El gobierno prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, en el marco de la política destinada a seguir achicando el gasto público.

Solo en 2024 fueron cesanteados unos 36 mil empleados públicos.

Ahora, el Gobierno estableció un nuevo régimen para el sector: prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad.

La nueva reglamentación fue oficializada con la última edición del Boletín Oficial de 2024 en la que se publicaron los decretos 1148/2024 y 1149/2024, que llevan las firmas de Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Si bien la normativa establece excepciones al virtual congelamiento de la planta estatal, crea en los hechos un nuevo régimen del empleo público.

El primer decreto suspende el ingreso de nuevos agentes al consignar que “las jurisdicciones y entidades del sector público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.

La limitación alcanza a contrataciones para las plantas transitorias o por tiempo indeterminado, así como también a los denominados “monotributistas” regidos por los contratos 1.109.

No obstante, la reglamentación fijó una serie de excepciones para estas restricciones entre las que se encuentran “las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud”, entre otras.

También establece un requisito para validar nuevos ingresos: se podrá “disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”. Será la estrategia del “3x1”.

La segunda reglamentación estableció que como un paso ineludible para el ingreso de nuevos agentes que éstos pasen el denominado examen de idoneidad. 

“Deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024”, sostiene. Y delimitó que las contrataciones del sector público nacional “no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025”, indicó.

En el marco del recorte de empleos públicos, 21.408 personas perdieron su trabajo en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 fueron echados de sus funciones como personal Militar y de Seguridad, y 11.951 que trabajaban en empresas del Estado.

El funcionario celebró la cifra de empleados desafectados y sostuvo que “siempre menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños”.

En diciembre último, en tanto, se sumaron unos 2.200 despidos en el ámbito del ministerio de Justicia -la mayoría de los famosos “contratos ACARA”- y de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público, un organismo creado por la denominada Ley de Medios al que ahora el Ejecutivo anticipó su intención de eliminar.

Con información de agencias.

IG

“Tiren la ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, lanzó Javier Milei la semana pasada, temerario, como si no le importara lo que pase en el Congreso, como si lo único que tuviera verdaderamente relevancia es la política económica. Aunque su desprecio por la política en general y por la dinámica legislativa en particular pareciera inquebrantable, el posible fracaso, por segunda vez, de su ley ómnibus podría ser interpretado como una señal alarmante para los inversores, porque evidenciaría la incapacidad de su gobierno para establecer fundamentos robustos que impulsen una verdadera transformación de la Argentina, como promete. Por caso, cuatro meses y medio ya han transcurrido bajo la gestión libertaria y aún no se aprobó ninguna ley.

Por eso hoy, a partir de las 11, se volverá a poner a prueba la capacidad del gobierno de Milei para llevar adelante sus reformas, con una sesión en la Cámara de Diputados que se espera que sea maratónica (podría durar dos días o más) y en cuyo temario figuran un nuevo proyecto de ley Bases, acotado y mucho más negociado que el anterior, y un paquete de reformas impositivas.

La expectativa es alta pero también lo es la preocupación: la Argentina transita una confrontación entre el modelo económico libertario como “solución” al estancamiento de la economía y una realidad política y social que demanda mayores consensos y una protección a los más vulnerables, con una pobreza que se estima que ya supera el 50%, y a una muy castigada clase media.

El jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, convocó a la sesión especial tras confirmarse que, después de intensas semanas de discusiones y tensiones políticas, el oficialismo y los sectores de la oposición más dialoguistas (el PRO; la UCR; Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Pichetto, e Innovación Federal, una bancada que responde a algunos gobernadores) alcanzaron por fin un acuerdo sobre un texto consensuado para la ley Bases y para el paquete fiscal.

Este acuerdo se materializó en un dictamen al proyecto Bases que el jueves último, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, recogió 61 firmas, aunque varias de estas se expresan disidencia, lo que sugiere posibles dificultades para la aprobación de ciertos artículos del proyecto.

La resistencia a varios puntos de la redacción es, precisamente, lo que llevó a que la propuesta original, enviada el 27 de diciembre por la Casa Rosada, fuera aprobada en general durante la sesión del pasado 6 de febrero, pero luego remitida nuevamente a comisiones, porque varios artículos venían siendo rechazado y así la ley corría el riesgo de convertirse en una “cáscara vacía”.

El fracaso de la primera versión de la propuesta fundacional de la gestión libertaria fue un claro indicio de su incapacidad para articular un acuerdo sólido con la oposición: dejó en evidencia la situación de hiperminoridad en que se encuentra el oficialismo y que, por lo tanto, la negociación política es su gran desafío para la gobernabilidad, a pesar de la postura combativa del presidente Milei, quien no duda en calificar a los opositores que eventualmente apoyarán la ley con términos despectivos como “delincuentes”, “parásitos” y “coimeros”.

Privatizaciones y reformas laboral e impositiva

La nueva redacción de la ley Bases incluye facultades especiales para el Presidente y privatizaciones. Durante su campaña, Milei prometió privatizar todas las empresas estatales excepto Aerolíneas Argentinas, argumentando que nadie la compraría y que sería entregada a los empleados. Sin embargo, tras asumir el cargo, incluyó a Aerolíneas en la lista de 41 empresas estatales a privatizar. A lo largo de las discusiones parlamentarias, la lista se redujo a 11 empresas, con diferentes modalidades de privatización, no todas completas. Al final, se decidió vender completamente sólo cuatro empresas: Aerolíneas, Enarsa, Intercargo, y Radio y Televisión Argentina (RTA), que comprende a Radio Nacional y la Televisión Pública. Además, se concesionarán cinco empresas más y se venderá parcialmente, manteniendo el control estatal, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Por otro lado, el Gobierno tuvo que abandonar sus planes de privatizar el Banco Nación y cerró la agencia de noticias Télam. Tampoco serán privatizadas Arsat, BICE, Casa de Moneda e YPF, entre otras.

A su vez, la reforma laboral que incluye la ley Bases establece la eliminación de multas adicionales en indemnizaciones por despido de trabajadores no registrados, la extensión del periodo de prueba hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa, y la creación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, permitiendo hasta cinco colaboradores sin relación de dependencia. Además, se permite a los sectores empresariales y sindicatos reemplazar las indemnizaciones por despidos con un fondo de desempleo a través de convenios colectivos.

