En el Parque Nacional Alerce Costero, en el sur de Chile, está el Alerce Abuelo. Es un árbol de la especie Fitzroya cupressoides que tiene al menos 2400 años. Bajo tierra guarda una densa y diversa comunidad fúngica que lleva nutrientes a la planta. Los hongos, a cambio, se alimentan del carbono que captura el árbol, ayudando a fijar el gas responsable del calentamiento global en el suelo. Por eso, el longevo árbol y sus pares son reservorios de biodiversidad y desempeñan un rol crucial en la mitigación del cambio climático.

“Me gustaría que la gente entienda que no todos los árboles son iguales. Si se corta un árbol así, no puede ser reemplazado”, dice Camille Truong, micóloga del Royal Botanical Garden Victoria, en Australia. Su colega Adriana Corrales, científica líder de investigación de campo en la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas (SPUN, por sus siglas en inglés), insiste en que un alerce milenario no puede ser reemplazado ni siquiera con 10 árboles jóvenes, porque no tienen la gran diversidad de hongos que los árboles viejos han ido acumulando a lo largo de siglos.

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Truong y Corrales son coautoras principales del estudio Los árboles de gran diámetro contribuyen de manera desproporcionada a la diversidad de hongos del suelo en un bosque de coníferas con algunos de los árboles más antiguos de la tierra. El artículo se publicó en marzo pasado en la revista Biodiversity and Conservation.

El grupo de investigadores quería indagar en cómo cambiaba el microbioma del suelo a lo largo de diferentes estadios del desarrollo de la especie. “Teniendo el Alerce Abuelo, esperábamos una composición diferente, pero no esperábamos este cambio tan fuerte en el número de especies”, explica Corrales.

Los resultados mostraron que la riqueza de hongos bajo el suelo es significativamente mayor bajo árboles de gran diámetro y biomasa. El Alerce Abuelo, que alcanza los 30 metros de altura y tiene 4.7 metros de diámetro, tiene más del doble de diversidad de especies de hongos en el suelo cercano a sus raíces que otros ejemplares.

Los investigadores estudiaron especialmente la presencia de micorrizas arbusculares, un grupo de hongos que establece una simbiosis mutualista con las raíces de las plantas. En contraste, la mayoría de las coníferas del hemisferio norte se asocian con hongos ectomicorrízicos, que se caracterizan por formar un manto alrededor de la raíz de los árboles y no penetrar las células vegetales.

En el artículo se explica que estos hongos son vitales para el crecimiento del alerce. Además, Truong señala que las micorrizas ayudan a los árboles a adaptarse a cambios ambientales. Las micorrizas también podrían ser milenarias, como sus huéspedes, de acuerdo con Corrales, aunque reconoce que la ciencia todavía no tiene las herramientas para determinar la edad de estos organismos.

“Los resultados son fascinantes”, afirma Patricia Silva-Flores, profesora auxiliar de la Universidad Católica del Maule, Chile, e investigadora de hongos y micorrizas. Para la especialista, los hallazgos de sus colegas ofrecen nueva información que permite argumentar científicamente la importancia de conservar los ecosistemas antiguos. “Esto demuestra que mientras más antiguo, hay mayor diversidad. Los alerces son reservorios”, añade.

Es una especie milenaria de crecimiento lento

El alerce es la segunda especie arbórea más longeva del planeta, solo después del pino longevo (Pinus longaeva). No obstante, las poblaciones de este imponente árbol se están reduciendo por destrucción y fragmentación de hábitat, cambio climático, incendios y tala ilegal, de acuerdo con el estudio. Por eso, figura en la categoría En Peligro de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Conocido en mapudungun –la lengua del pueblo mapuche– como lahual, se distribuye en los bosques templados lluviosos del sur de Sudamérica. Su presencia se concentra en la costa de Chile, donde está el Parque Nacional Alerce Costero, y en la Cordillera de los Andes. El artículo señala que solo cerca del 40 % de sus áreas de distribución están protegidas.

Corrales explica que su longevidad se atribuye, en parte, a que tiene un crecimiento lento. Esto resulta en una madera bastante densa que defiende al árbol de las enfermedades. “Es una estrategia ecológica de las especies que viven en lugares con muy pocos nutrientes”, dice. Además, gracias a su gran tamaño, los alerces acumulan considerables cantidades de carbono.

Sin embargo, la característica que fortalece al árbol en el ecosistema lo vuelve atractivo para los madereros. El individuo más longevo conocido vivió alrededor de 3622 años, hasta que fue talado en 1976. En la actualidad ya no hay bosques de alerces en el Parque Nacional Alerce Costero, aunque quedan pequeños parches entre bosques de hayas del sur (Nothofagus).

El Alerce Abuelo está aislado de la población principal de alerces y los científicos no saben la razón. Estudios previos establecieron su edad en alrededor de 2400 años, pero no se ha podido conocer la edad del resto de los árboles estudiados en esta investigación. Por eso, los autores se guiaron por el tamaño de cada individuo.

Se recolectaron muestras de suelo debajo de 31 individuos de alerce clasificados en tres grupos: plántulas, árboles medianos y árboles grandes, donde se incluyó al Alerce Abuelo. Se midieron variables como el diámetro a la altura del pecho, la altura y la biomasa del árbol. Además, se analizaron propiedades químicas del suelo, como PH, fósforo, nitrógeno y carbono.

Para identificar los hongos, se utilizó metabarcoding de ADN. Esta es una técnica de biología molecular para identificar y caracterizar comunidades biológicas complejas a partir de muestras ambientales. Se seleccionan y amplifican regiones específicas del genoma que sirven como “códigos de barras” para distinguir los grupos de interés. Después de un proceso de secuenciación y procesamiento, se comparan las secuencias con bases de datos de referencia de ADN para identificar los niveles taxonómicos.

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Hay una red invisible bajo el suelo

Las micorrizas no se ven a simple vista, pero al observarlas bajo un microscopio se revela una red llamada micelio, explica Truong. “Las redes o el micelio de estos hongos es super activo, mueve millones de toneladas de carbono a nivel global”, añade Corrales. Un estudio publicado en 2023 en Current Biology encontró que estas comunidades fúngicas trasladan al suelo cerca de 1000 millones de toneladas de carbono cada año.

Entonces, además de guardar el principal gas de efecto invernadero en su biomasa, los alerces sostienen una importante red fúngica que captura y almacena el carbono bajo el suelo.

En el estudio se explica que, producto de la fotosíntesis, el árbol entrega carbono a los hongos a través de sus raíces a cambio de nutrientes esenciales como el fósforo. En este ciclo, el micelio de las micorrizas puede absorber más fácilmente el fósforo del suelo y transformarlo de formas minerales a formas que el árbol puede absorber y usar para su crecimiento.

Los autores también señalan que los árboles asociados a micorrizas arbusculares tienden, generalmente, a presentar tasas de rotación de carbono y nutrientes más rápidas en comparación con los árboles asociados a ectomicorrizas.

“Son redes supremamente activas tomando decisiones en tiempo real”, resalta Corrales sobre el intercambio de nutrientes que llevan a cabo las micorrizas. Las redes, explica, interactúan con otros hongos que no son micorrizas, sino descomponedoras. Estas transforman la materia orgánica muerta, como la hojarasca, en componentes más simples. En el proceso se liberan nutrientes, permitiendo que vuelvan a entrar en el ciclo biológico del ecosistema.

En el Alerce Abuelo se identificaron unas 600 Unidades Taxonómicas Operativas, es decir, grupos de secuencias de ADN que se utilizan como un equivalente a especies para medir la riqueza de hongos en el suelo. De ellas 361 son únicas del árbol abuelo y no se encontraron en ninguna de las otras muestras.

Truong señala que se conocen 1500 especies de micorrizas en el mundo, pero se estima que hay alrededor de 25 000. “Los suelos de la mayoría de bosques tienen pocos nutrientes y sin esa simbiosis no tendríamos bosques”, agrega.

Lo que se pierde al cortar un árbol milenario

En años pasados se planteó un proyecto vial que atravesaría el Parque Nacional Alerce Costero. En 2023 fue retirado del Sistema de Evaluación Ambiental tras presiones de científicos que alertaban de los daños a los ecosistemas y alerces. Sin embargo, la amenaza persiste. En 2024 se presentó un nuevo estudio de prefactibilidad.

“Estos proyectos de infraestructura pueden afectar de manera directa no solo a los árboles, sino también a las micorrizas asociadas”, asegura Corrales. Explica que aunque la carretera no atraviese el parque, su cercanía puede tener un impacto. Con el incremento del tránsito vehicular, se producen más emisiones de dióxido de carbono (CO2) y varias formas de óxidos de nitrógeno. Estos gases viajan por el aire y se depositan en el suelo, cambiando la composición química del suelo y afectando a los microorganismos.

