladores armados a las órdenes del comisario, recibieron a tiros a la miserable columna haciendo, por incomprensión, una estúpida carnicería humana”, continúa el relato de 1933.

El legislador destacó la importancia de esta prueba por tratarse, otra vez, de documentación oficial.

“¿Qué más prueba podés pedir si el informe oficial dice eso? No era un malón que quería ingresar al pueblo para asesinar, para matar y destruir, porque quién va a querer invadir un pueblo enviado adelante a las mujeres y niños. Por otro lado, habla de ‘carnicería’ ¡Como habrá sido una carnicería en 1933!”, dijo.

Dudas sobre el número real de víctimas

Una punta para seguir investigando, en este caso sobre el número real de víctimas, la constituye un párrafo en el libro de Barreto –ya fallecido–, donde se menciona que si bien “la Comisión Investigadora de la cámara de Diputados de la Nación, sostiene que fueron varias decenas” los moqoit asesinados en El Zapallar. Dar con esa documentación e incorporarla al expediente es una tarea pendiente.

La realización de un nuevo juicio por la verdad histórica dependerá de la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, la misma que habilitó el debate oral para el expediente Napalpí.

“(El historiador) Juan chico planteaba con mucha fuerza y claridad que no eran lógico tener víctimas delitos de lesa humanidad de primera y de segunda, que se juzgara la masacre de Margarita Belén de 1978 y no se investigara Napalpí. Ese pensamiento nos interpeló a quienes tenemos a cargo la investigación de crímenes de lesa humanidad en El Chaco y nos llevó a plantearnos qué herramientas y qué posibilidad cierta teníamos de investigar y juzgar algo que pasó hace 100 años”, dijo Vigay.

Y ahí apareció la herramienta de los juicios de la verdad “que es algo que ya había utilizado la justicia federal argentina en la década del ‘90 cuando estaban vigente las leyes de impunidad”, es así que “fuimos aplicando eso y dio sus resultados”.

“Como docente y descendiente directo de sobrevivientes que soy, me duele que haya habido tanta injusticia, tanta discriminación, pero lo más triste y doloroso es que eso aún hoy continua” reflexionó por su parte Martínez.

El referente moqoit explicó que, hoy como ayer, la discriminación opera a partir del desconocimiento.

“Por eso queremos hacer conocer a la sociedad que hay un pueblo viviente, sobreviviente y preexistente que tiene una sabiduría muy profunda. La sociedad argentina necesita más valores humanos, y los valores humanos los tienen los pueblos indígenas”, concluyó.

MAA/MG

Los nombres de 20 indígenas detenidos el 7 de septiembre de 1933 en lo que es hoy la localidad chaqueña de General

Las primeras investigaciones apuntan a la responsabilidad de EE.UU. en el bombardeo que asesinó a 168 personas en una escuela de niñas en Irán. Así lo revela una información de la agencia Reuters, que señala que aún no se llegó a una conclusión definitiva y que la investigación sigue abierta.

La agencia británica explica que no pudo determinar más detalles sobre la investigación, como las pruebas que contribuyen a la evaluación provisional, qué tipo de munición se utilizó, quién fue el responsable o por qué Estados Unidos podría haber atacado la escuela.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, reconoció el miércoles que el ejército estadounidense estaba investigando el ataque. Reuters no pudo determinar cuánto tiempo duraría la investigación ni qué pruebas están buscando los investigadores estadounidenses antes de que se pueda completar la evaluación.

La escuela de niñas de Minab, en el sur de Irán, fue alcanzada el sábado durante el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.

El Congreso, con Trump

La Cámara de Representantes rechazó este jueves por un estrecho margen una resolución sobre los poderes de guerra para detener el ataque de Trump contra Irán, un día después de que el Senado rechazara una iniciativa similar.

El estrecho recuento de 212 a 219 en la Cámara es una señal de la inquietud que existe en el Congreso, ya que el conflicto, que se está extendiendo rápidamente y que reordena las prioridades de EE.UU. tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Cuatro demócratas se unieron a todos los republicanos, excepto dos, para oponerse a la iniciativa. El miércoles se bloqueó una votación similar en el Senado.

Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en Kuwait cerró tras los ataques iraníes, convirtiéndose en la segunda misión diplomática estadounidense en suspender por completo su actividad desde que comenzó la guerra con Irán tras la de Arabia Saudita, que resultó atacada el martes pasado. Kuwait es también el lugar donde seis soldados estadounidenses murieron el domingo por un ataque con un dron iraní.