La reforma excluyó medidas previas como la posibilidad de despedir sin indemnización a empleados involucrados en bloqueos o tomas, y no incluyó la declaración de la educación como servicio esencial. La UCR falló en su intento de incluir un mínimo no imponible para cargas patronales y eliminar la cuota solidaria obligatoria a sindicatos.

Por separado de la ley Bases, el paquete fiscal que también se debatirá en el recinto a partir de este lunes incluye, entre otras iniciativas, una modificación a la ley del Impuesto a las Ganancias, que busca que los trabajadores con ingresos más elevados vuelvan a estar sujetos a este tributo.

Entre las medidas más destacadas también se encuentra la modificación del monotributo, la implementación de un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria y reducciones en el Impuesto a los Bienes Personales. Estas medidas han generado controversia, especialmente por la postura del Presidente respecto a la evasión fiscal: recientemente, en una conferencia que brindó ante empresarios, llamó “héroes” a quienes fugan capitales del país.

Dado que se debatirán dos paquetes legislativos de gran envergadura, se anticipa que la sesión del lunes se prolongará al menos hasta el día siguiente, y no se descarta que pueda extenderse hasta el miércoles, con cuartos intermedios.

Durante los primeros cuatro meses y medio del mandato del presidente Milei, el Congreso no ha logrado sancionar ninguna ley, lo que pone de manifiesto la importancia y la urgencia de alcanzar resultados legislativos.

La sesión de la Cámara de Diputados de este lunes es decisiva: la capacidad del gobierno de Milei para transitar el estrecho sendero entre la audacia reformista y la necesidad de consenso democrático será puesta a prueba.

JJD

A 100 días del inicio de su Gobierno y después de hacer un balance de la gestión de Javier Milei al frente del Ejecutivo, el portavoz Manuel Adorni anunció este martes en su habitual conferencia de prensa, esta vez post reunión de Gabinete ampliada, con las presencias de Victoria Villarruel y de Martín Menem, la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que había sido creado en 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar“.

“El ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar”, introdujo el vocero, y amplió: “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Tenía 160 delegaciones, dos sedes, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una agencia de empleo político”, dijo.

“Luego de una revisión de datos absolutamente calamitosos y profundamente desoladores, este instituto, que tenía un total de 964 empleados, se va a transformar en una Dirección con tan solo 64. Esto va a significar un ahorro de $ 9.000 millones”, especificó y atacó con dureza a la gestión anterior: “Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público sólo en este instituto, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero; uno de cada tres empleados eran delegados; tenía 204 vehículos; y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una empresa de empleo político. Además, se transferían fondos discrecionales donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo está a las claras ya que, como se fue comunicando en estos días, no hemos recibido ni una sola queja ni reclamo de productores o de trabajadores del sector”, detalló Adorni.

Sobre los 100 días de gestión de Javier Milei, el portavoz presidencial consideró que es el único Gobierno “que ha cumplido puntillosamente con lo que prometió en campaña”, aunque se quejó porque, según su visión, “todos los gobiernos, al menos hasta el del presidente Milei, han sido acompañados en los primeros 1.200 días de gestión por la política acompañando las reformas. El caso de Milei es un caso atípico: es el primer Gobierno donde dentro de los primeros 100 días se le rechaza un DNU, se intentó parar el país, se pararon trenes, colectivos, se nos amenazó con cortes de gas y combustible. Y llamativamente unió a un espectro variopinto de la oposición”, reflexionó el funcionario desde Casa Rosada.

Para Adorni, Milei “cambió el concepto de gobernabilidad. La gobernabilidad estaba dada porque parte de la política esté de una misma vereda, y ahora se da por el apoyo de la gente en virtud de cumplir lo que habíamos prometido y hace lo que había que hacer y por lo que la gente votó que hagamos”.

Asimismo, sostuvo que ningún otro Gobierno “se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política. El Estado está donde debe estar, al servicio de la gente”, remarcó, al tiempo que aseguró que a la gestión libertaria “nos indigna saber que cada día que nos levantamos seguimos teniendo siete de cada diez chicos pobres en Argentina, resultado de una política que no estuvo a la altura de lo que merecemos. Esta vez llega a una argentina empobrecida un nuevo sol”, dijo.

“A pocos días de asumir, algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria, fantaseaban desde alguna reposera con que el Gobierno por estos meses cayera”, concluyó Adorni, en referencia a las marchas organizadas para el próximo 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.

Cuáles eran los objetivos del Instituto de Agricultura Familiar Campesina creado en 2022

1. Entender en el diseño, propuesta, coordinación, elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal, impulsando su formalización, modernización, tecnificación, complementación y diversificación de la economía relacionada con el sector productivo, tanto en la producción primaria como en la transformación asociada.

2. Entender en la promoción de las formas de producción agroecológicas, así como fomentar y acompañar la transición hacia estos sistemas de producción primaria y transformación asociada, a través de la ejecución de políticas de formación y fortalecimiento específicos.

3. Fomentar programas de construcción, ampliación y mejoramiento del hábitat rural, acceso al agua y sus condiciones productivas, propiciando el arraigo y la vuelta al campo, con el objetivo de promover la pesca artesanal y la permanencia en la tierra de las familias de los agricultores y las agricultoras familiares, campesinos y campesinas e indígenas, en condiciones dignas, con seguridad jurídica y garantizado el acceso a sus derechos, a través de la articulación de acciones con las áreas de la Administración Pública Nacional con competencia en la materia.

4. Entender en la ejecución de las políticas y programas que se orienten a la puesta en valor de los saberes de los agricultores y las agricultoras familiares, en especial, políticas de arraigo rural y de reconocimiento del valor social de la agricultura familiar en el desarrollo nacional, la seguridad y la soberanía alimentaria.

5. Entender en la coordinación de las instancias de relaciones institucionales con el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y las organizaciones de la Agricultura Familiar, y ejercer la representación en la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar en el MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) y en otras instancias nacionales e internacionales específicas.

