“El mundo empresarial presiona por una infinidad de cosas”, reconocía un legislador de La Libertad Avanza 10 horas antes de la que la ley de Bases para la libertad y el paquete fiscal se aprobaran este miércoles un poco deshilachados y por el voto pírrico de Victoria Villarruel en el Senado. “Es todo para las empresas”, reconocía el interlocutor, mientras pensaba en las privatizaciones, el ajuste fiscal —incluida la reforma del Estado, la restauración del impuesto a las Ganancias para los empleados que más ganan, el aumento del monotributo para los que menos cobran y el fin de la moratoria previsional, todo para después cumplir la promesa de reducir los impuestos PAIS y al cheque y las retenciones, nada del IVA, que atañe al consumo—, el blanqueo impositivo y laboral, la moratoria tributaria, el alivio de Bienes Personales, la flexibilización del trabajo, la priorización de la exportación energética por sobre el abastecimiento interno y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Pero está difícil de convencer a los senadores opositores: primero se desconectan, hay que llamarlos, no atienden, se creen que su voto es el que más vale, pero si convencés a otros, puede que no valgan tanto. [El jefe de Gabinete, Guillermo] Francos es el que puede ofrecerles cosas”, reconocía el legislador en el fragor de una negociación que llegó a buen puerto para Javier Milei.

El Presidente consiguió que el Senado le aprobara sus primeros dos proyectos (ahora Diputados debe convertirlos definitivamente en leyes, o superleyes), aunque en el medio haya tenido que ceder en algunas ventas de compañías estatales, la reforma jubilatoria, la reactivación de obras públicas muy avanzadas y los condicionamientos del RIGI. También se tragó el sopapo de que no le votasen los cambios de los gravámenes a los trabajadores de altos ingresos y a los ricos.

Ya este jueves por la noche se reunieron diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para analizar si ratifican lo que ellos habían votado o aceptan las modificaciones del Senado. Se trata de un proceso que primero irá a comisión y después al recinto y que se cocinará entre fines de junio y principios de julio. Una de las espadas del bloque del PRO, Diego Santilli. aboga por aceptar los cambios de la ley Bases, pero rechazar los del paquete fiscal porque considera esenciales la reimposición de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales: “Es la solución para encolumnar a todos”. Pero entre los radicales hay quienes adhieren a esta posición, como Martín Tetaz, y otros que no. “Lo que más impactó de la votación del Senado es el rechazo a Ganancias”, admite uno de los consejeros económicos del presidente, el consultor Fausto Spotorno. “Hay que ver si Diputados lo sostiene porque implicaba recaudación adicional de casi 0,4% del PBI para la Nación y las provincias”, agrega.

Pero los senadores patagónicos, incluidos los del PRO, lo voltearon para defender a los trabajadores petroleros. Además, se votó a favor de mantener el monotributo social, que pagan los que menos tienen. “En Ganancias jugó mal [Ignacio] Torres”, apunta un diputado del PRO, que prefiere guardar el anonimato, contra el gobernador chubutense de su partido.

Claro que para un presidente que se enorgullece de haberse “sobregirado” en un ajuste de 7% del PBI sobre jubilados, obra pública y servicios esenciales, un 0,4% se puede compensar con otros recortes... Pero a este legislador del partido de Mauricio Macri también lo inquietan los pobres millonarios que tributan Bienes Personales: “Al cabo de pocos años, los tipos pierden un 27% de su patrimonio en el exterior con la alícuota actual del 2,25%”. En realidad no son tan pocos años: sólo en el irrisorio caso de que alguien mantuviera su patrimonio sin ningún rendimiento, pese a que los bonos de Estados Unidos ofrecen 4,26% anual, deberían pasar 14 años para que su activo se reduzca 27%. Pero el diputado insiste: “Es una locura que no pasa en ningún lugar del mundo. Así se nos van los Mercado Libre, los Globant”. No se refiere a las empresas sino a sus dueños, que se fueron a vivir a Uruguay para dejar de tributar por su riqueza en el exterior. Son Marcos Galperin, Martín Migoya, Guibert Englebienne y Martín Umaran.

Es verdad que pocos países desarrollados mantienen tributos como Bienes Personales, pero gravan tanto el patrimonio como la Argentina, con impuestos como el de la herencia o con mayores cargas del tributo inmobiliario y la patente. Con todo, el legislador amarillo celebra la aprobación de las primeras leyes de Milei: “Es bueno porque es un mensaje para los inversores del exterior. No te va a recuperar la economía en lo inmediato, los salarios no se van a recuperar, 2024 está jugado. Pero en 2025 en alianza con los libertarios vamos a ganar las [elecciones] legislativas y los nuestros (en referencia a lo que fue Juntos por el Cambio) que no se unan nos van a venir a chupar la pija (sic)”.

