Tres causas judiciales marcaron la campaña que llegó a su fin este jueves, 72 horas antes de la elección presidencial del domingo. Uno de los expedientes expuso la presunta corrupción en la recaudación de la política y el saqueo de fondos públicos. Un dirigente vinculado al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, está relacionado directamente con la maniobra. 

El segundo expediente dejó en evidencia los lujos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de paseo en yate por el Mediterráneo con su novia y vacaciones en Marbella. Mientras que el tercer legajo sacó a la luz los nexos de un hombre clave de La Cámpora con presuntos servicios de inteligencia ilegal para realizar operaciones políticas y que dejó a la organización por primera vez en el centro de un expediente de alto voltaje político.

Tanto el caso de las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau como las vacaciones de Insaurralde y las “carpetas” de Fabián “Conu” Rodríguez tienen sus particularidades pero también puntos en común: exhibieron lo que preliminarmente resume viejas y condenables prácticas de la clase política; en los tres casos quedaron expuestos sectores políticos del oficialismo -el peronismo, el massismo y el kirchnerismo-; y en principio no parecieron tener un impacto determinante en los resultados de la primera vuelta electoral.

Chocolate y el massismo 

Fue el primer caso que emergió durante la campaña y sin dudas, el que más vaivenes ha sufrido hasta el momento. Julio “Chocolate” Rigau trabajaba como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense pero oficiaba como puntero político. El 9 de septiembre último fue denunciado por un hombre que presenció cuando se encontraba en un cajero automático de un Banco Provincia, en pleno centro de la ciudad de La Plata, retirando gran cantidad de efectivo con numerosas tarjetas de débito. Cuando la policía lo requisó, Rigau tenía 49 tarjetas en su poder a nombre de otras personas. 

De la investigación surgió que los titulares de las mismas cobraban sueldos de unos $500.000 de la legislatura provincial. Había desde contratados del Frente de Todos, el Frente Renovador y Juntos por el Cambio, como informó elDiarioAR.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, dirigente de confianza de Insaurralde y quien ganó la intendencia de Lomas de Zamora en octubre último.

La fiscal Betina Lacky comenzó a investigar una presunta defraudación a la administración pública hasta que a mediados de septiembre último, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró nula la causa por un tecnicismo jurídico. Rigau, que había quedado detenido, recuperó su libertad.

Lacky sospechaba que estaba frente a algo mucho más grande: una asociación ilícita para defraudar al Estado y financiar de manera ilegal la política y en la que Rigau era un peón. Sospechaba también que la maniobra implicaba la contratación de empleados en la Legislatura que en realidad no cumplen tareas ni brindan servicios y que sus sueldos van a la caja de la política. Se basó en parte en los testimonios de algunos de los titulares de las tarjetas de débito secuestradas a Rigau, quienes declararon que desconocían quiénes los habían nombrado como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

Once días antes de la primera vuelta electoral, la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación y la fiscal solicitó la detención del puntero y el secuestro de su celular para un peritaje. 

Los chats y hallazgos en su teléfono condujeron a los investigadores directamente hacia dos hombres clave en la Legislatura bonaerense: el concejal platense Facundo Albini, del massista Frente Renovador (Unión por la Patria) y su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De los diálogos surge que Rigau cobraba $200.000 mensuales por sacar dinero de los cajeros y que respondería a dichos dirigentes políticos.

En la último semana, la fiscal y la querella, que representa Poder Ciudadano, solicitaron la prisión preventiva de Rigau, que ya está detenido en la causa. La ONG también solicitó la detención de los Albini. El juez debe decidir pero hasta momento no ha fallado sobre los pedidos. El tiempo es vital para la fiscalía: necesita recuperar el contenido de los teléfonos de los Albini para continuar la investigación hacia arriba en la cadena de responsabilidades.

Insaurralde en el Mediterráneo

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Costo del pasaje: US$8.139,30. Medio de pago: una tarjeta American Express de Estados Unidos.

Insaurralde iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje por el Mediterráneo en un yate alquilado para media jornada con tres botellas de champagne.

