Tres causas judiciales marcaron la campaña que llegó a su fin este jueves, 72 horas antes de la elección presidencial del domingo. Uno de los expedientes expuso la presunta corrupción en la recaudación de la política y el saqueo de fondos públicos. Un dirigente vinculado al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, está relacionado directamente con la maniobra. 

El segundo expediente dejó en evidencia los lujos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de paseo en yate por el Mediterráneo con su novia y vacaciones en Marbella. Mientras que el tercer legajo sacó a la luz los nexos de un hombre clave de La Cámpora con presuntos servicios de inteligencia ilegal para realizar operaciones políticas y que dejó a la organización por primera vez en el centro de un expediente de alto voltaje político.

Tanto el caso de las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau como las vacaciones de Insaurralde y las “carpetas” de Fabián “Conu” Rodríguez tienen sus particularidades pero también puntos en común: exhibieron lo que preliminarmente resume viejas y condenables prácticas de la clase política; en los tres casos quedaron expuestos sectores políticos del oficialismo -el peronismo, el massismo y el kirchnerismo-; y en principio no parecieron tener un impacto determinante en los resultados de la primera vuelta electoral.

Chocolate y el massismo 

Fue el primer caso que emergió durante la campaña y sin dudas, el que más vaivenes ha sufrido hasta el momento. Julio “Chocolate” Rigau trabajaba como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense pero oficiaba como puntero político. El 9 de septiembre último fue denunciado por un hombre que presenció cuando se encontraba en un cajero automático de un Banco Provincia, en pleno centro de la ciudad de La Plata, retirando gran cantidad de efectivo con numerosas tarjetas de débito. Cuando la policía lo requisó, Rigau tenía 49 tarjetas en su poder a nombre de otras personas. 

De la investigación surgió que los titulares de las mismas cobraban sueldos de unos $500.000 de la legislatura provincial. Había desde contratados del Frente de Todos, el Frente Renovador y Juntos por el Cambio, como informó elDiarioAR.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, dirigente de confianza de Insaurralde y quien ganó la intendencia de Lomas de Zamora en octubre último.

La fiscal Betina Lacky comenzó a investigar una presunta defraudación a la administración pública hasta que a mediados de septiembre último, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró nula la causa por un tecnicismo jurídico. Rigau, que había quedado detenido, recuperó su libertad.

Lacky sospechaba que estaba frente a algo mucho más grande: una asociación ilícita para defraudar al Estado y financiar de manera ilegal la política y en la que Rigau era un peón. Sospechaba también que la maniobra implicaba la contratación de empleados en la Legislatura que en realidad no cumplen tareas ni brindan servicios y que sus sueldos van a la caja de la política. Se basó en parte en los testimonios de algunos de los titulares de las tarjetas de débito secuestradas a Rigau, quienes declararon que desconocían quiénes los habían nombrado como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

Once días antes de la primera vuelta electoral, la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación y la fiscal solicitó la detención del puntero y el secuestro de su celular para un peritaje. 

Los chats y hallazgos en su teléfono condujeron a los investigadores directamente hacia dos hombres clave en la Legislatura bonaerense: el concejal platense Facundo Albini, del massista Frente Renovador (Unión por la Patria) y su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De los diálogos surge que Rigau cobraba $200.000 mensuales por sacar dinero de los cajeros y que respondería a dichos dirigentes políticos.

En la último semana, la fiscal y la querella, que representa Poder Ciudadano, solicitaron la prisión preventiva de Rigau, que ya está detenido en la causa. La ONG también solicitó la detención de los Albini. El juez debe decidir pero hasta momento no ha fallado sobre los pedidos. El tiempo es vital para la fiscalía: necesita recuperar el contenido de los teléfonos de los Albini para continuar la investigación hacia arriba en la cadena de responsabilidades.

Insaurralde en el Mediterráneo

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Costo del pasaje: US$8.139,30. Medio de pago: una tarjeta American Express de Estados Unidos.

Insaurralde iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje por el Mediterráneo en un yate alquilado para media jornada con tres botellas de champagne.