Trump quiere participar en la elección del líder iraní

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves quiere participar en la elección del próximo líder de Irán, según declaró a Axios y Reuters. Trump calificó a Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado líder supremo y posible candidato al cargo, de “inaceptable” e “insignificante”.

Los comentarios de Trump son los más explícitos que hizo sobre su visión del papel de EE.UU. en la creación de un nuevo Gobierno en Teherán y se producen cuando la guerra en Irán se sigue ampliando: Israel lanzó nuevos ataques en Beirut, tras emitir órdenes de evacuación para algunas zonas de Líbano que provocaron el pánico en Beirut y sus alrededores.

La ofensiva israelí en Beirut es otra señal de que Líbano, sede de Hezbollah, se está convirtiendo en un nuevo frente de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán. “Salven sus vidas y evacúen sus hogares inmediatamente”, dijo en un comunicado Israel: “Les informaremos cuando sea seguro regresar”.

Los países europeos, por su parte, intensificaron este jueves su despliegue de recursos militares en Oriente Medio, mientras los líderes mundiales se preparaban para el impacto de la guerra en la economía global.

Los líderes europeos, varios de los cuales desaprueban el ataque de Estados Unidos e Israel, señalan que sus despliegues tienen como objetivo proteger a sus ciudadanos y sus intereses, así como las rutas marítimas, y no participar en los bombardeos de Irán.

Y es que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán no cesan. El ejército estadounidense dijo que estaba “buscando y destruyendo” los lanzamisiles móviles de Irán. Las autoridades israelíes afirmaron que habían logrado la superioridad aérea en Irán, tras haber destruido el 80% de las defensas aéreas del país y el 60% de sus lanzamisiles.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este martes que la megaoperación ocurrida la semana pasada en Río de Janeiro fue una “masacre”, al referirse a la acción de las fuerzas de seguridad que dejó 121 muertos entre sospechosos y policías en los complejos Alemão y Penha.

La declaración del mandatario brasileño se realizó esta mañana en una entrevista con agencias de noticias internacionales y reflejó CNN Brasil.

Según Lula, “la orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre. Creo que es importante examinar las circunstancias en las que sucedió”.

Lula también calificó la operación de “desastrosa”. “La cruda realidad es que, en términos del número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero, desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa”, dijo el mandatario.

Además, Lula dijo que el gobierno federal impulsará una investigación independiente sobre la megaoperación policial que terminó con 121 personas muertas en Río de Janeiro la semana pasada, incluidos cuatro policías.

“Es importante analizar las circunstancias en las que ocurrió”, declaró Lula en la entrevista con la prensa internacional en Belém.

“Estamos llevando adelante esta investigación. Incluso estamos tratando de ver si es posible que los expertos forenses de la policía federal participen en el proceso de investigación de las muertes, cómo ocurrió, porque hay muchos relatos, hay mucha información”, argumentó.

La denominada Operación Contención del 28 de octubre, que tuvo como objetivo a la facción criminal CV (Comando Vermelho) fue la más mortífera de la historia de Brasil .

Las autoridades de Río de Janeiro calificaron la acción de las fuerzas de seguridad de exitosa, y el gobernador Cláudio Castro (PL) afirmó que las “únicas víctimas reales” fueron los policías muertos, alegando que todos los demás fallecidos eran delincuentes.

Con información de NA

JIB

La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató un plan de “masacre escolar” al detener a un adolescente de 16 años que proyectaba realizar un tiroteo en una escuela del barrio porteño de Caballito. La investigación se inició a partir de un informe del FBI remitido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin.

El reporte estadounidense advertía sobre un usuario en redes sociales que había manifestado su intención de perpetrar un ataque masivo en un establecimiento educativo. Con esa información, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA identificó al autor y allanó su domicilio sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, por orden de la jueza federal María Romilda Servini.

Durante el operativo se secuestraron varias réplicas de armas de fuego —pistolas, un revólver y un subfusil—, además de cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”. También se encontró una carta de despedida y el subfusil con inscripciones alusivas a reconocidos autores de ataques masivos, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich, conocido como “Pan Triste”, autor de la masacre de Carmen de Patagones.