El caso salió a la luz a finales de septiembre, cuando Clerici posteó en la red social Instagram fotografías de su pareja a bordo de la embarcación, sirviendo dos copas a pleno sol.

El fiscal imputó a Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio, ex esposa del funcionario, por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El primer juez de la causa, Federico Villena (Lomas de Zamora) debió apartarse tras la denuncia del fiscal Sergio Mola por una presunta amistad con el funcionario investigado. El expediente quedó entonces a cargo de Ernesto Kreplak, quien subroga uno de los juzgados federales del partido bonaerense.

La mujer dijo en declaraciones públicas que el yate “se lo prestó un amigo” de ella. Sin embargo, en el expediente consta que el alquiler del yate “Bandido” costó unos 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella costó unos 24.000 euros, de acuerdo a la información enviada por España. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. 

Insaurralde debió renunciar al cargo en el gobierno de Axel Kicillof en plena campaña hacia las elecciones generales de octubre pero no renunció a la intendencia de su municipio, aunque mantuvo la licencia. Su aliado, Otermín, ganaría la elección. Kicillof renovó mandato con amplia diferencia de votos con respecto a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (LLA).

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak allanó siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici después de las elecciones de octubre. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos en la casa de Clerici, cuyo origen deberá explicar. El dinero fue encontrado en una unidad distinta a la que habitaba los días anteriores. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

Los policías secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Además de la reciente mudanza de Clerici de una vivienda a otra en el mismo barrio los días previos al allanamiento, los investigadores tienen otros datos sospechosos. Creen que el teléfono que entregó la mujer como su celular personal no es el real.

Tampoco se pudo dar con Insaurralde, su teléfono personal y su computadora personal durante los allanamientos a distintos domicilios. Se secuestraron igualmente algunos dispositivos en una de las viviendas. Tras ser intimado por el juzgado a declarar su domicilio real, el funcionario dijo que habita uno de los domicilios allanados, en la localidad de Banfield.

Tras la filtración de las fotos de los procedimientos, el juez Kreplak apartó a la Federal y encomendó las tareas de investigación a la Gendarmería, que la semana próxima comenzará con las pericias informáticas de todos los dispositivos secuestrados. 

Otra suspicacia en la investigación: en los últimos días, el juez ordenó a pedido del fiscal Mola procedimientos en el Casino Victoria, en la provincia de Entre Ríos, un empresa de Daniel Mautone, anunciante de un programa de televisión realizado por Cirio en el pasado. El fiscal sospecha que el pago de publicidad podría encubrir pagos ilegales a Insaurralde, quien tenía en su esfera bonaerense el control de los casinos y bingos. Cuando recibieron la documentación el resultado que observaron los investigadores fue que los pagos del casino anunciante eran de cero pesos. Se investiga a qué se debe esa circunstancia.

Los “partes” de Zanchetta

El expediente se centra en el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. Uno de los casos tiene como protagonista a Ariel Zanchetta, un expolicía, exagente de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, acusado de armar “partes” de inteligencia ilegales para al menos un funcionario público, Fabián “Conu” Rodríguez, número dos en la estructura de comunicación de La Cámpora y subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

La sospecha central de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces en las mismas fechas en las que las víctimas perdieron control de sus líneas de teléfono u otras líneas fueron creadas a su nombre.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que lo vinculan al “Conu” Rodríguez. 

También surgieron tres conversaciones entre Zanchetta y el diputado Rodolfo Tailhade, pero aún no surgió la posible comisión de delitos en su caso.

Rodríguez es un capítulo más delicado. El fiscal pidió su indagatoria y detención pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por el momento, sólo le prohibió salir del país. El funcionario se presentó a entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje, varios días después de los allanamientos en su casa y oficina en la AFIP. 

El nombre de Rodríguez surgió en el expediente porque Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, que estaban configurados para ser borrados. En la conversación, el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández dejaba trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

Esa prestación se pagó con fondos públicos, según la fiscalía. En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido. En total, cobró casi $2.000.000.

