La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

“”Gracias Pablo por tus continuos insultos. Son bienvenidos, ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. No representas a nadie. Sos un mero matón al que el país entero detesta. Y te cuento que nadar sé. Así que, si me querés limpiar, probá algún otro método“, escribió esta tarde el ministro de Economía Luis Caputo luego de que el dirigente de la CGT Pablo Moyano lo nombrara en una conferencia de prensa que se realizo durante la jornada de paro nacional.

Moyano le dijo a Caputo que “se solidarice con el daño que hizo, cuando se afanó el préstamo de los 45 mil millones de dólares”, y lo comparó con Barreda: “Es como que Barreda hablará de la familia”. Luego, vino el descargo del funcionario a través de la red social X. Todo comenzó horas antes cuando el Ministro dijo que se solidarizaba con los trabajadores que no habían podido llegar a sus puestos.

Meses atrás, Moyano había criticado a Caputo y había dicho que los trabajadores terminarían “tirándolo al Riachuelo”. De ahí la respuesta de Caputo sobre su conocimiento en nado.

También habló otro de los cotitulares de la CGT, Carlos Acuña, quien le pidió a Milei que “vaya a los barrios a preguntarle a los trabajadores si les alcanza” el salario. Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, retrucó a Milei, quien dijo que “los salarios le están ganando a la inflación”.

MM con información de la agencia NA

En medio del segundo paro nacional impulsado por los sindicatos de la CGT, el Gobierno llevará adelante una jornada de trabajo normal y anunció que reunirá al Gabinete Nacional para delinear su estrategia frente a las conversaciones por la Ley Bases y evaluación de las tensiones sociales.

La administración de Javier Milei minimizó hasta ahora el impacto de la protesta, desestimando su relevancia y calificando a los sindicalistas como representantes del “fundamentalismo del pasado”.

La jornada comenzó hoy temprano con la reunión de gabinete de ministros a las 8:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y se espera la presencia del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Por su parte, a las 11:00, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ofrece su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. “Estamos comprometidos con el desarrollo de Argentina y no permitiremos que un grupo minoritario impida el crecimiento de nuestro país”, declaró Adorni en las últimas horas.

Por la tarde, las actividades continuarán con el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quien a las 14:00 participará en la reunión semanal de voceros en Casa Rosada, coordinando estrategias de comunicación y mensajes con los responsables de prensa de los distintos ministerios.

En paralelo, el Ministerio de Defensa también mantendrá una agenda activa. A las 14:00, el ministro Luis Petri estará presente en la Base Aérea de El Palomar para despedir al avión Hércules que partió con ayuda destinada a las poblaciones afectadas por las inundaciones en el sur de Brasil. Luego, a las 16:00, Petri participará en el aniversario del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”, en Campo de Mayo.

La jornada de ayer cerró con el presidente Milei publicando un mensaje contundente en su cuenta de Instagram: “Yo no paro”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el mismo sentido que el Presidente, pidió en redes sociales no parar: “HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, sentenció la funcionaria.

Caputo, solidario

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su “solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro”.

Según el funcionario, “el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos”, dijo Caputo en redes sociales.

El paro, convocado por segunda vez en menos de un mes, busca presionar al Gobierno para que revierta sus políticas de flexibilización laboral, desregulación de precios y reducción del gasto público. Los líderes sindicales acusan al Gobierno de implementar un programa económico que afecta los derechos de los trabajadores y perjudica a las clases medias y bajas.

Espert, sin filtro contra la CGT: “Sindigarcas, hijos de puta”

El diputado libertario José Luis Espert eligió el insulto para dar su postura frente al paro que convocó la CGT y que rige este jueves en todo el país: “Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco”, posteó, lejos de toda sutileza.

Con información de agencias.

IG

Dos colectivos fueron atacados y terminaron con varios vidrios rotos durante las primeras horas del paro general convocado por la CGT con adhesión de las dos CTA en los barrios porteños de Barracas y Liniers.

Fuentes policiales informaron a NA que, tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta la terminal de la línea 60 en Barracas donde una de las unidades sufrió la rotura de vidrios y el chofer, 44 años, afortunadamente no sufrió heridas y, ante la agresión, volvió a la cabecera.

El otro hecho sucedió en el barrio de Liniers, donde fue dañado un colectivo de la línea 106 que también resultó con varios vidrios rotos y efectivos de la Comisaría Vecinal 9 B acudió hasta la cabecera donde el supervisor señaló que el incidente se produjo minutos después de la medianoche, cuando el colectivo circulaba por la avenida Juan B. Justo y Barragán, en momentos en que la unidad se hallaba sin pasajeros.

El conductor, según el supervisor, no reconoció a los atacantes, en tanto el colectivo fue trasladado para su arreglo a un taller de la empresa, en provincia de Buenos Aires.

Waldo Wolff denunció ataques a colectivos

Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, mostró este jueves en redes sociales imágenes de ataques a colectivos y relató que recibió denuncias de choferes: “HACEN PARAR A LOS PIEDRAZOS. 4:45 am recibimos un llamado al 911. Un chofer de la línea 60 salió a trabajar y a la altura del Puente Bosch denunció que estaba siendo atacado por otros choferes que le arrojaban piedras y rompiéndole un vidrio. Fuimos en su auxilio y estamos aportando toda la información a la Justicia. Estamos atendiendo otras denuncias en curso. Desde la Ciudad vamos a acompañar, todos los días, a quienes trabajan y vamos a sentar frente a la Justicia a las mafias que aprietan y extorsionan”, expresó el funcionario porteño.

La empresa DOTA trabaja, con seguridad extra

El director de la empresa DOTA, Marcelo Pasciuto, aseguró hoy que las líneas de colectivos que nuclea la entidad se encuentran operativas “normalmente”, a la vez que dijo que en la mayoría la asistencia “fue perfecta” y que hay seguridad en las estaciones centrales.

“Llegamos a la decisión de trabajar porque toda la vida trabajamos y tenemos que dar el servicio. Hemos tenido empresas con una asistencia fue perfecta y de las terminales están saliendo los colectivos normalmente como si fuera un día normal”, expresó.

En tanto, añadió: “A partir de las 4 tuvimos seguridad en las centrarles para poder salir a trabajar y hay que agradecerle a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por poder mover el transporte”.

“La línea 60 está trabajando con menos autos, el resto están en la calle trabajando normalmente”, añadió en diálogo con el canal de noticias TN, tras lo cual expresó: “Por la Autopista hay mucho tránsito de autos, es como que la gente utilizó otros medios porque muchos quieren trabajar”.

Al ser consultado acerca de ataques a las unidades, comentó: “A las 20 tuvimos algunas agresiones en colectivos en vidrios, luego alrededor de 15 cubiertas con miguelitos, es el costo de estar trabajando”.

“Se da el servicio para que la gente elija si quiere ir a trabajar. Trabajé muchos paros y lo de los vidrios pasó siempre.

Creo que no se sale adelante si no es trabajando y a los hijos tenemos que darle el ejemplo de la cultura del trabajo para ser un mejor país“, aseveró.

Finalmente, dijo: “En Aldo Bonzi hubo alrededor de 300 personas tratando de obstaculizar la salida, intimidando y a las 3 de la mañana se retiraron, pero no sabemos a qué sindicato pertenecen”.

Los colectivos de la empresa DOTA que no se plegaron al paro son: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.

Con información de agencias.

IG

El titular de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, advirtió con llamar a un “paro de 36 horas” en caso de que la huelga de este jueves convocada por la CGT no tenga efecto en cuanto a la respuesta del Gobierno nacional.

“Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre, y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Pero ahora pegó un salto y empeoró la situación”, analizó el sindicalista en declaraciones a TN.

“Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36”, insistió Sobrero. Según el dirigente gremial, “la situación del ferrocarril es muy complicada porque tenemos sobre la cabeza 6.000 despidos. Además, le agregás una ley ómnibus que pone impuesto al laburante y al rico se lo saca”, expresó en Radio con Vos.

Al ser consultado sobre qué le diría a las personas que hoy no pueden usar el transporte para ir a trabajar, el gremialista respondió: “Que miren la heladera”.

“De 262 artículos que tiene la Ley Bases, ninguna apunta a mejorar a la clase media ni para los trabajadores. Todo es a favor de los empresarios”, concluyó.

Belliboni: “El paro debería haber sido de 36 horas con movilización”

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente Polo Obrero, ratificó que desde su sector “hoy no hacemos ninguna marcha. Hacemos una conferencia de prensa en el Congreso”. Además, advirtió que la medida de fuerza de este jueves “debería haber sido de 36 horas con movilización”.