El caso salió a la luz a finales de septiembre, cuando Clerici posteó en la red social Instagram fotografías de su pareja a bordo de la embarcación, sirviendo dos copas a pleno sol.

El fiscal imputó a Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio, ex esposa del funcionario, por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El primer juez de la causa, Federico Villena (Lomas de Zamora) debió apartarse tras la denuncia del fiscal Sergio Mola por una presunta amistad con el funcionario investigado. El expediente quedó entonces a cargo de Ernesto Kreplak, quien subroga uno de los juzgados federales del partido bonaerense.

La mujer dijo en declaraciones públicas que el yate “se lo prestó un amigo” de ella. Sin embargo, en el expediente consta que el alquiler del yate “Bandido” costó unos 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella costó unos 24.000 euros, de acuerdo a la información enviada por España. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. 

Insaurralde debió renunciar al cargo en el gobierno de Axel Kicillof en plena campaña hacia las elecciones generales de octubre pero no renunció a la intendencia de su municipio, aunque mantuvo la licencia. Su aliado, Otermín, ganaría la elección. Kicillof renovó mandato con amplia diferencia de votos con respecto a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (LLA).

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak allanó siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici después de las elecciones de octubre. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos en la casa de Clerici, cuyo origen deberá explicar. El dinero fue encontrado en una unidad distinta a la que habitaba los días anteriores. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

Los policías secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Además de la reciente mudanza de Clerici de una vivienda a otra en el mismo barrio los días previos al allanamiento, los investigadores tienen otros datos sospechosos. Creen que el teléfono que entregó la mujer como su celular personal no es el real.

Tampoco se pudo dar con Insaurralde, su teléfono personal y su computadora personal durante los allanamientos a distintos domicilios. Se secuestraron igualmente algunos dispositivos en una de las viviendas. Tras ser intimado por el juzgado a declarar su domicilio real, el funcionario dijo que habita uno de los domicilios allanados, en la localidad de Banfield.

Tras la filtración de las fotos de los procedimientos, el juez Kreplak apartó a la Federal y encomendó las tareas de investigación a la Gendarmería, que la semana próxima comenzará con las pericias informáticas de todos los dispositivos secuestrados. 

Otra suspicacia en la investigación: en los últimos días, el juez ordenó a pedido del fiscal Mola procedimientos en el Casino Victoria, en la provincia de Entre Ríos, un empresa de Daniel Mautone, anunciante de un programa de televisión realizado por Cirio en el pasado. El fiscal sospecha que el pago de publicidad podría encubrir pagos ilegales a Insaurralde, quien tenía en su esfera bonaerense el control de los casinos y bingos. Cuando recibieron la documentación el resultado que observaron los investigadores fue que los pagos del casino anunciante eran de cero pesos. Se investiga a qué se debe esa circunstancia.

Los “partes” de Zanchetta

El expediente se centra en el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. Uno de los casos tiene como protagonista a Ariel Zanchetta, un expolicía, exagente de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, acusado de armar “partes” de inteligencia ilegales para al menos un funcionario público, Fabián “Conu” Rodríguez, número dos en la estructura de comunicación de La Cámpora y subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

La sospecha central de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces en las mismas fechas en las que las víctimas perdieron control de sus líneas de teléfono u otras líneas fueron creadas a su nombre.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que lo vinculan al “Conu” Rodríguez. 

También surgieron tres conversaciones entre Zanchetta y el diputado Rodolfo Tailhade, pero aún no surgió la posible comisión de delitos en su caso.

Rodríguez es un capítulo más delicado. El fiscal pidió su indagatoria y detención pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por el momento, sólo le prohibió salir del país. El funcionario se presentó a entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje, varios días después de los allanamientos en su casa y oficina en la AFIP. 

El nombre de Rodríguez surgió en el expediente porque Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, que estaban configurados para ser borrados. En la conversación, el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández dejaba trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

Esa prestación se pagó con fondos públicos, según la fiscalía. En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido. En total, cobró casi $2.000.000.

