Fotos de Perón, la bandera de Argentina y un bombo leguero. Esos son los adornos de la oficina que ocupa Agustín Rossi por estos días de visita en Buenos Aires: un despacho que le cedió Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, con quien comparte el origen rosarino, para que pueda prepararse a la audiencia que tendrá hoy en la Cámara baja por la reforma de la ley de Seguridad Interior que propone el Gobierno. Ex compañero de fórmula de Sergio Massa, también ex jefe de Gabinete y ministro de Defensa de Alberto Fernánez, y ex espada legislativa durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Rossi va hablar hoy sobre su tema de expertis, pero aprovechó también para meterse de lleno en la interna del peronismo. 

La semana pasada visitó a CFK en el Instituto Patria. “Es Messi” le dedicó el fin de semana en una radio. Ahora, ante elDiarioAR le agrega un condimento a la puja por el PJ y mete en la discusión a Axel Kicillof: “Me resulta extraño que no se haya definido a favor de Cristina”. El mensaje directo al mandatario bonaerense, que se mantiene en silencio desde que la dos veces presidenta anunció que quiere quedarse al frente del sello peronista. “El dilema acá es si le gusta o no que Cristina sea candidata al PJ”, insiste Rossi, que prefiere que el gobernador por La Rioja, Ricardo Quintela, que tiene el apoyo de su par de Buenos Aires, baje su candidatura para que haya una lista de unidad. 

Cristina, Kicillof, pero también Javier Milei. Rossi señala que el Gobierno va a dejar una Argentina “devastada” y ya habla en tono campaña electoral 2027: “Lo que está haciendo Milei es catastrófico. Si nosotros ganamos las elecciones dentro de tres años vamos a tener que hacer una fuerte reparación”, afirma. Cuestiona con dureza el proyecto que impulsa el ministro Luis Petri para que las Fuerzas Armadas tengan un rol policial en las calles, pero –sorpresivamente– reconoce públicamente los efectos positivos del operativo de Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro contra narcos  en Rosario: “Vivir en una ciudad con el nivel de violencia que existía el año pasado era mucho más difícil que ahora”, admite.

–Hoy expones ante la Comisión de Seguridad Interior por la reforma que impulsa el Gobierno para que los militares vuelvan a las calles. ¿Cuál es tu postura al respecto?

–No estoy de acuerdo. Hay que seguir sosteniendo taxativamente las diferencias entre seguridad y defensa. El proyecto además atrasa porque todos los países del mundo están fortaleciendo su capacidad de defensa a partir de que hay dos conflictos declarados: Ucrania y la Federación Rusa y lo que está sucediendo en Medio Oriente. Este proyecto de ley distrae personal militar, de equipamiento y recursos económicos destinados a otras funciones que pueden realizar perfectamente otras agencias de seguridad. Las funciones descritas en el proyecto de ley son propias de una de una policía, como son el control vehicular, control de personas, la vigilancia de puestos fijos o vigilancia de puestos móviles y aprehensión en flagrancia. Con eso no se combate el terrorismo. Terrorismo se combate porque se combate con el sistema de inteligencia nacional.

–¿Cuál sería el riesgo en materia de defensa darle a la fuerzas armadas un rol de seguridad interior?

–No están preparadas. En lugar de formarlas, las va a deformar. Un personal militar está formado para destruir al oponente en una cuestión bélica y las fuerzas de seguridad hacen disuasión y prevención. El ministro Petri dijo que piensan darles tres, cuatro o seis meses de instrucción como fuerza de seguridad, pero ese personal militar en una situación límite cómo va a responder. ¿Por esos seis meses de preparación o por los 20 años que tiene como militar? ¿Cuando alguien le reclame algo, se va a dar vuelta con el FAL o lo va a escuchar? La ley actual no es muralla para evitar que las Fuerzas Armadas salgan de las cuestiones de seguridad interior, sino que en realidad fueron una línea divisoria para separar cada función. Entonces, lo que hay que pensar es la política de defensa. No en darle a las Fuerzas Armadas el pito para que hagan de policías de tránsito.

–Si tenemos en cuenta que el Gobierno aplica mano dura a la represión. ¿Cuál es entonces el motivo para esta reforma?

–Si hubiese estado aprobado este proyecto de ley en las protestas contra la ley Bases, que [el fiscal federal] Stornelli calificó de terroristas, hubiesen mandado al ejército. Ese es otro problema, la liviandad con que se califica el terrorismo en Argentina. Lo mismo pasó con la situación de narcoterrorismo en Rosario cuando fue esa semana trágica. En Rosario tenemos organizaciones narcos, pero es criminalidad organizada con altos grados de violencia sangrienta. Narcoterrorismo podía existir en Perú cuando estaba Sendero Luminoso o en Colombia con las FARC y el M-19. 

–Mencionó lo de Rosario, usted que vive ahí. ¿Cómo evalúa la política de seguridad del Gobierno al respecto? Porque los homicidios bajaron a partir del Plan Bandera. 

–Sí, objetivamente bajaron. No es solamente la responsabilidad de Gendarmería, sino que me parece que ha cambiado la actitud de la Policía de la Provincia. Yo vivo en Rosario, así que lo celebro. La verdad es que vivir en una ciudad con el nivel de violencia que existía el año pasado era mucho más difícil que ahora. Esperemos que siga así.