A la comunidad científica también le preocupa que la apertura de la carretera cause más intervención en el bosque, un efecto ya conocido en varias partes del mundo.

Cuando se corta un alerce milenario, se libera el carbono que guardaba en su biomasa, tanto en su tronco como en sus raíces, describe Corrales. Al mismo tiempo, las micorrizas se mueren, pues son simbiontes que no pueden vivir sin su huésped, explica Truong. Estas redes fúngicas también liberarán el carbono que tenían almacenado.

El impacto no solo es en el clima, sino también en la biodiversidad. Ejemplares como el Alerce Abuelo albergan cientos de especies de hongos que otros individuos no tienen, probablemente porque las han acumulado a lo largo de los siglos.

Para Truong, el artículo científico es relevante en ese sentido: demuestra con datos científicos la importancia de mantener en pie a los alerces, tanto para la biodiversidad como para la mitigación del cambio climático. Añade que la publicación tuvo impacto en la comunidad científica australiana, donde hay especies de árboles centenarios.

“Se abren más preguntas”, dice Patricia Silva-Flores. “¿Ocurre lo mismo en otros biomas? ¿Será así en el matorral chileno?”, se pregunta. “Pensando en restauración ecológica, esta investigación nos hace pensar que una forma de hacerlo es plantando nuevas plantas cerca de estos parches antiguos”, añade.

Corrales espera que el artículo contribuya a que más personas conozcan sobre la importancia de conservar estos árboles, que son “sombrillas de biodiversidad”. “Esto puede incentivar medidas de protección que podrían hacer que a largo plazo podamos empezar a proteger más para restaurar y recuperar”, concluye.

REFERENCIA

Truong, C., Corrales, A., Manley, B., et al. (2026). Large-diameter trees disproportionately contribute to soil fungal diversity in a coniferous forest with one of oldest living trees on Earth. Biodiversity and Conservation, 35, 94. https://doi.org/10.1007/s10531-026-03277-0

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte de Argentina en 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco, a causa de la deforestación provocada para beneficiar la actividad agropecuaria, según un informe de Greenpeace difundido este jueves.

El 75 % de las zonas arrasadas corresponden a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas ellas en el norte del país, donde exactamente se han deforestado 149.649 hectáreas, lo que equivale a unos 210.000 campos de fútbol.

Greenpeace califica este hecho de “ecocidio” y denuncia que las tres primeras de estas provincias han incurrido en ilegalidades en la aplicación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN).

El Gran Chaco es la segunda área boscosa más grande de América por detrás de la Amazonía y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.

Deforestación ilegal

La ONG señaló en su informe que los gobiernos provinciales “modificaron ilegalmente el ordenamiento territorial mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas protegidas donde estaba prohibido el desmonte”.

De acuerdo a la Ley de Bosques, promulgada desde 2009, cada cinco años deben actualizarse las zonas a proteger, pero Greenpeace indicó que las actualizaciones de los ordenamientos en Salta y Chaco aumentaron las áreas permitidas para acceder a un permiso de desmonte, algo que viola la normativa actual.

En Chaco, la Justicia provincial había suspendido los desmontes desde 2020 ante la falta de actualizaciones en su OTBN, mientras que en Santiago del Estero el 80 % de la deforestación fue en categorías protegidas por la ley.

La penalización por quebrantar la Ley de Bosques van desde “apercibimientos”, multas de entre 300 y 10.000 sueldos básicos, que hasta diciembre pasado el salario mínimo vital y móvil de Argentina rondaba los 260 dólares, y suspensión o revocación de permisos de tala.

“Muchos desmontes, no solo son por la ilegalidad de algunos empresarios que pagan multas irrisorias, sino también porque los gobiernos autorizan deforestación para la ganadería donde está prohibido”, dijo a EFE el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.

Prisión por desmonte

“Es necesario penalizar la ilegalidad de los desmontes, las multas no son suficientes. Se necesita un plan de restauración acompañado por un freno a la tala. Algunos bosques pueden necesitar hasta 50 años para recuperarse en el Gran Chaco”, advirtió Giardini.

En 2023, Greenpeace llevó adelante una consulta popular en la vía pública e internet durante tres meses, en la que 260.000 personas se manifestaron a favor de penas de prisión contra responsables de la destrucción de bosques.

“En estos momentos tenemos abierta la posibilidad de que la gente siga adhiriendo en votaporlosbosques.org y cuando lleguemos a un número significativo poder presentar esas adhesiones al Congreso para que avance un proyecto de ley al respecto”, cerró el ambientalista.

El informe de Greenpeace

EFE

Si el balance ambiental de Argentina en los últimos años ha sido negativo, la llegada del economista Javier Milei a la Presidencia ha significado la agudización de un panorama sombrío para el ambiente. Negacionista del cambio climático, detractor del sistema científico y convencido de que los ambientalistas son “vagos socialistas”, Milei lidera un gobierno que ha desplegado abiertamente una política contraria a garantizar los derechos socioambientales. La ciencia, según Milei, debe estar al servicio del aparato productivo y la naturaleza, al servicio del ser humano.

“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023.

Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Asumió en medio de una profunda y recurrente crisis económica y altos índices de inflación, que su Administración se ha jactado de haber dominado a tiempo para evitar una hiperinflación. Sin embargo, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no paran de crecer. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Fue la cifra más alta en dos décadas.

En un contexto de reducción del aparato estatal, la política ambiental del Gobierno ha sido reducir al mínimo la capacidad del Ejecutivo de intervenir, controlar y fiscalizar a las corporaciones extractivistas y contaminantes. “Ha sido un año de gran turbulencia en general y en particular en lo ambiental”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cuáles son las deudas ambientales de Argentina en el 2024? Mongabay Latam analizó con expertos, científicos, organizaciones ambientales, activistas y congresistas el primer año de Javier Milei detrás del sillón presidencial. El panorama es preocupante.

Lo grave: la flexibilización de las normas ambientales

El año comenzó con la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una Subsecretaría de Estado, reduciendo la capacidad, recursos e importancia de la cartera ambiental dentro de la estructura de gobierno. Milei nombró a Ana Vidal de Lamas en el cargo, quien trabajó para la cartera durante la gestión de la polémica María Julia Alsogaray, en la década de 1990, y luego se desempeñó como asesora legal ambiental de empresas.

Vidal de Lamas viene de asesorar a bancos y empresas para gestionar permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental. Es también una negacionista. La funcionaria a cargo de diseñar la política ambiental cree que el cambio climático es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, según admitió en una entrevista con Dialogue Earth.

Un buen ejemplo del rumbo que tomará el país en la lucha contra el cambio climático es que el gobierno de Milei retiró a la comitiva argentina de la cumbre del clima COP29, realizada en Azerbaiyán, en noviembre. “Es un signo de alta preocupación, que deja abierta una posición del gobierno argentino quizá contraria a la permanencia en el Acuerdo de París, lo que tendría implicancias fuertes en temas climáticos y ambientales, pero también productivos”, indicó a este medio Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre.

Este 2024 también finaliza sin presupuesto. “Vamos camino a dos años con un presupuesto prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento”, afirmó la diputada Margarita Stolbizer (GEN/Consenso Federal). “Eso hace que el Congreso de la Nación no pueda ni siquiera discutir cuáles son los recursos destinados a las áreas de Ambiente, entre otras cuestiones centrales para la sociedad”, agregó la legisladora nacional. “Mientras tanto vemos que el Gobierno va cada vez más para atrás en materia ambiental”, dijo Stolbizer.

Dos puntos positivos: el Gobierno no consiguió que el Congreso derogue la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, algo que había planteado en su monumental “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue enviado al Parlamento por el gobierno de Milei a fines de 2023.

La Ley Bases era un compendio de 238 artículos que buscaban modificar leyes centrales para la protección del ambiente, entre otras materias. Además de intentar avanzar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, el proyecto de Milei incluía modificaciones a otras leyes clave en la protección del ambiente, como la Ley de Quema y el manejo del fuego. El objetivo del Ejecutivo era ceder en protección para favorecer la inversión.

Las protestas de organizaciones ambientalistas, científicos y diputados de la oposición frenaron el embate de Milei. Sin embargo, tras la negativa de la mayoría de la cámara de Diputados, Milei firmó un decreto para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), que permitía la administración del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y que ahora, sin este fondo, podrá ser manejado de manera arbitraria por parte del Ejecutivo, alertó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Mongabay Latam.

En cuanto a la Ley de Glaciares, que tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente ante el avance de la minería en la región andina, el Parlamento quedó dividido, pero ganaron los votos a favor de no modificar la legislación vigente. Sin embargo, “todo está a tiro de decreto”, resumió Stolbizer, en referencia al temor de la oposición y los ambientalistas de que Milei cambie la ley mediante un decreto.

