El caso Paseo Gigena suma un nuevo capítulo. El edificio ubicado en Dorrego y Libertador, rebautizado como Ola Palermo, y en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue generando controversia.

Esta vez no es porque los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco porque el edificio fue construido sobre caños maestros de Aysa, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por el edificio y la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Ni siquiera porque el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado.

No es porque los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad, donde antes se encontraba el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, y aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

Tampoco porque el metro cuadrado en Paseo Gigena oscilaba en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler mientras la empresa BSD, desarrolladora del proyecto, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños de Aysa y para poder inaugurar el edificio.

Esta vez, Paseo Gigena generó murmullo en el ámbito político de la Ciudad, luego de que Álvaro García Resta, ex secretario de Desarrollo Urbano porteño anunciara su incorporación al estudio ODA de New York como asesor en Urbanismo. ODA es el estudio de arquitectura que diseñó Paseo Gigena durante la gestión de García Resta en el gobierno de Rodríguez Larreta (2019-2023). El funcionario continuó a cargo de Desarrollo Urbano durante la Administración de Jorge Macri hasta finales de 2024.

¿Puede García Resta trabajar para un privado involucrado en un proyecto que él debía supervisar como funcionario a sólo meses de haber dejado la función pública? Es lo que se preguntaban en un pequeño grupo de entendidos sobre el millonario proyecto inmobiliario. Es un posible caso de lo que se llama “la puerta giratoria” entre el sector público y privado.

De acuerdo con la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios deben esperar al menos un año después de finalizar en la gestión pública para “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que haya prestado funciones”. Toda la ejecución de la obra estuvo a cargo de Desarrollo Urbano, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del terreno público.

En 2020, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de los funcionarios públicos, presentó propuestas de modificación al proyecto de Ley de Ética Pública de la Ciudad, entre las que incluyeron una sobre puerta giratoria y el período de “enfriamiento”, como se llama al lapso de tiempo que debe pasar entre el cese en la función pública y el ingreso a un privado que fue fiscalizado o mantuvo contratos con el área del funcionario saliente. “La propuesta temporal de un año es muy limitada y se aleja de cualquier plazo razonable contenido en recomendaciones internacionales”, explicó Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ.

“De acuerdo al análisis realizado por la OCDE en el documento ‘La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público’, en gran parte de la legislación comparada el tiempo de apartamiento es siempre mayor al tiempo establecido en este proyecto de ley”, afirmó Lucarella. Por ejemplo, el plazo en la legislación de Francia es de cinco años. “Eso resulta más apropiado para cumplir con el objetivo esperado, ya que supera un mandato de Jefe/a de Gobierno y las probabilidades de poder tener información o vínculos en la administración se disminuyen”, aseguró la abogada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en su informe a Argentina que incorporara regulaciones de “puerta giratoria” en la normativa de ética pública. En los ejemplos de otros países, hay casos en los que el período de enfriamiento es de dos a cinco años, según el cargo ocupado. Transparencia Internacional, por otro lado, recomienda un período de enfriamiento de por lo menos dos años.

García Resta ni siquiera esperó el corto año que plantea la ley porteña. Sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario destacó que a pesar de que el diseño del edificio de oficinas y locales estuvo a cargo de ODA, el estudio arquitectónico no firmó ningún contrato con el Gobierno porteño sino con los desarrolladores privados que son concesionarios del Estado capitalino. Este medio también se comunicó con el estudio ODA pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta sobre su posición al respecto.

Su caso es una delgada línea gris, dicen en la Dirección de Ética Pública de la Ciudad. Incluso con esa salvedad, García Resta se mostró durante años en la obra de Paseo Gigena, de acuerdo con las notas de prensa y fotografías publicadas por el Gobierno porteño, e incluso entrevistó al arquitecto líder del estudio ODA, Eran Chen, en medio de la construcción del complejo. El exfuncionario dijo a elDiarioAR que conoció a ODA y su fundador gracias a Paseo Gigena.

A pesar de las visitas a la obra, los videos que lo muestran en Paseo Gigena supervisando el desarrollo del proyecto y lo establecido en el pliego de la licitación de 2019, García Resta aseguró a elDiarioAR que él no tuvo “ninguna función específica” en torno al emprendimiento inmobiliario, lo que, afirmó, lo eximiría de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública de la Ciudad.

“Le agradezco especialmente al Arquitecto Eran Chen y a su equipo por su recibimiento, estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Cuando entrevistó a su nuevo jefe en octubre de 2023, en plena obra del Paseo Gigena, Chen definió a García Resta como “un amigo” y “el arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires”. También le aseguró: “Gracias a vos y a esta Administración (por la de Rodríguez Larreta) hemos podido convencer al desarrollador (BSD) y a ustedes, y con suerte, al público, de que esta es una situación en la que todos ganan. Si podemos hacer una asociación privado y público, podemos abrir edificios al público, podemos mantener y extender el terreno público y crear experiencia que de lo contrario no obtendrías”.

A más de un año y medio de esas declaraciones del arquitecto, el espacio público de Paseo Gigena continúa sin terminar de inaugurarse en su totalidad y la obra le costará miles de millones de pesos extra a los porteños para desviar los caños de Aysa que siempre estuvieron debajo del predio público sobre el que se construyó un negocio privado.

ED/DTC

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que no sabe quienes son los concesionarios del Paseo Gigena, el millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires y que continúa sin cumplir con el contrato firmado durante la gestión de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.

“Sinceramente no se quienes son los accionistas, no creo que haya concesionistas personales”, dijo Macri quien reconoció que el canon que pagan los concesionarios es el acordado durante el gobierno de Rodríguez Larreta.

El complejo de oficinas y locales es un dolor de cabeza para la Ciudad. Fue construido sobre el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, en Dorrego y Libertador, gracias a un fideicomiso vinculado al ministro Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En 2024, fue inaugurado por el presidente Javier Milei.

Una investigación de elDiarioAR mostró que los alquileres de oficinas en Paseo Gigena se cotizan en dólares, de acuerdo a las publicaciones en sitios inmobiliarios online. El metro cuadrado oscila en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler. Un espacio como el que ocupa la fintech Ualá, una de las empresas que ocupa el edificio, cotizaría con esos valores de referencia a un mínimo de US$76.000 mensuales. Sin embargo, la empresa BSD, desarrolladora de Paseo Gigena, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños y para poder inaugurar el edificio.

“Se paga canon, no es verdad que no se pague canon”, aseguró el jefe de Gobierno este miércoles en un reportaje en Radio Con Vos. Pero admitió que “se paga canon como el que ganó el que concesionó”, en referencia a la adjudicación que se realizó en la gestión anterior.

De todos modos, Macri también admitió que “hay un problema con Aysa, con un conector que pasa por abajo. En algún momento se permitió construir arriba de eso sin los refuerzos necesarios. Nosotros le exigimos a la concesion y se hicieron” los arreglos.

“Eso es lo unico que es observable de esa concesión cuando se hizo y nosotros fue uno de los contratos que revisamos”, continuó.

 Este medio reveló en 2023 que Paseo Gigena se construyó sobre caños maestros de Aysa, lo que para la empresa estatal de aguas pone en peligro la seguridad de quienes circulan por el edificio y es un riesgo para la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Además, el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado. Durante el debate de candidatos porteños, el vocero presidencial y candidato a legislador Manuel Adorni eludió responder sobre las problemáticas en torno al negocio y la participación de dos funcionarios del Gobierno Nacional, Caputo y Bausili.

Las bajas en el PRO

Durante el reportaje con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, el jefe de Gobierno también se refirió a las peleas internas en el PRO, concretamente a las salidas de Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quien ayer firmó su pase a La Libertad Avanza.

“Lo de Patricia ya se veía venir. Ella tiene una tendencia a moverse de partido”, dijo el jefe de Gobierno porteño, y agregó: “Ella cree en eso y yo no me enojo, porque vino siendo así. Lo de Horacio para mí es menos entendible, porque juega a una confusión, y puede ser el responsable de que, por primera vez, el kirchnerismo nos gane en la Ciudad”.

Sobre la salida de la ministra de Seguridad, señaló: “Por lo menos en el otro caso está claro, decidió irse, ayer se afilió. Creo que es un nuevo punto de partida esto, saber quién está acá, en qué cosas creemos, seguir gestionando”.

El edificio Paseo Gigena, rebautizado como Ola Palermo, en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue su carrera contra el tiempo. Los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR. 

El complejo de oficinas y locales es un dolor de cabeza para la Ciudad. Fue construido sobre el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, en Dorrego y Libertador, gracias a un fideicomiso montado por Caputo y Bausili. En 2024, fue inaugurado por el presidente Javier Milei. 

El edificio arrastra una cadena de malas decisiones. Este medio reveló en 2023 que Paseo Gigena se construyó sobre caños maestros de Aysa, lo que para la empresa estatal de aguas pone en peligro la seguridad de quienes circulan por el edificio y es un riesgo para la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Además, el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado. Durante el debate de candidatos porteños, el vocero presidencial y candidato a legislador Manuel Adorni eludió responder sobre las problemáticas en torno al negocio y la participación de dos funcionarios del Gobierno Nacional, Caputo y Bausili.

