Maximiliano Pullaro consiguió, finalmente, quedar habilitado para pelear por una reelección en 2027. Este miércoles y luego de dos meses de debate, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó la nueva Constitución provincial que, además de introducir grandes reformas en el sistema político provincial, habilita la reelección del gobernador y el vice por un período consecutivo.

Este martes, Pullaro protagonizó el cierre de la Convención Reformadora con la proclamación de una nueva Constitución para Santa Fe. De ahora en más, solo Mendoza tendrá en su Carta Magna la prohibición de la reelección del gobernador. “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado”, dijo el gobernador.

El nuevo texto reemplazará a la Constitución de 1962, una de las más antiguas del país, y será jurado este viernes en la Legislatura provincial. A pesar de la resistencia que generaba su posible reelección, la continuidad del mandato del gobernador fue aprobada con el 67% de los votos de los convencionales.

Sin embargo, también se puso un límite para evitar la reelección indefinida tanto para el gobernador como los legisladores.

La reforma de la Constitución buscó modernizar el sistema político santafesino, incorporando nuevos derechos –como los ambientales– y estableciendo mecanismos de mayor transparencia, como la exigencia de “ficha limpia” para los candidatos o la obligación de presentar declaraciones juradas.

En cuanto al sistema de representación se estableció un esquema proporcional para las elecciones provinciales y se incorpora la iniciativa popular como mecanismo de participación ciudadana. También da mayor autonomía a los municipios ya que los que tengan más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica y eleva al rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa.

Recién este lunes a Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías culminó su trabajo, ya que los nuevos derechos incorporados es una de las partes más importantes de la nueva Constitución. Allí se expresa claramente que todas las personas tienen derecho al agua y la protección de los humedales tendrán rango constitucional.

“El ambiente es un bien colectivo y la Provincia establece políticas públicas de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad y solidaridad”, señala el texto.

Con respecto al agua, agrega: “El agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento”.

Por otro lado, se incluyó un nuevo artículo que establece la implementación de medidas para contrarrestar desigualdades por motivo de género, edad, etnia, discapacidad, clase social o pertenencia territorial: “La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural”.

También establece la obligación del estado a proteger a los consumidores en un “entorno físico y digital; y especialmente para los consumidores y usuarios hipervulnerables de protección contra los riesgos de la publicidad, del sobreendeudamiento y de las cláusulas contractuales y prácticas abusivas”.

Y además fija el derecho de las personas a la protección digital: “Toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros y lógicas utilizadas en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a la intervención de una persona humana cuando esa decisión pueda afectar sus derechos, especialmente en los que se implemente inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes”.

Con información de El Ciudadano

Una Constitución con inteligencia artificial. Así decidió presentar el Partido Socialista de Santa Fe su proyecto de Reforma Constitucional: en una plataforma interactiva y de acceso abierto que utiliza IA para facilitar la comprensión del texto y fomentar la participación ciudadana. La herramienta ya está disponible online y permite a cualquier usuario explorar los 42 artículos y 89 páginas de la propuesta, consultar por ejes temáticos y obtener respuestas personalizadas.

“Queremos abrir el proceso de reforma a la ciudadanía con datos abiertos y herramientas innovadoras”, explicó Joaquín Blanco, secretario general del PS santafesino. La plataforma no sólo resume el contenido sino que responde preguntas concretas sobre el texto en lenguaje simple, todo basado exclusivamente en el documento oficial presentado por el partido.

“Es fundamental que los santafesinos puedan conocer, consultar y también aportar”, sostuvo Blanco, al remarcar el objetivo participativo de esta iniciativa digital. La herramienta fue desarrollada por equipos técnicos y políticos del partido, y puede consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/ReformaIA.

“Hablamos de acceso a la información pública y de democratizar el proceso de reforma. Esta plataforma lo pone al alcance de todos, de forma ágil y cercana”, agregó Varinia Drisun, secretaria adjunta del PS. La idea de fondo es integrar el debate constitucional a las herramientas tecnológicas que ya forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Para Gino Svegliati, convencional constituyente del PS, la inteligencia artificial suma a otros espacios de participación que ya impulsó el socialismo: redes sociales, encuentros presenciales, articulación con organizaciones civiles y canales abiertos para recibir propuestas de la comunidad. “Así como consultamos qué comer o adónde ir, también podemos preguntar qué se discute en nuestra provincia y cómo impacta en nuestra vida cotidiana”, sintetizó.

Una Constitución que escuche y responda

El proyecto fue presentado este lunes por el Partido Socialista en el marco del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe. Entre sus principales ejes se destacan la consagración del derecho al cuidado como derecho humano, el acceso universal a la conectividad, la protección ambiental y de la biodiversidad, así como la creación de mecanismos de control ciudadano, la revocatoria de mandatos y formas de participación directa en los asuntos públicos.

Gisel Mahmud, también convencional constituyente por el PS, subrayó que el uso de esta tecnología no es un recurso decorativo sino una herramienta de cambio político. “La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. Ahora también puede ser una aliada para acercarnos al debate constitucional y a las propuestas de quienes asumimos responsabilidades en la Convención”, señaló.

Con este despliegue digital, el Partido Socialista apunta a que la ciudadanía no sólo conozca la propuesta sino que se apropie del proceso de reforma, con lenguaje claro, interacción ágil y contenidos accesibles. La Constitución del futuro, para el socialismo santafesino, no sólo debe escribirse: también debe poder leerse, preguntarse y responderse.

Un proceso histórico, en marcha

La provincia de Santa Fe está en pleno proceso histórico de reforma constitucional, un debate que hoy tiene como eje a la Convención Constituyente 2025, cuyas sesiones comenzaron el 14 de julio en la Legislatura provincial. Integrada por 69 convencionales elegidos el 13 de abril de 2025, la convención tiene un plazo de hasta 60 días para debatir y redactar modificaciones parciales a la Constitución vigente desde 1962.

El impulso a esta reforma nació con la iniciativa del Gobierno provincial, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien promulgó la ley que habilitó la convocatoria. La reforma encontró respaldo en la Legislatura santafesina y derivó en la elección de convencionales por parte de la ciudadanía en abril. Esto responde al objetivo de actualizar el marco institucional y adaptarlo a los desafíos del siglo XXI.

Entre las metas principales del proceso figuraron la limitación de mandatos, el fortalecimiento de la autonomía municipal, la incorporación de nuevos derechos digitales y ambientales, y la introducción de mecanismos de democracia directa y control ciudadano, como la revocatoria de mandatos. Además, se aspira a reformar el régimen electoral y las funciones del Poder Judicial, entre otros ejes.

Desde su inicio, la convención aprobó su reglamento de funcionamiento por unanimidad, estableciendo sesiones públicas y la conformación de ocho comisiones temáticas: Labor Parlamentaria, Derechos y Garantías, Poderes, Régimen Municipal, entre otras. El proceso incluye audiencias públicas, transmisión en vivo y la posibilidad de que la ciudadanía presente sus aportes hasta el 27 de julio.

La disputa por la Convención Constituyente en Formosa escaló este fin de semana con una fuerte denuncia de la alianza opositora Formosa Avanza contra el gobernador Gildo Insfrán y el Tribunal Electoral de la provincia. El abogado y candidato Juan Montoya acusó a ambos de ejecutar “maniobras delictivas y fraudulentas” para “alterar el resultado” de las elecciones.

“El fraude empezó mucho antes”, advirtió Montoya, quien detalló un entramado de prácticas clientelares, financiamiento público de campañas oficialistas y restricciones a la fiscalización. También cuestionó la aplicación de la Ley de Lemas para distribuir las bancas de la Convención, a la que calificó como “el engendro más tramposo y desvirtuante de la voluntad popular”.

