Finalizó hoy el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de Bariloche que tuvo como ejes centrales el avance de la ultraderecha en el país y los conflictos territoriales mapuches en Río Negro que afectan a mujeres y diversidades. Con la Cordillera de Los Andes y el Lago Nahuel Huapi como escenario natural, durante tres días se desarrolló el histórico encuentro que reunió a más de 100.000 personas de todo el país.

Este año, el evento estuvo fuertemente atravesado por el panorama electoral y los riesgos que implicaría una victoria del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Fue un tema transversal, que estuvo presente en diversas actividades. No solo en el documento leído en el acto de apertura que se hizo en el Velódromo Municipal -en el que se afirmó: “Les decimos a las derechas más peligrosas que quieren gobernar que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”-, sino también en asambleas y actividades complementarias. “Como movimiento feminista estamos ante dos escenarios: uno es el de una disputa por los derechos posible, el otro es de resistencia”, reflexionó una de las oradoras en las asambleas.

La preocupación estuvo presente también en los talleres que se realizaron sábado y domingo. Uno de lo más concurridos fue el de “Antifacismo”, un espacio nuevo que se implementó este año por la coyuntura política. Por la gran convocatoria se dividió en cinco comisiones en las que se debatió sobre el origen de estas expresiones y las estrategias para contrarrestarlas: disputas en el territorio, en las redes sociales y también en el Congreso con proyectos de ley. Si bien Milei personifica el avance contra los derechos de las mujeres y diversidades, el feminismo entiende que se trata de una avanzada que excede la cuestión electoral inmediata.

El otro gran eje transversal del Encuentro fue el de las mujeres y diversidades mapuches de Río Negro que mantienen conflictos por sus tierras. En una provincia donde fueron asesinados los jóvenes mapuches Rafael Nahuel y Elias Garay por los conflictos territoriales, las originarias tomaron la palabra. “Ni las balas, ni la cárcel ni la muerte van a detener nuestra lucha”, afirmó la machi Betiana Colhuan Nahuel. Según informó la Comisión Organizadora, existen 167 comunidades en disputa por sus tierras ancestrales y, en varias de ellas, son las mujeres las que encabezan la resistencia. “Estamos acá por eso, por la lucha por la defensa de los territorios, por el agua, por los ríos, por las montañas para que no sean contaminados más de lo que están. Nos plantamos contra las petroleras y contra las mineras. Somos guerreras, hemos resistido tanto genocidio y estamos vivas. Acá vamos a seguir”, agregó la guía espiritual mapuche.

La elección de Bariloche como sede del Encuentro se dio como respuesta política al desalojo y represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en octubre de 2022. Allí fueron detenidas 7 mujeres (algunas con sus hijos) y trasladadas a Ezeiza. Un hecho que motivó la renuncia de la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Después de varios meses detenidas en prisión domiciliaria, todas fueron liberadas. Sin embargo, meses después fue encarcelada Yéssica Boneffoi por lesiones leves y resistencia a la autoridad en un operativo de desalojo a la misma comunidad en 2017. La joven continúa con prisión domiciliaria. “Nos roban la tierra, nos roban el agua. Nos han sacado todo, hasta el miedo nos han sacado, por eso vamos a seguir luchando”, afirmaron las referentas mapuches.

Una de las actividades con mayor participación fue la Asamblea Feminista del Abya Yala que se hizo el domingo en los alrededores del Centro Cívico. Duró más de cinco horas y expusieron cerca de 50 personas. Además de los problemas con las tierras, se debatió sobre el resto de las violencias que sufren mujeres y disidencias indígenas como el racismo, la discriminación y los abusos, incluso, dentro de las propias comunidades. “No queremos ser un objeto, que nos romanticen o nos folcloricen. Queremos que nuestras palabras, cuerpos y presencias tengan sentido”, expresó Melisa Cabrapan Duarte, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Como cada año, el domingo se realizó la marcha de cierre que convocó a alrededor de 70 mil personas que bajaron desde el Alto, la zona más pobre y marginal de Bariloche, hasta el Velódromo, a orillas del lago. Las pendientes dejaron ver la masividad de la movilización con columnas de organizaciones feministas, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos que se extendieron por más de veinte cuadras. Durante ese recorrido a lo largo de la calle Beschtedt, vecinos y vecinas se asomaban para saludar a la marea feminista. En una de esas casas, dos hombres con lágrimas sostenían una bandera con la foto de un joven. Eran los familiares de Diego Bonefoi, un joven víctima de gatillo fácil asesinado por la policía en el año 2010, que se emocionaron cuando las manifestantes recordaron al joven con cánticos.

También fue relevante la Marcha contra los Transfemcidios y Travesticidios que se hizo el sábado por la tarde. Allí no solo se pidió justicia por los crímenes de odio por la identidad sexual sino que también se reclamó una ley de reparación histórica para las personas trans mayores de 40 años, que son consideradas sobrevivientes al promedio de vida de ese colectivo.

En el cierre se definió que la sede para el 2024 será Jujuy. La provincia norteña, que competía con la ciudad de Buenos Aires y La Pampa, fue elegida mediante un “aplausómetro” en el acto final. La propuesta fue impulsada por organizaciones feministas y por el Malón de la Paz, que resiste a la nueva Constitución Provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Las comunidades originarias de la Quebrada realizan un acampe frente a la Corte Suprema en la Ciudad de Buenos Aires desde el 1 de Agosto y una permanencia en las afueras del Congreso para pedir la intervención de la provincia ante el incumplimiento de las leyes internacionales y la propia Constitución Nacional que exige la consulta abierta a los pueblos indígenas cuando se trata de recursos naturales. Antes de llegar a la Capital Federal las comunidades realizaron cortes de rutas en Jujuy y sufrieron la represión de la policía provincial, con varios heridos, detenidos y tres personas perdieron un ojo.

La referente del Tercer Malón de la Paz Aurora Choque, que salió de su casa en junio y permaneció en los cortes hasta que viajó a Buenos Aires para acampar, indicó: “Luchamos contra la reforma que pretende quitarnos el agua, robarnos nuestros cerros y nuestros recursos naturales”. Durante la lectura de los argumentos se mencionó también a Milagro Sala, referenta de la Tupac Amaru, presa desde hace 8 años cuando el gobernador Morales llegó a la gobernación. “La pulseada por nuestras libertades son constantes. Seguimos enfrentando infames causas penales y contravencionales que pretenden frenarnos y desarticular el movimiento popular como lo hacen Milagro Sala”, leyeron desde el escenario.

Tras la designación hubo festejos en el Velódromo Municipal. “Sufrimos como una dictadura, una violación de derechos”, indicó Aldana, una de las jóvenes jujeñas  tras conocerse la noticia. “Padecemos causas armadas, contravenciones, persecuciones y hostigamiento”. 

CDB / MF

El fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos rechazó hoy la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) como querellante de la causa que investiga la represión policial ejercida contra las protestas por la reforma constitucional de Jujuy. El magistrado consideró que “no se visualizan violaciones a los derechos humanos y la causa debe quedar enmarcada en las instituciones de la provincia de Jujuy”.

“Una vez más la Justicia jujeña demuestra la falta de división de poderes y el encubrimiento permanente a las acciones del gobierno de Gerardo Morales”, afirmó la cartera encabezada por Horacio Pietragalla Corti. “Lo único que quería hacer la SDH, como hacemos en otras provincias, era colaborar e instar a que se haga una investigación seria para determinar los responsables de los hechos que hemos verificado durante los días de represión”, explicó el funcionario.

La secretaría había solicitado ser querellante aduciendo que “se encontraba en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino” dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Nacionales Unidas habían emitido comunicados de advertencia por violaciones de derechos.

Ante las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y lesiones graves provocadas por el estado jujeño, la CIDH exhortó, el pasado 20 de junio, al estado a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Con información de agencias.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), denunció este jueves “maltrato” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra los 200 indígenas del Tercer Malón de la Paz de Jujuy, quienes continúan su vigilia contra la reforma constitucional en esa provincia.

En Plaza Lavalle, frente a los Tribunales, bajo el fuerte temporal de tormenta y viento, el Malón estaba a la espera de ser recibidos por legisladores del Congreso de la Nación.

