La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster aseguró que no hubo irregularidades en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras declarar durante casi tres horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, aunque evitó dar precisiones sobre el origen de los fondos utilizados: “Eso pregúntenle a él”, respondió la profesional al ser consultada por la prensa. Este jueves volvió a presentarse en Comodoro Py para completar su declaración. La profesional llegó sola alrededor de las 8 para entregar la documentación que se le requirió durante la audiencia del miércoles.

“No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”, dijo la escribana en declaraciones periodísticas a la salida, pasadas las 9. 

Su declaración del miércoles

Nechevenko fue citada como testigo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, y su declaración se centró en su intervención en la certificación de dos propiedades: un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

Según explicó, en el caso del departamento de la calle Miró al 500, la operación se realizó por 230.000 dólares y fue financiada en gran parte mediante una hipoteca privada. La escribana sostuvo que este tipo de mecanismos son habituales y que no implican irregularidades. “No hubo préstamo en efectivo, sino una hipoteca normal sin ningún problema”, afirmó.

La investigación judicial también puso el foco en el valor de escrituración del inmueble, que sería inferior al de mercado, y en una serie de visitas de la escribana a la Casa Rosada -al menos siete entre 2024 y 2025-, sobre las que prefirió no dar explicaciones públicas. “A mi cliente no le gustaría que hablar de eso”, dijo.

En paralelo, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba y citó a declarar a las mujeres que habrían financiado las operaciones. Entre ellas se encuentran Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes habrían aportado unos 200.000 dólares, cerca del 87% del valor del departamento, mediante un esquema de hipoteca con saldo de precio.

También deberán presentarse Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, vinculadas a otro préstamo destinado a la compra de una propiedad anterior del funcionario.

La causa, que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, busca determinar la evolución patrimonial de Adorni y esclarecer el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias.

Como parte del expediente, en las últimas horas también declaró como testigo el exfutbolista Hugo Morales, quien aportó información sobre la venta previa del departamento de Caballito.

Organizaciones sociales, de Inquilinos agrupados, personas en situación de calle e Hipotecados UVA realizaron este martes un “colchonazo de protesta” e instalaron ollas populares en la Plaza del Congreso, en “rechazo del ajuste contra el pueblo” y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el Poder Ejecutivo, que apunta a desregular la economía, entre otras medidas. La protesta se desarrolló a partir de las 18, frente al histórico edificio del Congreso Nacional, confirmaron los voceros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“Vamos a estar nuevamente en la calle con un colchonazo y olla popular en el Congreso bajo las consignas que ajusten a la casta, no nos dejen sin casa”, dijeron previamente los organizadores.

Con golpes de cacerolas y una mesa dispuesta en Plaza Congreso, los manifestantes realizaron una olla popular para cenar en un “colchonazo de protesta” que incluyó a personas en situación de calle e inquilinos que expresaron su temor de perder la vivienda.

“Yo hace cuatro días quedé en la calle, me hicieron una renovación de contrato donde me aumentaron 40 mil pesos de golpe, no puedo pagar eso porque se me va a 150 mil pesos de alquiler y yo cobro 160 mil pesos por mes. Estamos en situación de calle con mi hija”, contó una de las manifestantes en diálogo con C5N.

La mujer rechazó las “medidas” del Gobierno de Milei y cuestionó que “el alquiler esté en dólares”.

Los organizadores habían convocado al colchonazo porque “el decreto de Milei, es un decretazo sin necesidad ni urgencia que deroga más de 300 leyes hecho a la medida del lobby empresarial, donde el único perjudicado es el pueblo”.

“Un claro ejemplo -agregaron- es el de la Ley de Alquileres, que llevó muchos años de trabajo hasta su aprobación y que este mismo año se intentó modificar y no se logró”.

Gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados, sostuvo que “cuando (el presidente Javier) Milei nombra como primer punto del decreto la derogación de la ley de alquileres queda claro que hemos tocado intereses muy sensibles del poder económico de la Argentina”.

“La regulación del alquiler en Argentina es central para el desarrollo igualitario de la sociedad. La vivienda no es un sueño, es un derecho que se conquista y defiende en la calle”, remarcó Muñoz en un comunicado.

En ese sentido, indicaron que “la devaluación de la moneda de un 120% trae consigo una inflación sin control de casi un 40% semanal en alimentos”.