En tanto, se mostró “muy crítico de Alberto Fernández y de la CGT”. “La CGT me dijo que no le podía parar a un gobierno peronista. Hay gente que está en contra del paro, pero hay gente que no tiene defensa ante lo que es la extorsión del Gobierno”, reclamó.

Antes, en redes sociales, Belliboni se manifestó en el mismo sentido: “El paro debió haber sido con movilización y de 36 horas para fortalecer y profundizar la lucha contra el plan antiobrero y criminal de Milei, hay que empujar un verdadero plan de lucha progresivo hasta la huelga general para derrotarlo!”

La reacción de Milei al paro

El presidente Javier Milei utilizó hoy sus redes sociales para desafiar la medida de fuerza que adoptará mañana la CGT con una remera con la leyenda “Yo no paro”.

La huelga comenzó a la medianoche y en medio de cruces verbales entre funcionarios del Gobierno y referentes sindicales, Milei aprovechó para subir a sus redes sociales una foto con una remera y esa leyenda trucada.

Este es el segundo paro en cinco meses que lleva la gestión del libertario.

Desde Casa Rosada también recordaron que en ese lapso el jefe de Estado enfrentó otras dos medidas de fuerza de colectivos, dos de docentes, una de trenes y otra de aeronáuticos, además de “100 marchas”.

Bullrich: “Hoy no paremos”

La ministra de Seguridad también se pronunció en redes sociales en contra de la medida de fuerza convocada por las centrales obreras: “HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, posteó la funcionaria.

Con información de agencias.

IG

Por segunda vez en menos de cinco meses la CGT realiza hoy un paro general, que promete ser más fuerte que el anterior. Cientos de miles de trabajadores en todo el país, nucleados en distintos sindicatos, van a cesar en sus actividades bajo el lema “La Patria no se vende”, para rechazar las reformas estructurales que pretende implementar el gobierno de Javier Milei, su plan de ajuste y el proyecto de ley Bases, que por estos días se debate en el Senado, tras su aprobación en Diputados.

Aunque a diferencia del paro del 24 de enero esta vez no se realizará una movilización, sí está previsto que este jueves se detengan las principales actividades económicas. Pararán los estatales, los bancarios y los empleados de comercio. No funcionarán el transporte de colectivos (excepto los de la empresa DOTA), ni el aerocomercial ni el de cargas, ni los subtes.

En cuanto a educación, no habrá clases en las instituciones públicas de todos los niveles, y la educación privada también se verá afectada como consecuencia de la inactividad del transporte público. En la ciudad de Buenos Aires también se suspenderá la recolección de residuos. Sobre la salud, se informó que se prestará un servicio reducido que sólo se ocupará de emergencias.

El Gobierno ya reaccionó. Pese a que no está prevista ninguna movilización, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, advirtió que podría aplicar su protocolo antipiquetes. “Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes o corten rutas. Puede haber excepciones donde no estemos; si hay una fuerza provincial, bienvenida, pero el protocolo siempre se aplica porque sabemos que la gente siente lo que significa. Es nuestra filosofía”, aseguró días atrás la ministra.

A su vez, Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo que se le descontará la jornada a quienes adhieran al paro. “Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. A los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra”, advirtió ayer.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar —que el lunes calentó la semana junto a los miembros de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) con una asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery que provocó la suspensión de los vuelos durante la mañana en todos los aeropuertos del país— dijo: “Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei sino también los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y también los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional”.

En esta misma línea se expresó el líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, el lunes, cuando llamó a escrachar a los legisladores que aprueben la ley. “Hay que hacerles sentir presión a los senadores. Les pedimos a los compañeros de Ezeiza y de Aeroparque que hagan lo mismo. Vamos a explicarles a los pasajeros con quien están viajando cada vez que viaje un senador de estos que está traicionando los mandatos populares”, dijo.

Entre las reformas incluidas en la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada “modernización”. Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios es el de las posibles privatizaciones de empresas públicas, así como la extensión de los períodos de prueba de la reforma laboral, que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley, y la modificación de las indemnizaciones por despido.

La CGT no convocó a ningún paro bajo el gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el último, sin contar el del 24 de marzo de este año, databa de mayo de 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), período durante el cual se realizaron cinco huelgas nacionales.

Colectivos: la empresa DOTA no adhiere y funcionan sus 70 líneas

El director de la empresa de colectivos DOTA, Marcelo Pasciuto, aseguró que los choferes no adhieren al paro de hoy: “Todas las líneas nuestras, las 70 líneas nuestras están trabajando. En alguna línea hemos tenido asistencia perfecta y la única línea que tiene servicio reducido es la 60 de todo el grupo. Después, todas las demás líneas están trabajando. El servicio es normal, de día hábil”, sostuvo.

Según Pasciuto, “a las 12 de la noche en Aldo Bonzi, en la terminal de la línea 91 y 56, había alrededor de 300 personas con camperas de camioneros, no sabemos si era gente de camioneros, pero las camperas estaban. Estuvieron tres horas, pensamos que iban a bloquear la salida, pero a las 3 de la mañana se retiraron”, denunció.

“Llegó custodia policial, lo cual por ese motivo le quiero agradecer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al secretario de Transporte, Franco Mogetta , que también hicieron que pudieran tener servicio las líneas en un día donde se llamó un paro y la gente quiere trabajar”, concluyó el directivo.

MM/JJD

Gremios docentes realizarán un nuevo paro general el próximo lunes en reclamo por un aumento salarial y ponen en jaque el inicio del ciclo lectivo en varias jurisdicciones. Así lo confirmó Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) para quien “la falta de aportes y reflexión” de parte de las autoridades nacionales “obliga” a adoptar esta medida de fuerza.

“Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas, pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por la falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación”, planteó.

Durante la conferencia de prensa, el dirigente sindical estuvo acompañado por representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Todas estas entidades exigen una actualización del salario frente a la escalada inflacionaria y la restitución del Fondo de Incentivo Docente que no fue renovado por la administración libertaria.

Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional se reunió con los gremios del sector para discutir un nuevo aumento, pero no hubo acuerdo entre las partes. “No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en $250.000”, había expresado este martes por la noche Romero.

Hoy, desde la sede de la CGT, el dirigente volvió a detallar la situación económica de los docentes y el consecuente reclamo. “El Estado Nacional debe garantizar el financiamiento educativo en Argentina. El Gobierno les tira la responsabilidad a las provincias y retiró el aporte del Incentivo Docente, que significa un 15% y 20% del salario de los trabajadores. No nos hicieron propuestas en la reunión, no hemos tratado la mejora del salario inicial que está en $250.000 y con la quita del incentivo se reduce a $220.000 aproximadamente”, explicó.

Esta misma demanda había motivado la última huelga docentes, que tuvo lugar el pasado lunes 26 de febrero y estuvo a cargo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Al igual que Romero, Sara García, en representación de AMET, manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Estado nacional para el sistema educativo. “Estamos muy preocupados porque el discurso que dice tener el Gobierno de preocupación por la educación está vacío de contenido”, aseguró.

ACM

Con información de agencias.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará el próximo lunes un paro de 24 horas en todo el país “contra las medidas orientadas a destruir los salarios y las jubilaciones” y en reclamo por “el deterioro de los ingresos del sector público, en contra de los despidos, cierres y privatizaciones”.

“El autoritarismo de Milei preocupa y va en aumento. Todas las medidas económicas que impulsó están orientadas a destruir los salarios y las jubilaciones. No podemos naturalizar este deterioro grave en los ingresos del sector público”, dijo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

El gremio anunció que realizarán el paro de 24 horas el lunes ante “la magra oferta salarial del Gobierno en la última paritaria por debajo de la inflación”, y también “en contra de las privatizaciones, los despidos y el cierre de organismos públicos”.

La conducción nacional de ATE se movilizará a partir de las 9 en Avenida de Mayo y San José, frente a la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). La ATE advirtió que el cierre del Inadi “pone en en riesgo cientos de puestos de trabajo” y “las políticas de protección de sectores vulnerables de la sociedad”. Además, informó que cada provincia definirá la modalidad de la protesta, que incluirá movilizaciones, cortes de rutas y asambleas.

Los reclamos principales del gremio son: “Aumento salarial por encima de la inflación, reincorporación de los despedidos sin causa, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, rechazo al cierre del Inadi, Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aumento de emergencia para jubilados y pensionados y rechazo a cualquier intento de privatización”.