Zanchetta sostuvo durante su declaración indagatoria que ejercía como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

Entre las tareas que Zanchetta realizaba la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín. “Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

En la investigación de Pollicita se hallaron otros pagos a Zanchetta, como los de la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023, cuando ya no estaba publicando. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

En un nuevo capítulo del espionaje ilegal, un expediente venía creciendo con bajo perfil en los tribunales federales de Comodoro Py. En dicha causa se investigan varios casos de hackeo, robo de líneas de teléfono celular y armado de operaciones de prensa contra jueces y funcionarios de la Corte y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

De fondo, resurgió un ecosistema integrado por seudoperiodistas, policías, hackers y agentes inorgánicos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) que trabajan al servicio del mejor postor.

Estas son diez respuestas sobre el caso que en el que se centró la agenda judicial de la semana y que abrió un nuevo frente para el kirchnerismo en los tribunales.

1. El caso

Es un expediente que forma parte de un conjunto de causas conectadas con el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. El caso contra Ariel Zanchetta fue iniciado de oficio por el fiscal Gerardo Pollicita el 15 de septiembre último, luego del análisis preliminar de algunos dispositivos electrónicos incautados en el domicilio particular del expolicía. Allí se hallaron los “partes” de inteligencia y los chats que comprometieron a Zanchetta en el presunto espionaje ilegal. 

La sospecha central de la fiscalía es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces que ese mismo día perdieron control de sus líneas de teléfono.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que salieron a la luz la semana última. Son los resultados preliminares.

2. Quién es Ariel Pedro Zanchetta

Expolicía federal, exagente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, de acuerdo con el curriculum vitae que se halló en su computadora. Se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la SIDE, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015.

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. 

La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Está acusado de delitos de violación de secreto y de la privacidad, además de presunta defraudación en tentativa. 

3. Para quién trabajaba Zanchetta

Hasta el momento, de los chat surge que Zanchetta “reportaba” -utiliza esa palabra en las conversaciones- a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez. Sin embargo, la fiscalía no descarta otros vínculos con el poder político a lo largo de los últimos años. 

En la investigación de Pollicita se hallaron otros presuntos clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

4. Quién es Fabián “Conu” Rodríguez 

Número dos del área de comunicación de La Cámpora, después de Hernán Reibel, vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rodríguez es referente de la organización kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Pollicita lo acusó en la causa de violación de la Ley de Inteligencia al tratarse de un funcionario público que habría encargado tareas de espionaje ilegal. Este viernes se presentó ante la Justicia y dijo que no tiene “nada que ver”.

En julio de 2015 fue nombrado presidente de Télam, la agencia oficial de noticias y encargada de la distribución de la pauta oficial de la Nación, un cargo de alto nivel político y poder económico. En Télam se decide quién cobra la publicidad oficial y cuándo la cobra o no.

En diciembre de 2019 asumió como subsecretario de Coordinación de Medios de la provincia de Buenos Aires. De allí, donde manejó la publicidad oficial del gobierno de Axel Kicillof, desembarcó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando asumió su mando Carlos Castagneto, un aliado de Fernández de Kirchner. En una primera etapa quedó a cargo de la comunicación del organismo y luego fue nombrado subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

5. Cómo se financiaba

“Conu” Rodríguez cae en la mira de la Justicia en parte por este punto. Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, en los que el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández deja trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

Hasta el momento, la fiscalía sólo pudo recuperar la conversación fotografiada por Zanchetta, ya que que el chat entre él y Rodríguez estaba configurada para que se borraran automáticamente en un día. 

6. Qué hay sobre el diputado Rodolfo Tailhade en el expediente

Aparece manteniendo al menos tres chats con Zanchetta. Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade -como sí lo hicieron sobre Rodríguez- debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero.  Tailhade afirmó que los únicos chats que le respondió a Zanchetta son las tres conversaciones que se hicieron públicas. Sin embargo, “está siendo investigado”, aseguró una fuente directa de la causa a elDiarioAR.

