Javier Milei busca completar la vacante que dejó la expulsión de Rodolfo Barra de la Procuración General de la Nación. El Presidente piensa designar como jefe de los abogados del Estados a un teórico libertario que tuvo mucho juego en la Justicia durante la época menemista y más allá. Se trata de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario de la Corte Suprema y exjuez federal.

El posible procurador tuvo este lunes en agenda una reunión con Santiago Caputo, el asesor presidencial estrella que maneja como un titiritero los hilos judiciales del mileísmo: está encima del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona, además de operar sobre la SIDE. El miembro del “triángulo de hierro” fue quien echó a Barra el viernes pasado, cuando Milei y su hermana Karina aún estaban de gira oficial en Europa. Sin embargo la confirmación de la designación deberá esperar a este martes.

 “Seguramente el Presidente llegará a una definición mañana por la mañana (por este martes). Hay más de un candidato para el cargo y se está evaluando”, consignó la agencia NA de una fuente reservada de Casa Rosada. Rojas pasó por la tarde por el edificio de Balcarce 50 y tuvo un breve encuentro con el asesor presidencial.   “El presidente Milei tiene una gran admiración desde hace muchos años hacia Rojas”, detalló el funcionario consultado. Pero de inmediato hizo alusión a una situación que hace dudar sobre si finalmente será el elegido para ese puesto: “Rojas es juez y el procurador por definición es abogado. Un abogado es parte en una situación judicial y el juez imparte justicia. Tiene que dejar de ser juez en lo conceptual”, planteó.

Si se confirma la llegada de Rojas al Gobierno, Milei habrá cambiado prácticamente un ultra por otro al frente de la tropa de abogados del Estado. Si Barra fue juez en la Corte Suprema en los '90, Rojas fue secretario Letrado del máximo tribunal entre 1986 y 1993 (es decir, entre los últimos años de Raúl Alfonsín y los primeros de Carlos Menem) y juez en lo Criminal de Buenos Aires (entre 1993-2008). Al mismo puesto retomó por concurso en 2011.

Pero sobre Rojas también se destaca su perfil de teórico libertario, costado por el que tiene una relación de antaño con el propio Milei. Doctor en Historia Económica (ESEADE), Rojas escribió libros de corte mileísta como “La inflación como delito”, “Individuo y sociedad”, y “La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad”, que tiene como prologuista a María Corina Machado, líder de la oposición antichavista en Venezuela.

Rojas llevó sus ideas fronteras afueras: fue profesor visitante y conferenciante en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos. Actualmente reside en Guatemala, donde da clases de derecho en la Universidad Francisco Marroquín, y llegó a Buenos Aires en las últimas horas.

Otro que suena como candidato para la Procuración del Tesoro es Santiago Castro Videla, de 43 años, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados. “Es un discípulo de Rojas”, destacó la fuente consultada al admitir que es otro de los que se tiene en la mira para el puesto. El tercer posible candidato es Carlos Laplacette, socio del estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal.

El despedido Barra

El viernes pasado Milei y Caputo echaron a Barra de la Procuración tras acusarlo de firmar un dictamen contra el Gobierno y de vivir en el exterior. Fue una acción más del “purismo” que esgrime el oficialismo.

El conflicto con Barra se remontó a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el entones procurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideraron que su responsabilidad fue ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

La situación de Barra se complicó además por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España.

Con información de agencia NA

MC

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró hoy que el ex procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, tuvo “diferencias” con el Gobierno y por eso tomó la decisión de “dar un paso al costado”.

“Es una persona mayor que cumplió roles en distintos gobiernos. Venía cumpliendo funciones muy importantes durante el gobierno de Menem como procurador, ministro de Justicia y de la Corte”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador expresó: “Aquí fue convocado a cumplir el rol de procurador del Tesoro. A lo mejor él está en otra etapa de su vida y hubo algunas diferencias en algún tema y prefirió dar un paso al costado y presentó su renuncia”.

Francos se refirió también acerca del paro de trenes convocado por el gremio ferroviario La Fraternidad para el próximo martes 28 de enero y adelantó que van a “tratar de llegar a un acuerdo” con Omar Maturano, líder del sindicato.

“Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con el líder del sindicato de ferrocarriles. Esperemos que esta situación no le genere un trastorno a los trabajadores”, señaló el funcionario del gobierno del presidente Javier Milei.

La huelga anunciada por los ferroviarios será por reclamos salariales y se llevará a cabo desde las 9 hasta las 17, “afectando el servicio a nivel nacional”, indicó el gremio en un comunicado.

DM con información de agencia NA

Rodolfo Barra no llegó al lunes próximo, día en que tenía una agenda fijada con Santiago Caputo. Finalmente esta tarde de viernes fue desplazado en su cargo como procurador del Tesoro. La decisión de la Casa Rosada se conoció mientras Javier Milei sigue en el exterior y tiene entre sus motivos que el ahora exfuncionario emitió un dictamen que, según la interpretación oficial, habría favorecido a una trabajadora en un reclamo salarial contra el Estado. Sin estar confirmado, el reemplazo que más suena es el del Ricardo Manuel Rojas, exsecretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-1993) y exjuez en lo Criminal de Buenos Aires (1993-2008), con fuerte perfil conservador.

“El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra. Su reemplazo será definido el próximo lunes por el Presidente de la Nación”, comunicó oficialmente el vocero presidencial, Manuel Adorni. Hace apenas una semana la Casa Rosada expulsó al entonces jefe de la unidad antilavado.

El conflicto con Barra se remonta a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el procurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideran que su responsabilidad es ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

El frente judicial del gobierno libertario arrancó el 2025 con turbulencias. Tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló elDiarioAR en medio de presiones políticas de Santiago Caputo y cuestionamientos por sus presuntos gastos personales no alineados con la política oficial, ahora el foco se centró en Rodolfo Barra, que finalmente acabó siendo desplazado.

En la Casa Rosada señalaban esta tarede similitudes entre el caso de Barra y el de Yacobucci. Ambos fueron acusados de no defender los intereses del Gobierno y de supuestamente desatender las líneas directrices de la gestión de Milei. Mientras que al extitular de la UIF se le achacó ser selectivo a la hora de querellar en causas de corrupción, al ahora exprocurador se lo señala por un dictamen que, si bien no era vinculante, encendió alarmas por su tono poco favorable a los objetivos del Ejecutivo.