“Con paritarias nacionales a la baja, intentan condicionar las negociaciones salariales en todos los estados provinciales y municipales”, evaluó el dirigente nacional y sostuvo que “hemos decidido movilizarnos al INADI porque está en peligro. Esta amenaza de cierre pesa también sobre otros organismos estatales”.

Aguiar también indicó que “enoja e irrita” un presidente que “festeja como un adolescente inmaduro la eliminación de un instituto tan importante para proteger a numerosos sectores sociales que durante décadas han sido discriminados en el país”. “Tenemos un Poder Ejecutivo que hace de la violencia su práctica política”, remarcó el sindicalista.

Para Aguiar, “el autoritarismo de Milei no corresponde con nuestro sistema democrático” y aseguró que lo frenarán “ejerciendo los derechos constitucionales de huelga y movilización”.

El paro de ATE comenzará a las 00 horas del lunes y durante la jornada se paralizará la administración pública nacional, provincial y municipal; los hospitales funcionarán sólo con guardias mínimas y los organismos de atención a jubilados (como PAMI y Anses) atenderán únicamente emergencias.

En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles o el mantenimiento de espacios verdes también se verán afectados por la medida de fuerza.

Desde el gremio recordaron que durante el último encuentro paritario realizado el 19 de febrero, el Gobierno ofreció una suba del 12% cuando ya se había dado a conocer la inflación del 20,6% de enero.

En este sentido, ATE alertó por “el insuficiente aumento otorgado a los jubilados que dejó el haber mínimo en apenas $134.446, muy por debajo de los $596.823 necesarios para superar la línea de pobreza que detalla el Indec”.

MM

Con información de la agencia Télam.

Mientras el Gobierno dejó atrás por el momento el proyecto de ley ómnibus, trabaja para reglamentar las disposiciones del DNU 70 que desregula la economía, desconoce a través del portavoz Manuel Adorni los reclamos gremiales, no logra acordar por consenso la suba del salario mínimo vital y móvil y dispuso por decreto un aumento por debajo de los niveles de inflación (fue de 211% en 2023 y 20,6 en enero 2024), la CGT y diferentes organizaciones sindicales y sociales trabajan en planes de lucha y posibilidades de paro para los próximos días, además del que llevará adelante La Fraternidad, que paralizará el servicio de trenes este miércoles. Para los líderes de la central obrera, va a haber “conflictos sectoriales” por la falta de actualización de los sueldos y porque el Gobierno de Javier Milei está “licuando ferozmente” los salarios. Además, anticiparon que va “madurando” la posibilidad de un nuevo paro general, después del que llevaron adelante el pasado 24 de enero.

Por su parte, el Gobierno nacional estableció este martes el Salario Mínimo Vital y Móvil en $180.000 para el mes de febrero y en $202.800 en marzo, informó el vocero Adorni.

La decisión gubernamental se conoció días después de que fracasara la reunión del Consejo del Salario, donde las centrales obreras reclamaron al Ejecutivo una suba del 85% para llevar el salario mínimo a $288.600 en febrero.

En las últimas horas, mientras el Presidente insiste en apuntar a la “casta política” (este martes los calificó como “mierda”, “soretes” y “nido de ratas”) como responsable de la pobreza creciente en la Argentina al no aprobar en el Congreso la “Ley Bases”, y ATE rechazó el aumento salarial de 12% para febrero para los trabajadores estatales nacionales en la paritaria del sector, el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, anticipó que la central sindical analizará medidas de fuerza ante los conflictos abiertos en sectores como el de los trenes, la falta de acuerdo para ajustar el salario mínimo, vital y móvil y la reciente decisión de desregular la sobras sociales.

“El Presidente habla con desconocimiento de la ley que rige sobre el salario mínimo, vital y móvil, porque es una obligación por parte del Gobierno, a través de la Secretaría de Estado. Tiene que laudar cuando no se llega a los dos tercios de los votos en el Consejo del Salario”, remarcó Sola, en declaraciones radiales.

Sola, en ese marco, dijo que el conflicto entre las partes seguirá incrementándose y derivará en medidas de fuerza de diferentes sectores, lo que luego daría paso a una segunda huelga general en la gestión Milei.

“De igual manera, la medida de fuerza no está atado a esto, la conflictividad está creciendo cada vez y está siendo por actividades, que seguramente terminará en una general. Por ejemplo, esta semana está llamado a un paro por parte de los conductores de trenes, a mediados de semana. Esto va a empezar a suceder en muchos lados”, advirtió el dirigente de la CGT.

La central sindical reclamaba un incremento del salario mínimo que lo lleve desde los actuales $156.000 hasta los $288.600. La reunión de la semana pasada fracasó y el Gobierno tiene plazo hasta este martes para disponer un aumento por decreto, pese a que Milei dijo recientemente que “eso de fijar precios mínimos no nos gusta, es una cuestión que deben abordar los trabajadores con sus empleadores”.

No obstante, hay dirigentes más moderados dentro de la CGT que pusieron en duda que haya un inminente segundo paro general y no descartan activar alguna negociación con el oficialismo.

Es el caso de José Luis Lingeri, el histórico líder de Obras Sanitarias e integrante del grupo de los “independientes”, el influyente trio de dirigentes cegetistas que completan Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN). 

“No está hoy en los planes. Sí habrá paros sectoriales, como el del miércoles de los maquinistas de trenes. Pero otro para general por ahora no, las paritarias están funcionando”, dijo Lingeri en una entrevista radial.

El veterano gremialista divulgó el domingo un comunicado cuestionando la decisión del Gobierno de desregular el sistema de obras sociales, pero no oculta su perfil negociador, mientras que su compañero de “tribu” cegetista, Martínez, fue uno de los pocos miembros de la central en tener una reunión a solas con el Presidente.

Mientras tanto, otros sectores de la CGT ya hablan de un nuevo paro y viene juntando voluntades, como el camionero y miembro del triunvirato, Pablo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y hasta el integrante más moderado de la conducción tripartita, Héctor Daer.

Paro el jueves en el gremio de la Sanidad

El secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Héctor Daer, lanzó un paro de 24 horas para el próximo jueves ante la “intransigencia de las cámaras empresariales” del sector en el marco de la discusión paritaria.

La medida de fuerza fue dada a conocer por el también cosecretario general de la CGT a través de sus redes sociales.

“Frente a la intransigencia de las Cámaras empresariales, el Consejo Directivo de @SanidadArg en su conjunto resuelve: Paro Nacional de 24 hs. a partir del jueves 22/02”, sostuvo el referente sindical.

Y agregó: “Llevaremos adelante todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial de nuestros compañeros de Sanidad. #sinsalarionohaysalud”.

La decisión adoptada por FATSA se da en medio del debate interno en la CGT sobre la posibilidad de realizar un nuevo paro general contra el Gobierno del presidente Javier Milei, luego del realizado el pasado 24 de enero durante 12 horas.

 Daer y Moyano advierten que “madura” un nuevo paro en la CGT

El cosecretario general de la CGT y líder del sindicato de los trabajadores de la Sanidad, Héctor Daer, consideró en las últimas horas que el Gobierno nacional implementa “un ajuste” económico que “va madurando” en la central obrera la posibilidad de realizar una nueva medida de fuerza, en el marco de un “feroz aumento de la pobreza”.

Además, anticipó que va a haber “conflictos sectoriales” por la falta de actualización de los sueldos y porque el Gobierno de Javier Milei está “licuando ferozmente” los salarios.

“Se va madurando por la propia actitud de ajuste que tiene el Gobierno”, respondió Daer ante una consulta acerca de si la CGT evalúa llevar adelante una huelga, tal cual hizo el 24 de enero pasado a nivel nacional y por el lapso de 12 horas.

En declaraciones a FM Milenium, el gremialista anticipó que, más allá de la resolución que pueda tomar la CGT, “va a haber conflictos sectoriales en los próximos días porque las actividades no pueden recomponer sus paritarias”.

En ese sentido, mencionó que “es probable” que el gremio de Sanidad que conduce “también vaya hacia una medida de fuerza”.

Daer advirtió que el plan económico que lleva a cabo el presidente Javier Milei, de “forma deliberada” está “licuando ferozmente los salarios” de los trabajadores.

“Hay una actitud deliberada del Estado, que la reconoce el propio Presidente, acerca de que hay que empobrecer a todos”, sostuvo Daer.