Un consultor de empresas coincide sólo en parte con el análisis del diputado, en lo referido a que el repunte económico quedará para otro año. “En lo inmediato, puede haber un veranito con los bonos, las acciones, el dólar, pero no es suficiente para motorizar la inversión real. Pensá que las leyes aprobadas no son tan ambiciosas como lo que se habían presentado en diciembre. Lo importante es que el Presidente no perdió la votación porque si no, hoy estaríamos en otro país”, advierte sobre la eventual debacle de los mercados que hubiese provocado una derrota legislativa.

Más allá del contenido de las leyes, un rechazo hubiese puesto en entredicho la gobernabilidad. “Al final, la ley Bases y el paquete fiscal salió a los codazos, no tienen un impacto directo sobre la vida de la gente y de las empresas, que dependerán de otros decretos que salgan por las facultades extraordinarias. Pero las empresas hoy están pensando si despiden personal o si no les conviene hacerlo por si hay repunte a fin de año, mientras que los empleados les piden adelantos de sueldo para sobrevivir”.

Un poderoso empresario de la Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que “hay mucha preocupación porque no se sabe cuándo se toca el piso” de la depresión económica. “No hay plata. El gobierno anterior volcaba plata con el gasto público y ahora eso ya no va más. El déficit cero es el nuevo Evangelio. El salario no se va a recuperar porque no podemos aumentar si nos caen las ventas y tenemos que bajar los precios. La agenda del Gobierno ahora es bajar la inflación y recién en 2025 será la inversión y el empleo, con proyectos de YPF y las mineras”.

El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, siempre repetía que necesitaba el RIGI para exportar gas natural licuado (GNL) con la malaya Petronas. Este miércoles, en una jornada del portal Econojournal, lo mismo dijeron los representantes de otras firmas locales: Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy (PAE), gestionada por los Bulgheroni aunque controlada por la británica BP; y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

Igualmente, en el sector energético hay dudas por la postergación del aumento de tarifas de distribución y transporte, que había prometido el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, pero que suspendió Caputo para bajar la inflación al 4,2% en mayo, el menor nivel en dos años, y mantenerla a raya en junio.

El citado dirigente de la UIA duda de que sea positivo para la industria que en el RIGI se haya incluido a último momento que los grandes inversores mineros, petroleros, tecnológicos, agroforestales y de infraestructura deban proveerse al menos en parte (20%) en la Argentina: “Tenemos que ver de qué es ese 20%, no puede ser sólo de obra civil, por ejemplo, galpones. Igualmente, la ley Bases es buena porque el Gobierno necesitaba mostrar gobernabilidad, que tenía capacidad de negociar y seducir a la oposición. No podía gobernar cuatro años por decreto”.

Un ejecutivo de uno de los grupos económicos más cercanos a Milei considera que las leyes aprobadas apuntan a uno de los tres ejes que, según él, requiere la economía argentina: el ordenamiento macroeconómico. Los otros dos son la baja de la inflación y la salida del cepo cambiario.

El índice de precios al consumidor (IPC) viene cayendo entre el “mayor ajuste fiscal de la historia humana”, en palabras del jefe de Estado, una recesión que devino depresión y las marchas atrás en la desregulación de las prepagas y del sendero de aumentos de tarifas. Para eliminar el cepo falta tiempo, sobre todo porque no quieren devaluar, pero ayuda la renovación del swap con China —“la dictadura comunista”, según Milei, que antes se preocupaba por su base espacial en Neuquén— mientras Caputo insistirá en rogarle un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ejecutivo citado advierte, igualmente, que la ley Bases y el paquete fiscal son condiciones necesarias pero insuficientes para el despegue económico. ¿De qué depende este último? “De seguir trabajando en los tres ejes”, responde. Como es de costumbre en estos reclamos empresariales, el arco se va corriendo cada vez que nos acercamos a él.

Entre los economistas de la City que más aciertan en sus pronósticos en los relevamientos del Banco Central y la consultora FocusEconomics, María Castiglione, de C&T Asesores Económicos, califica la aprobación de las leyes como “positiva” porque eran esperadas por los “inversores que miran la Argentina” para demostrar que, más allá de la victoria electoral de Milei, el apoyo popular en las encuestas y su ajuste sostenido, también logra consensos políticos sobre algunas reformas y recortes.

