Amontonar, acumular, juntar sin orden. Así define el Diccionario de la Real Academia Española al verbo hacinar, en su segunda acepción. Y así, hacinada, es como vive alrededor de la mitad de las personas que residen en villas, con entre dos y tres convivientes por pieza.

Los datos se desprenden del informe Condiciones de vida en barrios populares, elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el colectivo villero La Poderosa, a partir de un relevamiento realizado en nueve barrios de seis provincias, que alcanzó a 1.485 hogares y más de 5.000 personas.

En promedio, el 50,2% de las viviendas de estos barrios presenta hacinamiento —entre dos y tres personas por cuarto—, y un 10,7% directamente supera ese umbral, según los parámetros del Indec para lo que denomina hacinamiento crítico. Los barrios con mayor hacinamiento crítico son Isla Maciel, Los Álamos y Complejo Yapeyú, con tasas de entre el 17% y el 23%. En todos los casos, los valores duplican —y a veces triplican— al promedio nacional, que ronda el 5%. Pero ademas, el 90 % de los hogares “enfrenta un alto riesgo ambiental” ya que viven ante la presencia de plagas, acumulación de basuras y cercanos a fuentes contaminantes.

Vivir amontonados y sin plan de vivienda porque el Gobierno que no lo cree necesario

Esta convivencia forzada en espacios reducidos tiene consecuencias directas en el bienestar físico y emocional de las familias. Limita la intimidad, impide la concentración para estudiar o trabajar, y eleva los niveles de estrés, sobre todo cuando el entorno de la vivienda también presenta fallas estructurales.

Durante la última campaña presidencial, un video filmado con un celular recorrió las redes: Javier Milei, de pie frente a una pizarra blanca, arrancaba uno por uno los nombres de los ministerios que pensaba eliminar. “¡Afuera!”, gritaba al arrojar los stickers por el aire. Entre ellos, estaba el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Pero la motosierra no se quedó en la línea ministerial. En febrero de este año, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Vivienda, a través del Decreto 70/2025. En los fundamentos de la medida se explicita que la política habitacional debe quedar en manos de las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional.

Junto con esa decisión, se cerraron o pusieron en proceso de disolución tres fondos fiduciarios clave: el del programa Procrear, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En el caso de este último, fue el instrumento principal para canalizar obras de urbanización en barrios populares, financiadas con parte de lo recaudado por el impuesto PAIS. Con la eliminación de estos organismos, el Gobierno ratificó su decisión de retirar al Estado nacional de la ejecución de obras de vivienda e integración urbana, incluso en los sectores con mayor déficit estructural.

Sin embargo, a pesar de la decisión del Ejecutivo, en mayo la justicia resolvió frenar la eliminación del FISU y le ordenó al Gobierno que solo podrá disponer de los fondos para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.

Hogares sin agua caliente, humedad en contacto con instalaciones eléctricas y sin acceso a servicios básicos

El artículo 14 bis de la Constitución nacional dice en su tercer párrafo: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Sin embargo, según el informe de ACIJ y La Poderosa, apenas el 15% de las viviendas de las villas alcanza una calidad constructiva suficiente, mientras que el 81% es considerada parcialmente insuficiente. La mayoría tiene filtraciones, grietas, humedad y techos precarios. Entre el 20% y el 45% carece de agua caliente o lavamanos en el baño. En barrios como Villa 21-24-Zavaleta, más del 50% de los hogares tiene humedad en contacto con instalaciones eléctricas, lo que representa un riesgo latente.

El acceso a servicios básicos también muestra cifras alarmantes. Solo el 15,9% de los hogares accede a ellos de forma adecuada. Un 10,9% directamente no cuenta con ninguno. La mayoría (73,2%) vive con conexiones informales o deficitarias, tanto a la red eléctrica como al agua.

El 63% de las viviendas tiene una conexión precaria a la red eléctrica. Como consecuencia, el 20% sufre cortes de luz al menos una vez por mes, y en barrios como Isla Maciel, Mirador o Villa 21-24-Zavaleta, más del 70% de los hogares perdió electrodomésticos por fallas. En ese mismo barrio porteño, el 10% de las viviendas sufrió incendios vinculados a la electricidad en el último año.

En cuanto al agua, el 50% de las familias accede mediante conexiones informales, y el 75% detectó olor, color o sabor extraño en el suministro. Como resultado, el 60% compra agua embotellada, un gasto significativo para hogares con ingresos inestables.