Al respecto, alertó que “el feroz aumento de la pobreza”, que según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) alcanzó en enero a más del 57% de los argentinos, “se va a profundizar en febrero y en marzo” próximo.

“Mientras estamos discutiendo lo de Lali (Espósito), a quien le demuestro mi solidaridad absoluta, vamos camino a un empobrecimiento absoluto de la población”, afirmó Daer.

En ese contexto, reiteró, “lo que se empieza a generar es una acción sindical. Tenemos que lograr acompañamiento político, institucional y social” para implementarla.

Moyano: “Marzo será un mes conflictivo”

Por su parte, el también cosecretario general de la CGT Pablo Moyano pronosticó que marzo “será un mes muy conflictivo”, dijo que “el interior del país es un polvorín” y adelantó que en la central obrera ya “se está discutiendo” la posibilidad de hacer un nuevo paro general, luego del realizado el 24 de enero, el primero contra la gestión de Javier Milei.

“En el Consejo del Salario el gobierno nunca nos dio oportunidad de charlar con los empresarios, es una modalidad del Gobierno llevarse por delante cualquier posibilidad de negociación. El Consejo de la CGT está autorizado para tomar las medidas necesarias, no vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general”, dijo Moyano en declaraciones a Radio 10.

Se refirió de esta manera a la frustrada reunión del Consejo del Salario que se realizó esta semana, en la que sindicalistas y empresarios no lograron ponerse de acuerdo en el monto de un nuevo haber, mientras el presidente Javier Milei dijo ayer que no dictará un decreto para fijarlo.

En una clara advertencia, Moyano le advirtió al gobierno nacional que “se prepare” porque señaló que, desde la CGT, no serán “meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país y del avasallamiento a los trabajadores”.

“No voy a poner fecha en estos momentos, pero hay una discusión por las medidas a tomar. Marzo va a ser un mes muy conflictivo por el aumento de los colegios, los servicios y la política de ajuste contra los trabajadores”, remarcó el sindicalista, para quien “el interior del país es un polvorín”.

“La CGT tomó participación importante no sólo en la marcha a Tribunales sino también en el paro general y movilización del 24 de enero y seguro se va a multiplicar en los próximos meses”, adelantó.

Sobre el Consejo del Salario, Moyano aseguró que la reunión que mantuvieron esta semana con representantes de las cámaras empresariales y el gobierno nacional fue “una jugada del gobierno para tratar de romper el debate con los empresarios” y agregó: “Teníamos un número de salario mínimo acordado con la CTA y los empresarios nos guitarrearon durante 5 horas y no nos hicieron ninguna propuesta”.

Para el sindicalista, los grandes empresarios “tendrían que hacer un esfuerzo y aportar parte de sus ganancias” y denunció además que “hay despidos de trabajadores estatales y de la construcción gracias a la paralización de la obra pública”.

“Lamentablemente hay muchos artículos del DNU (decreto de necesidad y urgencia) que están siendo aplicados. Hoy estamos pidiéndole a los diputados y senadores que rechacen el DNU”.

Por otro lado, Moyano se refirió a la situación del peronismo. Insistió en que es necesario llegar “a la renovación del Partido Justicialista (PJ) Nacional” y que “tiene que haber ya una elección”.

“Tenemos que hacer un paro general por nosotros, los jubilados y el trabajo”

El secretario general del gremio ferroviario de La Fraternidad, Omar Maturano, consideró este martes que la CGT debe convocar a “una nueva medida de fuerza”, tal como llevó a cabo la huelga nacional del 24 de enero pasado, en rechazo a las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional, y ratificó el paro de trenes previsto para este miércoles 21 de febrero.

“Tenemos que hacer un paro general por nosotros, pero también por los jubilados, por el trabajo, por la reforma laboral del DNU”, explicó el dirigente de La Fraternidad en declaraciones a El Destape Radio.

Acerca del paro ferroviario del miércoles, el líder del gremio que agrupa a los maquinistas de trenes explicó que fue decidido porque el sector quiere “recuperar” el poder adquisitivo salarial “perdido por la inflación”.

Según Maturano, el Gobierno nacional debe compensar a los trabajadores del sector con un incremento salarial de “entre 52 y 54%” de acuerdo al alza que tuvo la inflación en los últimos dos meses.

Maturano, en tanto, se refirió a la intención del Gobierno nacional de privatizar la empresa Trenes Argentinos, una propuesta que había incluido en la llamada Ley “Bases” cuyo tratamiento en particular fracasó semanas atrás en la Cámara de Diputados.

“Nosotros queremos que la infraestructura de trenes sea estatal. Después que venga quien quiera a operar y que el Estado cobre un peaje”, opinó.

Sobrero pidió que todos los gremios del sector se sumen al paro ferroviario del miércoles

El secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), Rubén 'Pollo' Sobrero, pidió en las últimas horas que “todos los gremios” que agrupan a trabajadores de la empresa Trenes Argentinos adhieran al paro nacional convocado por el sindicato La Fraternidad para este miércoles.

El dirigente sindical de izquierda hizo el pedido por medio de un video difundido en redes sociales, en el que llamó a “la unificación de la medida” de fuerza “por los cuatro gremios ferroviarios”.

“La pérdida de nuestro poder adquisitivo llega a un 50% en dos meses de este Gobierno del ultraliberal (Javier) Milei; las privatizaciones ponen en riesgo nuestra estabilidad laboral y nuestros compañeros jubilados reciben las jubilaciones más bajas de los últimos tiempos”, argumentó.

Asimismo, Sobrero fue categórico al reclamar: “Exigimos a la CGT y la dos CTA que convoquen un plan de lucha para derrotar este plan de hambre. Les pedimos a todos los compañeros que haya una unidad total de todos los trabajadores, sean de gremio que sean, (porque) la situación es muy complicada y la unidad del movimiento obrero ha demostrado que no tiene barreras que los puedan frenar”.

Camioneros rechaza aumento salarial del 15% y la negociación continuará el viernes próximo

El dirigente del Sindicato de Camioneros Jorge Taboada anunció este martes que el gremio “rechazó de plano” el incremento salarial de 15% propuesto durante la reunión paritaria con representantes del Gobierno nacional y las cámaras empresarias del transporte, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes.

“Se rechazó de plano, no pueden venir por un ofrecimiento que está muy por debajo del trabajador camionero para poder sobrevivir. No es una paritaria cualquiera. Tenemos que hacer una recomposición salarial urgente”, dijo Taboada a C5N al salir de la sede de la Secretaría de Trabajo, en el centro porteño.

Mientras el gremio solicitó en la reunión un “35% de aumento”, las cámaras empresarias ofrecieron “el 15% para marzo y abril”, una propuesta que “no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que nosotros pretendemos”, dijo el titular del Sindicato de Camioneros de Chubut.

“Venimos con un atraso del nivel salarial del año 2023. Creemos que necesitamos una recomposición urgente y no estamos dispuestos a resignar nada”, remarcó Taboada, y agregó que “no es una paritaria más” y que se debe “tener en cuenta cómo se multiplicó la canasta básica de diciembre a la fecha”.

El dirigente del gremio conducido por Hugo Moyano detalló que el encuentro paritario pasó a “un cuarto intermedio” hasta el viernes próximo a las 14 horas.

“Esperemos el sector empresario revea sus argumentos, los trabajadores no pueden esperar más”, agregó Taboada, y calificó la situación de los asalariados como “desesperante”.

En relación a una posible medida de fuerza, el gremialista remarcó que “siempre se pueden hacer”, insistió en que “el tema es que el empresariado entienda que el trabajador pueda sobrevivir” y cuestionó la postura del Gobierno nacional ante las protestas de las centrales obreras.

“Si el Gobierno cree que con un decreto que nos diga a los dirigentes sindicales que no podemos parar o que nos van a cagar a palos o que hay un protocolo, andá a contárselo a los 200 mil camioneros a ver si tienen miedo”, apuntó.

Las organizaciones sociales protestaron por la falta de asistencia alimentaria

La Agrupación Somos Barrios de Pie se movilizó al inicio de esta semana frente al Ministerio de Economía y en la entrada del country Newman, el barrio cerrado donde vive el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Se trata de una nueva jornada de lucha para exigir la reanudación de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios.

“Desde noviembre no llegan alimentos. Recién están armando las auditorías a los comedores que se presentaron para avanzar en firmar convenio y girar los fondos. Eso de mínima va para fin de marzo”, advirtió el dirigente nacional de la organización, Daniel Menéndez.