Los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una fuerte admiración por el régimen nacionalsocialista y por distintos tiradores en masa. Según los documentos hallados en su poder, tenía previsto ejecutar el ataque en noviembre: planeaba generar una distracción con una amenaza en un centro comercial cercano y luego ingresar al colegio haciéndose pasar por policía para iniciar el tiroteo.

El joven, que cursa en el colegio Miguel Hernández y antes asistía al Educativo Modelo —la institución donde planeaba el ataque—, fue puesto a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “intimidación pública”, y la jueza Servini ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica.

En las últimas horas trascendieron mensajes de un familiar del adolescente en un grupo de WhatsApp, donde aseguró que el joven “está controlado en el hospital y sin custodia policial porque se comprobó que no hay riesgo para nadie”. También indicó que el muchacho “está en tratamiento psicológico por depresión” y que “esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo”.

Según la misma fuente, las armas y cargadores secuestrados pertenecerían a un deporte que utiliza réplicas eléctricas. Sin embargo, las autoridades judiciales mantienen bajo análisis todo el material incautado.

Con información de la agencia NA

El domingo 14 de enero a las dos de la tarde, en el barrio “8 de diciembre” de González Catán, provincia de Buenos Aires, un asentamiento extenso con árboles que ensombran los pastizales, un pequeño arroyo, una tosquera en el centro y pequeñas casillas de madera alrededor, Luis Bascope, de 16 años, sabe que tiene que correr.

No es un día para hacerlo. Con 32 grados, Luis preferiría estar en su casa de Villa Celina junto a su hijo Noah, de dos meses. O en la casa de su madre, Julia Bascope, en el mismo barrio, a la espera de que el sol de tregua para salir a patear una pelota a la canchita arenosa de Celina. Cualquier lugar, pero lejos de donde está ahora. Porque ahora, a las dos de la tarde del domingo 14 de enero en el barrio “8 de diciembre” de González Catán, durante una asamblea vecinal a la que Luis llegó junto a otros casi 80 vecinos para discutir, entre otros temas, la construcción de una plaza para niños, los disparos irrumpen en su forma más vil, inesperados.

Entonces, los gritos. Los heridos que caen. Más disparos. Tres jóvenes armados y desconocidos huyen hacia una lomada de pastizales, mientras algunos vecinos, como Luis, los persiguen. Corre Luis. No tiene una pelota en sus pies. No puede enganchar con la derecha y pisarla hacia atrás ni dormir el partido, como le gusta. Es un delantero habilidoso, cuentan los que lo vieron jugar. En el potrero de Villa Celina prefiere más pegarle de comba que rematar fuerte. Medir al arquero y buscar el espacio. Pero ahora, Luis, de 16 años, papá reciente y trabajador de la construcción, no tiene un arco de frente. Desde la lomada robusta hacia la que huían los pistoleros, a unos 600 metros de donde comenzó el tiroteo, agazapados entre pastizales altos y esperando por su momento, hay más hombres armados. Son cuatro. O cinco. O más. Cargan armas largas y apuntan directo a su cabeza. Luis, esa tarde, no puede retroceder el juego.

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La casa de Julia Bascope es una construcción ampulosa, de dos pisos, en Villa Celina, localidad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Es un jueves de enero y el sol raja las paredes sin revocar del hogar, que tiene un moño de luto junto a la puerta. Hace cuatro días, cinco personas fueron asesinadas y otras 12 resultaron heridas de gravedad en González Catán, a 17 kilómetros de la casa de Julia, luego de que un grupo armado irrumpiera en una asamblea vecinos y disparara a mansalva en el naciente barrio “8 de diciembre”. Luis, su hijo y propietario junto a su novia Araceli de un terreno allí, murió tras recibir dos disparos en la cabeza. Un testigo que no quiso revelar su identidad le confesó al elDiarioAR que, a los caídos como Luis, los remataban en el piso.  

Las hipótesis sobre por qué había un grupo de personas armadas y ajenas al barrio en una reunión de vecinos abundan: que los llevaron las  mismas personas que “administran” la urbanización del lugar ocupado ilegalmente porque temían la represalia de los propietarios; que estaban allí “por las dudas” y no para desencadenar una matanza; que la parcela destinada a construir una plaza para los vecinos se iba a poner en venta, lo que podía llevar a una reacción de los propietarios en contra de los “administradores”. El Gobierno también elaboró su propia hipótesis y, además, le agregó una chicana: “Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose por tener un pedazo de tierra”, ironizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y agregó que el hecho se trató de un asunto “estrictamente provincial”.

