Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron el programa “ciudadanía por inversión” el viernes por la mañana, desde la Embajada argentina en París. La oferta consiste en que un extranjero puede obtener la ciudadanía a cambio de US$350.000, o la suscripción de un bono por US$800.000. “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, celebró el ministro de Economía.

El estudio británico Henley & Partners tenía todo preparado. El mismo día, en simultáneo con el anuncio, la firma publicó en su sitio detalles del programa, con una declaración de su CEO, Juerg Steffen. Valoro “enormemente la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno argentino a través de una serie de talleres y conversaciones sobre el marco normativo en curso”, dijo.

Sin secretos, la empresa, que se presenta como la más grande del mundo en el negocio de la “ciudadanía por inversión”, publicó en su cuenta de Instagram el mismo viernes estar “lista para comenzar de inmediato el proceso de incorporación de interesados”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners, en una publicación acompañada de una ciudada producción gráfica.

En un segundo posteo del lunes sobre el tema ofreció pruebas de su colaboración, con una foto de Steffen y colaboradores en Casa Rosada. “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos”. La imagen conlleva reminiscencias de aquélla de Hyden Davis y Mauricio Novelli, los jóvenes contratantes de Milei en un negocio cripto, que terminaron montando el la presunta criptoestafa $LIBRA desde Casa Rosada, donde se fotografiaron, en el verano de 2025.

Henley & Partners no es un nombre neutro. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó de anular el programa de venta de ciudadanía de Malta a cambio de US$640.000, por la polémica generada sobre los receptores del “pasaporte dorado”. Sólo en ese negocio, la firma británica obtuvo una ganancia de US$55 millones en comisión tanto de quienes se postulaban a obtener la ciudadanía maltesa —y con ello, la libre circulación por Europa— como del propio país anfitrión. Años antes, Henley se había hecho fuerte en el Caribe. Un informe del Parlamento británico —citado por el Financial Times— acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves, un microestado que se convirtió en un laboratorio de ensayo de la venta de ciudadanía con bajísimos requisitos. El negocio se expandió por microestados vecinos.

Los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero, como detalla la Henley & Partners, son: Antigua y Barbuda, Grenada, Malta, Naoero, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.

El anuncio de Caputo significa sin dudas un hito para Henley & Partners. Como destaca en su página web, el pasaporte argentino brinda tránsito libre por 170 países del mundo y la posibilidad de extender el beneficio “dorado” en la “tercera economía de América Latina” a la familia del interesado, a cambio de US$100.000 por cabeza, o US$25.000 si los hijos son menores de 18 años.

El estatus de libre circulación por el mundo y la condición de una economía mediana es en una combinación excepcional entre los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero. Henley & Partners los enumera: Antigua y Barbuda, Grenada, Malta, Naoero, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía. Otra economías de mayor peso tienen programas a cambio de residencia, no ciudadanía. “Argentina agrega una nueva dimensión” al negocio, se entusiasmó Dominic Volek, director de Clientes Privados de la firma británica.

En el registro de audiencias de Casa Rosada constan dos de las “numerosas reuniones” de ejecutivos de Henley & Partners con funcionarios. Su CEO, Steffen, ingresó dos veces en 2025 a la sede de Gobierno para reunirse en la Jefatura de Gabinete; una con su titular, Guillermo Francos, y la otra con su segundo, Lisandro Catalán. Dichas visitas fueron en fechas sugestivas: dos semanas después de un DNU que creó el sistema de venta de ciudadanía argentina, y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.

Henley & Partners no respondió consultas de elDiarioAR.

“Toda de Caputo”

El Poder Ejecutivo firmó el DNU 366 el 28 de mayo de 2025. El Presidente y los ministros suscribieron una amplia reforma migratoria que, en sus artículos 37 a 42, incorporó a la Ley 346 de Ciudadanía una nueva vía de naturalización por “inversión relevante”, sin requisito de residencia previa, y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía encargado de diseñar, promocionar y gestionar esos programas. Al mismo tiempo, el texto elevó drásticamente los requisitos burocráticos para obtener la naturalización para extranjeros normales, no dueños de un capital extraordinario, que contaban con una ley migratoria considerada un modelo en el mundo por su apertura.

Dos semanas después de DNU 366, el 11 de junio de 2025, a las 17.16, Steffen entró a la Casa Rosada por Rivadavia 250 para una reunión con Francos. Lo acompañaban Olinda Salguerón y Diego Ortiz de Cevallos, y los tres salieron juntos a las 18.11. Tres minutos después de su ingreso entró Lisandro Catalán, entonces secretario del Interior.

El 14 de julio, Steffen volvió, esta vez para ver a Catalán, ya vicejefe de Gabinete del Interior. Entró con Ortiz de Cevallos y Salguero, y con Kyle Pascal Sarkas y Peter Ferrigno. Todos se retiraron a las 11.44. Dos semanas más tarde, el 30 de julio, el Gobierno firmó el Decreto 524/2025, que reglamentó el procedimiento y fijó la intervención de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper en la evaluación de los solicitantes.