En los chats, Zanchetta le ofrece información sobre las causas judiciales contra Elisa Carrió en un archivo que Tailhade afirmó que nunca abrió; información sobre Luis Juez, que el diputado dice que solicitó pero nunca recibió; y una tercera conversación en la que el expolicía le pasó el link público con los chats hackeados del caso Lago Escondido, que habían salido publicados ese domingo previamente, dijo el diputado. 

Tailhade afirma que Zanchetta se presentó como “periodista” y que se lo presentó alguien de su espacio político. Pidió ser querellante en la causa debido a que trascendió que está entre los políticos sobre los que Zanchetta reunió información sensible de las bases de datos que consultaba. La oposición solicitó su apartamiento de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante el proceso contra los jueces de la Corte.

7. Qué tiene que ver Zanchetta con el hackeo a los jueces y al exministro de Seguridad porteño

No está claro aún para los investigadores, pero se indaga sobre un nexo entre el expolicía y el misionero acusado. Ese hackeo se realizó en la provincia de Misiones y fue instrumentado a través de tarjetas SIM gemelas por el joven misionero Ezequiel Núñes Pinheiro, a quien se le adjudicó el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Otra línea de investigación es la que originó la denuncia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti: la creación de líneas de teléfono a su nombre. 

Núñes Pinheiro declaró ante la Justicia que realizó los hackeos a pedido de una persona que lo contactó por la aplicación de mensajería Telegram, al que dijo desconocer. Recibió un pago en criptomonedas pero aún no se conoce quién fue el autor del pago y del encargo.

Para realizar el hackeo en 2022, se necesitaban secuestrar las líneas de teléfono con tarjetas SIM gemelas que les permitieran ingresar al contenido de Whatsapp, Telegram y otras aplicaciones, tomar la información y desactivar el secuestro virtual. Para secuestrar las líneas necesitaban claves de acceso y para descifrarlas utilizaron bases de datos con información que se suele utilizar como clave: fechas de cumpleaños, por ejemplo, direcciones, nombres de los hijos, entre otros datos.

Zanchetta realizó unas 2.000 búsquedas en 2022. Una de ellas a Rosatti, pero también a otros jueces, políticos y sindicalistas en las fechas de los hackeos o procedimientos ilegales sobre las líneas. Se cree que podría haber sido el proveedor de datos esenciales para cumplir el objetivo descrito. En dicha base de datos se pueden obtener los números de teléfonos celulares. Zanchetta dijo que buscó los datos para su trabajo periodístico. 

8. Qué tipo de tareas de inteligencia realizaban

Entre las tareas que realizaba por encargo, la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín.

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

“Habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. 

9. A quiénes espiaban

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros-. 

Entre los jueces, se encuentran Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Hornos y Borinsky; Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; Rodolfo Canicoba, Sebastián Casanello, Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone.

La lista sigue con Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Camaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky, entre otros políticos.

Además, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión, Nicolás Kreplak.

Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, Pablo Duggan, Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc.

Entre los artistas, Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“Dipy”) y entre los dirigentes sociales, Juan Grabois y Milagro Sala. También Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio, Claudio Tapia, Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

10. ¿Hay una organización detrás de Zanchetta y el hacker misionero?

El fiscal Pollicita, en sus dictámenes, habla de “la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso -en un supuesto- haciendo requerimientos de dinero a su nombre.

Sin embargo, esta línea de investigación está en proceso.

ED/DTC

Fabián “Conu” Rodríguez, el funcionario de La Cámpora involucrado en una causa por espionaje ilegal, dijo hoy que no tiene “nada que ver” con la acusación en su contra, tras detectarse un intercambio de chats entre él y un agente inorgánico de inteligencia Ariel Zanchetta. Lo hizo al ingresar a los tribunales federales de Comodoro Py, donde tras negarse a declarar, dejó su teléfono celular Samsung Galaxy S-20 y la clave para permitir el acceso al dispositivo.