Sin embargo, a Castiglioni le preocupa que estén en duda los cambios de Ganancias y Bienes Personales porque no sólo le proveían al Gobierno de ingresos adicionales sino porque lo primero le permitiría cumplir su promesa de bajar la alícuota del PAÍS del 17% al 7% y lo segundo es la zanahoria para el blanqueo. Uno de los principales banqueros del país admite que la amnistía impositiva puede llegar a recaudar US$20.000 millones, no los US$117.000 millones que reunió Macri en 2016/2017. También descarta que el incipiente repunte del crédito motorice la reactivación sino que “puede ayudar si hay recuperación”.

Más optimista, Castiglione evalúa que, aunque no se puedan privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y la Radio y Televisión Pública, el Gobierno podrá meterles motosierra para en un futuro intentar otra vez venderlas. Y se ilusiona con que el proyectado Pacto de Mayo, ese que busca podar el gasto público del 40% al 25% del PBI, de un nivel de país desarrollado a otro de naciones pobres salvo Irlanda, pueda materializarse en Pacto de Julio.

Otro colega suyo, Orlando Ferreres, en cuya consultora trabaja el asesor oficial Spotorno, coincide en que “desde el punto de vista político” la votación del Senado “es una buena noticia para el Gobierno, que tendrá una amplia variedad de leyes aprobadas, aunque para la macroeconomía de corto plazo hay riesgo de perder algunos puntos de ingresos fiscales claves”. “En líneas generales, se espera una compresión del riesgo país y repunte de los activos, aunque esto puede verse moderado por la limitación del paquete fiscal”, advierte Ferreres, exviceministro de Economía de Carlos Menem, el “mejor presidente desde el retorno de la democracia”, según Milei.

“Es un paso importante, aun cuando no sea la propuesta original del Gobierno o lo que salió de Diputados”, se suma Juan Miguel Massot, investigador de la Universidad del Salvador, a los optimistas. “Es importante por algunas cuestiones económicas, como monotributo —esta reforma evita que las categorías más altas salten al oneroso régimen autónomo—, el RIGI y las facultades extraordinarias, y desde lo político, porque era una señal muy esperada por los inversores, trayendo también un poco de tranquilidad al ciudadano de a pie al afianzar cierto nivel de confianza con su impacto en el dólar, la inflación, la actividad económica”, completa Massot. El consultor Hernán Hirsch, en cambio, rescata que “el mayor impacto es político” porque, de haber sido rechazadas las leyes, hubiera escalado el conflicto entre Milei y la oposición y porque ocurre en simultáneo con la renovación del swap chino, que evitó una fuerte caída de las reservas del Banco Central. Es decir, la casta política y los rojos de Beijjing le salvaron los papeles al autopercibido “primer presidente liberal libertario de la historia humana”. “Los opositores nos dicen: ya les dimos lo que querían, ahora nos toca a nosotros gobernar”, admite el legislador de La Libertad Avanza citado al inicio.

AR/JJD

Durante estos tiempos tan agitados de nuestra vida pública, derivados del proceso electoral en el que se define nada menos que un premio que es indivisible como la Presidencia de la Nación, a veces de manera muy clara y a veces no tanto, se utiliza mucho el recurso al “Estado de derecho” y al de la “gobernabilidad”. De ello, me voy a ocupar. Son conceptos que pueden ir juntos o ingresar en una contradicción muy costosa para la vida de todos los ciudadanos. Se trata de esas oraciones que parecen abstractas, pero que nos pueden cambiar la vida a todos.

En un texto exquisito, Guillermo O’Donnell señaló que “como ciudadanos/as y miembros de la nación/pueblo tenemos un derecho público irrenunciable al Estado…a uno que…se conviert[a] en un co-constructor…del bien común”. Esta afirmación lógicamente está anclada en una justificación teórica. Pero me interesa desarrollar brevemente esa premisa en relación con un concepto muy en boga en estos tiempos, que atraviesa a nuestras élites políticas. Por razones que no puedo señalar aquí, hay una cierta obsesión por conseguir “gobernabilidad”. Hay un consenso relativo en que “gobernabilidad” significa ocupar los roles de gobierno y tener la capacidad de diseñar y, sobre todo, implementar políticas públicas. El interrogante es quién y cómo lo hace.

El derecho público irrenunciable a un Estado es una de las cosas mágicas que tiene la vida en común, porque nacemos arropados y protegidos por derechos que nos obligan a ser protagonistas de la construcción de una vida organizada en base a esos propios derechos, ya que nuestras decisiones son fuente de leyes. Sin embargo, la forma en que se define a la “gobernabilidad” apunta a un pacto entre élites políticas, que no tiene en consideración la voluntad del verdadero soberano, el ciudadano. 