6. Generar instancias de participación de los productores y las productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena, como así también reconocer y fomentar sus formas asociativas, convocando y coordinando espacios interinstitucionales con participación de los ámbitos público y privado relacionados con la actividad de su competencia.

7. Entender en la coordinación con organismos de cooperación técnica y financiamiento nacional y/o internacional de la planificación y elaboración de programas y proyectos de desarrollo técnico, económico, comercial y de agregado de valor destinados a la producción de los pequeños y medianos productores y las pequeñas y medianas productoras familiares, campesinos y campesinas e indígenas, como así también intervenir y colaborar en su ejecución.

8. Intervenir en el seguimiento de las negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales y la cooperación internacional, en coordinación con las áreas competentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de los Ministerios u organismos relacionados con la temática propia del Instituto.

9. Elaborar, ejecutar y supervisar la ejecución de programas destinados a atender la problemática del agricultor y de la agricultora familiar, campesino y campesina e indígena y de la pesca artesanal, el desarrollo regional y territorial rural, con énfasis en el arraigo de los y las jóvenes, la inclusión social y en la promoción de la igualdad de género.

10. Intervenir en materias vinculadas al Consejo Federal Agropecuario, en los ámbitos de su competencia.

11. Entender en la coordinación con las áreas de la Administración Pública Nacional centralizada competentes en materia de agricultura, ganadería y pesca, en lo que hace a sus propias atribuciones institucionales.

Cuáles eran sus funciones

1. Proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes que pudiesen pasar a integrar conforme la normativa vigente al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, creado por el artículo 16 de la Ley N° 27.118.

2. Participar en la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los siguientes actos con relación a inmuebles estatales que integren el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar conforme la normativa vigente y de acuerdo con las directivas que imparta la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS:

3. Contratar obras y servicios que hagan al cumplimiento de sus misiones y funciones, de conformidad con la normativa vigente.

4. Intervenir en la celebración de todo tipo de contratos y, en particular, contratos de concesión de uso, en los bienes que eventualmente integren el Banco de Tierras para Agricultura Familiar y en cualquier otro contrato civil o comercial, típico o atípico, nominado o innominado, que fuera conducente para el cumplimiento de su objeto con personas humanas y/o jurídicas.

5. Adquirir bienes que resulten necesarios para el cumplimiento de sus misiones y funciones, de conformidad con la normativa vigente.

6. Administrar el REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF) creado por la Resolución N° 255/07 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y su modificatoria, creación que fuera ratificada por el artículo 6° de la Ley N° 27.118 y monitorear su actualización permanente.

7. Promover las relaciones institucionales del Organismo y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia.

8. Elevar anualmente a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS una memoria e informe sobre las actividades cumplidas en el año precedente y su propuesta sobre las actividades a cumplir en el siguiente ejercicio.

IG

“Mi nombre es José Rolandi, soy vicejefe de Gabinete”. Cabeza gacha, casi que leyendo, sin mirar a sus interlocutores, el segundo de Nicolás Posse tomó la palabra y provocó un rápido cruce con los diputados de la oposición que lo desconocían por completo: “¿Quién es?”, se lo escuchó gritar a uno de los legisladores: “No estaba en el listado de expositores”. En ese clima de tensión y bordeando el escándalo comenzó este martes por la tarde el plenario de comisiones de la Cámara baja que tratará en las próximas semanas la ley ómnibus de reforma del Estado del gobierno de Javier Milei.

Rolandi, un ignoto para la gran mayoría de los legisladores, nombrado secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura “ad honorem”, ofició de presentador en la primera jornada del debate que tiene en agenda la exposición del secretario de Energía y mentor del proyecto de reforma libertaria y del mega DNU presidencial, Eduardo Rodríguez Chirillo; el procurador del Tesoro la Nación, Rodolfo Barra, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

El inicio de sus intervenciones se demoraron por una serie de críticas de la oposición centrada en Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, en contra de la intención del oficialismo de La Libertad Avanza de apurar el debate para darle media sanción a fin de mes a la iniciativa clave del Gobierno. “Esto no se trata de un cheque en blanco por parte del Congreso al Ejecutivo ni que se está pretendiendo cerrar el Congreso”, intentó aclarar Chirillo, que expuso en primer orden junto con Barra para explicar los capítulos del texto que plantea una fuerte reforma del Estado. A su modo admitió que el oficialismo aceptaría recortar el tiempo del uso de las delegaciones extraordinadinarias para el Presidente, uno de los puntos sensibles.

Fue de las expresiones más contundente del primer tramo de un debate vital del oficialismo porque necesita sí o sí el acuerdo con la oposición para que la ley salga favorablemente. LLA apenas tiene 38 de los 257 diputados. La llave entonces está en el apoyo que podrían darle la bancada del PRO, la UCR y la flamante Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Pichetto. 

“En cuanto al plazo de la emergencia estamos de acuerdo en que tiene que ser de dos años”, dijo luego Chirillo. Y buscó aclarar sobre la privatización de las empresas públicas: “Todas las empresas del Estado no se pueden privatizar. Tiene que ser ordenadas y ser eficientes. Para poder privatizar adecuadamente se tiene que poder ordenar. Hay muchas empresas totalmente ordenadas”. También dijo que “no hay intención de federalizar los recursos naturales que corresponden a las provincias”.

“Esta es una verdadera reforma del Estado. Si hay crisis económica no va haber constitución vigente”, justificó a su vez Barra, que tuvo un cruce cuando mencionó a Perón y uno de los legisladores kirchneristas le gritó: “Lavate la boca antes de hablar de Perón”. Y luego hizo una intervención clave sobre el futuro de YPF: dijo que la ley no establece la “obligatoriedad” de su privatización, sino la posibilidad de que pueda hacerlo. Y apuntó: “Para venderla hay que solucionar el planteo (judicial en Estados Unidos). El pleito no está terminado, con la posibilidad de que alguien quiera adquirirlo si es que el Estado quiere ponerlo en venta”.