También dijo, con respecto a aplicaciones como WhatsApp, que pueden requerir verificación cada 15 días, que él está dispuesto a brindarlas, así como lo hizo con la del sistema de mensajería Telegram. Además, entregó su pasaporte, ya que rige sobre él una prohibición para salir al exterior. En paralelo, sus abogados pidieron la devolución de algunos dispositivos secuestrados que, según dijeron, pertenecen a sus hijas, esposa y suegra. .

Rodríguez está imputado con motivo de los mensajes de chat que, supuestamente, intercambió con Zanchetta, ex sargento de la Policía Federal, a quien le encomendaba realizar tareas sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en lo que hace a espionaje ilegal.

El fiscal Gerardo Pollicita había pedido su detención, ya que cuando se allanaron sus oficinas en la AFIP, donde es funcionario, y su domicilio particular, “Conu” no estaba presente, por lo que no se encontró tampoco el teléfono de uso diario. Pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi negó la detención este jueves, aunque le impuso una prohibición para salida del país. Rodríguez dijo hoy que el día del allanamiento en su domicilio no estuvo presente porque tenía una cita médica programada.

Rodríguez por ahora está imputado y el juez tampoco hizo lugar a un llamado a indagatoria en lo inmediato, algo que será apelado por Pollicita a la Cámara Federal, así como la denegatoria de la detención que había solicitado.

Zanchetta es un ex policía que para el fiscal se ha transformado en un agente inorgánico de inteligencia y llegó a espiar a 1.200 personas, entre ellas jueces, políticos, periodistas y sindicalistas. De acuerdo con la investigación, en octubre de 2022 fue cuando chateó con Rodríguez y éste le hizo llegar información personal sobre la ministra Tolosa Paz. Más temprano este viernes, Pollicita anticipó que apelará la denegatoria de detención sobre el funcionario de La Cámpora.

En los allanamientos a las oficinas de la AFIP de Rodríguez y en su domicilio particular, la Policía Federal se llevó nueve teléfonos celulares y 13 computadoras, pero en los dos operativos Rodríguez no estaba. La sospecha es que dejó las oficinas de la AFIP poco antes de que tuviera lugar el procedimiento y se llevó con él su teléfono de uso diario.

La apelación del fiscal será ante la Cámara Federal porteña. Finalmente, fuentes del caso indicaron que el juez, antes de citarlo a indagatoria, quiere contar con el resultado de las pericias sobre su teléfono y computadoras.

MM con información de NA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este jueves el pedido de detención contra Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dirigente de La Cámpora, informó una fuente de la investigación a elDiarioAR. El subdirector del fisco se presentó este jueves con su abogado defensor en el expediente y el juez le prohibió salir del país. El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la detención y su declaración indagatoria de Rodríguez por presunto espionaje ilegal.

Rodríguez fue allanado el lunes último a pedido del fiscal, quien detectó que el funcionario había encargado supuesta tareas de inteligencia ilegal al expolicía Ariel Zanchetta, acusado de los delitos de violación del secreto y de la privacidad y supuesta tentativa de defraudación.

La fiscalía había argumentado que Rodríguez no se encontraba en los sitios allanados, por lo que su teléfono personal no pudo ser secuestrado. Desde entonces, Rodríguez debió presentarse ante la Justicia y nombrar abogado defensor, algo que no sucedió hasta este jueves y desactivó así el pedido de la fiscalía.

El juez del caso basó su rechazó al pedido de detención en la presentación de Rodríguez ante la Justicia, pero le prohibió salir del país, informó la fuente de la causa. 

El magistrado también rechazó el pedido del fiscal para volver a allanar el domicilio particular y laboral de Rodríguez, quien es subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP, “a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación, de conformidad con los fundamentos que se explicarán en esta presentación”.

Durante los procedimientos del lunes en su casa, la Gendarmería secuestró 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil.

“En concreto, según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”, sostuvo Pollicita al solicitar la indagatoria del funcionario.

“Las evidencias digitales halladas demostraban que las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial”, afirmó el fiscal en el pedido de detención. “Se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”, agregó Pollicita.

El juez Martínez de Giorgi solicitó al fiscal analizar toda la información secuestrada y extraída de los dispositivos secuestrados antes de indagar a Rodríguez.

