Andrés Vázquez, nuevo jefe de ARCA: la consagración silenciosa de un operador del Estado profundo

La flamante designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no inaugura un ciclo: lo deja al descubierto. Blanquea un mando que ya existía y ordena, hacia adentro del Gobierno, una relación de fuerzas que en los últimos meses había quedado en suspenso. Vázquez no aterriza como un outsider ni como una apuesta técnica. Ya conducía la Dirección General Impositiva (DGI), el verdadero núcleo duro del organismo recaudador, donde se cruzan bases de datos, se deciden inspecciones y se administra una de las herramientas de control más poderosas del Estado argentino.

Desde ese lugar, Vázquez ya funcionaba como el hombre fuerte de la ARCA antes de que el cargo máximo llevara su nombre. En la lógica del poder estatal, la DGI siempre pesó más que la jefatura política formal del organismo, y el contador lo entendió mejor que nadie. Su ascenso fue silencioso, persistente y quirúrgico. Llegó con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.

Durante los últimos meses, en la Casa Rosada se habló de un Caputo en retroceso, forzado a replegarse tras haber acumulado demasiado poder. La entronización de Vázquez —y la recomposición paralela en la SIDE, con Cristian Auguadra— le devuelve aire, como mensaje interno de que el esquema de control sigue en pie. Con su venia, hace tiempo que el ahora flamante titular de ARCA operaba como el verdadero mandamás del organismo, por encima incluso de la conducción formal de Juan Pazo, de estrecha confianza del ministro Luis Caputo. La referencia a “Toto” queda como telón de fondo: la disputa real es, fue y será con la hermana del Presidente.

Una historia opaca

Vázquez no es un funcionario neutro ni un técnico aséptico. Es un sobreviviente del Estado profundo. Con más de veinte años en la exAFIP, atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad. Su foja incluye episodios de alto voltaje político, como el megaoperativo fiscal de 2009 contra el Grupo Clarín, ejecutado con más de 200 agentes en plena guerra del kirchnerismo con Héctor Magnetto. Fue una inspección transmitida en directo por televisión, con impacto simbólico y mensaje político. Cerca de Ricardo Echegaray todavía sostienen que el entonces jefe de la AFIP se enteró del operativo por la pantalla. A Vázquez, en cambio, nadie lo tocó.

Pero su trayectoria no se explica solo por ese episodio. Vázquez construyó su poder mucho antes de que la exAFIP se transformara en ARCA. Lo hizo de la mano de Carlos García Lorea, otrora titular de la Dirección de Inteligencia Fiscal en tiempos del menemismo, un área clave donde la recaudación se mezcla con la investigación patrimonial y el seguimiento fino de contribuyentes estratégicos. Desde allí tejió vínculos duraderos con el poder político y, sobre todo, con el mundo del espionaje.

En ese recorrido aparecen nombres centrales del submundo de la inteligencia argentina, como el del número 2 de la SIDE kirchnerista, Francisco Larcher y, con mayor peso, el de Antonio “Jaime” Stiuso. No se trata de contactos ocasionales: quienes conocen esa etapa describen a Vázquez como un operador fiscal con lógica de inteligencia, formado en una cultura donde la información vale más que la exposición y donde el poder se ejerce sin dejar huella.

Ese rasgo se mantiene intacto hasta hoy. Cuando asumió al frente de la DGI, Vázquez no quiso que le tomaran fotos. No hubo imagen oficial de su desembarco, ni registro interno difundido. En un organismo acostumbrado a la liturgia burocrática, el gesto llamó la atención. No fue un descuido: fue una decisión. De hecho, no existen fotos suyas disponibles en internet ni en redes sociales, un dato inusual para un funcionario que maneja una de las palancas más sensibles del Estado. En tiempos de hiperexposición, el ahora titular de ARCA eligió el anonimato como método.

Polémicas abiertas

Ese entramado quedó expuesto también por las investigaciones periodísticas que rodean su figura. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. La revelación derivó en una denuncia judicial que todavía sobrevuela su nombre, sin impacto visible en su carrera.

En ese mismo período se produjo otro episodio que en la Casa Rosada todavía se lee en clave política: la filtración de listas internas de funcionarios y contribuyentes de la exAFIP —de la que Juan Pazo aseguró no estar enterado— , con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo. El caso desató una tormenta mediática y obligó a abrir una auditoría interna en la ARCA. Puertas adentro del Gobierno, no faltaron quienes lo interpretaron como una maniobra deliberada de Santiago Caputo para correr el foco público de un tema que empezaba a incomodarlo: la concentración de poder de Vázquez en la DGI y, en particular, la designación de su pareja, María Eugenia Fanelli, en un cargo estratégico.

A través de un movimiento interno que generó malestar entre los empleados de carrera del organismo, Fanelli fue nombrada al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires apenas días después de que Vázquez asumiera como jefe de la DGI. Meses más tarde, el diario La Nación difundió una resolución interna del organismo que le asignaba —junto a otros funcionarios de extrema confianza— la categoría salarial más alta del escalafón, con ingresos que, según fuentes oficiales, oscilan entre los 12 y 13 millones de pesos brutos mensuales.

La retórica libertaria promete destruir el Estado y combatir a la casta. La práctica muestra algo distinto y más antiguo: usar los engranajes más profundos del aparato estatal para reordenar el mando. Andrés Vázquez no es una contradicción en ese esquema. Es su expresión más cruda. Un funcionario de bajísimo perfil, formado en la cultura de la inteligencia fiscal, con control sobre la base de datos más poderosa del país. En tiempos de poder inestable, no es un detalle menor quién mira, quién cruza información y quién decide cuándo apretar el botón.

PL/MC