Ahora, además, se suman demoras en la entrega de una parte central de la obra. Una de las cláusulas del contrato, al que accedió elDiarioAR, sostiene que los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad. Sin embargo, aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

En un pedido de acceso a información pública, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro respondió que, de acuerdo a los planos que obran en su poder, el espacio público será de 1.002 metros cuadrados y consta de bicicleteros (234 metros cuadrados en la planta baja), bancos (131 metros cuadrados, también en la planta baja) y 637 metros cuadrados de gradas y bancos en la terraza del segundo piso del edificio. 

Los planos del espacio público fueron presentados por la desarrolladora de Paseo Gigena, BSD, el 3 de noviembre de 2023. Pero aún no ha terminado con su construcción. 

“Con respecto a la terraza y al uso público que tendrá, estamos terminado las obras de infraestructura”, respondió la empresa ante la consulta de elDiarioAR. “Se están ultimando detalles finales para poder abrir las puertas en el segundo semestre de 2025”.

La terraza tendrá acceso por las tres calles del proyecto: avenida Dorrego, avenida Freyre y avenida Libertador. Hasta el momento, BSD sólo terminó “el paseo botánico” y la “obra de arte de Carola Czech”, cuyos atributos harán del espacio “un recorrido público relevante y novedoso para toda la Ciudad”.

Antecedentes

En junio de 2021, BSD firmó un contrato con la Ciudad en el que se comprometió a finalizar la obra en un plazo de 12 meses, con una prórroga de entre 3 y 7 meses más. Los plazos vencieron en marzo de 2023. 

BSD afirmó que la empresa sufrió “restricciones de insumo”, como sucedió en muchos otros desarrollos inmobiliarios y que eso determinó que “los tiempos se estiraron en todos los proyectos de construcción”. “No fuimos la excepción”, aseguraron ante la consulta de elDiarioAR en febrero de 2024.

Lo cierto es que, entre demoras aludidas por la compañía, surgió el problema de los caños: Aysa informó a la Ciudad que se negaba a habilitar el edificio debido al problema con los caños maestros. En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a las personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo de Palermo.

Los alquileres de oficinas en Paseo Gigena se cotizan en dólares, de acuerdo a las publicaciones en sitios inmobiliarios online. El metro cuadrado oscila en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler. Un espacio como el que ocupa la fintech Ualá cotizaría con esos valores de referencia a un mínimo de US$76.000 mensuales. Sin embargo, la empresa BSD, desarrolladora de Paseo Gigena, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños y para poder inaugurar el edificio. Así consta en el acta de inicio de la explotación comercial al que accedió elDiarioAR.

ED/DTC

Dos funcionarios de Javier Milei se suman a la lista de flamantes inquilinos del Paseo Gigena, el complejo de oficinas y locales edificado sobre el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo. Se trata del titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), Carlos Luis Pirovano, y de Rodrigo Alberto Sbarra, quien acaba de asumir como subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Vicejefatura de Gabinete. Ambos son socios de una empresa que montará un restaurante de 680 metros cuadrados, según confirmaron desde la compañía de ambos funcionarios a elDiarioAR. 

Pirovano y Sbarra son socios en Checkpoint Charlie SA, que explotará un restaurante en el edificio montado sobre el terreno público de la Ciudad de Buenos Aires.

Este edificio, vinculado al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se ha transformado en un problema para la Ciudad de Buenos Aires y los porteños: fue construido sobre dos caños maestros de agua y el gobierno de Jorge Macri deberá realizar una megaobra para correrlos y evitar así dos posibles dolores de cabeza: que se ponga en riesgo la provisión de agua a unos 500.000 vecinos de la Ciudad y que el edificio corra peligro de derrumbe en caso de un accidente con los caños, como advirtieron los técnicos de Aysa y publicó este medio.

El Paseo Gigena, rebautizado “Ola Palermo”, les terminó costando caro a los porteños. La Ciudad deberá pagar esta megaobra valuada en $3.019 millones y además no verá un peso durante ocho años: el Gobierno porteño concesiona el terreno público pero acordó que no cobrará el canon a los concesionarios por 96 meses porque debieron realizar una obra dentro del complejo para proteger el edificio de una eventual rotura de los caños maestros.

Caputo y Bausili fueron los recaudadores de las inversiones para construir Paseo Gigena. Antes de regresar a la función pública con Milei, los ahora funcionarios conformaron el fideicomiso para recaudar inversiones por US$46 millones, según explicaron en la consultora de ambos, Anker Latinoamérica, a elDiarioAR en 2023. El edificio, sin embargo, costó US$28 millones, de acuerdo a lo informado por los desarrolladores a Clarín.

Paseo Gigena fue desarrollado por BSD y construido por Coinsa, empresa de Martín Maccarone, otro empresario vinculado a Caputo y nombrado por el Ministro en el gobierno libertario: asumió en octubre como secretario coordinador de Infraestructura de la Nación.

Socios

Pirovano y Sbarra, así como otros socios de Checkpoint Charlie SA, tienen en común su paso por el gobierno porteño de Mauricio Macri. El actual titular del INCAA se desempeñó como subsecretario de Inversiones de la Ciudad, de acuerdo con su Linkedin. También fue vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y es cercano al ministro Federico Sturzenegger y a la ministra Patricia Bullrich.

Pirovano asumió en el INCAA sin antecedentes en el cine o las artes visuales. Es especialista en microeconomía, finanzas y planeamiento estratégico. 

Además, trabajó con el exministro de Producción de la Nación bajo la gestión de Macri: Francisco Cabrera, publicó Página/12. Otro punto en común con Sbarra, quien también trabajó en Producción durante el gobierno de Macri en Nación.

Sbarra, economista especialista en implementación de políticas públicas, de acuerdo a su currículum en Linkedin, se desempeñó como secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo durante el gobierno de Cambiemos. Pirovano asumió en el INCAA en marzo último, pero la incorporación de Sbarra es reciente. Llegó al gobierno de Milei el 4 de noviembre último.

Sbarra es conocido en los medios de comunicación por haber sido investigado en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 tras su paso por el gobierno de Macri. El economista fue investigado luego de una denuncia del entonces ministro de Producción, Matías Kulfas. 

Luego de asumir en diciembre de 2019, Kulfas declaró ante la Justicia haber hallado un sobre con US$10.000 y el nombre de una empresa en un escritorio que ocupaba Sbarra antes de dejar la función pública. 

Entonces, Sbarra dijo que el dinero había sido “plantado” por el kirchnerismo, pero más tarde se comprobó en la Justicia que era suyo. Se lo investigó por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En una denuncia que se incorporó al expediente, el diputado Rodolfo Tailhade le adjudicó el manejo de una supuesta “contabilidad paralela” en el Ministerio de Producción para administrar presuntos retornos que dejaban proveedores del Estado.

Sbarra fue sobreseído porque pudo justificar la suma de dinero hallada en su antiguo despacho, según la fiscalía.

El restaurante

Checkpoint Charlie SA es una empresa constituida por 15 socios en octubre de 2020, entre ellos Pirovano y Sbarra. elDiarioAR consultó a ambos funcionarios, quienes derivaron las consultas al área de prensa del proyecto comercial. 

En Paseo Gigena, la empresa montará un restaurante de comida clásica europea. Su inauguración está prevista para diciembre.

Es una apuesta grande: tendrá capacidad para 230 cubiertos y una superficie de 680 metros cuadrados (superficie cubierta de 400 metros cuadrados y otros 280 metros cuadrados de exterior), explicaron los organizadores ante la consulta de elDiarioAR. “El equipo de trabajo está conformado por 70 integrantes”, agregaron.

El nombre del restaurante hace referencia al mítico puesto de vigilancia de Berlín, instalado tras la construcción del muro, durante la Guerra Fría. “En ese mismo muro, Checkpoint Charlie funcionaba como una válvula de escape, el único punto donde se producía un intercambio, un espacio en el que lo irreconciliable podía cruzarse”, dice la información de prensa del restaurante. Es un lugar donde “las diferencias florecen”. 

ED/DTC

El presidente Javier Milei visitó hoy las oficinas de la billetera digital Ualá, ubicadas en el edificio Paseo Gigena, un complejo de oficinas y locales construido sobre el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo y vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El edificio ubicado en un predio público requiere una megaobra de al menos $3.019 millones para saldar un error en la planificación. Además, la empresa concesionaria, que ya está explotando comercialmente el predio, no pagará el canon a la Ciudad de Buenos Aires hasta junio de 2032, tras un acuerdo de 2023, según los documentos y testimonios consultados por elDiarioAR.

Milei acudió acompañado por el director ejecutivo de la empresa, Pierpaolo Barbieri. En su discurso, el mandatario dijo: “Prefiero venir a felicitarlos que inaugurar una obra pública costosa e ineficiente que nadie quiere”.

Y agregó: “No puedo inaugurar obra pública porque la corté de cuajo. ¿Se acuerdan cuando los políticos de la casta se juntaban para inaugurar canillas, hospitales que ya habían inaugurado tres veces? Nosotros preferimos la sinceridad. Como la cortamos, no vamos a inaugurar tampoco”.

