Revés para Milei: la Justicia frenó la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana

El Juzgado Federal de Pehuajó resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a vecinos de barrios populares y suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025 que disponen la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

De esta manera, el gobierno de Javier Milei solo podrá disponer de los fondos para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.

Además, el juez multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, al pago de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia: que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

Pareja es uno de los integrantes de la mesa política de la administración libertaria, con un gran vínculo con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. 

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei buscó distintas formas de hacerse del dinero que componía el Fondo de Integración Socio Urbana, que recibía fondos del impuesto país y del aporte extraordinario a las grandes fortunas, entre otros ingresos, y estaban destinados a la realización de obras de infraestructura en los barrios populares de Argentina, para garantizar el acceso a servicios básicos como agua, luz, gas, cloacas, pavimentos, etc.

Un año atrás, el gobierno comenzó con una campaña de desprestigio y estigmatización contra la política pública y las cooperativas de trabajadores que ejecutaban algunas de las obras, tal como lo establecía la ley. Pero las auditorías sobre la gestión del FISU dieron bien, no se registraron irregularidades ni malversación.

Es por eso que hace una semana, el gobierno decidió simplemente eliminar el Fondo, sin especificar para qué se utilizará ese dinero que ya estaba asignado a la finalización de más de 700 obras que el gobierno decidió frenar.

Son más de 5 millones de familias que viven en los 6.467 barrios populares de Argentina y necesitan de esas obras para tener acceso a servicios básicos y para, entre otras cosas, no inundarse, como se vio el último fin de semana.

El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.