–¿Pero por qué no pudo hacerlo la gestión anterior, que fue peronista?

–Bueno, ¿por qué no lo pudieron hacer Bullrich y Pullaro entre el 2015 y el 2019? Eran los mismos: Pullaro era el ministro de Seguridad provincial y Bullrich, nacional. 

–¿Pero por qué?

–Es complejo y hay que ser muy prudente, tanto en el oficialismo como en la oposición. En su momento fue tan evidente que no lo pudieron resolver entre el 2015 y el 2019 que nosotros ganamos las elecciones con [Omar] Perotti y una consigna que era “Paz y orden”. Hoy lo pudieron resolver, bueno, esperemos que sea sustentable en el tiempo y que sea una política de Estado, con una fuerte articulación del gobierno provincial con el gobierno nacional y con la Justicia.

–Es interesante el reconocimiento de un logro al adversario político, ¿no? ¿Por qué al peronismo o al progresismo le ha costado siempre la bandera de la seguridad?

–Para mí no es un problema de política, sino un problema de comunicación. Es mucho más fácil comunicar la mano dura que comunicar una política persistente en el tiempo de mayor presencia o de saturar determinadas zonas. Decir cárcel y fusil a los ladrones interpreta más la indignación de la gente que comunicar que el problema se resuelve manteniendo una política de seguridad, invirtiendo en fuerzas de seguridad, en equipamiento, en  inteligencia. La mano dura de la derecha es más efectista. Ahora lo efectivo es lo otro.

–¿Es la inseguridad un tema que tiene que replantearse el peronismo si quiere volver a gobernar?

–Las principales víctimas de la inseguridad son los sectores populares, así que el sujeto que nosotros tenemos que proteger es el pibe que se levanta a las cuatro o cinco de la mañana y se va con su mochila a tomar el bondi y le roban. Tenemos plena conciencia de eso. Yo debo haber sido de los primeros dirigentes políticos en la provincia que denunció que Rosario estaba cruzada por una pelea de narcos. 

–¿Qué otros desafíos tiene el peronismo en su reconstrucción?

–Tenemos que recomponer nuestra base electoral en los sectores populares que tradicionalmente nos votaron y tradicionalmente elegían al peronismo como representación política y que en esta oportunidad viraron hacia una propuesta como la de Milei. Y tenemos que plantearle a los argentinos que existe un camino distinto y que es mentira que este es el único posible. Vamos a llevar adelante un gobierno claramente de reparación y resarcimiento del conjunto de la sociedad argentina. Lo que está haciendo Milei es catastrófico. Si nosotros ganamos las elecciones dentro de tres años vamos a tener que hacer una fuerte reparación. ¿Y esto qué significa? Bueno, que haya una reforma impositiva para que paguen más los sectores económicos más importantes, los que han tenido enormes niveles de rentabilidad durante todo este tiempo.

–Ya hay un modo discursivo como si 2027 fuera hoy.

–Hay que pensar en cómo va a ser la Argentina post Milei, que yo creo que va a ser una Argentina devastada. Por ahí a veces mis palabras aparecen muy transgresoras, pero creo que son transgresoras en una Argentina que iba a velocidad de crucero. Esta es una Argentina que está en el subsuelo. Néstor hablaba del infierno cuando la recibió en 2003, este va a ser un infierno mucho peor que el del 2003. Además va a haber que pacificar el país, que los argentinos no se sientan agraviados y descalificados permanentemente por el presidente. Pero va a haber que hacer una política económica disruptiva. Y obviamente va a haber que desandar una cantidad de caminos: si votamos en contra del RIGI, lo primero que tenemos que hacer es cambiar este RIGI.

–Recién vamos diez meses de Milei. ¿Qué queda para los próximos tres años?

–Va a depender fundamentalmente de una parte de lo que suceda en la elección parlamentaria. Si la elección es favorable a los opositores, vamos a ponerle freno a Milei y esperar que cumpla su mandato constitucional y que se vaya.

–¿Cómo se van a ordenar para las legislativas del año que viene?

–Las elecciones del año que viene son elecciones nacionales, pero se eligen por provincia. No necesita síntesis de una sola propuesta, ni una sola figura y demás. Si cuanto más ordenado es, mejor. 

–Pero sí van a buscar la síntesis sectorial.

–Es flexible, porque no necesitas elegir una fórmula. Yo creo que el horizonte directivo del Partido Justicialista y de sus aliados va a quedar determinado posteriormente a la elección intermedia. Ahí se verá más o menos cómo se posiciona cada uno.

–¿Cuál va a ser el rol de Cristina en ese escenario? Ella quiere conducir.

–Es una muy buena noticia que Cristina sea presidenta del PJ. Nadie discute que Cristina hoy es el liderazgo más importante que tiene el peronismo. Cuando ese liderazgo se deposita en la referencia institucional más importante que tiene el PJ, genera efecto positivo, ordena la voz. Cristina va a ser mucho más escuchada desde la presidencia del PJ que desde el Patria.

–¿Cuánto va a ordenar al 2025? Usted dice que el 2027 se discutirá post legislativas.