“La situación es muy grave. Los casi 200 indígenas que llegaron desde La Quiaca, Purmamarca y Tilcara para reclamar que se reconozca su derecho y para denunciar la represión en sus territorios, están siendo maltratados por el Gobierno de la Ciudad y por la Corte Suprema de Justicia”, dijo Pérez Esquivel y agregó: “Es discriminación, racismo e intolerancia. Los indígenas están en vigilia en Plaza Lavalle y no solo no les dan carpas y baños químicos, sino que les quieren hacer pagar un seguro de millones de pesos”.

El activista consideró además que “es realmente de terror la inhumanidad de Horacio Rodríguez Larreta” y “de todos los que lo acompañan que no toleran la presencia de indígenas a 40 años de recuperada la democracia”.

Pérez Esquivel pidió solidaridad de parte de los porteños con “los pueblos originarios que están en vigilia en Plaza Lavalle, porque debido a la tormenta solo se están cubriendo con nylons y no pueden cocinar porque se les apagan las garrafas”.

“Todos ellos y ellas son nuestros hermanos y hermanas indígenas”, expresó el profesor y le reiteró a los jueces que “dejen de esconderse detrás de la impunidad de la Corte Suprema y los reciban. Ese sería un acto digno que aún no han tenido”.

Los integrantes del Malón preveían también presentaciones artísticas y culturales, conversatorios y la proyección de una película en la Plaza Lavalle en apoyo a las comunidades de distintas localidades jujeñas, según informó Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, aunque serían suspendidas si la lluvia continuaba.

La columna del Tercer Malón de la Paz partió el pasado 25 de julio desde diversas localidades de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas, pasando por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

Ingresó a Buenos Aires el martes primero de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte con el objetivo de hablar con los jueces supremos para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque sin éxito ya que no fueron recibidos.

Desde entonces, permanecen en “vigilia” en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales, en reclamo por la “falta de Estado de derecho” y “la violencia institucional” en esa provincia, y contra la “reforma de la Constitución de la provincia”, llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales.

LC con información de agencia Télam

El Tercer Malón de la Paz realizó este miércoles, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una asamblea plurinacional y un “wiphalazo” -un banderazo con el emblema de las comunidades originarias- frente al Congreso Nacional. Luego, regresaron a los Tribunales donde mantienen una vigilia contra la reforma constitucional en Jujuy.

Por la tarde, los manifestantes se concentraron en el Obelisco para marchar primero a Plaza de Mayo y desde allí dirigirse hacia el Congreso para exhibir múltiples whipalas, banderas argentinas y carteles. “Pueblo escucha, únete a la lucha” y “En Jujuy tenemos un señor dictador, Morales se llama y nos tiene con hambre, Morales se llama y no tiene corazón” fueron algunos de los cánticos.

Durante la marcha, algunos integrantes del Tercer Malón fueron tomando la palabra para retratar “lo que se vive en Jujuy” y hacer oír sus reclamos: “Queremos decirle a toda la sociedad que somos preexistentes al Estado y hemos demostrado por diez mil años cómo se vive en convivencia y en armonía con la madre tierra. Cuando el agua llegue a Buenos Aires contaminada desde el norte, recién ahí van a tomar conciencia”.

Otros referentes le exigieron a los tres poderes del Estado que “trabajen para el pueblo y no para las empresas multinacionales”, advirtieron sobre “el peligro que corre la Argentina ante la explotación de sus recursos naturales” y el “enorme daño que hicieron los ocho años del gobierno neoliberal de Gerardo Morales en Jujuy”.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP presente en el lugar, manifestó que se está frente a un “proceso muy interesante como el que se abrió en Bolivia, se está abriendo en Perú y como ocurrió en Ecuador, donde los pueblos originarios van a ser los protagonistas de la transformación que viene”.

Desiderio Olmos, referente del Tercer Malón, recordó que “ya han pasado más de 24 horas desde que tres hermanos se han encadenado con huelga de hambre mientras que los jueces ni se acercaron”. “Solicitamos a la Corte Suprema que se expida de una vez, ya sea de forma positiva o negativa, sobre la reforma inconstitucional que se aprobó en Jujuy, para que podamos continuar con los pasos legales e ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó.

En la Cámara de Diputados desde las 15, se desarrolló una Audiencia Plurinacional convocada por el colectivo “Feminismos Originarios”, donde distintas referentes mantuvieron junto a legisladoras una “Minga de la palabra”. Fue un encuentro donde -según la lengua quechua- se busca que “circule la palabra, se piense y se construya en conjunto por el bien común”.

Una vez finalizadas las actividades en la explanada del Congreso, el Tercer Malón retornó a Plaza Lavalle, frente a la sede del máximo tribunal, donde hicieron un “cierre musical” de la jornada al son de sus sikuris, bombos legüeros, guitarras y charangos.

En tanto, durante una asamblea plurinacional realizada esta mañana frente a los Tribunales, referentes de las 400 comunidades originarias reiteraron su denuncia por la “falta de Estado de derecho” y “la violencia institucional” que denuncian en la provincia de Jujuy.

“Venimos a denunciar que en Jujuy no hay Estado de derecho, que lo que existe hoy en la provincia es la violación de derechos humanos y tratados internacionales, como ha sido la violación sistemática del convenio 169 de la OIT en esta reforma inconsulta, viciada en su plenitud y contradictoria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional”, apuntó Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya jujeño.

En referencia al Día de los Pueblos Indígenas, Jerez sostuvo: “Somos los hijos de la Pachamama, somos pueblos, naciones preexistentes que venimos a decir basta de avaricia, de saqueo, de daño irreversible a la Madre Tierra”. “Lo que está pasando hoy en Jujuy es un experimento de laboratorio y el objetivo del gobernador Morales es implementarlo a nivel nacional, por eso decimos que esta es una lucha de todos por el buen vivir”, agregó.

En esa línea, el cacique exhortó a los organismos de derechos humanos, a los organismos garantes de los derechos de los pueblos indígenas, a los diputados y senadores, y a los organismos internacionales a que intervengan. “Estamos siendo discriminados y reprimidos en la provincia de Jujuy, pero también fuimos discriminados aquí en la Ciudad de Buenos Aires desde el 1° de agosto que nos instalamos en vigilia y permanencia frente a Tribunales porque no nos han dejado colocar un toldo o una carpa para nuestros mayores, mujeres y niños y estamos a la intemperie”, denunció.

Además, se desarrollaron múltiples actividades durante toda la joranda en distintas localidades de las provincias de Jujuy, Córdoba y Buenos Aires.

El pasado 25 de julio, la columna del Tercer Malón de la Paz partió desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas, pasando por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

Las comunidades originarias ingresaron a la Capital el primero de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte Suprema con el objetivo de hablar con los jueces para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque sin éxito ya que no fueron recibidos.

LC con información de agencia Télam

Integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron hoy a la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia como una nueva forma de reclamo contra la reforma constitucional de Jujuy impulsada por Gerardo Morales. Dos manifestantes muestran un cartel con la consigna “Corte Suprema de la Nación, exigimos Justicia”, mientras que un tercero lleva una bandera wiphala con la inscripción “Jujuy resiste”.

Los tres referentes encadenados, que acompañan la vigilia frente a Tribunales, son el comunero de la Comunidad de Sayate Oeste (Cochinoca), Marcos Tinte; el integrante de la comunidad Cueva del Inca (Tilcara), Walter Condori; y Lucas García de la comunidad de Santo Domingo (Rinconada). Todos ellos estuvieron acompañados por el Premio Nóbel de la Paz y presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, quien, tras arribar a las 14 al lugar, intentó sin éxito ser recibido por algún magistrado.

“Ninguno de los jueces está presente, nos recibieron los secretarios. Nos dijeron que no hay ninguna definición y no pueden explicar por qué no los reciben”, explicó Esquivel. Dada la falta de respuesta por parte de la Justicia, el Tercer Malón de la Paz permanece afuera de Tribunales y, a pesar de las condiciones climáticas y su extensa estadía, el Gobierno de la Ciudad no ha autorizado aún la colocación de carpas en la plaza para que puedan refugirarse.

En este marco, el histórico referente de los derechos humanos aseguró que iniciará los trámites correspondientes ante el Poder Ejecutivo porteño para mejorar las condiciones de permanencia de los manifestantes indígenas. “Vamos a hacer gestiones para que tengan espacio, baños químicos porque los están privando de todo. Esto es una violación, es racismo, discriminación e intolerancia no sólo por parte de la Corte, sino del Gobierno de la Ciudad”, expresó.