Zanchetta sostuvo durante su declaración indagatoria que ejercía como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

Entre las tareas que Zanchetta realizaba la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín. “Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

En la investigación de Pollicita se hallaron otros pagos a Zanchetta, como los de la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023, cuando ya no estaba publicando. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

La causa por espionaje ilegal contra jueces, sindicalistas, empresarios y dirigentes políticos continúa sumando querellantes: este lunes, el ex presidente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri se presentó ante la Justicia para solicitar su incorporación a la investigación. Ya se habían presentado como querellantes el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, los diputados nacionales de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade y Máximo Kirchner y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.

Todos ellos argumentaron que debían ser tenidos en cuenta en la causa dado que, según trascendidos periodísticos, habrían sido víctimas del ex policía imputado Ariel Zanchetta. Además, sus nombres figuran en el dictamen de casi 150 páginas formulado por el fiscal a cargo de la investigación, Gerardo Pollicita, en base a un informe de un organismo técnico que depende de la Corte Suprema: la DAJUDECO.

Macri, sin embargo, no aparece en dicho documento. Quien sí figura como presunta víctima del espionaje ilegal de Zanchetta es su primo y jefe de gobierno electo por Juntos por el Cambio, Jorge Macri.

Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá decidir si acepta a los mencionados dirigentes como querellantes de la causa. En caso de autorizarlos, los referentes podrán acceder al expediente digital, proponer medidas de prueba y sugerir caminos de investigación, de modo que adoptarían un papel activo en la causa.

De ser rechazado su pedido, tanto Macri como las demás personalidades de la política y el periodismo que solicitaron ser parte de la causa podrán apelar la decisión del juez ante la Cámara Federal, la Cámara de Casación e incluso, la Corte Suprema.

ACM con información de agencias.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner pidió este lunes acceso a la información sobre su persona en la investigación por espionaje ilegal en la que está detenido el expolicía Ariel Zanchetta, tras tomar conocimiento de que habría sido víctima de “acciones de inteligencia prohibida” y poder así ejercer el rol de querellante en el caso.

Lo hizo a través de un escrito presentado de manera electrónica ante el juez federal Marcelo Martínez De Giogi y firmado por él y dos abogados, Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal.

“Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”, refirió en el texto.

La petición se basa en “la vasta doctrina sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales”, agregó en el escrito de una carilla recibido en los tribunales federales de Retiro.

En la causa es investigado el subdirector de Servicio al Contribuyente de AFIP, Néstor Fabián Rodríguez, quien el viernes último se presentó de manera espontánea en Comodoro Py 2002 para ponerse a disposición del juzgado y entregó su teléfono celular y su pasaporte, a raíz del hallazgo de comunicaciones suyas con el detenido Zanchetta, un expolicía que se presentaba como periodista y está acusado de espionaje ilegal.

El detenido quedó bajo la lupa del Poder Judicial en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema.

En la causa también está detenido el joven misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes expedientes vinculados a hackeos, y reconoció haber hecho maniobras de duplicación de SIM.

Los investigadores llegaron a Zanchetta y lo detuvieron a mitad de este año en la ciudad bonaerense de Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes a la compañía Sudamericadata, que funcionaba de forma irregular para prestar el servicio similar a la base Nosis, según indicaron fuentes judiciales, sobre distintos jueces, como los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La coincidencia temporal de las búsquedas con los intentos de hackeos o de activación irregular de líneas a nombre de jueces hizo que los investigadores sospecharan de un posible vinculo entre Zanchetta y Nuñez Pinheiro del que no hay ningún otro indicio en el expediente.

Con domicilio en la ciudad bonaerense de Junín, el historial reciente de Zanchetta incluye además un pedido de información a la empresa Sudamericadata sobre el comisario mayor Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esa solicitud de información se realizó el día anterior al intento de magnicidio contra la expresidenta.

En la investigación también pidió ser querellante el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, mencionado al igual que Máximo Kirchner como víctima de las maniobras de espionaje ilegal que se investigan.

Con información de agencias.

IG

En un nuevo capítulo del espionaje ilegal, un expediente venía creciendo con bajo perfil en los tribunales federales de Comodoro Py. En dicha causa se investigan varios casos de hackeo, robo de líneas de teléfono celular y armado de operaciones de prensa contra jueces y funcionarios de la Corte y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

De fondo, resurgió un ecosistema integrado por seudoperiodistas, policías, hackers y agentes inorgánicos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) que trabajan al servicio del mejor postor.