Cruces con la oposición

“No estamos buscandole pelos al huevo en ninguno de los temas”, avisó el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, al tomar la palabra. El legislador lanzó como advertencia: “Estamos inaugurando un proceso vertiginoso y fulgurante, quiero expresarle un gran interrogante: la actitud del gobierno. ¿Quieren efectivamente que se aprueben estas herramientas legislativas para la marcha del gobierno? Porque estamos por el momento desconcertados”, cuestionó. “¿Estamos siendo usados para una estrategia que nada tiene que ver con el futuro del país?”, se preguntó después. La UCR pide para brindar su apoyo justamente que la delegación de facultades sea por un año y prorrogable por uno más –y no por dos y prorrogable por dos más–.

Es también un ítem que pide “corregir” parte del PRO. “Queremos que el texto sea mejorado para que la norma sea intachable desde el punto de vista constitucional”, dijo a su turno la amarilla Silvia Lospenatto. Otro de las modificaciones que pidió la oposición dialoguista tienen que ver con la herramienta de privatización de todas las empresas públicas, la fórmula de movilidad jubilatoria en un contexto de escalada inflacionaria sin freno y la reforma electoral, que abarca desde la eliminación de las PASO a la supresión de la elección de diputados por las minorías.

Mucho más beligerantes fueron el kirchnerismo y la izquierda en sus primeras exposiciones. “¡Más que un ómnibus, parece un tren fantasma!”, cuestionó muy ofuscada Myriam Bregman, del FIT, que ya anticipó que rechazará de plano la iniciativa. Y cuestionó a José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, que públicamente había pedido “cárcel o bala” para los legisladores trotskistas: “Se imagina la incomodidad que tenemos. El diputado Espert hoy tiene el privilegio de casta de estar sentado ahí. Solo con las formas antidemocráticas se puede discutir esta ley, cuyos contenidos avasalla el derecho”, apuntó.

¡Más que un ómnibus, parece un tren fantasma!

Myriam Bregman — Diputada FIT

“¡Yo quiero saber si a algunos de ustedes tres han recibido pedidos de coimas!”, irrumpió en el debate Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria y jefe de La Bancaria, recordando la acusación sin pruebas del Presidente sobre que los legisladores opositores exigen coimas para introducir cambios en la ley. “Yo creo que la pregunta que usted acaba de hacer no tiene ningún asidero”, le contestó el cordobés libertario Gabriel Bornoroni, titular de la comisión de Legislación General.

El kirchnerismo fue enfático en reclamar que en los próximos días también expongan ante la comisión tanto el jefe de Gabinete, Posse, como Federico Sturzenegger, el exfuncionario macrista que colaboró sin cargo formal tanto en la redacción de la ley ómnibus como del DNU. “Tiene que venir Posee. Lo tienen que traer. Es el responsable de la administración”, exigió Germán Martínez, jefe del bloque de UP. “¿Y qué van a hacer con Sturzenegger? Es el ministro sin cartera”, agregó. Y cuestionó con cizaña sobre el ministro de Economía, Luis Caputo: “Tiene que venir el ministro Caputo, a menos que se quiera seguir escondiendo como pasó con Macri”.

El oficialismo no tiene previsto que Caputo se muestre por el Congreso. Este miércoles se espera que dé explicaciones su equipo económico en una maratónica jornada que se está agendada entre las 9 y las 20. También expondrá la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Interior, Guillermo Francos. El tratamiento continuará el jueves con funcionarios de Capital Humano (no irá la ministra, Sandra Pettovello) y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

El primer tramo de la discusión cerró con escándalo cuando Chirillo se aprestaba a irse de la comisión para que entre el ministro Cúneo Libarona. La diputada kirchnerista Agustina Propato se quejó a los gritos de sus explicaciones sobre la posible privatización de la empresa estratégica Nucleoeléctrica Argentina SA y el funcionario aseguró que el Estado resguardará “la acción de oro”. Apenas respondió en una última y breve intervención un sinfín de preguntas que le habían soltado los diputados, y cerró antes de retirsarse: “Yo no vine a dar un saludito, creo que traté de dar una explicación”.

MC/JJD

Hoy desde las 14, en el Anexo C de la Cámara de Diputados, empezará la primera gran batalla política del Gobierno: el tratamiento parlamentario de la ley ómnibus que contiene un ambicioso paquete de reformas al Estado. La iniciativa es, junto al mega DNU, la mayor apuesta de Javier Milei para sus cuatro años de gestión. Implica una fuerte desregulación de la economía, el otorgamiento de “superpoderes” al Presidente, la privatización de empresas públicas, una inédita reforma electoral, blanqueo de capitales y hasta cambios relacionados con el Código Civil y el cálculo de las jubilaciones.

Por el amplio abanico de temas que toca el proyecto de ley, el oficialismo dispuso que la discusión se dé en el ámbito de tres comisiones, aunque podrían haber sido muchas más: Legislación General, presidida por el libertario Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda, encabezada por José Luis Espert –hasta ahora miembro de Juntos por el Cambio–, y Asuntos Constitucionales, liderada por Nicolás Mayoraz, también de La Libertad Avanza. 

Pese a la extensión del texto –tiene 351 páginas y 664 artículos– y a que se espera la exposición de ministros, el debate será acotado. El oficialismo abrió la agenda para hoy por la tarde y mañana con una jornada maratónica: desde las 9 a las 20. Extraoficialmente también se analiza convocar a una tercera jornada de discusión para el jueves. Con todo, la intención en LLA es apurar el dictamen la semana próxima y que se vote el jueves 25. 

Si abren el recinto es para que la ley se apruebe, pero a priori parece poco probable que el texto tenga media sanción tal como fue escrito. El oficialismo no tiene asegurados los votos por la relevancia y la heterogeneidad de los asuntos que incluye la afamada ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Por lo pronto Milei ya avisó que la ley podría tener “mejoras, pero no cambios”. Incluso llegó a denunciar que hay “diputados coimeros” buscando modificaciones.

Día 1

La jornada de este martes está cargada de expectativa porque los movimientos del oficialismo en la previa fueron inéditos. La convocatoria que hizo LLA incluyó una dirección de correo electrónico a la cual los diputados podían enviar inquietudes y preguntas hasta el lunes a las 20 para que sean respondidas por los expositores. Pero hasta este lunes por la tarde no se sabía qué funcionarios se acercarían al anexo de la Cámara baja. Otra novedad: se dispuso que sus intervenciones podrían ser vía Zoom.