Lo crítico: inversión sobre conservación

“Las palabras son acciones” es una frase histórica del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pero los argentinos nunca la habían vivido tan encarnizadamente hasta 2024. Las agresiones, insultos y desacreditación de Milei hacia ambientalistas, investigadores y científicos pobló los discursos y publicaciones en la red social X del Presidente.

Las palabras de agresión se enmarcaban en un proceso de hechos y acciones de gobierno que ponen al sistema productivo por encima de todo. Dos de esos hechos fueron el desfinanciamiento del aparato científico en el Estado por parte del Ejecutivo Nacional y la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados dentro de la Ley Bases para atraer grandes inversiones extranjeras o locales en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, sin ningún tipo de perspectiva socioambiental.

Tres escenarios naturales son de los más perjudicados de 2024: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro; las Salinas Grandes, en el noroeste; y el Gran Chaco argentino, en el noreste del país.

En los tres casos, la situación se profundizó con el gobierno de Milei pero se trata de problemáticas que vienen de años atrás: comenzaron hace décadas -como el caso de la deforestación en el Gran Chaco argentino-, o durante el gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del golfo San Matías y el avance de las petroleras sobre el negocio del litio. Por otro lado, Argentina se había comprometido en la Cumbre Climática de Glasgow a alcanzar la meta de deforestación cero para 2030, pero el país está cada vez más lejos del objetivo.

“El monitoreo de deforestación de los primeros 10 meses del año arrojó que se desmontaron más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en el Gran Chaco argentino (que abarca cuatro provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero). El 50% de esos desmontes son ilegales”, explicó Cruz, desde la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

En la provincia de Chaco, donde la Justicia ordenó suspender la tala del monte -así se le llama a los bosques nativos en esta región-, la ganadería y la soja siguen avanzando sobre la vegetación autóctona, afirmó Cruz en diálogo con Mongabay Latam.

“Aquí, en el Gran Chaco argentino es donde sobreviven los menos de 20 ejemplares de yaguaretés (jaguares) de la región”, aseguró la activista, quien recordó que su organización presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre del felino más grande de América -en Ppeligro Crítico de extinción- que aún no ha sido tratado. El máximo tribunal admitió su competencia en el caso y anunció que se haría una audiencia pública para debatir la problemática de la deforestación pero aún no avanzó en ese camino.

El año finaliza además con malas noticias en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia modificará su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para permitir el desmonte de 700.000 hectáreas más, el equivalente a 3.500 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Es una superficie monumental.

Santiago del Estero también va hacia un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece el mapa de lo que se puede deforestar y lo que no. Chaco ya lo hizo en 2024, aumentando la superficie a deforestar. El ordenamiento se actualiza cada cinco años, por ley.

“Las propuestas son regresivas, promueven más deforestación, y no incluye la participación de la sociedad en el debate, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos que habitan estos bosques”, dijo Cruz.

Lo urgente: la carrera por la explotación de litio y petróleo

En el noroeste, tres petroleras (Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy y Pluspetrol) avanzan sobre un terreno sagrado en busca de litio: Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia.

Aquí, una treintena de comunidades indígenas Kolla y Atacama se oponen a la explotación del litio en la cuenca ante los riesgos de escasez de agua en una zona seca. Es, además, una área sagrada para la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, las petroleras, mineras y el gobierno local han continuado con sus planes en la región.

Entre 2023 y 2024, estas petroleras lograron torcer la unidad de las comunidades y forzaron la licencia social para avanzar con la aprobación de cuatro comunidades de forma aislada, como explicó Mongabay Latam en una investigación conjunta con elDiarioAR. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse, aunque no le será tan fácil.

Mientras tanto en el golfo San Matías, al sur del país, las petroleras buscan desarrollar tres proyectos hidrocarburíferos en una zona protegida por ley hasta 2022, cuando la ley se modificó en la provincia de Río Negro a medida de las demandas de las compañías.

Un oleoducto que transportará crudo desde el yacimiento Vaca Muerta (provincia de Neuquén) hacia Punta Colorada, en el preciado golfo; un gasoducto; y un buque de licuefacción son los tres proyectos que ponen en riesgo una zona de migración de la ballena franca austral y sus crías, entre otras especies.

El golfo San Matías es vecino de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Patrimonio de la Unesco. “Por la proximidad con Península Valdés y otras áreas protegidas marinas, estos proyectos aumentan los riesgos de colisión de las ballenas con buques -principal causa de muerte de la especie- y de posibles derrames en una zona altamente frágil”, explicó Jaramillo a Mongabay Latam.

Esta biorregión permite la vida de diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. Además de la ballena franca austral, puede encontrarse el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras, afirman desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del Foro.

Una de las grandes preocupaciones de los expertos consultados es el riesgo de que las empresas puedan iniciar sus inversiones sin contar con la licencia social. “Las empresas hacen lo que les permiten o lo que pueden hacer en los países, por eso tienen un determinado estándar de funcionamiento en sus casas matrices y otro determinado estándar, tanto legal como de funcionamiento, en los países como los nuestros”, afirmó Nápoli.

Lo malo: la parálisis política

Desde el punto de vista legislativo, el balance también es negativo. “No hemos podido avanzar en ninguna de las leyes ambientales que estaban en la agenda parlamentaria en 2024”, explicó a Mongabay Latam la diputada Margarita Stolbizer.

Stolbizer es una de las 257 diputados nacionales y de las pocas que impulsan las temáticas ambientales en el parlamento.

Los diputados abandonaron a finales de año el tratamiento de un proyecto de ley para gestionar emisiones de gas metano en la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. El objetivo es reducir el impacto de estas emisiones en el medio ambiente. “Teníamos un acuerdo general en comisión parlamentaria y estábamos en condiciones para firmar dictamen y de repente no pudimos avanzar más. Hubo una aparente orden del Ejecutivo”, aseguró la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo sucedió con el proyecto de ley para ampliar la extensión del Parque Nacional de Monte León, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida protege la biodiversidad de la estepa y costa patagónicas, como el pingüino de Magallanes, y mantiene sitios de valor paleontológico.

“Otra de las grandes deudas que tenemos es sacar la ley de envases”, agregó Stolbizer. Se trata de un proyecto que se encuentra en el Congreso desde al menos 2021, pero nunca logra avanzar. Su objetivo es que los productores y fabricantes se responsabilicen por la gestión de los residuos plásticos que generan los productos que comercializan.

Si de deudas ambientales se trata, el proyecto de ley para proteger los humedales se ha convertido en un emblema de la morosidad parlamentaria. Stolbizer aseguró que tampoco se logró tratar ese proyecto en 2024. La demora ya arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, especialmente inmobiliarios, forestales y agropecuarios, han logrado frenarlo. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El objetivo de neutralizar a la comisión parlamentaria de Ambiente, según Stolbizer, fue un éxito del oficialismo.

La Corte Suprema y otros tribunales de Río Negro y Chubut también declinaron intervenir en cuestiones ambientales a pedido de las comunidades locales. Uno de los casos más resonantes fue la negativa del Poder Judicial para mediar en el conflicto del golfo San Matías, tras los amparos presentados tanto por ciudadanos de Río Negro como de la vecina provincia de Chubut para frenar los proyectos hidrocarburíferos en el golfo. Los distintos tribunales rechazan las presentaciones al no reconocer el derecho de los ciudadanos a intervenir o inician un derrotero judicial haciendo pasear al expediente de juzgado en juzgado.

Otro caso central fue la decisión de la Corte Suprema de dejar de intervenir en el saneamiento del Riachuelo-Matanza, en la ciudad y provincia de Buenos Aires, ícono argentino de la contaminación de ríos por parte de industrias. “Fue una decisión errónea. Nos hemos presentado ante la Corte para pedir una rectificación de esa resolución. Todos los tribunales tienen derecho a intervenir en un caso y a cerrarlo cuando consideren que está cumplido. Pero este caso estaba absolutamente incumplido, largamente incumplido”, dijo Nápoli.

Lo bueno: resistir unidos

“Ha sido un año en el que resistir cada día ha sido lo importante. Las organizaciones campesinas, indígenas se han dedicado a resistir”, afirmó Cruz desde el Chaco argentino. En Salta, por ejemplo, vecinos de la localidad de San Lorenzo se han organizado, han denunciado y han podido frenar la tala de bosque nativo, destacó Cruz.