El presidente destacó el papel de Ualá y aseguró que su crecimiento en los últimos años es un “testamento en defensa del capitalismo”. También destacó que la billetera virtual es el unicornio argentino “que más rápido crece”, con un valor de más de mil millones de dólares.

Ualá inanuguró sus oficinas en el Paseo Gigena en septiembre. Barbieri, a su turno, festejó el éxito de una nueva ronda Serie E de inversiones por u$s 300 millones para la fintech.

El mandatario envió un mensaje al sector privado, a quienes invitó a “subirse al tren del progreso ahora e insistió una vez más en que ”la recesión se terminó y de ahora en adelante lo que queda es crecimiento“. ”Hoy podemos decir que hemos sentado las bases para una recuperación sostenible. Todo lo que queda de aquí en adelante son buenas noticias“, afirmó.

Durante su breve exposición, que duró poco menos de 15 minutos, Milei se mostró esperanzado de cara al futuro y prometió la recuperación de la economía: “Sabemos que ha sido difícil, ha sido duro, pero todo lo que queda por delante es hacia arriba, todo bueno. El país está entrando en su mejor momento de los últimos 100 años”.

“Les digo a todos los actores del sector privado: aprovechen a subirse al tren del progreso ahora porque es comprar más barato”, dijo desde las instalaciones ubicadas en la calle Coronel Marcelino Freyre al 3650, con vistas al Rosedal de Palermo, al Hipódromo de Palermo y al Campo Argentino de Polo.

En la misma línea, prometió: “Ya se están viendo las burbujas del pedo de buzo y en poco tiempo la economía estará volando por las nubes, en el buen sentido”.

Además, destacó la baja de la inflación mayorista que, según expuso, “viajaba al 54% mensual” cuando asumió y en la actualidad lo hace al 2% mensual, y vaticinó que se está cerca de lo que definió inflación monetaria 0. 

“Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y la economía sufrió solamente durante cuatro meses, y eso es posible porque el ajuste el ajuste cayó sobre el sector público, no sobre el sector privado, por más que quieran venderlo de otra manera”, aseveró.

Por último, rechazó la idea de que el Estado genera riqueza y reafirmó que la idea de su administración es probar “que cuando se le saca la bota del Estado al que produce, estos tienden a crecer, sin ningún tipo de restricción”. 

Desde el auditorio lo aplaudían el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el jefe de asesores, Demián Reidel.

El edificio Paseo Gigena se ha transformado en un pésimo negocio para el bolsillo de los porteños. El complejo de oficinas y locales construido sobre el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo y vinculado al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no sólo requerirá de una megaobra de al menos $3.019 millones para saldar un error en la planificación del edificio. Además, la empresa concesionaria, que ya está explotando comercialmente el predio, no pagará el canon a la Ciudad de Buenos Aires hasta junio de 2032, tras un acuerdo de 2023, según los documentos y testimonios consultados por elDiarioAR.

La empresa concesionaria, formada por BSD Group y Fideicomiso Dorrego -creado por Caputo y Bausili antes de regresar a la función pública-, ya tiene al menos un cliente ocupando sus oficinas: la fintech argentina Ualá, fundada por Pierpaolo Barbieri. La compañía mudó en septiembre su sede central al edificio vecino a los bosques de Palermo, en Dorrego y Libertador. Ocupará unos 2.000 metros cuadrados y tendrá espacio para más de 1.500 personas, según comunicó la propia empresa. 

Los alquileres de oficinas en Paseo Gigena se cotizan en dólares, de acuerdo a las publicaciones en sitios inmobiliarios online. El metro cuadrado oscila entre los US$32 y US$36 para el alquiler. Un espacio como el de Ualá cotizaría con esos valores de referencia a un mínimo de US$64.000 mensuales. Sin embargo, la empresa paga el canon en pesos a la Ciudad. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de 8 años. Así consta en el acta de inicio de la explotación comercial al que accedió elDiarioAR.

“Sólo hemos tenido contacto con la concesionaria del edificio a los fines de alquilar el espacio de trabajo. Las aprobaciones de obra y habilitaciones correspondientes son responsabilidad de la misma y han sido obtenidas en tiempo y forma”, respondió Ualá ante la consulta de este medio.

Comienza a funcionar

La licitación y adjudicación del predio fue realizada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El acta de inicio de la explotación fue firmada por la administración de Jorge Macri, en junio último, para dar inicio formal al uso comercial del predio. Fue subscripta por el director general de Concesiones y Permisos del gobierno porteño, Agustín González Calderón; el arquitecto Cluadio Alejandro Cané, director general de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Infraestructura porteño; y Matías Víctor Hodara, representante de la empresa que explota la concesión, denominada Fideicomiso Dorrego y Libertador y BSD Group.

La Ciudad sostiene en el acta que constató que la concesionaria realizó las obras y tareas a su cargo. Suscribió un acta de finalización de obra y concluye: “Se encuentran dadas las condiciones para proceder al inicio de la explotación comercial”.

En la siguiente cláusula, la Ciudad dejó asentado que el concesionario “exime de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad y se compromete a mantenerlo indemne” por los daños materiales que se pudieran ocasionar al inmueble, su estructura, los elementos emplazados en el mismo así como en los restantes bienes que se encuentren dentro del predio en caso de que existiera una “rotura, filtración o cualquier otro evento que pudiera suceder dentro del predio concesionado con las Líneas 1 y 2 que forman parte de la red primaria de provisión de agua corriente y que se encuentran emplazadas en el predio”.

La Ciudad también dejó asentado que la empresa explotadora del predio tampoco podrá reclamarle por las consecuencias materiales y económicas de la megaobra que deberá realizar la Ciudad para modificar el curso de los caños maestros de Aysa, calculada en al menos $3.019 millones que pagarán los contribuyentes porteños.

“No había mucha escapatoria al convenio leonino firmado durante la gestión de Rodríguez Larreta”, respondió una fuente del gobierno de Macri. 

Caños en problemas

La obra para modificar el curso de los caños maestros tiene fecha límite para el 31 de diciembre de 2025, según consta en el acta consultada por elDiarioAR.

El edificio se construyó sobre un terreno público, concesionado por la administración del ex jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y financiado con inversiones privadas recaudadas por Caputo y Bausili, como informó este medio en 2023. Se desconoce la identidad de los inversores, protegidos por el secreto bursátil.

Una investigación de elDiarioAR reveló el año pasado que el complejo ubicado entre Dorrego y Libertador se montó sobre dos caños maestros de agua potable -lo que es altamente riesgoso- y debido a ese error, la Ciudad realizará una obra mayúscula para correr los caños que abastecen de agua potable a más de 500.000 habitantes del centro y sur porteños. 

La obra hídrica le saldrá carísima a los contribuyentes de la Ciudad. El presupuesto inicial ($3.019 millones) es 48 veces el canon mensual que la Ciudad iba a cobrar por la concesión del espacio público (unos $62 millones en 2023 o alrededor de US$52.000), por lo que el emprendimiento terminó siendo de un alto costo para las arcas del Estado porteño.

Pero, además, al costo de dicha obra se suma que la empresa concesionaria del espacio público no pagará el canon por los próximos 8 años para costear las obras extras que le exigió la empresa estatal de aguas Aysa. Dicha exigencia se debe a la presencia de los caños maestros, para poder inaugurar el edificio sin riesgo de desmoronamiento, explicó una fuente de la administración de Rodríguez Larreta.

¿Cómo se calculó ese ahorro del canon por la inversión extra? “Técnicos de la Ciudad establecieron qué obras había que realizar para evitar los riesgos que implica la construcción del edificio sobre caños maestros de agua y tasaron esas obras. Luego fueron costeadas y realizadas por el concesionario”, explicó una fuente del saliente gobierno de Rodríguez Larreta. 

“Se intervinieron y revistieron los caños que pasan por el subsuelo del edificio”, agregó la fuente sin dar demasiadas presiones. elDiarioAR se comunicó con BSD Group para consultar sobre qué tipo de obra y evaluación de riesgos se habría realizado pero al cierre de esta nota la empresa concesionaria no había respondido.

Los caños atraviesan en forma transversal un sector del predio donde se edificó Paseo Gigena. Los riesgos de continuar con el escenario actual son altos, explicaron dos fuentes directas del caso a este medio en 2023, y si llegara a existir un eventual problema con las cañerías, el edificio podría sufrir daños importantes y, por consecuencia, también las personas. “No se puede construir sobre caños maestros un edificio donde habrá tránsito de gente”, afirmó una de las personas consultadas. 

En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo. En dicha oportunidad, debieron repararse entre 5 y 6 metros de cañería y los operarios realizaron una excavación de unos 3 metros de ancho por 10 de largo y una profundidad de 4 metros, con la utilización de maquinaria pesada. El acceso a las cañerías es de por sí complejo, pero el nuevo edificio agrava la situación, según los técnicos consultados.

Negocio privado

La responsable del proyecto es la desarrolladora BSD y el Fideicomiso constituído por Caputo y Bausili. También interviene la constructora Coinsa, dirigida por Martín Maccarone, allegado al ministro Caputo.