Dada la drástica decisión de los tres integrantes de la agrupación, el Tercer Malón de la Paz se vio obligado a suspender la conferencia de prensa que tenía prevista para hoy a las 15. “Nos vemos obligados a tomar medidas, tenemos a tres compañeros encadenados porque no hay respuestas. Pedimos a todos los organismos que intervengan y actúen de inmediato”, sostuvo Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya.

En los últimos días, solicitó en reiteradas oportunidades que los jueces reciban a las comunidades indígenas que se congregaron en Plaza Lavalle para que puedan relatar la situación que están viviendo en Jujuy que, según especificó, “es la continuidad de un genocidio y exterminio de los pueblos con una reforma hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales”.

Con información de agencias.

Eduardo Casal, el procurador general interino, se pronunció en favor de que la Corte Suprema de Justicia revisara la legitimidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, elaborada por el gobernador Gerardo Morales, y haga lugar a los reclamos del Gobierno Nacional. Fue a través de en un dictamen, firmado este viernes.

La decisión llega tras los reclamos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para pedir que se declare la inconstitucionalidad de las reformas en la carta magna jujeña. “A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, determinó Casal.

En esa línea, remarcó que “en efecto, toda vez que el Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal (...), demanda a la provincia de Jujuy (...) entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”. 

De todos modos, el dictamen del procurador, de apenas tres páginas, no es vinculante. Esto significa que la Corte no está obligada a seguir ese criterio, y podría resolver en sentido contrario.

Tampoco avanza sobre el fondo del reclamo formulado por el Gobierno Nacional, respecto de la validez constitucional de los artículos objetados de la nueva carta magna provincial. El dictamen atribuye al tribunal supremo la “competencia originaria”, es decir, la intervención como tribunal de única instancia en el reclamo.

“En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, sostuvo el procurador.

“Toda vez que el Estado Nacional —que tiene derecho al fuero federal—, demanda a la provincia de Jujuy -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”, explica el documento.

El Estado demandó a la provincia de Jujuy “a fin de obtener se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inciso 4°, 94 y 95 de la Constitución de la provincia”. La presentación sostiene que esos artículos, que se refieren a la prohibición y criminalización de la protesta social y a los derechos de los pueblos originarios, “subvierten el orden institucional y los derechos y garantías constitucionales” de la Nación.

LC con información de agencia NA

Los integrantes del Tercer Malón de la Paz dieron hoy una nueva rueda de prensa en Plaza Lavalle para reafirmar su reclamo ante la violencia institucional y reforma constitucional de Jujuy. La delegación, que inició su marcha a Buenos Aires desde la provincia gobernada por Gerardo Morales el pasado 25 de julio, continuará apostada frente a Tribunales.

“Vamos a permanecer aquí hasta que nos den respuesta. Reclamamos que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre las denuncias que hemos presentado, exigimos la nulidad de la reforma constitucional por unanimidad y que el Congreso tome de inmediato las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy”, expresó Desiderio Olmos, referente del Tercer Malón de la Paz.

Este jueves, representantes de las comunidades indígenas entregaron un petitorio a la Corte Suprema con las denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho en la provincia y la violencia institucional generada por la aprobación de la reforma constitucional. Iban a mantener una reunión con los magistrados de la Corte, pero finalmente sólo lograron presentarles este documento.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, indicó el cacique Néstor Jerez.

Voceros de la organización relataron que la policía porteña de la seccional 1B se presentó durante la madrugada para advertirles que no se podía acampar en la Plaza Lavalle. “Sin autorización del gobierno de la Ciudad, las empresas que dan el servicio no nos quieren colocar baños químicos. Ya presentamos varias notas pero el gobierno de Larreta no nos ha respondido, sólo mandó a la policía a decirnos que no podemos estar acá”, explicaron.

Los manifestantes iniciaron su movilización con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 25 de julio desde distintas localidades jujeñas entre las que destacan La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas. Además de declarar inconstitucional la reforma jujeña, la agrupación busca que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y tome medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención a manifestantes.

Con información de agencias.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió hoy el debate por la creación de una Comisión Bicameral para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy, mientras el Tercer Malón de la Paz permanece frente a Tribunales a la espera de una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Comuneros indígenas, abogados, docentes y víctimas de la represión jujeña denunciaron en el Congreso el accionar del gobierno de Gerardo Morales y pidieron que los reclamos realizados sean elevados a los organismos internacionales de Derechos Humanos y los estrados judiciales. “Queremos que esta comisión haga una denuncia ante organismos internacionales, El gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, reprimir, tiene un tinte de carácter de racismo”, explicó Armando Quispe, referente del Tercer Malón de la Paz.

El encuentro, que no contó con la presencia de los legisladores de la oposición, estuvo presidido por la diputada del Frente de Todos (FdT), Paula Penacca, quien confirmó que el oficialismo acompañará las denuncias ante organismos internacionales por la “represión brutal que de dio en Jujuy en el marco de la sanción de una nueva Constitución provincial”.

Según expresó Julio César Valdivieso, referente de la delegación que marchó desde La Quiaca hasta Buenos Aires, las comunidades originarias no tuvieron participación en el proceso de reforma y, por ende, se movilizaron para defender sus derechos. En la misma línea, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que el gobernador está avanzando sobre los recursos y bienes que le pertenecen al pueblo como el litio, la megaminería y el medio ambiente.

“La reforma viene a legalizar esta mano represiva de Morales que empezó hace 8 años atrás. Estoy acá porque hace dos semanas entraron por segunda vez en mi casa y mi vida corre peligro”, declaró Camila Muller, referente del Colectivo Artistas en Lucha.

Más allá de exigir que no se archiven los reclamos realizados, el Tercer Malón de la Paz solicitó que se cree una Comisión Bicameral Investigadora, proyecto que promueve la precandidata a senadora de Unión por la Patria, Leila Chaher. Según afirmó, lo que sucede en Jujuy “es el caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer en el país”.

El apoyo del oficialismo a los pueblos indígenas también fue reforzado por la diputada nacional por Salta, Verónica Caliva, que adelantó que están listos el proyecto para declarar de interés al Tercer Malón de la Paz y el que busca crear una comisión para abordar demandas históricas de las comunidades indígenas. En los últimos días, una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunió con víctimas detenidas tras los incidentes que siguieron a la reforma.

Con información de agencias.

La crisis en Jujuy derivará la semana próxima en una movilización nacional contra el gobierno de Gerardo Morales, actual compañero de fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales anunciaron este viernes desde el Congreso una protesta para el 20 de julio en todo el país. Buscan repudiar las “decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas”, según sus expresiones, de los últimos días en la provincia.

La movilización se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la denominada “Noche del Apagón”, ocurrido el 20 de julio de 1976, cuando se sucedieron una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, la mayoría de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma. 

La marcha, además, coincidirá a un mes de la represión ocurrida en la capital jujeña sobre la protesta contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución local. Esos episodios terminaron con varios detenidos y heridos, incluido un joven de 17 años que perdió un ojo por un balazo de goma. Desde entonces el gobierno de Morales lanzó una fuerte ofensiva para criminalizar la protesta y en las últimas 48 horas detuvo a 42 personas, entre ellos docentes, dirigentes sociales, sindicales y docentes y varios abogados defensores.

El anuncio de la manifestación nacional se hizo este viernes durante una conferencia de prensa protagonizada por referentes de derechos humanos como Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), además de secretario del área a nivel nacional, Horacio Pietragalla, dirigentes sindicales ligados al kirchnerismo, así como diputados oficialistas y del Frente de Izquierda.

Los dirigentes coincidieron en responsabilizar por las “detenciones arbitrarias” a Morales, exigieron su inmediata liberación, y denunciaron el ingreso de fuerzas policiales a las universidades públicas de Jujuy, como ocurrió en la sede de la UBA de Tilcara. Según supo elDiarioAR, ayer se presentó un habeas corpus por los detenidos, pero al cierre de esta nota no había tenido respuesta favorable. 

“Queremos repudiar a este individuo que pasó de ser represor a genocida, Morales. Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si estos individuos llegan a ganar las elecciones”, dijo Almeida ante los medios, y pidió: “Cuando vayan a votar hay que hacerlo con memoria y recordar no quién es el adversario, sino el enemigo”.

Carlotto, por su parte, destacó la importancia de “cuidar la democracia” y dijo que “hay delitos muy graves que no pueden pasarse por alto”, a la vez que llamó a “formar una gran cadena de unidad”. 