A casi 2.000 kilómetros de allí, las comunidades costeras del golfo San Matías junto a organizaciones ambientalistas también le hacen frente al avance de tres proyectos hidrocarburíferos de las petroleras más poderosas del país en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Lo mismo sucede en el noroeste del país frente a la exploración de litio. Las comunidades, en ambos casos, exigen ser consultadas antes de la instalación de los proyectos extractivos en sus territorios.

“Voy a rescatar la unidad del movimiento ambiental. Me parece que ha sido un año positivo para eso y se pudo manifestar en varias ocasiones en las presentaciones que hicimos más de 150 organizaciones en la Cámara de Diputados por el tema de la Ley de Bases y con la desaparición de los bosques nativos”, afirmó Nápoli.

Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre, coincide con destacar este punto positivo de 2024: “La Ley Bases generó una alarma en el sector medioambiental que llevó a una rápida coalición de organizaciones que respondió ante los avances del Gobierno”, sostuvo. “El sector está unido y organizado, atento para llamar la atención a nivel nacional e internacional para que los logros socioambientales alcanzados en los últimos años se mantengan vivos”.

Como palabras y acciones van de la mano en el gobierno de Milei, durante la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio, el Presidente llamó a la explotación de los recursos naturales, sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, destacó Jaramillo.

“Milei habló entonces de ‘minorías ruidosas’ a las que no había que darles importancia, en referencia al movimiento ambientalista. Esas minorías no son tan minorías y no son tan ruidosas pero sí lo que buscan es promover un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que el acceso a recursos económicos no sea a costa de la pérdida de la salud de nuestro ambiente y el bienestar de las personas”, precisó el experto.

Tras aquel discurso del Presidente, unas ochenta organizaciones ambientales y sociales se unieron en un comunicado para rechazar las palabras del mandatario

La unidad también se vio en la provincia de Chubut, donde organizaciones empresariales, vecinos, ambientalistas y científicos se juntaron para iniciar una batalla legal contra los proyectos en el golfo San Matías.

Además, durante 2024, fiscales y jueces respaldaron con acciones judiciales algunos reclamos centrales. Por primera vez, en Chubut, existió una condena por ecocidio. Se trató de una sentencia contra un empresario que destruyó una zona de nidificación de pingüinos en Punta Tomba para extender su proyecto ganadero. Se conoce el caso como “la masacre de pingüinos”.

Un segundo caso es la decisión de un fiscal y una jueza federales de la provincia de Chaco de frenar la deforestación de bosques nativos e investigar la conexión del ministro de Producción local con el negocio de los desmontes.

“En los papeles ha sido positivo, pero en la práctica eso no es real, lamentablemente”, dijo Cruz, de Greenpeace. “Esto tiene que ver con la falta de control por parte de la provincia de Chaco porque nosotros vemos a través de las imágenes satelitales cómo avanzan los desmontes día a día con la destrucción de las topadoras (excavadoras)”.

Nápoli también destaca que se esté trabajando en la creación de nuevas áreas naturales protegidas. “Las últimas áreas naturales que se han creado en la Argentina han venido de la mano del financiamiento del exterior y del trabajo, fundamentalmente, de las organizaciones locales. Por lo cual es un espacio importante para seguir trabajando, con diálogo con las autoridades de segundo nivel, con las cuales se puede seguir tratando”. Este es ahora uno de los desafíos de Argentina para el 2025.

Nota: se corrigió epígrafe de la foto principal, en el que faltaban datos de contexto. Corrección realizada el 22 de diciembre de 2024 a las 8:52 AM.

ED/DTC

“¿De qué nos sirve esta Ley de Bosques?”. Con esa pregunta, el gobernador de Salta, Gustavo Adolfo Ruperto Sáenz, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el cual propone habilitar desmontes en zonas protegidas por la actual legislación.

De esta manera arbitraria, pretende dotar de impunidad a los desmontadores para avanzar sobre 700.000 hectáreas de bosques, cuya ubicación real no se define en el camaleónico mapa propuesto.

El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta permitirá el desmonte de esas 700.000 hectáreas, una superficie excesiva, teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y el hecho de que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow (2022) un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

Con esta propuesta el gobernador Saénz ignora este compromiso asumido e ignora también que la Unión Europea (UE) busca evitar la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas. En medio de una crisis climática y de biodiversidad, pretende habilitar el desmonte “legal” de 100.000 hectáreas por año.

La zonificación propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental, ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo), algo prohibido por la normativa nacional. Pero, además, esta zonificación se presenta como transitoria o flexible. Esto significa que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar, sino que deja esta decisión a total arbitrio del Poder Ejecutivo provincial e impide el control de los desmontes ilegales por parte de la sociedad. 

Ayer, cuando el gobernador Sáenz anunció el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial, lo hizo poniendo a la Ley de Bosques como rehén y responsable de la pobreza en Salta; una mentira que no resiste el mínimo análisis. Si deforestar nuestros bosques fuera el camino para erradicar la pobreza, Argentina habría solucionado su pobreza estructural hace décadas. Según datos oficiales, desde fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.

La Ley de Bosques sirvió y sirve para defender nuestros bosques, ya que desde su sanción disminuyó la cantidad de hectáreas que se desmontaban año tras año, pero eso no es suficiente ante una realidad de crisis climática cada vez más extrema.

Esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques, al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia. Desde el Conicet, se elaboró este año el mapa de áreas prioritarias a conservar en la región chaqueña, para garantizar la supervivencia de esta especie única -POCY, Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté-, con el fin de ser tenido en cuenta en los ordenamientos, lo cual no ha sucedido.

Por último, pero no menos importante, la Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por otra norma: la Ley 26.160. Pero en Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Tampoco se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

En Salta, hay comunidades indígenas, cuya supervivencia se desarrolla en el monte. Muchas de estas comunidades tienen su sustento, cultura y espiritualidad ligados al monte, son los poseedores originarios -lo mismo que los pequeños productores- y son invisibilizados al momento de avanzar con la “producción dominante”. En Salta, hay pueblos como los Weenayek, que no han sido reconocidos por el gobierno y como muchos otros, sus vidas coinciden con la de los últimos relictos de bosques, hoy amenazados.

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad. Sociedad, entendemos, somos todos. La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los crímenes forestales, no para validarlos.

*Noemí Cruz es la coordinadora de la Campaña de Bosques - Greenpeace Andino.

Octavio Pérez Pardo, director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, presentó su renuncia en respuesta a la eliminación total de los fondos destinados a la protección de bosques nativos, una decisión tomada por el Gobierno nacional a través del decreto 888/2024.

En una carta dirigida a su equipo, Pérez Pardo expresó que la medida va en el sentido contrario de potenciar la Ley de Bosques.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, no solo elimina el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), creado para financiar acciones de conservación en el marco del Acuerdo de París, sino que también afecta al Fondo Nacional de Emergencias y al Fondo Fiduciario Progresar.

Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, se enmarca en las facultades que otorga la Ley de Bases, que permite la modificación o disolución de fondos fiduciarios públicos.

Pérez Pardo, además de manifestar su desacuerdo con la eliminación del FOBOSQUE, afirmó que su desvinculación del cargo visibliza la creciente tensión entre las políticas ambientales y las prioridades económicas del Gobierno.

DM

El Ministerio de Economía determinó el cierre de tres fondos fiduciarios que, según indicaron desde el Gobierno, evidenciaron ineficiencias en su implementación. Se trata del Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

El Fondo Nacional de Emergencias tenía el objetivo de financiar acciones de respuesta ante determinadas emergencias que afectaran al país. Sin embargo, este fondo nunca llegó a ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado. Así, quedó reducido a una enunciación carente de implementación práctica.

Por su parte, el Fondo Fiduciario Progresar fue creado para financiar acciones del “Programa de respaldo a estudiantes argentinos”, en el ámbito del Ministerio de Educación. Pero, al igual que el Fondo Nacional de Emergencias, nunca llegó a implementarse. Afecta a 1.700.000 estudiantes.

Finalmente, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue creado para financiar medidas de protección de los bosques. Sin embargo, la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puso en evidencia debilidades en los registros, mostrando un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones, así como también la inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada.

Desde el Gobierno explicaron que, dadas las disposiciones contenidas en la Ley de Bases y los objetivos perseguidos por el Gobierno Nacional, el cierre de estos fondos conlleva principios de ordenamiento en la gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos.

Qué dijo Sturzenegger

Este martes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado dio detalles en redes sociales: “Hoy por Decreto 888/24, en base a las atribuciones otorgadas por el Art. 5o por la Ley Bases 27.742, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo avanzaron en el proceso de ordenamiento de la administración pública mediante el cierre de tres fondos fiduciarios”.

Para el funcionario, “los fondos fiduciarios son una suerte de 'caja', con recursos pre-asignados a un fin específico y cuentan, a su vez, con mayor agilidad de contrataciones. Parecen objetivos loables, ¿no?, sobre todo para la atención a emergencias; pero ambos conceptos encierran el germen de una mala administración”.