El edificio de cinco plantas y tres módulos comenzó a explotarse comercialmente en junio último y la concesión está vigente hasta 2044.

Caputo y Bausili participaron en la financiación de Paseo Gigena a través de su consultora Anker Latinoamérica. Entonces, los ahora funcionarios se dedicaban al sector privado, formaron el fideicomiso y recaudaron al menos US$46 millones para la construcción de este edificio. Garantizaban a sus selectos inversores recuperar su apuesta económica en unos siete años. El problema de los caños maestros que impidió durante meses la inauguración de la obra, sin embargo, ya había sido advertido por Aysa dos años antes de que comenzaran a formar el fideicomiso, en 2021, de acuerdo con los documentos a los que accedió este medio.

¿Por qué nadie advirtió el paso de los caños maestros? Hay dos versiones. La administración de Rodríguez Larreta sostiene que no figuraban en los planos debido a la antigüedad de los caños, que datan de principios del siglo XX. 

La desarrolladora BSD respondió en 2023 a elDiarioAR que “el pliego (de la licitación) mencionaba algo (sobre la presencia de los caños maestros) pero no se sabía con exactitud la traza ni el estado de los mismos. La obra tuvo que tener consideraciones especiales dada la presencia de los mismos”.

ED/DTC

El proyecto inmobiliario Paseo Gigena debería haberse inaugurado hace casi un año, de acuerdo al contrato firmado por la desarrolladora y la Ciudad de Buenos Aires, al que accedió elDiarioAR. Sin embargo, la obra privada multimillonaria, vinculada al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sigue sin poder inaugurarse debido a un error de cálculo o negligencia: construyeron el edificio sobre caños maestros que proveen de agua potable a 500.000 vecinos porteños.

El edificio de cinco plantas y tres módulos se levantó sobre un terreno de la Ciudad, entre las avenidas Dorrego y Bullrich y está casi listo, pero la empresa pública de aguas, Aysa, se negó a habilitar los servicios de agua y cloacas hasta que no se finalice la obra hídrica mayor, debido al riesgo que correrían el edificio y las personas por la ubicación de caños de alta presión debajo del paseo comercial. Nunca debería haber ocurrido, de acuerdo con Aysa, pero el edificio se construyó igualmente sobre los caños maestros, como reveló elDiarioAR en diciembre último.

La compleja obra hídrica ya cuenta con un financiamiento de $3.019 millones provenientes de fondos públicos de la Ciudad. Se trata del corrimiento de los caños, que compromete además la provisión de agua potable a gran parte de la población porteña. El presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual que la Ciudad va a cobrar por la concesión del espacio público, por lo que el emprendimiento terminó siendo un alto costo para las arcas del Estado porteño.

Los caños atraviesan en forma transversal un sector del predio donde se edificó Paseo Gigena. Los riesgos de continuar con el escenario actual son altos, explicaron dos fuentes directas del caso, y si llegara a existir un eventual problema con las cañerías, el edificio podría sufrir daños importantes y, por consecuencia, también las personas. “No se puede construir sobre caños maestros un edificio donde habrá tránsito de gente”, afirmó una de las personas consultadas. 

La responsable del proyecto es la desarrolladora BSD. También interviene la constructora Coinsa, dirigida por Martín Maccarone, también allegado al ministro Caputo. La empresa financiera que Caputo dirigía antes de ingresar a la función pública con Macri, Axis Inversiones, alquilaba oficinas en el edificio de Coinsa, en la calle Godoy Cruz, en el barrio de Palermo. 

Además, Caputo y Bausili participaron en la financiación de Paseo Gigena a través de su consultora Anker Latinoamérica, como informó elDiarioAR en agosto. Entonces, los ahora funcionarios se dedicaban al sector privado, formaron el fideicomiso y recaudaron al menos US$46 millones para la construcción de este edificio. Garantizaban a sus selectos inversores recuperar su apuesta económica en unos siete años. El problema de infraestructura que impide la inauguración de la obra, sin embargo, ya había sido advertido por Aysa en 2021, de acuerdo con los documentos a los que accedió este medio.

En el contrato, no hay mención alguna a que el edificio se construiría sobre los caños maestros de Aysa y que requeriría una megaobra de infraestructura para operar.

BSD ganó la licitación para construir su edificio sobre el viejo estacionamiento del hipódromo en 2019. La obra se demoró por la pandemia, explicaron en la empresa a este medio en agosto. 

En junio de 2021, BSD firmó un contrato con la Ciudad en el que se comprometió a finalizar la obra en un plazo de 12 meses, con una prórroga de entre 3 y 7 meses más. Los plazos están vencidos desde marzo de 2023. BSD afirmó que la empresa sufrió “restricciones de insumo”, como sucedió en muchos otros desarrollos inmobiliarios y que eso determinó que “los tiempos se estiraron en todos los proyectos de construccion”. “No fuimos la excepción”, aseguraron.

La desarrolladora BSD respondió a elDiarioAR que “el pliego (de la licitación) mencionaba algo (sobre la presencia de los caños maestros) pero no se sabía con exactitud la traza ni el estado de los mismos. La obra tuvo que tener consideraciones especiales dada la presencia de los mismos”.

En la gestión de Larreta contradijeron a BSD. Sostuvieron que ni las autoridades ni la empresa se percataron de la ubicación de los caños maestros hasta que BSD comenzó a pedir los permisos para avanzar con la obra y surgió el problema. También sostuvieron que la secretaría de Obras Públicas de la Ciudad y Aysa llegaron a un acuerdo para que el privado realice una obra para disminuir la posibilidad de algún problema en la infraestructura del edificio y de los caños maestros mientras se ejecuta la megaobra para el corrimiento de los mismos. 

Además, hay un estudio pendiente para determinar si existe una alternativa al corrimiento. “Ya hay oficinas y locales alquiladas alquilados y hay empresas funcionando en Paseo Gigena”, explicó una fuente porteña.

La licitación establecía que la concesión sería por 15 años y una única prórroga de 5 años más. Sin embargo, el contrato entre la empresa y la Ciudad establece que el contrato tiene una vigencia de 20 años, de acuerdo a la cláusula quinta del contrato.

Los 20 años recién corren a partir del Acta de Inicio de Usos y Explotación Comercial del espacio, dice el documento. Es decir, esta demora no cuenta sino que la concesión comienza cuando se inaugure el edificio.

“La licitacion establecía que si la inversión superaba en un determinado porcentaje a la propuesta presentada, los 5 años de prorroga se incorporan al periodo de los 15 años de concesión”, respondió BSD ante la consulta de este medio. Es decir, la Ciudad cedió por cinco años más una concesión con sólo un “compromiso de inversión de un 25% superior a la inversión propuesta en la oferta”, según el pliego.

En la gestión saliente explicaron a este medio: “La legislatura porteña autorizó una concesión por 15 años, más cinco de prórroga, pero antes de que se firme el contrato la empresa presentó una propuesta con una mayor de inversión y la secretaría de Desarrollo Urbano determinó que el proyecto era válido y que respetaba el pliego. Por eso se le agregaron 5 años más al contrato”.

Mundo de relaciones

El mundo de las concesiones y negocios en la Ciudad es pequeño. Pablo Ludmer es presidente de BSD. También figura en la constitución de una sociedad, Houssay Brewpub SA, con Santiago Nosiglia, hijo de Enrique “Coti” Nosiglia, uno de los dirigentes más poderosos de la política porteña, referente histórico del radicalismo en la Ciudad y aliado del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del senador Martín Lousteau. 

Muchos hombres del partido del “Coti” Nosiglia integraron el gobierno de Larreta, como Juan José Giusti, el ministro que firmó el contrato con BSD por la concesión del Paseo Gigena en 2021. “Ni Coti Nosiglia ni Santiago tienen relación con el proyecto inmobiliario ni intervinieron en ningún aspecto ante la Ciudad, y Giusti ni siquiera sabía que Ludmer y Santiago fueron socios”, aseguró una fuente de la saliente gestión en la Ciudad.

Houssay Brewpub SA también explota una concesión de la Ciudad, pero en la Plaza Houssay, donde el gobierno de Larreta montó un paseo gastronómico. BSD repsondió que Ludmer invirtió en una franquicia de la Cerveceria Antares con otros socios, entre ellos Santiago Nosiglia. Fue por un período corto y Ludmer dejó el negocio.

La forma en la que está estructurado el financiamiento del edificio que se construyó en un espacio público no permite conocer a sus inversores pero BSD aseguró que “Nosiglia no es inversor en Paseo Gigena”.

En el entorno de la familia Nosiglia respondieron a elDiarioAR que ni Enrique ni Santiago Nosiglia están relacionados con Paseo Gigena y que nunca intervinieron en cuestiones relacionadas con la obra. Además, aclararon que Ludmer y Santiago ya no son socios.

Las relaciones con los Nosiglia se vuelven a cruzar. El consultor financiero Alexis Hoffmann, yerno de Enrique Nosiglia, es el actual apoderado de Anker Latinoamérica, la consultora de Caputo y Bausili. Así figura en los documentos presentados por Anker ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La relación de Hoffmann con Bausili se remonta a al menos 2014, cuando compartieron el directorio de una sociedad agropecuaria: Arguar SA.