Este miércoles, Pollicita envió información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Rodríguez quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Los “partes”

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictámen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

El encargo que más compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales,

monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel“, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/MG

Tras la pista de la pauta oficial, el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga hasta dónde llegan la red de contactos y el financiamiento estatal al expolicía Ariel Zanchetta, procesado y detenido por realizar espionaje presuntamente ilegal y operaciones políticas a través del sitio web EnClave.ar, informaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

Hasta el momento, el fiscal tiene identificado al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y número dos de la estructura comunicacional de La Cámpora, quien le garantizó a Zanchetta una pauta de casi $2.000.000 de la provincia de Buenos Aires a cambio de “partes” de inteligencia y operaciones de prensa. 

El expolicía y supuesto espía, quien aseguró a la Justicia que es periodista, es uno de los imputados en una causa centrada en tareas de presunto espionaje y hackeo a jueces, políticos, periodistas y sindicalistas. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también procesó y detuvo al misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, acusado del hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este miércoles, Pollicita obtuvo información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar y envió el material a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

Este lunes, el juez Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en el domicilio y la oficina de Rodríguez en la AFIP. En su casa, se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien hasta este miércoles por la tarde no había presentado abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El encargo que compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

El submundo del espionaje ilegal volvió a emerger a la superficie con el nuevo escándalo mediático de la semana y expuso, nuevamente, el funcionamiento de una “comunidad informativa” al servicio de funcionarios, candidatos y estudios jurídicos. Un submundo en donde proliferan seudoperiodistas, policías, hackers e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Un ecosistema desordenado, desprolijo, sin un jefe que organice -como en otras épocas-, sin verticalidad. Armadores de “carpetas” al mejor postor. Fuego amigo o enemigo. Oficialismo y oposición. Nunca ajeno a las campañas electorales e internas políticas. Así lo explicaron a elDiarioAR fuentes y documentos judiciales, investigadores, víctimas y contactos de estos cuentapropistas del espionaje ilegal. 

Una de esas redes quedó en evidencia esta semana en un caso que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita y que expuso el funcionamiento y los contactos de Ariel Zanchetta, un ex policía federal. Zanchetta -quien asegura ser periodista, escribe en sitios web y cobraba pauta oficial- entregaba información sobre personalidades públicas al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y previamente encargado del área de prensa de Carlos Castagneto, titular de AFIP.

El funcionario es uno de los referentes de comunicación de La Cámpora, espacio que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y encargado durante años de la asignación de pauta oficial, confirmó una fuente del kirchnerismo a elDiarioAR. Este lunes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en su domicilio y su oficina en la AFIP. En la casa de Rodríguez se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. 

En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien aún no presentó abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que hubo intercambio de dinero público entre el funcionario y el supuesto periodista a cambio de tareas de supuesto espionaje. El funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por $200.000 mensuales a cambio de que el expolicía armara “partes” y luego publicara “notas”. El dinero público fue asignado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El caso que más compromete a Rodríguez es el encargo que le hizo a Zanchetta para investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web, EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. El “operador” cumplió con ambas tareas, según determinó el fiscal Pollicita en uno de sus dictámenes. 

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

¿Cómo funciona el negocio de los seudoperiodistas y el espionaje ilegal? elDiarioAR consultó a un exfuncionario que los padeció y quien explica que hay distintos servicios y métodos. La mayoría de las veces, en los casos más sofisticados, requieren ser parte de la “comunidad informativa”.

“Comunidad informativa”

Ariel Zanchetta se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), luego AFI, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015, de acuerdo a la información reunida por la fiscalía.

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— y habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado este lunes, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, que dejó de actualizar su página tras la detención del expolicía.

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos. Hay decenas de portales de seudonoticias como el que se le atribuye.