–Cuando uno quiere discutir cuatro cosas al mismo tiempo no sirve. Hoy la discusión política en el peronismo es: ¿es bueno o malo que Cristina sea presidenta del PJ? Toda discusión ulterior me parece que son conclusiones y especulaciones anticipadas. Si ella no se presentaba, le iban a decir “¿por qué te escondiste?”. Ahora que se quiere presentar, es que Cristina quiere quedarse con todo. La pregunta es: ¿es bueno o malo para el peronismo y para la Argentina que Cristina sea presidenta del PJ? La respuesta contundente es: es buenísimo. Los únicos que creen que es negativo son los opositores a nosotros. 

–¿Va a haber interna con Quintela?

–Espero que no, que se encuentre una fórmula de consenso. Además es innecesaria la interna. Los apoyos que viene recogiendo Cristina son, con todo respeto, infinitamente mayores que los otros apoyos. Es la única que genera el fenómeno de que te vayan a tocar la puerta a un local partidario para afiliarse. 

–¿Qué rol ocupa Kicillof en esa interna?

–Axel es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha sido reelecto, y es un dirigente que puede imaginarse que tiene todo el futuro para él o que genera esas expectativas. Dependerá de él cómo administra esas expectativas que genera en el conjunto? Me resulta extraño que no se haya definido a favor de Cristina.

–¿Por qué no lo habría hecho?

–No sé, pero me resulta extraño. Sin duda que Axel es inteligente, si hay un dirigente kirchnerista por excelencia, es él, ¿no?

–¿Su problema es la conducción de Cristina?

–No lo sé. Una cosa es responder a lo que te acabo de plantear: ¿es bueno o malo que Cristina sea presidente del PJ?

–Si suponemos que diría que es bueno…

–Entonces, ¿por qué no aparece la definición? Eso es así. Después, si te conduce o no te conduce, es otra historia. Me parece que el problema es levantarse a la mañana y decir “bueno, tengo este dilema: Cristina quiere ser presidente del PJ, ¿me parece que le va a servir al peronismo o no le va a servir al peronismo, a la fuerza política que yo integro”. Yo concluyo que sí. Entonces voy y hago un tuit y digo apoyo a Cristina.

–O sea, ¿hace días que Kicillof se despierta y no termina de responderse ese dilema?

–¿Era una respuesta fácil, no?

MC/JJD

El polémico proyecto del Gobierno para que los militares hagan tareas de seguridad interior entró en una meseta parlamentaria que le aventura un futuro incierto a las aspiraciones de mano dura de Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri. A las críticas desde la oposición y la ya menguada fuerza que tienen La Libertad Avanza y el PRO en Diputados, en los últimos días los negociadores del oficialismo en el Congreso se convencieron de que no sería conveniente, al menos por ahora, acelerar su impulso. 

Una de las razones para esa “pausa táctica”, admitió una de las espadas legislativas ante elDiarioAR, tiene cierto calibre político porque tiene que ver con el impacto social que generó la represión de las marchas en favor de los jubilados, sobre todo el episodio que terminó con una nena gaseada. Implícitamente la Casa Rosada reconoce que la ferocidad del protocolo antipiquetes puede insumir crédito gubernamental. 

Otra de las razones parece diametralmente opuesta: el relativo éxito en Rosario del llamado Plan Bandera, que lanzaron la ministra Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro a comienzos de año ante la creciente violencia narco. Según datos del Ministerio de Seguridad, el despliegue de fuerzas federales generó una reducción del 59 por ciento de eventos con disparos, a la vez que de enero a agosto aumentó 500 por ciento el decomiso de drogas. Si la actuación de la Gendarmería generó ese avance, entienden en la Cámara baja, ¿por qué habría que movilizar también a las Fuerzas Armadas?

“Si planteábamos este proyecto en otro momento del año, seguro lo aprobábamos rápido. Ahora no está el tema en agenda y es más difícil juntar los porotos”, concluyó uno de los diputados consultados muy al tanto de la rosca parlamentaria. “El caso de la nena gaseada atrasó el debate también”, se sinceró la fuente legislativa. Un dato en ese sentido es que hace dos miércoles, cuando fue gaseada la nena de 10 años por un efectivo de la Federal poco después de que el oficialismo lograra blindar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, se levantó a último momento una reunión plenaria que estaba dispuesta entre las comisiones de Defensa y de Seguridad Interior.

Esos dos cuerpos de trabajo son el marco formal del tratamiento de reforma que impulsa el Gobierno de la ley 24.059. El corazón de la iniciativa libertaria tiene que ver con la modificación del artículo 27, que habilita que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros y hasta puedan detener personas con la excusa de que actúan para evitar amenazas o repeler hechos considerados “terroristas”. El narcotráfico entraría en esa categoría.

La de hace dos semanas iba a ser la primera reunión conjunta entre las comisiones que encabezan, respectivamente, Ricardo López Murphy, alineado ideológicamente a Milei pero que forma parte de la bancada de Miguel Pichetto –Encuentro Federal– y José Núñez, del PRO, fuerza ya incondicional a LLA. elDiarioAR supo que el plenario se armará recién en octubre. Para evitar que la discusión pierda vigencia y ganar tiempo, López Murphy convocó a exponer mañana sobre el tema a quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, el Teniente General (R) Juan Martín Paleo, y al abogado y especialista en la materia Félix Lonigro. 