La situación de Barra se complicó además por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España, lo que refuerza la percepción de desinterés por los asuntos del Estado. Este patrón de comportamiento recuerda al de Yacobucci, quien también fue acusado de realizar viajes onerosos financiados con fondos públicos. La administración Milei no tolera señales de deslealtad o falta de compromiso, y ambos casos reflejan esta postura intransigente.

Como si eso fuera poco, la situación de Barra se complicaría por un detalle que pareciera ser el más irregular: no vive en la Argentina sino que reside en el exterior del país. Según se comentaba en los pasillos de la Casa Rosada, Barra solamente estaba en el país entre martes y jueves.

Con Javier y Karina Milei todavía en el exterior, el desplazamiento de Barra fue encabezado por Santiago Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” presidencial. Avanzó con mano de hierro hacia un objetivo claro: garantizar que todos los funcionarios respondan sin fisuras a las directivas oficiales. El asesor ahora busca reemplazo.

Barra generó controversias desde el primer día de su gestión. Llegó a las filas de Milei tras ser ministro de Justicia de Menem, cargo al que tuvo que renunciar por tener un pasado nazi: militó en la adolescencia en Tacuara, una organización nacionalista y fascista. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo entonces.

Sus posturas ultraconservadoras llegan al punto de buscar derogar la ley del aborto. Ya en funciones bajo la gestión libertaria, defendió a rajatabla el megadecreto 70/23 de Milei que dispuso, sin pasar por el Congreso, la puesta en marcha inmediata de 366 medidas. Y declaró: “Nuestro Presidente es una figura análoga al Rey”.

DM/MC

El frente judicial del gobierno libertario arrancó el 2025 con turbulencias. Tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló elDiarioAR en medio de presiones políticas de Santiago Caputo y cuestionamientos por sus presuntos gastos personales no alineados con la política oficial, ahora fue el turno de otro funcionario de la órbita del Ministerio de Justicia: el hasta hoy titular de la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra. Aunque había sido convocado a una reunión con el asesor presidencial, fue finalmente desplazado en la tarde de este viernes luego de un dictamen que cayó como una bomba en Balcarce 50.

En la Casa Rosada señalan similitudes entre el caso de Barra y el de Yacobucci. Ambos fueron acusados de no defender los intereses del Gobierno y de supuestamente desatender las líneas directrices de la gestión de Javier Milei. Mientras que al extitular de la UIF se le achacó ser selectivo a la hora de querellar en causas de corrupción, al ahora exprocurador se lo señaló por un dictamen que, según la interpretación oficial, habría favorecido a una trabajadora en un reclamo salarial contra el Estado. Este documento, si bien no vinculante, encendió alarmas por su tono poco favorable a los objetivos del Ejecutivo.

El conflicto con Barra se remonta a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el exprocurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideran que su responsabilidad es ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

La situación de Barra se complica aún más por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España, lo que refuerza la percepción de desinterés por los asuntos del Estado. Este patrón de comportamiento recuerda al de Yacobucci, quien también fue acusado de realizar viajes onerosos financiados con fondos públicos. La administración Milei no tolera señales de deslealtad o falta de compromiso, y ambos casos reflejan esta postura intransigente.

Como si eso fuera poco, la situación de Barra se complicaría por un detalle que pareciera ser el más irregular: no vive en la Argentina sino que reside en el exterior del país, lo que reforzaría la percepción en contra del entorno de Milei. Según se comenta en los pasillos de la Casa Rosada, Barra solamente estaba en el país entre martes y jueves.

A pesar del malestar con Barra, en la Casa Rosada evitan responsabilizar directamente a Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia continúa gozando de la confianza de su vice Sebastián Amerio, alfil de la mesa chica de la Casa Rosada puertas adentro de la cartera, aunque los cuestionamientos a sus colaboradores comienzan a salpicarlo indirectamente.

Con Javier y Karina Milei todavía en el exterior, Santiago Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” presidencial, avanza con mano de hierro hacia un objetivo claro: garantizar que todos los funcionarios respondan sin fisuras a las directivas oficiales. Como nuevo procurador del Tesoro, comenzó a sonar en las últimas horas el nombre de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad. Pero en Balcarce 50 dicen que aún no hay definiciones.

Barra fue un personaje controversial desde el primer día de su gestión. Llegó a las filas de Milei tras ser ministro de Justicia de Menem, cargo al que tuvo que renunciar por tener un pasado “nazi”: militó en la adolescencia en Tacuara, una organización nacionalista y fascista. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo entonces.

Sus posturas ultraconservadoras llegan al punto de buscar derogar la ley del aborto. Ya en funciones bajo la gestión libertaria, defendió a rajatabla el megadecreto 70/23 de Milei que dispuso, sin pasar por el Congreso, la puesta en marcha inmediata de 366 medidas. Y declaró: “Nuestro Presidente es una figura análoga al Rey”.

PL/MC

Para la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra, una organización religiosa puede ampararse en el derecho de objeción de conciencia para no cumplir con el pago de contribuciones sindicales. Así lo reconoció en un dictamen en donde hace lugar a un reclamo de una congregación evangélica, llamada Reuniones Evangélicas Argentinas, que denuncia que cumplir con las contribuciones a los sindicatos contradice su doctrina de fe. Un precedente que, de ejecutarse, podría abrirle la puerta al desfinanciamiento de las organizaciones sindicales.

La decisión del cuerpo de abogados del Estado fue una respuesta a un pedido realizado por la Secretaría de Trabajo, el organismo al que le había llegado la presentación de Reuniones Evangélicas Argentinas. Esta organización evangélica, minoritaria, que cuenta con un reducido número de feligreses —solo 320 personas estarían afectadas en su derecho de libertad religiosa, según admiten— argumentaba que la obligación de contribuir con los sindicatos iba directamente en contra de los mandatos de su fe. Un mandato que, sostienen, prohíbe terminantemente cualquier tipo de asociación o participación en organizaciones “que difieran de la propia Iglesia o el Estado”.

Fue así que Rodolfo Barra, junto al resto de la Procuración del Tesoro Nacional, decidió intervenir y emitió un dictamen —publicado la semana pasada— que respalda, echando mano a fallos de la Corte Suprema y tratados internacionales, la necesidad de una “adecuación” del ordenamiento legal actual.