Para Julia Bascope, sin embargo, no hay hipótesis, ni chicanas. Hay certezas: “Mi hijo no era un usurpador. Él quería un futuro mejor para mi nieto y su pareja, y lo mataron a sangre fría”, dice la madre. 

En la casa de los Bascope hay un altar con velas sobre una mesa blanca. En el centro, un retrato de Luis: tiene un flequillo negro y lacio, tan prolijamente cortado que parece pintado. Y sonríe. “Decía siempre que quería jugar al fútbol para ganar plata y comprarme una casa con vivero porque a mí me gustan las plantas”, cuenta Julia. Es boliviana y llegó al país hace 18 años, desde Santa Cruz. Ama de casa, su pareja la abandonó cuando Luis nació. “A él le importaba mucho ser un padre responsable porque no tuvo papá”, dice. “Hace dos meses había nacido su hijo”. 

Noah Bascope Rivera llegó en noviembre, tras su noviazgo con Araceli Rivera, también de 16 años. El papá de Araceli les regaló a los dos el terreno en González Catán el año pasado para que se muden allí desde Celina y críen a su hijo. “Trabajaba por la mañana en una construcción y estudiaba a la noche. Los fines de semana se iba al terreno a cuidarlo y recién volvía el lunes a visitarme”, retoma la madre. El domingo por la tarde, Julia recibió un llamado desde el Hospital Balestrini: su hijo estaba internado y necesitaban que se acerque urgente para firmar el consentimiento de una operación de riesgo, dado que era menor de edad. “Cuando llegamos, estaba todo entubado, lleno de sangre”, rememora la madre. A las seis de la tarde de ese domingo, cuatro horas después del tiroteo, Luis falleció tras un paro cardiorrespiratorio producto de las dos balas en su cabeza. Al día de hoy, no se sabe quiénes dispararon.

“Era fantasioso. Quería juntar plata para armar la casa en el terreno que le regalaron los suegros. A la vez quería ser jugador de fútbol. Hincha fanático de Boca”, dice Julia. La canchita de Villa Celina, a unas cuadras de su casa, está vacía: el sol aún no permite jugar. Santino, de ocho años y hermano menor de Luis, viste una remera de Boca. “Le pegaba de comba, siempre”, recuerda.

Olga Jiménez dirige el comedor “Mamá Celina” desde el 2012. Conocía a Luis “como si fuera un hijo más”. “De chiquito venía al comedor. Una persona muy, muy buena. Ahora viene su hermanito”, dice. Se enteró de la muerte el mismo domingo, cuando unos jóvenes se le acercaron y le mostraron uno de los videos que circularon de la masacre. En una de las filmaciones, captadas por un celular, se ve a un grupo de gente agolpada que, tras oír una ráfaga de disparos, comienza a correr. En otro, se filman algunos heridos en el piso. Ninguno, sin embargo, es Luis. “Con él se muere una parte del comedor”, dice Jiménez, mientras una capa de polvo se levanta en la canchita.

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La noche anterior a que lo asesinaran, Leonel Tuco Tapia, de 28 años, había ido al recital de La Renga en la cancha de Racing. El sábado 13 de enero, junto a su hermano mayor, Geovani, de 32 años, se emocionaron y cantaron con la icónica banda de Mataderos. Leonel, sin embargo, no podía desvelarse mucho. El domingo temprano tenía que estar en el terreno de González Catán que había comprado junto a su novia, Ayelén Flores. 

La oferta les llegó a través de la familia de Ayelén en noviembre; les comentaron que en ese lugar del conurbano había terrenos baratos para comprar y construir. A Leonel no le seducía para nada mudarse desde Lugano, en Capital Federal, hasta González Catán. Sin embargo, la oportunidad de tener un terreno propio por poca plata ─alrededor de un millón de pesos─, era algo que sí veía con buenos ojos. “Él lo quería para inversión”, cuenta Harry Tuco Tapia, desde su casa en Lugano. “No era un usurpador, como dicen. Vio una oportunidad de negocio con la pareja. Mi hijo siempre ahorraba e invertía por su futuro”, agrega. 