Crisis

Aunque la obra fue heredada de la gestión de Rodríguez Larreta, la administración de Jorge Macri la confirmó cuando envió la adecuación de las planillas de obras públicas para 2024, como estaba previsto, para subsanar el “error” en el proyecto privado Paseo Gigena. Sin embargo, ante la consulta de este medio ene enero último, fuentes oficiales porteñas informaron que el gobierno de Macri convocará a una mesa técnica para volver a discutir el financiamiento de esta obra e intentará que Aysa se haga cargo de al menos una parte, explicó una fuente con conocimiento directo del caso. La empresa pública de aguas hizo saber que no se hará cargo del financiamiento de la obra.

ED/DTC

El caso Paseo Gigena podría dar un giro. El gobierno de Jorge Macri busca despegarse de la decisión de financiar una obra hídrica con fondos de la Ciudad de Buenos Aires para salvar un proyecto inmobiliario multimillonario, vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Así lo estableció elDiarioAR en base a fuentes oficiales del gobierno porteño.

La compleja obra hídrica ya cuenta con un financiamiento de $3.019 millones provenientes de fondos públicos de la Ciudad. Se trata del corrimiento de caños maestros de agua potable sobre los cuales se construyó el complejo privado de oficinas y locales comerciales denominado Paseo Gigena, como reveló elDiarioAR en diciembre último. 

El edificio de cinco plantas y tres módulos se levantó sobre un terreno de la Ciudad, entre las avenidas Dorrego y Bullrich y está casi listo, pero la empresa pública de aguas, Aysa, se negó a habilitar los servicios de agua y cloacas hasta que no se finalice la obra hídrica mayor, debido al riesgo que correrían el edificio y las personas por la ubicación de caños de alta presión debajo del paseo comercial. Nunca debería haber ocurrido, de acuerdo con Aysa.

La obra hídrica compromete además la provisión de agua potable a gran parte de la población de la Ciudad. El presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual que la Ciudad va a cobrar por la concesión del espacio público.

Aunque la obra fue heredada de la gestión de Rodríguez Larreta, la administración de Macri la confirmó cuando envió la adecuación de las planillas de obras públicas para 2024, como estaba previsto, para subsanar el “error” en el proyecto privado Paseo Gigena. Sin embargo, ante la consulta de este medio, fuentes oficiales porteñas informaron que el gobierno de Macri convocará a una mesa técnica para volver a discutir el financiamiento de esta obra e intentará que Aysa se haga cargo de al menos una parte, explicó una fuente con conocimiento directo del caso. 

Hay crisis económica, se están ajustando los fondos destinados a las obras públicas y esta no sería una prioridad para el exintendente de Vicente López, aseguraron en el gobierno porteño.

Desde Aysa reiteraron a elDiarioAR que no se harán cargo de la obra. Larreta había apurado la obra hídrica para el periodo 2024, con el edificio ya terminado. “Esta obra no está dentro de las prioridades porque no implica una mejora para el servicio y hasta el momento no imposibilitaba el acceso a las cañerías”, respondieron desde la compañía púbica. “Según el marco regulatorio de la empresa, en el caso de que un tercero quiera 'adelantar' una obra, la misma corre por su cuenta”, agregaron en Aysa.

El problema

Los caños atraviesan en forma transversal un sector del predio donde se edificó Paseo Gigena. Los riesgos de continuar con el escenario actual son altos, explicaron dos fuentes directas del caso, y si llegara a existir un eventual problema con las cañerías, el edificio podría sufrir daños importantes y por consecuencia también las personas. “No se puede construir sobre caños maestros un edificio donde habrá tránsito de gente”, afirmó una de las personas consultadas. 

El edificio fue construido sobre un terreno público de la Ciudad, concesionado en 2019 por  el gobierno de Rodríguez Larreta. Entonces se realizó una licitación y se otorgó el uso del predio en concesión por 20 años. El ganador fue Fideicomiso Dorrego, un grupo de desarrolladores privados encabezados por BSD Grupo Asesor SA y Coinsa. El proyecto ocupa lo que fue el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo.

Caputo y Bausili participaron en la financiación de Paseo Gigena a través de su consultora Anker Latinoamérica, como informó elDiarioAR en agosto. Entonces, los ahora funcionarios se dedicaban al sector privado, formaron el fideicomiso y recaudaron al menos US$46 millones para la construcción de este edificio. Garantizaban a sus selectos inversores recuperar su apuesta económica en unos siete años. El problema de infraestructura, sin embargo, había sido advertido por Aysa en 2021, de acuerdo con los documentos a los que accedió este medio.

Ahora, los porteños deberían pagar una obra de alta complejidad para remover esos caños de alta presión y reubicarlos fuera del Paseo Gigena, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR. 

¿Por qué Aysa no financia la obra? En octubre de 2022, la secretaria de Transporte y Obras Públicas, Manuela López Menéndez, firmó un convenio con Aysa y Fideicomiso Dorrego —el privado a cargo del desarrollo inmobiliario—, en el cual el gobierno porteño se comprometió a financiar la obra.

La empresa de aguas, entonces al mando de Malena Galmarini —esposa del entonces ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, de muy buena relación con Rodríguez Larreta—, se negó en el documento a ser la responsable de subsanar el “error técnico” de haber construido sobre los caños maestros y circunscribió el rol de Aysa a la supervisación de la obra y su posterior aprobación. “La responsabilidad de la obra del desvío de cañerías no corresponde a AySA”, concluyó la empresa ante la consulta de elDiarioAR.

Una obra en duda

Los fondos que deberá destinar la Ciudad a esta obra hídrica figuran en una planilla anexa del Plan Plurianual de Obras del gobierno porteño, que se presentó con el presupuesto de 2024 en la Legislatura porteña, explicó el legislador peronista Juan Manuel Valdés (Unión por la Ciudad).

La administración de Macri ratificó dichas planillas ante los legisladores porteños, pero en la Ciudad una fuente con conocimiento del caso dijo que eso no significa que necesariamente la obra vaya a realizarse y financiarse con esos fondos, ya que las partidas podrían reasignarse. También reconocieron que el convenio firmado con Aysa en 2022 los ata de manos pero, de todas maneras, conformarán una mesa técnica para debatir con la empresa de aguas ciertas alternativas, como financiar la obra a medias. 

La Ciudad apelará a la nueva administración de Aysa en base a un párrafo del convenio mediante el cual las partes se comprometieron a “solucionar amigabemente” cualquier “controversia respecto a la interpretación y/o cumplimiento de las obligaciones” planteadas en el acuerdo y arribar a “un entendimiento que contemple en forma concensuada sus respectivos intereses”.

Aún no está claro por qué el Gobierno porteño permitió que se construyera el edificio sobre caños maestros de Aysa ni por qué los privados iniciaron las obras en dichas condiciones. Estos nunca respondieron las consultas de elDiarioAR. Lo que hasta el momento sí está claro es que, por el momento, la obra la pagarán los porteños. 

La obra no es nada fácil, aseguraron fuentes directas del caso tanto en Aysa como en la Ciudad. Estos dos caños abastecen de agua potable a unos 500.000 usuarios de la Ciudad en las zonas centro y sur. La línea 1 tiene casi 7 kilómetros de longitud y lleva agua a la Estación Elevadora Centro (Córdoba y Ayacucho); y la línea 2, de casi 15 kilómetros, lleva agua al sur de la Ciudad: San Telmo, Constitución, La Boca y Barracas. 

Aysa estableció que sería necesario realizar una obra de alta complejidad para saldar la decisión de construir sobre ese predio, explicó una fuente con conocimiento del proyecto. Sin embargo, la empresa estatal de aguas no se hará cargo del “error” y sólo supervisará la obra para evitar que ponga en riesgo la provisión de agua potable de una gran parte de la población. 

Se trata de caños de 1,10 metros de diámetro que datan de 1913 y constituyen un sistema de alta presión de las denominadas líneas 1 y 2, que provienen de la Planta Potabilizadora General San Martín, explicó Aysa ante la consulta de elDiarioAR en diciembre último.

En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo. 

ED/JJD

El emprendimiento inmobiliario Paseo Gigena le costará a la Ciudad de Buenos Aires mucho más de lo que se creía. Debajo de este edificio de oficinas y locales gastronómicos construido entre las avenidas Dorrego y Libertador, existe un “error de cálculo”, un “error técnico” o simplemente negligencia. Para salvar el multimillonario proyecto privado, el gobierno porteño financiará con $3.019 millones una obra hídrica que puede comprometer la provisión de agua potable a gran parte de la población de la Ciudad, de acuerdo a una investigación de elDiarioAR. 

Paseo Gigena es, además, el mismo emprendimiento inmobiliario en cuya financiación participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a través de su consultora Anker Latinoamérica, como informó este medio en agosto. Entonces, los ahora funcionarios habían recaudado unos US$46 millones para la construcción de este edificio. El problema de infraestructura, sin embargo, había sido advertido por Aysa en 2021, de acuerdo a los documentos a los que accedió este medio.