A principios de septiembre pasó por la comisión Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde. López Murphy anticipó que también fueron citados, por ahora sin fecha confirmada, los ex ministros de Defensa Agustín Rossi –en tiempo del kirchnerismo– y Julio Martínez –en el macrismo–. Jaunarena lanzó unas críticas al proyecto: “Mientras se postula la intervención operativa de las FFAA en temas de seguridad simultáneamente sigue vigente el decreto reglamentario de la Ley de Defensa según la cual las FFAA pueden intervenir exclusivamente en caso de ataque exterior por un ejército extranjero, así que acá hay una situación ambivalente entre lo que postula el proyecto de ley y lo que está vigente a través de la reglamentación de la ley de defensa”, dijo.

Pero la carta que el Gobierno se guarda para reimpulsar el tratamiento es que vuelva a exponer el propio Petri, que ya estuvo el 21 de agosto, cuando soltó frases como “sáquense las anteojeras de los ‘70 que les impiden ver la realidad” o que las fuerzas armadas fueron “demonizadas”. Ese fue su cortafuego ante las críticas del peronismo y la izquierda, aunque evitó hacer referencia a la responsabilidad en el terrorismo de Estado durante la última dictadura. La excusa para que Petri tenga un segundo round ante los Diputados sería en el marco ya del plenario de comisiones. Hace una semana el ministro dijo estar “a disposición” de ir al anexo de la Cámara baja.

En el oficialismo reconocen que tienen que juntar voluntades de la oposición blanda para conseguir que el proyecto, primero, avance en las comisiones y, luego, sea aprobado en el recinto. Para la media sanción necesita al menos 129 votos de los cuales le faltan unos 30. Las peceras en las que se imaginan pescar esos apoyos son la UCR, el bloque de Innovación Federal –que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro– y el de Pichetto, con el rol clave de López Murphy.

La iniciativa estipula que las FFAA entren a formar parte de un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada. Es lo que ocurre actualmente en Rosario. La clave del cambio mileísta es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, y hasta detenciones. No ofrece la norma una explicación de qué reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique. La reforma también habilita la represión. Por eso desde organismos de derechos humanos se cuestionó la presunción de que el Gobierno quiere justificar así la represión de manifestaciones, como ocurrió con los episodios violentos alrededor del Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado. Entonces la policía avanzó sobre los manifestantes y apresó a una treintena, a quienes Bullrich y Milei acusaron públicamente de “terroristas”. Pero hace pocas semanas, ya no quedaron detenidos. 

MC/MG

El deseo del Gobierno de que los militares vuelvan a las calles generó una rápida reacción en contra, lo que aventura que la iniciativa oficial de reformar la ley de Seguridad Interior tendrá al menos un polémico tratamiento en el Congreso. Desde el peronismo, organizaciones civiles, especialistas jurídicos e incluso fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas consultadas por elDiarioAR cuestionaron el proyecto que ayer firmaron el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. 

En su corazón, el texto permite que las FFAA realicen patrullaje, operativos de control y hasta detenciones callejeras ante supuestos casos de “terrorismo”, rompiendo el consenso democrático de que los militares no actúen en cuestiones de seguridad interior. Con la modificación principalmente del artículo 27 de la ley 24.059, la Casa Rosada apuesta fuerte a profundizar su política de mano dura. Por eso hasta anoche se negociaba que el ministro Petri exponga en Diputados, justo cuando este martes a las 16 hay una reunión de la comisión de Defensa agendada de antemano. Finalmente la presentación sería la semana próxima o la otra, supo este medio. Voceros de la cartera señalaron que la intención del funcionario es la de “informar, dar datos y responder lo que surja” sobre la temeraria reforma. Otras fuentes apuntaron que fue Martín Menem el que pateó la exposición para que no ponga en riesgo la sesión de mañana con un temario acordado con la oposición blanda, pero que ya estará envulta en la polémica por ser la primera tras la visita de seis diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros genocias.

Las críticas a los cambios normativos que recogió elDiarioAR tienen que ver con el riesgo a que se desvíe a las FFAA de su función especial de defensa nacional y que tengan que cumplir tareas policiales, para las que no están originalmente preparados. También hay alertas ante la posibilidad de que se vulneren los derechos humanos civiles, porque el criterio de qué se considera una amenaza terrorista en la iniciativa es muy laxo. En los fundamentos del texto no se plantean como antecedentes el rol protagónico que tuvieron los militares en los setenta, cuando la justificación era “el terrorismo de la subversión marxista”. 

Entre los consultados se comparte la interpretación de que el proyecto de ley tiene más que ver con la intención política de Gobierno de profundizar su lógica de control callejero, mano dura y criminalización de la protesta –como ya lo hace Bullrich a través del protocolo antipiquete– que con convertirse en una herramienta efectiva ante supuestos casos de terrorismo, una hipótesis de conflicto que no parece estar en la coyuntura pública. También se acusa la banalización de la palabra terrorista: tanto Milei como Bullrich llegaron a calificar así a los manifestantes que protestaron contra la ley Bases cuando se votó en el Senado, lo que habilitó a una cacería represiva de la policía y detenciones arbitrarias.

