El Gobierno cerró un programa para barrios populares y advierten que perjudica a 5 millones de personas

El Gobierno se vanaglorió de haber cerrado el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras de infraestructura en barrios populares, y una mesa integrada por la Iglesia, ONGs y movimientos sociales exigieron su reapertura. La decisión de la Casa Rosada afecta a unas 5 millones que viven en situación de pobreza.

“El cierre del FISU es una sentencia contra los más pobres”, denunció la Mesa Nacional de Barrios Populares, que integran Cáritas, la organización Techo y el gremio de la economía popular UTEP. El anuncio oficial fue hecho por el vocero presidencial-candidato, Manuel Adorni, a través de un posteo en Twitter en el que apuntó que la motosierra libertaria ya cerró dos docenas de programas: “Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión”, posteó ayer. Junto con el FISU, el Gobierno cerró el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC), que pone en jaque la continuidad de las investigaciones del Conicet.

El FISU fue creado en el gobierno de Alberto Fernández y tuvo en su gestión a Fernanda Miño, dirigente social ligada a Juan Grabois. En sus objetivos buscó brindar acceso a derechos básicos como vivienda adecuada, agua potable, cloacas, electricidad segura o calles pavimentadas a más de 5 millones de personas que viven en barrios populares. En todo el país hay 6.467 barrios registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Desde 2020, el fondo se financió principalmente con el 9% de lo recaudado por el Impuesto País. Sin embargo, en diciembre de 2023, el gobierno de Milei redujo esa asignación al 0,3%. “Esta decisión provocó la paralización de más de 700 obras en todo el país, el deterioro de infraestructura ya construida —con pérdidas millonarias de recursos públicos— y la interrupción de trabajo para más de 25.000 personas, en su mayoría trabajadores de cooperativas de la economía popular”, denunció la Mesa Nacional de Barrios Populares.

Milei transfirió la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) al Ministerio de Economía, bajo la órbita de Luis Caputo. “Aunque funcionarios del actual gobierno reconocieron que la Secretaría tuvo un funcionamiento eficaz, en lo que va de 2025 se sub-ejecutó más del 90% del presupuesto disponible”, denunciaron Cáritas, Techo y la UTEP.

El manejo político de la SISU mileísta es de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que estas semanas discute con el PRO una alianza electoral bonaerense y está en disputa interna con Santiago Caputo, en medio de un fuerte cruce de acusaciones por supuestos casos de corrupción.

Al comienza de la gestión el propio Pareja llegó a defender la transparencia en la que se manejó el FISU. La política de integración socio urbana fue auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), universidades nacionales y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. “No hubo choreo”, dijo en su momento Miño.

“En el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo establece el cierre de todos los fondos fiduciarios, incluido el FISU. En esta línea el Gobierno Nacional ha decidido desfinanciar un programa fundamental para los barrios populares. Esto no solo vulnera el acceso a derechos básicos, sino que se están apropiando de los fondos que deberían garantizar condiciones de vida dignas para millones de argentinos”, planteó la Mesa de Barrios Populares en un comunicado donde reclamó la inmediata reactivación del programa.

MC