Y explica: “La asignación de los recursos para gastos específicos garantiza un mal uso de los mismos, porque no permite ponderar en cada momento el beneficio de un gasto frente al beneficio que lograría en otro uso. (Imaginemos un terremoto y no poder transferir las partidas de turismo, por ejemplo, a la ayuda a los damnificados)”.

Sturzenegger sostiene que la “agilidad del gasto” es “un arma de doble filo; puede servir para ser eficientes, pero también para la corrupción. Recuerdo, al comienzo de la gestión, al ministro Guillermo Francos lamentarse porque los fondos del fondo fiduciario que necesitaba para combatir unos incendios en Chubut habían sido dilapidados por la administración de Fernández-Massa para sostener a Télam. Otros fondos que supuestamente estaban asignados a la inversión en infraestructura habían desaparecido financiando créditos blandos para tratar de estimular la campaña electoral de Sergio Massa. Los fondos fiduciarios que se cierran con el Decreto 888/24, o no se habían puesto en marcha o habían mostrado graves irregularidades en su funcionamiento”, remarcó.

Asimismo, el ministro asegura que los objetivos que motivaron la creación de estos fondos “se seguirán impulsando en la medida que el Congreso de la Nación así lo determine en el presupuesto nacional, que es la única fuente de validación de gastos en una sana administración pública”.

Además, apunta que el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial “nos acerca a una gestión más racional y transparente de los recursos de los contribuyentes, paso fundamental para una macro más ordenada y una sociedad con menos corrupción”.

Con información de agencias.

IG

La máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021. El ingeniero agrónomo, nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, es el principal denunciado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), que presentaron este miércoles una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

La ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. 

La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas. 

Dos lados del mostrador

Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo. 

Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos. 

Entre 2014 y 2021, Halavacs tramitó como consultor 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada este miércoles en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados. 

Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA. 

La denuncia también expone que, entre 2014 y 2017, Halavacs hizo en promedio los desmontes más chicos, pero entre 2018 y 2021 hizo, en promedio, los de mayor superficie. El año en que más desmontes habilitó fue 2016, cuando realizó 98 de los 196 planes de cambio de uso del suelo de ese año (el 50%), con foco en Brown. En 2020, el 70% de los 10 desmontes autorizados fue tramitado por Halavacs. 

Cuatro años más tarde, Halavacs está del otro lado del mostrador. Como ministro de Producción tiene a su cargo la subsecretaría de Desarrollo Forestal, de la que depende la Dirección de Bosques y el otorgamiento de permisos de desmontes. Es la máxima autoridad ambiental de la provincia, tras haberse eliminado -a pedido suyo, dice la denuncia- el Ministerio de Ambiente provincial. 

Otro mapa

Abogados Ambientalistas sostiene que Halavacs es parte de una “maniobra delictiva compleja que trae aparejada la destrucción de los bosques nativos de la provincia de Chaco, en pos del beneficio económico privado, apoyada en la corrupción estatal-empresarial”. 

La supuesta maniobra impacta en el desequilibrio ambiental de la región, aseguraron los expertos. Tiene efectos negativos en los ecosistemas de las provincias adyacentes (Formosa, Salta, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero) y aumenta el aporte a las emanaciones de gases de efecto invernadero y su consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático. La desaparición del bosque nativo provoca el escurrimiento de los excedentes hídricos que general, a su vez, inundaciones a nivel de cuenca y tormentas de polvo cada vez más comunes y fuertes, profundizando la actual crisis climática.

El principal hecho de esta maniobra es la modificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) impulsado por el gobierno de Chaco y concretado en la Legislatura de la provincia. La modificación hizo que las autoridades habilitaran que cientos de miles de hectáreas de bosques nativos protegidos pasaran a ser objetivo de deforestación. 

En un tratamiento exprés, los legisladores de Chaco votaron el cambio de la ley a las 2:40 de la madrugada del 30 de abril último, que en la denuncia es definido como “inconstitucional”. La nueva ley “reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el ya golpeado monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el quimilero (especie endémica que solo existe en la región del chaco seco), entre otros, y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio”, afirmaron los denunciantes en el texto presentado ante la Justicia. A los responsables los llamaron “la Mafia del Desmonte”.

La modificación del mapa de los bosques nativos es “el producto final del accionar reprochable de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con la revalorización de las tierras recategorizadas, la expansión de la frontera agropecuaria, y/o la comercialización de la madera y subproductos extraídas (tanino) que son vendidos tanto en el mercado interno como en el mercado internacional”, sostiene la denuncia.

“En la provincia de Chaco se verifica una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa, relacionada con el agronegocio (agricultura industrial, ganadería industrial y forestales) que se enriquece frenéticamente y a la vez maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses, independientemente de las distintas gestiones de gobierno”, aseguró la ONG.

Puertas giratorias

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado”. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas (que) intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”.

Según la denuncia, durante uno de los períodos en el que Halavacs tramitaba los permisos de desmonte, el Subsecretario de Desarrollo Forestal (correspondiente a las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich) era Luciano Olivares (hijo de Roberto Olivares, ex funcionario de la Dirección de Suelos), quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte. “Luciano Olivares acompaña ahora a Halavacs en la gestión pública como asesor legal de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal Recursos Naturales del ministerio que hoy conduce Halavacs”, dice la denuncia. En el entorno de Olivares dijeron a elDiarioAR que el exfuncionario se dedica a la actividad privada y no es asesor del ministro. Sin embargo, en su perfil de Linkedin, resaltaron los denunciantes ante la consulta, Olivares informa que es asesor legal de la cartera que antes condujo.

El nuevo mapa de ordenamiento de bosques nativos, asegura la denuncia de la ONG, “beneficia a empresas y personas a las cuales el ministro Halavacs asesoraba como ingeniero agrónomo y para quienes gestionaba los permisos de desmonte”.

Halavacs trabajó para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades para el supuesto desmonte de casi 5.500 hectáreas de bosque nativo. “Algunos de los establecimientos que se ubican en la ahora zona recategorizadas regresivamente por el impulso del actual Ministro Halavacs pertenecen a la familia Vicentin, como lo demuestran las pruebas que acompañamos, es decir benefició directamente a su empleador con el nuevo e ilegal OTBN”, afirmaron los denunciantes.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de julio de 2024 a las 7:55 para modificar una mención errónea a la empresa Unitan y corregir el nombre de pila del gobernador de Chaco.

ED/DTC

La convocatoria era este sábado 8 de junio, porque el 5 fue del Día Mundial del Ambiente, en el campus de una universidad nacional del conurbano, la de San Martín (UNSAM), y se podía llegar con mate y lona para desayunar, botella para llenarla en el dispenser de la huerta allí instalada, repelente porque aún hay mosquitos, ropa de trabajo y si podían, bidones vacíos para regar y palas de punta para cavar. Llegaron unas 80 personas. Se trataba de la plantación colectiva Juntos Somos un Bosque, que organizaron la ONG Un Árbol y el Área de Sustentabilidad y Ambiente de la UNSAM. Muchos de ellos eran jóvenes que plantaban árboles por primera vez en sus vidas. A la noche a varios les dolían las espaldas. Pero valió la pena. Una movida para plantar 150 árboles nativos, como timbós, espinillos, aromitos, tarumás y coronillas -los que hospedan la mariposa argentina-, necesarios para combatir la crisis climáticas, en un año en que el Gobierno, aunque no incluyó la desprotección de bosque en la ley Bases, igualmente está logrando el objetivo que tenía en el proyecto original de congelar el presupuesto de 2023, pese a la inflación. Incluso ni siquiera está ejecutándolo.

“Tengo interés por la política ambiental internacional y me pareció una linda oportunidad y una nueva experiencia y reconectar también con esto de la naturaleza”, cuenta Ailén Nazarte, de 20 años, estudiante de la licenciatura en relaciones internacionales de la UNSAM. “Me hacía mucha ilusión intervenir en el espacio que habito todos los días. Vengo mañana, tarde, noche. Re lindo compartir esto. Conocí un montón de personas, docentes de un montón de instituciones. Una ambiente muy lindo y ojalá se puedan seguir haciendo este tipo de actividades”, comenta Ailén en el cierre de la jornada, amenizada por el músico Juan González. El día había comenzado con un desayuno saludable ofrecido por el Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Nutricional de la universidad, a cargo de Mariela Cardozo. Después una charla sobre plantas nativas y a cavar pozos y sembrar. En los próximos meses, Un Árbol organizará otras plantaciones colectivas en Tartagal (Salta), Tigre, Lanús y San Miguel. Todo un movimiento contracultural en un país cuyo presidente, Javier Milei, niega el cambio climático provocado por el ser humano.