En la conferencia, Pietragalla ligó los episodios con la campaña electoral: “Le pedimos a Morales parar esta locura, en su afán de ser vicepresidente porque es peligroso y puede acarrear que todo el Estado sea responsable de las violaciones a los derechos humanos en Jujuy”.

La avanzada de Morales contra la protesta social derivó paralelamente en las universidades públicas. Por un lado, anteayer la Policía local irrumpió en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Y por otro lado, el mandatario acusó por los piquetes en las rutas a trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

En un comunicado, la Comisión por la Memoria manifestó condenó “la intromisión” de fuerzas policiales en la sede de la Universidad Nacional para detener a un docente. “Los hechos de represión, que no cesan desde hace semanas, derivaron en las últimas horas en el ingreso de efectivos de la policía provincial a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), un hecho gravísimo que vulnera el principio de autonomía universitaria”, sostuvo la CPM en un comunicado.

El organismo de DDHH bonaerense, recordó que “esa intromisión se produjo durante la sesión del Consejo Superior de la universidad, cuando la comunidad educativa debatía el alcance regresivo de la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial”.

La aprobación de la reforma constitucional generó una fuerte controversia a nivel político y social en la provincia. La masiva protesta del 20 de junio dejó como saldo unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos por la represión policial que se extendió por más de cuatro horas. Morales recibió un respaldo cerrado de todo el arco de Juntos por el Cambio, que culminó con su nominación finalmente como vice de Larreta.

A nivel político también impactó en el Frente de Todos. Este mismo viernes el presidente Alberto Fernández intervino el Partido Justicialista en la provincia, porque acompañó la aprobación de la reforma constitucional. “El presidente del PJ Alberto Fernández ordenó la intervención del partido Justicialista de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno y las políticas represivas de Gerardo Morales”, informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.

MC con información de Télam

El presidente y titular del Consejo nacional del Partido Justicialista (PJ), Alberto Fernández, intervino este viernes el partido en la provincia de Jujuy para “ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas”.

“El presidente del PJ Alberto Fernández ordenó la intervención del partido Justicialista de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno y las políticas represivas de Gerardo Morales”, informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.

“Acabo de firmar la intervención del PJ, estamos siguiendo muy de cerca y con preocupación lo que está pasando”, dijo Fernández a la prensa al retirarse de un acto en el Centro Cultural Kirchner, donde inauguró de forma remota y simultánea 100 obras públicas en 100 localidades de las 23 provincias del país.

Como interventores del PJ designa a Gustavo Menéndez y a Aníbal Fernández. La intervención va a ser por 360 días. Se presume que en las próximas horas Menéndez y Aníbal tendrán una reunión conjunta para ver cómo avanzar. El documento dice que las autoridades del PJ Jujuy comulgaron “con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrinas que fundan el pensamiento justicialista”.

En cuanto a los motivos de esa decisión por la situación en Jujuy, el mandatario agregó: “Preocupa la violencia institucional, nunca la hemos aceptado en nuestra gestión y nos preocupa que en algunos lugares de la patria los gobiernos provinciales hagan ese tipo de cosas”.

De esta manera, Fernández desplazó de la conducción del PJ jujeño al diputado provincial y precandidato a senador nacional por Unión por la Patria (UxP), Rubén Rivarola, quien acompañó al espacio político de Morales en la aprobación de la reforma de la Constitución provincial, la cual sigue generando protestas en esaprovincia norteña.

Entre los fundamentos del Presidente al adoptar esta medida, señaló: “Que no queden dudas que las autoridades del PJ distrito Jujuy, comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional”.

Asimismo, se destaca en la resolución partidaria que “un grupo de legisladores del PJ jujeño, amparados por las autoridades del partido distrital, votaron favorablemente a la introducción de modificaciones en la Constitución Provincial avasallando y restringiendo derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna”.

Protestas de distintos sectores contra la represión

En las últimas horas se multiplicaron las voces que repudian la violación de la autonomía de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) por parte de efectivos de la policía provincial, así como la detención de abogados que defienden víctimas de la represión.

 Este jueves el ministro de Educación de la nación, Jaime Perczyk, expresó “el repudio más absoluto a la ilegalidad de la intromisión en la UNJu. La Constitución nacional asegura la autarquía universitaria y la Ley de Educación Superior dice que la fuerza pública solo podrá entrar con expresa orden del juez competente”.

El funcionario escribió ese mensaje en su cuenta de Twitter, acompañando un comunicado de la UNJu que repudia “el ingreso de personal uniformado de la policía de la provincia al predio” de la casa de altos estudios en “momentos en los cuales se desarrollaba sesión ordinaria del consejo superior, órgano máximo de gobierno” de esa institución.

“Estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, vulnerando el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional ´que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales´ y el artículo 31 de la Ley de Educación Superior que dice ´la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universitaria legítimamente constituida”, subrayó la Universidad.

 En tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó este jueves su “extrema preocupación” por los hechos de violencia ocurridos en la provincia norteña y se declaró en “alerta”.

 “El CIN manifiesta su extrema preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país”, indicó el consejo en un comunicado.

 El organismo señaló que la intención del Gobierno de Gerardo Morales de expropiar tierras en las que se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucara en el Centro Universitario Tilcara, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “pone en alerta al sistema universitario en su conjunto puesto que, por un lado, desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación por causa de utilidad pública”.

En esa línea, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti, repudió las “amenazas” que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, formuló contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara -que depende de esa institución- y consideró que esas expresiones “son violatorias” de la autonomía que deben tener las casas de altos estudios.

 “La actitud de Morales nos recuerda a lo peor de nuestra historia. Hay un compromiso de las autoridades de la UBA de defender el Centro Universitario de Tilcara. En las próximas horas viajaré a Jujuy para acompañar a los trabajadores, porque necesitan mucha contención”, señaló en declaraciones a la radio AM 750.

 Tras los acontecimientos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus preventivo a favor de abogados de Jujuy “para resguardar su libertad” y denunció que los representantes legales están siendo detenidos por “defender a personas que fueron reprimidas” durante las protestas en esa provincia.

 El titular del organismo de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, afirmó en Twitter que presentaron “un habeas corpus preventivo a favor de abogados y abogadas de Jujuy para resguardar su libertad ante el intento del gobierno provincial de detenerlos por defender a personas que fueron reprimidas y detenidas durante las protestas”.

Con información de agencias.

IG

Jujuy vive una nueva escalada de violencia institucional, a casi un mes de las protestas contra la reforma constitucional que promovió el gobernador Gerardo Morales, hoy compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la carrera presidencial. En las últimas horas volvieron los reclamos callejeros, y las organizaciones sociales y sindicales denunciaron que comenzaron a ejecutarse más de 40 órdenes de allanamiento y detenciones “arbitrarias” en la capital, San Salvador, y la localidad de Humahuaca. 

La tensión llegó al punto tal que este miércoles efectivos de la Policía jujeña irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, atentando contra la autonomía de las casas de altos estudios. Tras la ola de repudios a ese accionar, Morales anunció vía Twitter que pidió “sanciones” para los efectivos de seguridad. 

La nueva andanada represiva en Jujuy motivó para este viernes una conferencia multisectorial en el Congreso. La cita será a las 12 en el salón Delia Parodi, donde la Multisectorial Solidaridad con el Pueblo Jujeño denunciará la “grave situación” que atraviesa la provincia. 

Del acto participarán referentes de los derechos humanos como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Además, habrá funcionarios nacionales como Horacio Pietragalla (Secretario de DDHH de la Nación), legisladores nacionales del Frente de Todos y el Frente de Izquierda, y referentes sindicales de la CGT, las dos CTA y la UTEP.

“Cacería” y “sedición”

“Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas. La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en sus redes sociales. 

Las órdenes judiciales se ejecutaron entre ayer y hoy, y fueron calificadas por las organizaciones sociales como “arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos”. Aseguraron que Morales realizó una “cacería” a través de las detenciones. La contraofensiva por las protestas durante junio –las más fuertes fueron los días 17, 20 y 30 del mes pasado– la está llevando adelante el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández, con la intervención del fiscal Diego Funes. La Justicia apunta al supuesto delito de “sedición”, además de otros cargos como privación ilegítima de la libertad, resistencia a la autoridad, daño agravado, lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos. 