Algunos trabajan por encargo, como en el caso del “parte Tolosa Paz”; otros son más emprendedores y generan sus potenciales clientes. Arman los “partes” o “carpetas” e intentan “venderlas” a los investigados. “Primero te publican una operación de poca monta en su sitio web, por ejemplo, algo sobre la vida personal. Después te hacen llegar o te comunican que tienen otra cosa más importante o que puede generar mayores problemas y ahí es cuando te piden plata, en negro o en forma de pauta oficial”, explicó un exfuncionario a este medio.

No se trata de grandes espías sino personas del sistema con red de contactos personales: alguien en la Dirección de Migraciones con clave de acceso; o en el Registro de la Propiedad Inmueble; o en el Registro Automotor. Eso es lo que se llama formar parte de la “comunidad informativa”, explican en la Policía Federal, que permite el intercambio de información de bases de datos oficiales y confidenciales. Pero en lugar de ser al servicio de un fin oficial, es para un fin privado y de lucro. Los estudios jurídicos también los utilizan como fuente de información, explicó la fuente.

“La AFIP siempre fue el fuerte de la comunidad informativa de estos tipos porque ahí sí conseguían data más sofisticada”, explica el exfuncionario. Desde consumo de tarjetas de crédito hasta deudas y declaraciones patrimoniales.

“Son servicios al mejor postor. Antes este tipo de espionaje lo hacía el propio Estado a través de la exSIDE, ahora se terceriza”, explicó uno de los investigadores. “El caso de Tolosa Paz es el que mejor demuestra cómo trabajan. Es la punta del ovillo de una operación política, en el marco de una interna dentro del oficialismo”, agregó la fuente consultada.

“El policía es el eslabón más débil, el primero que cae cuando estas redes salen a la luz”, asegura una fuente en la fuerza. El nivel, además, deja que desear, dice el bien entendido. “Espían mal y dejan los dedos pegados”. Zanchetta tenía en sus dispositivos capturas de los chats que lo comprometían.

Efecto Tailhade

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aparece en los chats de Zanchetta. Conocido por su rol de alto perfil en el juicio político contra la Corte Suprema, las denuncias contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se convirtió esta semana en blanco de las críticas de la oposición y de un sector de los medios. Rápidamente, Juntos por el Cambio (JxC) capitalizó una serie de datos publicados en crónicas periodísticas en las que exponían conversaciones entre un expolicía detenido y procesado en el caso y el diputado. 

Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade del mismo modo en que lo hicieron con Rodríguez, debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero. 

Sin embargo, en conferencia de prensa, Juntos por el Cambio solicitó que Tailhade sea investigado en la comisión bicameral de Inteligencia. Durante la tarde de este lunes trascendió que pedirían el desafuero del legislador pero el diputado no tiene orden judicial de allanamientos ni detención en su contra. Tampoco fue citado a declarar, ni como testigo ni como imputado. Está siendo investigado, informó una fuente con acceso directo a la causa.

Tailhade dijo en una entrevista en la radio AM750: “Esto es una operación de la mafia”. Aseguró que se trata de una “operación” de “(Silvio) Robles y (Horacio) Rosatti”. “Ese es el verdadero origen de todo esto. Ya sea judicial o mediático. Ellos armaron esta operación berreta”, afirmó Tailhade. Se refiere al juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y a su mano derecha y vocero, Robles, a quien Tailhade interrogó en la comisión de Juicio Político, en el marco del proceso contra los jueces del máximo tribunal. 

La causa contra Zanchetta tiene a otro procesado y detenido, el misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, a quien se le adjudica en la Justicia el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Robles también fue blanco de un intento de hackeo de Pinheiro y pidió ser querellante en el expediente.

Zanchetta “obtuvo y almacenó datos personales” sobre decenas de personalidades públicas, entre ellos, Rosatti y sus colegas de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de Hornos y Borinsky; de los también jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También de Silvio Robles, dice uno de los dictámenes del fiscal Pollicita.