En declaraciones a medios locales, el referente opositor señaló que el Tribunal Electoral es ilegítimo, ya que sus integrantes fueron “puestos a dedo por Insfrán”. Recordó que ni fueron nominados por el Consejo de la Magistratura ni aprobados por la Legislatura provincial. Como ejemplo, mencionó que el presidente del organismo, Claudio Moreno, fue apoderado del PJ, y que la exdiputada Sandra Moreno responde al oficialismo.

Montoya, que ganó relevancia provincial tras haber impulsado el fallo de la Corte Suprema que frenó la reelección indefinida del gobernador, advirtió que si se aplica la Ley de Lemas tal como pretende el oficialismo, se desatará “un escándalo institucional de proporciones”. Aseguró que la oposición ya prepara presentaciones ante los fueros federales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre las maniobras que configuran un proceso “viciado de nulidad”, denunció el uso sistemático de fondos públicos para actos de campaña disfrazados de inauguraciones y la instalación de municipalidades paralelas con fines propagandísticos.

A las críticas de Formosa Avanza se sumó el partido Nuevo País, integrante del Frente Amplio Formoseño, que denunció una resolución “arbitraria” dictada 12 horas antes del comicio, la cual restringe las funciones de los fiscales opositores. En declaraciones televisivas, calificaron la medida como “un intento de favorecer al oficialismo” y afirmaron que “altera las reglas del proceso democrático”.

Esa resolución del Tribunal Electoral Permanente fue calificada por la oposición como “una norma de último momento que carece de sustento legal, vulnera garantías mínimas del proceso electoral y habilita maniobras fraudulentas”.

En medio de un clima de tensión creciente, el proceso electoral para la reforma constitucional en Formosa promete derivar en una nueva batalla judicial y política que, de acuerdo con la oposición, pone en juego la calidad institucional de la provincia.

JJD, con información de NA.

Formosa elige este domingo 30 convencionales constituyentes, 15 diputados provinciales titulares, 8 suplentes y nuevas autoridades municipales. Pero más allá de los números, la elección tiene un eje decisivo: el futuro político del gobernador Gildo Insfrán, un caudillo del peronismo, cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que lleva tres décadas en el poder y enfrenta por primera vez un límite impuesto por la Corte Suprema a su reelección indefinida.

La reforma constitucional, que deben discutir los 30 convencionales que resulten electos, fue habilitada tras el fallo de diciembre del máximo tribunal que declaró inconstitucional el artículo que le permitió a Insfrán ser reelegido sin tope. El oficialismo busca que la nueva carta magna incluya una cláusula transitoria que “reinicie” el conteo de mandatos y le permita postularse en 2027 como si fuera su primera vez.

Lo mismo hizo otro peronista-kirchnerista, José Alperovich, hace 20 años: Tucumán no permitía la reelección del gobernador y él impulsó una reforma de la Constitución provincial, con Juan Manzur como presidente de la convención, para habilitarla, pero se incluyó una cláusula transitoria mediante la cual no se contó su primer mandato, de 2003 a 2007, y entonces tras ser reelegido en 2007 y en 2011 estuvo 12 años en el poder de esa provincia del NOA.

¿Qué se vota?

¿Cómo se vota? Bajo el sistema de Ley de Lemas, vigente desde 1987. Cada alianza o partido se presenta con un lema general, y dentro de él, con múltiples listas internas o sublemas. Los votos de todos los sublemas se suman al lema, y gana la lista más votada dentro del lema ganador.

¿Quiénes son los principales candidatos?

¿Qué quiere el oficialismo?

Insfrán quiere conservar el control de la Convención Constituyente. Para eso, apuesta a ganar la mayoría con una lista unificada y decenas de sublemas en los concejos para movilizar el voto territorial. Durante el cierre de campaña, inauguró obras, entregó ambulancias y habilitó un hospital, acompañado por miles de militantes. “Ojalá que el domingo el señor nos regale un día peronista”, dijo entre aplausos.

¿Qué propone la oposición?

El objetivo común: evitar que Insfrán logre la mayoría de convencionales. Paoltroni y Neme, aunque divididos, buscan alcanzar al menos 14 bancas para bloquear cualquier intento de reelección. “Si entre todos sumamos 14, Gildo está listo”, dijo Paoltroni. La oposición denunció agresiones, uso del aparato estatal y un despliegue millonario de cartelería oficialista.

¿Qué se espera?

Una elección marcada por el ausentismo y por la sombra del fallo de la Corte Suprema, que sacudió el tablero político de la provincia. La apuesta oficialista es conservar su hegemonía. La oposición, aun fragmentada, ve en esta elección una posibilidad inédita de ponerle un freno al poder de Insfrán.

JJD/MT

La mano dura fue su propuesta de seguridad cuando asumió el gobierno de Santa Fe en diciembre de 2023 y ahora se proyecta con la posibilidad de convertirse en ley. Maximiliano Pullaro anuncia que no habrá “ningún concepto garantista” si la lista del frente Unidos triunfa en las elecciones de los convencionales que reformarán la Constitución de la provincia, previstas para el 13 de abril.

Pullaro planteó su programa de una Constitución sin garantías en la apertura de sobres de la licitación para la construcción de una cárcel destinada a presos de alto perfil en la localidad de Piñero. A un año de la difusión de videos y fotos de presos exhibidos “a lo Bukele” en la cárcel de Coronda, editadas con bandas de sonido heavy metal y proclamas beligerantes contra la criminalidad, el gobernador velará porque no haya “ningún tipo de beneficio para los delincuentes”, según dijo.

“La Constitución provincial tiene que ajustarse a los derechos y garantías de la Constitución nacional y a los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina. Para que no existan conceptos garantistas habría que revisar también la legislación en derecho penal”, observa Cecilia Lesgart, politóloga y profesora de la Universidad Nacional de Rosario consultada por elDiarioAR. Las declaraciones de Pullaro “tienen que ver con una campaña electoral que para la ciudadanía aparece confusa por la cantidad de cargos que se eligen y van de lleno a la disputa con LLA sobre el orden securitario”, analiza la investigadora.

La utopía punitivista de Pullaro también provocó las reacciones de constitucionalistas santafesinos en la red X. “Es un oxímoron. ¿Qué es una Constitución sino garantista, en el sentido de respetar las garantías penales y procesales que vienen del derecho penal liberal desde el siglo XVIII?”, se preguntó Oscar Blando. “¿Se pretende reprimir desde el absoluto inquisidor que jamás se equivoca? Retrocedemos hasta antes de la Revolución Francesa”, observó Víctor Corvalán.

Los anacronismos de la Constitución de Santa Fe quedaron patentizados en 2021, cuando el senador Armando Traferri se escudó en la norma para no comparecer ante la Justicia por las acusaciones de protección a una red de juego clandestino. El 13 de abril los santafesinos elegirán cincuenta asambleístas por una lista común a nivel provincial, que se reunirán en una convención con otros diecinueve, uno por cada departamento de la provincia. Las reformas fueron acordadas por ley e incluyen la posibilidad de la reelección del gobernador.

“Las reformas institucionales buscan beneficiar a quienes las impulsan. En este caso, al gobernador que aspira a la reelección en un contexto político y social que le es favorable. Para eso será decisivo el número de votos que alcance Unidos, si logra mayoría propia o necesita alianzas. Ese es el foco de la disputa”, señala Cecilia Lesgart, también investigadora del Conicet.