“Siguiendo las directivas del gobierno provincial, los fiscales están imputando el delito de 'sedición'. Pretenden así que la protesta sea considerada como un alzamiento contra el gobierno. Otra forma de generar miedo para coartar el derecho a manifestarse”, advirtió el CELS. Incluso se difundió un video en el que se ve a la policía deteniendo al docente y dirigente de la Izquierda Iván Blacutt. En San Salvador hay 20 detenidos, mientras que en Humahuaca la cifra asciende a 22.

Según supo elDiarioAR por parte de los denunciantes, en las últimas 48 horas hubo allanamientos simultáneos “como si se tratara de redadas”. Una de las detenciones más repudiables ocurrió en Humahuaca, donde tres personas, antes de comparecer ante el juez, fueron trasladados a San Salvador –a 130 km de distancia– para hacerles un “examen mental”. 

Ese traslado demoró desde las 15.45 del miércoles hasta las 06.30 de la mañana del jueves. El argumento policial fue usar rutas alternativas para evitar los cortes de rutas. “Durante esas horas los familiares desconocieron su paradero. El examen mental no se requiere para esta instancia judicial y se podría haber realizado en Humahuaca, por lo que todo indica que el traslado fue una forma de castigo anticipada”, recogió este medio de un informe extraoficial realizado por las organizaciones.

Amenazas contra la universidad pública

La avanzada de Morales contra la protesta social derivó paralelamente en las universidades públicas. Por un lado, ayer la Policía local irrumpió en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Por otro lado, el mandatario acusó por los piquetes en las rutas a trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

“La ilegalidad de la intromisión en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU)” por parte de efectivos policiales que responden al gobernador radical, y que ingresaron sin autorización a esa casa de altos estudios, constituye “una violación a la autonomía” que tienen esas instituciones educativas, expresó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. También hubo repudios del Consejo Interuniversitario Nacional –que agrupa a rectores de universidades públicas del país–.

Este jueves Morales salió a anunciar vía Twitter que pidió “sanciones” para los efectivos de la Policía jujeña que irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Calificó de “inadmisible y condenable” el operativo de su propia policía que, evaluó, representa un “abuso de poder”.

El compañero de fórmula de Larreta resaltó que “los responsables ya están pagando las consecuencias” y agregó: “Respetando la Ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos”. Junto a ese mensaje, el gobernador compartió una publicación del Comité de la UCR de Jujuy, que horas antes del tuit del mandatario ya había repudiado el accionar policial al considerarlo un “abuso de poder totalmente condenable” que atenta contra “la autonomía universitaria”.

El lunes pasado, durante una entrevista con el canal 7 de la TV jujeña, Morales había dicho que los empleados del Centro Universitario de Tilcara se encargaron de “incentivar el corte de rutas en Tilcara”. Aseguró “tener la identificación” de todos ellos, y advirtió que podría “expropiar” sus instalaciones. En esas tierras que pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucará.

MC con información de agencia Télam

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos de derechos humanos denunciaron en las últimas horas que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de más de 40 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales “cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.

“Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas. La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas”, escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.

En tanto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos denunció que se produjeron “detenciones arbitrarias” y hubo “armado de causas” a manifestantes que fueron reprimidos en la madrugada del 1 de julio en inmediaciones del municipio de Humahuaca.

Al menos tres hombres fueron detenidos este miércoles bajo la figura legal de presuntos delitos como “sedición”, “privación ilegítima de la libertad”, “lesiones graves”, al tiempo que libraron órdenes para encarcelar a un total de 12 hombres y 9 mujeres.

Las personas acusadas habían participado de una protesta para que el Concejo Deliberante de Humahuaca se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, sesión que culminó en la madrugada del 1 de julio con una violenta represión.

El agente fiscal de investigación con asiento en Humahuaca, Fernando Alancay, requirió al Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy 22 allanamientos en domicilios ubicados en la localidad quebradeña y también 22 detenciones.

Asimismo, acusó a los manifestantes de “privación ilegítima de la libertad” al indicar que el 30 de junio aproximadamente desde horas 19 hasta las 2 de la madrugada de 1 de julio pasado, en la sede del Concejo Deliberante de Humahuaca, se “retuvo” a los seis ediles cuando se disponían a retirarse.

También se los acusó de los presuntos delitos de sedición, resistencia a la autoridad y daño agravado a bienes de uso público.

Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia fueron los primeros detenidos durante este mediodía y posteriormente trasladados a la capital jujeña, al tiempo que se libraron citaciones para el resto de los acusados y acusadas, informaron allegados de los perseguidos.

“Mi hijo fue citado a policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy”, denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos.

Y afirmó que el joven “está secuestrado, desaparecido porque yo no sé adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó”, agregó la mujer quien mantenía su reclamo a las afueras de la seccional policial de Humahuaca.

En un hilo de tuits, el CELS remarcó que, con esta acción, “el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.

Además, apuntó contra “algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca” que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y “pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro”.

“La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social. Ese día la Policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión”, subrayó el CELS en sus posteos.

Se refirió así a lo sucedido entre las últimas horas del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores que realizaban una protesta en las inmediaciones de ese cuerpo legislativo fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.

Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes mantenían una protesta desde la tarde y exigían esa declaratoria o la renuncia de los concejales.

Por la represión, al menos cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho, según informó su madre, Elizabeth Sandoval.

El joven debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial y perdió totalmente la visión del ojo afectado.

Con Paredes ya suman tres las personas que perdieron un ojo en los avances represivos de las fuerzas de seguridad local por las protestas contra la reforma.

Con información de agencias.

IG

La docente y artista jujeña Camila Müller denunció que fue agredida en la puerta de su casa, en la capital de esa provincia, en la madrugada de este miércoles 28. De acuerdo a lo narrado ante las autoridades del Instituto Nacional del Teatro (INT), Regional Jujuy, alrededor de las 2, tocaron el timbre de su domicilio, abrió suponiendo que se trataba de su pareja y fue entonces cuando dos hombres y una mujer se arrojaron sobre ella, le taparon la cara, le pusieron un precinto en las muñecas, la golpearon y le advirtieron que tenga cuidado “porque había grupos piqueteros violentos”. Todo ocurrió entre la puerta de su casa y la vereda.

Gustavo Ramírez, titular del INT Jujuy, en diálogo con elDiarioAR, contó que la actriz y docente se comunicó unas horas más tarde con la organización, por temor a que estuviera intervenido su teléfono o que la persiguieran. “El martes por la tarde ya habíamos hablado porque me contó que una camioneta gris la seguía, incluso hasta cuando regresó a su domicilio. Hablamos de nuevo después de lo que le sucedió, narró lo que le pasó y de inmediato me comuniqué con abogadas para pedir asesoramiento sobre cómo actuar ante algo que jamás imaginamos que podía suceder en Jujuy”, sostuvo.

Una gran parte de actores y actrices son también profesores e integran el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), uno de los gremios más combativos que acordó una suba salarial con el gobierno provincial, pero permanece activo en las calles en contra de la reciente reforma constitucional. “Fui el gremio y nuestra abogada nos ofreció todo el apoyo y asesoramiento, a la vez de que nos advirtió que han recibido otras denuncias verbales de este tipo”, informó Ramírez. También se comunicó con la abogada Lorena Cruz, que integró la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos que estuvo en Jujuy, tras los hechos de violencia del 20 de junio, para hacer un relevamiento y tomar testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca y en San Salvador de Jujuy. “Nos aconsejó que hiciéramos pública la denuncia, como INT, para que la situación se hiciera conocida por la sociedad, mientras se avanzaba en cuestiones legales. Por eso hicimos el comunicado que publicamos en las redes sociales”, agregó.

También sumó su repudio a este hecho la Asociación Argentina de Actores, cuyo Consejo Integral sostuvo: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la persecución que están sufriendo los artistas en la provincia de Jujuy, siendo víctimas de acciones intimidatorias y violentas. Condenamos enérgicamente esta situación y atribuimos la responsabilidad al gobierno de Jujuy, cuyas acciones siguen demostrando un sistema represivo extremo que contradice los principios de la democracia”. La actriz fue uno de los miles de docentes de la columna de maestros y profesores que el martes 20 de junio marcharon por las calles de la capital en contra de la reforma y por aumento salarial, bajo la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma”.