Desde la agrupación advierten la profundización de la emergencia alimentaria en los barrios populares y reclamaron por la falta de respuesta de parte del gobierno. “No recibimos ninguna respuesta que busque construir diálogo y soluciones para quienes atraviesan esta delicada situación”, expresaron los miembros de la organización.

Tras la protesta en la entrada del Ministerio de Economía, la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales manifestó: “Es increíble la inoperancia de la ministra Pettovello y el cinismo de Caputo ante la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Es insostenible esta situación donde muchos de los espacios se están cerrando y dejando a miles de pibes sin una comida diaria”.

La dirigente recordó que, desde hace dos meses, las organizaciones realizan rondas de ollas vacías para exigir una respuesta a la falta de alimentos. El pasado 1 de febrero, la UTEP se movilizó bajo la consigna “la única necesidad y urgencia es el hambre” y le entregó un petitorio a la ministra de Capital Humano para que restituya la entrega de asistencia alimentaria.

“Está más que claro que su único objetivo es hambrear al pueblo mientras ellos se enriquecen y fugan la plata”, agregó Morales por la falta de respuesta.

ATE rechazó el aumento de 12% que dispuso el Gobierno para los estatales

El Gobierno nacional dispuso este martes un aumento salarial de 12% para febrero para los trabajadores estatales nacionales en la paritaria del sector, propuesta que fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), informaron fuentes gremiales.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que “no podemos con nuestra firma avalar este ajuste; con esta decisión de licuar los salarios, es el Gobierno el que nos está empujando al conflicto y ratificamos la jornada nacional de lucha de la próxima semana”. ATE consideró “insuficiente” el aumento “frente al 20,6% de inflación del último mes”, indicó en un comunicado.

La negociación paritaria se realizó esta tarde en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ubicado en en Av. Callao 114 de la ciudad de Buenos Aires. Hubo representantes de ATE, de UPCN y del Gobierno nacional y se dispuso que la mejora sea liquidada con los haberes de febrero, en los primeros días de marzo.

Para el pasado mes de enero se había acordado un aumento salarial del 16%, igualmente inferior al índice de inflación de diciembre, que fue del 25,5%.

La marcha unificada del 24 marzo: “La situación del país está muy grave”

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas confirmó que hay acuerdo entre las distintas organizaciones para hacer una sola marcha el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y contó que los “unen las consignas más que antes” para ser “muchos en las calles” porque “la situación del país es muy grave”.

“Hoy nos unen las consignas, más que antes todavía, y pensamos que seremos muchos este 24 de marzo porque la situación del país está muy grave”, sostuvo Cortiñas por El Destape Radio.

A diferencia de cómo se organizó durante los últimos 18 años, Cortiñas contó que “hay acuerdo” en que los organismos de derechos humanos y partidos políticos confluyan este 24 de marzo en una sola concentración conjunta.

“Tenemos que ser muchos el 24 de marzo para decir acá estamos, esto no lo queremos, esto no es la política que necesita el país”, señaló la histórica defensora de derechos humanos sobre uno de los lineamientos de la movilización.

También expresó que “siguen los reclamos que tuvimos todos estos años”, entre ellos, la apertura de archivos que contengan información sobre las prácticas llevadas a cabo durante terrorismo de Estado, el funcionamiento de los servicios de inteligencia, así como datos centrales para conocer el paradero de miles de personas desaparecidas.

“Insistimos con la apertura de los archivos para todas las familias y todo el pueblo”, reafirmó Cortiñas, quien este año cumplirá 94 años y aseguró que tiene “las mismas fuerzas para que se respeten los derechos humanos en Argentina”.

Cortiñas reafirmó que “la movilización del 24 va a ser en la calle como siempre”.

“Tienen que dejar de perseguir al pueblo. Es un gobierno envenenado, parece que tuviera adentro al diablo pero no le tenemos miedo”, expresó.

Y agregó: “No hay motivos para reprimir porque la gente sale a la calle a reclamar lo que es justo”. Además consideró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá “moderarse” ya que los argentinos no pueden “volver a un país de persecución y amenaza”.

Con información de agencias.

IG

El Secretariado Nacional del Sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, este viernes que realizará un paro de trenes el próximo miércoles “en respuesta a la falta de discusión paritaria” y de una “propuesta salarial adecuada” a una inflación que tildó de “galopante”.

En un comunicado firmado por él, se informó que la medida de fuerza fue resuelta en una reunión efectuada y que el paro se llevará a cabo el miércoles 21 de febrero de 0 a 24 horas.

“En reunión del 16/02/2024 se ha decidido ejercer el derecho a huelga (Art.14 Bis de la C.N), el día 21 de febrero de 2024, de 00:00 a 24 horas; en respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes -que gozan de carácter alimentario- del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables”, se detalló en el documento.

Asimismo, el sindicato que agrupa a maquinistas de locomotoras y trenes señaló que la medida se adoptará “dentro del reconocimiento explícito del derecho constitucional argentino ya que como decía el General Perón 'dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada'”.

En diálogo con el canal de noticias A24, Maturano advirtió: “Los trabajadores siempre tenemos humildad y antes de hablar con dirigentes, funcionarios, presidentes, golpeamos la puerta tranquilos. Si no nos atienden, ahí nos calentamos y ponemos la pata. Y la pata pega una patada”.

En este sentido, explicó: “Decidimos el paro debido a que nos adeudan entre un 52% y un 55% de recomposición salarial. Vamos por lo que nos corresponde”.

“Si se hacen los vivos con la CGT y ellos lo aceptan está todo bien, pero con nosotros que no jodan porque con nosotros no jode ningún gobierno y le hicimos paro a todos”, afirmó.

MM

La justicia nacional de primera instancia del Trabajo declaró hoy la invalidez de seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica del gobierno de Javier Milei, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández, que hizo “parcialmente lugar a la acción de amparo” de la Confederación General del Trabajo (CGT), que este miércoles realizó un paro nacional con movilización contra el DNU 70/23.

La magistrada resolvió “declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97” del DNU 70/2023, aunque aclaró que “gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”.

La jueza laboral de feria acotó su decisión a aquellos artículos del DNU que, según su consideración, afectan “de modo directo” los intereses de la CGT por afectar derechos colectivos de los trabajadores.

“El artículo 73, que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el artículo 79, que establece reglas para la negociación colectiva; el artículo 86, que modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales; los artículos 87 y 88, que incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la ley 23551; y el artículo 97, que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos”, resumió la jueza en su resolución de 10 páginas.

“Tal como lo he sostenido en ocasión de analizar la constitucionalidad de normas anteriores (entre otras, los DNU 699/2019 y 761/2020, en los que me pronuncié por su invalidez), una objeción determinante estaría dada por la circunstancia de que el Congreso se encontrara funcionando. Y el Congreso, en este caso, se encuentra funcionando”, explicó.

“Es más, no sólo se encuentra funcionado, sino que ha sido el propio Poder Ejecutivo quien incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del DNU 70/2023 (ver el ya mencionado artículo 654 del Proyecto de Ley de ‘Bases…’). Si bien este argumento es suficiente para invalidar las normas mencionadas, tampoco puede pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparece debidamente justificada”, continuó la jueza.

Tampoco “puede presumirse (la supuesta necesidad y urgencia) a partir de analizar la correlación entre las dificultades económicas que se describen (por todos conocidas) y la posibilidad de conjurarlas con el conjunto de las normas contenidas en el Título IV”, se explayó.

“Normas vinculadas al concepto de ‘situación legal de desempleo’, al modo en que se confeccionan los recibos de sueldo, o a las modificaciones sobre presunciones o carga de la prueba no parecen a simple vista tener impacto alguno en los problemas macroeconómicos que el propio decreto invoca”, señaló la jueza.

En ese punto, la magistrada aclaró: “No abro juicio de valor sobre la eventual necesidad de alguna de las reformas propuestas, pero claramente no se configura la urgencia invocada en el caso de todas ellas”.

“He de reiterar, para ser precisa sobre los fundamentos de esta decisión, que no analizo aquí la conveniencia o la inconveniencia económica o social de la reforma (aspecto en principio ajeno al control judicial), las ventajas o las desventajas en el nivel de empleo o en el impulso de la economía que podrían derivar de su sanción y, menos todavía, mis propias preferencias, juicios de valor o criterios individuales en relación con todas las normas involucradas”, explicó la jueza.