El lunes finalmente se confirmó oficialmente que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, irán este martes, de 14 a 17 y de 17 a 20, respectivamente. También se informó que concurrirán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Interior, Guillermo Francos; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la de Capital Humano, Sandra Pettovello. Será en las jornadas del miércoles y el jueves, con horarios a confirmar.

elDiarioAR supo de fuentes parlamentarias que la intención de la participación de casi todos los ministros es que sea acotada a los estrictos artículos de la ley que tienen que ver con sus carteras.

La presencia de Rodríguez Chirillo no se explica solamente por su cargo —secretario de Energía— sino, sobre todo, porque uno de los mentores de la reforma estructural del Estado junto a Federico Sturzenegger, exfuncionario macrista que no tiene cargo formal. 

Al cierre de esta nota en el oficialismo reinaba cierta zozobra sobre la estrategia política. “Yo no lo tengo en agenda”, indicaron a este medio al lado de uno de los ministros más importantes del Gobierno. El lunes por la tarde estaba prevista una reunión de los presidentes de las comisiones para definir detalles al respecto y la agenda de Omar de Marchi, el “puente” entre el Ejecutivo y el Legislativo, aparecía “tapada”.

En público desde el oficialismo buscaron dar señales de optimismo y cerrar filas ante la posibilidad de que la ley sufra modificaciones para su votación. “No se negocian el norte ni las ideas, pero sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino hacia la libertad de los argentinos”, expresó el lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Vamos a trabajar para sacar el 100 por 100” de la ley ómnibus “antes de fin de mes”, adelantó por su parte el jefe del bloque de diputados libertarios, Oscar Zago.

Los cambios y las espadas

En la cúpula de Diputados, por lo bajo, admiten que habrá artículos que sí o sí sufrirán nuevas redacciones. “Habrá cambios de forma y pulidas”, apuntó una voz al tanto de las negociaciones políticas. Uno de los puntos que en LLA admiten que se acortará será la delegación de facultades especiales a Milei: en vez de que sea por dos años prorrogables por dos más, sería por un año prorrogable por otro más. “Yo no hablo de cambios sino de correcciones”, dijo otro operador libertario.

Paradigmático es el ruido que generó el articulado sobre la ley de pesca: “Está mal”, admitió rotundamente la fuente consultada, luego del ruido de todo el sector por lo que implicaría su desregulación. Otras economías regionales están en jaque por la imposición de retenciones, como la del limón en Tucumán que dio cuenta elDiarioAR. Incluso se estipula una suba en la alícuota de la soja, un golpe al corazón del agro. El lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con funcionarios de varias provincias para “clarificar” el porcentaje de corte de los biocombustibles.

También hay críticas sobre la privatización de todas las empresas públicas, la fórmula de movilidad jubilatoria en un contexto de escalada inflacionaria sin freno y la reforma electoral, que abarca desde la eliminación de las PASO a la supresión de la elección de diputados por las minorías. Hay un sinfín de reformas temerarias incluyendo aspectos sociales y culturales. La ley ómnibus incluye además la ratificación del mega DNU presidencial, que si bien aún no se conformó la comisión bicameral para su tratamiento parlamentario hoy está vigente, salvo su capítulo laboral suspendido por la Justicia.

Frente a semejante iniciativa, LLA tiene apenas en este tramo de la discusión parlamentaria 38 de los 257 diputados; o sea un 15% del total de bancas. Una situación que obliga a Milei a negociar cualquier votación por más que no quiera. A estos legisladores oficialistas puros pueden sumárseles los 37 del PRO, los 34 radicales y otros 18 de espacios provinciales proto-oficialistas que estarían dispuestos a acompañar en grandes rasgos la iniciativa. 

Pero la suma llega a 127, lo que significa que no llegan al quórum ni a aprobar, por ejemplo, las modificaciones al sistema electoral, que también requieren la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo: 129 de 257. Ayer la UCR le envió un informe con un “semáforo” a Menem donde explicitaron qué artículos apoyan, rechazan y cuáles piden modificar.

Posiblemente, la llave para destrabar estos asuntos –suponiendo que todos los radicales y todos los integrantes del PRO acompañen, lo que no está garantizado– podría ser Hacemos Coalición Federal, el bloque de 23 diputados que preside Miguel Pichetto, y que se paró en la vereda de enfrente del oficialismo y de los planes de Milei (sobre todo por sus formas). Los 107 diputados restantes son de Unión por la Patria (102) y del Frente de Izquierda (5), con los que el gobierno de Milei ni piensa contar. “El kirchnerismo es una máquina de impedir”, acusó Zago. 

MC/JJD

A horas del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas en las que diputados y senadores comenzarán a tratar los alcances del DNU del presidente Javier Milei con los puntos centrales que el mandatario envió para su tratamiento al Congreso, el vocero Manuel Adorni consideró este martes que la ley de Reforma del Estado “es parte de lo que los argentinos han votado” y pidió a los legisladores “acompañar lo que ha votado la gente” y no “obstruir este cambio con palos en la rueda”.

“Hay muchos argentinos de bien que quieren una Argentina distinta, terminar con la decadencia. Y hay otros que no quieren cambiar, cuando uno remite a las marchas y quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses”, sostuvo el portavoz en su habitual conferencia de prensa. 

Para Adorni, “diputados y senadores deberán elegir entre acompañar o que ha votado la gente, la Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría queremos”. El proyecto de ley “ómnibus” que el Gobierno lleva al Congreso incluye la reversión del impuesto a las Ganancias, la Boleta Única de Papel, los cambios en la movilidad jubilatoria y otras reformas impositivas, y la eliminación de las PASO, entre otras cuestiones que la administración Milei considera claves.

Asimismo, el vocero presidencial se refirió a los demás temas que dominan la agenda del día, como los cambios en el sistema de importaciones, la finalización de miles de contratos de trabajadores en las esferas del Estado y la reducción del servicio de colectivos por el pedido de empresarios del transporte de un aumento en las tarifas o los subsidios.