Pese a que la vía registrada de acceso del grupo de Henley & Partners fue la Jefatura de Gabinete, en el Ejecutivo remiten a Caputo como mentor de la iniciativa. Francos y Catalán no respondieron consultas de elDiarioAR; tampoco Santilli. “Es toda de Caputo y de (Juan) Pazo”, dijo una fuente. “Santilli sólo apareció en la foto en la Embajada porque lo llamaron”, resumió otra.

Pazo, ex CEO de las empresas de indumentaria Rapsodia y Caro Coure, es un hombre de la mesa chica del ministro. Fue secretario de Industria en 2024 y estuvo al mando de ARCA en 2025, pese a que habría omitido declarar una sociedad en el estado de Florida que registraba una propiedad. Pazo fue artífice de la redacción de la ley de Inocencia Fiscal y, tras dejar el cargo en ARCA, se acogió a sus beneficios. Ahora asesora a la Agencia de Programas de Ciudadanía de Inversión.

En Economía niegan cualquier contacto con Henley & Partners. En la presentación en la Embajada en París, Caputo dijo que la iniciativa nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años... (Alli) surgió el pedido desde muchos sectores de la ciudadanía argentina". Según el ministro, en esa localidad de turismo de sky en el estado de Idaho, tecnomillonarios les pidieron a Milei y a él que habilitara el pasaporte argentino.

Si bien un comunicado oficial del Ministerio de Economía admitió que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”, en la oficina de Caputo desconocen reunión alguna con Henley & Partners.

El diseño institucional del programa es coherente con la versión de que es una creación centrada en Caputo: la agencia que evaluará las peticiones de ciudadanía dependerá de Economía.

Henley trabaja de los dos lados del mostrador: asesora a los Estados en el diseño de sus programas y cobra honorarios a los países anfitriones y a los migrantes por gestionar el pasaporte. En su sitio web, la oferta del programa “Argentina Citizenship by Investment” está expresada en cuatro idiomas, con formulario de contacto, teléfono en Zúrich y la enumeración de las ventajas.

Las diputadas Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, y Paula Penacca, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para derogar los artículos incorporados por el DNU y el Decreto 524/2025. “Acá vos decís le doy al fisco 350.000, dame el CBU, pasás esa plata y te dan el pasaporte. No tenés ni que venir a vivir acá, ni producir, ni generar un solo puesto de trabajo”, dijo Carignano este martes en un comunicado de prensa.

Sospechas de corrupción

Christian Kälin, presidente de la empresa, consideró ante el FT que “Henley se convirtió en el rostro de la migración por inversión porque creó una industria alrededor de eso”, aunque se lamentó del retroceso en Malta.

El programa maltés entró en crisis en 2017, tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia, una periodista que investigaba el otorgamiento de ciudadanías compradas.

En 2022, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia revelaron, a partir de documentos internos de Henley, que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude. La investigación documentó que el citado Christian Kälin mantenía negocios con un cliente al que le tramitaba la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, mientras promovía inversiones de un fondo estatal de ese mismo microestado caribeño en la empresa de ese mismo interesado.

Según OCCRP, entre los clientes de Henley & Partners se encuentran el iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, postulante para la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves en 2009. Al año siguiente fue arrestado por lavado de dinero en Estados Unidos. Por su parte, Ruben Vardanyan, considerado un “oligarca” ruso, también acusado de lavado, apuntó al pasaporte de ese mismo microestado, junto a ocho miembros de su familia.

El empresario petrolero nigeriano OlawaSeun Ogunbambo contrató a Henley para obtener una ciudadanía en un paraíso fiscal caribeño. Acusado de lavado de dinero y contrabando, se encuentra prófugo desde 2014.

Un comité del Parlamento británico también investigó la relación de Kälin con Alexander Nix, ejecutivo de SCL, la casa matriz de Cambridge Analytica. Según la acusación, SCL incidió en San Cristóbal y Nieves y en San Vicente y las Granadinas para favorecer a sus gobiernos, a cambio de habilitaciones de cupos para pasaportes. “Todas esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas”, respondió una vocera de Henley & Partners.

Nix, de Cambridge Analytica, es el mismo ejecutivo que admitió ante el Parlamento británico haber trabajado en 2015 en Argentina para “lograr un cambio político”, contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

SL/MC

El avispero económico y político se ha agitado en estos días a raíz de la explosión de lo que algunos llaman ́economía barrani ́. Este término, de origen hindú, invoca a la economía en negro. El debate sobre esta cuestión arrancó por la disparidad existente entre las estadísticas oficiales de actividad económica y empleo, de un lado, y el ́estallido ́que algunos observan en la gastronomía o el comercio, por el otro. Argentina se ́barranizaría ́ a dos puntas: por el lado de la producción o la oferta, evadiendo la facturación legal y -naturalmente- las leyes laborales. Por el lado de la demanda, a partir de consumidores cuyos ingresos son superiores a los registrados o declarados. El caso más citado es el de quienes que prestan servicios profesionales al exterior, y ganan en dólares. De todos modos, los especialistas en empleo consideran que estos ́barranis ́ privilegiados no representan más del 5% de los trabajadores informales o en negro.