Pullaro encabeza la nómina de Unidos, donde convergen la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista y otros partidos menores. Con el peronismo disperso en tres listas, el gobernador observa como su principal competidor al periodista Juan Pedro Aleart, referente de La Libertad Avanza. “Aleart saltó a la arena política después de denunciar a su padre y a un tío por abusos sufridos en la infancia –recuerda Lesgart–. A diferencia de Pullaro es un outsider pero su denuncia, en horario central de la televisión rosarina, causó una identificación muy fuerte con la audiencia. Unidos y La Libertad Avanza disputan los mismos electores. Aun reconociendo la volatilidad del electorado, juegan en un mismo clima de época corrido hacia la derecha, en donde los discursos punitivos concitan adhesión”.

Los posicionamientos de Pullaro ante la coyuntura nacional pueden ser interpretados como señales hacia los electores de La Libertad Avanza. El gobernador de Santa Fe se pronunció en contra del juicio político al presidente Javier Milei por el escándalo cripto y, en la misma conferencia de prensa en que postuló una Constitución sin garantías, dijo que compartía los objetivos de la ministra Patricia Bullrich en seguridad pública.

“Hay varias elecciones este año, en un momento en que la ciudadanía siente una gran apatía por el poroteo cotidiano y no tiene claro qué se vota –destaca Lesgart–. Una elección es la de constituyentes, pero también se renuevan concejales, hay municipios que eligen por primera vez intendente, elecciones nacionales y está el debate por la derogación de las PASO. En este clima no es extraño que Pullaro haga esas manifestaciones sobre el garantismo, porque hay una disputa fuerte con La Libertad Avanza para retener o ganar electores y se manifiesta en la definición pública de qué es un delito, cómo reprimirlo y cómo sancionarlo, no solo en términos jurídicos sino también socialmente”.

El rebote de la violencia

Pullaro reivindicó en conferencia de prensa “el policiamiento que tenemos en la calle”, en alusión a los operativos de pinzas donde las fuerzas de seguridad interceptan a vehículos y peatones y requieren documentos de identidad. El gobernador resaltó la disminución de delitos contra la propiedad en la provincia: según sus registros, “en enero de 2024 hubo 4.700 delitos contra la propiedad y en enero de 2025 tuvimos 2.100”. Como corolario pidió un aplauso para la policía provincial, a la que por otra parte privilegió por encima de los docentes y los trabajadores de la salud al otorgarle en 2024 un 3% más de aumento sobre los montos concedidos por paritarias.

“Hay un problema ideológico en algunos jueces, en algunos fiscales que fueron cambiando, ni hablar en los (abogados) defensores que es su trabajo” agregó Pullaro en un video publicado en su cuenta de X. El contexto incluye otro dato relevante: los homicidios dolosos en Rosario aumentaron durante enero un 10% por encima del registro de enero de 2024.

“Algunos cambios en los últimos años pueden tener un impacto positivo en la disminución de los homicidios dolosos y otros, coyunturales, son muy débiles y permiten rebotes de la violencia”, dice el criminólogo Enrique Font a elDiarioAR, quien agrega que “hay un reordenamiento en la policía provincial con la hegemonía de un sector que disciplina y logra acotar pero no erradicar el cuentapropismo en la corrupción institucional”.

El último caso es el de una banda de poliladrones que actuaba dentro del Comando Radioeléctrico de Rosario, cuyos diez integrantes fueron imputados por robos, allanamientos ilegales y falsificación de actas de procedimientos a principios de enero. Font suma “la incapacidad para detener a los integrantes de la banda de Los Menores tiene que interpretarse como lo que es: dejar hacer a un grupo en ascenso en desmedro de otros”.

La banda de Los Menores se encuentra en actividad desde 2021 en la zona noroeste de Rosario y su notoriedad escaló a partir del 9 de noviembre pasado, ante la sospecha de que instigó o por lo menos proveyó los sicarios que ejecutaron a Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra de Rosario Central– y Daniel Raúl Attardo. Uno de sus jefes, el prófugo Jonatan Garraza, revistaba en la Policía de Investigaciones, la sección de la policía de Rosario encargada de perseguir a las organizaciones criminales.

Siete integrantes de la Policía de Acción Táctica están acusados en la Justicia Federal por un allanamiento ilegal realizado el 13 de agosto de 2024 en una casa del barrio Azcuénaga de Rosario, donde robaron entre 12 y 15 kilos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos. También privaron de la libertad a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. El Ministerio Público Fiscal amplió las acusaciones el 10 de enero: los policías enfrentan cargos por comercio de estupefacientes, violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento, y según se sospecha derivaron la droga a otras personas para su venta en la calle.

De la cárcel a la calle

La promesa de Pullaro de recuperar el orden en la calle y en las cárceles no aparece solamente en duda por el aumento de homicidios en enero. El mismo día en que el gobernador reafirmó la apuesta por la política de mano dura, la Justicia Federal ordenó un segundo allanamiento en la cárcel de Las Flores ante el hallazgo de más de cuatro kilos de marihuana enterrados en el patio de un pabellón donde no había cámaras de vigilancia, además de armas de fuego y celulares. El Ministerio de Seguridad de la provincia debió remover a la cúpula de la cárcel.

“Los allanamientos demuestran que las cárceles santafesinas no están controladas como afirma el gobierno sino que se parecen a las cárceles de siempre. En el Servicio Penitenciario de la provincia también hay cuentapropismo y así se puede arreglar matar a alguien dentro de la cárcel”, agrega Font. La referencia es el homicidio del preso Agustín de la Encina, perpetrado en la cárcel de Piñero el 13 de enero: el jefe de vigilancia Hernán Peralta y dos guardias fueron imputados por facilitar el crimen por parte de reclusos no identificados. Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales y como tal responsable política de las cárceles santafesinas, es candidata a convencional constituyente en las elecciones del 13 de abril .

“El éxito de la política de Pullaro depende de actores a los que no va a reformar, que son la policía y el Servicio Penitenciario provincial –explica Font–. Al interior de estas instituciones sigue existiendo un problema de autonomía por lo que la situación es muy inestable, con el agregado de un Ministerio Público de la Acusación que no investiga ni esclarece nada importante y que está totalmente controlado políticamente”.

Lanzado a una nueva campaña electoral, Pullaro reafirma la prédica con la que se impuso en las últimas elecciones a gobernador: “Tenemos que terminar con que los delincuentes son pobrecitos, víctimas de un sistema injusto que por eso cometen delitos y por eso salen a robar y salen a matar”, dice en su cuenta de X. La consigna de una Constitución sin garantías “no será olvidada después de las elecciones, porque es persistente en el discurso del gobernador y configurativa de su proyecto político”, destaca Cecilia Lesgart.

Pero la política punitivista recrea el problema que trata de enfrentar, advierte Enrique Font: “La retórica de la mano dura construye un relato de superhéroes e hipervillanos que consolida identidades y hace crecer el valor simbólico de las bandas, algo que termina operando en contra. La fragmentación de las organizaciones criminales generada por la participación policial y penitenciaria es otro problema. En Santa Fe hay circo, hay garrote y hay negocio”.

OA/MG

La política de Santa Fe vive un viernes al rojo vivo. Esta medionoche vence el plazo para la presentación de las listas locales para la Convención Constituyente que buscará reformar la carta magna local, además de la definición de cargos locales como intendencias y concejos deliberantes municipales. Serán los primeros comicios de este 2025: las primarias están previstas para el 13 de abril junto a la elección de convencionales, y las generales serán el 29 de junio.

Tres datos son los más llamativos sobre el proceso electoral santafesino en la previa al deadline reglamentario para la presentación de todas las listas: el gobernador radical Maximiliano Pullaro encabeza la alianza oficialista con un acuerdo con Mauricio Macri, Karina Milei hace su primera apuesta al frente de La Libertad Avanza como partido nacional consolidado y el peronismo de Cristina Kirchner apura la negociación de un frente de unidad lo más amplio posible, que abarcaría desde el sello del PJ al Movimiento Evita y La Cámpora, aunque no sin dejar heridos afuera.