“La comunidad científica está totalmente de acuerdo en que el mayor desafío actual en la humanidad es la problemática climática, que es uno de los principales temas del ambiente: tenemos tres crisis importantes, que es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”, describe el director ejecutivo de Un Árbol, Marcos Macera. “Con estas plantaciones buscamos conmemorar lo simbólico de los bosques para el ser humano, son símbolo de vida, de abundancia, de diversidad. El árbol nativo es el símbolo del equilibrio de los ecosistemas, de la naturaleza y de la vida. Cada ecosistema tiene su propio conjunto de plantas, animales, hongos y de todos los reinos de vida que existen en el planeta. Son importantes para el equilibrio. Gracias a ese equilibrio tenemos agua potable, suelos saludables, alimentos sanos, oxígeno y aire limpio. La idea es cuidar todos estos servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza. El cambio climático es es el mayor desafío de la historia de la humanidad. Porque por el cambio climático en muy pocos años vamos a generar un desequilibrio. Es un cambio climático antropogénico, mas allá de los cambios climáticos que siempre existieron en toda la historia del planeta, como estudia la ciencia. Es un gran desafío porque en los últimos pocos, a través de principalmente de la quema de hidrocarburos, generamos un desequilibrio en la atmósfera. Sacamos todo el carbono que estaba que estaba bajo tierra, lo que genera un efecto invernadero que calienta el planeta.”

“Cada persona emite un promedio de dióxido de carbono que va entre los cuatro y cinco toneladas anuales”, advierte Macera, mientras suena la guitarra del final. En promedio los árboles, que pueden vivir 30 años, capturan una tonelada en toda su vida. Entonces cada persona debería por lo menos plantar entre cinco y diez árboles todos los años. Eso solo para compensar cada año. Después tenemos que mirar lo que hicimos desde que nacimos hasta hoy. Entonces tenemos que hacer eficiente lo que consumimos en cuanto a la huella de carbono. Y nuestras empresas o nosotros como empleados o en los organismos, organizaciones o como emprendedores, tenemos que buscar que los servicios que hagamos dejen de tener un impacto negativo y podamos compensar ese impacto, no solo compensarnos, sino empezar a tener un impacto positivo, o sea, dejar el planeta mejor de lo que lo estamos.“

“El Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Secretaría de Extensión y Vinculación se encarga de extender como todo el conocimiento, la experiencia y los recursos que se producen dentro de la universidad de aportarlos a la comunidad entera”, explica su coordinadora, España Verrastro. “Trabajamos con huertas, plantas nativas. La idea es concientizar y también capacitar y generar recursos educativos para que la comunidad primero se apropie de la posibilidad de transformar su ambiente y mejorarlo y hacer un estilo de vida más saludable, sustentable y pueda conectarse con la naturaleza.”

Pero esta apuesta de esta universidad pública por el medio ambiente ocurre en tiempos de ajuste del presupuesto universitario pero también del de protección de bosques nativos. En los primeros cinco meses del año en este último rubro el Estado gastó 87,6% menos que en el mismo periodo del año anterior y ejecutó sólo el 2,4% de la partida anual, según datos oficiales relevados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). De hecho, productores agropecuarios de Salta y Jujuy comentan que este año no recibieron ni un peso. En la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalan que el presupuesto de protección de bosques se mantuvo en pesos igual que en 2023, pese a la inflación proyectada de más del 140%. En el proyecto original de la ley Bases se incluían dos artículos para reformar la norma de bosques, uno para permitir talar áreas protegidas y otro para derogar el artículo que estipulaba que el 2% del presupuesto nacional debía destinarse a la materia, objetivo que nunca cumplieron gobiernos anteriores. Después, el Gobierno de Milei dio de baja el primer cambio y dejó el segundo, aunque con la promesa de mantener el gasto de 2023. La propuesta también provocó rechazos porque igualar el presupuesto del año pasado implica reducirlo en un 60% en términos reales. Finalmente, la ley Bases, que este miércoles tratará el Senado, excluyó cambios a la norma de bosques, pero igual se congeló el presupuesto, como en muchas otras áreas del Estado.

“Claramente hay un cambio en el tema climático”, se refiere el director ejecutivo de Un Árbol a la llegada al poder de un negacionista climático. “Hoy las secretarías y las personas que venían trabajando ya hace un montón de años en estos temas no tienen una dirección clara. La visión política hoy es distinta a la científica. Acá no voy a hablar de política, ni partidaria ni ideológica, sino que nosotros buscamos las cuestiones científicas. El Gobierno dijo igual que seguimos con el Acuerdo de París (contra el calentamiento global), no es que nos fuimos de todo los acuerdos firmados, pero a nivel ejecutivo no tenemos las herramientas si no tenemos el dinero disponible. Esta semana estuve en el Argentina Carbon Forum, un foro súper importante. Estuvieron provincias de la Argentina, muchos países de Latinoamérica, empresas, y vimos que desde el Ejecutivo los representantes mantienen la misma postura, pero fueron muy enfáticos en que está difícil la cosa. Ahora en Chaco también hay una ley que abrió la posibilidad de deforestar un millón de hectáreas. El mundo está yendo hacia otro lado. O sea, a partir del 2025, la Unión Europea sólo importará granos y carnes de tierras libres de deforestación a partir del 2020. En el foro estaban emprendedores, activistas, también empresas como Bayer, que ya tiene un canal de agricultura regenerativa. O sea, el mundo está yendo hacia otro lado, las empresas están yendo hacia otro lado. Se necesita más vocación política”, concluye Macera. En la apertura del Argentina Carbon Forum, este martes y miércoles en Buenos Aires, expusieron dos funcionarias: Marcia Levaggi, subsecretaria de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ana Vidal de Lamas, subsecretaria de Ambiente, que está a las órdenes del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, el cambiante Daniel Scioli. Entre los expositores también figuraron representantes de la certificadora de captura de carbono Verra, la química alemana Bayer, la eléctrica Genneia, la empresa de forestación GMF o la cerealera Bunge. A contramano de la política oficial, provincias, empresas, universidades, organizaciones ambientales y ciudadanos de a pie comienzan a adoptar pasos para reforestar.

AR/JJD

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de  Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma. 

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH. 

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos  obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó. 

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores: 

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena. 

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino). 

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.

EV/DTC

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzaron en las últimas horas un documento que analiza las consecuencias en materia ambiental y social en caso de aprobarse en el Senado el proyecto de ley que este martes obtuvo media sanción en Diputados.

En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica que a diferencia del primer y fallido proyecto de ley “Bases”, presentado en diciembre del 2023 -que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)- este nuevo proyecto no hace modificación alguna a estas leyes y no contiene un capítulo específico de desregulación en materia ambiental. 

Sin embargo, FARN advierte que la ley Bases impulsada por el gobierno nacional cuenta con distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales, entre los que se encuentran: la posible sustitución de las audiencias públicas, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.

“Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN. 

¿Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente?

Audiencias públicas optativas: un riesgo para la participación ciudadana robusta e integral 

El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.

“Las audiencias públicas constituyen instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Esta modificación que propone el gobierno nacional brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN. 

Además, agregan que esto implicaría un grave retroceso para la participación ciudadana en procedimientos administrativos vinculados con la preservación y protección del ambiente.

Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos

El nuevo proyecto de la ley contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.  

Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).

De esta forma, “el propósito fijado de la explotación hidrocarburífera es la promoción de ganancias, estableciendo a la energía como una mercancía y no como un derecho”, enfatiza FARN. 

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: nuevos privilegios para los sectores extractivos

El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.

En el último documento publicado por FARN explican: “ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.

“La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

La posible cancelación de fondos fiduciarios: más facultades para el Poder Ejecutivo en detrimento del ambiente

El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuída de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país. 

“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.

El pago de la deuda y los subsidios a las empresas hidrocarburíferas limitan las partidas ambientales

Días atrás, la FARN denunció en un comunicado que la falta de sanción de una ley de Presupuesto para este año y la prórroga del anterior “implicó, en un contexto de alta inflación, una caída en términos reales del 53,01%. Las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, a la Administración de Parques Nacionales, a los Sistema de Áreas Marinas Protegidas y las referidas al Manejo del Fuego se encuentran entre las más afectadas”.

De acuerdo a los ambientalistas, “a lo largo de los primeros tres meses del 2024, el presupuesto destinado para la Subsecretaría de Ambiente y para la Administración de Parques Nacionales representan apenas el 3,07% de lo que se ejecutó para el pago de los servicios de deuda”. 