En concreto, la iglesia evangélica solicita poder exceptuar a empleados y empleadores de la congregación en el cumplimiento de las contribuciones atadas a sus respectivos Convenios Colectivos de Trabajo. Son varios convenios, que incluyen a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a los empleados de Comercio, a la Construcción, Camioneros, entre otros. 

En la práctica, lo que hace es avalar, por ejemplo, el no pago de la cuota sindical del 2% del salario para los trabajadores no afiliados de la UOM. Todo bajo el argumento de que esta “adecuación” no pone en riesgo “el normal funcionamiento de las asociaciones sindicales” y, en cambio, protege “la libertad de conciencia religiosa”. Y lo hace basándose en dos antecedentes: la objeción de conciencia para participar del servicio militar obligatorio y en la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un desliz: cuando se refiere a la Ley IVE la define como “el aborto como supresión voluntaria de una vida humana”.

Desfinanciamiento de las organizaciones sindicales

“Hay que leer el dictamen en un contexto general, desde el DNU 70/2023 (el megadecreto que dictó Javier Milei a los pocos días de asumir en la Presidencia) hasta [el texto original de] la Ley de Bases original. Lo que se busca es cuestionar la validez de los aportes solidarios, lo que se busca es desfinanciar a los sindicatos. Esto sienta un precedente complejo”, explica el abogado laboralista y asesor sindical, Álvaro Ruiz, resaltando una continuidad que repetirán varios de los especialistas consultados por elDiarioAr: el dictamen de la Procuración como un nuevo intento, más curioso y rebuscado, de avanzar contra las cuotas solidarias a los sindicatos.

En el DNU 70, Milei intentó avanzar en este sentido, proponiendo introducir la obligatoriedad de un consentimiento explícito del trabajador como condición para que se le retuviera la parte del sueldo destinada a la cuota solidaria. Esta reforma, sin embargo, fue impugnada judicialmente por la CGT y nunca fue puesta en práctica.

El Gobierno llevó el amparo de la CGT a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió. Pero, curiosamente, no lo hizo solo: entre los amicus curiae que se presentaron junto al Estado aparecía, una vez más, la organización Reuniones Evangélicas Argentinas. “No tenemos ninguna relación especial con la organización”, informaron desde el gobierno nacional. La congregación evangelista, en cambio, no respondió a las consultas de este medio.

El Gobierno, luego, volvió a intentarlo con la Ley de Bases, pero lo quitó del proyecto final luego de varias reuniones con representantes de la CGT. “Esta es una vía más rebuscada y acotada de lo que ya intentaron hacer. Están abriendo una puerta, no es más que otro mecanismo para empezar a horadar el financiamiento de las organizaciones sindicales, que se sustentan por el aporte de los afiliados y por los aportes que hacen el resto de los no afiliados por el hecho de firmar un convenio colectivo y beneficiarse de las negociaciones salariales”, explica Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. 

Campos vincula, además, el dictamen de la Procuración del Tesoro con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 2018, determinó que un grupo de trabajadores públicos no podía ser obligados a contribuir con la organización sindical que los representaba en las negociaciones colectivas. “En ese caso la cláusula que afectaba era la libertad de expresión. Acá es la objeción de conciencia. Pero que sea una organización religiosa es indistinto a los efectos de lo que buscan, que es decirle a la Secretaría de Trabajo que, cuando homologuen acuerdos paritarios, tengan en cuenta a los objetores de conciencia”, agrega el investigador de la CTA.

El dictamen de la Procuración abre, así, un interrogante en plena faena de negociaciones paritarias en varias actividades. Especialmente cuando el Gobierno se rehúsa a aceptar acuerdos salariales superiores al 1% mensual, abriendo numerosos conflictos con sindicatos que, como Camioneros, cerraron acuerdos más beneficiosos. “Esto va a marcarle la cancha a la Secretaría de Trabajo, que le va a dar más argumentos para poder objetar acuerdos salariales”, advierte Ruiz, que observa que el dictamen profundizará las trabas en el proceso natural de homologación de los convenios colectivos de trabajo.

¿Cómo? Planteando la posibilidad de que puede haber afiliados que son objetores de conciencia que no desean pagar la cuota solidaria. El dictamen, sin embargo, es una recomendación que el equipo de abogados que comanda Barra le hace al Ministerio de Capital Humano. “Nosotros aportamos elementos en base a la visión constitucional que tiene el procurador elegido por el presidente. Pero lo que pase con el dictamen ahora depende de Capital Humano”, explicaron desde la Procuración del Tesoro.

Los especialistas consultados por este diario afirman, de todos modos, que solo es cuestión de tiempo para que la Secretaría de Trabajo, que forma parte del Ministerio de Capital Humano, utilice el dictamen como insumo. En ese caso, el sindicato de Camioneros, por ejemplo, podría verse afectado, ya que la organización Reuniones Evangélicas Argentinas cuenta con trabajadores en la actividad. Y no solo trabajadores. Ya que el pedido de la iglesia evangélica refiere tanto a empleados como a empleadores. Es decir que si el dueño de la empresa transportista integra la congregación todos los trabajadores podrían verse afectados con su decisión de, por ejemplo, rehusarse a hacer el aporte a la obra social del sindicato.

“Acá se trata de intereses de terceros, que son el conjunto de los trabajadores que contribuyen al sujeto colectivo que es el sindicato que podrían verse afectados por el conflicto de objeción de conciencia de unas trescientas personas”, insiste Ruiz.

Los sindicatos consultados por este medio, mientras tanto, calificaron la resolución de “absurda”. “Buscan violar la ley. No es otra cosa. Es como si alguien invoque ‘objeción de conciencia’ para no pagar IVA o el impuesto a las Ganancias. No es serio. Parece un acuerdo concertado entre la organización, a la que le suben el precio, y el gobierno para sentar un precedente”, apuntó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

MC/JJD

La escalada en el conflicto universitario tras el veto presidencial a la ley que pretendía recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios parece no ser una preocupación para el gobierno de Javier Milei. Frente a la ola cada vez más grande de protestas estudiantiles en facultades y calles, en Casa Rosada prefieren reducir los reclamos a expresiones “radicalizadas” de la izquierda y el kirchnerismo. “Siempre la gente que nada tiene que ver con la calidad educativa participa de este tipo de acciones”, sostuvo el vocero Manuel Adorni en su conferencia de prensa de este martes.