El oficialismo sabe que se enfrenta a un escenario de duros cuestionamientos sobre su acercamiento a la familia militar y su búsqueda de dotarlas de nuevas prerrogativas. Pero también llega en un momento en que hay una tensión creciente entre las FFAA y la Rosada, más allá de lo simbólico que fue ver a Milei y a Victoria Villarruel arriba de un tanque de guerra el 9 de julio. Según conocedores del clima interno en las FFAA, hay resquemores desde que el Ejército tuvo que sumarse a los operativos de seguridad en Rosario, donde solo actúan con apoyo logístico pero están expuestos. Y hay una fricción por la intención –por ahora velada– de Petri de querer privatizar la IOSFA, la obra social del personal militar y civil de las fuerzas.

“Tareas policiales”

“El proyecto tiene más que ver con un valor simbólico e ideológico que pragmático”, señaló Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, quien argumentó la gravedad de las consecuencias de las nuevas disposiciones que tendrían los militares: “Buscan violentar la ley de Seguridad Interior para intentar que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer tareas policiales, algo que sucedía en las dictaduras militares, lo que erosiona el consenso del retorno democrático. Los gobiernos de facto partían de la base de que toda la población eran enemigos”.

“Están convirtiendo a las Fuerzas Armadas en auxiliares de la policía, lo cual es denigrante para la vocación militar”, dijo además el experto. La iniciativa establece que en el marco de un Comité de Crisis, los militares serían autorizados a cinco acciones: “a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”. También estarían habilitados a reprimir “de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, reza el texto.

Este punto fue cuestionado especialmente por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: “Los militares están entrenados para una lógica de combate y eliminación. No para dar seguridad interior. Tienen que ser situaciones muy extremas, donde ya hayan fracasado las policías locales y las fuerzas federales”, comentó ante este medio el jurista. 

Domínguez sí reconoció, como plantea el proyecto en sus fundamentos, que la Constitución Nacional no contempla una prohibición a que las FFAA actúen en seguridad interior, pero cuestiona que el Gobierno justifique su reforma como “una salida intermedia” para evitar declarar el estado de sitio, que Milei, Petri y Bullrich califican como “remedio extremo” que quieren evitar. Sobrevuela en esas líneas lo que ocurrió en 2001 con Fernando de la Rúa y la posterior feroz represión. “Esa es una falacia argumental, porque sí es una situación extrema justamente convocar a los militares. Llevar a las FFAA a las calles es preocupante para el sistema de derechos humanos. Cuando vos abrís esa puerta, empezas a reprimir y a limitar derechos humanos”. 

Justamente ayer representantes de los organismos de DDHH se manifestaron en contra de este proyecto en una audiencia pública que se realizó en Diputados para repudiar la visita de los legisladores de Milei a Astiz. Allí estuvieron, entre otros, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. “No podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en Derechos Humanos hasta la fecha”, planteó Taty Almeida. 

La polémica en el Congreso

En el marco formal de Diputados hubo fuertes cuestionamientos desde el bloque de Unión por la Patria. “El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una maniobra para modificar los criterios de política criminal que, con todos sus defectos, esta democracia ha venido construyendo. Pensar que las fuerzas militares van a mejorar la seguridad pública es tan peligroso como querer apagar fuego con kerosene”, cuestionó ante elDiarioAR el diputado Matías Molle, que integra las comisiones tanto de Defensa como de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, donde se supone que el proyecto tendría tratamiento parlamentario en primera instancia. Calificó de “mamarracho” la ley y denunció que “hay una ministra que está en campaña y un presidente que le compra ideas peligrosas ‘llave en mano’”.

En el PRO, que conduce las comisiones de Seguridad Interior y DDHH –José Nuñez y Sabrina Ajmechet, respectivamente– no quisieron emitir opinión al respecto. Tampoco en Defensa, que preside Ricardo López Murphy: en su bloque de Hacemos Coalición Federal se limitaron a reconocer que la iniciativa “es un tema delicado, preocupante y que genera divisiones”, dijo un diputado que forma parte de las comisiones.

“La hipótesis de amenaza terrorista es falsa. ¿Con qué protocolos o doctrinas trabajarían los militares en las calles? En la Argentina si se quieren prevenir hechos de terrorismo hay que empezar con hacer mejor inteligencia o con reforzar puntos calientes de la frontera”, dijo también desde la bancada UP José Glinski, que fue jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el gobierno del Frente de Todos. Políticamente el legislador entendió que la reforma abona “el objetivo primario de Milei y de Bullrich de controlar la calle y amedrentar cualquier oposición”. 

Sorpresivamente, una de las críticas hacia la polémica propuesta del Gobierno también se escuchó en ámbitos castrenses, aunque por ahora en off the records. “No forma parte del sentir de las Fuerzas Armadas involucrarse en esas actividades de seguridad interior”, comentó a este medio una fuente muy vinculada a la familia militar. El cuestionamiento principal es el riesgo de formar parte de acciones policiales. “No quieren quedar involucrados en ningún hecho por lo que después sean denunciados o vayan presos; se sienten desprotegidos”, agregó la voz consultada. Otra fuente señaló la falta de precisiones en la norma sobre “las reglamentaciones, doctrinas, medios o entrenamiento” que tendrían las fuerzas al respecto.