Estas son diez respuestas sobre el caso que en el que se centró la agenda judicial de la semana y que abrió un nuevo frente para el kirchnerismo en los tribunales.

1. El caso

Es un expediente que forma parte de un conjunto de causas conectadas con el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. El caso contra Ariel Zanchetta fue iniciado de oficio por el fiscal Gerardo Pollicita el 15 de septiembre último, luego del análisis preliminar de algunos dispositivos electrónicos incautados en el domicilio particular del expolicía. Allí se hallaron los “partes” de inteligencia y los chats que comprometieron a Zanchetta en el presunto espionaje ilegal. 

La sospecha central de la fiscalía es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces que ese mismo día perdieron control de sus líneas de teléfono.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que salieron a la luz la semana última. Son los resultados preliminares.

2. Quién es Ariel Pedro Zanchetta

Expolicía federal, exagente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, de acuerdo con el curriculum vitae que se halló en su computadora. Se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la SIDE, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015.

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. 

La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Está acusado de delitos de violación de secreto y de la privacidad, además de presunta defraudación en tentativa. 

3. Para quién trabajaba Zanchetta

Hasta el momento, de los chat surge que Zanchetta “reportaba” -utiliza esa palabra en las conversaciones- a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez. Sin embargo, la fiscalía no descarta otros vínculos con el poder político a lo largo de los últimos años. 

En la investigación de Pollicita se hallaron otros presuntos clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

4. Quién es Fabián “Conu” Rodríguez 

Número dos del área de comunicación de La Cámpora, después de Hernán Reibel, vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rodríguez es referente de la organización kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Pollicita lo acusó en la causa de violación de la Ley de Inteligencia al tratarse de un funcionario público que habría encargado tareas de espionaje ilegal. Este viernes se presentó ante la Justicia y dijo que no tiene “nada que ver”.

En julio de 2015 fue nombrado presidente de Télam, la agencia oficial de noticias y encargada de la distribución de la pauta oficial de la Nación, un cargo de alto nivel político y poder económico. En Télam se decide quién cobra la publicidad oficial y cuándo la cobra o no.

En diciembre de 2019 asumió como subsecretario de Coordinación de Medios de la provincia de Buenos Aires. De allí, donde manejó la publicidad oficial del gobierno de Axel Kicillof, desembarcó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando asumió su mando Carlos Castagneto, un aliado de Fernández de Kirchner. En una primera etapa quedó a cargo de la comunicación del organismo y luego fue nombrado subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

5. Cómo se financiaba

“Conu” Rodríguez cae en la mira de la Justicia en parte por este punto. Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, en los que el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández deja trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

Hasta el momento, la fiscalía sólo pudo recuperar la conversación fotografiada por Zanchetta, ya que que el chat entre él y Rodríguez estaba configurada para que se borraran automáticamente en un día. 

6. Qué hay sobre el diputado Rodolfo Tailhade en el expediente

Aparece manteniendo al menos tres chats con Zanchetta. Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade -como sí lo hicieron sobre Rodríguez- debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero.  Tailhade afirmó que los únicos chats que le respondió a Zanchetta son las tres conversaciones que se hicieron públicas. Sin embargo, “está siendo investigado”, aseguró una fuente directa de la causa a elDiarioAR.

En los chats, Zanchetta le ofrece información sobre las causas judiciales contra Elisa Carrió en un archivo que Tailhade afirmó que nunca abrió; información sobre Luis Juez, que el diputado dice que solicitó pero nunca recibió; y una tercera conversación en la que el expolicía le pasó el link público con los chats hackeados del caso Lago Escondido, que habían salido publicados ese domingo previamente, dijo el diputado. 

Tailhade afirma que Zanchetta se presentó como “periodista” y que se lo presentó alguien de su espacio político. Pidió ser querellante en la causa debido a que trascendió que está entre los políticos sobre los que Zanchetta reunió información sensible de las bases de datos que consultaba. La oposición solicitó su apartamiento de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante el proceso contra los jueces de la Corte.