El predio fue construido sobre un terreno público de la Ciudad. Para que eso fuera posible, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta realizó una licitación y otorgó el uso del predio en concesión por 20 años. El ganador fue Fideicomiso Dorrego, un grupo de desarrolladores privados encabezados por BSD Grupo Asesor SA y Coinsa. El proyecto ocupa un viejo estacionamiento frente al Hipódromo de Palermo. 

El edificio tiene cinco plantas, tres módulos y un gran problema, que ahora hereda Jorge Macri. Debajo de Paseo Gigena, se encuentran caños maestros de alta presión que proveen de agua potable a gran parte de la Ciudad.

Ahora, los porteños deberán pagar una obra de alta complejidad para remover esos caños y reubicarlos fuera del Paseo Gigena, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR. El presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual que la Ciudad va a cobrar por la concesión del espacio público.

Los fondos que deberá destinar la Ciudad a esta obra hídrica figuran en una planilla anexa del Plan Plurianual de Obras del gobierno porteño, que se presentó con el presupuesto de 2024 en la Legislatura porteña, explicó el legislador peronista Juan Manuel Valdés (Unión por la Ciudad). La noticia sobre el destino de los fondos para una obra del Paseo Gigena fue adelantada por La Política Online la semana pasada. 

En la planilla, la obra figura en la página número 20, sin detalles y con la menor cantidad de datos posible. Sólo se consignó “Gigena” y el monto asignado. “En el contexto en el que no hay plata para ampliar la red del subte ni otras obras necesarias, la Ciudad sigue priorizando poner plata para los negocios de los amigos”, criticó Valdés.

¿Error de cálculo?

Cuando Aysa realizó el análisis de factibilidad para el servicio de agua y cloacas del emprendimiento inmobiliario, constató que debajo de Paseo Gigena existían dos líneas centrales de provisión de agua potable y que sería necesario realizar una obra de alta complejidad para saldar la decisión de construir sobre ese predio, explicó una fuente con conocimiento del proyecto. 

Una de las primeras alertas llegó el 26 de noviembre de 2021. El problema surgió cuando una cuadrilla de Aysa se acercó al predio para acceder a las válvulas de las instalaciones y se encontró allí con la construcción de Paseo Gigena en marcha. Los encargados dieron aviso a las autoridades de la empresa estatal de aguas y la compañía elevó una primera nota de advertencia a la Ciudad. Aysa detectó interferencias con dos instalaciones primarias. 

La empresa estatal de agua informó en dicha nota que consideraba “imperioso” la remoción total del tramo de las cañerías de impulsión (caños maestros) que se ubican dentro del predio de Paseo Gigena y “su reubicación fuera del mismo” para “eliminar los riesgos y eventuales perjuicios”. 

Se trata de caños de 1,10 metros de diámetro que datan de 1913 y constituyen un sistema de alta presión de las denominadas líneas 1 y 2, que provienen de la Planta Potabilizadora General San Martín, explicó Aysa ante la consulta de elDiarioAR. 

Estos dos caños abastecen de agua potable a unos 500.000 usuarios de la Ciudad en las zonas centro y sur. La línea 1 tiene casi 7 kilómetros de longitud y lleva agua a la Estación Elevadora Centro (Córdoba y Ayacucho); y la línea 2, de casi 15 kilómetros, lleva agua al sur de la Ciudad: San Telmo, Constitución, La Boca y Barracas. Los ductos tienen válvulas de aire, de desagüe y de cierre a lo largo de su recorrido, pero la construcción del Paseo Gigena dificulta el acceso a ellas, advirtieron desde la cuadrilla.

elDiarioAR intentó comunicarse con los exresponsables del área de Desarrollo Económico y Obras Públicas del saliente gobierno porteño, del que dependen la concesiones como Paseo Gigena, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota. La nueva administración a cargo de Jorge Macri solicitó “unos días” para responder. La cartera era comandada por José Luis Giusti y ahora estará bajo las órdenes de Roberto García Moritán.

Este diario se comunicó en siete oportunidades con la desarrolladora a cargo de Paseo Gigena, BSD Grupo Asesor SA, pero la empresa aún no respondió. La constructora del proyecto, Coinsa, tampoco lo hizo.

Riesgos

Los caños de las líneas 1 y 2 atraviesan en forma transversal un sector del predio donde se edificó Paseo Gigena. Los riesgos de continuar con el escenario actual son altos, explicaron dos fuentes directas del caso, y si llegara a existir un eventual problema con las cañerías, el edificio podría sufrir daños importantes y por consecuencia también las personas. “No se puede construir sobre caños maestros un edificio donde habrá tránsito de gente”, afirmó una de las personas consultadas. Aún así, la construcción continuó. 

En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo. En dicha oportunidad, debieron repararse entre 5 y 6 metros de cañería y los operarios realizaron una excavación de unos 3 metros de ancho por 10 de largo y una profundidad de 4 metros, con la utilización de maquinaria pesada. El acceso a las cañerías es de por sí complejo, pero el nuevo edificio agrava la situación, según los técnicos consultados.

Acuerdo en 2022

El gobierno porteño propuso realizar el revestimiento interno de los caños a través de “tecnologías del tipo relining”, o entubado simple, pero Aysa rechazó la propuesta en julio de 2022, debido a que ciertas piezas especiales y condiciones operativas no permiten el uso de dicha propuesta.

En octubre de 2022, la Ciudad firmó un convenio con Aysa y Fideicomiso Dorrego en el que se hace cargo de las obras para la remoción y reubicación de los caños de alta presión. El gobierno porteño debió presentar un anteproyecto de obra para el corrimiento de las cañerías y licitar la megaobra. Aysa lo aprobó y la Ciudad ahora debe ejecutarlo.

La obra de desvío de los caños es compleja, pero el servicio de provisión de agua potable se cortará “como máximo” por una jornada, cuando se realice el empalme de los caños, explicó una fuente del caso.  

Aysa debió comprometer a los privados y al gobierno porteño a que no se realizarán nuevas obras sobre la traza de los caños debido a que pueden afectar “la integridad estructural” de los mismos.

Costos

Por Paseo Gigena la Ciudad aceptó en la licitación pública un canon de 200.892,34 unidades de compra que se convierten “en moneda de curso legal”, es decir, en pesos. Estas unidades de compra se establecen en la ley de Presupuesto y actualmente cada una vale 310 pesos. Es decir que si el canon comenzara a pagarse hoy, sería de casi $62,3 millones mensuales. 

El presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual. Eso significa que la Ciudad va a tener que esperar al menos 4 años para que el canon le reditúe. 

Los privados no pagarán más que la instalación de los servicios de agua potable y cloacas, con un costo de $695.000. Se calcula que a US$ 30 el metro cuadrado en alquiler -el precio informado por los desarrolladores-, el emprendimiento recaudaría más de medio millón de dólares por mes en alquileres (de los que deberá destinar $62,3 millones al canon).

El proyecto

En el emprendimiento inmobiliario intervienen varios actores privados que aportaron al fideicomiso. Se recaudaron más de US$46 millones, cuyos selectos inversores podrán recuperar su dinero en unos siete años, explicaron desde Anker, la consultora de Caputo y Bausili, en agosto último a elDiarioAR. 

“La inversión iba a ser de WeWork, que buscaba desarrollar un complejo de oficinas en el predio. Tras el colapso de WeWork -empresa inmobiliaria estadounidense que alquila espacios temporarios de oficinas-, (la desarrolladora) BSD nos buscó para conseguir el capital. Propusimos un proceso de oferta pública, transparente y pensando en cumplir con los intereses de los inversores. Además, a diferencia de como funciona el mercado inmobiliario, aquí se hace todo en blanco”, explicaron en Anker cuando elDiarioAR los consultó en agostó último.

Mientras que BSD desarrolla el proyecto, la construcción está a cargo de Coinsa, dirigida por Martín Maccarone, también allegado a Toto Caputo. Axis Inversiones, la empresa financiera que Caputo dirigía antes de ingresar al gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, alquilaba oficinas en el edificio de Coinsa, en la calle Godoy Cruz, en el barrio de Palermo. 

El rol de Anker

Anker Latinoamérica SA fue la organizadora del fideicomiso y su función era juntar inversores. En agosto último había convocado a alrededor de 40, provenientes del sector inmobiliario e individuos de altos patrimonios, cuyas identidades están protegidas por el secreto bursátil, ya que invirtieron en pesos a través de la compra de bonos atados al dólar oficial (bonos dólar-linked), explicaron en la compañía. 

“Anker llegó al proyecto en 2021, cuando BSD Grupo Asesor SA, el desarrollador y concesionario, ya había ganado la licitación en la Ciudad en 2019, pero se había quedado sin inversor”, explicaron en Anker cuando elDiarioAR consultó en agostó último.

En el fideicomiso, Anker fue asesorada por el estudio Bruchou & Funes de Rioja, muy nombrado últimamente alrededor de las decisiones del gobierno de Javier Milei. También los asesoró Tanoira Casagne en la emisión de valores fiduciarios, de acuerdo a la información publicada por el fideicomiso.

BSD, la empresa a cargo del proyecto, afirmó en agosto: “Esta es la primera vez que el desarrollador ejecuta un financiamiento de un proyecto a través del mercado de capitales”.