Si bien las elecciones provinciales de medio término reestructurarán el mapa político local, lo interesante es el armado de la Convención Constituyente: está en discusión la posibilidad de que se incorpore la reelección para el cargo de gobernador. Sería un cambio histórico, que habilitaría a Pullaro –en tren de su alta performance política que lleva desde que asumió en 2023– a un segundo mandato.

Ahí está justamente la primera novedad del cierre de listas: Pullaro encabeza la lista del oficialismo para ser convencional constituyente. Al ser el propio gobernador, es una jugada que generó cierto ruido en la provincia. Un diputado nacional de Santa Fe comparó para elDiarioAR la situación con que Carlos Menem haya sido constituyente en la reforma de 1994 cuando aún era presidente. Los comicios santafesinos permiten otra rareza: las candidaturas duplicadas, ya que un convencional constituyente está habilitado a ir como candidato a concejal municipal por ejemplo.

El segundo dato que involucra a Pullaro es que acordó finalmente con Macri quién será su segunda en la boleta del frente Unidos: la diputada nacional Germana Figueroa Casas, del riñón del expresidente. En esa alianza entró no sin discusión interna el socialismo, que en la Cámara de Diputados tiene como representantes a Mónica Fein y a Esteban Paulón. “Vamos con la peor de las ondas”, comentó una voz del partido de la Rosa.

Detrás del oficialismo local será importante el movimiento del oficialismo nacional: Santa Fe será el primer desafío de La Libertad Avanza como partido nacional, que tiene al frente a la hermana de Javier Milei. La apuesta de Karina en la provincia es el diputado Nicolás Mayoraz como primer convencional constituyente libertario.

Pero quien teje la estrategia libertaria como alfil de El Jefe es la diputada Romina Diez. LLA tiene la apuesta de completar un sinfín de cargos locales. Santa Fe elegirá 69 convencionales constituyentes el 13 de abril: 50 por distrito único y 19 por cada uno de los departamentos que componen la provincia. Además, se definirán 19 intendencias, 300 comunas de pueblos y los concejos deliberantes de 65 localidades.

Ya al menos los libertarios lograron generar un fuerte impacto mediático: ficharon a Juan Pedro Aleart, un reconocido periodista político de la televisión local que dejó su programa para confirmar que será convencional constituyente por el departamento Rosario por La Libertad Avanza. 

La tercera fuerza a pura rosca electoral es el peronismo, que llegó muy dividido a esta jornada definitoria de cierre de listas, con cuatro frentes electorales distintos, que al final de la jornada podrían ser menos. Es que el PJ que comanda Cristina Kirchner desde el Instituo Patria en Buenos Aires busca ampliar lo más posible su alcance. Según supo elDiarioAR, se está negociando a contrarreloj una lista compartida con el Movimiento Evita y la fuerza electoral Ciudad Futura.

Al frente de ese armado está Juan Monteverde, la sorpresa en las últimas elecciones locales porque llegó a disputarle en Rosario el balotaje al oficialismo que encabezó Pablo Javkin (hoy alineado a Pullaro). CFK tiene como negociador en la provincia a figuras conocidas como el excandidato a vicepresidente Agustín Rossi y a Germán Martínez, actual titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados. El guiño del frente peronista ampliado está en que se supo a última hora que el sello electoral pasó a llamarse Unión por Santa Fe.

“Hay intentos para juntarse”, recogió elDiarioAR en el peronismo santafesino. “Está difícil salvo que La Cámpora acepte las condiciones”, apuntó otro operador peronista. Afuera del armado del PJ habría quedado definitivamente el senador nacional y excandidato a gobernador Marcelo Lewandowski, que encabezaría una lista propia al nombre de Activemos.

MC/JJD

El fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos rechazó hoy la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) como querellante de la causa que investiga la represión policial ejercida contra las protestas por la reforma constitucional de Jujuy. El magistrado consideró que “no se visualizan violaciones a los derechos humanos y la causa debe quedar enmarcada en las instituciones de la provincia de Jujuy”.

“Una vez más la Justicia jujeña demuestra la falta de división de poderes y el encubrimiento permanente a las acciones del gobierno de Gerardo Morales”, afirmó la cartera encabezada por Horacio Pietragalla Corti. “Lo único que quería hacer la SDH, como hacemos en otras provincias, era colaborar e instar a que se haga una investigación seria para determinar los responsables de los hechos que hemos verificado durante los días de represión”, explicó el funcionario.

La secretaría había solicitado ser querellante aduciendo que “se encontraba en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino” dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Nacionales Unidas habían emitido comunicados de advertencia por violaciones de derechos.

Ante las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y lesiones graves provocadas por el estado jujeño, la CIDH exhortó, el pasado 20 de junio, al estado a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Con información de agencias.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), denunció este jueves “maltrato” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra los 200 indígenas del Tercer Malón de la Paz de Jujuy, quienes continúan su vigilia contra la reforma constitucional en esa provincia.

En Plaza Lavalle, frente a los Tribunales, bajo el fuerte temporal de tormenta y viento, el Malón estaba a la espera de ser recibidos por legisladores del Congreso de la Nación.

“La situación es muy grave. Los casi 200 indígenas que llegaron desde La Quiaca, Purmamarca y Tilcara para reclamar que se reconozca su derecho y para denunciar la represión en sus territorios, están siendo maltratados por el Gobierno de la Ciudad y por la Corte Suprema de Justicia”, dijo Pérez Esquivel y agregó: “Es discriminación, racismo e intolerancia. Los indígenas están en vigilia en Plaza Lavalle y no solo no les dan carpas y baños químicos, sino que les quieren hacer pagar un seguro de millones de pesos”.

El activista consideró además que “es realmente de terror la inhumanidad de Horacio Rodríguez Larreta” y “de todos los que lo acompañan que no toleran la presencia de indígenas a 40 años de recuperada la democracia”.

Pérez Esquivel pidió solidaridad de parte de los porteños con “los pueblos originarios que están en vigilia en Plaza Lavalle, porque debido a la tormenta solo se están cubriendo con nylons y no pueden cocinar porque se les apagan las garrafas”.

“Todos ellos y ellas son nuestros hermanos y hermanas indígenas”, expresó el profesor y le reiteró a los jueces que “dejen de esconderse detrás de la impunidad de la Corte Suprema y los reciban. Ese sería un acto digno que aún no han tenido”.

Los integrantes del Malón preveían también presentaciones artísticas y culturales, conversatorios y la proyección de una película en la Plaza Lavalle en apoyo a las comunidades de distintas localidades jujeñas, según informó Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, aunque serían suspendidas si la lluvia continuaba.

La columna del Tercer Malón de la Paz partió el pasado 25 de julio desde diversas localidades de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas, pasando por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

Ingresó a Buenos Aires el martes primero de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte con el objetivo de hablar con los jueces supremos para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque sin éxito ya que no fueron recibidos.

Desde entonces, permanecen en “vigilia” en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales, en reclamo por la “falta de Estado de derecho” y “la violencia institucional” en esa provincia, y contra la “reforma de la Constitución de la provincia”, llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales.

LC con información de agencia Télam

El Tercer Malón de la Paz realizó este miércoles, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una asamblea plurinacional y un “wiphalazo” -un banderazo con el emblema de las comunidades originarias- frente al Congreso Nacional. Luego, regresaron a los Tribunales donde mantienen una vigilia contra la reforma constitucional en Jujuy.