Alrededor de las 17, Müller presentó la denuncia penal, acompañada por la abogada Lorena Mamani, del CEDEMS, y por la secretaria general Mercedes Sosa. “Era necesario concretar esta acción para garantizar y exigir libertad y seguridad ambulatoria de la docente”, sostuvo la letrada. “Este fue un paso del Hábeas Corpus que ya presentamos y así concretamos los procedimientos legales de algo que nos tiene preocupados a nosotros y a la sociedad”, expresó Sosa, antes de ingresar a la sede judicial provincial.

Durante la jornada, el Fiscal de Estado jujeño, Miguel Ángel Rivas, requirió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investigue la denuncia pública del Instituto Nacional de Teatro, sobre la supuesta persecución y agresión física a la docente, actriz y bailarina, en la madrugada de este último miércoles.

Ramírez agregó que durante la tarde se realizó una reunión virtual extraordinaria de todos los representantes del país del INT, en la que participó la secretaria general, Laura Vinaya. “Entre todos se analizó lo que está sucediendo en Jujuy y en breve se harán públicas algunas acciones para que estas situaciones tengan visibilidad, de punta a punta del territorio argentino. Y en lo particular, este viernes tendremos un encuentro con quienes integran el movimiento de teatro jujeño”, contó.

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentará mañana ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura, la cual derivó en graves incidentes.

Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras una conversación que mantuvo con el propio Soria una vez concluida la habitual conferencia de prensa de los jueves que ofrece la funcionaria en Casa Rosada. Señaló que la medida se realizó por instrucción del presidente Alberto Fernández.

En diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Cerruti manifestó que el mandatario “sigue muy de cerca la situación en Jujuy” y recordó que Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, “viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto”.

De esta manera, el funcionario nacional llevará adelante un pedido que realizó el propio presidente Alberto Fernández durante una declaración realizada a la prensa desde la sala de conferencias de la Casa Rosada.

“Entendemos también que hay denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está siguiendo muy de cerca la situación”, dijo y agregó: “Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional”, algo que se confirmó minutos después.

“Con mucha preocupación seguimos esa situación y también con mucha preocupación vemos que la fuerza opositora, en lugar de preocuparse por la represión, premió al gobernador que llevó adelante la represión nombrándolo como candidato al vicepresidente”, completó la portavoz en referencia a la fórmula que comparte con Horacio Rodríguez Larreta.

Además, en el Gobierno Nacional no descartan la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista jujeño, dado que legisladores provinciales de ese espacio votaron a favor de la reforma constitucional.

“He instruido al Ministro de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva la sanción de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, había anunciado Fernández en el mensaje que emitió el pasado 21 de junio.

LC con información de agencias

Efectivos policiales allanaron esta mañana la casa de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña, en el marco de una causa derivada de las manifestaciones de los últimos días en la provincia de Jujuy.

El procedimiento fue ordenado por Rodolfo Fernández, juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, con intervención del fiscal Diego Funes. Fueron con el objetivo de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, dijeron allegados a Sala, quien cumple con arresto domiciliario.

La medida se llevó a cabo con el apoyo de perros que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien está gravemente enfermo -hasta hace poco estuvo internado- y, según los familiares, está “en sus últimos días”.

Ante la sorpresiva medida llevada a cabo por la justicia local, la referente de la organización Túpac Amaru pidió de urgencia la presencia de sus abogados.

Durante el operativo, allegados de la dirigente social denunciaron que Noro “se descompuso y se agravó su condición salud. Integrantes del Poder Judicial jujeño y la policía no permitían el ingreso de los hijos como tampoco al personal de salud por lo que requisaron a todos. Fue una actitud bastante inhumana”.

Una vez terminado el allanamiento, el esposo de Sala se quedó en el domicilio, debido a que su “condición de salud no puede variar trasladándolo”, afirmaron, aunque continuará siendo permanentemente atendido por profesionales de salud.

En los últimos días en Jujuy, se desataron varios hechos de violencia con numerosos heridos y detenidos por la represión que viene llevando adelante la Policía provincial ante las masivas protestas de manifestantes en contra la reforma parcial de la Constitución aprobada y jurada el 20 de junio pasado.

La medida judicial que se cumplió esta mañana fue a solicitud del fiscal Funes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el fin de secuestrar “elementos objetivos” por la “posible existencia de una instigación a cometer ilícitos” durante esos episodios.

En ese contexto, se investiga a partir de los dichos de una persona sobre la confección de banderas que supuestamente Milagro Sala le habría encargado a cambio de una suma de dinero. “El allanamiento fue irregular e ilegal porque no esperaron que llegue alguno de los abogados defensores de Milagro y avanzaron en el operativo sin autorización”, contó Ariel Ruarte, uno de los letrados defensores de la dirigente social.

El abogado precisó que “procedieron a allanar con al menos 15 personas dentro del domicilio, lo cual complica la posibilidad de controlar lo que hacen o dejar de hacer durante el operativo”. En cuanto a las pesquisas, detalló que “se secuestraron los teléfonos celulares de todas las personas que viven en la casa de Milagro Sala como también todos los registros vinculados a la organización Tupac Amaru y evitamos que se lleven dinero de Raúl Noro”.

Las protestas en Jujuy contra la reforma constitucional se vienen llevando a cabo desde hace varias semanas en diferentes puntos de la provincia, con cortes de ruta y permanencia de las comunidades indígenas, docentes y miembros de organizaciones sociales.

Luego de las represiones desatadas el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio frente a la Legislatura provincial, el MPA imputó a diferentes personas por delitos de “entorpecimiento del transporte terrestre”, de “resistencia a la autoridad y lesiones agravadas”.

Además, la fiscalía investiga los destrozos ocasionados en el palacio legislativo, sobre bienes públicos y privados, por los “delitos de daño agravado, daño, lesiones agravadas, resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y entorpecimiento funcional en grado de tentativa”.

Repudian la represión en Jujuy y piden por Milagro Sala frente al Consultado argentino en Barcelona

Miembros de la colectividad argentina en Cataluña junto a integrantes de organizaciones sociales se manifestaron este miércoles frente al Consulado argentino en Barcelona en repudio al gobernador jujeño Gerardo Morales y en rechazo a la reforma parcial de la Constitución de esa provincia, en una protesta que además estuvo atravesada por el reclamo de libertad para Milagro Sala.

“Hace ya 18 días que docentes, estudiantes, enfermeras, madres de familia, pueblos originarios, y trabajadores salieron a la calle y rutas de Jujuy a pedir mejoras salariales y en contra de la reforma constitucional impuesta por el gobierno de Gerardo Morales”, recordaron los participantes de la concentración que tuvo lugar a las 18.30, hora española, frente al Consulado argentino en Barcelona.

La organización HIJOS filial Barcelona, el Comité y la Red Internacional por la Liberación de Milagro Sala y la Comisión Santiago Maldonado, entre otros colectivos, presentaron además una carta en la sede diplomática argentina ubicada en el Paseo de Gracia, en la zona céntrica de la ciudad catalana.

En el texto, que fue leído durante la manifestación, los manifestantes advirtieron que en Jujuy “se ha buscado criminalizar la protesta”, “estigmatizar a las organizaciones sociales y a los dirigentes”.

Y denunciaron: “El gobierno de Jujuy ha ninguneado cuestiones claves como los recursos naturales, el caso del litio y la participación popular”.

“Es por ello que rechazamos y repudiamos el accionar de Gerardo Morales, rechazando la Constitución reformada por su gobierno y acompañando a las comunidades en su lucha”, remarcaron.

En la actividad participó el cantautor argentino Ariel Prat, que se encuentra en España como parte de un gira internacional, y en diálogo con Télam destacó el compromiso y la voluntad que se reflejaron en la protesta.

“Esto refuerza, da ánimo a quienes están en la pelea”, resaltó, y agregó: “Sobre todo que se enteren los compañeros en Jujuy que no están olvidados y que hay un reacción interesante”.

Más de cien personas asistieron a la convocatoria, en la que asimismo estuvieron presentes las organizaciones Marea Verde Barcelona, Movilización por Jujuy y Plataforma Argentina contra la Impunidad, como también mucha gente que no está vinculada a ninguna agrupación.

“Se reclamó contra la reforma (de la Constitución jujeña) pero el tema está teñido siempre por la detención de Milagro Sala”, subrayó Prat, pionero de la murga-canción, quien también adhiere al Comité por la Liberación de Milagro Sala.