Qué dijo Adorni

Importaciones: “Se establece un nuevo sistema de importación, el SEDI; con esto se termina que un burócrata o un funcionario de turno decida que se puede importar y qué no. Siempre vamos a confiar más en el que trabaja que en el burócrata de turno. Deja de existir la SIRA, pasa a existir el sistema SEDI, que es simplemente un sistema estadístico; no va a haber más licencias automáticas. El que quiera importar, va a poder hacerlo”.

Planes sociales: “El Estado inicia una auditoría en todos los planes sociales Potenciar trabajo para detectar irregularidades. El objetivo es que cobren el plan quienes lo necesiten y deje de ser un negocio para los intermediarios. Los planes están congelados. Administrados recursos escasos ante necesidades infinitas. Hay que esperar el resultado de la auditoría. Saludamos la investigación a cargo del fiscal Marijuan, en donde se acreditó la identidad de más de 8000 personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con ministerios o dependencias. Estos 160 mil planes equivalen a cerca de 10 mil millones de pesos mensuales de los que los argentinos no tienen que hacerse cargo”.

Empleo público y reforma del Estado: “Todo contrato con alta 2023 que termina el 31 de diciembre no será renovado. Hay más de 5 mil contratos que son altas del 2023 y no serán renovados. El resto de los contratos del Estado entran en un proceso de revisión de 90 días. En Economía sobraban 600 autos, en Presidencia 100. Hay todo un trabajo de auditoría que se está haciendo, hay que entender que tenemos muchísimas décadas de decadencia, donde la política hizo mucho daño. Cambiar lleva tiempo, pero dimos el puntapié inicial, todo es un proceso”.

Subsidios transporte: “El subsidio a la oferta va camino a su extinción. Para ajustar tarifas hay que llamar a audiencia pública. El 1 de enero se van a empezar a conocer novedades en subsidios y en el sistema de las tarifas. En la tarde de hoy habrá una reunión para comenzar a solucionar el desacuerdo entre las empresas de transporte público y el Estado. El subsidio a la oferta va a ir camino a su extinción. Nuestro norte es que los subsidios los reciba directamente el usuario. El sistema de transporte sufre una gran distorsión, al margen de la inequidad que existe con quien paga el boleto en otros lados. A partir del 1 de enero se va a empezar a conocer novedades en el sistema de subsidios y, por supuesto, en el precio de las tarifas”.

Movilización de la CGT: “Estamos observando cómo evoluciona la organización de las marchas de mañana. Se va a seguir controlando el tema de la movilidad. Les recuerdo que funciona la línea anónima 134 para todos aquellos que se sientan extorsionados a concurrir. Vamos a iniciar una auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan una justificación”.

Jubilaciones: “Lo que se va a hacer es recomponer los salarios a través de decreto. La fórmula jubilatoria iba a implicar una pérdida del poder adquisitivo del 40% y no lo íbamos a permitir. El haber echado por tierra la ley de movilidad no es en contra de los jubilados, sino a favor para evitar que el nivel de inflación les termine por despedazar el ingreso de los pasivos. Lo aclaré acá el día que anuncié las medidas tomadas por el ministro (Luis) Caputo. Se van a recomponer esos salarios a través de decretos. La ley jubilatoria iba a implicar una pérdida del poder adquisitiva en torno al 40% en los haberes, y no lo podíamos permitir. El jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy contundente. Van a sufrir una recomposición. Lo estamos terminando de definir”. 

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional determinó este martes que las contrataciones de personal en el sector público “iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas”, al tiempo que prorrogó la vigencia del Decreto N° 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, que establece restricciones en el mismo sentido.

El Poder Ejecutivo estableció estas medidas por medio de los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados en la edición de hoy del Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La primera norma, referida a las contrataciones de personal, sostiene en su primer artículo que “las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas”.

En este punto, se exceptúan “las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

En tanto, las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25.164 (que regula el Empleo Público) y del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos.

Además, se solicita a las autoridades de cada área “un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023” y, “en el caso de que decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.

Al mismo tiempo, se instruye a los titulares de las jurisdicciones a que “informen a la Jefatura de Gabinete sobre la implementación de estas medidas”.

El Decreto 1109/17 establece el régimen de contratación de personas humanas, para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales y establece que dichos contratos no podrán superar los 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso.

En los considerandos del Decreto 84 se recuerda, por otra parte, la modificación de la Ley de Ministerios “que obliga a revisar todas aquellas contrataciones” y “la presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública”, argumenta la norma.

En tanto, el Decreto 77 prorroga la vigencia del Decreto 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, por el cual se establecieron restricciones a las designaciones de personal en las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.

Las restricciones son las comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y dicha norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.

El artículo 8º de esa norma establece que “las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

También se incluyen a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Además, se incluye a Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

También están comprendidos en la norma los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

ATE se moviliza contra los despidos

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este miércoles en una nueva Jornada Nacional de Lucha para reclamar “contra el decreto mediante el cual se pretende despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Los trabajadores en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables para garantizar el funcionamiento de todas las áreas del Estado, independientemente de cuál sea la modalidad de su vínculo contractual”, aseguró, al tiempo que confirmó que la conducción nacional se movilizará a partir de las 11 en Talcahuano y Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia de la Nación. En el resto de las provincias, “la jornada se desarrollará con paros, movilizaciones, asambleas y cortes de ruta”.

En este marco, Aguiar señaló: “Los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha. No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno”.

“Si el Gobierno avanza con estas cesantías, de manera directa se estará afectando a los trabajadores y familias, pero indirectamente la perjudicada será toda la comunidad. En el Estado cualquier despido se traduce en una pérdida de derechos para todo nuestro pueblo”, indicó el dirigente.

Además de los despidos, el Gobierno ya oficializó por decreto que renovará “tan solo por 90 días los contratados de forma irregular”. En este sentido, Aguiar apuntó: “La agresión a los estatales es tan grave que hasta quieren poner en disponibilidad a más de 70 mil trabajadores. Renovar los contratos solamente por un plazo de tres meses nos coloca frente a un estado de máxima precarización. En la Administración Pública cuesta encontrar antecedentes de un ataque de tal magnitud a los derechos laborales”.

ATE también pide:

• Cese de las políticas de ajuste;

• Pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario en tiempo y forma;

• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación;

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores y estabilidad laboral;

• Rechazo a la aplicación del Protocolo Antimovilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades. 