Anker cerró sus puertas cuando se supo que Caputo y Bausili reasumirían la función pública. La consultora también estaba integrada por otros dos colaboradores del ministro de Economía de Milei, quienes se unieron al gabinete económico: Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos asesores del Ministerio.

Desde hace unos tres años, Anker asesoraba en materia de macroeconomía y finanzas, realizaba informes y alertas, y brindaba charlas personalizadas “para hacer crecer su negocio”. 

Los cuatro nuevos funcionarios deberán ahora informar quiénes fueron sus clientes en estos tres años de trabajo y abstenerse de tomar decisiones que los favorezcan, según marca la ley de Ética de la Función Pública, para evitar conflictos de intereses, como informó elDiarioAR este domingo. Si no lo hicieran, sus actos de gobierno respecto de estas empresas, personas o asuntos sobre los que tomaron decisiones o prestaron servicios serán nulos “de nulidad absoluta”, dice la legislación.

ED/DTC

Cinco pisos, oficinas y locales, 250 cocheras, restaurantes, espacios públicos y privados en una azotea y vista al Rosedal, el Hipódromo de Palermo y el Campo de Polo conformarán el Paseo Gigena, un emprendimiento inmobiliario multimillonario que construye un grupo privado en un espacio público concesionado por la Ciudad de Buenos Aires: el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, sobre avenida Dorrego y Libertador. 

Paseo Gigena es definida por sus ideólogos como “un legado arquitectónico para la Ciudad”, pero implica también un jugoso negocio para las empresas involucradas en la obra. Se invertirán más de US$46 millones, según los privados, cuyos selectos inversores podrán recuperar en unos siete años. Una de las seis empresas que intervienen es la consultora Anker Latinoamérica SA, de acuerdo a los anuncios en la Comisión Nacional de Valores (CVN). También lo confirmó a elDiarioAR del grupo ganador de la licitación pública, BSD Grupo Asesor SA (BSD Investments), y la propia Anker.

Anker fue fundada en 2020 por Luis “Toto” Caputo, ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri y primo de Nicolás “Nicky” Caputo, “amigo del alma” del expresidente y hombre cercano al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de quien se inclinó en la interna de Juntos por el Cambio.

En 2020, su principal socio fue su hermano Flavio, director de Caputo Hermanos, constructora y desarrolladora inmobiliaria. Actualmente, el principal socio de Toto Caputo en la consultora Anker es Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas, su segundo en el ministerio durante el gobierno de Cambiemos. Ambos provienen de la banca internacional.

Alquileres en dólares, recaudación del Estado en pesos

Los alquileres de las oficinas y cocheras de Paseo Gigena ya se anuncian en dólares y cotizan en US$30 el metro cuadrado. El gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos, que en el mejor de los casos corresponderá a alrededor del 15% de la ganancia de los privados por explotar el terreno público. La Ciudad no puede cobrar en dólares, según explicaron fuentes del Ejecutivo porteño.

“Las oficinas en Buenos Aires se alquilan actualmente en pesos atados al dólar”, explicaron en Anker. En la práctica, esos alquileres se están pagando en pesos atados al dólar blue, el más caro del mercado e ilegal. Sin embargo, en Anker aseguran que en Paseo Gigena se computarán al valor del dólar oficial.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial planea la inauguración parcial del proyecto en septiembre, informaron en la Ciudad a este medio. Será en plena campaña electoral -si le gana las PASO del 13 de agosto a Patricia Bullrich-, pero la obra estará finalizada recién en 2024, explicaron los privados a cargo de la construcción y diseño.

Anker Latinoamérica SA es la organizadora del fideicomiso y su función es juntar inversores. Hasta el momento convocaron a alrededor de 40, provenientes del sector inmobiliario e individuos de altos patrimonios, cuyas identidades están protegidas por el secreto bursátil, ya que invirtieron en pesos a través de la compra de bonos atados al dólar oficial (bonos dólar linked), explicaron en la compañía. “Anker llegó al proyecto en 2021, cuando BSD Grupo Asesor SA, el desarrollador y concesionario, ya había ganado la licitación en la Ciudad en 2019 pero se había quedado sin inversor. La inversión iba a ser de WeWork, que buscaba desarrollar un complejo de oficinas en el predio. Tras el colapso de WeWork -empresa inmobiliaria estadounidense-, BSD nos buscó para conseguir el capital. Propusimos un proceso de oferta pública, transparente y pensando en cumplir con los intereses de los inversores. Además, a diferencia de cómo funciona el mercado inmobiliario, aquí se hace todo en blanco”, explicaron en Anker a elDiarioAR.

Coinsa es la constructora del proyecto y es dirigida por Martín Maccarone, también allegado a Toto Caputo. La empresa financiera que Caputo dirigía antes de ingresar a la función pública, Axis Inversiones, alquilaba oficinas en el edificio de Coinsa, en la calle Godoy Cruz, en el barrio de Palermo. En la sede de Coinsa, no respondieron los reiterados llamados de este medio.

Más de medio millón de dólares de ganancia por mes en alquileres

Paseo Gigena tiene unos 40.000 metros cuadrados totales, de los cuales habrá unos 27.000 cubiertos y 6.500 descubiertos, informó la desarrolladora BSD a elDiarioAR. Otros 4.000 metros cuadrados, el 10%, será para un “parque público elevado” sobre una de las terrazas del complejo inmobiliario, informó el gobierno de la Ciudad.

La constructora Coinsa publicó en su sitio web que se dedicarán 15.000 metros cuadrados a oficinas de alquiler y otros 1.700 a locales comerciales, confirmaron en BSD, el desarrollador del proyecto. BSD se especializada en torres y edificios de condominios residenciales, especialmente de lujo y privados. Tienen proyectos en Buenos Aires pero también en Nueva York, Atlanta y Georgia, Estados Unidos.

A 30 dólares el metro cuadrado, arroja una facturación equivalente a más de US$556.000 al mes y unos US$6.680.000 al año. “Son datos aproximados”, aclaró BSD ante la consulta. “Entre el 15% y 20% de los ingresos de Paseo Gigena serán aportados por los alquileres de los restaurantes, atados a porcentaje de ventas. De esta forma, se podrán recaudar los pesos para pagar a la Ciudad”, afirmaron en Anker.

El proyecto aún no está terminado y, a marzo último y en sólo un año, la consultora de Caputo y Bausili recaudó más de US$45,8 millones y $495.254.145, informaron en BSD ante la consulta. ¿En cuánto recuperará el desarrollador la inversión? “Primero, BSD debe cobrar los alquileres para pagar a los inversores”. Ese proceso finalizará en unos siete años. Luego, una vez que los inversores recuperan sus inversiones, BSD percibirá el 30% de los alquileres y el 70% restante será para los inversores“. La concesión es a 15 años y posibilidad de prorrogar por cinco más.

¿Cuánto cobra la Ciudad?

¿Cuánto recibe la Ciudad de este negocio construido sobre su propiedad? Por Paseo Gigena la Ciudad aceptó en la licitación pública un canon de 200.892,34 unidades de compra que se convierten “en moneda de curso legal”, es decir, pesos. Estas unidades de compra se establecen en la Ley de Presupuesto y actualmente cada una vale 120 pesos. No se actualiza desde enero de 2023, a pesar de la inflación, según la respuesta de la cartera de Hacienda de la Ciudad. Es decir que si el canon comenzara a pagarse hoy, sería de poco más de $24,1 millones mensuales. Otros cánones que han sido cuestionados, como el canon que pagan los privados que explotan el centro de eventos Punta Carrasco, en la Costanera Norte de la Ciudad es de $13.700.000, según la información obtenida por el legislador opositor Juan Manuel Valdés en un pedido de informes al Ejecutivo porteño.

Si se toma el valor del dólar oficial actual, el canon por Paseo Gigena equivaldría a unos US$87.600 dólares, el 15,7% de la facturación mensual de los privados por los alquileres.

Los cánones por las concesiones en terreno porteño son uno de los puntos más criticados a la gestión de Larreta por las sumas irrisorias que termina recibiendo la Ciudad de las empresas que hacen negocios millonarios con propiedad pública y contratos vencidos a destajo. El caso de las grúas de tránsito ha sido uno de los más graves. 

El rol de Caputo y Bausili

¿Cómo es la intervención de la empresa de Caputo y Bausili en el negocio inmobiliario? Se encargaron de armar el “Fideicomiso Dorrego y Libertador”, es decir, de buscar a los inversores, pero “no manejaron los fondos”, informaron en Anker, ya que esa tarea fue realizada por un colocador de bonos de oferta pública atados al dólar oficial. Comenzaron en marzo de 2022 y anunciaron los primeros resultados en marzo último. La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó a Anker a emitir deuda por un valor total de hasta US$60.000.000 para luego utilizar ese dinero para la inversión. Aún buscan recaudar unos US$10 millones más.