Harry llegó desde La Paz, Bolivia, junto a su pareja Teresa en 1991, al poco tiempo de nacer Geovani, su primer hijo. Años más tarde, en el 95, llegaría Leonel. “Venimos de una familia de laburantes y llegamos a la Argentina en busca de progreso”. En Bolivia, cuenta, era albañil. “Acá me dedico a la costura”, señala Harry. La crianza de Leonel fue sin lujos, aunque tampoco carencias. “Desde muy chico él quería progresar. Siempre fue de proyectar un futuro mejor para él y la familia”, retoma Harry. Los oficios abundan en su historia: volantero, empleado en un comercio de ropa, taxista, cadete en un estudio jurídico, enfermero, cortador de ropa en un taller de Villa de Celina. Los gustos también: autos con parlantes estrafalarios, el fútbol y Boca Jrs., los viajes a las cataratas del Iguazú con su novia, la música. El sábado, durante el recital de La Renga ─casi al final─, ‘Chizzo’ cantó “El viento que todo empuja”, el tema preferido de Leonel. “El águila muerte siempre vuelve/ y afina su aguda vista/sin saber cómo fue vivir”, reza en una estrofa.

El domingo 14 de enero, pasada las dos de la tarde, Leonel cortaba el pasto de su terreno en el barrio “8 de diciembre” de González Catán, mientras su novia asistía a la asamblea vecinal. Tras ver la turba de vecinos que perseguía con piedras y palos a tres personas armadas, se sumó a ellos. Hasta que llegó a los pastizales, de donde salieron más hombres armados. “Fue una emboscada”, afirma Ayelén. “Estaban preparados para disparar”.

Leonel, al igual que Luis Bascope, recibió un disparo en la cabeza. Su novia, luego de ser consciente de la situación, lo cargó como pudo a su auto y lo llevó a un hospital. “Lo sentía frío ya”, cuenta entre lágrimas. “No sé porque salió a perseguirlos, es algo que me lo voy a preguntar toda la vida”. Leonel tenía una remera manga corta y en cada uno de sus brazos, tatuados, dos nombres: “Teresa” y “Harry”.

Cuando Harry se enteró de la muerte de su hijo, fue hasta González Catán a buscar sus pertenencias. La tierra que Leonel había comprado con sus ahorros y préstamos familiares, vio Harry ese domingo, estaba regada de sangre, con casquillos de bala desperdigados. “Mi hijo solo pensaba en tener un futuro mejor”, dice el padre. “Pocos laburantes con ganas de avanzar en la vida había como Leo”.

Ayelén tiene una bolsa de nylon negra sobre su regazo. Son las zapatillas de su novio. Las últimas que usó. Negras, de plataforma blanca, todavía tienen gajos de pasto entre los cordones. “Quiero que se haga justica por Leo. Que caigan todos los culpables”, dice. Sobre los terrenos de Catán, la joven sentencia: “No quiero volver nunca más”.

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El 8 de diciembre de 2023 se realizó el loteo y la posterior ocupación de los terrenos, donde primeramente se instalaron 70 familias. Había lugar para cuatrocientas en todo el predio.

El loteo, según explican vecinos del lugar, fue realizado por “delegadas”, que además están a cargo de cobrarles a los futuros propietarios de esas tierras los servicios del tendido eléctrico, la apertura de calles y los pozos de aguas. El valor de los lotes iba desde $20.000 a los $500.000 en los primeros meses. Luego fue elevado a entre $1 millón y  $3 millones. El valor de las cuotas que cobraban por los servicios era decidido únicamente por las “delegadas” y “delegados”. Quienes no lo pagaban, señalan algunos vecinos, eran expulsados del predio a la fuerza. “Ese mecanismo se fue convirtiendo en un método para amedrentar a los vecinos”, explica un residente del barrio. 

En los últimos meses, producto de algunos “abusos” por parte de los delegados, la tensión entre los propietarios aumentó. El domingo 14 de enero, día de la masacre, la asamblea se organizó a la salida de la casa de Juana Correa Villalba, una de las delegadas, hoy detenida junto a dos hombres más: el “delegado” Wilson Santander y el vecino del barrio Walter Escobar. La propuesta, relatan algunos testigos, era discutir temas de urbanización, como la creación de una plaza y los avances de otras obras. Es ahí donde comienzan los tiroteos y las corridas. Los peritos determinaron que las armas utilizadas fueron 9 milímetros, calibre 40 y FAL (Fusil Automático Liviano). La razón por la que un grupo de sicarios atacó a los vecinos  aún no fue confirmada por la justicia.