“No sé quién es (Zanchetta) -respondió Tailhade-. Nunca lo vi. Tengo tres mensajes de él. Dos contestados con un ‘gracias’ y otro sin contestar. Y después en WhatsApp tenía un montón de notas que me iba mandando. Pero no tenía una relación ni por qué sospechar”. “Se presentaba como periodista. Verifiqué el medio, era de Junín. Nunca me pareció demasiado serio y por eso no le presté atención. Pero tengo cero miedo a la mafia de Comodoro Py. Voy a seguir adelante con esto. Todas las conversaciones que me mandaba supongo que se pueden rescatar desde la nube o algún lugar”.

“Hace 17 días le pedí a Martínez de Giorgi que si consideraba que me tenía que citar, me cite de inédito. Nunca me llamó. No sé si querrá que pasen seis años, como pasó en Parques Eólicos, como le pasó a Macri”, se quejó contra el juez de la causa.

ED/DTC

A 13 días del balotaje, allanaron a un funcionario kirchnerista por haber mantenido conversaciones con el ex policía, Ariel Zanchetta, imputado y preso por espionaje ilegal a jueces y miembros de la Corte Suprema. Se trata de Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, actual Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ex subsecretario de Coordinación de Medios del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La Gendarmería estuvo a cargo del allanamiento a la oficina y casa del funcionario oficialista, proceso impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y autorizado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La decisión se tomó luego de que se descubrieran chats del 9 de octubre de 2022 entre el ex oficial de las fuerzas de seguridad y el integrante de La Cámpora en los que apuntaban contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, según indica Infobae.com.

Durante el allanamiento, se lograron secuestrar computadoras y documentos que podrían ser analizados en el marco de la investigación por espionaje ilegal a miembros del Poder Judicial. Sin embargo, no se pudo incautar el celular personal del funcionario dado que no se encontraba presente en su lugar de trabajo o su domicilio cuando Gendarmería arribó.

Rodríguez no es el único referente del kirchnerismo con el que ha mantenido conversaciones Zanchetta. Según revelan los chats del celular del ex policía imputado, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade habría recibido de su parte los nombres de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte contra la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, e información sobre el senador de Propuesta Republicana (PRO) Luis Juez.

Dados los recientes hallazgos, el fiscal Pollicita solicitó una nueva indagatoria para Zanchetta, imputado por haber violado la ley de inteligencia entre 2016 y 2023, año en que fue arrestado por haber buscado información del juez de Casación Mariano Borinsky en la base Sudamericana Data el mismo día en que su teléfono resultó hackeado. Precisamente este último hecho ─junto al hackeo del dispositivo móvil de su par Gustavo Hornos y Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los letrados que llevaban adelante un juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner─ fue una de las causas por las que se decidió abrir una investigación por espionaje ilegal contra múltiples magistrados.

En este marco, inicialmente se detuvo a Ezequiel Núñes Pinheiro, quien había sido contactado por un tercero cuya identidad se desconoce para hackear los celulares de tales jueces, además del diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli, y el ex jefe de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. La información obtenida del teléfono de este último funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta permitió exponer el encuentro en Lago Escondido y constituyó un pilar fundamental para que el oficialismo instalara en la agenda legislativa el juicio político a la Corte Suprema.

Miembros de esta institución también vieron violada su privacidad: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti habían sido investigados por Zanchetta, al igual que los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ernesto Kreplak y el colaborador de Rosatti, Silvio Robles. A partir de esta investigación, se logró descubrir también la recolección de datos, incluso mediante fuentes clandestinas, sobre políticos opositores y sus allegados. Tal información incluye, pero no se limita a opiniones políticas y religiosas, relaciones íntimas, fotografías, patrimonio dentro y fuera del país y antecedentes penales.

En este sentido, y según señaló Infobae, el fiscal Pollicita considera que existen pruebas suficientes para determinar que el ex policía “obtuvo y reunió grandes volúmenes de información y datos sobre miles de personas, a través de múltiples y variados medios, incluyendo el acceso ilegítimo a bases de datos, la filmación subrepticia de 'objetivos' (a pedido de terceras partes) mediante 'cámaras ocultas' y la obtención de información a través de 'informantes' o de 'medios propios y auscultaciones practicadas de fuentes confiables”.

ACM