Por la tarde, los manifestantes se concentraron en el Obelisco para marchar primero a Plaza de Mayo y desde allí dirigirse hacia el Congreso para exhibir múltiples whipalas, banderas argentinas y carteles. “Pueblo escucha, únete a la lucha” y “En Jujuy tenemos un señor dictador, Morales se llama y nos tiene con hambre, Morales se llama y no tiene corazón” fueron algunos de los cánticos.

Durante la marcha, algunos integrantes del Tercer Malón fueron tomando la palabra para retratar “lo que se vive en Jujuy” y hacer oír sus reclamos: “Queremos decirle a toda la sociedad que somos preexistentes al Estado y hemos demostrado por diez mil años cómo se vive en convivencia y en armonía con la madre tierra. Cuando el agua llegue a Buenos Aires contaminada desde el norte, recién ahí van a tomar conciencia”.

Otros referentes le exigieron a los tres poderes del Estado que “trabajen para el pueblo y no para las empresas multinacionales”, advirtieron sobre “el peligro que corre la Argentina ante la explotación de sus recursos naturales” y el “enorme daño que hicieron los ocho años del gobierno neoliberal de Gerardo Morales en Jujuy”.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP presente en el lugar, manifestó que se está frente a un “proceso muy interesante como el que se abrió en Bolivia, se está abriendo en Perú y como ocurrió en Ecuador, donde los pueblos originarios van a ser los protagonistas de la transformación que viene”.

Desiderio Olmos, referente del Tercer Malón, recordó que “ya han pasado más de 24 horas desde que tres hermanos se han encadenado con huelga de hambre mientras que los jueces ni se acercaron”. “Solicitamos a la Corte Suprema que se expida de una vez, ya sea de forma positiva o negativa, sobre la reforma inconstitucional que se aprobó en Jujuy, para que podamos continuar con los pasos legales e ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó.

En la Cámara de Diputados desde las 15, se desarrolló una Audiencia Plurinacional convocada por el colectivo “Feminismos Originarios”, donde distintas referentes mantuvieron junto a legisladoras una “Minga de la palabra”. Fue un encuentro donde -según la lengua quechua- se busca que “circule la palabra, se piense y se construya en conjunto por el bien común”.

Una vez finalizadas las actividades en la explanada del Congreso, el Tercer Malón retornó a Plaza Lavalle, frente a la sede del máximo tribunal, donde hicieron un “cierre musical” de la jornada al son de sus sikuris, bombos legüeros, guitarras y charangos.

En tanto, durante una asamblea plurinacional realizada esta mañana frente a los Tribunales, referentes de las 400 comunidades originarias reiteraron su denuncia por la “falta de Estado de derecho” y “la violencia institucional” que denuncian en la provincia de Jujuy.

“Venimos a denunciar que en Jujuy no hay Estado de derecho, que lo que existe hoy en la provincia es la violación de derechos humanos y tratados internacionales, como ha sido la violación sistemática del convenio 169 de la OIT en esta reforma inconsulta, viciada en su plenitud y contradictoria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional”, apuntó Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya jujeño.

En referencia al Día de los Pueblos Indígenas, Jerez sostuvo: “Somos los hijos de la Pachamama, somos pueblos, naciones preexistentes que venimos a decir basta de avaricia, de saqueo, de daño irreversible a la Madre Tierra”. “Lo que está pasando hoy en Jujuy es un experimento de laboratorio y el objetivo del gobernador Morales es implementarlo a nivel nacional, por eso decimos que esta es una lucha de todos por el buen vivir”, agregó.

En esa línea, el cacique exhortó a los organismos de derechos humanos, a los organismos garantes de los derechos de los pueblos indígenas, a los diputados y senadores, y a los organismos internacionales a que intervengan. “Estamos siendo discriminados y reprimidos en la provincia de Jujuy, pero también fuimos discriminados aquí en la Ciudad de Buenos Aires desde el 1° de agosto que nos instalamos en vigilia y permanencia frente a Tribunales porque no nos han dejado colocar un toldo o una carpa para nuestros mayores, mujeres y niños y estamos a la intemperie”, denunció.

Además, se desarrollaron múltiples actividades durante toda la joranda en distintas localidades de las provincias de Jujuy, Córdoba y Buenos Aires.

El pasado 25 de julio, la columna del Tercer Malón de la Paz partió desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas, pasando por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

Las comunidades originarias ingresaron a la Capital el primero de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte Suprema con el objetivo de hablar con los jueces para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque sin éxito ya que no fueron recibidos.

LC con información de agencia Télam

Integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron hoy a la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia como una nueva forma de reclamo contra la reforma constitucional de Jujuy impulsada por Gerardo Morales. Dos manifestantes muestran un cartel con la consigna “Corte Suprema de la Nación, exigimos Justicia”, mientras que un tercero lleva una bandera wiphala con la inscripción “Jujuy resiste”.

Los tres referentes encadenados, que acompañan la vigilia frente a Tribunales, son el comunero de la Comunidad de Sayate Oeste (Cochinoca), Marcos Tinte; el integrante de la comunidad Cueva del Inca (Tilcara), Walter Condori; y Lucas García de la comunidad de Santo Domingo (Rinconada). Todos ellos estuvieron acompañados por el Premio Nóbel de la Paz y presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, quien, tras arribar a las 14 al lugar, intentó sin éxito ser recibido por algún magistrado.

“Ninguno de los jueces está presente, nos recibieron los secretarios. Nos dijeron que no hay ninguna definición y no pueden explicar por qué no los reciben”, explicó Esquivel. Dada la falta de respuesta por parte de la Justicia, el Tercer Malón de la Paz permanece afuera de Tribunales y, a pesar de las condiciones climáticas y su extensa estadía, el Gobierno de la Ciudad no ha autorizado aún la colocación de carpas en la plaza para que puedan refugirarse.

En este marco, el histórico referente de los derechos humanos aseguró que iniciará los trámites correspondientes ante el Poder Ejecutivo porteño para mejorar las condiciones de permanencia de los manifestantes indígenas. “Vamos a hacer gestiones para que tengan espacio, baños químicos porque los están privando de todo. Esto es una violación, es racismo, discriminación e intolerancia no sólo por parte de la Corte, sino del Gobierno de la Ciudad”, expresó.

Dada la drástica decisión de los tres integrantes de la agrupación, el Tercer Malón de la Paz se vio obligado a suspender la conferencia de prensa que tenía prevista para hoy a las 15. “Nos vemos obligados a tomar medidas, tenemos a tres compañeros encadenados porque no hay respuestas. Pedimos a todos los organismos que intervengan y actúen de inmediato”, sostuvo Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya.

En los últimos días, solicitó en reiteradas oportunidades que los jueces reciban a las comunidades indígenas que se congregaron en Plaza Lavalle para que puedan relatar la situación que están viviendo en Jujuy que, según especificó, “es la continuidad de un genocidio y exterminio de los pueblos con una reforma hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales”.

Con información de agencias.

Eduardo Casal, el procurador general interino, se pronunció en favor de que la Corte Suprema de Justicia revisara la legitimidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, elaborada por el gobernador Gerardo Morales, y haga lugar a los reclamos del Gobierno Nacional. Fue a través de en un dictamen, firmado este viernes.

La decisión llega tras los reclamos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para pedir que se declare la inconstitucionalidad de las reformas en la carta magna jujeña. “A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, determinó Casal.

En esa línea, remarcó que “en efecto, toda vez que el Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal (...), demanda a la provincia de Jujuy (...) entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”. 

De todos modos, el dictamen del procurador, de apenas tres páginas, no es vinculante. Esto significa que la Corte no está obligada a seguir ese criterio, y podría resolver en sentido contrario.