La hipótesis de una “emboscada” es la que más sostienen los vecinos que estuvieron aquel domingo. “Hubo una masacre preparada”, señala Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero. Junto al dirigente Juan Grabois, el PO tomará la representación legal de tres de las familias de las cinco víctimas fatales. 

Este domingo, durante un acto en el barrio, se propondrá un nombre para refundarlo. Algunos vecinos dicen que el cambio de fecha del “8 de diciembre” al día de la masacre “14 de enero” es lo más apropiado. Sin embargo, una fuente que prefiere no revelar su identidad, quiere que se llame “Sin fronteras”, ante las múltiples nacionalidades que lo habitan. “Y para que podamos vivir, por fin, en paz”.

FLD/DTC

El pasado 27 de septiembre, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron una fosa común donde fueron enterradas víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado de 1887, en Santa Fe. El lugar estaba siendo investigado a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista en el marco de un juicio por la verdad histórica por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el siglo XIX. “Es histórico porque se trata del hallazgo de la primer fosa común de una masacre indígena llevada a cabo del Estado argentino”, explicó el antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados del INAI.

“En Argentina tenemos ubicada una fosa común más antigua en Mendoza, pero como parte del genocidio indígena cometido por los españoles, y el EAAF está en plena búsqueda de las fosas comunes de la masacre de Napalpí”, agregó. Pepe es también miembro fundador del Colectivo Guías, una organización que viene trabajando en la producción de pruebas en esta causa de verdad histórica a través de investigación y análisis de documentación.

Según indicó la abogada que representa a las comunidades qom y moqoit descendientes de los indígenas fusilados, Cintia Chávez, explicó que la jornada fue muy emotiva: antes de iniciar las tareas de explotación se le pidió permiso a los ancestros para llevar a cabo la tarea y se les pidió que bendijeran al cuerpo de investigadores que incluía autoridades estatales, indígenas y al obispo José Ángel Masín.

“Pero, además, la primera palada para encontrar los restos la realizó (el cacique) Ariel Chará de la comunidad Qompi, que después nos contó la enorme emoción que le causó el haber encontrado a sus abuelos”, contó Chávez. Este referente de la comunidad encontró a unos 45 centímetros de profundidad, parte de un cráneo, que luego el antropólogo Juan Nobile y las arqueólogas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron que era humano.

Este primer hallazgo permitió confirmar que allí se encontraba una fosa común, no se pudo seguir adelante con las excavaciones dado que la orden era detener los trabajar cuando se encontraran restos óseos. Ahora, se deberá esperar una nueva solicitud judicial para realizar la exhumación y peritaje de todos los cuerpos allí alojados. “Se siguió ese sondeo un poco más para confirmar que estaba in situ todo el esqueleto, y se frenó ahí la excavación porque se terminó la etapa de búsqueda, se cerró otra vez todo y estamos esperando que se apruebe el plan de extracción”, relató Pepe.

Cuál es la historia detrás de los cuerpos indígenas enterrados en la fosa común de Santa Fe

En 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom se instalaron en la localidad religiosa de San Antonio de Padua de Obligado, en la zona del chaco santafesino. El enclave buscaba convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e incorporarlos a la mano de obra barata al capitalismo agroexportador. Se trataba de una iniciativa impulsada por el misionero franciscano y jefe espiritual Ermete Constanzi.

Los indígenas también debían trabajar en los ingenios azucareros de las localidades vecinas y servir en la guarnición militar de Las Toscas bajo el mando del comandante Marcos Piedra.

Paulatinamente, las condiciones de vida de los indígenas fueron empeorando debido a sucesivas epidemias, abusos físicos, castigos de parte de las autoridades militares y la mala alimentación. Esto generó tensiones entre estas comunidades y el Estado argentino, pero no fue hasta el verano de 1887 que se terminó de quebrar el vínculo.

Para entonces, el Ejército Nacional, por pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentina Roca, Rudecindo, había raptado a una niña indígena para servidumbre. Este hecho generó una sublevación por parte de las comunidades mocoit y qom, que derivó en el asesinato de Piedra y otro soldado y el desplazamiento de los indígenas al monte.

A modo de represalia, el ejército reprimió y fusiló a 16 indígenas que no habían participado a la revuelta y continuaban asentados en San Antonio. En los diez días posteriores, los asesinatos continuaron.