“Con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del DNU 70/2023 no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido”, remató.

MM

Con información de la agencia Télam.

Entre el súper-DNU y la ley ómnibus, Javier Milei propuso en total 1.030 medidas. A ellas se les suman las 10 medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera semana de la gestión de gobierno de La Libertad Avanza.

Las 366 del decreto ya rigen desde el 29 de diciembre, salvo las que están suspendidas por la Justicia, como la reforma laboral. Las 10 de Caputo también están en pleno vigor. En cambio, los 664 artículos de la ley ómnibus dependen de que la apruebe el Congreso.

De hecho, ya no serán 664 sino bastantes menos (dicen 523), porque el Gobierno debió ceder en muchos temas para conseguir votos de la oposición para lograr su aprobación.

Sin perjuicio de cómo quede la redacción y de su suerte en el Congreso, el conjunto de propuestas —por distintas vías y a distintas velocidades— de la joven gestión de Milei han provocado un amplio rechazo, que tiene al sindicalismo como cabeza del paro nacional de este miércoles.

En esta nota repasamos, de todo ese paquete de medidas, y otras más dispuestas por separado —como la restitución del pago de Ganancias—, cuáles son las que mayormente explican la reacción del sindicalismo y otros sectores en este primer paro nacional de la era Milei.

REFORMA LABORAL. Aunque están suspendidas por la Justicia, la principal razón de este paro nacional son las medidas de índole laboral del DNU. El decreto deroga los artículos que regulaban multas, indemnizaciones y sanciones por el empleo no registrado. Además, deroga la ley indemnizaciones laborales y los artículos de la ley de evasión fiscal que persiguen el empleo no registrado. Establece que la base de cálculo de la indemnización ya no incluirá el aguinaldo, ni conceptos de pago semestral o anual. Dispone que los gremios no podrán organizar asambleas de trabajadores que “perjudiquen las actividades normales de la empresa o afecten a terceros”. Y limita el derecho a huelga de determinados sectores esenciales.

DEVALUACIÓN E INFLACIÓN RÉCORD DESDE 1991. La suba de más del 100% del precio del dólar oficial, que saltó de $400 a $800 entre la última semana de gestión de Alberto Fernández y la primera de Milei también explica el paro, ya que produjo en diciembre una inflación del 25,5%, con especial impacto en los alimentos, prácticamente sin medidas de alivio a la caída del poder adquisitivo.

JUBILACIONES. Inicialmente se propusieron aumentos para los jubilados por decreto, ya sin fórmula de movilidad, pero por la presión opositora finalmente se eliminará la fórmula actual y se pasará a una que ate los haberes a la inflación (como la que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri), con el argumento de que, así, los jubilados no perderán poder de compra. Sin embargo, esa indexación empezaría recién en abril. El proyecto de ley también establece el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses al Tesoro, una medida cuestionada por la oposición, inclusive por quienes podrían aprobar parte del paquete.

EMPLEO PÚBLICO Y PLANES SOCIALES. La no renovación de contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia y los despidos en el Estado se suman a las razones del paro de este miércoles. También se atribuye malestar por el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo en valores de 2023.

TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. El gobierno de Milei continuó con la política de la gestión de Sergio Massa de reducción de subsidisios a la energía y al transporte público, lo que también produjo malestar y una grave afectación a los bolsillos de los trabajadores y sus familias, y esto se suma, así, a los motivos de la huelga general y las protestas de este miércoles.

GANANCIAS. Aunque no forma parte del DNU ni de la ley ómnibus, el paro también se realiza en contra de la intención oficial de restituir el pago de Ganancias para una parte de los trabajadores, es decir revetir la exención que había sido decidida durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo. El gobierno de Milei —quien curiosamente como diputado había votado a favor de este beneficio— ya presentó el proyecto de ley para restituir Ganancias sobre los salarios de los trabajadores. De ser aprobada la iniciativa por parte del Congreso, el impuesto pasaría a llamarse “a los Ingresos Personales” y el mínimo no imponible sería de $1.817.175 brutos, actualizado trimestralmente a través de la inflación del INDEC.

ALQUILERES. Otra razón de la huelga general de este miércoles es la derogación de la ley de Alquileres ya dispuesta en el DNU y en plena vigencia. Asociaciones de inquilinos señalaron que la norma los protegía de aumentos abusivos en los precios de las locaciones, aunque el Gobierno, el sector inmobiliario e inclusive buena parte de la oposición sostienen que la ley de Alquileres, por el contrario, había provocado una retracción en la oferta y una consecuente suba de precios por encima de la inflación general.

PREPAGAS. El DNU liberaliza los precios de la medicina prepaga y les permite a las empresas del sector que asuman el rol de las obras sociales. Las prepagas no perdieron tiempo: inclusive antes de la entrada en vigencia del DNU ya les habían mandado a sus afiliados avisos de aumento del 40% en la cuota mensual (el partido de Elisa Carrió, la Coalición Cívica-ARI, presentó una denuncia judicial por cartelización). Después del 40% para enero mandaron otro anunció a sus clientes con un nuevo aumento para febrero de hasta el 30% en algunos casos. Esto está produciendo un aluvión de bajas de afiliados y de cambios de plan, hacia los más económicos, debido a que las cuotas se van a las nubes. Una afiliada del Hospital Italiano acudió a la Justicia y consiguió que le suspdendieran el aumento. Lo mismo pasó con otro afiliado de Galeno.

TARJETAS DE CRÉDITO. El DNU quita obligaciones a las emisoras de tarjetas de crédito. Ya no se imponen topes a las tasas de interés ni a las comisiones a los comercios. Se derogó una ley de 1958 que establecía “las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados” pero aún no se tocó la fórmula de actualización votada en 2020.

PRIVATIZACIONES: Aunque se eliminó a YPF del listado de empresas públicas sujetas a expropiación, Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. El resto de las empresas del Estado pueden ser vendidas en su totalidad. Entre ellas, Aerolíneas Argentinas; AySA, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la Casa de Moneda; el Correo Oficial; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; y la agencia Télam.

CULTURA. Aunque se produjeron cambios al texto respecto del proyecto original de la Casa Rosada, el paro general de este miércoles también se produce por las reformas, previstas en la redacción original de la ley Bases, de numerosos mecanismos e instituciones que fomentan la producción, formación y participación cultural. Entre las definiciones más fuertes se encuentran el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA), y el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Ahora se redijeron las modificacions al INCAA. Respecto al FNA el problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura. En la versión actual del proyecto no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos. Respecto del Instituto Nacional de la Música (Inamu) y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) simplemente se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura. Respecto del INT, se clarifica que las funciones serán absorbidas por la secretaria de Cultura y que los fondos para dicho sector no se verán afectados.

EMERGENCIA. Al declarar la emergencia pública en materia “económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y establecer que “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional” por hasta dos años más, se le otorgaban superpoderes a Milei por todo su mandato. En el texto modificado, tras la presión opositora, se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más y no automáticamente sino con aprobación del Congreso. De igual manera, estos superpoderes también explican el paro.

REUNIONES DE TRES PERSONAS Y PROTOCOLO ANTIPIQUETES. El sindicalismo también protestará este miércoles —y probablemente pondrá en jaque— el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, más conocido como protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir los cortes de tránsito por protestas políticas. Además, la ley ómnibus incluía en su texto original un artículo que definía como “reunión” o “manifestación” a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público, y obligaba a pedir permiso para realizar dichas reuniones/manifestaciones. Bullrich anunció hace dos semanas que se retiraba dicho artículo. Lo que no dijo es que el Poder Ejecutivo insistiría en esa medida en la nueva redacción de la iniciativa, subiendo de tres a 30 la cantidad de personas. El paro de este miércoles, entonces, quedaría al borde de la ilegalidad si este artículo de la ley ómnibus de Milei estuviera vigente.

JJD

La Asociación Bancaria (AB), que conduce Sergio Palazzo, ratificó hoy el paro general a partir de las 12 de mañana y la movilización hacia el Congreso por “la defensa de los derechos” y en rechazo de las medidas económicas oficiales, y denunció que “el Gobierno pretende imponer otra vez el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores”.

Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, y titulado “Por si no está claro: el salario no es ganancia”, denunció que “el Gobierno enviaría en breve un proyecto de ley que pretende imponer otra vez ese tributo a los trabajadores, ahora camuflado con el nombre de 'Impuesto a los Ingresos Personales'”, puntualizó.