Horacio Ávila, coordinador nacional de Proyecto 7 - una organización que representa a personas en situación de calle- dijo a Télam que “las personas en situación de calle son el mayor exponente de la población”.

“Dada la falta de políticas públicas para esta problemática, desde el sector organizado junto a las organizaciones sociales, nos tomamos el trabajo de armar leyes que hoy están vigentes, pero que están vacías de contenido y de presupuestos reales. Imagínate ahora con el aumento de la tasa de pobreza que tenemos por delante”, subrayó.

Con información de agencias.

IG

La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y se suspenden por un año los desalojos.

La iniciativa fue aprobada con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios, y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica.

Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

Además establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

La presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, explicó los detalles del dictamen de mayoría sobre el nuevo sistema de actualización de los créditos UVA que tendrán los tomadores de esos préstamos.

En ese sentido detalló que “el valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice actualizable por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR) determinado en la presente ley, u otra variante que se establezca en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”.

Agregó que “la diferencia contemporánea entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito dará lugar a una compensación monetaria que será cubierta por el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”.

En el cierre del debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller aseguró que “los créditos UVA se hubiesen otorgado con la fórmula que hoy estamos aprobando no tendríamos el problema que existe” y dijo que “esto no lo resuelve pero lo morigera y una expectativa positivo hacia adelante”.

El diputado de Evolución Radical Martin Tetaz justificó el rechazo al proyecto al afirmar que “el UVA es un muy buen mecanismo para permitir la existencia de créditos de largo plazo en países de alta inflación” y “por eso el planteo nuestro fue no crear un problema donde no donde no existe” y por eso “la preocupación es que cuidemos mucho el sistema de créditos UVA, pero podemos trabajar para mejorarlo”.

“Si nosotros rompemos el mecanismo UVA ahora, lo que vamos a hacer es condicionar el futuro de millones de familias argentinas, que tienen la única herramienta de acceso a la vivienda como lo es el crédito hipotecario”, agregó.

El radical Julio Cobos dijo que “cuando escuchamos que el problema no está porque no hay morosidad, pero no existe porque tuvimos mucho tiempo la cuota congelada y porque lo último que deja de pagar una persona es su vivienda”.

Defendió el dictamen de mayoría al afirmar que “lo construimos en base a once proyectos donde todos tuvimos que ceder algo” para alcanzar un acuerdo y dijo que “La magnitud del problema son 95 mil créditos, donde se pasa a la cuota hogar y se crea un fondo compensador con recursos de la secretaria de Vivienda, acá no está poniendo dinero el estado sino lo está poniendo el sistema bancario”.

La diputada del Frente de Todos Paula Penacca señaló que “estamos aquí intentando resolver un gran problema que nuestra gestión no generó, que se creó en el 2016 cuando el macrismo decidió romper el acceso a la vivienda que se implementaba desde el 2012 que fue el Procrear” y dijo que en el 2015 “dejamos una política con bajo nivel de endeudamiento”.

El diputado de Republicanos Ricardo López Murphy señaló que “Los créditos UVA no funcionan en el país, no por la inflación, sino porque el nivel de vida en la Argentina está bajando, fomentando así actividades que nos empobrecen e informalizando el mercado de trabajo”.

El legislador de izquierda Nicolás del Caño dijo que la cuota “ya se hace impagable para los trabajadores y este gobierno no resolvió absolutamente nada de este problema que afecta a más de 100 mil familias” y destacó que “claramente los bancos están haciendo un enorme negocio” y dijo que “esta ley no va resolver y vamos a seguir en la pelea”.

Por su parte, el diputado de Avanza La Libertad y precandidato de JXC, José Luis Espert, criticó el dictamen de mayoría al afirmar que “sería más cristalino de cara a la sociedad asignar una partida presupuestaria que diga: 'vamos a subsidiar por este monto con los pagadores de impuestos', para que los préstamos UVA tengan menos problemas de irregularidad”.

Claves del proyecto

Las personas que deban pagar el impuesto a las Ganancias tendrán la posibilidad de deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Y, en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

La norma ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un Sistema de Cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por Ripte.

En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el Índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero del corriente.

Modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas. En este caso, la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores.

También establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

Con información de agencias.

IG