ACM con información de agencias.

Luego de más de ocho horas de deliberación, un jurado popular declaró culpables a los cuatro policías involucrados en la denominada “Masacre de Monte”. Dos de ellos recibieron la prisión perpetua por homicidio agravado, mientras que los otros dos tendrán penas más leves.

Rubén García y Leonardo Ecilapé son los agentes que recibieron por unanimidad la pena máxima por el delito de “homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial, y por ser cometido mediante arma de fuego”. Manuel Monreal y Mariano Ibañez, por su lado, fueron condenados por mayoría por la tentativa de este mismo delito.

En el incidente, ocurrido en la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) fallecieron y Rocío Quagliarello (hoy, 17), en un choque de auto tras una persecución policial a los tiros. Los agentes culpables habían perseguido sin motivo a los cuatro jóvenes que se trasladaban en un Fiat 147 a lo largo de la colectora de la ruta 3. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, el vehículo impactó contra el acoplado de un camión detenido en la ruta luego de recibir disparos de parte de la policía.

ACM con información de Télam

Al menos ocho personas han muerto y catorce resultaron heridas, de las que siete están en estado crítico, tras un tiroteo sucedido en la noche de este jueves en la localidad serbia de Mladenovac, a unos 60 kilómetros de Belgrado. Es el segundo ataque en el país esta semana después de que el miércoles un adolescente matase a nueve personas en una escuela de la capital.

La Policía ya detuvo al atacante, de 21 años de edad, tras permanecer rodeado varias horas, en los alrededores de la ciudad de Kragujevac, a unos 140 kilómetros de la capital. Continúa el trabajo para esclarecer los hechos y las circunstancias de lo ocurrido.

El tiroteo tuvo lugar en la aldea de Dubona, cerca de Mladenovac. En tres pueblos de los alrededores, la policía había bloqueado la zona y registraba casa por casa en busca del atacante. Unos 600 policías de unidades especiales estaban en busca del agresor, según ha informado la televisión pública serbia RTS, y según medios locales el atacante habría disparado con armas automáticas. El ministro del Interior, Bratislav Gasic, ha calificado el crimen de “acto terrorista”.

Entre los fallecidos hay un agente, que estaba fuera de servicio en ese momento, así como su hermana. Los heridos han sido atendidos en varios hospitales de Smederevo y Belgrado. Dos de ellos, de 21 y 23 años, han sido intervenidos quirúrgicamente y su vida corre peligro.

El tiroteo se produjo casi dos días después de otro acaecido en Belgrado el miércoles en el que un joven mató a ocho estudiantes y a un guardia de seguridad en un colegio de enseñanza primaria. El jugador de básquet y estrella de la NBA, Luka Doncic, anunció que pagará los funerales, así como el costo de la ayuda psicológica de los supervivientes, a través de la Fundación Luka Doncic. “Tengo el corazón roto por el trágico tiroteo en una escuela en Serbia y la pérdida de vidas, incluidas las de niños inocentes”, escribió la figura de Dallas Mavericks en un mensaje en Twitter.

Nueve personas, ocho de ellas menores, han muerto y varias han resultado heridas en una escuela de Belgrado después de que un joven de 14 años, alumno de esa institución, disparara por la mañana contra sus compañeros y contra el personal docente y de seguridad.

Ocho niños y un guardia de seguridad han fallecido, mientras que seis niños y un docente han resultado heridos y actualmente están siendo atendidos en el hospital, según ha informado el Ministerio del Interior serbio.

El ministerio ha dicho en un comunicado de que la policía local “ha enviado todas las patrullas disponibles” al lugar de los hechos y ha detenido al menor sospechoso en el patio de la escuela.

Según las autoridades, se trata de un alumno del séptimo curso, quien habría disparado con una pistola, supuestamente propiedad de su padre, contra varios alumnos y miembros de seguridad de la escuela.

“Los heridos están siendo atendidos y la policía trabaja para establecer los hechos y las circunstancias en relación con lo ocurrido”, dice el ministerio en un comunicado.

Los medios locales informan de que numerosas ambulancias están en la zona, así como numerosos policías con equipos de intervención especial.

La zona en torno a la escuela “Vladislav Ribnikar”, cerca del centro de Belgrado, está bloqueada mientras se lleva a cabo la evacuación de los alumnos que se encontraban en el edificio en el momento del ataque.

Con información de agencia EFE.