La barranización, por lo tanto, es la forma festiva de presentar a un avance extraordinario de la precarización del trabajo, que afecta con particular intensidad a la fuerza laboral juvenil e inmigrante. En 2022, como parte del rebote post pandemia, se crearon 600.000 nuevos puestos de trabajo. Nada menos que 290.000 de ellos corresponden a variantes precarias – contratos,monotributismo. Pero estos últimos ni siquiera son “barrani”, porque están incluidos en alguna forma de registro. Más allá de precarios registrados, ¿cuántas decenas de miles de trabajan completamente en negro?

La economía barrani ha sido popularizada por Carlos Maslatón, y constituye su principal estandarte para el tránsito sin escalas entre el libertarianismo y las movilizaciones del Frente de Todos. No sorprende, entonces, que tanto Alberto como Cristina Fernández hayan celebrado en sus discursos recientes al estallido barrani, y en términos parecidos a los del (¿ex?) libertario: “notiren pálidas, porque la economía está mucho mejor de lo que parece”.

La exaltación sin grietas de la barranidad pone de manifiesto la coincidencia de fondo entre todos los bloques políticos del régimen en torno de la contrarrevolución laboral que está en marcha. La recuperación económica post pandemia ha tenido como eje y sustento a esa explosión del trabajo precario. Pero quienes la confinan a la economía informal o a los contratos precarios, no saben lo que ocurre al interior de las fábricas: allí, la economía barrani ha penetrado a fondo, como se revela en el aumento del trabajo por agencia, de un lado, y en la cada vez mayor gravitación de los ítems del salario atados a la productividad, en desmedro del salario básico, del otro. La recuperación económica de 2022 se ha fundado en un salto extraordinario en el grado de explotación absoluta de la fuerza laboral.

La celebración universal de la economía “barrani” es una confesión de que todos los candidatos de los partidos capitalistas -llámense libertarios o nac & pop- guardan en sus gavetas una reforma laboral para después de las elecciones. Esa reforma institucionalizaría las presentes ́conquistas ́ patronales en materia de precarización del trabajo. La llave maestra es la supresión de la

indemnización por despido, a cambio de un seguro “barrani” de desempleo – bancado, naturalmente, por el trabajador.

Los entusiastas del barranismo exhiben a un alto nivel de “empleo” como principal argumento para su escalada contra el mundo del trabajo. Lo que ocultan es que ese estallido de contrataciones mutará en despidos de un día para el otro, apenas descienda la curva del ciclo de negocios. Es lo que está ocurriendo ahora, a partir de la contracción económica que se viene con la caída del salario y las jubilaciones, la suba de la tasa de interés y el intolerable endeudamiento de las familias trabajadoras. Los capitalistas se desprenderán de un plumazo de los ́nuevos ́ puestos de trabajo – en definitiva, quieren a la economía barrani para eso, para facilitar y abaratar el despido.

La precarización y la flexibilización del trabajo trasladan a la clase obrera los costos de las fluctuaciones e incertidumbre propios del capitalismo. Esa zozobra, naturalmente, es todavía más intensa en el marco de una cesación de pagos no declarada, de una guerra internacional y una crisis financiera internacional en desarrollo. Como fenómeno mundial, la barranización del trabajo no solo comporta una agresión profunda a la clase obrera – es una demostración de la declinación histórica del capitalismo como organización social. En su decadencia, el capitalismo retorna al destajismo y al salario por rendimiento, que la organización industrial del trabajo y las conquistas obreras -jornada de ocho horas, convenios colectivos- debieron limitar.

La burocracia de los sindicatos mira para otro lado frente a esta ́reforma laboral ́ de hecho. Ha sido seducida con el caramelo de un aumento de afiliados a los sindicatos. Pero la precarización general convertirá a las organizaciones obreras en cascarones vacíos, con trabajadores sometidos a la permanente extorsión del despido. En suma, sindicatos barrani.

Es necesaria una campaña en el conjunto del movimiento obrero, dirigida a establecer una lucha contra esta contrarrevolución laboral. La primera reivindicación planteada es el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por una jornada de ocho horas y cuarenta semanales. Luego, la incorporación al salario básico de todas las sumas atadas a la productividad, o a cualquier cláusula que contradiga el salario por hora, jornada, semana y mensual. Está planteado también el pase al mejor convenio y a la planta permanente de todos los tercerizados y monotributistas de la industria, y el establecimiento de comisiones obreras que regularicen el trabajo no registrado y en relación de dependencia encubierta.

El derecho a la estabilidad laboral plantea una reorganización social y económica a costa del capital, en oposición al actual ́derecho ́ del capital a trasladarle sus crisis al mundo del trabajo.

Política Obrera hará, de esta cuestión crucial, uno de los ejes de su campaña electoral.

Marcelo Ramal es precandidato a presidente por Política Obrera