7. Qué tiene que ver Zanchetta con el hackeo a los jueces y al exministro de Seguridad porteño

No está claro aún para los investigadores, pero se indaga sobre un nexo entre el expolicía y el misionero acusado. Ese hackeo se realizó en la provincia de Misiones y fue instrumentado a través de tarjetas SIM gemelas por el joven misionero Ezequiel Núñes Pinheiro, a quien se le adjudicó el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Otra línea de investigación es la que originó la denuncia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti: la creación de líneas de teléfono a su nombre. 

Núñes Pinheiro declaró ante la Justicia que realizó los hackeos a pedido de una persona que lo contactó por la aplicación de mensajería Telegram, al que dijo desconocer. Recibió un pago en criptomonedas pero aún no se conoce quién fue el autor del pago y del encargo.

Para realizar el hackeo en 2022, se necesitaban secuestrar las líneas de teléfono con tarjetas SIM gemelas que les permitieran ingresar al contenido de Whatsapp, Telegram y otras aplicaciones, tomar la información y desactivar el secuestro virtual. Para secuestrar las líneas necesitaban claves de acceso y para descifrarlas utilizaron bases de datos con información que se suele utilizar como clave: fechas de cumpleaños, por ejemplo, direcciones, nombres de los hijos, entre otros datos.

Zanchetta realizó unas 2.000 búsquedas en 2022. Una de ellas a Rosatti, pero también a otros jueces, políticos y sindicalistas en las fechas de los hackeos o procedimientos ilegales sobre las líneas. Se cree que podría haber sido el proveedor de datos esenciales para cumplir el objetivo descrito. En dicha base de datos se pueden obtener los números de teléfonos celulares. Zanchetta dijo que buscó los datos para su trabajo periodístico. 

8. Qué tipo de tareas de inteligencia realizaban

Entre las tareas que realizaba por encargo, la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín.

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

“Habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. 

9. A quiénes espiaban

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros-. 

Entre los jueces, se encuentran Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Hornos y Borinsky; Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; Rodolfo Canicoba, Sebastián Casanello, Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone.

La lista sigue con Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Camaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky, entre otros políticos.

Además, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión, Nicolás Kreplak.

Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, Pablo Duggan, Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc.

Entre los artistas, Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“Dipy”) y entre los dirigentes sociales, Juan Grabois y Milagro Sala. También Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio, Claudio Tapia, Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

10. ¿Hay una organización detrás de Zanchetta y el hacker misionero?

El fiscal Pollicita, en sus dictámenes, habla de “la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso -en un supuesto- haciendo requerimientos de dinero a su nombre.

Sin embargo, esta línea de investigación está en proceso.

ED/DTC

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se presentó este jueves como querellante en la causa por espionaje ilegal a jueces y dirigentes políticos. El funcionario del gobierno de Alberto Fernández habría sido una de las víctimas de Ariel Zanchetta, el ex policía que recopilaba y vendía información de personalidades de la política, el periodismo, el empresariado y el sindicalismo.

De Pedro presentó esta tarde un escrito ante el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, para “poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización” en la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.

Trascendidos periodísticos revelaron que Zanchetta tenía en su poder 1.196 informes de inteligencia en los que guardaba datos de funcionarios judiciales y políticos tanto del oficialismo como de la oposición. Los candidatos presidenciales que se enfrentarán el domingo 19 de noviembre en el balotaje, el ministro de Economía Sergio Massa (Unión por la Patria) y el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza), son sólo dos de los dirigentes espiados.

En lo que respecta al oficialismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner también figuran entre sus víctimas. En tanto, del bloque opositor, destacan el jefe de gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires y ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, el diputado nacional y ex precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, y el intendente de La Plata, Julio Garro.

ACM

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este jueves el pedido de detención contra Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dirigente de La Cámpora, informó una fuente de la investigación a elDiarioAR. El subdirector del fisco se presentó este jueves con su abogado defensor en el expediente y el juez le prohibió salir del país. El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la detención y su declaración indagatoria de Rodríguez por presunto espionaje ilegal.