• Dar marcha atrás al intento de privatización de las empresas públicas;

• Que se mantenga la devolución del IVA en las compras de productos esenciales; 

• Que no se restituya el Impuesto a las Ganancias.

Con información de agencias.

IG

El DNU anunciado por el presidente Javier Milei el miércoles a última hora trae, dentro de su cuerpo de 366 artículos, una mala noticia para la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de manifestar reclamos laborales. En el artículo 24 se imposibilita el derecho a huelga siempre y cuando impida el 75% del normal funcionamiento de la actividades consideradas esenciales. En los rubros que son catalogados como de “importancia trascendental”, se debe garantizar al menos el 50% de la actividad. 

Esas categorías podrán ser definidas por una “comisión independiente y autónoma, denominada Comisión de Garantías” que estará integrada por “cinco miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o de derecho constitucional y destacada trayectoria”. Es decir, que no es una enumeración cerrada. 

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, comienza el artículo del DNU de 83 páginas. 

“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”, detalla. “En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%)”. 

En principio, el decreto considera “servicios esenciales” a las siguientes actividades:

Se consideran “actividades de importancia trascendental” a las siguientes:

MT

Esta noche, Javier Milei realizó su primera cadena nacional acompañado de su gabinete y detalló 30 medidas de las más de 300 iniciativas que integran el decreto de necesidad y urgencia de reforma del Estado y desregulación de la economía. Una por una, las políticas anunciadas:

1. Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.

2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente

contra el derecho de propiedad de los individuos.

3. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las

decisiones de los comerciantes argentinos.

4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados

actores del poder.

5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para

evitar la persecución de las empresas.

6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial.

7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial.

8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas

públicas.

9. Derogación del régimen de sociedades del Estado.

10.Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para

su posterior privatización.

11.Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de

empleo genuino.

12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.

13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.

14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

15.Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de

producción azucarera.

16.Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.

17.Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información

Minera.

18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de

Aerolíneas Argentinas.

19. Implementación de la política de cielos abiertos.

20.Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad

contractual entre las partes.

21.Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones

contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

22.Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras

sociales.

23.Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

24.Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras

sociales.

25.Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar

costos.

26.Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la

competencia y reducir costos.

27.Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol

puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.

28.Desregulación de los servicios de internet satelital.

29.Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de

turismo.

30.Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros

automotores.

ACM

Después de realizar un largo repaso que incluyó críticas a “la casta” y a los gobiernos que antecedieron al suyo, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció esta noche por cadena nacional que firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) “para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país”. Incluye, según dijo, más de 300 de medidas de las cuales detalló 30. Se trata de decisiones que no pasarán por el Congreso y que modifican el régimen laboral, facilitan las privatizaciones y suponen la derogación de numerosas leyes, entre ellas la de Alquileres.

“Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones pero solo generan problemas. El DNU que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de desregulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer”.

A continuación, las 30 medidas del DNU, tal como las mencionó textualmente Milei en la cadena nacional:

1. Derogación de la ley de Alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea.

2. Derogación de la ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.

3. Derogación de la ley de Góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos.

4. Derogación de la ley del Compre Nacional, que sólo beneficia a determinados actores del poder.

5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.

6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial.

7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial.

8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

9. Derogación del Régimen de Sociedades del Estado.

10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.

12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones.

13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.

14. Modificación de la Ley de Fuego.

15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.

16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.

17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera.

18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

19. Implementación de la Política de Cielos Abiertos.

20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.

21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

22. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales.

23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

25. Restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.

26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.

27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, si así lo quisieran.

28. Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink.

29. Desregulación del sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo.

30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

Todo el Gabinete, presente, y una figura sin cargo

Milei se mostró leyendo su mensaje en su escritorio, rodeado por 12 personas, entre las cuales se contaban sus principales ministros, como el de Economía, Luis Caputo, y un hombre a quien se atribuye la redacción del megadecreto desregulador: Federico Sturzenegger. El expresidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri aún no tiene cargo confirmado en el gobierno de Milei, pero apareció en la cadena nacional.

Los DNU quedan vigentes desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial y solamente pierden vigencia si son rechazados por ambas cámaras del Congreso, lo que no ha ocurrido jamás en la historia institucional argentina. De modo que todas estas medidas entrarán en vigencia ahora mismo, a menos que los plenos de Diputados y el Senado se pronuncien en contra.

“Hemos quitado 13 ceros a la moneda, hemos destruido cinco signos monetarios, hemos tenido dos hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Lo que debe entenderse es que el problema es el déficit y que las soluciones a las que los políticos recurren, lejos de arreglar el problema, lo empeoran. La utilización de la deuda como mecanismo continuo de financiamiento del déficit y el inevitable default lo que produce es el incremento del riesgo país, la suba en la tasa de interés, la caída en la inversión y finalmente salarios reales miserables”, dijo Milei en su discurso.

El jefe de Estado repitió varias de las frases que viene diciendo desde que asumió e inclusive antes, en campaña. Por ejemplo, señaló que “la emisión monetaria, como ha sido demostrado teórica y empíricamente, es la única causa de la inflación, que es un impuesto regresivo encubierto que entorpece la señal de precios, destruye la inversión y el poder adquisitivo de los argentinos” y que “el aumento indiscriminado y continuo de impuestos atenta contra el derecho de propiedad de los argentinos, contra el ahorro, la inversión y en consecuencia genera también salarios reales miserables”.

“Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos con que los políticos intentan financiar el déficit, en vez de afrontar la causa que es el déficit fiscal, los políticos introducen regulaciones, controles de precios, cepos, trabas burocráticas y normativas que violan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos, entorpecen el cálculo económico y destruyen la generación de riqueza. En consecuencia, el Estado en su conjunto se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y fundamentalmente la libertad”, dijo.

El Presidente señaló que “la consecuencia de ello es que Argentina es un país donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza” y que “más del 10% de la población es indigente en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión impositiva sobre el sector agropecuario del 70%”. “El Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer”, aseveró.

“Los argentinos de bien”

Milei dijo también que “en clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien”.