Es que la postura esgrimida por el oficialismo, tanto en público como fuera de micrófono, coincide en culpar a esos sectores políticos de la oposición de “imponer” tomas “contra la voluntad de los alumnos y docentes que quieren ir a clases y dar exámenes en paz”. “Si un alumno no quiere una toma es golpeado y silenciado con violencia. Si hay violencia no hay democracia”, escribió en su cuenta de X el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, una de las principales espadas de La Libertad Avanza en su cruzada ideológica con las universidades.

La afirmación que realizó el propio Milei acerca de que la educación pública superior “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta” es justificada en los pasillos de la Casa de Gobierno. Sin embargo, al igual que lo hiciera el Presidente durante su entrevista con LN+, matizan esa actitud al aclarar que la universidad “va a seguir siendo no arancelada”, aunque “de ninguna manera puede ser considerada gratuita”.

“La universidad la pagan, con sus impuestos, el que va a la universidad y el que no va a la universidad, la paga el que viene de una familia acomodada o el que viene de una familia que efectivamente puede pagar esos impuestos”, sostienen Balcarce 50. Y especifican que, para dar su posición, Milei se habría basado en la Encuesta de Equidad Social de la UCA de 2023. De ella, según indican fuentes oficiales, se desprendió que el 87,5% de los jóvenes pobres de entre 19 y 29 años no acceden a la universidad y el 1,6% adicional cursaron, pero abandonaron.

Son porcentajes que, sin embargo, contrastan parcialmente con la información obtenida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Los del primer trimestre de 2024 demuestran que el 42,3% de los estudiantes universitarios proviene de los 4 deciles de menores ingresos. Por otro lado, entre el 46 y el 68% de los ingresantes son hijos de padres y madres sin estudios universitarios, información que corresponden al último Anuario publicado por la subsecretaría que comanda Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Potestad para auditar

Cerca de Milei apuntan ante la consulta de elDiarioAR que la intención del Gobierno es “recuperar la universidad pública como herramienta de movilidad social ascendente”. Una meta que choca de frente con el deliberado desfinanciamiento al que somete el oficialismo a las casas de altos estudios, justificado tanto en el déficit cero como en el supuesto rechazo de las autoridades universitarias a ser auditados. “Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, lanzó Milei este martes en LN+.

Por ese motivo, en Casa Rosada celebraron el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra, que habilitó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para funcionar como órgano auditor de las universidades. “El Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, escribió el subsecretario Álvarez a través de sus redes.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, exvice jefe de Gabinete de Alberto Fernández y una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

En abril, durante una entrevista radial, Olmos había explicado en detalle los pasos necesarios para ordenar las auditorias universitarias al precisar que el Poder Ejecutivo no tenía potestad para llevarlas a cabo. “Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata”, reveló en ese momento. 

¿Cuánto tuvo que ver la decisión de Barra con la demora en los nombramientos en AGN por falta de acuerdo del Gobierno con el PRO y los radicales? En los pasillos de Casa Rosada se limitaron a destacar que el dictamen del procurador revierte el criterio implementado en 2022 por su antecesor, Carlos Zannini. Hasta ese año, las universidades estaban sujetas al artículo 100 de la Ley de Administración Financiera, cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera. Ahora, el sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sigen sin necesidad de un convenio específico con cada institución.

PL/JJD

En un nuevo capítulo del escándalo por la retención y vencimiento de alimentos destinados a poblaciones vulnerables, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que intentaron llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia. No pudieron.

La resolución de la Sala II, integrada por los jueces Angela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, fue unánime y establece que tanto Pettovello como Barra deberán entregar los alimentos y asumir los costos del proceso judicial.

El caso se remonta a una investigación por abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público, en la que se acusa a Pettovello y Barra de acopiar y dejar vencer 6.000 toneladas de alimentos que debían ser distribuidos en comedores comunitarios. A pesar de los reiterados fallos en su contra, los funcionarios intentaron llevar el caso a la Corte Suprema, apelando a un recurso extraordinario que ahora fue desestimado por Casación.

El fallo de la Cámara se basó en la falta de fundamentación adecuada por parte del equipo legal del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Leila Gianni, la excéntrica subsecretaria legal del Ministerio, que fue ultrakirchnerista y ahora es ultralibertaria.

Según la sentencia, “la parte impugnante no ha cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal establecidos por los arts. 14 y 15 de la ley Nº 48 y el art. 3º, incisos d) y e) de la Acordada nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, lo que deja claro que no se presentó una cuestión federal debidamente justificada. 

Además, el tribunal subrayó que la solicitud de eximirse del pago de las costas tampoco fue suficientemente fundamentada. Esta situación obliga al Ministerio a cubrir los gastos judiciales derivados del prolongado proceso legal, sumando un nuevo revés en su estrategia de defensa.

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien en la década de los 90 se desempeñó como ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema, se encuentra ahora en una posición comprometida, no solo por el daño institucional que el caso representa, sino también por las crecientes críticas hacia su gestión y la de la Ministra Pettovello. El caso ha generado indignación pública, especialmente en un contexto de creciente pobreza y necesidad alimentaria en todo el país.

Con esa decisión, se agotaron las instancias de recurso judicial para el Ministerio de Capital Humano, que tendrá la obligación de entregar los alimentos que habían quedado almacenados y sin repartir en depósitos de Buenos Aires y Tucumán.

JJD

Luego del fallo que hizo lugar al pedido de la provincia de Chubut para que se le restituyan fondos coparticipables suspendidos por la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó hoy un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. También pidió la inhibición del juez de Rawson Hugo Ricardo Sastre.

“La Procuración del Tesoro de la Nación presentó hoy la primera acción de su estrategia respecto de la causa de Chubut por el Fondo Compensador del Transporte. Se le pidió a la CSJN que inhiba al Juez de Rawson y que intervenga por ser el Tribunal competente para ello, por corresponder la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión. Fin”, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.