Tampoco avanza sobre el fondo del reclamo formulado por el Gobierno Nacional, respecto de la validez constitucional de los artículos objetados de la nueva carta magna provincial. El dictamen atribuye al tribunal supremo la “competencia originaria”, es decir, la intervención como tribunal de única instancia en el reclamo.

“En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, sostuvo el procurador.

“Toda vez que el Estado Nacional —que tiene derecho al fuero federal—, demanda a la provincia de Jujuy -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”, explica el documento.

El Estado demandó a la provincia de Jujuy “a fin de obtener se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inciso 4°, 94 y 95 de la Constitución de la provincia”. La presentación sostiene que esos artículos, que se refieren a la prohibición y criminalización de la protesta social y a los derechos de los pueblos originarios, “subvierten el orden institucional y los derechos y garantías constitucionales” de la Nación.

LC con información de agencia NA

Los integrantes del Tercer Malón de la Paz dieron hoy una nueva rueda de prensa en Plaza Lavalle para reafirmar su reclamo ante la violencia institucional y reforma constitucional de Jujuy. La delegación, que inició su marcha a Buenos Aires desde la provincia gobernada por Gerardo Morales el pasado 25 de julio, continuará apostada frente a Tribunales.

“Vamos a permanecer aquí hasta que nos den respuesta. Reclamamos que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre las denuncias que hemos presentado, exigimos la nulidad de la reforma constitucional por unanimidad y que el Congreso tome de inmediato las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy”, expresó Desiderio Olmos, referente del Tercer Malón de la Paz.

Este jueves, representantes de las comunidades indígenas entregaron un petitorio a la Corte Suprema con las denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho en la provincia y la violencia institucional generada por la aprobación de la reforma constitucional. Iban a mantener una reunión con los magistrados de la Corte, pero finalmente sólo lograron presentarles este documento.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, indicó el cacique Néstor Jerez.

Voceros de la organización relataron que la policía porteña de la seccional 1B se presentó durante la madrugada para advertirles que no se podía acampar en la Plaza Lavalle. “Sin autorización del gobierno de la Ciudad, las empresas que dan el servicio no nos quieren colocar baños químicos. Ya presentamos varias notas pero el gobierno de Larreta no nos ha respondido, sólo mandó a la policía a decirnos que no podemos estar acá”, explicaron.

Los manifestantes iniciaron su movilización con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 25 de julio desde distintas localidades jujeñas entre las que destacan La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas. Además de declarar inconstitucional la reforma jujeña, la agrupación busca que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y tome medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención a manifestantes.

Con información de agencias.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió hoy el debate por la creación de una Comisión Bicameral para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy, mientras el Tercer Malón de la Paz permanece frente a Tribunales a la espera de una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Comuneros indígenas, abogados, docentes y víctimas de la represión jujeña denunciaron en el Congreso el accionar del gobierno de Gerardo Morales y pidieron que los reclamos realizados sean elevados a los organismos internacionales de Derechos Humanos y los estrados judiciales. “Queremos que esta comisión haga una denuncia ante organismos internacionales, El gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, reprimir, tiene un tinte de carácter de racismo”, explicó Armando Quispe, referente del Tercer Malón de la Paz.

El encuentro, que no contó con la presencia de los legisladores de la oposición, estuvo presidido por la diputada del Frente de Todos (FdT), Paula Penacca, quien confirmó que el oficialismo acompañará las denuncias ante organismos internacionales por la “represión brutal que de dio en Jujuy en el marco de la sanción de una nueva Constitución provincial”.

Según expresó Julio César Valdivieso, referente de la delegación que marchó desde La Quiaca hasta Buenos Aires, las comunidades originarias no tuvieron participación en el proceso de reforma y, por ende, se movilizaron para defender sus derechos. En la misma línea, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que el gobernador está avanzando sobre los recursos y bienes que le pertenecen al pueblo como el litio, la megaminería y el medio ambiente.

“La reforma viene a legalizar esta mano represiva de Morales que empezó hace 8 años atrás. Estoy acá porque hace dos semanas entraron por segunda vez en mi casa y mi vida corre peligro”, declaró Camila Muller, referente del Colectivo Artistas en Lucha.

Más allá de exigir que no se archiven los reclamos realizados, el Tercer Malón de la Paz solicitó que se cree una Comisión Bicameral Investigadora, proyecto que promueve la precandidata a senadora de Unión por la Patria, Leila Chaher. Según afirmó, lo que sucede en Jujuy “es el caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer en el país”.

El apoyo del oficialismo a los pueblos indígenas también fue reforzado por la diputada nacional por Salta, Verónica Caliva, que adelantó que están listos el proyecto para declarar de interés al Tercer Malón de la Paz y el que busca crear una comisión para abordar demandas históricas de las comunidades indígenas. En los últimos días, una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunió con víctimas detenidas tras los incidentes que siguieron a la reforma.

Con información de agencias.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy entregó hoy un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en la provincia gobernada por Gerardo Morales tras la reforma constitucional. Continuarán frente al Palacio de Tribunales hasta conseguir una respuesta favorable de la justicia.

“Mientras no tengamos respuesta no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el mensaje que queremos dar, que seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades continuando la lucha de nuestros mayores”, expresó el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, agregó el referente en relación a las condiciones de su instalación en Tribunales.

La delegación que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires con representantes de 10 pueblos originarios iba a reunirse hoy con los jueces de la Corte, pero finalmente no los recibieron. En este marco, Eduardo Barcesat, abogado de derechos humanos que los acompaña, aseguró que las comunidades volvieron a sufrir “un maltrato innecesario por parte de los jueces”. Ante esta situación, Aurora Choque, referente de las comunidades, advirtió que si no son escuchados por la justicia nacional, recurrirán a la corte de las Naciones Unidas.

En tanto, otra delegación del Tercer Malón presentó en el Congreso de la Nación, un proyecto para la creación de la “Comisión investigadora bicameral sobre la reforma constitucional y la violencia institucional” y la “Comisión sobre pueblos indígenas”. De acuerdo con Jerez, su objetivo será llevar adelante las denuncias de violencia institucional y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos naturales.

“Tienen que ver la reparación de los daños causados a los hermanos que están siendo arbitrariamente detenidos, imputados con multas exorbitantes, producto de las contravenciones ilegales. Por eso pedimos que las denuncias no queden archivadas, sino que también se presenten ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, explicó el cacique.

El Tercer Malón de la Paz está integrado por 400 comunidades indígenas que representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya y Guaraní. En su permanencia por la reforma constitucional de Jujuy, cuentan con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Con información de agencias.

Integrantes del Tercer Malón de la Paz de Jujuy permanecen en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a la espera de ser recibidos por la Justicia o el Congreso de la Nación para darles una respuesta a sus demandas de “justicia e intervención” en la provincia gobernada por Gerardo Morales. “Estamos haciendo una permanencia frente a Tribunales, porque no nos dejaron acampar”, dijo Paula Coronel, referente de la comunidad de Caspalá, departamento de Valle Grande.

“Luego haremos una asamblea para ver cómo sigue nuestra lucha. Nos quedaremos hasta tener una respuesta porque ya venimos aguantando muchos días en el corte de ruta de Purmamarca, en Abra Pampa, en La Quiaca y otras comunidades más”, agregó.

El Tercer Malón de la Paz, integrado por diez pueblos originarios de Jujuy, se movilizó ayer desde el barrio de Once hasta Tribunales para exigir que “la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución jujeña”. Ese no es su único reclamo: también piden que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena e intervenga la provincia de Morales por violencia institucional, persecución y detención de manifestantes en el marco de la represión por los incidentes que rodearon la aprobación de la reforma constitucional.

