La Justicia investigaba a Pazo por posible omisión de bienes
La Justicia federal había iniciado una investigación sobre Juan Alberto Pazo, quien este martes dejó de ser el jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para determinar si omitió declarar bienes en el exterior en sus declaraciones juradas patrimoniales. La causa se centraba en la presunta no inclusión de una participación societaria en Estados Unidos vinculada a la adquisición de un inmueble en Miami.
El expediente se abrió a partir de una denuncia que señalaba que Pazo figuraba como accionista de una sociedad registrada en el estado de Florida, creada para la compra de un departamento en la ciudad de Miami, según surge de registros públicos de ese país. Esa participación societaria y el inmueble asociado no aparecían consignados en las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con la denuncia, la empresa en cuestión había sido utilizada como vehículo para la adquisición del inmueble, una modalidad habitual en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos. Sin embargo, la legislación argentina obliga a los funcionarios públicos a declarar tanto participaciones societarias como bienes en el exterior, incluso cuando estos se encuentren a nombre de sociedades.
La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien solicitó a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas públicas y reservadas de Pazo para analizar si existió una omisión deliberada de información patrimonial. En ese marco, se evaluaba si la falta de declaración podía configurar el delito de falseamiento u ocultamiento de datos, una figura que requiere probar intención dolosa.
La denuncia fue presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), quien sostuvo que la documentación disponible en registros oficiales de Florida acreditaba la vinculación de Pazo con la sociedad extranjera, pese a que esa información no figuraba en los documentos oficiales presentados en la Argentina.
Desde el entorno del entonces funcionario, en su momento, negaron irregularidades y afirmaron que no existía obligación de declarar esos activos o que la situación había sido aclarada posteriormente. No obstante, la Justicia avanzó con un análisis preliminar para determinar si correspondía profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.
La causa se desarrolló mientras Pazo se desempeñaba como titular de la ARCA, el organismo que reemplazó a la AFIP y concentra funciones clave de recaudación impositiva y control aduanero, un área especialmente sensible en términos de transparencia y control del patrimonio de los funcionarios.
Este martes, el Gobierno aceptó la renuncia de Pazo y designó como nuevo jefe del organismo a Edgardo Vázquez. El recambio fue presentado oficialmente como una decisión administrativa, aunque tanto el saliendo titular de la ARCA como el flamente jefe estaban en la mira por omisiones en sus patrimonios.
MC
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