No se trata de conceptos contradictorios. Son compatibles con la condición de que la relación entre gobernantes y gobernados sea firme, porque los acuerdos entre las élites serían el resultado de discusiones plurales derivadas de la arena institucional. Esto es, el resultado de la apuesta democrática. Pero la realidad es diferente. En nuestro caso esa relación entre los gobernantes y los gobernados esta dañada. Las élites políticas tienen de hecho una autonomía relativa con respecto a los ciudadanos y, por lo tanto, su dinámica no tiene mayormente en cuenta a la ciudadanía que, además, también se mueve con cierta indiferencia con respecto a la vida pública. Eso se vio con claridad en los procesos electorales de este año.

No puedo detenerme en ese hiato, pero lo que hay que retener es que de la tensión deriva un riesgo. ¿En una república democrática, puede haber gobernabilidad a expensas de un Estado de derecho? El Estado de derecho es el gobierno de la ley y no el de la voluntad de los hombres. Si ello fuese así, las leyes que organizan la vida se verían reemplazadas por otro tipo de acuerdos. En consecuencia, nuestro derecho público a un Estado quedaría, como hipótesis de mínima, suspendido. Dejaríamos de tener la chance de participar de la construcción del bien común.

Se trata de un fenómeno extraño. Uno de los rasgos que distingue al Estado es el monopolio legítimo de la fuerza, es decir, la capacidad de emitir decisiones autoritativas y que se cumplan. En el supuesto de la “gobernabilidad” autónoma de las élites, las decisiones podrían tomarlas grupos sociales por intereses alejados del bien común. Podrían colonizar las instituciones. Por ejemplo, tener a su servicio a las fuerzas de seguridad, a los tribunales, a los ministerios y la burocracia en general responderían a intereses que no son los de la nación/pueblo. 

Esta es la tensión. No se bien como se resuelve. Pero es evidente que la democracia nos proporciona un insumo importantísimo. Me refiero al sistema legal. Todo el andamiaje institucional esta sostenido en una infraestructura legal. En lo que aquí interesa, las leyes organizan el funcionamiento del Estado y, esto es decisivo, nos reconocen a los ciudadanos como sujetos de derecho. Esto es, nos asignan voz y voto. Nos permiten participar. Nos permiten aprobar y desaprobar. Nos permiten hablar entre nosotros, reunirnos, organizarnos, interpelar a las élites y, de acuerdo con los procedimientos legales, nos permiten sentarnos a las mesas de discusiones. Nos permiten exigir rendiciones de cuenta a los funcionaros y a los propios ciudadanos.

Es cierto que, sobre todo en materia de igualdad, las leyes no tienen capacidad de cambiar la realidad. No obstante, nos abren un abanico de posibilidades para cambiar lo que nos plazca, siempre que cumplamos con la propia ley. De hecho, las recientes PASO del 13 de agosto exhibieron la autonomía de los ciudadanos que fueron a votar, cuyas consecuencias fueron analizadas por expertos en este medio. Lo interesante es que todas esas acciones fueron un resultado de un procedimiento legal.

A lo mejor el rol que le asigno al sistema legal suena a quimera en nuestro país. Somos testigos que, salvo la ley de gravedad, el resto de las normas se cumplen solo si nos favorecen. De lo contrario se eluden, tuercen o se incumplen. Pero es evidente que nuestro derecho público a un Estado para participar de la construcción del bien común depende, entre otras cosas del cumplimiento de la ley. Hoy, la ley pasa de mano en mano. Es un deber de los ciudadanos corregir eso, ya que la ley tiene un componente moral muy importante. Insisto. Nos reconoce como agentes que podemos organizar la sociedad. Es maravilloso.

La “gobernabilidad” definida por élites nos aleja de todo ello. Eventualmente, viviríamos bajo un régimen en condición de sujetos pasivos cuya libertad se limitaría a cumplir las directivas de los grupos que ocasionalmente ocupen los roles de gobierno. Por esa razón, O’Donnell advirtió sobre los riesgos derivados de la pobreza legal. La pobreza legal, tiene múltiples causas. Me interesa señalar dos. La primera es que se trata de una fuente muy poderosa para la construcción de “gobernabilidad” a expensas de los ciudadanos. La segunda, es que se alimenta de nuestra indiferencia hacia el sistema legal. El sistema legal es la base del régimen democrático. Sostenerlo, cumplirlo, engordarlo, luchar por su significado y exigir que quienes lo violen rindan cuentas, es una tarea irrenunciable de los ciudadanos. Tan irrenunciable como el derecho a la construcción de un Estado capaz de garantizar el bien común.

FD/MG