“El pueblo jujeño pide justicia porque no la tenemos, porque nuestros abogados y docentes están presos, por eso llegamos hasta acá, a la Corte Suprema de Justicia”, gritó Yuquina de la comunidad Chucalezna, del departamento de Humahuaca. La mujer también criticó al gobernador, a quien acusó de llamarlos peyorativamente “piqueteros”. “Nosotros no estamos pidiendo plata ni planes, estamos acá para pedir justicia porque no queremos la reforma de la Constitución de Jujuy porque es una reforma arbitraria y violenta hecha a la medida de algunos políticos”, explicó.

Néstor, de la comunidad Abra Pampa, coincidió con sus compañeros de movilización en que el accionar del gobierno de Gerardo Morales constituye un atropello y que amerita la intervención del presidente Alberto Fernández.

Con información de agencias.

La crisis en Jujuy derivará la semana próxima en una movilización nacional contra el gobierno de Gerardo Morales, actual compañero de fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales anunciaron este viernes desde el Congreso una protesta para el 20 de julio en todo el país. Buscan repudiar las “decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas”, según sus expresiones, de los últimos días en la provincia.

La movilización se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la denominada “Noche del Apagón”, ocurrido el 20 de julio de 1976, cuando se sucedieron una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, la mayoría de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma. 

La marcha, además, coincidirá a un mes de la represión ocurrida en la capital jujeña sobre la protesta contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución local. Esos episodios terminaron con varios detenidos y heridos, incluido un joven de 17 años que perdió un ojo por un balazo de goma. Desde entonces el gobierno de Morales lanzó una fuerte ofensiva para criminalizar la protesta y en las últimas 48 horas detuvo a 42 personas, entre ellos docentes, dirigentes sociales, sindicales y docentes y varios abogados defensores.

El anuncio de la manifestación nacional se hizo este viernes durante una conferencia de prensa protagonizada por referentes de derechos humanos como Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), además de secretario del área a nivel nacional, Horacio Pietragalla, dirigentes sindicales ligados al kirchnerismo, así como diputados oficialistas y del Frente de Izquierda.

Los dirigentes coincidieron en responsabilizar por las “detenciones arbitrarias” a Morales, exigieron su inmediata liberación, y denunciaron el ingreso de fuerzas policiales a las universidades públicas de Jujuy, como ocurrió en la sede de la UBA de Tilcara. Según supo elDiarioAR, ayer se presentó un habeas corpus por los detenidos, pero al cierre de esta nota no había tenido respuesta favorable. 

“Queremos repudiar a este individuo que pasó de ser represor a genocida, Morales. Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si estos individuos llegan a ganar las elecciones”, dijo Almeida ante los medios, y pidió: “Cuando vayan a votar hay que hacerlo con memoria y recordar no quién es el adversario, sino el enemigo”.

Carlotto, por su parte, destacó la importancia de “cuidar la democracia” y dijo que “hay delitos muy graves que no pueden pasarse por alto”, a la vez que llamó a “formar una gran cadena de unidad”. 

En la conferencia, Pietragalla ligó los episodios con la campaña electoral: “Le pedimos a Morales parar esta locura, en su afán de ser vicepresidente porque es peligroso y puede acarrear que todo el Estado sea responsable de las violaciones a los derechos humanos en Jujuy”.

La avanzada de Morales contra la protesta social derivó paralelamente en las universidades públicas. Por un lado, anteayer la Policía local irrumpió en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Y por otro lado, el mandatario acusó por los piquetes en las rutas a trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

En un comunicado, la Comisión por la Memoria manifestó condenó “la intromisión” de fuerzas policiales en la sede de la Universidad Nacional para detener a un docente. “Los hechos de represión, que no cesan desde hace semanas, derivaron en las últimas horas en el ingreso de efectivos de la policía provincial a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), un hecho gravísimo que vulnera el principio de autonomía universitaria”, sostuvo la CPM en un comunicado.

El organismo de DDHH bonaerense, recordó que “esa intromisión se produjo durante la sesión del Consejo Superior de la universidad, cuando la comunidad educativa debatía el alcance regresivo de la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial”.

La aprobación de la reforma constitucional generó una fuerte controversia a nivel político y social en la provincia. La masiva protesta del 20 de junio dejó como saldo unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos por la represión policial que se extendió por más de cuatro horas. Morales recibió un respaldo cerrado de todo el arco de Juntos por el Cambio, que culminó con su nominación finalmente como vice de Larreta.

A nivel político también impactó en el Frente de Todos. Este mismo viernes el presidente Alberto Fernández intervino el Partido Justicialista en la provincia, porque acompañó la aprobación de la reforma constitucional. “El presidente del PJ Alberto Fernández ordenó la intervención del partido Justicialista de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno y las políticas represivas de Gerardo Morales”, informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.

MC con información de Télam

El Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó en la madrugada de este sábado una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores locales que realizaban una protesta en las inmediaciones del recinto de sesiones fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.

Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado en el interior, las fuerzas de seguridad realizaron el avance represivo sobre los manifestantes, los cuales venían protestando desde horas de la tarde, exigiendo la declaratoria o la renuncia de los concejales.

Por la represión, al menos cuatro personas resultaron con heridas por las que debieron recibir asistencia médica. Uno de ellos fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho, según informó a Télam su madre, Elizabeth Sandoval.

“El accionar de la Policía es violento, es muy malo. Apuntaron a los ojos cuando disparaban y le tocó a mi hijo”, reprochó Sandoval al comentar que el joven se encontraba apoyando la marcha, tocando el bombo junto a una banda de música, y que luego, durante los incidentes, recibió el impacto por el que tuvo que ser trasladado al hospital Pablo Soria, de la ciudad capital.

El joven debió ser intervenido quirúrgicamente esta mañana y le comunicaron que perdió totalmente la visión del ojo afectado.

Con Paredes ya suman tres las personas que perdieron un ojo en los avances represivos de las fuerzas de seguridad local por las protestas contra la reforma.

Desde el hospital Humahuaca indicaron que se atendió también a un joven que arribó con una lesión en una de sus manos, la cual se debió suturar. Por otro lado, indicaron que además se prestó atención a más de diez policías heridos oriundos de la ciudad.

En cuanto a personas privadas de la libertad, la Policía de la provincia informó que no se registraron detenciones.

La situación de tensión inició en horas de la tarde, en el marco de una primera sesión especial del Concejo Deliberante, donde una vecina perteneciente al pueblo Omaguaca hizo uso de la banca especial para pedirles que se pronuncien en rechazo a la reforma, principalmente por no haberse respetado el derecho a consulta previa.

En ese marco, ya entrada la noche y tras la decisión de los ediles de aplazar sesionar sobre el tema, se produjeron disturbios que alcanzaron incluso el ingreso de personas al lugar donde aún se encontraban los concejales, según se pudo observar en videos e información difundida en redes sociales y por medios de comunicación local.

Finalmente, el cuerpo de concejales terminó convocando a una nueva sesión especial en la que, por unanimidad, se resolvió el “profundo rechazo” a la reforma parcial de la Constitución jujeña, “tanto al tratamiento que le dieron los convencionales, en especial en cuanto al tiempo y la escasa participación, como en torno al texto aprobado”.

Además, manifestaron su “solidaridad y acompañamiento al pueblo que se expresa abierta y muy mayoritariamente en contra de la reforma”, y se instó “al Gobierno provincial a arbitrar los mecanismos de diálogo y participación adecuados para escuchar al pueblo debidamente”.