Rodríguez fue allanado el lunes último a pedido del fiscal, quien detectó que el funcionario había encargado supuesta tareas de inteligencia ilegal al expolicía Ariel Zanchetta, acusado de los delitos de violación del secreto y de la privacidad y supuesta tentativa de defraudación.

La fiscalía había argumentado que Rodríguez no se encontraba en los sitios allanados, por lo que su teléfono personal no pudo ser secuestrado. Desde entonces, Rodríguez debió presentarse ante la Justicia y nombrar abogado defensor, algo que no sucedió hasta este jueves y desactivó así el pedido de la fiscalía.

El juez del caso basó su rechazó al pedido de detención en la presentación de Rodríguez ante la Justicia, pero le prohibió salir del país, informó la fuente de la causa. 

El magistrado también rechazó el pedido del fiscal para volver a allanar el domicilio particular y laboral de Rodríguez, quien es subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP, “a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación, de conformidad con los fundamentos que se explicarán en esta presentación”.

Durante los procedimientos del lunes en su casa, la Gendarmería secuestró 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil.

“En concreto, según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”, sostuvo Pollicita al solicitar la indagatoria del funcionario.

“Las evidencias digitales halladas demostraban que las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial”, afirmó el fiscal en el pedido de detención. “Se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”, agregó Pollicita.

El juez Martínez de Giorgi solicitó al fiscal analizar toda la información secuestrada y extraída de los dispositivos secuestrados antes de indagar a Rodríguez.

Este miércoles, Pollicita envió información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Rodríguez quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Los “partes”

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictámen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

El encargo que más compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales,

monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel“, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/MG

Tras la pista de la pauta oficial, el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga hasta dónde llegan la red de contactos y el financiamiento estatal al expolicía Ariel Zanchetta, procesado y detenido por realizar espionaje presuntamente ilegal y operaciones políticas a través del sitio web EnClave.ar, informaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

Hasta el momento, el fiscal tiene identificado al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y número dos de la estructura comunicacional de La Cámpora, quien le garantizó a Zanchetta una pauta de casi $2.000.000 de la provincia de Buenos Aires a cambio de “partes” de inteligencia y operaciones de prensa. 

El expolicía y supuesto espía, quien aseguró a la Justicia que es periodista, es uno de los imputados en una causa centrada en tareas de presunto espionaje y hackeo a jueces, políticos, periodistas y sindicalistas. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también procesó y detuvo al misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, acusado del hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este miércoles, Pollicita obtuvo información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar y envió el material a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

Este lunes, el juez Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en el domicilio y la oficina de Rodríguez en la AFIP. En su casa, se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien hasta este miércoles por la tarde no había presentado abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El encargo que compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se presentó como “querellante” en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, jueces y otros personajes públicos por parte de un ex policía bonaerense calificado por la justicia como “agente inorgánico” de inteligencia.

El diputado oficialista sostiene que también él fue víctima de tareas de espionaje ilegal, pese a que la oposición lo responsabiliza como autor.

Tailhade se presentó “en la causa iniciada por denuncia de varios magistrados por presuntas acciones de inteligencia ilegal” y afirmó que “no hace falta brindar mayores detalles sobre las razones que fundamentan esta presentación”.

“Tan solo basta acudir a las portadas de los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro señalado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga en autos”, advirtió Tailhade.

Desde la oposición le pidieron el desafuero para que sea investigado por presunta obtención de datos privados de Elisa Carrió, Luis Juez y por la filtración de los chats de jueces, funcionarios porteños, fiscales y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido en octubre de 2022 invitados por dos directivos del Grupo Clarín.

“No hace falta enfatizar que en el dictamen de esta Fiscalía que ha trascendido a la opinión pública no me encuentro mencionado en ninguna de las 169 páginas que integran ese documento”, contrapuso el diputado oficialista.

“Sin embargo –reconoció-, sí es relevante determinar si en el Anexo I, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre”.

De esa manera, Tailhade aludió a un artículo periodístico que sostiene que “Entre los perfiles a los que entró Zanchetta”, -en alusión al ex policía Ariel Zanchetta, detenido por acciones de inteligencia ilegal- “se hallan los de los gobernadores … y del diputado oficialista Rodolfo Tailhade”.