La organización sindical sostuvo que cuando “se creía que esta pelea había terminado, luego de tanto tiempo de lucha para finalmente derogar ese nefasto impuesto, el presidente Javier Milei nuevamente reflota el tema a meses de haber sido eliminado”.

Palazzo y Bustelo añadieron que el Presidente, “en su carácter y función de diputado nacional votó a favor de derogar el impuesto hace muy poco tiempo, además de haber manifestado de forma pública que se cortaría un brazo si aumentaba o imponía un tributo nuevo”. Y enfatizó que luego de “tantos impuestazos no le alcanzarían los brazos de todo el Gabinete, pero sí el desparpajo de borrar con el codo lo que escribió con la mano”.

La Bancaria se preguntó “¿dónde quedó el candidato que se paseaba por los canales de televisión con firmeza y convicción anti-impuestos?”, y dijo que pareciera que “lo invadieron algunas lagunas que le hicieron olvidar sus convicciones del pasado preelectoral para generar recaudación, sin usar el ingenio y menos tocar a los poderosos”.

“Parece empeñarse en perjudicar de manera permanente a los trabajadores, como lo hace con los jubilados, con quienes menos tienen y los más vulnerables a partir de medidas económicas que solo favorecen a los sectores especulativos y concentrados de la economía, desangrando a un pueblo que padece el salvaje e insoportable ajuste”, afirmó.

La Bancaria reiteró que “el salario no es ganancia” y se opuso una vez más a “cualquier intento de restablecer el impuesto”, a la vez que rechazó todos “los ajustes en desmedro solo del pueblo trabajador”, por lo que convocó a parar y marchar contra esas medidas.

MM

Con información de la agencia Télam.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 20 de la ciudad de Buenos Aires ordenó hoy al Gobierno porteño la identificación de las fuerzas policiales y de seguridad que estarán afectadas en el operativo de seguridad durante el paro con movilización del próximo miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional, convocado por la Confederación General del Trabajo.

De esta manera la justicia porteña hizo lugar al pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital que había solicitado la correcta identificación de los efectivos policiales y de seguridad durante la manifestación del 24 de enero en rechazo del DNU 70/2023 y la ley 'Bases'.

Según el texto del falló de la jueza Patricia López Vergara, la medida de identificación alcanza a uniformados, civiles y vehículos de la fuerza y se le da dos días al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que informe al juzgado “cómo cumplirá con la identificación de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se le solicita al Gobierno porteño que publique en su página web oficial lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N 5688 para “posibilitar el conocimiento de sus derechos a todas aquellas personas que participen del acto”.

El artículo 100 de la Ley de Seguridad Pública 5688/16 obliga al personal policial que participe en manifestaciones públicas a “portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes”.

La jueza López Vergara entendió que “la presencia y la intervención de policías de civil y móviles policiales sin identificación en el operativo a desplegarse por la Policía de la Ciudad devendrían contrarias a la normativa vigente y en transgresión a la protección de los derechos fundamentales”.

“Ello así, en tanto afectarían el posterior control, la rendición de cuentas y la asignación de responsabilidades”, indicó la jueza en el texto del fallo, donde remarcó que además sin la correspondiente identificación se presentan “problemas para la revisión administrativa y/o judicial de posibles irregularidades y/o violaciones de derechos”.

ATE detalló en la demanda que con los antecedentes de la última movilización del pasado 27 de diciembre en donde “la Policía de la Ciudad no se encontraba debidamente identificada y su accionar fue provocador e ilegal resulta menester disponer de medidas que garanticen el debido cumplimiento de la ley, y en consecuencia, resguarden los derechos fundamentales de las personas que decidan participar del acontecimiento”.

El secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, manifestó en su cuenta de la red social X que “la Justicia de CABA falló a favor ante nuestro pedido: obliga a que la Policía de la Ciudad, tanto uniformados como civiles y sus vehículos, estén identificados en el operativo de seguridad en el marco de la movilización del Paro del 24 de enero”.

“Tal como manifestamos en la audiencia, hace años la policía viene ejerciendo violencia institucional sobre los manifestantes. Vamos a seguir defendiendo y luchando por nuestros derechos en las calles y en todos los ámbitos donde sea necesario”, sostuvo el dirigente gremial.

MM

Con información de la agencia Télam.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció hoy su adhesión al paro general convocado por las centrales obreras para el próximo miércoles en repudio del DNU 70/2023 y la ley “Bases y principios para la libertad de los argentinos”, que según la institución buscan “reducir las atribuciones del Estado a su mínima expresión y avasallan derechos”.

“Desde Abuelas acompañamos la concentración nacional del 24/1 para repudiar el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU enviados por el oficialismo al Congreso. Ambos pretenden reducir las atribuciones del Estado a su mínima expresión y avasallan nuestros derechos”, expresó Abuelas de Plaza de Mayo en su cuenta de la red social X.

La institución de Derechos Humanos, presidida por Estela de Carlotto, convocó a marchar el 24 de enero hacia la Plaza del Congreso en el centro porteño para “defender juntos la democracia y los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia”.

“Con esa historia como guía, defendamos nuestro presente y el futuro. La Patria no se vende”, completó Abuelas de Plaza de Mayo.

MM

Con información de la agencia Télam.

Sindicatos del transporte confirmaron este miércoles que el próximo miércoles 24 habrá colectivos y trenes circulando en todo el país hasta las 19:00 y que a partir de esa hora y hasta la medianoche cesará el servicio, en el marco del paro general que convocó la CGT.

La huelga comenzará a las 12 del mediodía y, en ese marco, la decisión de mantener el transporte público funcionando hasta las 19 es para garantizar el regreso a los hogares de las personas que quieran participar de la marcha al Congreso, que hará la central el mismo día para rechazar el mega DNU y la ley ómnibus que promueve el presidente Javier Milei.

“La Unión Tranviarios Automotor pone en conocimiento que, a pedido de la CGT, el día 24/01/2024 cumplirá con los servicios normales hasta las 19. Luego se acoplará a la medida de fuerza, a nivel nacional, hasta las 00”, informó el gremio de colectiveros que lidera Roberto Fernández en un comunicado.

Los trenes también pararán de 19 a 00

Por su parte, el titular del sindicato de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que en el sector de los trenes se aplicará el mismo esquema de normal funcionamiento hasta las 19 y a partir de esa hora interrupción total hasta las 0:00.

Al impulsar un paro con marcha, la CGT está centrada en que se concrete la demostración de fuerza en la calle y para eso es necesario que el transporte público se mantenga en funcionamiento, lo que permitiría la participación de ciudadanos “independientes”, es decir no integrantes de las organizaciones convocantes.

De haber definido una huelga general sin movilización, en ese caso hubiera sido prioridad paralizar el transporte para garantizar la foto de las calles del centro porteño desiertas, mostrando un escenario en el que “no voló ni una mosca”.

Los referentes de la central obrera se vienen mostrando muy activos para resistir el DNU y la ley, sobre todo sus apartados que introducen reformas laborales, y para eso viene realizando reuniones con legisladores, a quienes les piden que no acompañen esas iniciativas, y con representantes de otros sectores que también se consideran afectados por las medidas.

Con información de NA

JJD

La CGT ratificó este miércoles durante una reunión en su sede de Azopardo la realización del paro general de 12 horas convocado para el 24 de este mes, que será acompañado por una movilización al Congreso en rechazo a las reformas que el gobierno de Javier Milei impulsa mediante mega DNU y la ley “ómnibus”. Más temprano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de su exposición en el plenario de comisiones que debate la ley ómnibus que el oficialismo envió al Parlamento, había apuntado contra la central obrera y les había pedido a sus secretarios generales que levanten la medida de fuerza “para poder avanzar con el diálogo democrático”. En el mismo sentido, el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó la huelga cegetista: “Hacer un paro a un presidente que acaba de asumir debe ser récord mundial”. Este jueves, Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, les respondió: “Nunca un gobierno fue tan gravitante para quitar derechos”.

En declaraciones a AM750, Furlán contó que en el Plenario de Regionales que realizó este miércoles, el Consejo Nacional de la CGT “recibió el apoyo de todas las medidas que habían tomado” y que, “si no se consigue revertir el DNU, es necesario profundizar la lucha”.

De acuerdo al sindicalista metalúrgico, los representantes de las 81 regionales presentes en el encuentro, “no pidieron que no se hiciera el paro. El Consejo Directivo tiene autonomía y estamos analizando minuto a minuto el estado de situación y la evolución del paquete de leyes”, señaló, al tiempo que destacó la necesidad de “echar por tierra” el DNU.