La brecha digital es otro de los ejes del informe. El 76% de los hogares no tiene computadora, y el 18% solo accede a internet a través del celular. En algunos barrios, como Mendoza Sur e Isla Maciel, más de una cuarta parte de las casas no tiene ninguna conexión a internet.

Las infancias atraviesan todos estos déficits. Según el relevamiento, entre el 20% y el 30% de la población de los barrios populares tiene 14 años o menos, por encima del 22% de promedio nacional, de acuerdo al Censo 2022. Este dato refuerza la idea de una sobrerrepresentación infantil en contextos de precariedad, donde se vulneran derechos básicos desde los primeros años.

En el mismo sentido, señalan que “la mayoría de las jefas de hogar son mujeres, con más del 60 por ciento, y entre el 50 y el 60 por ciento de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo”. Esto, da cuenta de una “marcada feminización” que representa “una doble vulnerabilidad: las mujeres deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos”.

Finalmente, el informe da cuenta de un entorno urbano degradado. El 60% de las viviendas no tiene árboles en la calle, y el 80% de los vecinos considera insuficientes los espacios verdes. En muchos barrios, la cercanía a basurales o cursos de agua contaminados es la norma. Con un índice propio, ACIJ y La Poderosa determinaron que el 90% de los hogares enfrenta un riesgo ambiental alto.

El problema, sin embargo, excede a los nueve barrios analizados. Según datos de ACIJ, en la Argentina existen más de 4.000 asentamientos, donde viven más de 3.000.000 de personas, lo que equivale a 800.000 familias. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 15% de su población reside en villas. En los últimos años se impulsaron procesos de integración sociourbana en algunos barrios porteños y en la provincia de Buenos Aires, e incluso se sancionó la Ley de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana. Pero los avances fueron escasos en relación a la magnitud de la problemática, los estándares de intervención no siempre se ajustaron a una perspectiva de derechos, y los mecanismos de participación no habilitaron un rol activo de las comunidades en la toma de decisiones más relevantes.

Frente a este panorama, el informe de ACIJ y La Poderosa advierte sobre el impacto de la regresión de políticas de integración durante 2024 y reclama una respuesta estatal integral que garantice el acceso a servicios, infraestructura básica, conectividad y un entorno saludable para el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.

JJD/MG

El Congreso sigue haciendo la vista gorda sobre los abultados fondos reservados que recibió la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), organismo fuertemente vinculado a Santiago Caputo, asesor estrella de Javier Milei. Una mayoría en la Cámara de Diputados obturó la noche del miércoles dos intentos para que se avance sobre la validez del DNU que le otorgó al cuerpo de espías $100.000 millones en gastos reservados, de los que ya se habrían gastado en apenas tres semanas el 80%.

Primero fue el bloque Encuentro Federal, de Miguel Pichetto, el que pidió una moción para establecer un cuarto intermedio de una semana de la sesión maratónica que comenzó este miércoles, y que tiene como ejes discutir sobre esencialidad en la educación y el aumento del presupuesto universitario, para que no se pise con la programada para este jueves solicitada exclusivamente para votar sobre el decreto de necesidad de urgencia del organismo de inteligencia. La moción de Nicolás Massot resultó rechazada por 115 votos afirmativos contra 122 negativos.

Luego fue el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro quien pidió un apartamiento de reglamento para que se incorpore al temario de la sesión en curso el DNU sobre la SIDE, pero también fue rechazado al no conseguir el aval de los tres cuarto del pleno del cuerpo. De los 257, hubo 135 votos a favor (un piso que podría revelar cómo será la próxima votación), 100 en contra, 2 abstenciones, un voto sin contabilizar y 19 ausencias.

Los libertarios contaron con el respaldo de un sector del PRO, bloques aliados del oficialismo, y un sector de la UCR para evitar incorporar la discusión sobre el sensible DNU ya que Martín Menem se comprometió a conformar el próximo martes la Comisión de Fiscalización de Inteligencia. La votación reflejó una nueva división entre los radicales, ya que 18 votaron a favor, 13 lo hicieron en contra y dos se abstuvieron. También fue curioso que Álvaro González, del PRO y cercano a Horacio Rodríguez Larreta, votó a favor. Y que hubo una decena de kirchneristas que se ausentaron.

La postergación del debate no hizo más que acrecentar la polémica sobre los fondos reservados de la SIDE. Justamente el diputado Ferraro, estrecho colaborador de Elisa Carrió, reveló en plena sesión que la secretaría de inteligencia ya se gastó en apenas tres semanas el 80 por ciento de los $100.000 millones otorgados por el Presidente para su utilización sin control. “Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad. Están dilapidando 3 MILLONES DE DÓLARES POR DÍA en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral”, denunció el legislador de la CC en sus redes sociales y que luego replicó dentro del recinto.