IG/LC con información de agencias

Marcos Antonio Domínguez, de 18 años con incapacidad motora, y su novia Belén Ontiveros, de 17, fueron arrestados en Jujuy en la madrugada de este miércoles, durante un allanamiento ilegal y sin orden judicial, del que participaron 10 efectivos de infantería de la policía provincial, la mayoría sin uniforme, de acuerdo a la denuncia que presentó la abogada jujeña, Alejandra Cejas, unas horas más tarde.

La medida, que rememora el accionar de grupos de tareas durante la última dictadura cívico militar, se realizó alrededor de las 4. Dos horas más tarde los jóvenes fueron llevados en un móvil policial y desde entonces no se supo más nada de ellos, ante la desesperación de los padres de Marcos Antonio, que también sufrieron maltratos de los hombres de la fuerza, según la presentación judicial. Recién en las últimas horas y por el accionar de la abogada, se supo que el joven había sido llevado a la comisaría 56 de Alto Comedero, mientras que Belén al área de Narcotráfico. La menor fue liberada antes de la medianoche, de acuerdo a consultas realizadas por elDiarioAR. Esta tarde, a las 17, se realizará una audiencia por el hábeas corpus que se presentó. Hasta el momento, se desconoce si hubo un juez que haya solicitado la detención. 

El recurso interpuesto por Cejas detalla que los efectivos policiales ingresaron violentamente a la vivienda ubicada en el barrio Coronel Arias, en la capital jujeña. “Irrumpieron sin pedir permiso ni autorización, los redujeron a todos los miembros de la familia, los obligaron al padre y madre del joven a tirarse al piso y les daban la orden de que guarden silencio”, explicó la letrada. La abogada insistió en que el operativo se concretó sin mostrar ningún acta o papel con firma de un juez. “Esposaron a todos los miembros de la familia, menos al padre, y se llevaron detenidos a Marcos Domínguez y su pareja, que se encontraban mirando televisión”, detalló. 

Durante el allanamiento, según la denuncia, como no se encontró nada que pudiera comprometer a los jóvenes y a sus familiares, les plantaron dos pruebas en lugares que ya habían sido revisados. En ambos aparecieron una balanza y una bolsa verde con dos gramos de pasta base de cocaína, lo que generó discusiones entre la familia y los testigos, quienes ya estaban a punto de retirarse. “Los testigos vieron que durante el procedimiento no se encontró nada, pero luego un infiltrado puso una prueba. Los llamaron nuevamente y los obligaron a decir que el procedimiento recién se estaba realizando. Después apareció mágicamente otra prueba plantada por ellos”, sostuvo ante la prensa Marcos Domínguez, durante una entrevista, esta mañana, a la que tuvo acceso elDiarioAR.

La familia relaciona el accionar con la detención de Marcos Antonio junto a su hermano autista, Raúl Adrián, de 20 años, durante la protesta contra la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales, también presidente de la Constituyente. Los familiares contaron que ese día en la puerta del Penal de Alto Comedero, a donde los llevaron, fueron arrestados al voleo y que no estaban participando de las manifestaciones. Dos días más tarde, liberaron a Raúl Adrián y su caso tuvo amplia repercusión nacional por la permanencia de su madre frente al penal y su denuncia pública, en donde fue entrevistada por medios nacionales. Unas horas más tarde salió Marcos Antonio, quien relató ante los medios que fue golpeado en la cárcel y también durante detención, igual que su hermano. “Yo pensaba que esto iba a pasar, que tomarían represalias. Entraron, golpearon a uno de los chicos, lo redujeron, no me justificaron por qué. No mostraron oficio ni acta de allanamiento, solo mostraron un celular donde había un escrito de un fiscal que los autorizaba. Relacionan a mi hijo con la venta de drogas y robos”, expresó Domínguez.

Tanto Domínguez como dos abogados consultados por este medio, señalaron que no es el único caso de este tipo que se produjo en los últimos días. “Están sembrando miedo para que no sigamos adelante. No sé si todos los que padecieron la detención están denunciando lo ocurrido, yo lo hice no solo por mí sino por todos. Espero que no sigan adelante, que vean el mal que están haciendo. Me desespera ver el sufrimiento de mi hijo”, manifestó Domínguez.

DC/MG

Marcos Antonio Domínguez, joven de 18 años con incapacidad motora, y su novia de 17 años, Belén Ontiveros, fueron arrestados en Jujuy, este miércoles, tras un allanamiento ilegal sin orden judicial. Así lo denunció la abogada jujeña, Alejandra Cejas, quien indicó que los efectivos policiales ingresaron violentamente a la vivienda ubicada en el barrio Coronel Arias de la capital durante la madrugada.

“Irrumpieron de forma violenta, sin pedir permiso ni autorización, los redujeron a todos los miembros de la familia, los obligaron al padre y madre del joven a tirarse al piso y les daban la orden de que guarden silencio”, explicó en relación al accionar de los 10 efectivos de infantería que llevaron a cabo el allanamiento.

Sin mostrar ningún acta o papel con firma de un juez, los policías esposaron a todos los miembros de la familia, menos al padre, y se llevaron detenidos a Marcos Domínguez y su pareja, que se encontraban mirando televisión.

Según la denuncia realizada, los oficiales también “se llevaron $200.000 que se encontraban en el domicilio por una colecta para la operación del nieto que es sordo, y requiere un aparato e intervención quirúrgica, para que pueda escuchar”. Secuestraron, además, un automóvil, dos motos, 8 celulares de los presentes y uno adicional que no tenía uso.

El operativo también incluyó una presunta búsqueda de drogas y requisa de todos los miembros de la familia. “Terminada la requisa, uno de los efectivos tiró una bolsa verde con drogas aparentemente, diciendo que eran 2 mm de pasta base, riéndose y sin presencia de testigos”, establece el documento presentado por Cejas.

La abogada recordó que el joven había sido detenido el pasado 20 de junio en el marco de la represión del estado jujeño. En aquel momento, la madre denunció apremios, golpes y torturas diversas que incluyeron meter la cabeza en un balde de agua y mantenerse arrodillado durante 6 horas. “Claramente el allanamiento denunciado es una continuación de la tortura recibida y un acto de intimidación a Domínguez y su familia”, afirmó la letrada.

Con información de agencias

En el marco de las denuncias recibidas durante las visitas realizadas a la provincia de Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió este martes a la Justicia Federal que inicie “una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes”.

La presentación del organismo nacional incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.

El escrito también menciona que el gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, “información que sólo debería manejar el Poder Judicial”.

La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría “para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta”. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.

Según informa la Secretaría, Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Constitución local.

Pietragalla Corti recorrió junto a funcionarios de la Secretaría, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los lugares de las protestas y cortes de ruta, donde se entrevistó con manifestantes, y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención. También se acercó al hospital local “Pablo Soria” donde se encontraban los heridos y detenidos con estado de salud más grave por las agresiones, pero se le impidió el ingreso. De todas formas, pudo comunicarse con familiares y allegados de las personas internadas y constatar que, a raíz de la represión, dos personas se encontraban en terapia intensiva y tres sufrían pérdida de visión, aseguran desde Derechos Humanos.

Durante su viaje a la provincia, el secretario mantuvo una reunión virtual con el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y estuvo en conversación con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para informar la gravedad de la situación”. Ambas organizaciones manifestaron en los últimos días su preocupación por la represión contra manifestantes en Jujuy y reclamaron al gobierno provincial el respeto por los derechos humanos.

La denuncia completa

La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaria General de Presidencia.

Con información de la Secretaría de DDHH.

IG

Trabajadores estatales y municipales de la provincia de Jujuy retomaron este lunes las medidas de fuerza, con cortes de ruta en reclamo de recomposición salarial y en rechazo a la reforma constitucional aprobada por el Gobierno provincial.

La Asociación de Educadores Provinciales (AdEP), que nuclea a los docentes de nivel inicial y primario, continúan de esta manera con el paro por tiempo indeterminado en rechazo al salario mínimo de 200 mil pesos que ofreció el Gobierno provincial y realizaron hoy una “gran marcha blanca en apoyo a las maestras y maestros”.

“Decidimos continuar con las medidas de fuerza. Se debatió en el seno del congreso realizado ayer, donde se mostraron posturas coincidentes en cuanto al rechazo a la propuesta salarial con respecto al salario básico”, afirmó su secretaria general, Silvia Vélez.