El martes pasado, apenas se conoció el fallo desfavorable sobre la disputa por fondos coparticipables de Chubut, el presidente Javier Milei ordenó a su equipo legal a pedir un per saltum a la Corte a fin de revertir lo dispuesto por el juez Sastre. El miércoles, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el Gobierno nacional iba a presentar “a la brevedad” el per saltum, en el marco de un trabajo conjunto con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra y sobre la sentencia del juez federal de Rawson, consideró que se trata de “un disparate” y “una medida inadecuada”, mientras calificó la actuación del magistrado como “una incompetencia manifiesta”. Además, insistió en que “el juez se pone a legislar sobre cuestiones económicas ajenas al Poder Judicial”.

La Casa Rosada busca responder de inmediato al fallo que dio lugar al planteo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, para que la Nación le devuelva los $13.500 millones que le quitó de coparticipación debido a una deuda.

El juez federal de Rawson Hugo Sastre, además del fallo a favor de Chubut por los fondos coparticipables el jueves de la semana pasada dictó otro fallo que beneficiaba a la provincia patagónica, al frenar el recorte de subsidios al transporte dispuesto por el Gobierno nacional.

MM con información de la agencia NA.

El procurador del Tesoro del gobierno de Javier Milei, Rodolfo Barra, publicó este jueves una nota de opinión en la que manifiesta su “fundada esperanza” de que este año se de marcha atrás con la ley que legalizó el aborto a fines de 2020. Por otra parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo en su habitual conferencia en Casa Rosada que la revisión de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es algo que “en algún momento” el oficialismo instalará y abrió la puerta para una eventual derogación. Días atrás, en Davos, el propio presidente apuntó contra “la agenda sangrienta del aborto”.

El artículo de Barra está firmado junto a Eduardo Menem, exsenador y padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la exdiputada Cristina Guzmán. La excusa para la proclamación es que por medio del decreto 55/2024, el Presidente de la Nación declaró al 2024 como el Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad.

“Conforme con información suministrada por las autoridades de salud, 'en la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610', eufemísticamente denominada 'de interrupción voluntaria del embarazo', cuando lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre”, dice la publicación.

Según los autores, “como ex convencionales constituyentes” destacan su “apoyo a la declaración del Año de Defensa de la Vida” que se recordará el próximo 25 de marzo, “instituido como Día del Niño Por Nacer por decreto 1406 de 1998”. Para Barra, Menem y Guzmán, esto les da “una fundada esperanza en que en este Año de la Vida, sea derogada la también inhumana ley 27.610”.

Rodolfo Barra es el el procurador del Tesoro, lo que significa que representa al Estado argentino en cuestiones legales. Fue ministro de Justicia del gabinete de Carlos Menem, pero renunció a su cargo el 10 de julio de 1996 acorralado por las denuncias sobre su pasado nazi. Envuelto en una fuerte pelea con el hombre fuerte de aquel gobierno, Domingo Cavallo, se había descubierto que en su juventud era un militante de la organización nacionalista y fascista Tacuara y se lo acusaba de haber participado del ataque a una sinagoga. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo al explicar los motivos de su renuncia y recluirse en la actividad privada donde recaló como asesor de Aeropuertos 2000 Eduardo Eurnekian.

Manuel Adorni sobre la ley IVE: “Será un tema que en algún momento se debatirá”

Manuel Adorni, vocero presidencial, respondió hoy en su habitual conferencia en Casa Rosada una pregunta acerca de qué hará el Gobierno con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Dijo al respecto que es algo que “en algún momento” el oficialismo instalará y abrió la puerta al tratamiento de una eventual derogación.

“Podemos sospechar que, efectivamente, será un tema que en algún momento se debatirá”, respondió Adorni ante una consulta puntual, en torno a dichos sobre esa problemática que el presidente Javier Milei formuló cuando expuso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde habló de “la agenda sangrienta del aborto”.

En 2005 se formó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos. Aseguraban que la legalización del aborto era “la deuda de la democracia”. Se estimaba entonces que los abortos clandestinos llegaban a 500 mil por año. 

La Campaña presentó distintos proyectos que nunca llegaron a debatirse, hasta 2018. Ese año hubo un debate que duró meses e incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 800 voces a favor y en contra. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el Senado la situación fue inversa: 31 votaron a favor y 38 en contra. 

En 2020 se volvió a plantear el tema, con un proyecto presentado desde el Poder Ejecutivo. El debate fue breve, porque se había logrado el consenso político necesario. Así, el 30 de diciembre se aprobó la ley 27.610 que garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional sin dar ninguna explicación. Luego es legal por causales: violación o peligro de vida o la salud de la persona gestante, como ya regía en el país desde 1921.

A pesar de que Milei se ha declarado antiabortista al igual que su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y muchos integrantes del espacio de ambos, como el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, el Gobierno no puede drogar por decreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La legalización del aborto supuso esencialmente una modificación del Código Penal y por lo tanto, para ser nuevamente modificado, necesariamente se debe discutir en el Congreso y, eventualmente, ese cambio ser sancionado por las dos cámaras.

MM/DTC

Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación, salió este viernes a defender el megadecreto de necesidad y urgencia que dictó su jefe, Javier Milei. Entre otros argumentos, dijo que el Presidente en la Argentina “es una figura análoga al Rey”, como en España, y que “no es cierto” que el dictado del DNU que pone en marcha de inmediato 366 medidas de gobierno suponga “saltear” al Congreso.

El cargo de Barra es el de jefe de los abogados del Estado y, por lo tanto, se le atribuye un rol clave en la ingeniería jurídica de este y otros decretos que pueda dictar en el futuro el presidente Milei.

En una columna de opinión titulada “El instituto jurídico del Decreto de Necesidad y Urgencia” y publicada en Infobae, el funcionario, que fue integrante de la Corte Suprema de Justicia y, más específicamente, de la “mayoría automática” que contribuyó a la gobernabilidad del presidente Carlos Menem, de quien después fue su ministro de Justicia, resalta que para la Constitución “nuestro Presidente 'es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país'”. Y que, por lo tanto, “es claro que el constituyente le ha atribuido al Presidente la función de jefatura o conducción superior, de impulso y direccionamiento, relegando el ejercicio de la administración al jefe de gabinete de ministros (art. 100.1)”.