“Ante esta situación, ningún bloque político del Congreso puede ser dubitativo ni complaciente. Es urgente declarar la invalidez y nulidad absoluta e insanable del DNU, no solo para frenar este derroche de recursos, sino también para que ninguna operación realizada bajo su amparo tenga validez y deba retrotraerse”, amplió Ferraro. La denuncia se basa en un análisis de la plataforma Presupuesto Abierto. En ese sistema público se detalle que los fondos reservados saltaron de 650 millones de pesos iniciales a $103 mil millones. De ese total, unos 81 mil millones ya fueron “comprometidos o devengados”, es decir el 78,29% del total.

La discusión por los fondos no auditados de la SIDE está en el Congreso desde hace días pero el oficialismo viene siendo efectivo en su dilación. El DNU de los fondos reservados fue obviado en la última reunión de la bicameral de Tratamiento Legislativo la semana pasada, que comanda el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), pese a que estaba en plazo para efectivamente darle su visto bueno o rechazarlo.

La Constitución establece que los decretos de necesidad y urgencia pueden ser discutidos en esa comisión dentro de los diez días después de su publicación. Luego el ámbito queda abstracto ya que pasados otros diez días pasa a ser potestad de las Cámaras del Congreso su tratamiento, con el detalle de que los DNU se mantienen vigentes desde su publiacción hasta tanto no sean rechazados tanto por Diputados como por el Senado.

El espacio de Pichetto se alió al kirchnerismo el jueves pasado para buscar que la comisión de DNU discuta el decreto, pero su iniciativa fue rechazada por un acuerdo entre LLA, el PRO y la UCR. Ya en ese momento el compromiso oficialista era que se iba a conformar pronto la bicameral de Inteligencia, demorada desde el comienzo de la gestión. Ahí un dato que explica el avance de Pichetto es que Menem dejó afuera de ese cuerpo a Emilio Monzó, ladero del experimentado parlamentario y de Massot en Encuentro Federal.

La bicameral es clave porque sus reuniones son secretas, así como confidencial la información que allí circula. Si bien sí pueden tener ojos sobre cómo la SIDE reparte sus gastos, aunque no avanzar al respecto.

Ante ese panorama es que Pichetto, más la Coalición Cívica y subterráneamente los opositores más duros coordinaron la sesión que estaba agendada para este jueves. Se visibilizaba una clara mayoría para darle una primera estocada al DNU, aunque seguiría vigente hasta tanto haga lo mismo el Seando. Pero este miércoles, ya entrada la noche, otra vez una alianza circunstancial entre oficialistas, macristas y radicales, obturaron esa iniciativa.

JJD/MC

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este martes, a pocos días de comenzar el ciclo lectivo en el país y en medio de los conflictos por las paritarias de los trabajadores de la educación en todos los distritos y el rechazo del Ejecutivo a una negociación a nivel nacional, que el Gobierno va camino a declarar a la educación “servicio esencial” para la sociedad.

“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema”, expresó sin dar detalles Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El anuncio del Gobierno se da en el marco de uno de los puntos clave del DNU 70 de desregulación de la economía que el Presidente firmó a fines de 2023, con su cuerpo de 366 artículos, y tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, que llevó a Javier Milei a avanzar en los últimos días en la reglamentación de las disposiciones que establece el decreto.

El anuncio del Gobierno es una mala noticia para la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de manifestarse por reclamos laborales. En el artículo 97 se sustituye el artículo 24 de la Ley N° 25.877, por otro que imposibilita el derecho a huelga siempre y cuando impida el 75% del normal funcionamiento de las actividades consideradas esenciales. Mientras que en los rubros que son catalogados como de “importancia trascendental”, se debe garantizar al menos el 50% de la actividad. 

Esas categorías podrán ser definidas por una “comisión independiente y autónoma, denominada Comisión de Garantías” que estará integrada por “cinco miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o de derecho constitucional y destacada trayectoria”. Es decir, que no es una enumeración cerrada. Por lo que se puede sumar a la educación.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, comienza el artículo del DNU de 83 páginas que recobró su fuerza después de que la ley “Bases” fuera retirada del debate en Diputados tras la falta de garantías de lograr un apoyo a la hora de votar cada artículo en particular para su media sanción. 

“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”, detalla. “En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%)”. 

En principio, el DNU consideró “servicios esenciales” a las siguientes actividades:

Se consideran “actividades de importancia trascendental” a las siguientes:

Con información de agencias.

IG