Vélez comentó que están recopilando la información sobre el impacto del paro en las escuelas “con docentes que están adhiriendo a la medida de fuerza que va a seguir siendo contundente en toda la provincia”. Se mantiene así el plan de acción con permanencia al costado de las rutas, radio abierta y marcha de antorchas.

Asimismo, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) inició un paro por 48 horas tras rechazar el ofrecimiento del Gobierno de un piso salarial de 130 mil pesos.

“Reafirmamos que la discusión salarial no desviará el foco en el rechazo a la reforma constitucional ya que son exigencias independientes”, sostuvo el secretario general Sebastián López, y añadió que la consigna “sigue siendo 'arriba los salarios, abajo la reforma'”.

El dirigente consideró que el aumento ofrecido como piso salarial para las situaciones de revista más bajas y de un 10% para el resto del escalafón de planta permanente “no son suficientes”, por lo que realizaron una contrapropuesta que está siendo analizada por el Gobierno.

En esa línea, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Jujuy) anunció que mantendrá esta jornada reuniones con los secretarios generales de las seccionales de toda la provincia para determinar las medidas a seguir y la elaboración de una contrapropuesta. El gremio que agrupa a trabajadores de la salud, educación y municipales, retomó también hoy las medidas de fuerza con un paro sin asistencia por 24 horas.

La ATE sostiene su “repudio popular ante la represión a nuestros compañeros por el gobernador” Gerardo Morales y exige la “revisión del ofrecimiento con salarios en la línea de pobreza y la recategorización de todos los trabajadores municipales”.

La semana pasada, se registraron graves incidentes en la provincia, con una violenta represión policial durante una protesta contra la reforma constitucional, la cual causó más de 170 heridos y 68 detenidos. Luego de estos episodios, las comunidades indígenas jujeñas decidieron mantener ininterrumpido el tránsito vehicular (con paso cada dos o tres horas) en la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso a Purmamarca, en Tilcara; en el acceso norte de Uquía; en el paraje San Roque; en el acceso sur de Abra Pampa y en el acceso a La Quiaca.

Fuentes oficiales indicaron que los cortes también se registraban esta mañana en la Ruta Nacional 66 a la altura de Finca El Pongo, en la Ruta Nacional 52 en Susques y en la Ruta Nacional 40, por la localidad de Coranzulí.

LC con información de agencia Télam

Hay un episodio de la vida del gran sociólogo judeo-alemán Norbert Elias de una tristeza desoladora. En 1933, con el ascenso de Hitler, el joven Elias había decidido irse de Alemania. Recaló primero a París y pronto en Inglaterra, donde desarrollaría el grueso de su obra. Poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba instalado en Londres, recibió la visita de sus padres, que habían permanecido en su Breslavia natal a pesar de la amenaza nazi. Consciente del peligro que corrían, Norbert les propuso que no regresaran, que se quedaran con él en el Reino Unido. Les explicó que las cosas pronto podrían ponerse complicadas para los judíos. Pero ellos no entendían razones. “¿Qué podrían hacer conmigo?”, le decía su padre, “Yo nunca hice nada malo”. Estaba convencido de que alguien como él, que no mataba ni una mosca, no tenía motivos para temer. Y además ya estaba grande, no quería vivir en el desarraigo, en un país extraño. Norbert insistió de mil maneras, usó toda la fuerza de la argumentación, pero fracasó. Sin conseguir que cambiaran de opinión, los vio marchar de regreso a Breslavia. Era la última vez que los vería: su padre murió poco después y luego su madre, recluida en un campo de concentración. El trauma de no haber conseguido convencerlos, la pregunta de si acaso pudo haber insistido más, si pudo haberlo intentado mejor, acompañó a Norbert Elias el resto de sus días. Nunca pudo superarlo.

Acaso él mismo no llegaba a imaginarse la magnitud y tenor de lo que se venía con Hitler. ¿Quién sí? Alemania era uno de los pináculos de la civilización occidental. Antes de los nazis, el avance técnico iba de la mano de la modernidad cultural. Berlín era polo de lo más sofisticado de la filosofía, una de las capitales de las vanguardias estéticas e incluso había dado sede, en el cambio de siglo, a la primera revista que reivindicaba abiertamente la homosexualidad. Políticamente también era sitio progresivo: tenía el partido socialdemócrata más poderoso de Europa y un movimiento obrero robusto. ¿Cómo imaginar la bestialidad de lo que se venía?

Norbert Elias se hizo famoso por su obra maestra, El proceso de la civilización, en la que estaba trabajando al mudarse a Inglaterra. Allí analiza el largo camino de las sociedades europeas hacia lo que llamamos “civilización”, que el sociólogo relacionaba, entre otras cosas, con el desarrollo del “autocontrol” personal, la internalización de pautas de buenos modales, de distanciamiento respecto del mundo físico y del cuerpo de los demás, que a su vez fueron limitando las tendencias hacia la agresión abierta de unos con otros. En su descripción, parecía un proceso sólido, irreversible, anclado en lo más profundo de la cultura, incluso en la psiquis humana. Claro que no lo era: como él mismo sostuvo más adelante, a propósito de la barbarie nazi, la civilización podía “retroceder”, incluso colapsar. Es que, por el modo en que aprendimos a imaginar la historia, la barbarie parece residir en el pasado y, según creemos (o más bien creíamos), el futuro es camino de creciente civilización, cada vez más lejos de ese tiempo pretérito abyecto.

La civilización no es un punto de llegada: es apenas una capa delgada, un fino barniz que requiere mantenimiento constante

Todavía luego de la caída de Hitler fue posible sostener esa imaginación. Podía pensarse que lo de 1933 había sido un tropezón, fruto de alguna combinación infortunada de variables o de alguna peculiaridad siniestra de la cultura alemana. Pero, casi un siglo más tarde, esa certeza reconfortante no se sostiene. La barbarie no está en el pasado: nos acompaña en el presente y no hay por qué no suponer que no se enseñoree del futuro. Brota en cualquier momento y en cualquier lugar, con que sólo se debiliten un poco los esfuerzos civilizatorios. Así pasó en 1933, en una de las sociedades más sofisticadas de entonces, cuando el hartazgo de parte de la población por las promesas incumplidas de la República se combinó con el coqueteo del gran capital con el nazismo, por su promesa de limpiar Alemania de izquierdistas y alborotadores obreros, y juntos abrieron las puertas del infierno. 

Uno pensaría que la humanidad aprendió la lección, pero un paneo por el mundo actual lo hace dudoso. Cómo no ser escépticos si en Israel, justamente en Israel, se profundiza un régimen de apartheid racial que ya lleva décadas en pie y vemos a los palestinos segregados y sometidos a vejámenes cotidianos inauditos por parte de un gobierno de extrema derecha que ya es abiertamente racista y ni se preocupa por ocultarlo. O si vemos que en Estados Unidos están limitando los temas que se pueden discutir en clase, prohibiendo libros en las escuelas o shows de drag queens.

La civilización no es un punto de llegada: es apenas una capa delgada, un fino barniz que requiere mantenimiento constante. Hasta hace un tiempo podíamos congraciarnos de que en Argentina no se veían los signos de deterioro que ya se percibían en otros sitios. Pero ya no es el caso. De nuevo, por la combinación del hartazgo social con las orientaciones que asume nuestro empresariado y parte de los elencos políticos, nos asomamos a un abismo. De un día para el otro nos vimos discutiendo si conviene habilitar la venta de niños, si los mapuches son terroristas extranjeros, si corresponde “cárcel o bala” para quien no es de derecha, si hay que rechazar la conspiración del “marxismo cultural” que pervierte a nuestros hijos o si la última dictadura fue realmente para tanto. El espectáculo dantesco de la represión en Jujuy, con policías disparando a los ojos como en Chile, secuestrando gente en autos no identificados, irrumpiendo en domicilios sin orden judicial, es un buen preanuncio de las amenazas que pesan sobre el país. También lo es que el pleno de Juntos por el Cambio haya salido a desacreditar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para respaldar a su sultán jujeño. 

Que nadie crea que el Estado de derecho estará siempre allí para proteger nuestras garantías básicas. Nada más frágil que ese supuesto escudo. (“1985 terminó”, nos susurra la nostalgia que sentimos al ver la película). Todo indica que en el futuro inmediato las fuerzas progresivas y democráticas de la sociedad deberán estrechar filas y renovar el compromiso elemental no solo con el Estado de derecho, sino incluso con el sostenimiento de la vida civilizada. 

EA