“Es decir, nuestro Presidente es, en el punto, una figura análoga al Rey (por ejemplo en España) o al Jefe de Estado (por ej. Presidente de la República en Italia) en los actuales sistemas parlamentarios europeos: quien conduce y define los temas más trascendentes, especialmente aquellos que hacen a la paz, la justicia material y la subsistencia de la Nación”, dice Barra.

El funcionario señala que el hecho de que nos encontremos “ante una situación extraordinariamente crítica (generada por muchos de los que, con gran hipocresía, critican el DNU 70/23) nadie lo puede negar” y que “no es cierto que con el dictado del DNU se saltea al Congreso”, pese a que las medidas —las 366 en este caso— entran en vigencia de inmediato y el Congreso no las discute en su contenido sino que tan solo puede pronunciarse sobre la validez del decreto, por sí o por no, y nada más.

Sostiene Barra que “el Congreso puede derogarlo, o modificarlo, con una ley, en menos de 24 horas, o anularlo conforme con el procedimiento de la ley 26.122, también en 24 o 48 horas”. Y en alusión a las razones de necesidad y urgencia, es decir al carácter de excepcionalidad que le exige la Constitución, señala que “no son ni una guerra, terremoto, invasión extraterrestre, o similar, sino la situación misma”.

“La Constitución Nacional le otorgó al Presidente —basado en su mayoría electoral (56% de los votos)— la competencia legislativa a la que nos estamos refiriendo, cuando la urgencia, la emergencia, la necesidad social, exigen medidas expeditas, de valentía política, de ejercicio de la Jefatura Suprema de la Nación”, plantea Barra y concluye: “Así como tenemos sectores que no admiten ser destetados del Estado, son legión en nuestras playas los fariseos del derecho, sepulcros blanqueados en los círculos del autobombo. Me permito repetir: así nos va, pero hasta ahora. Ya hemos comenzado a cambiar”.

Barra, un jurista de 76 años que fue clave en las privatizaciones del menemismo, pudo ahora ser procurador del Tesoro de Milei gracias, curiosamente, a un DNU, ya que para asumir esa función la ley establecía que no se puede ser menor de 30 años de edad ni mayor de 70. Su nombramiento, al parecer, también fue necesario y urgente.

JJD

El presidente Javier Milei debió modificar una ley mediante un DNU para poder designar a Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro pese a su edad, invocando los “Derechos Humanos de las Personas Mayores”.

El mandatario y sus ministros rubricaron el Decreto de Necesidad y Urgencia 21/2023 para cambiar un artículo de la Ley N° 18.777 y eliminar el requisito de ser menor de 70 años: Barra, quien supo integrar la “mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia durante la gestión presidencial de Carlos Menem, tiene 75 años.

Para justificar la modificación de la norma, el libertario invocó el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En ese sentido, destacó que la Constitución “establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

A partir de este DNU, para ser titular de la Procuración del Tesoro sólo se requiere “ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante expedido o revalidado por una universidad argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”.

La modificación se fundamentó en el principio constitucional de igualdad ante la ley y de no discriminación por motivos de edad, así como en tratados internacionales sobre derechos humanos de las personas mayores. También se mencionó un fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de un límite de edad para ser Encargado de Registro de la Propiedad Automotor.

El DNU será evaluado por el Congreso en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, de acuerdo al procedimiento establecido para los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional y la Ley N° 26.122.

Con información de NA.

IG

El sábado 25 por la noche, seis días después de haber sido electo Presidente de la Nación, Javier Milei fue hasta la sede de Hevrat Pinto Argentina para realizar la “havdala” –ritual que se hace para marcar el final del día shabat–. Horas después, se reunió en el Hotel Libertador con el rabino David Yosef, una de las autoridades más influyentes de la comunidad ortodoxa a nivel mundial. Esa misma noche, viajó rumbo a Estados Unidos y su primera parada fue en Nueva York, en el “Ohel” de Menachem Mendel Schneerson, más conocido como el Rebbe de Lubavitch, el máximo exponente del movimiento ortodoxo jasidico Jabad. 36 horas de ortodoxia frenética. 

En el día de ayer, menos de una semana después de esta gira religiosa, Milei nombró para un puesto clave, Procurador del Tesoro de la Nación, a Rodolfo Barra. Ex ministro de Justicia de Carlos Menem, tuvo que renunciar a su cargo cuando se descubrió su pasado nazi en la época que que militaba en la organización nacionalista Tacuara. Se supone entonces que en su juventud había participado en el ataque a una sinagoga y se descubrió una foto en la que el joven Barra aparecía haciendo el saludo nazi.

La comunidad judía ortodoxa de Argentina, que creció de manera pronunciada en las últimas dos décadas, hoy estaría en alrededor de 80 mil personas, se encuentra dividida ante estos múltiples gestos de acercamiento con la religión del futuro mandatario. A algunos les genera tranquilidad un presidente electo “pro-judío”, mientras que otros sostienen que las declaraciones de Milei harán que los judíos “seamos el chivo expiatorio, los culpables de lo que pase a nivel económico”, aumentando el antisemitismo. Y por último, están quienes directamente no le creen nada y sostienen que “o está con los judíos, o no está con los judíos; si está, no puede poner a alguien como Barra en el gobierno”. 

En 2005 habían un total de 4421 alumnos en escuelas ortodoxas de un total de 17.000 de la red judía; para el 2023 los alumnos en escuelas ortodoxas eran de 8231, sobre un total de 22.732 de la red escolar judía. Casi se duplicaron, en solo 18 años, la asistencia a escuelas con una línea ortodoxa, de acuerdo a datos del Consejo Central de Educación Judía en Argentina.Tanto creció la ortodoxia en las últimas dos décadas que Carlos Maslaton, en diálogo con elDiarioAR, sostiene que las corrientes religiosas, dentro de las que se encuentra Jabad, son corrientes de “super vanguardia, que conquistan voluntades, y que hoy constituyen lo moderno y lo revolucionario”. 

Cuenta la leyenda que Milei se sintió atraído hacia esta línea del judaísmo dos años atrás, cuando conoció al rabino Axel Wanhish y quedó cautivado. Sus gestos de las últimas semanas comprueban la devoción de Milei por la ortodoxia judía; ante estas múltiples demostraciones públicas, que ponen a la religión en el centro del mundo político -algo inédito por la Argentina-, ¿qué siente y piensa la comunidad judía ortodoxa, quien es quien más siente interpelada por estos gestos?