Según el Monitor ambiental de Presupuesto, una publicación de carácter trimestral que analizará las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas ambientales durante el año, “la falta de Presupuesto o la existencia de una prórroga del anterior oficia como un mecanismo de ajuste sobre la población y una reducción de derechos por la vía explícita del achicamiento del Estado”. 

Esta primera entrega del Monitor ambiental del Presupuesto está centrada en el análisis de las partidas presupuestarias establecidas y ejecutadas durante los primeros tres meses del año, con particular foco en lo destinado al pago de los servicios de deuda y los subsidios a la oferta de hidrocarburos, que son recibidos de forma directa por las empresas de este sector. 

De acuerdo al informe, el pago de servicios de deuda ganó preponderancia dentro del Presupuesto Nacional vigente, alcanzando el 13,2 por ciento del total. Este mayor volumen de ejecución presupuestaria destinado al pago de la deuda se realizó, durante enero, febrero y marzo del 2024, en desmedro de las partidas destinadas a políticas y programas vinculados al ambiente. 

Entre los principales datos que se desprenden del Monitor, se destacan:

Subsidios a los fósiles: se sostienen los beneficios a las empresas hidrocarburíferas

A contramano de lo que planteó durante la campaña del 2023, el Presidente de la Nación Javier Milei, a través de la prórroga del Presupuesto, mantiene $150.112 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos. En los primeros dos meses del año se ejecutaron $11.757 millones en subsidios para las empresas hidrocarburíferas. En cambio, no se ejecutó ni un solo peso para los subsidios a la demanda, que reciben las y los consumidores.

Mientras se mantiene este subsidio, que tiene como objetivo fomentar las exportaciones y ganancias de las empresas hidrocarburíferas, sin disminuir el precio de la energía para las y los consumidores, se achican los presupuestos destinados a la promoción de las energías renovables. El Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables tiene un presupuesto de $310 millones, es decir, 484 veces menos de lo que se destina a subsidiar fósiles. 

Por su parte, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) tiene asignados, luego de sufrir un recorte de $387 millones en marzo, un total de $5.595 millones. Este programa tiene como objetivo instalar 10.000 paneles solares en zonas rurales, contemplados como instalaciones eléctricas en casas, escuelas, hospitales, entre otros. Solo con lo destinado a los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, se podrían ejecutar 26 veces el PERMER.

“El acceso a un ambiente sano, junto con otros derechos culturales, sociales, ambientales y económicos, se ven comprometidos por un fuerte achicamiento del presupuesto destinado a las áreas involucradas en su promoción y cumplimiento. A través de contrastar los montos vigentes y ejecutados entre las diferentes partidas presupuestarias, se reconoce que plata hay, pero sólo se destina a las petroleras y al pago de servicios de deuda”, concluye el Monitor ambiental del Presupuesto.

Con información de FARN.

IG

Desde hace más de dos décadas, Abel Menapace y su hijo Leandro practican una ganadería que busca el equilibrio con el ambiente en el Gran Chaco argentino. Ambos ingenieros agrónomos dirigen una explotación en la ecorregión de Cuña Boscosa, que ocupa más de un millón de hectáreas en el extremo norte de la provincia de Santa Fe.

Este proyecto familiar combina la gestión de los bosques autóctonos con la producción ganadera, con el fin de respetar la biodiversidad, y lleva el nombre de San Francisco de Asís, en honor al monje del siglo XII Francisco de Asís, patrón de la ecología.

Aquí se entremezclan especies arbóreas autóctonas, como el quebracho colorado y blanco y el algarrobo. Su biodiversidad ha atraído y acogido a la fauna de la región: unas 200 especies de aves comparten espacio y alimento con zorros, coipos, ñandúes y armadillos, entre muchos otros animales. “La diversidad es vida, es lo opuesto al monocultivo”, dice Abel.

Situada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Malabrigo, a su vez a unos 280 kilómetros al norte de la capital provincial, Santa Fe, la explotación de los Menapace es un ejemplo de integración con éxito de la ganadería y los bosques. La explotación no sólo ha conseguido transformar sus suelos, antes agotados, sino que también ha contribuido a convertir sus 214 hectáreas en un enorme almacén de carbono.

El papel de los bosques autóctonos

Los bosques autóctonos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales para los seres humanos y otras especies. Contribuyen a mitigar el cambio climático, ayudan a regular los recursos hídricos, ofrecen opciones de subsistencia a las comunidades locales y mejoran la seguridad alimentaria y el desarrollo económico regional.

Argentina tiene una superficie de 47,9 millones de hectáreas de bosques nativos, que están bajo la protección de la Ley de Bosques de 2007 del país, que establece la zonificación de los usos de los bosques para equilibrar las necesidades de producción y la conservación de la naturaleza.

La provincia de Santa Fe abarca aproximadamente 13 millones de hectáreas, de las cuales 1,7 millones son bosque nativo y están protegidas por esta ley: 372.687 hectáreas están bajo la categoría I o “roja”, que requiere una conservación estricta que prohíbe cualquier cambio en el uso del suelo; y 1,3 millones de hectáreas bajo la categoría II o “amarilla”, que permite actividades productivas consideradas compatibles con el cuidado de la naturaleza. La explotación de los Menapace se encuentra en tierras de categoría II.

A principios del siglo XX, la explotación de los recursos forestales del norte de Santa Fe estaba dominada por empresas británicas. Denominada la época de “La Forestal”, en honor a una empresa británica de la época, este período de actividad extractiva cambió para siempre el mapa natural y social de la región.

Este proceso fue retratado en detalle en un libro de 1965 del escritor santafesino Gastón Gori. Relata cómo un enorme bosque de “oro rojo” que cubría más de dos millones de hectáreas fue talado a hachazos y machetazos para satisfacer los mercados internacionales, en busca de tanino para las curtiembres y troncos para fabricar durmientes de ferrocarril o postes. Las cicatrices de la temprana explotación a la que fueron sometidos sus ecosistemas aún son visibles en la zona.

El establecimiento Menapace es un ejemplo de producción sostenible vinculada a su comunidad: las tierras están abiertas a investigadores, organizaciones civiles, escuelas y universidades. Abel ha explicado el ethos de la granja en su propio libro, que reúne años de trabajo: “La idea es poner en valor la oferta del bosque nativo, su renta en madera, frutos, forrajes, flores melíferas, esencias medicinales, colorantes, ambientes para paseos, servicios ambientales y al mismo tiempo, en forma integrada y en el mismo ecosistema, introducir ganado, mejorando el ambiente y obteniendo una renta ganadera”.

Más bosques, menos emisiones

El 60% de los bosques nativos de la Cuña Boscosa santafesina está clasificado como poco o mal apto para la ganadería, mientras que el resto es apto. Esto significa que se necesitan entre tres y cinco hectáreas por vaca en producción, explica el ingeniero agrónomo Germán Castro. Trabaja en una de las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ubicada 40 km al sur de la ciudad santafesina de Reconquista.

Los Menapace consiguieron invertir esta ecuación: hoy, el 70% de sus tierras de cultivo están clasificadas como buenas o muy buenas para la ganadería, mientras que el 30% restante sirve de refugio a la biodiversidad. La proporción de animales por hectárea nunca es superior a 1:1, lo que significa que en los momentos de mayor actividad pueden gestionar más de 150 cabezas de ganado; a principios de 2024, tras tres años de grave sequía, la cabaña se redujo a la mitad, a unas 75 cabezas.

La palabra clave es gestión, explica Abel. En primer lugar, reconocieron que tenían que intervenir en el bosque para mantenerlo activo, pero esa intervención debía basarse en el respeto a las especies autóctonas. “Cada componente del ecosistema cumple una función”, añade.

Estos esfuerzos son clave para reducir el impacto de la ganadería como fuente contaminante: según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2021 de Argentina, el sector agrícola, ganadero y forestal representa el 39% de las emisiones del país. Si se desglosa por subsectores, la ganadería aparece como la actividad con mayores emisiones, representando el 22,2%, casi el doble que el siguiente subsector, el transporte (13,9%).

Tanto la conservación de importantes porciones de biodiversidad autóctona como el tipo de pastoreo utilizado hacen que la explotación Menapace minimice sus emisiones de gases de efecto invernadero y tenga unas emisiones comparativamente inferiores a las de muchas otras explotaciones ganaderas, además de que sus tierras contribuyen al secuestro de carbono. Esto podría ayudarle a estar más en consonancia con la estrategia climática a largo plazo de Argentina, por la que el país se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

“Cuando caminas por el campo ves el carbono, está ahí delante de tus ojos, en el mantillo [una capa de materia orgánica formada por la descomposición de materia vegetal y animal], en las hojas, en los troncos, en los pájaros y mamíferos. Está en todo el sistema y en la diversidad que estalla por todas partes”, dice Castro.