Ya en su momento Villarruel había salido a cruzar la reforma de la ley cuando era apenas una idea en el seno de la Rosada meses atrás, lo que amenaza su futuro si la iniciativa finalmente avanza en Diputados y recala en el Senado. La vice fue contundente sobre su postura: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”.

MC/MG

Debajo de la espuma que generó su preocupación explícita sobre la estación aeroespacial de China en Neuquén y la inversión del gigante asiático en la construcción de un puerto multipropósito en Tierra del Fuego, la generala Laura Richardson aprovechó su visita en Buenos Aires para interiorizarse sobre un tema aún más sensible para la gestión libertaria: la reforma legislativa que impulsa el Gobierno para habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior en el marco de su llamada “lucha contra el narcoterrorismo”.

El timing de la jefa del Comando Sur en conocer detalles sobre la polémica reforma a la ley de Seguridad Interior no es casual, ya que la Casa Rosada está terminando de escribir el proyecto legislativo que anunciaron hace ya más de dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri. No por nada todavía esa iniciativa no fue girada al Congreso, específicamente a las comisiones de Seguridad Interior y de Defensa de Diputados, ámbitos en los que deberá ser tratada y discutida como primera instancia. 

La máxima autoridad militar de Estados Unidos para Latinoamérica buscó aproximarse al paquete de leyes que involucra a las Fuerzas Armadas locales el miércoles, durante sus primeras reuniones con funcionarios nacionales, supo elDiarioAR. Anteayer, luego de haber arribado al país el lunes a la noche, se encontró con Petri, con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori, y hasta con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Julián Isaac.

Anoche Richardson se vio con el presidente Javier Milei en una llamativa bilateral en Ushuaia, adonde el Presidente no viajó a inicios de la semana para encabezar las conmemoraciones por el Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas. Ese encuentro en el el extremo sur del país ocurrió casi en paralelo a que la ministra Bullrich tuviera en Capital Federal, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, una nueva reunión del Comité de Crisis de Rosario. En ese comité actúan las fuerzas federales pero también hay asistencia logística de las Fuerzas Armadas. 

El tema Rosario es trascendental para entender el alineamiento de la Casa Rosada con la Casa Blanca. El Gobierno quiere darle más prerrogativa a los militares para que puedan realizar tareas de patrullaje en la ciudad santafesina azotada por el narco, una de las preocupaciones que la generala Richardson suele manifestar en sus giras por el continente. Rosario tiene toda la atención de Estados Unidos porque su puerto es clave para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una verdadera autopista fluvial tanto de las exportaciones de soja como del tráfico de drogas. 

En ese sentido es un dato que en las tareas de dragado de la hidrovía trabajan ingenieros norteamericanos contratados por el Pentágono. Están en funciones técnicas allí desde la gestión de Alberto Fernández. Otro hecho sugestivo es que en Paraguay existe una base militar de EEUU con cierto control sobre la llamada “Triple Frontera”.

Rosario tiene toda la atención de Estados Unidos porque su puerto es clave para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una verdadera autopista fluvial tanto de las exportaciones de soja como del tráfico de drogas

La generala Richardson habló con el Gobierno sobre “la reforma de la ley de Defensa”, apuntó una fuente extraoficial a elDiarioAR. En las conversaciones, la militar norteamericana planteó su “cooperación en las reformas”. “Hay un alineamiento en la defensa internacional. Seguridad tiene mucho para hacer en el combate contra el terrorismo”, agregó un vocero consultado al respecto. No trascendió que la jefa del Comando Sur se haya reunido con Bullrich en las últimas horas. 

La ministra sí anunció en la noche del jueves que viajará a EEUU el sábado próximo para tener encuentros con funcionarios del FBI y de Homeland Security, nombre que lleva la cartera de seguridad de aquel país. Además, la ministra asumirá al frente de una comisión especial sobre delitos complejos y supranacionales en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El lunes pasado el embajador de Estados Unidos Marc Stanley admitió en diálogo con el diario La Nación que una de las preocupaciones de la generala Richardson eson “las amenazas del terrorismo” y reveló haber tenido conversaciones “muy serias” al respecto con Bullrich y la canciller Diana Mondino.

El diplomático dijo además que la Argentina “está en contacto nuevamente” con la Guardia Nacional de Georgia, una fuerza de reserva norteamericana que tiene más 400.000 miembros. Dicha cooperación militar data de la administración de Mauricio Macri, cuando también Bullrich fue ministra de Seguridad: se firmó en diciembre de 2016 para permitir que oficiales argentinos viajen a recibir entrenamiento. El mileísmo la reflotaría ahora.

El control político civil de las Fuerzas Armadas y su prohibición de que intervengan en asuntos políticos internos tras la última dictadura está contemplado no sólo en la Ley 24.059 de Seguridad Interior –principalmente el artículo 27–, sancionada en 1991, sino también en la Ley de Defensa Nacional de 1988 y de Inteligencia Nacional de 2001, así como el decreto reglamentario 727/06. Esos pilares buscan modificar Bullrich y Petri. Su reforma contempla otros proyectos como una ley “antimafias” basada en normas similares de EEUU, Italia y El Salvador; el establecimiento de un registro de ADN para los delincuentes, la baja de la edad de imputabiliad, la figura de la reiterancia y la legalización de la doctrina Chobocar.