¿Cuánto ganó la empresa de Caputo y Bausili por el Paseo Gigena? El encargado de un fideicomiso inmobiliario cobra honorarios que se fijan en los acuerdos privados. Anker dividió las tareas del “encargado” de un fideicomiso con otras dos empresas financieras. En sus balances y memorias presentadas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) no hay datos de 2022. Aún resta que Anker presente su ganancia de este último periodo, en cuyo balance deberá informar cuánto ganó la consultora por el negocio inmobiliario en la Ciudad. En Anker respondieron que sus honorarios fueron pagados por el colocador de bonos, PPI, y que entre ambas empresas se llevaron el 1% de la colocación. Es decir que cobrarán un equivalente a unos US$600.000, si se cumplen sus expectativas de recaudar US$60.000.000.

“Anker participó como organizador en el financiamiento. Su rol fue el de ayudarnos con la estructuración del financiamiento, el diseño de los instrumentos financieros para poder realizar la financiación en el mercado de capitales. Ellos establecieron el vínculo o la traducción entre lo que necesitábamos los desarrolladores y lo que requieren los inversores para poder invertir en un proyecto como este”, explicaron a elDiarioAR desde BSD, uno de los ganadores de la licitación pública. 

El “Fideicomiso Dorrego y Libertador” no es un fideicomiso estándar. “Es el primer fideicomiso financiero inmobiliario constituido y colocado de conformidad con el régimen establecido por la CNV (Comisión Nacional de Valores) para productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario”, publicó el estudio asesor del fideicomiso. En la Comisión Nacional de Valores (CNV) no fue posible hallar documentos que detallen los honorarios de los organizadores y hay links caducos.

Anker

En los balances y memorias de 2020, año de su creación, Anker declaró ante la IGJ una ganancia de $1.461.416, de acuerdo con los documentos consultados por elDiarioAR. Al año siguiente, el ejercicio 2021 arrojó ganancias por más del quíntuple del primer año de la consultora: $8.377.827. Los accionistas de Anker resaltaron sus expectativas en el negocio con Paseo Gigena y lo dejaron asentado en un acta de directorio en abril de 2022.

“Este proyecto no es un proyecto tradicional ya que, al estar basado en un contrato de concesión, se aparta de lo que la mayoría de los desarrolladores más conocemos, que son los casos donde un comprador obtiene un título de propiedad sobre un inmueble”, explicó la compañía BSD. 

“Ellos —por Anker— no son inversores ni participan en el proyecto de otra manera más que en la estructuración del financiamiento para contribuir a generar la confianza que los inversores necesitan por no estar familiarizados con el desarrollador”, agregó la empresa a cargo del proyecto. Es decir, sin Anker, no hubiesen tenido los fondos para construir la megaobra. “Esta es la primera vez que el desarrollador ejecuta un financiamiento de un proyecto a través del mercado de capitales”, añadió la compañía.

“La obra en ejecución, que incluye todas las construcciones, instalaciones, mejoras edilicias y tecnológicas, y cuyo costo estimado a la fecha de presentación del proyecto ascendía a una suma superior a los US$31.000.000, quedará en su totalidad en favor del Gobierno de la Ciudad al finalizar el plazo de la concesión”, aseguraron a elDiarioAR desde el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, a cargo de José Luis Giusti, y responsable de las concesiones en la Ciudad.

¿Qué dijo la Ciudad ante la consulta por la participación de dos aliados políticos en el proyecto? “Según la nómina de accionistas y participantes presentada al momento de la oferta, no existe persona alguna con el apellido Caputo, ni con posterioridad ha sido informado al GCBA ningún cambio en la composición accionaria que implique la participación de alguna persona con ese apellido”.

Claro que cuando se conformó Anker, en agosto de 2020, la licitación ya había sido adjudicada a BSD en junio de 2019, que luego se asoció a la empresa de Caputo para buscar las inversiones necesarias para encarar el proyecto. “Para Anker no hay ningún conflicto de interés. Paseo Gigena se adjudicó a mediados de 2019. Caputo y Bausili dejaron la función pública en diciembre de 2019 y el proyecto apareció para ellos en 2021. Fue un trabajo muy independiente y sin contacto con el Gobierno de la Ciudad”, respondieron en Anker ante la consulta.

“No hay ilegalidad alguna ni conflicto de intereses”, aseguran en la Ciudad. Es cierto que la participación de Anker Latinoamérica se dio en el marco de un acuerdo entre privados. Lo que resulta extraño es que el Ejecutivo porteño sostenga que no conoce de la participación que tiene desde 2021 la empresa de Toto Caputo y Bausili en el proyecto.

En cuanto al plazo de la concesión, el mismo es de 15 años con prórroga de 5 porque se encuentra expresamente así previsto en la ley que autoriza la concesión (art. 4° de la ley 6086). El canon ofertado por el concesionario, y que formó parte de la oferta en función de la cual resultó adjudicatario, asciende al equivalente mensual a doscientas mil ochocientas noventa y dos con treinta y cuatro centésimas (200.892,34) de Unidades de Compra. A los fines del cálculo del pago en pesos, se tomará el valor vigente de la Unidad al momento de la conversión.

Un negocio diseñado desde 2018

La licitación se tramitó en 2018 y terminó de adjudicarse en junio de 2019, bajo el Régimen de Concesión de Obra Pública. Las obras y mejoras de infraestructura edilicia e instalaciones del inmueble quedaron a cargo del concesionario. La desafectación del predio del exestacionamiento del Hipódromo (el terreno en el que se construye Paseo Gigena) se aprobó en la Legislatura en diciembre de 2018.

Según la nómina de accionistas y participantes presentada al momento de la oferta, no existe persona alguna con el apellido Caputo, ni con posterioridad ha sido informado al GCBA ningún cambio en la composición accionaria.

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad.

El plazo de la concesión se fijó en 15 años, prorrogables por única vez por el plazo máximo de cinco 5 años, a partir de la entrega del inmueble por parte de la Ciudad.

Exfuncionarios

Los límites entre los negocios privados y las relaciones con el poder público le han traído dolores de cabeza y frentes judiciales a Toto Caputo. En la fiscalía de Carlos Rívolo fue investigado por haber ocultado al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. El caso salió a la luz en 2017 gracias a la filtración de los Paradise Papers, publicados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En 2017, también, el fiscal de la seguridad social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que formaba parte el ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. Ese fondo era Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Además, Toto Caputo integra la lista de imputados en la causa penal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado por el gobierno de Macri en 2018 y que implicó un endeudamiento por US$45.000 millones.

Bausili fue procesado en 2021 por el juez federal Sebastián Casanello por supuestas negociaciones incompatibles cuando ejerció como secretario de Finanzas. El magistrado ordenó trabar un embargo de sus bienes personales hasta cubrir los $10 millones. La causa contra el exfuncionario se centra en la elección del Deutsche Bank, exempleador de Bausili, para colocar deuda en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelación porteña le revocó el procesamiento.

Ambos exfuncionarios siempre negaron haber cometido delitos o faltas éticas en la función pública.

Flavio Caputo y otra empresa

Los socios fundadores de Anker fueron Toto y Flavio Caputo, su hermano, empresario. Ambos poseían acciones por 5.000.000 cada uno, según el boletín oficial. Bausili se sumó al directorio en enero de 2021, como vicepresidente y director titular. Toto Caputo mantuvo el cargo de presidente y Flavio, asumió como director suplente, aunque según un allegado al empresario, Flavio se habría desvinculado de Anker.

Flavio, hermano de Toto, es director de Caputo Hermanos, una constructora con negocios inmobiliarios en la Ciudad. El empresario quedó involucrado en la causa contra el grupo Revolución Federal, cuyos miembros están procesados por supuestamente llevar adelante un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, a través de escraches a funcionarios del Gobierno, como el ministro de Economía, Sergio Massa, e instalar una guillotina en Plaza de Mayo. 

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga si la desarrolladora inmobiliaria de Flavio Caputo financió al grupo sospechado a través de la contratación de una maderera del líder de la organización, Jonathan Morel, que no hace muebles sino que tercerizó la producción. Su abogado, Matías Cuneo Libarona, presentó ante el juzgado documentación sobre la transacción con la carpintería de Morel para afirman que fue un acuerdo comercial y no de financiamiento político, y la misma está siendo analizada. Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner creen que Revolución Federal podría haber estado vinculada al atentado que casi le cuesta la vida en septiembre último. No hay indicios directos de eso en el expediente, por el momento, aseguró una fuente directa del caso.

En abril de 2022, un mes después de comenzar con el fideicomiso financiero inmobiliario para Paseo Gigena, Caputo y Bausili adquirieron una nueva empresa como representantes de Anker: Gestión Agente Asesor Global de Inversiones SA. Declararon activos por unos US$2.000.000 y $8,6 millones ante la CNV.

Nota: este artículo se modificó el 6 de agosto a las 7 AM para corregir los metros cuadrados de Punta Carrasco. De las distintas notas de prensa e información oficial surgieron números contradictorios por lo que se decidió extraer el dato. También se corrigió el siguiente párrafo: “El proyecto no pasó por la Legislatura de la Ciudad porque el Ejecutivo sólo necesita la aprobación de los legisladores en los casos en que las concesiones son por más de 20 años”. La desafectación del predio del estacionamiento se aprobó en la Legislatura en diciembre de 2018.

ED/JJD