“A mí me genera tranquilidad y optimismo tener un presidente tan pro-judío, sobre todo en momentos de tanto antisemitismo en el mundo. Me siento protegida”, sostiene Michelle (30 años). “Prefiero cien veces más que haya una bandera de Israel en un acto que una bandera palestina”, coincide Jazmin (25 años), quien asiste a una comunidad judía ortodoxa de Palermo. “La Torá es un libro de buena conducta, un manual de cómo comportarse en todas las esferas de la vida: si él basa su conducta en la Torá, entonces va a ser un gobierno exitoso. Eso es bueno para los judíos y para todo el pueblo argentino”, continúa Jazmin. 

“Yo acepto naturalmente el hecho de que el presidente electo declare su admiración por el judaísmo. Me da la sensación de que está en una búsqueda de algún vacío espiritual que tiene, algo que me parece normal del ser humano”, agrega Alejandro, de 60 años. 

Pero no todos opinan lo mismo. Marcos Mayo, presidente de ACISBA -Asociación Israelita Sefaradí de Buenos Aires-, asegura en diálogo con elDiarioAR que no está de acuerdo con las demostraciones de los últimos días del presidente electo. “No son compatibles con su investidura ni tampoco con el espíritu de la religión judía”, asegura. 

Muchos sostienen que genera más antisemitismo las demostraciones de Milei: “Mejor pasar desapercibido y no estar en boca de la gente”, sostiene Julio, de 55 años, una opinión que comparten otros entrevistados también.  “Mira por ejemplo este story de Vanina Biassi: denuncia pintadas contra los médicos en el Hospital Durand, vinculadas a la última dictadura militar, y dice que repudia las pintadas ‘por parte de los amigos mileistas del Estado de Israel y de la DAIA”, agrega Ivana (26 años). “Esto es un bumerang: hoy nos puede jugar a favor que Milei sea pro judío pero mañana, nos puede ir en contra”, agrega Julio. 

Algunos temen las represalias a nivel mundial de mudar la Embajada de Argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. “La noticia de que Milei visitó el Ohel del Rebbe ´no vende´, yo creo que a nadie le importa mucho”, sostiene Lucas, de 22 años. “Eso no me da nada de miedo. Lo único que podría llegar a ser peligroso, creo yo, es si finalmente se mueve la Embajada, como prometió, por el tema de la relación con los países árabes”. El gran interrogante es si moverá la embajada, ahora con Macri –amigo de Qata– dentro de la alianza de gobierno. 

Y otro grupo de judíos ortodoxos, directamente, no le creen nada a Milei. “Parece muy inestable. Así como hoy está pegado al judaísmo, en unos meses puede apegarse a otra cosa”, sostiene Lucas. Esto quedó para muchos judíos ortodoxos en evidencia tras el nombramiento de Rodolfo Barra, quien atacó en su juventud en los ‘60 una sinagoga y perteneció a la agrupación Tacuara, de orientación filonazi, como Procurador del Tesoro de la Nación. “Si Milei está tanto con los judios, no puede poner a un nazi o ex nazi en el gobierno, sabiendo todas las persecuciones que sufrió el pueblo judío en el pasado”, sintetiza Mailen, de 25 años. “O está con los judíos, o no está. De esta manera, está demostrando que no está con nosotros”. 

AS/MG

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo se expidió hoy en contra de la designación del exministro Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro durante el próximo Gobierno. Desde la organización, le exigieron al presidente electo Javier Milei la reconsideración del nombramiento al argumentar que el jurista tiene “antecedentes vinculados con tendencias próximas al nazismo”. 

A través de un comunicado, expresaron: “Consideramos esta elección como una afrenta directa al espíritu democrático y plural de nuestro país. Resulta inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, sea nombrada para un cargo de tal relevancia en nuestro país”. 

Asimismo, exigieron “de manera contundente” la reconsideración de la designación del exfuncionario de Carlos Menem, y expresaron que “un nuevo Gobierno no puede iniciar su gestión albergando a individuos que hayan profesado el antisemitismo o cualquier forma de expresión de odio en sus filas”.

“Instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para rectificar este lamentable error y garantizar que los principios democráticos y de inclusión prevalezcan en la administración pública” , concluyeron. 

El ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj compartió el documento a través de sus redes al tiempo que especificó que la designación de Barra “no hace bien a la democracia” sino que por el contrario, “la daña”.

“Fue justamente por las mismas cosas que hoy señalamos desde FACA que fue removido por el presidente Menen como Ministro de Justicia”, agregó.

Por último, envió un mensaje a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que al momento no ha se expresado sobre el tema: “Se debe tener memoria siempre. DAIA”.

MM

Con información de Noticias Argentinas

El 10 de julio de 1996, Rodolfo Barra renunció como ministro de Justicia del gabinete de Carlos Menem, acorralado por las denuncias sobre su pasado nazi. Envuelto en una fuerte pelea con el hombre fuerte de aquel gobierno, Domingo Cavallo, se había descubierto que en su juventud era un militante de la organización nacionalista y fascista Tacuara y se lo acusaba de haber participado del ataque a una sinagoga.

“Si fui nazi, me arrepiento”, dijo al explicar los motivos de su renuncia y recluirse en la actividad privada donde recaló como asesor de Aeropuertos 2000 Eduardo Eurnekian. Allí claro conoció a un joven que 27 años después lo devolvería a la vida pública, Javier Milei, quien lo designó como Procurador del Tesoro.

La DAIA, por entonces en manos de Rubén Beraja, “veía con grave preocupación que quienes sostienen posturas antisemitas sean designados para ocupar la función pública”. Faltaban días para que se cumpliera el segundo aniversario del atentado a la AMIA y Cavallo le reprochaba al ministro de Justicia los pocos avances en la investigación de ese ataque y del que dos años antes había sufrido la embajada de Israel.

Había también otra pelea de fondo. El ministro de Economía se negaba a pagar los juicios contra el Estado. Barra no tuvo mejor idea que acusar a su compañero de gabinete de ser un “nostálgico de la dictadura”. Se desató entonces una guerra de pasados y a los pocos días apareció una tapa de la revista Noticias que terminó `por empujar la salida de Barra. “Herr Ministro”, titula, con una foto de un joven Barra haciendo el saludo nazi.