La reforma a la ley de Seguridad Interior no solo ya fue criticada por organismos de derechos humanos, sino que recogió un rechazo particular de Victoria Villarruel. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, afirmó la titular del Senado semanas atrás. Abiertamente defensora de los militares y su actuación en los 70, Villarruel puso en foco en la responsabilidad futura que tendrían aquellos soldados que realicen tareas de seguridad interior y que puedan cometer “excesos” en sus tareas, como ella considera que ocurrió en la última dictadura. Tampoco transcendió que la vice se haya reunido con Richardson, que sí se encontró con Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara alta en 2022.

Bullrich recogió en su momento el guante de Villarruel y dijo estar abierta al debate. De hecho tuvo reuninoes con los bloques del PRO y la UCR. Ayer incluso fue más allá y planteó estar dispuesta a convocar hasta al kirchnerismo. “Estamos en un proceso de conmoción social”, dijo anoche en la conferencia de prensa junto a Pullaro para justificar las leyes de mano dura que busca que apruebe el Congreso. Adelantó que las iniciativas están a disposición de Milei para su envío inmediato a Diputados, en simultáneo con la nueva versión de la ley Bases. “Las Fuerzas Armadas solo van a poder actuar en caso de terrorismo”, aseveró Bullrich como garantía de la iniciativa parlamentaria libertaria.

En la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, que preside el macrista Alejandro Bongiovanni (PRO-Santa Fe) afirmaron a elDiarioAR que “aún no llegó nada del paquete de reformas”. Tampoco conocen la letra chica en la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, ventanilla donde las leyes bullrichistas deberán ser discutidas si logran la media sanción de Diputados. Esa comisión se constituyo ayer presidida por Carolina Losada, senadora de la UCR por Santa Fe y quien durante las elecciones provinciales del año pasado fue precandidata a la gobernación con apoyo explícito de Bullrich. Los textos definitivos de la reforma en defensa y seguridad se conocerían recién la semana próxima, ya cuando la generala Richardson haya dejado la Argentina.

MC/JJD

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, presentaron este jueves una serie de proyectos en materia de seguridad que enviarán en las próximas semanas al Congreso.

El primero consiste en la modificación de la Ley de Seguridad Interior, con el fin de otorgarle mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en el marco de la escalada de violencia en Rosario, Santa Fe. “Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el interior”, detalló Petri.

El titular de la cartera de Defensa sostuvo que “a partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, inmediatamente las fuerzas armadas van a a realizar tareas de seguridad en el interior, como patrullajes y detención en flagrancia cuando se cometa un delito”.

Petri dijo que “la situación en la ciudad de Rosario es crítica. Este año han ocurrido más de 30 homicidios y ha bajado la cifra anterior, lo que habla del esfuerzo coordinado”.

Además, subrayó que “estamos viendo actos terroristas. El Presidente nos ha dado expresas instrucciones de actuar con total fuerza del Estado y realizar una tarea coordinada integracional que involucre a todos los poderes del Estado. Además, nos dio instrucciones para que modifiquemos la ley de Seguridad Interior”.

Antes, en su habitual conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había adelantado las leyes que el Gobierno enviará al Congreso o modificará por decreto: “Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.

“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, agregó.

Los proyectos presentados, además de combatir a las bandas narcos, apuntan contra las organizaciones de piquetes y bloqueos y a modificar las normas sobre la legítima defensa y el atentado a la autoridad. También se busca avanzar con la llamada ley “antimafia”, la ley de ADN para delitos y la ley contra organizaciones criminales.

En ese sentido, Bullrich anunció que enviarán de inmediato al Congreso el proyecto de la llamada Ley Antimafia: “Hemos decidido adelantar algunos capítulos que irán al código penal y otras leyes absolutamente necesarias para la situación de inseguridad que está viviendo Argentina”.

Se trata de un proyecto, tal como dijo en reiteradas oportunidades Bullrich, basado en la Ley Rico, cuyo acrónimo significa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos.

Días atrás, en Rosario, la titular de Seguridad había anticipado que se aplicará en el país la Ley Anterrorista (Ley 26.734, modificada en 2011, que fue sancionada para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo), que permite el endurecimiento de penas; y se trasladará al Congreso la petición de “una ley antimafia o antibanda”, al estilo de la que se creó en Italia.

Junto a estas medidas, la titular de Seguridad insistió en la necesidad de “trabajar fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos, que no está en los barrios humildes, sino en los de alta capacidad económica”.

Aumento de penas a piqueteros

La ministra Bullrich también anunció que se avanzará con una propuesta incluida en el proyecto de Ley Bases, que busca modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Bullrich detalló que la reforma del artículo citado se basa en el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones, bajo promesas de remuneración o amenazas, o “como hemos detectado entre las 150 mil llamadas y 12 mil denuncias con nombre y apellido que está investigando la justicia Federal, que incluyen favores sexuales para ir a las marchas o para que les den el plan”.

Además, otro proyecto que incluye sanciones penales para quienes bloqueen establecimientos, comercios o industrias, con penas de 4 a 6 años. Impedir que las empresas trabajen va a estar condenado en este proyecto.