“Solicito del Sr. Fiscal se me informe si en el Anexo I del dictamen ya indicado se encuentra una carpeta con información de inteligencia con mi nombre”, reclamó.

Previamente, Tailhade había señalado que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Zanchetta, quien se encuentra detenido en la causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y había adelantado que se presentaría como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

Tailhade, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

CRM con información de la agencia NA

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, pidió ser querellante en la investigación por espionaje ilegal por la que se encuentra detenido el ex miembro de la Policía Federal, Ariel Zanchetta. “Vengo a promover criminal querella contra Zanchetta y quienes sean sus cómplices, encubridores o instigadores”, planteó en un escrito entregado por su abogado Francisco Oneto al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Ahora, este magistrado deberá determinar si concede o no el rol de querellante a Milei y también a Carolina Píparo, que también presentó un pedido. En caso de autorizarlos, podrán formular acusaciones y tener acceso al expediente, así como también solicitar medidas de prueba.

El actual diputado nacional es una de las presuntas víctimas de las maniobras de espionaje ilegal contra jueces de la Corte Suprema y dirigentes de la oposición. Hasta ahora son 1.196 las víctimas del accionar de Zanchetta, por lo que se prevé que aparezcan nuevas pruebas en la causa. El ex policía, que se desempeñaba como periodista, producía y vendía información sobre jueces, políticos, sindicalistas y otras personalidades a referentes del kirchnerismo. Entre ellos, se destacan Fabián “Conu” Rodríguez, actual secretario de Atención al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ex subsecretario de Coordinación de Medios el Gobierno bonaerense, y el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

Al igual que Milei, el presidente Alberto Fernández, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa también se encuentran entre los políticos espiados.

ACM con información de agencias.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, consideró este miércoles que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Ariel Zanchetta, quien se encuentra detenido en una causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y adelantó que se presentará como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó este miércoles el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

El legislador, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Tailhade reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Tailhade también negó haber recibido en esos mensajes que le envió Zanchetta información sobre el juez de la Corte Suprema Carlos Rozenkrantz, que se encuentra acusado por mal desempeño en el juicio político que se le cursa al máximo tribunal en Diputados.

“Zanchetta me envió tres mensajes. En el primero me dice: 'Te envío una lista de causas de (la exdiputada Elisa) Carrió; un archivo que lo tengo guardado y que nunca abrí porque no me interesaba el tema. Además, sin prejuicio de eso son causas públicas. Luego dice que tiene información sobre (el senador) Luis Juez y le paso mi correo, pero nunca me envió nada. Por último, me pasó algo sobre la causa de Lago Escondido. Me pasa una información que había salido en los diarios ese día con lo cual no era nada confidencial. En eso consistió mi relación con Zanchetta”, reveló.

La entrevista completa

“Soy uno de los espiados por Zanchetta

“Ayer me di cuenta, como un pavo, mirando notas viejas sobre este tema, que, en julio pasado, en Infobae se publicó una nota firmada por Patricia Blanco, en la cual se cuenta que soy uno de los espiados (por Zanchetta). Me acabo de enterar que soy una de las 1196 carpetas que tenia este expolicía. Por eso me voy a presentar en el expediente como víctima, es decir como querellante”, adelantó Tailhade en su raid por los medios de este miércoles.

Y en ese sentido, el diputado agregó: “Es curioso porque ese dato nunca lo informaron a la fiscalía o al juzgado, desde donde dejaron trascender que tuve una vinculación con Zanchetta a través de esos mensajes”.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

No obstante, Tailhade insistió en ser objeto de una operación orquestada por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y su asesor, Silvio Robles, que intentan cerrar el proceso de remoción al máximo tribunal.  “Estoy va a terminar en la nada misma, con Tailhade como víctima de Zanchetta o del jefe de Zanchetta, que hay que averiguarlo”.

Asimismo, el dirigente kirchnerista negó estar vinculado con el mundo del espionaje ilegal: “No tengo absoluta nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a laburar, a investigar, a juntar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas”., concluyó.

Con información de agencias.

IG