Sostuvo que “esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro” y, a pesar de que es un dato cuestionado, como otros que repitió en sus discursos previos, insistió en señalar que la Argentina “a principios del siglo XX era la primera potencia mundial” y que “a lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal”.

“De hecho, en los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal y de las 22 crisis que los argentinos sufrimos en nuestra historia, 20 han tenido origen fiscal. Pero como la clase política no ha querido atacar nunca la causa de nuestros problemas, han recurrido sistemáticamente a la deuda, la emisión monetaria o la suba de impuestos para paliar este déficit. La consecuencia de esas decisiones es que la Argentina es el máximo defaulteador (sic) serial del mundo”,

JJD/DTC

El secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró este miércoles que la CGT tendrá “una reacción de forma inmediata” al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas, con una desregulación de la economía y modificaciones y reformas a varias leyes de trabajo, y dijo que desde la central obrera se analizará el texto de la iniciativa para “judicializar” la norma.

“Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar. Buscarán reformar las indemnizaciones y volver al impuesto a las Ganancias. Escucharemos lo que se anuncie y seguramente se reunirán distintas organizaciones sindicales para analizar a través de abogados y se verán las medidas a tomar”, aseguró el líder camionero en declaraciones a la radio AM750.

Sobre la posibilidad de que el DNU incluya cambios en las indemnizaciones, Moyano afirmó que “nadie va a quedarse de brazos cruzados mientras se van los derechos y las indemnizaciones” y recordó que pagar la indemnización “es una facultad del empresario”.

Por otro lado, el dirigente camionero informó que este martes la CGT se reunió con los ocho gobernadores de la liga peronista, que habían estado previamente reunidos con el presidente Javier Milei, y se pronunciaron en un comunicado contra la reversión del impuesto a las Ganancias

Se trata de los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

“Es siempre en contra de los trabajadores, estuvimos 13 años peleando. Parece que fuera un castigo que un laburante se lleve un mango más a su casa”, dijo Moyano.

En tanto, anticipó que la CGT se reunirá este jueves con los bloques de senadores y diputados del PJ para “rechazar cualquier intento y proyecto en contra de los laburantes”. “No se ha anunciado nada con respecto a las paritaria, es un descontrol lo que estamos viviendo”, advirtió.

En esa línea, aseguró que desde la central obrera continuarán en “reuniones permanentes” con otras centrales sindicales, diputados, gobernadores y representantes del movimiento obrero para “analizar lo que van a judicializar” del DNU que se conocerá en las próximas horas.

Finalmente, se refirió al protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad y que será aplicado hoy en la movilización prevista por la Unidad Piquetera que marchará del Congreso a la Plaza de Mayo.

Para Moyano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca “demostrar a Estados Unidos que este gobierno está en contra de los que menos tienen”.

“Con los grandes cambios se hicieron en la calle, quiere demostrar a sus mandantes un poder de represión para llevar adelante un modelo económico que va a fracasar porque serán perjudicados los que menos tienen”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

Javier Milei prepara una ley ómnibus para emprender sus reformas. Prevé achicar el Estado, incluidas las empresas públicas, a las que intentará privatizar tarde o temprano, según el caso, pero primero buscará ponerlas en valor, podando déficit. Todo este proceso puede que incluya despidos, como en los 90. El paquete se prevé que incluya una reforma laboral: Milei ya habló de que los patrones puedan echar personal sin pagarle indemnización. Otro capítulo es la derogación de cientas de leyes que fue revisando Federico Sturzenegger, aquel que fue viceministro de Economía en la crisis de 2001 y presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri hasta que le explotó la devaluación de 2018. Veremos si abarca la ley de alquileres y los deja librados a la libre y desigual negociación de propietario e inquilino.

Pero el ómnibus también contempla la promoción de inversiones con ventajas especiales. En eso está el abogado especializado en minería Sergio Arbeleche, que incluso suena para la secretaría del área. Arbeleche, del estudio Bruchou Funes de Rioja, busca trasladar parte del régimen de inversiones mineras, que se creó en los 90 y siempre se respetó, al resto de la economía. 

El incentivo sería para inversiones grandes, las que superen los US$500 millones, aunque también hubo quienes querían bajar esa barrera a los 200 millones y otros que preferían subirla a 1.000 millones. El plan consiste en que las que sean mayores al nivel por definir tenga libre acceso a las divisas, no paguen retenciones a la exportación, se les devuelva en forma anticipada el IVA durante la construcción de sus instalaciones -en la actualidad, este impuesto se reintegra al año y medio, licuación por inflación mediante- y se les asegure la intangibilidad de las condiciones iniciales del proyecto. Esto se parece a la estabilidad fiscal de las que gozan las iniciativas mineras por 30 años. Se trata de un régimen similar al que la actual secretaria de Energía, Flavia Royón, quería otorgarle al gas natural licuado (GNL), el que se exportaría en barco a Europa o donde sea. 

A diferencia de la reforma del Estado de 1989, en el inicio del gobierno de Carlos Menem, esta vez no participará el experimentado abogado que diseñó aquello, Roberto Dromi. El ex ministro de Obras Públicas había preparado su proyecto a lo largo de medio año de 1989 y después contó con el apoyo del PJ que dominaba el Congreso y hasta de la UCR, que había pasado a la oposición. 

Dromi fue sondeado hace unos meses por dos economistas a los que consultó Milei y después desechó, el ex ministro de Economía menemista Roque Fernández y su ex viceministro Carlos Rodríguez. También fue visitado por la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y su asesor Guillermo Montenegro, futuro diputado. Pero ni Villarruel controlará el Ministerio de Seguridad, como había prometido Milei en campaña, ni Dromi se sumó al gobierno libertario. 

El ex ministro de Obras Públicas de Menem sí le entregó a Villarruel una lista de “diez prioridades administrativas para la estabilidad monetaria, el equilibrio fiscal y el desarrollo económicos”, a saber:

Pero las ideas de Dromi no son las del presidente electo. Habrá que ver cómo le va Milei con su improvisado equipo de gobierno y sus planes de última hora. Si fallan en medio de la crisis actual, pronto tendrá que buscar otros funcionarios y otros programas. 

AR