Observación y manipulación

La clave del planteamiento productivo de la explotación de Menapace es el manejo de bosque con ganadería integrada -conocida por sus siglas MBGI-, una estrategia de producción sostenible utilizada en algunas explotaciones de Argentina que integra las actividades ganaderas y forestales. Con este método, las vacas pueden contribuir de algún modo a la regeneración del ecosistema, en lugar de limitarse a degradarlo.

Aquí la producción ganadera es una consecuencia y no un objetivo

Abel Menapace, — Productor ganadero

El MBGI integra el bosque nativo en su producción “como agente proveedor de servicios ecosistémicos”, como la regulación hídrica, la conservación del suelo y la fauna silvestre y el secuestro de carbono, explica Castro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria monitorea regularmente los campos de los Menapace para establecer el impacto de estas prácticas en las emisiones del ganado.

Abel y Leandro Menapace describen el bosque como un ecosistema con muchos componentes, cada uno de los cuales tiene una función. Si el bosque está sano, todo el sistema está equilibrado. “Aquí la producción ganadera es una consecuencia y no un objetivo, trabajamos en función de todo el ecosistema, no centrados en la vaca”, dice Abel. Uno de los elementos clave de la MBGI es el pastoreo rotativo, que en la explotación de los Menapace se realiza en 90 parcelas. Cada día, las vacas se desplazan de una parcela a otra, encontrando alimento fresco y permitiendo la recuperación de las otras parcelas.

Fernando Aiello, investigador en ciencias agropecuarias y docente de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, especializado en manejo de pastizales naturales, conoce la experiencia de los Menapace. “Hacen un trabajo muy interesante a través del pastoreo rotativo, gracias al cual pudieron recuperar especies invernales que crecen debajo de los árboles del bosque, especies forrajeras nativas [plantas que come el ganado], algo raro en los bosques donde se privilegian las pasturas de verano”, explica.

Resistencia al cambio climático

En la explotación de los Menapace, la producción y la conservación van de la mano, coexisten y se potencian mutuamente, según Aiello. Según él, el pastoreo rotativo permite reforzar el sistema de producción frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos a causa del cambio climático.

La zona central de Argentina atravesó tres años consecutivos de déficit hídrico entre 2020 y 2023 impulsado por el fenómeno climático de La Niña. A pesar de ello, la granja de los Menapace pudo mantener la fertilidad del suelo gracias a la cobertura de hierba y mantillo, así como a un uso eficiente del agua. “Obtuvieron resultados muy positivos en comparación con sus vecinos”, afirma Aiello.

“La acumulación de buenas prácticas basadas en el pastoreo rotativo y la observación de las especies forrajeras y los árboles a lo largo del tiempo han permitido a Abel y Leandro construir un sistema muy sano, estable y fiable, algo esencial en un escenario de cambio climático en el que se alternan el exceso de agua y las sequías prolongadas”, añade el especialista.

En términos de emisiones, al priorizar la presencia de árboles jóvenes y adultos en crecimiento activo sobre los árboles demasiado maduros, además de los pastos de invierno, estos agricultores han podido mantener una elevada actividad fotosintética durante todo el año. “Es una situación muy favorable para el secuestro de carbono. Tienen mucha actividad fotosintética; el campo está siempre verde y activo y eso está muy ligado a la captación de carbono”, afirma Aiello.

El ganado puede ser un emisor de gases de efecto invernadero, o puede ayudar a capturarlos. Todo depende de cómo se haga

Germán Castro — Agrónomo

Castro, aunque aún no tiene los datos de captura de carbono de los Menapace, dice no tener dudas de que es al menos el doble de lo que se emite: “Cada hectárea tiene unos 100 árboles, más de 400 arbustos, abundante pasto. Todo esto es pura captura de carbono”. Añade que el suelo de la finca es un enorme reservorio de carbono, ya que recibe continuamente una gran cantidad de materia orgánica. “El ganado puede ser un emisor de gases de efecto invernadero, o puede ayudar a capturarlos. Todo depende de cómo se haga”, afirma Castro.

Aunque el grado en que el pastoreo puede contribuir a la captura de carbono en los pastizales sigue siendo objeto de debate entre los científicos, los esfuerzos de la familia Menapace por aplicar prácticas más sostenibles se acogen con satisfacción y se reconocen como un paso positivo en la dirección correcta. En un momento en que Argentina se enfrenta a la necesidad de ecologizar su agricultura a largo plazo, su trabajo podría servir de lección al sector en general.

Este artículo ha sido elaborado con el apoyo del Proyecto Net Zero Argentina de Earth Journalism Network, Periodistas por el Planeta, Claves21 y Banco de Bosques.

Fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

La situación de los bosques del norte de la Argentina es crítica. Según un informe de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, se estima que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas. Esto representa un total de 90.755 hectáreas y equivale a una superficie de 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires. El problema es 21% más grave que en el 2022 y la mayoría de los desmontes son ilegales.

“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco -el segundo ecosistema forestal más grande del continente- es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa, informaron desde el movimiento global por el medio ambiente.

“Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para votar si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini. 

La consulta popular promovida por Greenpeace está disponible en www.votaporlosbosques.org hasta hoy inclusive y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.

En estos días el gobierno de Chaco convoca a audiencias públicas para “adecuar” un mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos propuesto por su Ministerio de Producción. Esta convocatoria debe ser suspendida debido a que representa una nueva trampa a los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331, por los motivos que se describen a continuación.

Primero, la propuesta de ordenamiento territorial de bosques nativos que el Ministerio de Producción planea presentar en las audiencias públicas viola los principios de la Ley de Protección de Bosques Nativos. ¿Por qué? Porque su elaboración no cumplió con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo. ¿Qué significa? Significa que bosques con alto valor de conservación son categorizados como de bajo valor de conservación para permitir su desmonte total y favorecer a las empresas agropecuarias y forestales que presionan al gobierno para flexibilizar las regulaciones.

Segundo, no se cumplen las condiciones para consultar a la población sobre asuntos ambientales, las cuales están establecidas en acuerdos internacionales (Escazú) adheridos por Argentina. ¿Por qué? Por un lado, porque no se informó previamente a la población sobre qué materia se le va a pedir su opinión, ya que el “nuevo” mapa no fue presentado públicamente. Por otro lado, porque los espacios de consulta no son espacios públicos y seguros, ya que se convoca a audiencias públicas en las sedes de asociaciones empresarias forestales, las mismas que presionan al gobierno para que les habiliten más desmontes y que han amenazado a funcionarios, científicos y ciudadanos. 

Tercero, este mapa y convocatoria ilegales tienen lugar en el marco de un proceso de actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco absolutamente nulo. ¿Por qué? Porque varios pasos administrativos previos no han sido cumplidos. Por un lado, el intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento territorial por decreto requería una ratificación por el Poder Legislativo que nunca ocurrió. Por otro lado, este nuevo intento de actualización apurado e ilegal es promovido en forma unilateral por la cartera de producción, sin participación de la cartera de ambiente, la cual junto con el primero forman el Consejo Provincial de Ambiente que es el ámbito creado por el gobernador para administrar el uso de los bosques del Chaco. 

Por estas y otras razones debe suspenderse de inmediato esta nueva avanzada del gobierno del Chaco para violar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. El gobernador Capitanich se empeña en darle curso a procedimientos viciados de nulidad mientras la falta de claridad política y legal es aprovechada por transnacionales tanineras, pooles de siembra extra-provinciales y entregadores locales para desmontar ilegalmente. Ya van más de 250.000 hectáreas desmontadas ilegalmente en los 13 años de Ley de Bosques en Chaco (30.000 hectáreas sólo en el último año). ¿Hasta cuando la dirigencia política del Chaco seguirá habilitando el saqueo de los bosques nativos?

El gobernador Capitanich dio algunas señales en favor de la protección de los bosques al aumentar el monto de las multas a quiénes realizan desmontes ilegales, pero a la vez avaló cambios arbitrarios y regresivos en el único mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos que tuvo sustento técnico, permitiendo la expansión de la frontera agropecuaria sobre los últimos bosques del Impenetrable Chaqueño. En el contexto de calentamiento global y colapso de la biodiversidad que vivimos no hay tiempo para políticas duales de protección de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de vida silvestre. 

Con una política de Estado de protección de los bosques nativos que aún conserva, la provincia del Chaco podría convertirse en un modelo de desarrollo sustentable para la región. Sin embargo, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco donde se aloja la corrupción que ha permitido la aceleración de los desmontes ilegales sobrevive impune a los gobiernos tanto radicales como peronistas. Es hora de que la dirigencia política del Chaco realmente escuche a la población, no en tramposas audiencias públicas, sino en el reclamo masivo en favor de un ambiente sano para nuestra generación y las futuras.