También, la funcionaria planteó que avanzarán sobre la legítima defensa y el cumplimiento del deber, “para cambiar la idea de que los policías son los victimarios y se suman elementos para evaluar la razonabilidad del uso de la fuerza”.

Qué es la Ley Rico

La Ley Rico es una amplia base legal, cuyo acrónimo significa, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, sancionada por Richard Nixon e implementada por el entonces, fiscal, Rudolph Giuliani y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.

En la lucha contra las operaciones de la mafia en Nueva York, hubo un antes y un después de la aplicación de la Ley Rico. 

Antes, el FBI, la Justicia y el fiscal perdían por goleada contra los integrantes de la Cosa Nostra americana. Sencillamente, los mafiosos estaban siempre un paso por delante de las autoridades y, si bien se detenían algunos “soldados” y, unos pocos “lugartenientes” de los capos, las operaciones seguían y los grandes mafiosos eran intocables.

Ante el descontrol de la vida diaria en “la gran manzana” en la década del '70, atestiguada por una gran cantidad de enormes cineastas de esa época y por la crónicas de los medios neoyorquinos, los políticos de Washington D.C. recordaron que el profesor Robert Blakey continuaba enseñando leyes en la Universidad de Cornell y que había sido el propio académico el creador de la norma federal.

Se organizaron algunos cursos para los investigadores del FBI que no conocían el poder que tendrían al aplicar esta ley en sus investigaciones. Fueron dictados por el propio Blakey que en el documental “Ciudad del Miedo, Nueva York vs. la Mafia” de Netflix, rememoró, “En ese momento, el FBI no tenía éxito. Pero ya teníamos las herramientas perfectas para acabar con la mafia. La ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, conocida comúnmente como RICO, fue una ley que escribí en 1970 para desmantelar las mafias, incluyendo a los jefes. El FBI tuvo esa ley 10 años y no sabía cómo usarla. Entonces pensé en ofrecer un curso de entrenamiento”.

Para los jefes del FBI en el terreno se trato de una revelación porque, según recordó el supervisor de los federales, Jim Kosller, “…Nueva York estaba en manos de la mafia, el gobierno no podía controlar mucho y la gente no creía que la policía pudiera hacer algo con la mafia, iban a estar ahí por siempre”. 

Algunas de estas declaraciones podrían extrapolarse a la actualidad rosarina y al pensamiento profundo de sus habitantes. Y, si bien, el poder de los mafiosos neoyorquinos no puede compararse ni por casualidad con los clanes que utilizan desclasados para el narcomenudeo y el sicariato, sí se viven días de tragedia por el aumento y la difusión de las armas letales entre los grupos en pugna.

Trasplantar esta ley norteamericana al ambiente normativo argentino será un desafío mayúsculo para los asesores de Patricia Bullrich pero es la propia ministra la que tiene el visto bueno del presidente Javier Milei para avanzar con una herramienta legal que puede derribar cualquier organización de narcomenudeo en cualquier provincia nacional.

Para el experto en seguridad, Jorge Luis Vidal, “la Ley Rico es una base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado. No olvides que en EE.UU. les interesa combatir más, todo el delito de activos de esas organizaciones, y no tanto las consecuencias del delito mismo, extorsión, amenazas, robos u homicidios, que esas mismas organizaciones puedan ocasionar”.

En diálogo con la agencia Noticias Argentina, Vidal agregó: “Las grandes victorias contra los sindicatos corruptos de USA y las mafias de todo tipo fueron por el lado del tesoro. En Argentina tenemos la asociación ilícita, pero no está tan atada a temas de mafia u organizaciones y redes mafiosas o crimen organizado transnacional”.

Lo que la historia reciente demuestra es que el poder de la poderosa mafia ítalo-estadounidense se desmoronó al aplicarse este corpus legal, pero, además, esta norma federal fue reglamentada en los distintos estados norteamericanos y, en algunos casos, la ley se volvió más estricta y posibilitó que se la utilizará más allá del ámbito del crimen organizado.

Con la ley RICO en la mano, los demócratas de Georgia, lograron que un gran jurado acusara a Donald Trump y, a otros 18 de sus partidarios, de conspirar para revertir los resultados de la elección presidencial en ese estado, en el que Trump perdió por poco menos de 12.000 votos contra Joe Biden. Paradójicamente, su abogado defensor es Rudolph Giuliani que también ha sido objeto de controversias judiciales y al que se lo acusa bajo la ley RICO.

Otro caso importante donde se utilizó esta plataforma legal fue la investigación contra las autoridades de la FIFA. A fines de 2017, la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, ordenó el arresto de 14 dirigentes de la FIFA de ese entonces, bajo la acusación de tejer una red de corrupción que operaba desde Estados Unidos, donde además recibían los pagos por actividades corruptas.

Acaso un punto a dilucidar será si los miembros de la política nacional estarán dispuestos a sancionar una ley que, en el corto plazo podrá ir contra los clanes del narcomenudeo en los grandes conurbanos de las ciudades argentinas pero, en el largo plazo, podría utilizarse para desenmascarar otros ilícitos que comprometerían otros intereses.

Con información de agencias.

IG