“Muchos nos acusan de que hemos tenido mucho reflejo para decretar el paro y la movilización. Nosotros tenemos para responder que tampoco hubo un gobierno que a los 15 días fuera tan gravitante para llevarse puestos los derechos de los trabajadores”, dijo Furlán, quien también remarcó que “sorprendió a propios y extraños la brutalidad”, de las medidas propuestas por Milei y que la central obrera entiende que “las tenemos que rechazar, porque vulneran lo institucional. El DNU echa por tierra los derechos de los trabajadores. No hay diálogo con el Gobierno. Y entendemos que no lo hay con nadie. Es como es esto o nada. Y no nos dejan alternativa. Tenemos una responsabilidad que no podemos dejar”, sentenció.

La CGT ratificó el paro

“En este Plenario de Regionales ratificamos el paro nacional con movilización para el día 24 de enero”, sostuvo el cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, sobre el encuentro que reunió a más de 250 dirigentes cegetistas de todo el país.

Y agregó: “Para el Consejo Directivo de CGT es un orgullo contar con la presencia de representantes de todas las delegaciones del país en este Plenario. El 24 se va a sentir el pueblo unido en todo el país y vamos a lograr el éxito en el Parlamento”.

De esta forma, la central ratificó la medida de fuerza que anunciaron sólo 18 días después de la asunción de Milei y que se concretará a un mes y medio de la llegada al poder del libertario.

Esta decisión generó algo de ruido interno en el peronismo, ya que el reciente candidato presidencial del espacio, que fue respaldado fuertemente por la CGT, Sergio Massa, les hizo saber a los referentes de la central su desacuerdo con la inmediatez de la medida de fuerza en una reunión privada que mantuvieron la semana pasada.

Según trascendió, el ex ministro de Economía consideró apresurada la huelga convocada y les manifestó a los popes sindicales que el paro es la medida “de última”, por lo que no debe utilizarse tan rápido, sobre todo porque Milei aún mantiene altos índices de aprobación.

En una cadena de mensajes en la red social X, Daer aprovechó para volver a criticar las políticas que impulsa Milei en el primer tramo de su gestión: “La Patria no se vende. Con la palabra ´libertad´ quieren hacer desaparecer el Estado y el patrimonio de todxs lxs argentinxs para que solamente un sector de la sociedad tenga la posibilidad de vivir en un país totalmente primarizado”, escribió.

El referente de Sanidad insistió en que “el artículo 4 del DNU destruye derechos individuales, derechos colectivos y nuestra capacidad de acción sindical”.

“Todas nuestras acciones gremiales, judiciales y políticas desde la CGT tienen un único objetivo que es frenar este DNU”, agregó sobre la cautelar que presentaron en la Justicia, que sirvió para dejar suspendido el apartado de reforma laboral del decreto presidencial.

Con información de agencias.

IG

Los gremios y organizaciones sociales adheridas a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) terminaron su acto en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y se trasladaban en micros hasta el Obelisco porteño, donde continuarán con la jornada nacional de protesta en reclamo de “aumento de salarios” y rechazo a las “recetas del FMI”.

El tránsito desde la provincia de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón hacia Capital Federal, no obstante, se mantenía interrumpido debido a la presencia de militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por Raúl Castells, quienes realizaban su propia protesta.

Esta mañana, los dirigentes y militantes de la CTAA iniciaron con un corte en uno de los accesos al puente desde el partido bonaerense de Avellaneda, en rechazo de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en reclamo de “soberanía y justicia social, y un aumento de salarios de emergencia”, según las organizaciones gremiales.

La jornada de protesta -que incluye movilizaciones en distintos puntos del país- comenzó a las 9:45 e incluye una huelga, cortes, concentraciones y marchas en todo el país, en el contexto de una jornada de lucha también en demanda de un salario universal.

En el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), se registraron cortes desde las 8 en los principales accesos a la Capital: Autopista Buenos Aires-La Plata; Puente Pueyrredón; General Paz y Constituyentes; Rivadavia y General Paz (Liniers); Puente El Trébol de la Autopista Richieri, a la altura de Ezeiza; rotonda de Zárate; y Paseo Colón y Estados Unidos.

A partir de las 13:30, las columnas de manifestantes confluían en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar a Plaza de Mayo.

Un documento de la CTAA, liderada por el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, sostuvo que “la situación de los sectores populares es crítica” y que “la sostenida y grave escalada inflacionaria, con epicentro en los precios de los alimentos de primera necesidad, refrenda la necesidad de modificar el actual rumbo económico”.

Además, la central obrera reclamó “medidas de urgencia” para restituir “los niveles de dignidad del pueblo”, y aseguró que “el acuerdo con el FMI legitimó la estafa de Mauricio Macri y sus socios fugadores, y desató una aceleración de la concentración y la desigualdad”.

“Existe una mayor reducción de la participación de los asalariados en el ingreso. La transferencia del trabajo al capital fue de 87.000 millones de dólares de 2016 a 2022, de los cuales 48.000 millones de dólares se trasladaron en 2021 y 2022”, detallaron.

Para la central obrera, el acuerdo con el organismo de crédito facilita “la fuga de capitales de las grandes empresas y de los bancos, una tasa imparable de inflación, una economía con signos de estancamiento productivo y la absoluta dependencia del ingreso de divisas para posibilitar los pagos de la deuda externa”.

En el documento de prensa, reclamaron “la revisión e investigación de la deuda otorgada durante el gobierno de Macri, la lucha frontal en rechazo de la precarización laboral y la criminalización de la protesta, las persecuciones y los procesamientos, y un subsidio para pequeños productores, entrega de tierras fiscales, facilidades para proyectos productivos y créditos accesibles a tasa subsidiada para las pymes”.

LC con información de agencia Télam

Los gremios y organizaciones sociales adheridas a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y ATE realizan hoy un paro, en el marco de una jornada nacional de lucha que incluirá cortes y movilizaciones en todo el país en rechazo de “las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), soberanía y justicia social y un aumento de emergencia”.

La medida de fuerza incluye una huelga, cortes, concentraciones y marchas en todo el país, en el contexto de una jornada de lucha también en demanda de un salario universal.

En la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) hay cortes y concentraciones desde las 8 en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires: Autopista Buenos Aires-La Plata; Puente Pueyrredón; General Paz y Constituyentes; Rivadavia y General Paz (Liniers); Puente El Trébol de la Autopista Richieri, a la altura de Ezeiza; rotonda de Zárate y Paseo Colón y Estados Unidos y, a las 10, habrá un acto en el Obelisco.

A partir de las 12 las columnas confluirán en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Mayo para exigir un incremento salarial de emergencia para todos los trabajadoras y rechazar “la injerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Un documento de la CTAA, que lideran el estatal Hugo Godoy el visitador médico Ricardo Peidro, sostuvo que “la situación de los sectores populares es crítica” y que “la sostenida y grave escalada inflacionaria, con epicentro en los precios de los alimentos de primera necesidad, refrenda la necesidad de modificar el actual rumbo económico”.

La central obrera reclamó “medidas de urgencia” para restituir “los niveles de dignidad del pueblo”, y aseguró que “el acuerdo con el FMI legitimó la estafa de Mauricio Macri y sus socios fugadores, y desató una aceleración de la concentración y la desigualdad”.

“Existe una mayor reducción de la participación de los asalariados en el ingreso. La transferencia del trabajo al capital fue de 87 mil millones de dólares de 2016 a 2022, de los cuales 48 mil millones de dólares se trasladaron en 2021 y 2022”, puntualizó.

Para la CTAA, el acuerdo con el organismo de crédito facilita otra vez “la fuga de capitales de las grandes empresas y de los bancos, una tasa imparable de inflación, una economía con signos de estancamiento productivo y la absoluta dependencia del ingreso de divisas para posibilitar los pagos de la deuda externa”, aseveró el documento de prensa.

La central obrera reclamó “la revisión e investigación de la deuda otorgada durante el gobierno de Macri, la lucha frontal en rechazo de la precarización laboral y la criminalización de la protesta, las persecuciones y los procesamientos, y un subsidio para pequeños productores, entrega de tierras fiscales, facilidades para proyectos productivos y créditos accesibles a tasa subsidiada para las pymes”, concluyeron los dirigentes.

NB con información de agencia Télam.