El diario Página 12 también revelado que había participado en el ataque a una sinagoga.

Tras una reunión de Beraja con el ministro del Interior Carlos Corach, Barra tuvo que renunciar. Lo reemplazo Elías Jassam el secretario de Justicia, y de origen judío.

Pero en el medio dejó otra polémica. La llamada Ley Mordaza. El proyecto intenta poner un limite a la prensa aumentando las penas por calumnias e injurias, al mismo tiempo proponía que la ley anticorrupción prohibiera publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Además también autorizaba a la policía a realizar requisas sin autorización judicial.

Barra, quien siempre se definió como hiper memenista, había llegado al gobierno en el primer gabinete, el de 1989, como viceministro de Obras Públicas, donde secundó a otro hombre clave de la futura administración libertaria, Roberto Dromi, el padre de las privatizaciones. En el puesto duro poco, hasta 1990, cuando fue nombrado para un cargo mucho más estratégico: juez de la Corte Suprema de Justicia. Desde allí se encargó de defender los intereses del Gobierno en cada una de las sentencias del máximo tribunal. Pero el puesto tuvo que quedar vacante en 1994, cuando paso a manos del radicalismo, parte del acuerdo entre Menem y Raúl Alfonsín por el Pacto de Olivos.

Casado con Lidia Barbieri, la madre de sus tres hijos y a quien conoció cuando era un joven militante de Tacuara, Barra es también un católico del Opus Dei.

MG

Por medio de un escueto escrito publicado en la cuenta de “la oficina del presidente electo” en redes sociales, organismo oficial de comunicación de Javier Milei, el nuevo gobierno confirmó que, tras el encuentro de este jueves del líder libertario y de la hasta ahora titular del PRO, Patricia Bullrich será su ministra de Seguridad, cargo que ya ocupó durante la gestión de Mauricio Macri.

Además, Milei comunicó este viernes que Rodolfo Barra, exmiembro de la Corte Suprema y exministro de Justicia en la presidencia de Carlos Menem, estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Por su parte, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas convocó a elecciones en el PRO para febrero y anunció que no presentará candidatura, le agradeció al fundador de La Libertad Avanza por la designación.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, expresó, y completó: “El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”.

En la misma línea, agregó: “La Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”.

Horas antes, la extitular de la cartera de Trabajo durante el interrumpido gobierno de Fernando De la Rúa y enministra de la gestión Macri, también en Seguridad, como ahora con Milei, se había mostrado con los padres de Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años asesinado por otro de su misma edad en la localidad de Laboulaye, Córdoba, y volvió a dejar clara su postura sobre la imputabilidad de los menores: “Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba. Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal. A ellos, como a tantas otras familias víctimas de un sistema injusto, los acompaño en su reclamo por una verdadera justicia y en el pedido de un nuevo régimen penal juvenil, que les ponga un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva”.

Luego de confirmada la noticia, el expresidente Mauricio Macri escribió un posteo en el que señaló: “Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina. Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien”.

Barra, procurador del Tesoro: sus antecedentes

Rodolfo Barra tiene 75 años. Egresó en 1970 de la Universidad Católica Argentina con el título de abogado, especializado en derecho administrativo, y durante los años siguientes fue docente de esa Universidad.

En 1974 colaboró con el rector interventor de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, como delegado interventor de la Escuela de Servicio Social de esa Universidad; ejerció ese cargo hasta el año 1977, durante el primer año de la última dictadura militar.

Tras dejar en 1977 su cargo universitario, ejerció como abogado en la actividad privada.

En julio de 1989 fue nombrado viceministro de Obras y Servicios Públicos por el entonces presidente Carlos Menem, secundando al ministro de esa cartera, Roberto Dromi. El 18 de diciembre de ese año, tras haberse iniciado el proceso de privatización de la mayor parte de las empresas públicas argentinas, fue nombrado secretario del Interior. Durante ambas gestiones fue el promotor de la doctrina jurídica de la “intangibilidad de la retribución del co-contratante particular”, una norma que disminuía a niveles mínimos el riesgo empresario de las empresas que contrataran obras públicas, y que fue signada como culpable de resonantes casos de enriquecimiento de contratistas del estado.

El 25 de abril de 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, nombrado por el presidente Menem con acuerdo del Senado. Fue acusado de integrar una corte que votaba a favor del Gobierno en todas las cuestiones en que estuviera implicado o interesado el Ejecutivo nacional, formando una “mayoría automática”. Renunció el 20 de diciembre de 1993.

El 16 de junio de 1994 asumió como ministro de Justicia de la Nación. En ese cargo fue autor de la idea de reunir distintas dependencias del Poder Judicial argentino en las instalaciones desmanteladas del Puerto Nuevo de Buenos Aires. Propuso la reforma del Código Procesal Penal y construyó algunas cárceles.

Fue el autor de la llamada “Ley Mordaza”, un proyecto que buscaba limitar la actividad de la prensa. También fue autor de un proyecto de ley para facilitar el cobro de los juicios contra el estado, por el cual se enfrentó con el ministro de economía Domingo Cavallo.

En 1994 fue Convencional Constituyente de la Nación, cuando se modificó la Constitución.

El 10 de julio de 1996 presentó su renuncia a pedido del presidente Menem, debido al escándalo político que había causado la difusión de su antigua pertenencia a la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Antes de presentar su renuncia, Barra se había reunido con los líderes de la comunidad judía y pedido disculpas por sus actividades juveniles; pese a ello, las críticas no cesaron hasta la renuncia del ministro.

Algunos meses después de su renuncia, fue designado presidente del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

El 13 de diciembre de 1999 asumió como presidente de la Auditoría General de la Nación, ejerciendo ese cargo hasta el 1 de febrero de 2002.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner fue acusado judicialmente de cometer irregularidades durante su paso por la Auditoría General de la Nación al desestimar una demanda por perjuicios económicos por parte de los exempleados de la privatizada ENTEL, aunque fue sobreseído.

En 2010 fue uno de los promotores de la candidatura presidencial de Alberto Rodríguez Saá.

En la actualidad es profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y de las materias de derecho administrativo y derecho constitucional en la Universidad Nacional de La Matanza.

Además, es director de la “Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública” de la Universidad Austral.

 Con información de agencias.

IG