El Gobierno oficializó el pase a disponibilidad de 150 empleados de planta permanente del Ministerio de Economía, tras la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, mediante la Resolución 10/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, perteneciente al área recientemente eliminada, quede en situación de disponibilidad, por un plazo que, dependiendo el caso, es de 6 meses, 9 meses o un año.

Además, se resolvió limitar “toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal de la citada ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, desde el dictado de la presente medida”.

La decisión se da en el marco de la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dispuesta por medio del Decreto 3/2025, en el comienzo del año. En dicha norma se había estipulado que el personal quedaría sujeto a las previsiones de lo dispuesto en el régimen de disponibilidad, lo que se confirma este 16 de enero.

Al respecto, el texto oficial que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, recordó que en el Decreto 1421/02 “se establecen las previsiones a las que se ajustará el régimen de disponibilidad aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad afectado por medidas de reestructuración o reducción de dotación óptima necesaria”.

En esa línea, agregó que la ley 25.164 determina que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Asimismo, precisó que el régimen de personal en situación de disponibilidad aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción de dotación óptima necesaria fue aprobado durante agosto pasado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La medida profundiza el recorte del empleo público que viene llevando a cabo el gobierno de Javier Milei desde su comienzo, en pos de achicar el gasto del Estado. Entre diciembre de 2023 y noviembre pasado, unos 35.936 empleados públicos perdieron su trabajo en la administración nacional. 

En esta semana, el pase a disponibilidad de 150 trabajadores de Economía se suma a la no renovación de 1.400 contratos en el Ministerio de Salud, lo que fue celebrado por el presidente en sus redes sociales al expresar: “Sigue la motosierra. Viva la libertad carajo”.

Con información de NA.

IG

El gobierno prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, en el marco de la política destinada a seguir achicando el gasto público.

Solo en 2024 fueron cesanteados unos 36 mil empleados públicos.

Ahora, el Gobierno estableció un nuevo régimen para el sector: prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad.

La nueva reglamentación fue oficializada con la última edición del Boletín Oficial de 2024 en la que se publicaron los decretos 1148/2024 y 1149/2024, que llevan las firmas de Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Si bien la normativa establece excepciones al virtual congelamiento de la planta estatal, crea en los hechos un nuevo régimen del empleo público.

El primer decreto suspende el ingreso de nuevos agentes al consignar que “las jurisdicciones y entidades del sector público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.

La limitación alcanza a contrataciones para las plantas transitorias o por tiempo indeterminado, así como también a los denominados “monotributistas” regidos por los contratos 1.109.

No obstante, la reglamentación fijó una serie de excepciones para estas restricciones entre las que se encuentran “las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud”, entre otras.

También establece un requisito para validar nuevos ingresos: se podrá “disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”. Será la estrategia del “3x1”.

La segunda reglamentación estableció que como un paso ineludible para el ingreso de nuevos agentes que éstos pasen el denominado examen de idoneidad. 

“Deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024”, sostiene. Y delimitó que las contrataciones del sector público nacional “no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025”, indicó.

En el marco del recorte de empleos públicos, 21.408 personas perdieron su trabajo en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 fueron echados de sus funciones como personal Militar y de Seguridad, y 11.951 que trabajaban en empresas del Estado.

El funcionario celebró la cifra de empleados desafectados y sostuvo que “siempre menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños”.

En diciembre último, en tanto, se sumaron unos 2.200 despidos en el ámbito del ministerio de Justicia -la mayoría de los famosos “contratos ACARA”- y de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público, un organismo creado por la denominada Ley de Medios al que ahora el Ejecutivo anticipó su intención de eliminar.

Con información de agencias.

IG

A horas del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas en las que diputados y senadores comenzarán a tratar los alcances del DNU del presidente Javier Milei con los puntos centrales que el mandatario envió para su tratamiento al Congreso, el vocero Manuel Adorni consideró este martes que la ley de Reforma del Estado “es parte de lo que los argentinos han votado” y pidió a los legisladores “acompañar lo que ha votado la gente” y no “obstruir este cambio con palos en la rueda”.

“Hay muchos argentinos de bien que quieren una Argentina distinta, terminar con la decadencia. Y hay otros que no quieren cambiar, cuando uno remite a las marchas y quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses”, sostuvo el portavoz en su habitual conferencia de prensa. 