Alrededor de las 1.30 de la madrugada, mientras los concejales daban lectura a la declaratoria, se registró el avance de la Policía local hacia un grupo de pobladores que seguían manifestando y escuchando -en un contexto de tranquilidad- lo aprobado por el Concejo.

El personal de la fuerza de seguridad local avanzó tirando bombas de gas lacrimógeno y disparando balas de goma sobre los manifestantes, según se observó en transmisión en vivo que realizaba el portal Sol Del Norte Humahuaca.

Seguidamente, se produjeron disturbios y corridas por las calles céntricas de Humahuaca, según informó, por otro lado, el sitio Humahuaca Hoy.

“Mucha gente se dio cita anoche para ser escuchada y que los concejales se expidan en cuanto a si estaban o no en favor de la reforma. Necesitamos que todos los concejos deliberantes de la provincia se expidan”, expresó esta mañana Mercedes Maidana, quien fue la pobladora local que defendió en la sesión del Concejo el pedido de la declaración de rechazo a la reforma.

“Tenemos que lograr que nuevamente la Cámara de Diputados, que nos entregó avalando el tratamiento de esta reforma, se retracte y que se active el Congreso de la Nación e intervenga la provincia. Ya no podemos esperar porque ya está visto que la represión es el arma que va a seguir utilizando el Estado provincial”, dijo en una entrevista con C5N en Humahuaca.

En tanto, desde distintas organizaciones y espacio de Jujuy que vienen manifestando su oposición a la reforma constitucional ya salieron a expresar su repudio por lo ocurrido.

Los exconvencionales del PTS-Frente de Izquierda repudiaron la represión y exigieron a los gremios que convoquen al paro y a la movilización para “frenar la escalada represiva del Gobierno de Gerardo Morales”.

Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por Morales y aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial, que desató protestas que derivaron en una violenta represión policial.

Según el Gobierno, se trata de una acción declarativa -en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña al considerar que “vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT”.

CRM con información de la agencia Télam

Tal como informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó hoy un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que solicita que se declare inconstitucional la reforma impulsada por el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

De acuerdo con el Gobierno, el texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña “vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna, así como con el Convenio 169 de la OIT”.

En particular, se cuestiona el inciso 4° del artículo 67 referente a los derechos de reunión, protesta y huelga, y los artículos 94 y 95 que afecta de manera directa a los pueblos indígenas. “Los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas”, afirma el documento.

En el escrito presentado, el Gobierno destacó la gravedad institucional resultante del proyecto aprobado. “Está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”, aseguraron. Según argumentan, el reclamo también se sustenta sobre lo expresado por organismos internacionales de derechos humanos ─entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH)─ tras los hechos de represión ocurridos tras su promulgación.

En comunicación con radio 10, el ministro Soria aseguró que el objetivo del Gerardo Morales es criminalizar la protesta y perseguir a quienes no comparten sus ideas económicas. “Esta película ya la vimos: ajuste, hambre, miseria y represión contra el pueblo. Es la Alianza del 2001 y Cambiemos en 2016”, sostuvo.

En este contexto, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente junto a Horacio Rodríguez Larreta defendió el proyecto aprobado por la Legislatura provincial y espera una resolución favorable de la Justicia. “Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”, expresó.

Con información de agencias

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentará mañana ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura, la cual derivó en graves incidentes.

Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras una conversación que mantuvo con el propio Soria una vez concluida la habitual conferencia de prensa de los jueves que ofrece la funcionaria en Casa Rosada. Señaló que la medida se realizó por instrucción del presidente Alberto Fernández.

En diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Cerruti manifestó que el mandatario “sigue muy de cerca la situación en Jujuy” y recordó que Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, “viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto”.

De esta manera, el funcionario nacional llevará adelante un pedido que realizó el propio presidente Alberto Fernández durante una declaración realizada a la prensa desde la sala de conferencias de la Casa Rosada.

“Entendemos también que hay denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está siguiendo muy de cerca la situación”, dijo y agregó: “Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional”, algo que se confirmó minutos después.

“Con mucha preocupación seguimos esa situación y también con mucha preocupación vemos que la fuerza opositora, en lugar de preocuparse por la represión, premió al gobernador que llevó adelante la represión nombrándolo como candidato al vicepresidente”, completó la portavoz en referencia a la fórmula que comparte con Horacio Rodríguez Larreta.

Además, en el Gobierno Nacional no descartan la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista jujeño, dado que legisladores provinciales de ese espacio votaron a favor de la reforma constitucional.

“He instruido al Ministro de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva la sanción de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, había anunciado Fernández en el mensaje que emitió el pasado 21 de junio.

LC con información de agencias

Trabajadores estatales y municipales de la provincia de Jujuy retomaron este lunes las medidas de fuerza, con cortes de ruta en reclamo de recomposición salarial y en rechazo a la reforma constitucional aprobada por el Gobierno provincial.

La Asociación de Educadores Provinciales (AdEP), que nuclea a los docentes de nivel inicial y primario, continúan de esta manera con el paro por tiempo indeterminado en rechazo al salario mínimo de 200 mil pesos que ofreció el Gobierno provincial y realizaron hoy una “gran marcha blanca en apoyo a las maestras y maestros”.

“Decidimos continuar con las medidas de fuerza. Se debatió en el seno del congreso realizado ayer, donde se mostraron posturas coincidentes en cuanto al rechazo a la propuesta salarial con respecto al salario básico”, afirmó su secretaria general, Silvia Vélez.

Vélez comentó que están recopilando la información sobre el impacto del paro en las escuelas “con docentes que están adhiriendo a la medida de fuerza que va a seguir siendo contundente en toda la provincia”. Se mantiene así el plan de acción con permanencia al costado de las rutas, radio abierta y marcha de antorchas.

Asimismo, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) inició un paro por 48 horas tras rechazar el ofrecimiento del Gobierno de un piso salarial de 130 mil pesos.

“Reafirmamos que la discusión salarial no desviará el foco en el rechazo a la reforma constitucional ya que son exigencias independientes”, sostuvo el secretario general Sebastián López, y añadió que la consigna “sigue siendo 'arriba los salarios, abajo la reforma'”.

El dirigente consideró que el aumento ofrecido como piso salarial para las situaciones de revista más bajas y de un 10% para el resto del escalafón de planta permanente “no son suficientes”, por lo que realizaron una contrapropuesta que está siendo analizada por el Gobierno.

En esa línea, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Jujuy) anunció que mantendrá esta jornada reuniones con los secretarios generales de las seccionales de toda la provincia para determinar las medidas a seguir y la elaboración de una contrapropuesta. El gremio que agrupa a trabajadores de la salud, educación y municipales, retomó también hoy las medidas de fuerza con un paro sin asistencia por 24 horas.

La ATE sostiene su “repudio popular ante la represión a nuestros compañeros por el gobernador” Gerardo Morales y exige la “revisión del ofrecimiento con salarios en la línea de pobreza y la recategorización de todos los trabajadores municipales”.

La semana pasada, se registraron graves incidentes en la provincia, con una violenta represión policial durante una protesta contra la reforma constitucional, la cual causó más de 170 heridos y 68 detenidos. Luego de estos episodios, las comunidades indígenas jujeñas decidieron mantener ininterrumpido el tránsito vehicular (con paso cada dos o tres horas) en la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso a Purmamarca, en Tilcara; en el acceso norte de Uquía; en el paraje San Roque; en el acceso sur de Abra Pampa y en el acceso a La Quiaca.

Fuentes oficiales indicaron que los cortes también se registraban esta mañana en la Ruta Nacional 66 a la altura de Finca El Pongo, en la Ruta Nacional 52 en Susques y en la Ruta Nacional 40, por la localidad de Coranzulí.

LC con información de agencia Télam