Para Adorni, “diputados y senadores deberán elegir entre acompañar o que ha votado la gente, la Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría queremos”. El proyecto de ley “ómnibus” que el Gobierno lleva al Congreso incluye la reversión del impuesto a las Ganancias, la Boleta Única de Papel, los cambios en la movilidad jubilatoria y otras reformas impositivas, y la eliminación de las PASO, entre otras cuestiones que la administración Milei considera claves.

Asimismo, el vocero presidencial se refirió a los demás temas que dominan la agenda del día, como los cambios en el sistema de importaciones, la finalización de miles de contratos de trabajadores en las esferas del Estado y la reducción del servicio de colectivos por el pedido de empresarios del transporte de un aumento en las tarifas o los subsidios.

Qué dijo Adorni

Importaciones: “Se establece un nuevo sistema de importación, el SEDI; con esto se termina que un burócrata o un funcionario de turno decida que se puede importar y qué no. Siempre vamos a confiar más en el que trabaja que en el burócrata de turno. Deja de existir la SIRA, pasa a existir el sistema SEDI, que es simplemente un sistema estadístico; no va a haber más licencias automáticas. El que quiera importar, va a poder hacerlo”.

Planes sociales: “El Estado inicia una auditoría en todos los planes sociales Potenciar trabajo para detectar irregularidades. El objetivo es que cobren el plan quienes lo necesiten y deje de ser un negocio para los intermediarios. Los planes están congelados. Administrados recursos escasos ante necesidades infinitas. Hay que esperar el resultado de la auditoría. Saludamos la investigación a cargo del fiscal Marijuan, en donde se acreditó la identidad de más de 8000 personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con ministerios o dependencias. Estos 160 mil planes equivalen a cerca de 10 mil millones de pesos mensuales de los que los argentinos no tienen que hacerse cargo”.

Empleo público y reforma del Estado: “Todo contrato con alta 2023 que termina el 31 de diciembre no será renovado. Hay más de 5 mil contratos que son altas del 2023 y no serán renovados. El resto de los contratos del Estado entran en un proceso de revisión de 90 días. En Economía sobraban 600 autos, en Presidencia 100. Hay todo un trabajo de auditoría que se está haciendo, hay que entender que tenemos muchísimas décadas de decadencia, donde la política hizo mucho daño. Cambiar lleva tiempo, pero dimos el puntapié inicial, todo es un proceso”.

Subsidios transporte: “El subsidio a la oferta va camino a su extinción. Para ajustar tarifas hay que llamar a audiencia pública. El 1 de enero se van a empezar a conocer novedades en subsidios y en el sistema de las tarifas. En la tarde de hoy habrá una reunión para comenzar a solucionar el desacuerdo entre las empresas de transporte público y el Estado. El subsidio a la oferta va a ir camino a su extinción. Nuestro norte es que los subsidios los reciba directamente el usuario. El sistema de transporte sufre una gran distorsión, al margen de la inequidad que existe con quien paga el boleto en otros lados. A partir del 1 de enero se va a empezar a conocer novedades en el sistema de subsidios y, por supuesto, en el precio de las tarifas”.

Movilización de la CGT: “Estamos observando cómo evoluciona la organización de las marchas de mañana. Se va a seguir controlando el tema de la movilidad. Les recuerdo que funciona la línea anónima 134 para todos aquellos que se sientan extorsionados a concurrir. Vamos a iniciar una auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan una justificación”.

Jubilaciones: “Lo que se va a hacer es recomponer los salarios a través de decreto. La fórmula jubilatoria iba a implicar una pérdida del poder adquisitivo del 40% y no lo íbamos a permitir. El haber echado por tierra la ley de movilidad no es en contra de los jubilados, sino a favor para evitar que el nivel de inflación les termine por despedazar el ingreso de los pasivos. Lo aclaré acá el día que anuncié las medidas tomadas por el ministro (Luis) Caputo. Se van a recomponer esos salarios a través de decretos. La ley jubilatoria iba a implicar una pérdida del poder adquisitiva en torno al 40% en los haberes, y no lo podíamos permitir. El jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy contundente. Van a sufrir una recomposición. Lo estamos terminando de definir”. 

Con información de agencias.

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